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¡La casa de los pobres no se toca!

Orlando Barrantes envía a SURCOS las siguientes apreciaciones sobre los recortes del gobierno al BANHVI:

Aunque lo hemos dicho varias veces, volvemos a recordar lo siguiente, porque vemos que aún hay un poquito de confusión:

– El recorte planteado por el gobierno al BANHVI es por 34.000 millones para el 2022.

– Lo que hemos recuperado hasta ahora con la moción del diputado Gustado Viales son 15.500 millones.

– Al BANHVI le están faltando para el 2022 unos 18.500 millones. Esta plata debemos de tratar de recuperarla con un Presupuesto Extraordinario a presentarlo a la Asamblea Legislativa a partir de enero del 2022. Hay que acercarse a todos los diputados

Las siguientes tres actividades son urgentes para trabajar en forma inmediata para diciembre:

1-. Preparar con los diputados amigos la presentación del Presupuesto Extraordinario, en enero o en febrero.

2- Vamos a revisar cada uno de los proyectos art. 59 y bonos individuales para presentarlos al BANHVI y a la Ministra de Vivienda.

3- Fiesta de fin de año/Asamblea Nacional del Bloque de Vivienda.

Felicitamos con mucho orgullo y respeto a todos ustedes por preocuparse y darle vida a este chat viviendas.

No que renuncien – Hay que echarlos

Óscar Madrigal

La conversación del alcalde Walter Céspedes con un gerente de Meco es el claro y fiel reflejo del nivel moral y político al cual han llegado buena parte de los políticos costarricenses. La inmoralidad y ausencia de ética que muestra esa conversación, así como las otras divulgadas del resto de alcaldes detenidos, es la imagen real de la bancarrota de muchos políticos.

Los alcaldes son los máximos dirigentes de los gobiernos locales pero muestran que no tienen respeto ni por ellos mismos, que son simples mercaderes de prebendas, que muestran una falta de dignidad para convertirse en sucios servidores de los gerentes de las grandes compañías.

El alcalde de Matina ofrece favores sexuales a cambio de bacheos; el de Escazú que le hagan arreglos en la casa de la mamá en vehículos sin el logo de Meco; el de Alajuela intercambio de “favores” dando y dando; el de Osa que le eliminen esa “mierda” de la acusación penal que le impide ser diputado o el de San José que le “donen” miles de dólares para pagar abogados. Estos son sobre los cuales hay pruebas irrefutables, porque fueron grabadas sus conversaciones. ¿Cómo estará el resto de alcaldes, nos preguntamos?

El primer sentimiento que embarga a las gentes es el del asco, porque choca con una realidad que todos sabíamos que existía pero que ahora ha quedado claramente documentada en las grabaciones. Pero ese primer sentimiento se convierte en rabia y certeza que todos los políticos son corruptos y que por eso son motivo del desprecio de los ciudadanos. Por eso llaman “ladrón” al presidente, porque él encarna, con razón o no, la representación de todo ese grupo de políticos corruptos.

La verdad es que hasta a los más avezados, duchos o experimentados en la participación política, nos ha alarmado el nivel moral donde ha caído la política nacional. Esos dirigentes ya no tienen respeto ni por ellos mismos, son más pachucos que los pachucos, son más arrastrados ante los poderes económicos que nadie, son unos pordioseros de la ética, unos inescrupulosos que no se detienen ante nada, son los que utilizan el poder para su exclusivo enriquecimiento, son solo parásitos del pueblo.

Ante estos hechos tan repugnantes, es impostergable actuar con la fuerza necesaria para dar un vuelco radical y acabar con todo ese grupo, no solo para pedirles que se vayan, sino para obligarlos a irse.

FOTO DE FAMILIA

Por Memo Acuña (Sociólogo y escritor costarricense)

En un primerísimo plano la imagen nos devuelve las caras sonrientes y seguras de un grupo familiar completo. El puctum, como llama Barthes, dirigido a captar la necesaria esencia de ese lugar de añoranzas, recuerdos y proyectos.

En la fotografía pareciera no existir tiempo ni espacio. Es solamente un momento histórico que quizá refleje para siempre la forma simple en que se tatuó en la memoria el significado de eso que llamamos coloquialmente estar juntos.

No es este el espacio para discutir las esencialidades asignadas a los núcleos familiares, envueltos como están en procesos complejos, incompletos, a veces contradictorios. Pero valga la referencia sobre la imagen, el momento.

Recientemente fui invitado a conversar sobre migración centroamericana con un grupo de guías turísticos costarricenses. Propuse una serie de contenidos sobre las continuidades y las rupturas recientes en los procesos de movilidad humana.

Conversamos sobre fronteras, interrupciones y necesidades de las personas para emprender eso que tan glamorosamente algunos llaman “el proyecto migratorio” y que justamente puede ser definido como un acto último para sobrevivir, huir de la barbarie y la depredación de la violencia y los modelos económicos de los gobiernos regionales.

Ese éxodo que ha continuado a pesar de la clausura, la intensificación de las respuestas securitarias y como hemos comentado recientemente, la producción de hipérboles discursivas que colocan el acento en estigmatizar a la persona migrante tanto, al punto de compararla con el terrorismo y el narcotráfico, ha significado un hiato en la construcción de Centroamérica, un desgarre constante en su piel.

Como ejercicio final de la conversación con los guías turísticos propuse una pregunta que también he formulado en otros momentos en el marco de estas reflexiones: ¿qué objeto se llevaría consigo si tuviera que dejar su hogar de forma obligada? ¿Por qué?

La mayoría de sus respuestas tenían que ver con hacerse acompañar de una imagen, una foto de la familia. Las justificaciones fueron variadas, pero acudían a nombrar la fuerza que da ese concepto para seguir adelante: motor, motivación, razón.

Como hemos dicho ya en varias oportunidades, la vera del camino que van construyendo las personas centroamericanas en contextos de movilidad se convierte en un museo de fósiles en el que cientos de miles de objetos y pertenencias son encontrados. Entre ellos, si, fotografías familiares que alguna vez aprisionaron contra sus pechos para tomar valor y salir adelante.

Las narrativas de los medios de comunicación empresariales nos devuelven a menudo lecturas homogenizantes sobre las movilidades humanas. Una forma de cuestionarlas es preguntarse por esas subjetividades y biografías significantes que son más que estadísticas. Es un paso necesario, absoluto, hacia la empatía.

 

Imagen: https://departamento19.hn

La vieja y la nueva derecha en la Torre de Babel

COLUMNA LIBERTARIOS Y LIBERTICIDAS (14).
Tercera época.

