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Cronología básica en torno al Partido de Nicoya, su Anexión a Costa Rica y la Provincia de Guanacaste

Vladimir de la Cruz

El Partido de Nicoya colonial era una región administrativamente compuesta por Nicoya, Santa Cruz y Guanacaste (Liberia), separados por el río Tempisque.

En el siglo XVIII se había ido constituyendo el criollaje nicoyano y guanacasteco, ligados a todos los procesos económicos y sociales y políticos, que al sobrevenir la Independencia que fue constituyendo a la vez una identidad nicoyana – guanacasteca – costarricense.

El conquistador español Pedrarias Dávila impulsó expediciones que desde 1518 hasta 1524 recorrieron Punta Burica, Golfo Dulce y el Golfo de Nicoya, en 1519.

El conquistador Gonzalo Fernández de Oviedo escribe sus andanzas en la región “del Golfo de Nicoya y sus comarcas”, habla del Golfo, de las islas, describe a los hombres y las mujeres.

Los caciques de esas tierras, entre otros fueron el Cacique Nicoya que estaba en 1522. Los que le sucedieron tenían españolizado sus nombres: Alonso Nambí, en 1529; don Juan, en 1577; don Antonio de Contreras en 1687; en 1760 hubo una cacica, doña Juana de Contreras. En los distintos pueblos que habitaron la región hubo otros caciques.

En Nicoya se inició la conquista de Costa Rica; que fue la base de penetración al territorio, del avance poblacional y de las empresas conquistadoras. Así, Gil González pacificó Nicoya y bautizó, en 1522, más de 32.000 indígenas. De Nicoya y Nicaragua sacaron indígenas los españoles para apoyar su conquista del Perú.

-1527, el 16 de marzo, se creó la Gobernación de Nicaragua. Aún no existía la Provincia de Costa Rica, territorio que formaba parte de la jurisdicción de Veragua en el atlántico y se encontraba entre Castilla de Oro y Nicaragua, por el pacífico. La Corona española había creado la provincia de Nicaragua, segregándola de Castilla de Oro, que incluía el territorio del reino de Nicoya.

-1527, 1 de junio, se erige la Provincia de Nicaragua

Hasta 1529, prácticamente, pertenecimos a la Gobernación de Nicaragua. En el período 1536-1540 se posibilitó la integración territorial de Costa Rica.

-1539 s empieza a usar el nombre de Costa Rica en documentos españoles

-1540 se crea la Provincia de Nueva Cartago, abarcando todo el territorio de la costa caribe y lo que es hoy la Mosquitia pertenecía a Costa Rica, bajo la Gobernación de Cartago o Costa Rica.

-1554, el 10 de julio, fue establecido el Corregimiento de Nicoya o Alcaldía Mayor de Nicoya, al ser segregado de la Gobernación de Nicaragua o Provincia de Nicaragua, y se creó la Alcaldía Mayor de Nicoya, o Corregimiento de Nicoya.

-En 1566 se estableció la Alcaldía Mayor de Nicoya. Corregidores y Alcaldes la gobernaron por los siguientes 250 años, dependiendo de Costa Rica como de Nicaragua. Fue independiente desde 1588 hasta 1593 y gozó de plena autonomía de 1602 a 1786. -En 1744 se le consideraba parte de Costa Rica.

-1573, Diego de Artieda fue nombrado Gobernador de Costa Rica, de la Provincia de Nicaragua y de Nicoya.

-1573, el Rey Felipe II fijó nuevos límites creándose oficialmente la Provincia de Costa Rica.

-1780, la reforma borbónica que impulsa España, con ánimo de mantener un papel más predominante con Europa, reestructura territorios y crea partidos, entre estos surge la denominación del Partido de Nicoya, Segovias y Managua, Rivas, la Provincia Costa Rica., y se crearon Partidos e Intendencias.

-1593, la Alcaldía Mayor de Nicoya se agregó a la Provincia de Costa Rica

-Desde 1602 hasta 1786 la Alcaldía Mayor de Nicoya fue de nuevo autónoma respecto a Nicaragua y Costa Rica.

-1769, se funda el pueblo de Guanacaste (Liberia) y se erige su ermita.

-1772, se erige el pueblo de Santa Cruz.

-1786, el 23 de diciembre, el Corregimiento de Nicoya o Alcaldía Mayor de Nicoya fue nuevamente unido a la Provincia de Nicaragua, al ser incorporado como Partido a la Intendencia de León, creada como una dependencia político-administrativa del Reino de Guatemala.

-1787, el Partido de Nicoya surgió a partir de la Alcaldía Mayor de Nicoya, incorporada a la Intendencia de León, al establecerse el régimen de las Intendencias en el Reino de Guatemala; todos bajo dominio español.

-1812, el 23 de mayo, se segregan del Reino de Guatemala los territorios de la Intendencia de León y de la Provincia de Costa Rica, con las mismas facultades de una Intendencia, que en lo hacendario dependía de la Intendencia de León, para reunirlos en una nueva circunscripción, la Provincia de Nicaragua y Costa Rica, que se constituyó en una de las dos Diputaciones de la región centroamericana, junto a la Provincia de Guatemala. En 1812 se unieron Nicoya y Costa Rica para elegir diputado a las Cortes de Cádiz.

La Diputación Provincial de Nicaragua y Costa Rica se integraba con siete diputados, uno de León, Granada, Rivas, Segovia, y Nicoya; y dos por Cartago.

-En 1812, la Intendencia de León fue unida con la Provincia de Costa Rica.

Bajo la ocupación francesa de España, 1808-1804, y bajo las Cortes de Cádiz, 1812, y bajo la Restauración monárquica en España, a partir de 1814, hasta 1821, se desarrolla la Diputación Provincial de Nicaragua y Costa Rica, durante los años 1812-1821, dependiendo de la Capitanía General de Guatemala y de la Intendencia de León.

-Durante el periodo 1814-1820 nuevamente se crearon la Intendencia de León y Provincia de Costa Rica.

-1820, en marzo se restituye la Constitución de Cádiz. Y se restablece la Provincia de Nicaragua y Costa Rica.

-1820, el 13 de diciembre, la nueva Diputación Provincial divide el territorio en siete partidos: Segovia, El Realejo, León, Granada, Nicaragua (Rivas), Nicoya y Costa Rica.

-1821, el 15 de setiembre acuerda el Acta de Independencia de la Provincia Guatemala y comunicarla a los pueblos del antiguo Reino de Guatemala.

-1821, 21 de setiembre, El Salvador declara su Independencia.

-1821, 28 de setiembre, Nicaragua y Honduras declaran su Independencia. Nicaragua acuerda el Acta conocida como la de los Nublados del día.

-1821, 11 de octubre, Nicaragua reafirma su Independencia, junto con la de Costa Rica, de España. Costa Rica inicia el conocimiento de las Actas de Independencia de Guatemala y de Nicaragua, y de nombrar delegados para reunirse en Cartago para tomar la decisión de la Independencia.

-1821-29 de octubre. Se acuerda declarar, en Cartago, la Independencia de Costa Rica, y someter el Acta a Jura de los pueblos, quedando todavía de manera interina el gobernador Colonial a cargo del gobierno.

-1821, 29 de octubre, igual que en Costa Rica, los nicoyanos afirman su independencia de España.

-1821, 11 de noviembre, San José y Alajuela desconocen la autoridad colonial interina, y establecer la Primera Junta de Legados, primer gobierno en el período independiente. Se ordena redactar una Constitución Política.

-1821, 1 de diciembre Se promulga el Pacto Fundamental Interino de Costa Rica o Pacto de Concordia, considerada la Primera Constitución del país en su período independiente, con lo que se acaba la Provincia de Nicaragua y Costa Rica, y surge Costa Rica, como Provincia, absolutamente independiente.

-1823, el 16 de agosto, las autoridades de Granada, Nicaragua, reconocen el deseo de los nicoyanos de adherirse a Costa Rica

-1823, 6 de noviembre, el Alcalde de Nicoya propuso la creación de un cabildo en Santa Cruz, moción rechazada porque los regidores nicoyanos consideraron que les perjudicaba al disminuir el ayuntamiento de Nicoya que era la cabecera de este Partido.

-1823, el 9 de setiembre, las autoridades de León igualmente conocieron el deseo de los nicoyanos de adherirse a Costa Rica.

-1824, el 3 de marzo de 1824 el Gobierno del Estado de Costa Rica propuso a la Municipalidad de Nicoya incorporarse a Costa Rica.

-1824, 19 de abril, la Municipalidad de Nicoya cambió de opinión consideró que de acuerdo con el artículo 31 de la Constitución Española toda población con más de mil habitantes debía tener ayuntamiento.

-1824. Costa Rica se integra a la República Federal de Centroamérica, al igual que Nicaragua.

Nicoya, respecto a Nicaragua y Costa Rica, tenía una estrecha relación comercial con Costa Rica, primero a través de Esparza y de Puntarenas y luego a través de Bagaces y las Cañas.

-1824, 5 de marzo, las autoridades costarricenses enviaron una comunicación a los ayuntamientos del Partido, invitándolos a deliberar «…a ver si convenía reunirse a su Provincia sin contrariar las voluntades».

El Ayuntamiento de Guanacaste (Liberia) el primero en convocar a un cabildo abierto para decidir tan importante cuestión. En un interesante documento los miembros de la Corporación confesaron que apenas recibida la nota se inclinaron por la Anexión «…por el cúmulo de circunstancias y ventajas que la acompañan». Sin embargo, en un cabildo abierto realizado el 23 de mayo de 1824, la población de Guanacaste (Liberia) en su mayoría se manifestó contraria a esa unión con Costa Rica.