Rogelio Cedeño Castro, sociólogo y escritor costarricense.

La descomposición absoluta que muestra el sistema político y social imperante en este cambio de siglo, tanto como la inopia y la estulticia reinantes en materia de pensamiento y acción alcanzan también a la llamada derecha, o las derechas más diversas de nuestros países latinoamericanos, pues sucede que mientras sus pensadores y líderes más destacados han abandonado el escenario histórico sin que aparezca, por ningún lado, una generación de relevo que esté a la altura de los nuevos desafíos históricos, de suyo muy complejos.

Por otra parte, las derechas de raíz oligárquica, tan propias de esta parte del mundo sólo mostraron, a lo largo del siglo anterior, una vocación democrática de la boca para afuera, dado que consideran que sólo cuando ganan ellos no hay fraude electoral, por lo que han acudido a los golpes militares para desplazar a la izquierda y a la centroizquierda del poder, especialmente en los casos de los odiados peronismo argentino y varguismo brasileño (el de Getulio Vargas y sus seguidores Juscelino Kubitschek y Joao Goulart, que gobernaron después de su dramático deceso, ocurrido en 1954), más recientemente han acudido a los golpes parlamentarios y a los juicios políticos fraudulentos como cuando desplazaron del gobierno a la presidenta brasileña, Djilma Roussef, a mediados de 2016, acudiendo para ello a un montaje típicamente mafioso.

También en ese sector, de tendencia conservadora, y defensor en apariencia de un statu quo tan poco transparente e inescrutable, tanto que quienes lo componen no logran siquiera definirlo, dada su desesperación por liquidar el “estado social de derecho”, surgido al concluir la Segunda Guerra Mundial y preconizado por los Figueres Ferrer, Perón, Getulio Vargas, Árbenz, Batle y otros, dentro de un período que encarnó una disminución  importante de la pobreza, la miseria extrema y abrió enormes oportunidades de ascenso social a una población que hace un siglo carecía de ellas en países como Costa Rica, Uruguay, Argentina y Chile, acudiendo al fomento de la inversión pública y la redistribución del ingreso, por la vía de unas políticas que fomentaban los salarios crecientes y fortalecimiento del mercado interno, a la manera keynesiana-rooseveltiana.

Se puede decir que hoy nos encontramos con que el despliegue de una cierta dimensión sociológica, como aquella de la que nos hablaba don Alberto Cañas Escalante (1920-2014), hace ya algún tiempo, la que cobra plena vigencia en estos primeros años de la tercera década del nuevo siglo: la gradería de sol asaltó la cancha y una ruidosa chusma invadió la conducción política, especialmente en el campo de las llamadas derechas, en especial las de los falsos liberales y los falsos cristianos.

En vez de nutrir sus filas con lo que podríamos calificar como una intelectualidad propia del “antiguo régimen” han acudido a los remanentes de una vieja oligarquía, formados por gentes cada vez más incultas y obsesionadas con visiones meramente tecnocráticas de la realidad, en un extraño panorama que se vino desplegando una vez concluida la guerra fría entre los bloques encabezados por los Estados Unidos y la Unión Soviética, un hecho que para ciertos intelectuales de Washington marcaría el fin de la historia (Fukuyama, dixit) con la derrota del socialismo-comunismo no sólo en su versión soviética, china o trotskistizante, sino incluso en cuanto al fin paulatino de la socialdemocracia, cuyos partidos más representativos tanto en Europa como en América Latina se fueron corriendo hacia la derecha, con lo que dejaron abandonado a su suerte el estado social de derecho o welfare state, del que renegaron para adoptar los dogmas de un novísimo neoliberalismo, que como sabemos de liberal tiene muy poco. Los herederos de la socialdemocracia regional (PLN de Costa Rica incluido) perdieron su esencia aunque no quieren soltar la etiqueta, o franquicia electoral a la que han quedado reducidos, los beneficios que obtienen de ella les resultan muy apetecibles.

Más bien, en medio de ese arrebato neoliberal del cambio de siglo nos hemos encontrado con una chusma como la del fujimorismo en el caso del Perú, o la masa de falsos cristianos (neopentecostales) seguidores de Jair Bolsonaro en Brasil, hoy dedicado a acabar con los bosques de la Amazonía y las conquistas sociales de los trabajadores, campesinos e indígenas, pues esas son unas gentes que han empobrecido hasta límites insospechados y hasta ensombrecido los  escasos debates parlamentarios que todavía suelen darse en esos otros países. Es un populismo (en el mal sentido del término) inculto y vociferante que ha terminado por darle un marcado tono plebeyo a las filas de una ultraderecha emergente, desconcertada ante de los desafíos de sus contrapartes de una izquierda muy diversa. Tanto el fujimorismo como los restos del aprismo (el APRA un viejo partido histórico peruano que marcó la pauta de las aspiraciones de una izquierda democrática, durante la primera parte de los años treinta, pero que topó con una brutal oligarquía que les respondió fusilando a seis mil de los suyos en las ruinas de Chan Chan en el norte peruano, cuando se había consagrado a la organización reivindicativa de los trabajadores azucareros del departamento de La Libertad, es un partido que desde entonces ha venido girando, cada vez más hacia la derecha y hacia las prácticas gangsteriles) se han convertido en un puñado de grupos violentos, vociferantes que amenazan a un tímido intento de transformación social, como el emprendido por el profesor Pedro Castillo Terrones para revertir treinta años de saqueo de la economía nacional por parte de una mafia neoliberal.

Algunas damas de esa plebe derechista y reaccionaria, tales como cierta Patricia Chirinos, hija de un militante aprista y ligada a las prácticas mafiosas en el puerto de El Callao, contiguo a la metrópoli limeña y entrada desde el Pacífico, no sólo se han dedicado a satanizar y denostar a los políticos serranos de izquierda como Vladimir Cerrón, Guido Bellido y Pedro Castillo que le ganaron las elecciones generales del mes de junio pasado a las élites limeñas, encabezadas por la hija del dictador Alberto Fujimori, sino que ahora dicha señora pide el derrocamiento o vacancia del presidente Pedro Castillo…resultaba intolerable para esta gente, tan rancia como inculta, en el sentido más amplio del término, el sólo hecho de que el hijo de una mujer quechua, que sólo habla esa lengua ancestral de los Andes como Guido Bellido, se desempeñara como Primer Ministro y diera un mensaje en ese idioma tan importante en el Parlamento, o que un profesor primario de Cajamarca, cuya madre habla un castellano con ingredientes de la sintaxis del quechua de esa región, diciendo por ejemplo: “Yo soy su mamá de Pedro Castillo” los ha puesto a delirar, pues para la estrecha y autista visión de las élites (plebe fujimorista incluida) de la capital peruana esto es imposible de aceptar, ni siquiera en términos abstractos. Así están las cosas en estos países que formaron parte del imperio colonial español o del portugués (para el caso de Brasil) durante tres siglos. La derecha tampoco ha tomado nota de los desafíos del presente cambio de siglo.