-1824, el 27 de junio de 1824, la convocatoria de Costa Rica fue conocida por la Municipalidad de Santa Cruz con la mayor parte de su pueblo. Los santacruceños decidieron aceptar lo que determinara la Municipalidad de Nicoya, decisión que expresaron con toda claridad: «…haciendo esa noble Municipalidad (Nicoya) lo que tenga por conveniente, reciba nuestro parecer en el tanto de su determinación…»

-1824, Acta del 4 de julio: “En el Pueblo de Nicoya a los cuatro días del mes de julio de mil ochocientos veinte y cuatro años estando los señores ciudadanos que componen esta Municipalidad, presidida por el Sr. Alcalde Constitucional, ciudadano Manuel Briceño, Jefe Político Subalterno de este Partido, y en compañía de algunos ciudadanos en la Casa Consistorial donde acostumbra celebrar sus actas con cabildo abierto: Se hizo saber la invitatoria de la Provincia de Costa Rica de cinco de marzo de este año en orden a ver si convenían reunirse a su Provincia sin contrariar las voluntades, después de bien meditado dijeron de común acuerdo: que no se inmute ni se altere la demarcación antigua de ese Partido a la Provincia que ha sido agregado antes de ahora (sino es que la Asamblea Nacional Constituyente del Centro de América determine otra cosa que le sea más conveniente al Partido); igualmente se acordó se dé cuenta con esta acta al gobierno de Costa Rica para el uso de sus determinaciones y que igualmente se le rindan las gracias a aquel gobierno por haber tenido en consideración este Partido que no puede ser disidente. Con lo cual se concluyó esta acta que firmamos con los ciudadanos que pudieron ser habidos por ante mí el presente secretario que doy fe. (rúbricas).

Manuel Briceño.- Ubaldo Martínez.- Manuel García.- Rafael Briceño y por el Alcalde Sebastián Gómez, Rafael Briceño.- Felipe Medina.- Desiderio Dinarte.- Por Casimiro Cedeño, Desiderio Dinarte.- Albino Salguera Por mí y Francisco Cárdenas, José Felipe Gutiérrez. Juan Felipe Gutiérrez”.

-1824, el 25 de julio, los habitantes del Partido de Nicoya expresan libremente su deseo de anexarse a Costa Rica, como ellos mismo lo manifestaron, “De la patria por Nuestra voluntad”. Esta decisión, que se toma por un plebiscito, en el que votan poco más de 900 personas, de formar parte con Costa Rica, momento en que se integran al territorio costarricense, añadiendo en ese sentido lo que era el Partido de Nicoya. El cabildo abierto, que tomó la decisión de la Anexión estuvo presidido por Manuel Briceño, con los regidores Toribio Viales, Ubaldo Martínez y Manuel García.

El documento que se conoce como el Acta de anexión de Nicoya dice así:

“En el pueblo de Nicoya y Julio veinticinco de mil ochocientos veinticuatro años. Estando esta Corporación Juntos y congregados con el Jefe Político presidente y todos los Ciudadanos de su mando y con ausencia de los señores Ciudadanos Sargento y Cabos y demás soldados militares y Principales y demás común del Pueblo: Se les leyó literalmente la convocatoria que se le remitió a esta municipalidad por el Gobierno de Costa Rica en la que fraternalmente a (testado: nos) invita a estos Pueblos para que espontáneamente deliberen a la Unión y agregación en esta virtud estando esta corporación de común acuerdo, con los habitantes hemos deliberado libremente a la Unión indicada consultando las ventajas que se nos proporcionan en el comercio por el Puerto de Punta de Arena, (testado: con) la pronta administración de Justicia y fomento de los ramos, la seguridad, quietud y régimen político que quedan abiertos bajo, la demarcación de aquel estado como lo indica la Naturaleza y lo reclama la conveniencia Pública, la (testado: inted) identidad de Intereses y demás relaciones que ligan a este partido: bajo esta consideración y de las mejoras que redundan a estos Pueblos por las ventajas con que ha confederado el estado de Costa Rica a los demás del Centro América según se manifiesta del derecho que se nos ha acompañado en copia autorizada, y la participación inmediata y recíproca de los beneficios y adelantamientos que se palpan en el estado de Costa Rica: esta corporación de unánime consentimiento y en consorcio de sus conciudadanos contemplando en todo lo relacionado tuvo a bien invitar con la misma convocatoria a la Municipalidad de la Población de Santa Cruz de este mismo Partido, quienes siendo del mismo parecer, y habiendo al efecto convocado a la mayor parte de su vecindario contestaron el oficio que se acompaña a esta acta.

Por todo, y reparando las actuales indigencias en que se hallan los Pueblos de este Partido contemplándolos desde esta fecha, (a excepción del Guanacaste) como partes integrantes del estado de Costa Rica se ha tenido en consideración que para remediar por un pronto la escasez del numerario para las ocurrencias necesarias y mientras se establecen fondos de que deberá determinarse por los tribunales correspondientes, se pongan en este Pueblo y el de Santa Cruz las terceras de tabaco, previas las formalidades acostumbradas, y con sus productos, reservarlos para el auxilio en cualquier evento, o perturbación en el orden: deberán ser protegidos los mismos Pueblos de este Partido para la creación de las escuelas, como tan interesantes a la Educación e Ilustración de la Juventud, pues para todo, los tribunales del estado delinearán, establecerán y darán las medidas conducentes para (testado: Dirección) creación de los fondos con que debemos ser protegidos.

En este estado los jefes Militares referidos hicieron presente a esta Municipalidad que para no ser perturbado en la libre agregación al estado de Costa Rica a que se ha constituido este Partido, se hallan absolutamente en una deplorable situación sin fondos y si armas para sostenerse, (entrerrenglonado: sin) (testado: en) ser perjudicados pues cabalmente no aparecen más que veintiséis fusiles inútiles por lo que en este caso será muy necesario que el estado determine y disponga que las fuerzas de auxilios que deberán resguardarnos como partes integrantes del mismo atendiendo a las conjuraciones y disensiones de la Provincia de Nicaragua de donde podremos acaso, ser sorprendidos. A consecuencia de estar por esta acta que hemos celebrado solemnemente y en presencia de todo el Pueblo con sus Militares legítimamente agregados al Gobierno de Costa Rica se concluye esta operación, firmando todos los miembros de la corporación con los demás ciudadanos Paisanos y militares que sepan y por los que no a su ruego sacándose una certificación auténtica para remitirla al estado de Costa Rica por conducto del Presidente Secretario todo lo que certificamos, fecha ut. supra.

Manuel Briceño.-

Torivio Viales – Ubaldo Martínez – Manuel García / Regidores

Sargento 1°. Antonio Briceño – Roque Rosales, Sargento 2°. – Por mí y el Sargento 2°. José María Jaén, Saturnino Gutiérrez – Blas Félix Roderiguez (sic. Rodríguez) Cabo 1°. – a ruego del Cabo Agustín Briceño, – Juan Felipe Gutiérrez – por mí y el Cabo Primero Laureano Montes, Felipe Medina – Por mí y el Cabo Timoteo Acosta, Manuel Sobenes- José de la Encarnación Fernández – Por mí y el Pedáneo Casimiro Ortega, Deciderio Dinarte, – Bivencio García – Por el Pedáneo Sevatián Gomes, Toribio Viales – José Felipe Gutiérrez – José Anacleto Zúñiga – Por el pedáneo Gabriel Mojón, Toribio Toruño. Ante mí: Juan Felipe Gutiérrez, Secretario.”

-1824, el 2 de agosto, la Junta Gubernativa Superior de Costa Rica la Junta tomó en consideración que si bien la Asamblea Nacional Constituyente tenía la última palabra en el asunto, por el estado de división, anarquía y guerra civil en que se encontraba Nicaragua, era un deber del gobierno costarricense proteger a los nicoyanos, y declaró que los pueblos de la comarca de Nicoya y Santa Cruz «…se admiten y quedan interinamente bajo la protección del Gobierno de este Estado para la conservación de su quietud, seguridad y administración hasta la resolución de la Asamblea Nacional Constituyente».

-1824, primeros días de setiembre, la Junta Gubernativa envió al Poder Ejecutivo de las Provincias Unidas de Centro América todos los documentos relacionados al asunto de la Anexión.

-1824, 22 de noviembre, la Asamblea Nacional Constituyente señaló que le correspondería al Congreso Federal de la República de Centro América resolver el asunto del Partido de Nicoya.

-1825, el 21 de enero, Costa Rica promulga la Ley Fundamental del Estado Libre de Costa Rica.

E1825, 18 de marzo, el Congreso de la República Federal Centroamericana reconfirmó la unión.

-1825, el 30 de marzo de 1825 el Congreso Federal tomó la decisión de involucrar a la población de Guanacaste (hoy Liberia), en el proceso de anexión a Costa Rica a pesar de que esta se había mantenido unida a Nicaragua, manteniendo así la unidad del Partido de Nicoya.

-1825, el 14 de abril, inicia el Primer Congreso Legislativo de Costa Rica.

-1825, el 25 de julio, se ejecuta el Acuerdo de Anexión

-1825, el 12 de setiembre, el Congreso Federal Centroamericano declara provisionalmente la Anexión del Partido de Nicoya a Costa Rica, ante solicitud nicaragüense de revocar dicha Anexión.

-1825, 9 de diciembre, el Congreso Federal promulgó, el decreto por el que se establece la afirmación del dominio territorial por parte de Costa Rica.

Costa Rica impulsó un censo de población de los pueblos del Partido de Nicoya.

-1826.- Se manifiestan conflictos internos, en el Partido de Nicoya, en torno a la decisión de la Anexión, donde se enfrentan las Alcaldías de Nicoya, Santa Cruz y Guanacaste (Liberia), ésta última la más rebelde a la anexión, porque sus vínculos económicos y familiares estaban más ligados a Nicaragua, y porque sus familias principales habitaban en Rivas. Roque Rosales, Jefe Político subalterno del Partido de Nicoya, Alcalde Constitucional de Nicoya y Subdelegado de hacienda propone la Juramentación del Partido de Nicoya a la Constitución de Costa Rica.

-1826.- Fue un año crítico en las relaciones conflictivas y diplomáticas de Costa Rica – Nicaragua en torno a la decisión de la Anexión de Nicoya.

-1826.- Nicaragua, una vez que cesan conflictos internos, interesada en posesionarse del Partido de Nicoya, solicita al Congreso de la República Federal revocar el decreto de Anexión del Partido de Nicoya a Costa Rica. Por su parte el gobierno de Costa Rica envía delegados al Partido de Nicoya para reconfirmar la Anexión.

-1826, el 6 de febrero se promulga y juramenta el Primer Congreso Constitucional Legislativo de Costa Rica. Este Congreso decreta que el Jefe de Estado disponga con la mayor solemnidad posible la juramentación a la Ley Fundamental del Estado de Costa Rica, por todas las autoridades y corporaciones civiles, militares y eclesiásticas, y por todos los pueblos del Estado. Este acto implicaba la aceptación de la Ley Fundamental y la incorporación plena en derechos y obligaciones de todos los pueblos a la jurisdicción del Estado costarricense.