¿La reforma a la reelección de autoridades políticas resolverá el problema?

Vladimir de la Cruz

Cuando se dispuso separar la elección de Alcaldes de la elección nacional, y le siguió la elección de los miembros de los Consejos Municipales y Distritales, en la misma dirección, primero la de Alcaldes en el 2002 y luego los otros puestos concejales, a partir del 2006, haciéndolas el mismo año electoral, pero a finales, en diciembre, luego de la nacional, que se hacía en febrero, hasta que se llegó a separar totalmente el proceso en el 2014, que de manera excepcional, se prolongaron sus mandatos por seis años, hasta el 2020, para regularizar a partir de ese año 2020, períodos nuevamente de cuatro año, acordes con los períodos presidenciales y legislativos, fue para darle mayor importancia a las Municipalidades y sus respectivos cantones. Así cada dos años habrían elecciones, unas nacionales y otras municipales, cada uno de estos procesos electorales para elegir autoridades con mandatos de cuatro años, las municipales con posibilidad de reelección consecutiva. En el 2002, 2006 y en el 2010 el impacto de las elecciones nacionales quedó grabado en los resultados de las elecciones municipales que le siguieron cuando los partidos gobernantes, Unidad Social Cristiana en el 2002, el 2006 y el 2010 obtuvieran la mayoría bastante amplia, sobre los otros partidos, de los alcaldes electos. Empezó a cambiar esta situación en el 2016, cuando el Partido Acción Ciudadana, ganador en el 2014, no tuvo el músculo político de la elección de febrero de ese año, y tuvo que enfrentar las elecciones municipales en el 2016, con dos años de gobierno en marcha, cuyo resultado municipal no se le reflejó positivamente, sin obtener mayoría política de las municipalidades, que seguían mayoritariamente en manos de los partidos Liberación Nacional y la Unidad Social Cristiana.

Con ello, con estas elecciones separadas, a los pueblos, conjunto de personas, de cada cantón, habitantes y electores, se pensaba en rematar en el fortalecimiento de la democracia representativa y electoral, para la mejor escogencia de sus autoridades políticas, separada su elección de la nacional presidencial y de diputados. Era para que los ciudadanos de los cantones pudieran concentrarse en sus propias autoridades, en su propio gobierno, para hacerlo más democrático, más directo, para participativo, y quizá también más efectivo. Eso sigue siendo válido.

El Código Municipal, antes que el Electoral nacional, establecía como figuras importantes la reelección consecutiva, el Referéndum, el Plebiscito y la Revocatoria de Mandato. Estas figuras poco se han practicado en el país. Los partidos políticos nacionales, que “mandan” teóricamente a los cantonales, de la misma bandera, no les ha interesado fortalecer estas figuras de movilización, de discusión y de poder ciudadano, ni a nivel local y mucho menos a nivel nacional. Algo parecido sucede a nivel nacional, con el Referéndum y el Plebiscito que son tan solo letra muerta en la Constitución Política, por esa abulia política que tienen los partidos y sus dirigentes políticos, y porque no les interesa empoderar o darle poder a los ciudadanos.

En ese sentido, en las municipalidades, se arrastraba la experiencia, la tradición y la legalidad de que las autoridades municipales podían elegirse continuamente, mientras sus electores así lo hicieran y quisieran en reconocimiento a obras de trabajo municipal y de buen ejercicio, sano, honrado y honesto, de gobierno local. Era al mismo tiempo una mejor escuela para la formación futura de dirigentes políticos nacionales, de donde podían ir saliendo hacia la Asamblea Legislativa, las instituciones del Estado, y los mismos Ministerios, con posibilidad de que algunos de estos dirigentes pudieran formarse con aspiraciones presidenciales, como resultado de una larga carrera política y administrativa, como hemos visto recientemente que han aspirado a luchas esas candidaturas nacionales. Al interior de algunos partidos importantes y nacionales, como Liberación Nacional y la Unidad Social Cristiana, de hecho los dirigentes municipales han acaparado la toma de decisiones importantes y se han impuesto hasta las Asambleas Nacionales quitándoles poder de nombramientos municipales y restringiendo, incluso, potestades, de los que salían candidatos presidenciales de esos partidos. Ese ha sido, como hemos venido viendo un camino a la muerte de la democracia interna de esos partidos, al autoritarismo municipal que les ha surgido, y a los cacicazgos locales, a veces con dudosos apoyos financieros municipales, y de sus campañas electorales, asociados a grupos tenebrosos de las narco mafias locales, lo que devienen en los liderazgos apadrinados por ellos originando la narco política y los dirigentes políticos sostenidos por estas redes de poder mafioso, y por la macabras y tenebrosas redes de los negocios que ellos mismos fraguan.

Los escándalos de corrupción que sacuden a algunas autoridades, personajes, municipales, nacionales y empresariales, por la telaraña que han construido con el tiempo, de favorecimientos mutuos, con perjuicio al interés público, nacional y municipal, a las obras, que resultaban mal hechas, a propósito, porque el negocio estaba también en la reparación constante de ellas, y no solo en la adjudicación de los carteles para sus construcciones, y por el daño resultante a la imagen pública de la democracia política, de los políticos, de las autoridades políticas, de los partidos políticos, a los cuales están ligados estos personajes, la confianza y fe pública en los procesos administrativos, a la seguridad jurídica que se supone debe haber en igualdad de trato para todos los ciudadanos, y para los mismos empresarios, que también algunos de ellos salieron afectados por este matrimonio y concubinato empresarial discreto, casi secreto, que habían establecido, hoy evidencia que la profundidad de este daño y de esta presencia en prácticamente en todo el país, en todas las municipalidades, especialmente donde estas empresas cuestionadas han actuado, y que deben investigarse a fondo, y con la mayor amplitud posible, si de verdad se desea acabar con esa hidra y con esos tentáculos. Recuerdo hace pocos meses en el Cantón de Santa Cruz, como la municipalidad cerró una calle pública, a Playa Mantas por favorecer intereses hoteleros locales, y la mantiene cerrada sin posibilidad para ningún costarricense, de hecho de poder llegar a esa playa por el camino existente, sobre el cual volcaron árboles para impedir el tránsito de vehículos. En este caso hasta la policía local está comprometida en este mafioso negocio, porque la misma policía impide el paso, aspecto que también debe ser investigado, como debe suceder en otros sitios.