-1826, el 18 de marzo, el Senado de la República Federal resuelve de manera definitiva la Anexión, señalando que “hasta que se haga la demarcación del territorio de los Estados, que previene el artículo 7° de la Constitución, el Partido de Nicoya continuará separado del Estado de Nicaragua y agregado al de Costa-Rica.”

1826, el 13 de mayo, la Alcaldía de Nicoya emite una declaración por la cual establece “el Partido legítimamente unido a Costa Rica”, y “la voluntad general de este vecindario es por la agregación al citado estado sin que haya un individuo solo que opine lo contrario”.

-1826, el 11 de mayo, la Municipalidad de Santa Cruz jura obediencia a Costa Rica y se destituye al Alcalde que se oponía a la Anexión, que continúa conspirando contra la anexión en junio y julio.

-1826, el 28 de julio, se realiza un cabildo abierto en la Municipalidad de Nicoya para rebatir acusaciones del gobierno nicaragüense al costarricense y reiterar la Anexión a Costa Rica.

-1826, el 16 de agosto, la Alcaldía de Nicoya reafirma por Juramentación la Anexión a Costa Rica y jura la Constitución de Costa Rica. Los que impulsan la juramentación a la Ley Fundamental del Estado Libre de Costa Rica son los integrantes de la Municipalidad de Nicoya de 1826: El Jefe Político Subalterno y Alcalde I constitucional, Roque Jacinto Rosales Montoya, los Regidores, Manuel Sobenes, Pedro Perazs, Blas María Viales, el Procurador Síndico, Juan José Viales, el Secretario, Juan Felipe Gutiérrez, y lo primeros electores de distrito elegidos por el Partido de Nicoya que participarían en la elección de representantes ante la Federación de Centroamérica, José Cupertino Briceño viales, por la villa de Nicoya y Felipe Alvarado por la Villa de Guanacaste (Liberia).

-1826, el 30 de agosto, la Alcaldía de Santa Cruz reafirma por Juramentación la Anexión a Costa Rica

-1826, el 17 de setiembre, La Costa y Lagunilla de Santa Cruz juran la Constitución de Costa Rica.

-1826, el 24 de setiembre, la Alcaldía de Guanacaste (Liberia) intenta reafirmar por Juramentación la Anexión a Costa Rica.

1826, el 1 de octubre, la Alcaldía de Guanacaste (Liberia) reafirma por Juramentación la Anexión a Costa Rica. A partir de este momento prácticamente el Partido de Nicoya queda integrado totalmente a Costa Rica.

-1831, se le da él título de Villa al pueblo de Guanacaste.

-1834 la totalidad de las municipalidades de la región, del Partido de Nicoya, aceptaban la incorporación al territorio costarricense.

-1835 desapareció el Partido de Nicoya, dando lugar al Departamento de Guanacaste, que junto con los Departamentos Oriental y Occidental constituyeron la primera división territorial administrativa del país, que llegó hasta 1848, cuando se crearon las Provincias de San José, Alajuela, Cartago, Heredia y Guanacaste, y las Comarcas de Puntarenas y Limón.

-1836, 1843 y 1854, Nicaragua insiste que el Partido de Nicoya les pertenece y no a Costa Rica y trató de imponer autoridades que fueron rechazadas por la propia Municipalidad de Nicoya.

-1848 se da al Departamento de Guanacaste la categoría de Provincia con cuatro cantones: Guanacaste, Nicoya, Santa Cruz, Bagaces y Cañas. Actualmente la provincia tiene 11 cantones.

-1858, el 15 de abril, cuando se firma el Tratado de límites entre Nicaragua y Costa Rica, al quedar integrada toda la Provincia de Guanacaste, que ya había sido establecida en 1848, dentro de este Tratado, Nicaragua reconoce tácitamente al Partido de Nicoya como parte de Costa Rica.

Despliegue insolente del colonialismo francés y gringo en el Caribe

Rogelio Cedeño Castro, sociólogo y escritor costarricense

Los EEUU, al igual que lo hizo Francia durante dos siglos con el pueblo y la nación haitiana, manipulan el destino de los cubanos, tanto el de los que habitan en la isla como el de los que tomaron los múltiples caminos de la emigración, por muy diversos motivos, pues a semejanza de lo que decía la letra de aquel viejo tango, ellos actúan “como juega el gato maula con el mísero ratón”, pues les importa un carajo la suerte de ese pueblo hermano.

De esta manera, seguimos presenciando sin entenderlo, y sin reaccionar en medio de nuestra estúpida perplejidad, cuando no indiferencia, ante el reiterado e insolente del colonialismo en la región del Caribe y las Antillas. Si en 1804 el pecado de los haitianos fue haberse liberado de la esclavitud y la explotación a que los tenían sometidos los franceses, a partir de 1959 los insulares de Cuba vienen siendo castigados por haberse salido del guion que tenían los EEUU, a partir de 1898, de convertir a Cuba en otro Haití, un país que hasta el presente no tiene ningún tipo de soberanía, y donde la miseria unida a la desesperanza hace su agosto.

Ya pasaron más de 16 años desde que los Estados Unidos y Francia, diz que con el apoyo de la ONU, sacaron del poder al presidente Jean Bertrand Aristide por haberle exigido a Francia la devolución de los 21 mil millones de dólares (a valores actuales), esa desmesurada suma que los haitianos debieron de pagar por haber sacudido las cadenas del colonialismo. Más allá de las vicisitudes del régimen revolucionario surgido en 1959 en Cuba, con el que podemos estar o no en desacuerdo, tener una visión, más o menos crítica o no, de la trayectoria histórica seguida por éste, lo cierto es que estamos seguros de que los piratas de la Casa Blanca jamás indemnizarán al pueblo y a la nación cubana por los graves daños causados a su economía, tanto como a sus ciudadanos, los que han sufrido incontables pérdidas en todos los órdenes. Esos miles de millones de dólares escamoteados por los sucesivos gobiernos estadounidenses, a través del embargo, las sanciones y las leyes Helms Burton y Torricelli jamás serán devueltos al pueblo cubano. El colmo es que mucha gente piensa que debemos aplaudir semejante felonía.

Dentro de lo que debería  ser visto como el colmo de la estulticia y de la maldad, tenemos que el grado de crueldad e insensibilidad de buena parte de la migración cubana (en especial el liderazgo de la ultraderecha que vive en La Florida) hacia los sufrimientos de sus compatriotas que habitan en la isla y fuera de ella (al no poder ayudar a sus familiares), en medio de la pandemia, y de innumerables carencias que se han visto agravadas por innumerables medidas que imposibilitan a Cuba hasta para adquirir respiradores, jeringas y medicamentos,  un país al que luego atacan en términos de lo que llaman, con cinismo, en las redes sociales las “deficiencias” de la medicina cubana, lo que resulta ser una profecía autocumplida, al ser ellos los victimarios que actúan para que las cosas desmejoren, dentro de un continuo accionar despiadado del lobby cubano de La Florida, que raya en la maldad y la locura homicida, además de que asume, de manera ilegítima, la voz de todos los cubanos del exterior.

Con tal de alcanzar sus objetivos político-militares no importa “negar a la dictadura todo tipo de apoyo significativo” dice el delirante plumífero ultraderechista Carlos Alberto Montaner (Diario La Nación, San José de Costa Rica 25/7/21), cuando en realidad se lo niegan a todo un pueblo. Se trata de gente que nunca estará por una democracia verdadera en Cuba, no la caricatura que había antes de la revolución sino una que supere los vacíos que dejaron estos sesenta y dos años, con las inmensas limitaciones y amenazas entre las que debió moverse, además de que estamos seguros que siempre de la ultraderecha mayamera estarán al servicio del colonialismo en esta parte del mundo. Se necesita un diálogo entre toda la familia cubana y que sean ellos, sin interferencias, quienes decidan su destino durante las próximas décadas.

Más estafas “legales” contra la Caja Costarricense de Seguro Social – (Parte 8)

Rodrigo Arias López. Actuario Matemático

Más estafas “legales” contra la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). Proyecto del PUSC avalado por PLN, PAC y PRN pide garrote para la insigne institución.

Se tramita en la corriente legislativa un proyecto de Ley bajo el expediente 21.522 “AMNISTÍA PARA LA FORMALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN DE LAS CARGAS SOCIALES” presentado por los diputados del PUSC, entre ellos Pedro Miguel Muñoz Fonseca, el 31 de julio de 2019, el cual pretende condonar deudas a patronos y trabajadores independientes con la CCSS y las cuentas individuales que los trabajadores tienen en el Régimen Obligatorio de Pensiones y el Fondo de Capitalización Laboral creados por la Ley de Protección al Trabajador N° 7983. (Ver https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2021/07/EXPEDIENTE-N.°-21.522.pdf).

Preocupa no solo la afectación que tendrá la CCSS, sus asegurados y los trabajadores con cuentas individuales obligatorias, sino también el desestimulo y el mensaje erróneo que le envían a los patronos y trabajadores independientes honrados que pagan puntualmente sus obligaciones con la seguridad social. Sin embargo, como veremos más adelante, los trabajadores independientes y sus seguros en la CCSS requieren de una solución urgente. La motivación del proyecto es deficiente y no presenta los datos completos de la morosidad con la CCSS y nada sobre la morosidad con la Ley N° 7983. Únicamente dice “Al 31 de mayo de 2019, existen 15.553 patronos activos que adeudan a la institución ₡71.445 millones, monto que no incluye los intereses, multas y sanciones”, lo cual, como veremos, oculta la realidad.