Es igual que los negocios de las grandes construcciones, cuyos alcaldes, tiene capacidad de exonerar de ciertos pagos, que pueden ser multimillonarios según la inversión, a empresas constructoras, especialmente de condominios, y de torres condominiales, aspecto que también se puede investigar, seguro que dará positivos resultados, mientras a pequeños constructores, o a personas esas mismas autoridades municipales les ponen todas la trabas posibles para sus posibles proyectos habitacionales o de construcción. Conozco casos.

El punto en debate que se quiere introducir, casi como un distractor de la corrupción, es el de la reelección de alcaldes y de autoridades municipales, porque el de las autoridades nacionales no tiene discusión porque ya hay impedimentos de reelección consecutiva. ¿Por qué no se discute el caso de la reelección de partidos políticos, que son los que nombran y escogen a esas personas que salen malas personas? El que es pillo es pillo, el que roba poco termina robando mucho. El que tiene ocho o más años para ver que roba, tratará de robar en cuatro, si eso es lo que le ofrecen en posibilidad. Son las personas, son los candidatos los que hay que escoger, que sean buenos, correctos, honestos, honrados. ¿Pueden escogerse en un partido políticos buenos y honestos candidatos? Con limitarles el plazo de gobierno no les van a limitar su ansiedad por enriquecerse si el puesto se los permite. Con más avidez, gula y glotonería política irán. Y si están apoyados por grupos mafiosos, de cualquier naturaleza que sea, con más rapidez tratarán de actuar, hasta para dejar “herederos” del puesto, para hacer que la correa de trasmisión siga funcionando. Con limitar el plazo de gobierno de una autoridad a un solo período no van a acabar con la corrupción si no es la corrupción la que debe atacarse, si no es a los corruptos a los que se debe castigar y de manera ejemplar ante la sociedad nacional. Que el que se meta en ese camino sepa que de ser agarrado va a sufrir las máximas penas posibles.

Lo que hay en trámite legislativa son cantos de sirena contra autoridades políticas futuras pero fantasmas, suponiendo de previo que en ese futuro, que se regulará por esos cambios que se desean introducir todos los futuros alcaldes, y miembros de los consejos municipales y distritales son desde ahora concebidos de manera corrupta, salvo de que de previo demuestren lo contrario, lo cual es difícil. La corrupción se da en acto, por quien es corrupto, no de naturaleza, sino porque ha desarrollado una conducta, una moral y un ética de la corrupción, que le permite justificar lo que hace.

Con los límites al ejercicio del poder no se le está metiendo ningún límite a la corrupción ya existente. Ya lo veremos. Lo único que están haciendo algunos diputados con esa discusión es tratando de lavar su conciencia política, la de sus partidos, la de saber que ha hecho malas escogencias. Hay que dejar de hacer esas malas escogencias. ¿Pueden hacer esto los partidos? Para estas elecciones ya no lo hicieron. Veremos los malos frutos si sembraron malas semillas. Para las elecciones del 2022, de alcaldes y de consejos municipales, estaremos pendientes de por dónde va la comparsa política.

Los que están interesados en golpear partidos políticos, en esta lucha, de pronto alimentarán, con sus posiciones las tendencias autoritarias, despóticas y populistas, de cualquier tipo, quizá más peligrosas que lo que se quiere combatir hoy. La improvisación de dirigentes políticos, en todos los niveles de la vida y organización democrática, va a ser una de las variantes más peligrosas.

Sergio Ramírez Mercado y la Ciudadanía de Honor costarricense

Vladimir de la Cruz

La Ciudadanía Honorífica, de Honor, es una distinción que soberanamente otorgan los países, por decisión facultativa de sus máximos órganos políticos, sean del Poder Ejecutivo o del Poder Legislativo. En el caso costarricense es el Poder Legislativo, llamado Asamblea Legislativa, el que tiene la facultad de realizar estos reconocimientos.

En Costa Rica, como lo es en general en todos los países, son pocas las personas que han recibido esta distinción, que se puede realizar a extranjeros, a ciudadanos no costarricenses, como también se ha realizado a costarricenses.

Pocas personas han recibido esta distinción, entre ellos Franklin Ramón Chang Díaz, astronauta de la NASA, Hans Dietrech Genscher, Ministro de Relaciones Exteriores de Alemania, Antonio Giustiniani y Casablanca, médico, John F. Kennedy, Presidente de los Estados Unidos, Stanley Lindo Morales, Juan Morera Coll, sacerdote español conocido como Fray Casiano, Arturo Romero López, Sor María Romero Meneses, religiosa nicaragüense, Franklin D. Roosevelt, Presidente de los Estados Unidos, y José de la Cruz Turcios Barahona, sacerdote.

Cuando se le dio a Franklin Chang Díaz, en reconocimiento a sus hazañas espaciales, y ser el primer cosmonauta y científico distinguido, de origen costarricense, de la NASA, se produjo un cambio en la legislación nacional en torno a la ciudadanía. Hasta entonces, a finales del siglo XX, la ciudadanía costarricense se perdía cuando un ciudadano adoptaba otra nacionalidad. Había de hecho una renuncia tácita u obligada por ese motivo.

En el caso de los astronautas extranjeros de la NASA, para ascender en su carrera, debían ser ciudadanos estadounidenses, lo que obligó a Franklin Chang a renunciar a la ciudadanía costarricense.

En el acto de Juramentación de los ciudadanos que adoptan la nacionalidad estadounidense al jurar esa nacionalidad y las leyes norteamericanas, juran a la vez su compromiso de luchar y defender ese país ante cualquiera otro, incluso el país originario del nacionalizado. Así, Franklin Chang juró luchar, en el campo militar, si fuera del caso contra Costa Rica, como ciudadano norteamericano que pasaba a ser.

Para esos días, con gran reconocimiento nacional de sus méritos espaciales, el Partido Liberación Nacional valoró la posibilidad de que Franklin Chang fuera un posible candidato a la Presidencia de la República, lo que chocó inmediatamente con la renuncia a la nacionalidad que había hecho, lo que se exigía para ser Presidente de la República, ser costarricense. Además, las fuerzas políticas de izquierda, y sectores académicos, culturales y universitarios, en ese momento, alertaron sobre el juramento que había hecho el Astronauta Chang Díaz de combatir contra Costa Rica, empañando esa posible escogencia candidatura presidencial y obstaculizándola.