Recientemente el diputado Pedro Muñoz -cacique del PUSC- presentó un texto sustituto del proyecto 21.522, en el cual excluye las condonaciones de adeudos a las cuentas individuales (Ley 7983; a lo mejor doña Rocío Aguilar Montoya hizo lobby!), a cambio de condonaciones de rubros en mora con el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares, el Instituto Mixto de Ayuda Social, el Instituto Nacional de Aprendizaje y el Banco Popular y de Desarrollo Comunal (Ver http://www.masterlex.com/descargas/PuntoJuridico/2021/Junio/Texto_sustitutivo_Condonacion_CCSS.pdf). Como dice el dicho, el hilo se revienta por la parte más delgada, a pesar de que se autodenominan “socialcristianos”. Después los veremos con el puñal escondido pidiendo el voto a los más pobres. La nueva versión “fue votada por nueve legisladores de los partidos Liberación Nacional (PLN), Unidad Social Cristiana (PUSC), Acción Ciudadana (PAC), Restauración Nacional (PRN) y el diputado independiente Erick Rodríguez”, informa La Extra (https://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/451968/avanza-amnist-a-para-trabajadores-independientes-). Para fortuna del PUSC ya no estará solo escondiendo el puñal cuando esté buscando el apoyo popular el próximo año. Por supuesto que los jerarcas de la CCSS hacen la pantomima o el show de que se oponen al mismo (https://semanariouniversidad.com/ultima-hora/caja-se-opone-a-condonar-deudas/). Saben que con eso ganan publicidad gratuita. ¿Quién le creerá a Macaya lo que dice en esa publicación, cuando el desvío de fondos y los maquillajes actuariales son lo cotidiano que ocurre en la CCSS, con la bendición de él y de la Junta Directiva de esa institución?:

“Tiene que ser un pragmatismo legalmente sustentado, constitucionalmente sustentado, económicamente sustentado y actuarialmente sustentado. Todos esos filtros son los que tienen que considerarse a la hora de cualquier iniciativa, en este caso condonar o crear una amnistía”. “Ahí es donde la Junta Directiva, principalmente porque está violando el artículo 73, que le asigna exclusivamente a la institución el gobierno de esos seguros sociales, acordó oponernos al proyecto tal y como está”, dice Macaya en esa fuente.

¿Será que la cantidad de filtros que tienen la Constitución y las leyes actuales sobre el seguro social y la seguridad social no le permiten a Macaya y demás autoridades y Directivos de la CCSS ver lo que en ellas dice? ¿O será que la Constitución y las leyes actuales no tienen los filtros que Macaya exige? ¿O sería que a Macaya lo asesoró el nuevo trío “López, Picado, Alfaro” que asesoró a doña Rocío Sáenz pocos años atrás? En la época de doña Ileana Balmaceda -cuando quebraron el seguro de salud- el trío era distinto (era el trío “López, Guardia, González”); el nuevo trío tiene dos miembros renovados, con más músculo, bendición y poder para que todo sea como Macaya lo exige, con “pragmatismo legalmente sustentado, constitucionalmente sustentado, económicamente sustentado y actuarialmente sustentado”. Los tres componentes idóneos: el jurídico, el financiero-económico y el actuarial. Por eso en el nuevo trío un miembro -el de mayor experiencia- domina la técnica actuarial al dedillo y es capaz de encontrar superávits donde hay pérdidas, otro maneja con gran sabiduría, rentabilidad y seguridad la platilla que aún le queda a la CCSS, en particular, el anémico IVM, su gran experiencia mató la necesidad de exigirle un título de maestría para nombrarlo en el puesto, por lo que ese requisito se cambió a “deseable” como antiguos y viejos conocidos ¿quién lo cambió?, y el tercero es experto en ciencias jurídicas para que le diga al oído al resto del equipo -incluido Macaya y los 8 caballeros y damas restantes de Junta Directiva- lo que es justo, legal y lo que no; también cuenta con gran experiencia. Si así fue, sin duda que Macaya y compañia está en todas como decimos los Ticos ¿Quién pondría en duda la experiencia, formación profesional y la ética de este RENOVADO Y FORATELECIDO trío? Aunque no faltaría quien lo dude y diga: “pobre el IVM y sus asegurados, lo que les espera”.

La cifra de ₡71.445 millones de morosidad patronal que menciona Pedro Muñoz en su proyecto, no solo está desactualizada, sino que oculta la verdad a la sociedad. El monto de la deuda morosa con la CCSS al año 2020 asciende a casi ₡840 mil millones, sin incluir la deuda estatal; pero recordemos que los miembros de la Junta Directiva de la CCSS, como son super cuates, compadres y camaradas de los otros políticos de Zapote y Hacienda, le tienen contabilizada al Estado una deuda bien bajita de solamente ₡2.2 billones. Más de la mitad de esos ₡840 mil millones corresponden a casos inactivos, muchos de los cuales son pura sinvergüenzada para no honrar las obligaciones. (Ver el Cuadro 1).

En https://www.elpais.cr/2020/02/05/ccss-rechaza-proyecto-legislativo-de-amnistia-para-recaudar-cargas-sociales/ se informa: “Luis Diego Calderón, Gerente Financiero de la Caja respondió que el dato histórico en el sector patronal es de cerca de 250 mil millones de colones, que de estos 76 mil millones corresponden a patronos activos y el monto restante corresponde a patronos inactivos, la estimación de lo adeudado representa menos del uno por ciento de la facturación de la Caja al año”, por lo que al comparar esas cifras con las del Cuadro 1 -suministradas por la CCSS a FECTASALUD y ANEP- se observa que presuntamente no se ajustan a la verdad completa; además de que el Gerente minimiza su importancia al decir “representa menos del uno por ciento”.

El proyecto de ley de Pedro (ahora del PUSC, PLN, PAC, PRN y Erick Rodríguez) no solo es omiso en mostrar la información sobre morosidad de los patronos y trabajadores independientes inactivos, sino que omite la morosidad superior a los ₡281 mil millones que tienen los trabajadores independientes y el análisis de las causas fundamentales por las cuales esta morosidad es tan elevada en este sector de trabajadores.

Sin lugar a dudas los gobiernos y las autoridades de la CCSS, principalmente la Junta Directiva, son los responsables directos de la situación preocupante que afronta, no solo este sector de trabajadores independientes, sino los regímenes de salud y pensiones que se han visto afectados por la irresponsabilidad de algunos funcionarios públicos a quienes no les importa el futuro de los trabajadores, sean asalariados o no asalariados, como lo he venido mostrando y seguiremos viendo.

La Ley 7983 dispuso en su transitorio XVIII lo siguiente: “La Caja formulará dentro de los seis meses siguientes, contados a partir de la entrada en vigencia de esta ley, un plan de universalización de la cobertura del seguro social, en el que deberá establecer un cronograma con objetivos anuales cuantificables que deberán ser verificados y evaluados por el Sistema Nacional de Evaluación, del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica.” ¿Dónde están esos planes de la CCSS y las evaluaciones del ministerio candidato a Mega Ministerio? ¿Alguien los conoce para que me los muestre? Y si eso no existe ¿cómo iban a lograr la universalización de los seguros a los trabajadores independientes, ordenada en el Transitorio XII de esa misma ley? La respuesta los políticos la tenían clara, seguir desviando fondos de los trabajadores asalariados, tal como lo he venido mostrando.

Precisamente la Ley 7983 dispuso en el artículo 78 fondos adicionales para financiar dicha universalización (el seguro para los independientes). Pero ¿recuerdan lo que sucedió con esos recursos? ¿Le llegaron a la CCSS? ¿Le llegan hoy completos a la CCSS?: “Recursos para el fortalecimiento del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte Se establece una contribución del quince por ciento (15%) de las utilidades netas de las empresas públicas del Estado, se encuentren en régimen de competencia o no. Lo anterior, calculado de conformidad con los estados financieros auditados anualmente, con el propósito de fortalecer el Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), en cuanto a su financiamiento y para universalizar la cobertura de la CCSS a los sectores de trabajadores no asalariados en condiciones de pobreza” dice el garroteado artículo 78. ¡Viva Maripepa! Recuerden que la vedette quería ser primera dama en Tiquicia, lo que atrajo la atención de los medios mucho más que los dineros que le esconden a la Caja.

La misma ley adicionó al artículo 74 de la Ley Constitutiva de la CCSS N° 17 el párrafo siguiente -por aquello de que los recursos del artículo 78 no fueran suficientes-: “Corresponderá al Ministro de Hacienda la obligación de presupuestar, anualmente, las rentas suficientes que garanticen la universalización de los seguros sociales y ordenar, en todo caso, el pago efectivo y completo de las contribuciones adeudadas a la Caja por el Estado, como tal y como patrono. El incumplimiento de cualquiera de estos deberes acarreará en su contra las responsabilidades de ley. Penalmente esta conducta será sancionada con la pena prevista en el artículo 330 del Código Penal.” ¿Dónde están esos dineros? ¿Qué hizo la Junta Directiva de la CCSS para tener esos fondos? ¿Quién está en la cárcel? ¿Dónde está el Ministerio Público defendiendo a los asegurados? ¿Qué hacen la Contraloría General de la Repúblicas y las Auditorías Internas? ¿Y los diputados, al menos uno de los 57? Bueno, para ser honrado, reconozco el esfuerzo del diputado José María Villalta, no solo con esos fondos del artículo 78, sino también por la recuperación -en alas de cucaracha- de aquel mega chorizo del artículo 9 de la Ley 7374, superior a los ₡6 billones que obviamente no aparecen como deuda estatal en los estados financieros avalados por la Junta Directiva de la CCSS -solo los ₡2,2 billoncillos-. ¡Así es el trato entre compadres, no faltaba más! Por mera “coincidencia” ese texto adicionado al artículo 74 de la Ley 17 se parece al texto del artículo 9 de la Ley 7374. El texto más reciente supera al más antiguo principalmente porque “amenaza con cárcel”, por lo que seguro de ahí saldrá un mega salchichón mayor que el mega chorizo de ₡6 billones que nació del artículo 9 de la Ley 7374. Cuando alguien lo intente medir seguro no va a poder porque estará demasiado hediondo.

La Ley 7983 también agregó al artículo 3 de la Ley 17 lo siguiente: “Para los trabajadores independientes cuyo ingreso neto sea inferior al salario mínimo legal y que soliciten su afiliación al Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte de la CCSS, la cuota del Estado se incrementará con el fin de subsanar parcialmente la ausencia de la cuota patronal. Para tales efectos, se creará un programa especial permanente a cargo del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares”. ¿Qué hizo al respecto la Junta Directiva de la CCSS? ¿Alguien sabe cuándo crearon el “programa”? ¿Quién lo creó, los diputados? No lo localizo.

Y para cerrar con boche de oro la misma Ley 7983 le adicionó el siguiente texto al artículo 1 de la Ley N° 17: “La institución creada para aplicar los seguros sociales obligatorios se llamará Caja Costarricense de Seguro Social y, para los efectos de esta ley y sus reglamentos, CAJA. “La Caja es una institución autónoma a la cual le corresponde el gobierno y la administración de los seguros sociales. Los fondos y las reservas de estos seguros no podrán ser transferidos ni empleados en finalidades distintas de las que motivaron su creación. Esto último se prohíbe expresamente.” Es decir, le ordena a la CCSS no usar las cuotas de los asalariados para esa universalización del seguro al sector no asalariado. No obstante, los miembros de la Junta Directiva de la CCSS parece que padecían o aún padecen dislexia, pues leyeron que los autorizaban a desviar fondos de las cuotas aportadas por los patronos y por los trabajadores asalariados, como ya lo venían haciendo desde antes del año 2000. Como tantearon que los trabajadores asalariados aguantaban o no sabían que les desviaban aportes, en el año 2007 la Junta Directiva de la CCSS aumentó las cuotas a los trabajadores independientes a tal grado que los asfixió, le quitó responsabilidades al Estado y dejó la base mínima contributiva lo más bajita que pudo para que los favores a los gobiernos fueran bien altos, creyendo los miembros de esa Junta Directiva que el Estado era lo mismo que el Consejo de Gobierno que los nombra cada cuatro años. ¡Muy agradecidos los compadres!

Regresando al proyecto de Pedro ¿será que los diputados del PUSC -acuerpados ahora por otros partidos- realmente están pensando en ayudarle a los patronos y trabajadores independientes que por las malas decisiones de los políticos incluidos ellos, están hoy en una situación muy complicada, o será que desean ayudarle a grupos poderosos de ambos sectores? La respuesta a esta interrogante no está disponible, habría que preguntarle a Pedro y compañía; sin embargo, algunos datos ponen a meditar a medio mundo. Según la información proporcionada por la CCSS para construir el Cuadro 1, existen al menos 38 patronos que le adeudan a esa institución ₡35,985 millones en forma conjunta. La deuda individual de cada uno varía desde los ₡500 millones hasta los ₡3,461 millones. Diez de ellos adeudan cada uno más de ₡1,000 millones. Algunos ya cerraron la empresa. Veinte trabajadores independientes tienen deudas con la CCSS que varían de los ₡100 millones hasta los ₡319 millones y una deuda total de ₡2,867 millones, sin descartar que estos montos estén más que duplicados por las escalas aprobadas en el año 2007. Me pregunto si Pedro Muñoz estará al tanto de ello o si solicitará a la CCSS que le aporte la información completa y detallada, incluyendo multas e intereses, nombres, apellidos, cédulas físicas y jurídicas. ¿Publicará Pedrito esos datos en los medios?

Supongamos que el proyecto de Pedro es aprobado -espero que no-. ¿Quién tapará el hueco que quedaría en las finanzas de la CCSS -salud y pensiones- por esa creación o maquillaje de los políticos de la CCSS y los gobiernos iniciada en el año 2000 con la Ley 7983? Los asalariados obviamente. El proyecto de reforma a IVM les quedará como anillo al dedo; más adelante doña Rocío Aguilar Montoya les ofrecerá una atractiva cuenta individual. Unas décadas después llamarán al cierre del IVM y posteriormente la CCSS.

¿Qué dice el máximo órgano constitucional sobre el desvío de fondos de los seguros sociales en la CCSS? Es un asunto que no les compete, sentenció hace una década el máximo órgano (Ver [1] y [2]):

No le compete a esta Sala revisar si lo actuado por las autoridades accionadas se ajusta o no a la normativa legal vigente, labor propia de la vía común -administrativa o jurisdiccional-, ya que esta Sala no es un contralor de la legalidad de las actuaciones o resoluciones de la Administración. Por ello, deberá la parte recurrente plantear su inconformidad o reclamo ante la autoridad recurrida o en la vía jurisdiccional competente, vías en las cuales podrá, en forma amplia, discutir el fondo del asunto y hacer valer sus pretensiones. En consecuencia, el recurso es inadmisible y así se declara”.

Chistosamente los juristas me mandaron a la CCSS -la autoridad recurrida- la que desvía los fondos . Más adelante les contaré lo que sucedió cuando se lo envié a la Fiscala General doña Emilia Navas Aparicio, cuando movía las redes sociales de la esperanza.

¿Qué dice la Sala sobre estos maquillajes de la Junta Directiva de la CCSS y los gobiernos iniciada contra los trabajadores independientes en el año 2007 y las omisiones o el incumplimiento de partes fundamentales de la Ley 7983 indicadas anteriormente? Nada aún, a pesar de que desde el año 2017 tienen en el escritorio una acción de inconstitucionalidad durmiendo el sueño de los justos. Ni la misma Procuraduría General de la República (PGR) -siendo abogado del Estado- se pudo tragar el cuento. ¡Me pregunto si don Gilberth Alfaro Morales observó pasar el ELEFANTE, o si será que forma parte del grupo de los camaradas y compadres!. La PGR concluyó (Ver [3]):

CONCLUSIÓN. En virtud de lo expuesto, se concluye que los acuerdos impugnados, dictados por la Junta Directiva de la Caja Costarricense del Seguro Social, son parcialmente inconstitucionales en cuanto han creado una escala contributiva que exime al Estado de contribuir, para efectos de ajustar la ausencia de la cuota patronal, con el seguro social de los Trabajadores Independientes de mayor ingreso, específicamente aquellos ubicados en las categorías 4 y 5, lo cual violenta los principios constitucionales de razonabilidad, solidaridad social, justicia social y igualdad. ” (Destacados no son del original)

Aunque me temo que el asunto es más serio que eso. Posiblemente los magistrados y magistradas de la Sala Constitucional están muy tranquilos y frescos en el fondo de pensiones al que ellos pertenecen, que si es el del Poder Judicial se financia con una cuota que es casi tres veces la que la Junta Directiva de la CCSS le traslada a IVM, muy flaquita debido al 7,5% sobre los salarios que le desvían desde hace décadas. Presuntamente más tranquilos estarán los llamados a “impartir justicia” sabiendo que si suben la cuota del Estado en IVM también sube la cuota del 29% que se cotiza para el Fondo de Pensiones del Poder Judicial. ¿Quiénes pagan la cuota del 29% sobre los salarios de ese fondo de pensiones? Hasta los más pobres de Costa Rica con los impuestos que recauda el Gobierno y por supuesto todos los cotizantes de IVM que ahora quieren leñatear.

[1] https://drive.google.com/file/d/14RXzD83l6G8JzqzEnF93P52gxZUsTWdv/view?usp=sharing

[2] https://drive.google.com/file/d/1KJudBrL0vjDq18CM0eyVjLGjFo3WdKa1/view?usp=sharing

[3] http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/asunto_cons/asu_informe_pgr.aspx?ContInforme=0&param1=AIP&nValor1=1&param5=17-011922-0007-CO&paramInf=1&strTipM=IP1

Ríos de gente

Por Memo Acuña (Sociólogo y escritor costarricense)

Un conjunto de materiales agolpados y escombros apilados yacen en el centro del barrio. Son desechos de lo que ha quedado luego de la correntada convertida en inundación que se llevó todo a su paso.

Hombres y mujeres captados por la televisión internacional tratan de recuperar lo que les quedó de sus pertenencias luego de la crecida. Lo que antes eran sus viviendas ahora es un depósito amalgamado de barro mezclado con agua. Lo perdieron todo. Los desaparecidos se cuentan por centenares. Las personas fallecidas identificadas hasta ahora sobrepasan la centena y media.

Esta es una escena común en un barrio clase mediero en cualquier país centroamericano donde los inviernos, las ondas tropicales y los huracanes hacen su agosto.

Pero estos impactos no solo se experimentan en un barrio clasemediero, sino en aquellos centros de población caracterizados por la exclusión, la segregación territorial y la segmentación, combinaciones poderosas para experimentar los efectos devastadores de la mala planificación territorial y la intensidad de los eventos naturales, que por sí solos no afectan pero son parte del entorno que los vuelve amenaza.

Lo que se narra en las imagenes que vemos, sin embargo, deja de ser común si las escenas son ubicadas en Alemania, si los hombres y mujeres que se agolpan como hormigas construyendo eso que hasta ahora estaba reservado como destino exclusivo del sur global y que se llama resiliencia, son justamente hombres y mujeres alemanes damnificados (otra categoría exclusiva reservada al sur global).

Miran fijamente a la cámara, lloran con desespero porque no encuentran explicación posible a lo que les acaba de ocurrir. En eso, como en tantas otras cosas, nos recuerdan su humanidad falible, ligera, vulnerable.

Tanta es la imposibilidad de encontrar posibles causas, que una mujer en medio de su desolación al ser entrevistada por la DW local señaló con cierta resignación: “Uno no espera que la gente muera por inundaciones en Alemania, uno espera que eso pase en los países pobres».

No deja de ser cierta la frase lapidaria de la señora. El centro, el norte, tan preparado siempre, tan previsor y tan ajeno a estas categorías reservadas para el sur global, no sabe qué hacer cuando le alcanzan las tragedias. Y dice cosas como estas.

Lo que ocurre ahora no es ni más ni menos que la instalación planetaria de un conjunto de dimensiones de quiebre civilizatorio. Por ello, la idea sobre los ríos que también crecen en el norte es certera y absoluta. Pero no son solo corrientes de agua que se desbordan. Son, como lo ha dicho Ramón Mejía (Perrozompo en su nombre artístico) hace ya muchos años, “Ríos de gente que cruzan la selva de los pavimentos y llevan heridas en el corazón”.

Nos encontramos ante la irreversibilidad de procesos en transcurso sobre la relación entre clima y desplazamiento humano. En 2015 cerca de 1.600.000 personas experimentaron desplazamientos al interior de sus países en América Latina como consecuencia de una variable ambiental. Se estima que hacia el año 2050 cerca de 200 millones de personas en el mundo serán declarados como “migrantes ambientales” (Rubio, 2017).

Aún más, cuando estas reflexiones están siendo editadas en su versión final, la región atlántica y la zona norte costarricense están siendo golpeadas por las inclementacias de una onda tropical que no ha detenido sus lluvias en 24 horas. Más de 200 incidentes han sido contabilizados entre los que se cuentan deslizamientos, desbordamientos de ríos e inundaciones. No deja de preocupar que todavía estas lluvias no sean las de la temporada invernal con toda su fuerza. El escenario se avizora, entonces, complicado.

Si las condiciones imperantes, los modelos de desarrollo y el descuido basado en un consumo rampante y desinteresado continúan, las previsiones para años futuros podrían adelantarse al corto plazo, con las consecuencias devastadoras que ya hemos observado a nivel planetario.