Así, por disposición judicial se estableció, por este caso, que la Ciudadanía costarricense no era renunciable, y por ello se permitía la doble nacionalidad para aquellos ciudadanos, que por diversas circunstancias tuvieran que adoptar otra nacionalidad junto a la costarricense.

De acuerdo con la Constitución Política ciudadano costarricense es el que nace en Costa Rica, derecho de ius solis, y el que nace en el extranjero por ser hijo de padre o madre costarricense, derecho de ius sanguinis.

Sin embargo, a los hijos de los costarricenses, en el extranjero, que no son inscritos antes de los 18 años en el Registro Civil, se les niega la nacionalidad que tienen por el ius sanguinis, que no es renunciable, que se arrastra y se tiene por toda la vida, y que permitiría que en cualquier momento ese costarricense, demostrando su raíz paterna o materna pudiera gestionar su nacionalidad costarricense. Tiene esto más fuerza que la renuncia y recuperación de la nacionalidad, como se estilaba antes, porque la renuncia es un acto de voluntad, mientras la nacionalidad es una consecuencia genética irrenunciable.

El mérito para distinguir a un ciudadano con este reconocimiento, Ciudadano de Honor, lo analiza la Asamblea Legislativa, lo que es finalmente una decisión política del Pueblo Soberano allí representado.

El principio general es que se otorga por servicios notables que se prestan a la República, o como ha venido sucediendo por la altas distinciones nacionales o internacionales del Homenajeado que se le reconocen.

La Asamblea Legislativa puede otorgar la Ciudadanía de Honor sin restricción de límite, mientras que para otras distinciones, como los Benemeritazgos de la Patria, solo puede otorgar una por Legislatura, lo que se ha roto, recientemente, por una reforma al Reglamento Legislativo, que por cascada, en abundancia, se han hecho Declaraciones de Benemeritazgos de la Patria, en un solo día, el 21 de julio pasado, a catorce mujeres, y el 11 de agosto se tramitaron otros reconocimientos, más por la necesidad de llenar el vacío de que pocas mujeres que tenían este reconocimiento.

Las recientemente declaradas Beneméritas son Yolanda Oreamuno Unger, Anna Gabriela Ross González, María Teresa Obregón Zamora, Ana Rosa Chacón González, Luisa González Gutiérrez, Mireya Barboza Mesén, Olga Espinach Fernández, Pacífica Fernández Oreamuno, Virginia Grütter Jiménez, Estela Quesada Hernández, Adelaida Chaverri Polini, Manuela Tattenbach Yglesias, Carmen Naranjo Coto y Emilia Prieto Tugores, todas ellas que destacan en la ciencia, la política, la salud, la poesía, el arte y el medio ambiente entre otros campos.

Hace pocas semanas se presentó, ante la Asamblea Legislativa, una propuesta de Declaración de Ciudadano de Honor, para el distinguido y reconocido escritor nicaragüense Sergio Ramírez Mercado.

El trámite que en la Comisión Permanente Especial de Honores, de la Asamblea Legislativa, debió ser secreto en su deliberación, que debía conocer los atestados, de manera confidencial, a favor como las facetas negativas que se consideraran en su contra, salió a la luz pública, por cuanto la Presidenta de esa Comisión Parlamentaria, que se integra de manera secreta por el Presidente Legislativo, hizo pública su oposición a este reconocimiento, opinando negativamente sobre unos pasajes de uno de sus libros, desatando con ello una polémica nacional sobre la validez de su distinción.

Recientemente la Academia Costarricense de la Lengua le ha declarado Miembro de Honor de la misma, y la Universidad Nacional, de Heredia, le ha otorgado el Doctorado Honoris Causa.

Sergio Ramírez es nicaragüense por nacimiento, pero ha vivido mucho tiempo, en distintos momentos de su vida, y por largas temporadas, en Costa Rica, que lo ha tenido como un hijo adoptivo, ligado por sus aportes a la cultura nacional, y desde aquí a la cultura centroamericana cuando estuvo ligado al Consejo Superior de las Universidades de Centro América, CSUCA, en la década de 1970, época en la que procreó tres hijos en Costa Rica, que por esa razón son costarricenses, derecho de ius solis, y que sería buen fundamento para que, por ese motivo, también se pueda acoger al trámite de la nacionalidad costarricense, como lo hacen inmensa cantidad de ciudadanos de Nicaragua y otros países, que al tener descendencia en el país, les facilita la adquisición de la nacionalidad costarricense.

Sergio Ramírez ha sido permanentemente nicaragüense por su propia voluntad, porque nació en Nicaragua, porque ama su país, su cultura, su Historia, porque se crio en Nicaragua, porque allí permanece su Biblioteca principal, que es como su alma, porque vivió y luchó en Nicaragua contra la dictadura de la Familia Somoza por procurar un país más digno, más democrático, más justo.

Sus vínculos afectivos con Costa Rica los tiene no solo por su convivencia con nosotros, por sus hijos nacidos en Costa Rica, por los trabajos realizados desde Costa Rica, sino también porque en la práctica Costa Rica ha sido su Patria adoptada, la tierra y la Nación que le produjo fuertes vínculos históricos, laborales, afectivos y jurídicos, porque se siente ligado al ser humano costarricense, porque se identifica y mimetiza con él, porque es tan costarricense como los que nacemos aquí, porque conoce la Historia costarricense como propia, porque su Humanidad a la par de nicaragüense, es costarricense, es centroamericana, como lo es también ciudadano del mundo, ciudadano Universal, por los reconocimientos internacionales que recibe y, por las protecciones que, igualmente, le brindan ante las amenazas que recibe del actual gobierno nicaragüense, que ponen en peligro su vida, su existencia, su palabra creadora con filo, su compromiso de seguir anhelando y luchando por una Patria nicaragüense democrática, no autoritaria, no dictatorial.

Desde Costa Rica también lo hizo en esa la década, 1970-1979, hasta el triunfo, en aquel año del Frente Sandinista de Liberación Nacional, del que formó parte del Gobierno inicial de la Revolución triunfante, permaneciendo en su Patria toda la década siguiente, contribuyendo en la lucha por afianzar el proceso revolucionario gestado en 1979 en el poder.

A Sergio Ramírez la Ciudadanía Honorífica, que se le pudiera dar por la Asamblea Legislativa, no lo va a hacer más costarricense de lo que ya es. Es Costa Rica la que se va a enriquecer con un Ciudadano y una persona como él que honrará a la Nación Costarricense por su creación literaria, por su reconocimiento y distinción internacional.