Los desafíos para esta generación que somos son enormes. No son del norte y del sur, solamente. Son globales. La gestión de los territorios con un enfoque consciente de la relación entre seres humanos y ambiente, el cambio en el modelo económico y la modificación absoluta de la forma como consumimos, son requeridos con urgencia.

Pero sobre todo, la ruptura de los esquemas dominantes de pensamiento que han partido el mundo en dos espacios diferenciados, para que manifestaciones como las emitidas por la señora afectada en las inundaciones en Alemania, sean transformadas por el reconocimiento de que todos, absolutamente todos, formamos parte de este planeta y que es con actitud solidaria y sensible del otro y la otra, que saldremos adelante. Esa debería ser la consigna.

Imágenes: https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-57857317

«En noches de luna llena… «

Por Freddy Pacheco León

«EN NOCHES DE LUNA LLENA…» y en todas las noches en la pampa guanacasteca, se respira un aire especial de beneplácito por la decisión trascendente, tomada en 1824 por los habitantes del entonces independiente PARTIDO DE NICOYA. El fuerte lazo que le une con el resto de Costa Rica, no permite siquiera imaginar lo que sería de esta Patria común sin ese queridísimo territorio, en el que resalta el ramillete esplendoroso de playas, las extensas sabanas, los bosques con árboles de refulgentes flores multicolores, y más importante todavía, los compatriotas ejemplares que nos brindan su inteligencia, laboriosidad y cultura folklórica única que caracteriza a toda la nación. Costa Rica sería algo muy diferente sin ese territorio guanacasteco. Celebremos pues, la llamada «anexión» con que se conoce la incorporación voluntaria del Partido de Nicoya a SU PATRIA natural.

COLUMNA LIBERTARIOS Y LIBERTICIDAS (2)

Tercera época

Rogelio Cedeño Castro, sociólogo y escritor costarricense

La proclamación del profesor Pedro Castillo Terrones, como el nuevo presidente del Perú, para el período 2021-2026, ha sido la culminación de tenso proceso que duró más de cinco semanas, durante las que el más que evidente triunfo electoral, obtenido por su partido Perú Libre y su candidato presidencial, en los comicios de la segunda vuelta electoral, efectuados el domingo 6 de junio, recién pasado, estuvo sometido a una tensión constante, y a un intento sostenido de deslegitimar esos comicios por parte de la derecha fujimorista. El próximo miércoles 28 de julio de 2021, cuando se cumplirán doscientos años transcurridos desde la proclamación, en la ciudad de Lima, de la independencia de esa nación sudamericana, el nuevo presidente deberá jurar su cargo, y dará inicio a una difícil gestión gubernamental para lo que cuenta, principalmente con el apoyo de los sectores populares del Perú: el campesinado y artesanado de la Sierra Central, Sur y la Amazonía peruana que votaron de manera abrumadora por un giro histórico en la renovación de las élites del poder, pero también con el valioso concurso de un grupo de profesionales de todo el país. Por primera vez, un presidente serrano, en este caso alguien procedente de Cajamarca, ocupará el sillón presidencial en la vieja capital virreinal, hay grandes expectativas y tensiones por este hecho histórico, que lo es sobre todo por su singularidad y complejidad. Pedro Castillo ha dicho que gobernará para “todas las sangres”, parafraseando el título de la más famosa novela de José María Arguedas (1911-1969), el escritor y antropólogo peruano, nacido en Andahuaylas que encarnó en sí mismo toda la complejidad cultural de ese país, dentro de lo que fue una especie de dualismo entre el mundo andino, quechua y aymarahablante y las gentes de la larga costa del Océano Pacífico.

El elemento central de la geopolítica regional, el desiderátum o vector más importante de ella en estos momentos, es el desesperado y agresivo intento (à quitte ou double, como se dice en francés) de la superpotencia estadounidense por recuperar el control total de los países de la región o subcontinente latinoamericano, cueste lo que cueste, sin importar principios y olvidando hasta el más elemental sentido de humanidad.

El agravado embargo, y las sanciones impuestas desde hace décadas por los EEUU contra Cuba, no sólo constituyen un hecho criminal sino una sofisticada versión de las políticas extorsivas del colonialismo francés en contra de otro pueblo caribeño: el de Haití. Sí, estimados lectores Francia le impuso un bloqueo, y después un embargo al pueblo de Haití, chantajeando a la nación haitiana, con una criminalidad e inhumanidad sin límites, en el lejano año de 1825, como castigo por haberse liberado de las garras del colonialismo y la esclavitud, obligando a uno de los pueblos más pobres del continente, por ese “delito”, por haberse sacudido de esos males entre 1791 y 1804, a pagarle a la potencia colonial europea el equivalente de unos veinte mil millones de dólares, indexados a valores actuales, durante el resto del siglo XIX y hasta el año de 1947, con la amenaza de reocupar la isla y reestablecer la esclavitud, ahora ya sabemos dónde está el origen de la tragedia haitiana del presente, un pueblo cuya suerte a nadie parece importar. ¿cuándo empezará a pagar Francia la inmensa deuda que tiene con el pueblo haitiano? Hélas! nous l`avions déjà oublié, parecen decirnos desde París.

Mientras tanto, el imperialismo estadounidense (o le ponemos un nombre más bonito, para que nadie se enoje) que nunca le perdonó a Cuba el haberse salido de su regazo colonial, a partir de 1959, (el que se había iniciado con la intervencionista Enmienda Platt, establecida al devolverle la “independencia” a Cuba en 1902, después de habérsela arrebatado a España) le impuso un terrible embargo que ha tenido atroces efectos sobre la población, aunque mucha gente del exilio lo niegue, con despiadado y de suyo evidente cinismo.

En medio de todo este panorama sociopolítico latinoamericano, nos encontramos con que un cierto sector de la llamada izquierda regional, a veces estalinista o incluso trotskistizante, ha terminado por adoptar un extraño discurso (en estos tiempos todos parecen serlo) en contra de los gobiernos de Cuba, Nicaragua y Venezuela, al parecer culpables de todos los males universales, el que presenta distintos grados de intensidad, oportunidad e inoportunidad, en cada caso. Sin importar el grado de acuerdo/desacuerdo que tengamos con esos gobiernos y sus dirigencias políticas, no podemos dejar de reconocer que su sola presencia constituye un obstáculo para la hegemonía imperial en nuestra área continental, razón por la que no logro entender ¿de qué manera se pueden hacer o rehacer “revoluciones” en Nicaragua que recuperen el “sandinismo original” o alguna entelequia así con el “generoso” apoyo en dinero de la USAID, la CIA, la NED y la embajada estadounidense? Todavía no puedo olvidar que durante el golpe de estado, de noviembre de 2019, en Bolivia, contra el presidente Evo Morales, una serie de gentes de los sectores medios paceños, de esos “no me confundas con esos indios” de El Alto y el Altiplano circundante, de presunta filiación marxista, ora estalinista o trotskistizante, hablaban contra el Movimiento al Socialismo (MAS), y de su repudio a lo que llamaban el “castrochavismo” u otras entelequias indescifrables, similares voces se han oído en estas latitudes a raíz de las  recientes manifestaciones que tuvieron lugar en Cuba, de lo sublime a lo ridículo no hay más que un paso, sobre todo en el caso de las llamadas “izquierdas”, cuya brújula parece andar un poco extraviada.

Un 20 de julio sitiado

Por Carlos Meneses Reyes

La tradicional conmemoración del grito de independencia de Colombia, el 20 de julio de 1.810, en Santafé de Bogotá, llega en momentos de convulsión social, estallido político y económico del movimiento popular, en espiral de ascendencia a un escenario de guerra civil. Al así plantearlo, resalta el estadio de fragilidad por el que transita la unidad de la nación colombiana. No se trata de la ubicación de la problemática contradictoria de un desgobierno, desgastado y en franca caída de legitimidad; como del salto cualitativo que las ansiadas reformas políticas, económicas y sociales prevalecen en el actual momento e imponen el derrotero inaplazable de un gobierno de transición nacional.

Pareciere que los tiempos de la salida alternativa política, civilizada, consensuada, en la base de la negociación, el dialogo y la conveniencia ciudadana, fue echada por la borda y la actitud y posición de las fuerzas retardatorias, militarista y pro imperio, se impongan en una constante de saber que deben cambiar, pero se resisten a ello; que deben permitir la apertura democrática en la validación de la expresiones de democracia directa reclamadas, en ciudades, barrios y veredas, haciendo caso omiso a ese llamado; que el escenario fatuo, basado en la mentira y el engaño de la conducción del país, fundado en intocables privilegios( de castas y de repugnantes estratos)) redunda en la contradicción de intereses de clase, ahondando más la brecha del conflicto económico y social. Ratifica que no existen parámetros de permanencia y estabilidad política en el desempeño y función del Estado- Nación, cuando las reclamaciones de una masa popular alzada e insubordinada es tratada con el apelativo mezquino de la sindicación, la estigma, la estereotipia del odio, lo negativo y confusión.

Del tratamiento contra insurgente a la protesta social

La conducción gubernamental se soporta en una política de hegemonía oligárquica contra insurgente. Debido a una lectura errada de la realidad del conflicto armado interno en el país, por no decir a su desconocimiento oficial, puesto que pesan factores internos y externos, que no admiten esa negativa posibilidad; vale afirmar que a un diagnostico errado de la realidad, corresponde un tratamiento errado y de no solución. El bloque oligárquico predominante, de un borrón de codo, invisibilizó el desarme de una fuerza guerrillera cincuentenaria y lo que ello en política ha significado. Como no se debió a un triunfo militar del establecimiento castrense, optaron por la falsaria del montaje de la no implementación de lo Acordado en la Habana y el Teatro Colón; haciendo trizas el papel, congelando el cumulo de privilegios en el ejercicio de un poder expectante por la atención prioritaria de la opinión nacional e internacional. No hablemos del engaño, en consecuencia, a los ex alzados en armas, que han mantenido su fe en una construcción “de paz”, merecedores de ilimitada solidaridad y lucha por el respeto y conservación de sus vidas y el ejercicio de sus aspiraciones políticas, como sin lugar a dudas, debe ser.

El bloque oligárquico predominante, que borró una tendencia de “centro” en Colombia, al obtener la conservación de poder, así haya sido ilegítimamente, aplicaron la prerrogativa de la continuidad de la guerra y en este momento el panorama insurgente en Colombia es de unas antiguas FARC, que operan con tres siglas diferentes: Segunda Marquetalia, Las Disidencias, las Nuevas FARC; en una tendencia de reciclaje histórico inevitable o imparable, no desde el punto de vista de integrante organizativo material, como en el juego de la estrategia por acoyuntar en lo puntual de acciones de envergadura, contra el aparato institucional, sumido en la corrupción y el desgaste. A las fuerzas guerrilleras del ELN y el EPL, de caracterización insurgente en el país, a tono con los atributos peculiares o propios, consagrados en la caracterización de la normativa internacional, de confluir en fuerzas beligerantes, con un mando propio unificado, programa político a alcanzar en reemplazo a lo Establecido y presencia de permanencia territorial, se une la “tres en uno” de las actuales FARC-EP, producto de la obtusa y equivoca posición del predominio hegemónico oligárquico contra insurgente, que desplaza la salida política al conflicto armado interno colombiano.

De esa manera, el ejercicio político también se circunscribe al predomino en el círculo de influencia del derrotero hegemónico contra insurgente, con el efecto de no existencia de un centro, sino de ubicación concreta de la situación colombiana, en una confrontación de derecha y/o de izquierda. En ese orden de ideas, no existen tendencias: predomina una fuerza de control de derecha enfrentada a una de escala en la confrontación con la izquierda. Aquella de marcado sesgo militarista, buscando sembrar discordia entre la elección capitalista o comunista; lo cual no es elemento de la contradicción principal y esta última, de visión de salida alternativa al modelo económico neoliberal y el actual estado de iniquidad en Colombia. Bajo esa premisa de lo definitorio de bloques, es gráfica y en la práctica identificable, en la cercanía o no a la política de hegemonía oligárquica predominante.

Un sencillo ejercicio surge contemplando el equivalente de fuerza en una de las ramas del poder público: el legislativo. A la derecha del panorama nacional y al circunscribirlos en el congreso de la república, sientan los adeptos a la política contra insurgente gubernativa: Partidos, liberal, conservador, centro democrático, de la U, verdes, dignidad, de la esperanza y otras conocidas denominaciones y en el ala izquierda: los sectores progresistas, reformistas, socialdemócrata, bajo denominación como la Colombia Humana, los decentes, comunes y otras conocidas expresiones.

En lo puntual del ejercicio de democracia representativa imperante, han desplazado a la mínima expresión, la consagración de espacios de participación de democracia directa, contempladas constitucionalmente. Sin lugar a equívocos, es así como en lo referente al ejercicio de los partidos políticos, los han elevado al recurso único de la participación en el debate electoral y desplazado las múltiples formas de participación partidaria en el ejercicio democrático. Convirtieron los partidos en maquinarias electoreras, esterilizando el vínculo de lo partidario político con los alcances programáticos máximos y mínimos del movimiento popular en ascenso. Esto abarca en el análisis del estallido político (que no “social”) de los últimos meses en Colombia, y a la no participación de los partidos de oposición en el salto cualitativo a lo político, del Paro Nacional.

Es por lo anteriormente expuesto, que en el escenario de la protesta popular, desenvueltamente en la llamada “democracia de la calle”, el régimen imperante habilitó el desconocimiento de fuerza política de la contra parte en el Paro Nacional, dándole a la protesta social y política un tratamiento de contra insurgente. Por ello le declaró la guerra a la protesta e impidió que se fortaleciera y vigorizara el papel de la organización e influencia política en el seno del movimiento popular y de masas en ascenso. A ello contribuyeron las actitudes “blandas” de las tendencias “afines” a la izquierda. Resultado de lo anterior es que a la hegemonía de derecha, no corresponde una contra fuerza de hegemonía de izquierda.

Complementa el cuadro anterior del tratamiento dado a la protesta popular durante el Paro Nacional, la reseña, para no incidir en un balance, del juego paraestatal, cumplido por los mandatarios locales y regionales, también elegidos por el voto popular. Las medidas centralistas de control del ejecutivo expresado en el decreto de simulada declaración de conmoción interior y de “colaboración militar”; de notorio espíritu de mano dura dictatorial, desplazaron el poder de los mandatarios locales como responsables del orden público. Esperándose el ahondamiento de una crisis política institucional en el ejercicio del poder, está no paso de roces con alcaldías emblemáticas como la de Bogotá, o confusamente protagónicas como la de Cali; pero a la larga, todas plegadas a la política de bloque oligárquico predominante contra insurgente; lo cual impidió lo caracterizador de un salto político en la toma de decisiones y conducción política de la protesta unificada a nivelo nacional y ante la carencia de una asunción directa del gobierno nacional de sentarse a conversar con los promotores del Paro Nacional, y las innumerables expresiones nacionales, regionales y locales de exigencias y espera de soluciones. Es así como se consolidó un viraje a la derecha y en alineamiento a la política de contra insurgencia aplicada. Predominó lo del ataque de vándalos, la jerga del terrorismo y la supuesta amenaza de los de la primera línea. En una palabra: protesta=terrorismo.

El conflicto político no finaliza

Se espera el recorrido de mucho trecho de inestabilidad política y confrontación tanto en el plano político como en el social. Además de las demandas expuestas muchas subyacen en el olvido y desidia gubernamentales. El gobierno de turno no contempla posibilidades de cambios radicales y profundas ante lo expuesto. Las asume sobre las ramas y les da un tratamiento de resane cosmético, de maquillajes formales en lo ya no inusual, inusitado, ni extraño comportamiento. Por el contrario, ratifica el papel de sub presidente, que no alude solo al prefijo “bajo” “debajo de”, para indicar lo de un presidente de inferioridad, de reacciones tardías, de salidas secundarias y supeditadas a un interés superior, contrario al bienestar popular.

Me permito resaltar sucesos de particular relevancia de la gestión presidencial: 1. La caída de ministros, consejeros, proyectos de ley por manifiesta ingobernabilidad. 2.Desplome de acreditación y prestigio en la encuesta de aceptabilidad de opinión a la gestión presidencial. 3.No logra convencer sobre el no calificado caso de la supuesta autoría de ataque a bala de fusil al helicóptero presidencial en que viajaba. 4. Su confrontación con el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su alusión a como si se tratare de la Corte Interamericana, que tienen la misma sigla (CIDH). 5. La presentación de auto entrevistas presidenciales, en un desmesurado desespero por mantener una imagen de aceptabilidad ante la opinión pública. 6. La generalizada aceptación de ser un títere y subordinado al poder, tras el trono, del expresidente innombrable. 7. La desviada, por no decir arrodillada política exterior y manejo abyecto al legitimo gobierno constitucional y de Estado de Derecho de la República Bolivariana de Venezuela. Y la degradante abstención ante el unánime rechazo mundial al genocida bloqueo norteamericano a la valerosa autodeterminación del pueblo cubano y su revolución avante. 8. El falsario discurso de cumplimiento e implementación de los Acuerdos de La Habana y el Teatro Colon, con las antiguas Farc-ep, ante la falta de fidelidad a lo pactado. Sus intervenciones de fondo no obedecen a ejecutorias presidencial, sino a proyectos, a prontuarios, a algo que no está en firme, cual la escena de una campaña presidencial y como si estuviere en otro país. Escucharlo, da la sensación que se está partiendo de cero. 9. El quebranto a la vigencia de los Tratados internacionales, de soberano cumplimiento a Cuba-como país garante- para el retorno salvos y sanos, de los plenipotenciarios delegados del Ejército de Liberación Nacional de Colombia (E.L.N), cuya salida legal y constitucional ha bloqueado de manera torticera. 10. La obtusa posición de no dar la cara; de no negociar directamente con los sectores en conflicto; de notoria torpeza y errada actitud de no condenar los abusos cometidos por las fuerzas armadas en el marco de la confrontación política, en el significado de la protesta popular; ante hechos de inocultable criminalidad y de por si de avalados, probados y ratificados por múltiples medios de presión nacional e internacional. 11. La directa responsabilidad sobre sus hombros de los daños y perjuicios causados con ocasión del prolongado Paro Nacional, como único culpable. 12. Cual síndrome de carencia de personalidad de jefe de gobierno, delegar en subalternos ojos y oídos, cual un “presidente ausente”, en el ámbito del poder legislativo y en el escenario de las luchas populares. Podrán ser seguramente más las falencias de personalidad aciaga como gobernante del sub presidente Duque, en la afirmación de incapacidad para la conservación y manutención del mando, así sea este ilegítimamente delegado, por obra y gracia de un sistema electoral corrupto y encriptado.

El sinsabor que deja el transcurso de un 20 de julio bajo estado de sitio dictatorial, en el embrollo que deja la mentira y el montaje de un presagio de fatalidad terrorista en el desarrollo de las manifestaciones a darse, con el fin de obstruir el libre ejercicio de la protesta y la movilización ciudadana; concluye, en este día, como las circunstancias objetivas lo habían de prever: un circo de auto elogios y sórdidos aplausos, a una acción parlamentaria de respaldo gubernamental, mayoritariamente asentada en un legislativo de predominio narco paramilitar. El no desfile tradicional de las fuerzas armadas, Made in USA, en un imparable efecto de desprestigio y de sindicación criminales, tanto nacional como internacional. La respuesta masiva y movilizaciones en las principales ciudades capitales del país y al caer la tarde, el estruendoso rugir de la lucha callejera, la brutalidad policial aplicada, la arremetida salvaje contra la juventud protestante, el accionar impune de los defensores de la “gente de bien” disparando de civil y a mansalva. Prueba irrefutable de la permanencia de los múltiples conflictos que asolan la nación colombiana.

La República Federal, ¿qué? ¿Acaso no cuenta?

Vladimir de la Cruz

A propósito de algunas preguntas que me han hecho. La historia de Costa Rica, en términos generales, la podemos dividir en etapas. Así por ejemplo, la Historia Antigua, o antes de la llegada de los españoles, que también podemos denominar precolombina, la Historia de la Conquista y de la Colonia, que es el gran período de presencia de los españoles, dominando el territorio nacional y sometiendo a las culturas indígenas, la Historia de la Independencia, que es un capítulo especial, que se ha abierto de modo particular y con profundidad, sin que se agote, con motivo de la celebración del Bicentenario de la Declaración de Independencia de España, hecha en 1821 para el caso de Centroamérica y Costa Rica.