La Ciudadanía Honorífica para Sergio Ramírez va a contribuir a afirmar y afianzar más la identidad nacional costarricense, como sentimiento subjetivo que lleva Sergio Ramírez, en sus venas, en su corazón, en su pluma y lengua creadora, que le unen desde esas trincheras a nuestra Historia Cultural y Literaria, a nuestra esencia costarricense.

Sergio Ramírez con su Ciudadanía de Honor contribuirá al fortalecimiento del Estado y de la República de Costa Rica desde la Cultura.

Con la Ciudadanía de Honor a Sergio Ramírez también estaremos contribuyendo con el pueblo nicaragüense en las preservación de sus valores, de su lucha por la Libertad y la recuperación de la Democracia.

En 1855 el Presidente, y Padre de la Patria costarricense, Juan Rafael Mora Porras, ante la oprobiosa presencia del filibustero norteamericano William Walker en Nicaragua, quien quería esclavizar a los pueblos centroamericanos y anexarlos a los Estados Unidos, invitado por malos nicaragüenses que lo hicieron llegar a Nicaragua, y después allí establecido prácticamente por la fuerza, tomó, Juan Rafael Mora, la decisión de marchar sobre Nicaragua para liberarla, de asegurar su Libertad, Independencia y Soberanía, y también la de Costa Rica y la de Centroamérica, como finalmente se logró con la rendición de Walker el 1 de mayo de 1857, después de dos años de combates.

Hoy, de nuevo los costarricenses podemos contribuir con la Democracia en Nicaragua y en la región dándole la Ciudadanía de Honor a Sergio Ramírez, brindándole la Bandera Nacional como su manto protector ante la persecución internacional que el régimen de Daniel Ortega y de Rosario Murillo han desatado contra él, como uno de los símbolos de la resistencia intelectual, cultural y política, y de la lucha democrática nicaragüense.

La Ciudadanía de Honor para Sergio Ramírez lo distinguirá a él, ciertamente, pero también a los costarricenses que lo tendremos como un costarricense más que nos resaltará, honrará y distinguirá con su existencia, como un Hijo distinguido de la Patria costarricense.

La Asamblea Legislativa debe proceder con la Declaratoria de Ciudadano de Honor para Sergio Ramírez Mercado.

Los méritos literarios son bien reconocidos. Su obra de muchos libros tiene la calidad de los Premios internacionales que les han dado. Por ellos hasta el Premio Cervantes, considerado el más importante de la lengua castellana.

Su paso por la política nicaragüense también es bien conocida y destacada, desde la trinchera política, hasta el Gobierno y el Parlamento nicaragüense, pero también continuando en la oposición política, como dirigente político sandinista y fuera del sandinismo oficial. También ha sido editor profesor universitario, invitado de varias Universidades en diversos países, columnista regular destacado en muchos periódicos, escritor de novelas, cuentos, ensayos, de relatos, con obras literarias relacionadas directamente con Costa Rica, antologador del pensamiento del General de Hombres Libres, de Augusto César Sandino, publicada su antología en varios países.

No debe atrasarse su trámite ni dejarse para después del receso parlamentario, que, con motivo de las elecciones, se aproxima.

Empleo público: parches, remiendos ¿y el respeto a la constitución?

SURCOS comparte la siguiente información:

Este lunes 22 de noviembre a las 5:00 pm se llevará a cabo el programa radial Orden del Día, en el cual se realizará un análisis del tema: “Empleo público: parches, remiendos ¿y el respeto a la constitución?”.

Se transmitirá por Facebook Live de Orden del Día o por Radio Universidad de Costa Rica 96.7.

Participarán:

  • Mauricio Castro Méndez 
  • Shirley Benavides Vindas

Moderadoras: Guiselle Boza Solano y Rosaura Chinchilla Calderón

Adjuntamos invitación formal al evento:

El proyecto de empleo público en el martirio de la cruz

Manuel Hernández

Esta semana, el Proyecto de Ley Marco de Empleo Público recibió dos certeros martillazos, que no le ayudan mucho a sostenerse en el madero.

A inicio de la semana, fue primero el acuerdo de la Corte Suprema de Justicia, que reiteró su oposición al proyecto, porque lesiona el principio de separación de poderes e independencia del Poder Judicial, y además, porque afecta el funcionamiento y organización de este poder de la República.

Ahora, a finales de la semana, este viernes, definitivamente, viernes negro para el proyecto, la Procuraduría General de la República rindió su opinión a la Asamblea Legislativa, sobre la última versión del texto que se le consultó.

De esta opinión, amerita destacar las consideraciones que contiene acerca de las modificaciones que incluyó el informe de la Comisión Permanente Especial de Consultas de Constitucionalidad de la Asamblea Legislativa, que no fueron objeto de pronunciamiento de la Sala Constitucional en el Voto N° 2021-017098-0007-CO.

La opinión de la Procuraduría señala –lo cual ya habíamos advertido- que hay dos aspectos que fueron modificados por esa Comisión, que en su oportunidad no se   consultaron al Tribunal Constitucional.

Por una parte, el informe de la Comisión, aprobado por el plenario, excluyó, ex oficio, al propio Poder Legislativo de la aplicación de varios artículos del proyecto.

Por otra parte, tratándose del salario global de los rectores de las universidades públicas, que la Sala estableció que es inconstitucional que el tope esté en función del salario del Presidente de la República, y lo fije la Autoridad Presupuestaria, el informe de la Comisión, motu proprio, extendió esa exclusión al Poder Legislativo, Poder Judicial, Tribunal Supremo de Elecciones e instituciones con autonomía de gobierno u organización (artículo 37).   

La opinión de ese órgano subraya que la Comisión de Asuntos de Constitucionalidad, como lo ha resuelto el Tribunal Constitucional “no puede variar lo que no ha sido objeto de pronunciamiento de este Tribunal” (Voto N° 12026-2010).

Asimismo, sostiene que la Comisión únicamente podía considerar los “efectos directos” que se derivan de la opinión de la Sala Constitucional, pero no incorporar aspectos novedosos, que no fueron consultados, “so pena de ser declarado como vicio de procedimiento.”

Al final, concluyó lo siguiente:

“De conformidad con lo expuesto, esta Procuraduría estima que el proyecto de ley consultado sigue presentando inconvenientes a nivel jurídico, incluso eventuales roces de constitucionalidad”.

Efectivamente, aunque no sólo por este motivo sustancial de procedimiento, porque también contiene vicios que alteran las reglas del sistema democrático y derrumban la Constitución Política, el controversial proyecto, como concluyó la Procuraduría, contiene graves vicios de constitucionalidad.

Ya habíamos comentado, en un artículo anterior, que la Comisión de Asuntos de Constitucionalidad se extralimitó, porque modificó a su arbitrio, varios artículos del proyecto, que no fueron objeto de pronunciamiento por la Sala Constitucional, incurriendo en una grave anomalía de procedimiento, lo cual viene a confirmar la Procuraduría General de la República.

Ahora, el proyecto, de nuevo, se vuelve a meter en un estrecho y difícil laberinto, que, parafraseando a Unamuno, tal vez sea su última agonía, y que, quien quita, podría ser la crónica de una muerte muy anunciada.

19/11/2021

La denuncia por parte de Nicaragua de la Carta de la Organización de Estados Americanos (OEA): breves apuntes

Nicolas Boeglin

Este 19 de noviembre, cables noticiosos informan que Nicaragua ha anunciado, mediante el jefe de su diplomacia, que ha procedido a notificar la denuncia de la Carta Constitutiva de la Organización de Estados Americanos (OEA) a su Secretario General (véase cable de CNN). 

Desde la perspectiva estrictamente jurídica, esta noticia requiere ser brevemente puesta en contexto, al tratarse de una herramienta jurídica (la denuncia) propia del derecho internacional público no siempre correctamente entendida.

La denuncia de un tratado internacional en breve

Cabe precisar para iniciar que la denuncia de un tratado internacional, cual sea este, constituye una figura jurídica consagrada en el derecho de los tratados, tal y como lo establece expresamente el artículo 56 de la Convención de Viena de 1969 sobre Derecho de los Tratados (veáse texto completo). La denuncia resulta de una atribución soberana de un Estado, quien puede decidir, en el momento en el que lo estime más oportuno, liberarse de obligaciones internacionales contenidas en un instrumento internacional: así como libre y soberanamente un Estado decide aceptar obligaciones internacionales, puede de igual forma decidir liberarse de estas.   

El precitado Artículo 56 prevé también la situación en la que un tratado internacional adolezca de una disposición relativa a la denuncia. No es el caso de la Carta de la OEA  de 1948, la cual dispone (véase texto completo) en su artículo 143 que: 

«Esta Carta regirá indefinidamente, pero podrá ser denunciada por cualquiera de los Estados miembros, mediante comunicación escrita a la Secretaría General, la cual comunicará en cada caso a los demás las notificaciones de denuncia que reciba. Transcurridos dos años a partir de la fecha en que la Secretaría General reciba una notificación de denuncia, la presente Carta cesará en sus efectos respecto del Estado denunciante, y éste quedará desligado de la Organización después de haber cumplido con las obligaciones emanadas de la presente Carta«. 

De confirmarse la fecha de la notificación antes aludida, la fecha oficial en la que Nicaragua quedará completamente desligada de la OEA será el 19 de noviembre del 2023. Al revisar nuestro estimable lector el estado oficial de firmas y de ratificaciones de la Carta de la OEA (véase enlace oficial) se notará que figuran Cuba y Venezuela, casos sobre los que nos referiremos posteriormente.

Volviendo al caso de Nicaragua, es de precisar que el pasado 15 de noviembre, una resolución de la Asamblea Nacional de Nicaragua solicitó expresamente al Poder Ejecutivo iniciar el trámite de denuncia de dicho tratado internacional (véase texto de la Resolución 05-2021). Su difusión en medios de prensa nacionales e internacionales (véase por ejemplo nota de Radio France Internationale/RFI ) no provocó mayor reacción por parte de los demás Estados Miembros de la OEA o de algunas de las autoridades de la OEA como tal.

El antecedente más inmediato y la solución (original) de la OEA

En el año 2017, Venezuela de igual manera había denunciado este mismo instrumento internacional (véase notificación oficial enviada por las autoridades de Venezuela con fecha del 27/04/2017). 

Anterior a ello, en el 2012, Venezuela había también denunciado la Convención Americana sobre Derechos Humanos (véase nuestra breve nota al respecto del 12/09/2012). 

En el caso de Venezuela y de sus relaciones con la OEA, una carta suscrita por quien la OEA reconoce como legítimo representante de Venezuela, «reintegra» a Venezuela en la OEA (véase carta de Juan Guaidó del mes de  febrero del 2019). Merece mención el hecho que, al iniciarse la reciente Asamblea General de la OEA en Guatemala el pasado 10 de noviembre, fueron varios los Estados miembros de la OEA (entre los cuales Argentina, Belice, Bolivia, México, Nicaragua, así cómo Trinidad y Tobago) en objetar y en no reconocer como válidas las credenciales de la representación venezolana a esta cita anual interamericana (véase cable de Swissinfo). 

Es de precisar que a diferencia de la OEA, las Naciones Unidas así como todas sus instituciones especializadas, reconocen como legítimas a las autoridades venezolanas encabezadas por el Presidente Nicolas Maduro. Ello no significa que en álgidos temas como en materia de derechos humanos, en Naciones Unidas no se denuncie la situación imperante en Venezuela: a diferencia de la representación de Venezuela en la OEA, en Naciones Unidas la silla de Venezuela es ocupada por un representante oficial que sí puede trasladar a sus autoridades las preocupaciones externadas antes él para rectificar la conducta de estas.

A modo de conclusión

No cabe duda que la decisión de liberarse de la OEA por parte de Nicaragua es una respuesta a la forma con la que varios órganos de la OEA han considerado valorar la situación interna en Nicaragua, y en particular, deslegitimar el resultado de las elecciones realizadas en Nicaragua, el pasado 7 de noviembre del 2021.

En otro caso bastante peculiar (ya que no se trató de una denuncia, sino de una «exclusión» de un «Gobierno» y no de un Estado), desde el 2009 una resolución de la Asamblea General de la OEA deja sin efecto una resolución adoptada en 1962 expulsando a las autoridades cubanas de la OEA (y no al Estado cubano): véase comunicado de prensa oficial de la OEA. A la fecha, las autoridades cubanas han optado por mantener sus distancias con la OEA y no reintegrarse de pleno.

Más allá de la originalidad del estatuto acordado a Venezuela por la OEA desde el 2019 y de la particularidad del caso de Cuba, el punto de saber si el tener a un Estado Miembro de la OEA fuera de esta organización regional contribuye a debilitar a sus autoridades, o bien por el contrario, a reforzar el control que ejercen dentro de su territorio, es un aspecto sobre el que poco se ha debatido en años recientes.

 

La presente nota fue elaborada por Nicolas Boeglin, Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR).

Sesenta y dos personas firmantes le invitan a ser parte – Plataforma de la ciudadanía y los movimientos sociales

A raíz de la convocatoria lanzada hace dos meses por el Foro Confluencia Solidaria, sesenta y dos personas firmantes le invitan a participar en la elaboración de la:

Plataforma de la ciudadanía y los movimientos sociales
de cara al proceso electoral

SURCOS comparte la siguiente invitación:

Las personas firmantes de esta invitación proponemos construir una plataforma de la ciudadanía y los movimientos sociales, de cara al proceso electoral que ya inició, y como una forma de “hacer una valiosa contribución al presentar propuestas concretas sobre los aspectos más sustantivos” de la vida de las comunidades y los distintos sectores de lucha social. “Su voz debe levantarse hasta hacerse oír y ser tan fuerte como para minimizar la parafernalia que montarán algunos partidos y que, por demás, debilitan el pensamiento crítico y racional de la población”.

Puede ver el llamamiento completo en este enlace:

https://wp.me/p6rfbZ-gB6

La plataforma de la ciudadanía y los movimientos sociales de cara al proceso electoral será un aporte de educación popular y ciudadana. Le invitamos a enviar las propuestas de su organización, colectivo, o bien, a título personal.

Para ello ofrecemos el siguiente formulario a fin de que, -si aún no lo ha hecho-, pueda hacer llegar sus propuestas a más tardar el domingo 5 de diciembre:

https://forms.gle/io169WTiaFPZBMcV9

¡Nuestra voz debe escucharse! Le agradeceremos si comparte esta invitación.

Ana Cecilia Araya CuadraComunidad – San Ramón de Alajuela
Rodrigo Arias LópezAnálisis actuarial
Guillermo Arroyo MuñozOrganización comunitaria
Oscar Beita QuesadaConservación de los recursos hídricos en zona sur de Costa Rica; Organización: MARBE S.A.
Flor Bellido TorresPresidenta Asada de Pléyades, vicepresidenta Concejo de Desarrollo Territorial Talamanca – Valle la Estrella, Comité de Emergencia Local Valle de la Estrella, Junta de Salud de la Área de Salud Valle la Estrella.
Giovanny Blanco MataAsociación Internacional Mundo Sin Guerras y Sin Violencia
Carlos Brenes CastilloSociólogo y cooperativista. Cartago
Abelardo Brenes CastroRepresentante Asociación Jubilados en Acción
Christoph BurkardProtección de ríos y cuencas
Daniel Camacho MongeSociólogo, abogado, profesor emérito de la Universidad de Costa Rica. Activista en Derechos Humanos.
Rodrigo Humberto Campos HernándezDefensa y promoción de DDHH
Ana Chacón MoraPeriodista
Eric Chaves RamírezConsultor independiente
Asociación ComunidadesPromover el uso sano de la tierra, el agua y todo el entorno
Herbert E. Contreras VásquezInvestigador jubilado
Enid Cruz RamírezDefensa de los derechos de las mujeres
Jaime Delgado RojasAsociación de Jubilados en Acción del Magisterio Nacional
Manuel Delgado CascantePeriodista y escritor
Isabel Ducca DuránConfluencia Solidaria
Marcela Dumani EchandiDocente universitaria.
Juan Carlos Durán CastroTrabajador Sector salud (CCSS) y aspirante a dirigente sindical
Mujeres en AcciónDerechos de las mujeres
Italo Fera FallasDefensa y protección socio ecológica.
Héctor Ferlini-SalazarForo Confluencia Solidaria, Alianza por una Vida Digna, SURCOS Digital
Nora Garita BonillaA título personal
Gloria GavioliPuerto Viejo de Talamanca – Empresaria y presidente ATEC
José María Gutiérrez GutiérrezForo Confluencia Solidaria
Mauricio Gutiérrez ArguedasForo de Confluencia Solidaria y Red MMT Costa Rica
Carlos Alberto Hernández PorrasRed Economía Solidaria /RedEss
Ivannia Gabriela Hernández RamírezTeatro La Cambusina
María HernándezComunal. Colectivo Agroecológico Zurquí
Marjorie Hernández DelgadoAlfabetización Ciudadana, defensa de derechos ciudadanos, derechos humanos fundamentales y constitucionales, cumplimiento y hacer cumplir la Constitución Política
Herberth Herra CastroEn este proceso electoral seré activista del abstencionismo pensado, «si votar cambiara algo ya estaría prohibido”.
Oscar JaraEducación Popular
Madeline KiserConservación de los recursos hídricos en zona sur de Costa Rica; Organización: MARBE S.A
Jorge Arturo Lobo SeguraAmbientalista
Rafael López AlfaroExtensionista Universidad Estatal a Distancia / UNED PRO
Diana Marcela LópezPromotoras de derechos por medio del proyecto de Defensoras Populares
Óscar Madrigal JiménezJubilado
German Masís MoralesProfesor jubilado de la UNA, miembro de Alterdes
Rafael Ángel Méndez CastroPensionado
Mauricio Menjívar OchoaDocencia
Henry Mora JiménezAcademia
Marlon Andrés Navarro ÁlvarezAsociación de Desarrollo, ASADA, Concejo de Distrito, Cruz Roja
Lorea B PinoColectivo Agroecológico Zurquí
Elides Rivera NavasEmprendedora en turismo, Movimiento de Mujeres Indígenas, pueblo de Térraba
Dylanna Rodríguez MuñozDocente UCR y CEAAL
Fernando Rodríguez GarroAcadémico OES-UNA
Jiddu Rojas JiménezDocente de Filosofía / Coordinador del Encuentro Democrático.
Mariano Sáenz VegaJunta directiva Colegio de Profesionales en Sociología de Costa Rica
Eugenia Salazar AguilarActivista Derechos Humanos
Luis Andrés Sanabria ZaniboniDocente
Casilda Sancho BarrantesJubilada y participó en organizaciones de mujeres y en Transición, mayores de 60 años.
Inti Segura ChacónGestión de cambio
Pablo Sivas SivasDefensor de los derechos indígenas
Adilia Solís ReyesDocente UCR. También presidenta de organización CENDEROS, tema de migraciones y refugio
Carolina Somarribas DormondUniversidad Estatal a Distancia, Programa de Gestión Local
Dayana Ureña SolísAsambleas Patrióticas Populares (APP)
Edison Valverde ArayaMovimiento Buen Vivir Costa Rica
Álvaro Vega SánchezForo Confluencia Solidaria
Raúl Venegas CastroDirigente Sindical (Undeca) y parte de la Comisión Popular de Occidente (San Ramon, Alajuela).
Roberto Zeledón AriasAsesor Legislativo

Imagen con fines ilustrativos.