Este es un período coyuntural, que se puede retrotraer a 1808, o un poco más atrás, hasta 1821, y prolongar un poco más, según se vea, hasta la constitución de la República Federal de Centroamérica. Aun así, podrían considerarse otras fechas según se tomen en cuenta, por parte de los investigadores o historiadores, para precisar situaciones respecto al momento que se quiera definir como el de inicio de la Independencia.

Por proclamada la Independencia se abre el Gran Período de la vida independiente, que a su vez puede dividirse en subperíodos.

En el caso costarricense fue muy frecuente ver el siglo XIX y el siglo XX casi de modo separados, como dos grandes unidades, o de un modo continuo, según abordaran los historiadores o narradores históricos el hilo histórico que se iba tejiendo, o por la forma cómo fue desenvolviéndose la estructuración del Estado y la institucionalidad administrativa. Capítulos especiales y destacados han ocupado, la Anexión del Partido de Nicoya, y hoy más lo tiene todo lo relacionado con la Campaña Nacional contra los filibusteros norteamericanos en Costa Rica y en Centroamérica, por los estudios que se ha venido estimulando y por la Asociaciones Académicas y sociales surgidas a su alrededor.

Aún así, se distinguían dos períodos importantes, el de los Jefes de Estado y el de los Presidentes, habida cuenta que no se distinguía en ese análisis el período del Estado y el período de la República, con sus especificidades. Esto correspondió más a un enfoque que hacía descansar el desenvolvimiento histórico desde la perspectiva de las Administraciones de Gobiernos, lo que puede seguir siendo válido, para algunos, desde un enfoque eminentemente político institucional.

Los estudios históricos que se han desarrollado, especialmente, desde 1970 producen otros enfoques y abordajes de la Historia Nacional, historias agrarias, historias de los movimientos y luchas sociales, historia constitucional, historias de la vida cotidiana, historias religiosas, historias de la cultura en general, de la numismática, historia de la economía nacional, en sus diversas facetas, historias del sufragio, de partidos políticos, de las luchas femeninas, historias de los grupos sociales nacionales, negros e indígenas, y otras nacionalidades o sus presencias migratorias, de los grupos juveniles y sus luchas, de los campesinos, de instituciones públicas y privadas, estudios de carácter biográfico, de corporaciones, gremios y sindicatos, historia de la literatura nacional etc. El abanico aquí es amplio y puede ensancharse cada vez más como se irá haciendo. Los estudios históricos abordan grandes y cortos períodos de análisis, generalidades y particularidades.

En el campo político institucional tenemos para la cotidianidad actual que vivimos el período de la Segunda República, así declarada el 8 de mayo de 1948, cuando se instaló, como Gobierno de Facto, el grupo militar victorioso en la Guerra Civil, de marzo y abril de ese año, impidiendo el acceso inmediato al Gobierno a Otilio Ulate Blanco, presidente electo en las elecciones de 1948, que las anularon y dieron por resultado el levantamiento, que en su nombre se hiciera y en la defensa de ese resultado electoral.

La declaratoria de la Segunda República estaba en función de dos eventos, uno histórico y otro de la situación inmediata.

Desde la perspectiva histórica por cuanto el 31 de agosto de 1948 se celebraría el centenario de la Declaración de la República, por el último Jefe de Estado y Presidente, Dr. José María Castro Madriz, cuando en 1848, en esa fecha así lo hizo. Y por los sucesos de la inmediatez política, por cuanto José Figueres Ferrer y su grupo, entre los que se contaba la gente del Centro de Estudios Para los Problemas Nacionales, consideraba que los gobiernos de Rafael Ángel Calderón Guardia y de Teodoro Picado, habían traicionado el espíritu y los principios que se habían forjado en la República, que se vivía desde 1848, forjada al calor de los grandes liberales, o del movimiento liberal que había sido dominante, desde 1870 prácticamente hasta 1940, aun cuando desde la Primera Guerra Mundial empezaba a cuestionarse este modelo político y surgían otras fuerzas políticas, reformistas, socialistas, comunistas, y las mismas socialcristianas y socialdemócratas de inicios de la década de 1940.

Así tenemos, entonces, el período de la República, a partir de 1848 hasta 1948, y el de la Segunda República, desde 1948 hasta nuestros días. Pero, ¿se podría considerar a la República proclamada por José María Castro Madriz como la Primer República? En los textos históricos no se le da ese nombre, ni se adjetiva como Primera República, lo que podría ser irrelevante si se quiere.

Sin embargo, si nos devolvemos a los días de la Independencia, desde 1821 hasta 1823, que quedamos “sueltos” de la Capitanía General de Guatemala, que se había desintegrado con la proclamación de Independencia de Guatemala el 15 de setiembre de 1821, y que al calor de esa Proclama se convocó, a un Congreso, a los pueblos que antes de 1821 estaban unidos para considerar de manera unitaria qué hacer, en el caso costarricense integramos Juntas de Legados y Juntas Superiores Gubernativas, que por sí mismas no declararon la constitución de una “República”, hasta que aceptamos integrarnos, bajo la forma de Provincia y de Estado, a las Provincias Unidas del Centro de América y luego a la República Federal de Centroamérica, desde 1824, formalmente hasta 1848, aunque en la práctica esta República Federal desde finales de la década de 1830 venía desapareciendo o debilitándose notablemente. Ni con el esfuerzo de Francisco Morazán, desde Costa Rica en 1842, adquirió vida.

Dentro de esta República Federal nos integramos como un Estado independiente, con Constitución Política propia, que tuvimos varias en ese período, con gobierno local propio, nombrado internamente, con institucionalidad estatal propia, como al igual lo hacían los otros Estados centroamericanos que habían sido parte del andamiaje colonial español en Centroamérica.

A partir de aquí tenemos, entonces, la historia del Estado de Costa Rica, desde 1824 hasta 1848, aspecto que no se le da gran relevancia dentro de los estudios históricos desde esta categoría. Pero, tampoco se le da la relevancia correspondiente, al período de la República Federal, que aunque se menciona como parte de nuestra Historia, no se le estudia como se debe, ni se estudian sus Presidentes y estructuras políticas, ni la Historia centroamericana de esos años con sus crisis y contradicciones, como la nuestra. Sus Presidentes ni siquiera se consideran autoridades superiores de Costa Rica. Pocos estudios precisos hay sobre esta situación.

Si consideráramos la República Federal de Centroamérica como parte institucional de la Historia de Costa Rica, ¿esta sería la Primer República de nuestro desarrollo institucional? ¿La Segunda República sería la proclamada por Castro Madriz? Y, consecuentemente con esto, la proclamada por la Junta de Gobierno en 1948, ¿sería la Tercera?

Dentro de la República Federal existimos como Estado, no bajo la forma de una República. La condición de Estado nos daba una independencia interior, pero no para asuntos exteriores. El carácter Federal hacía que las funciones propias de la representación formal, internacional y diplomática de la región, incluidos todos los Estados que constituían la República Federal, la tuviera la República Federal, y no cada Estado que formaba parte de ella, como sucede hoy con las Repúblicas federales existentes como son la República Federal de los Estados Unidos de América, la República Federal de México o la República Federal de Brasil, donde los Estados que forman parte de esas Repúblicas federales por sí no existen. Son los Gobiernos federales de esos países los que representan a todos sus Estados.

Hasta 1850 internacionalmente las referencias a Centroamérica se referían a la República Federal, no a cada uno de sus países miembros. Por eso, también, es que a partir de ese final del Gobierno de José María Castro Madriz y del inicio de los Gobiernos de Juan Rafael Mora Porras, es cuando empezamos a tener reconocimientos diplomáticos propios y a ser valorados como país Independiente plenamente.

La Independencia de los países centroamericanos hasta la desintegración de la República Federal la tuvo en su representación formal internacional la República Federal de Centroamérica.

A los efectos institucionales y actuales vivimos la Segunda República, en Costa Rica, pero no deja de ser un tema más para la discusión y reflexión sobre el Bicentenario de la Independencia.

Cuba sale triunfante y dicta cátedras estratégicas

Lic. José A. Amesty R.

21 Julio 2021

Sin duda alguna, los acontecimientos del 11 de julio en Cuba, lo que ocasionaron fue que Cuba Socialista saliera triunfante y dictándonos una catedra de estrategias y tácticas para enfrentar la arremetida con claros matices de imperial.

Y es que el objetivo era claro para los mercenarios y contrarrevolucionarios: son una serie de pasos muy bien estudiados y perfeccionados, a partir de la experiencia de su aplicación previa en disímiles países de Europa del Este, Oriente Medio y África: Yugoslavia, Hungría, Ucrania, Libia, Egipto, Iraq; lo intentaron en Siria, Venezuela y Bielorrusia, a saber:

*Generar una situación de caos e ingobernabilidad.

*Entrada de una “intervención humanitaria” en forma de una fuerza militar foránea.

*Conducción del país invadido hacia una forma de Gobierno entreguista y dócil, que permita a la élite financiera y monopolios extranjeros, saquear sus riquezas en detrimento de las clases sociales más desfavorecidas.

Una de las lecciones que nos da Cuba, es saber detectar noticias falsas, antes las múltiples mentiras que publicaron y siguen publicando sobre el hecho de las marchas, y nos sugiere lo siguiente:

  1. Leer la información completa y no dejarse llevar por un título demasiado llamativo, es imprescindible para no dejarse engañar.
  2. Verificar las fuentes.
  3. Detenerse a mirar quién firma la noticia y, ante la duda, investigar sobre esta persona, averiguar qué otras noticias tiene publicadas bajo su nombre o seudónimo.
  4. En ocasiones las noticias de este tipo se encuentran en páginas no oficiales.
  5. Se recomienda buscar más fuentes que tengan esta misma información, este paso ayudará a verificar qué tan cierta es.
  6. El chequeo de las imágenes que se utilizan debe ser otra premisa, así como utilizar las herramientas de Google para determinar si están manipuladas.
  7. Revisar el Dominio o URL, así como los comentarios de la publicación también ayudarán durante la verificación.

Inmediatamente a la intentona golpista, el presidente Diaz-Canel, dando una lección de liderazgo y temple de acero, comisiona al mismo pueblo a defender su revolución, estando consciente que el pueblo cubano, va a defender su revolución a costa de lo que sea.

Un hecho significativo de lo anterior, se refleja en la expresión de un señor, que culminada una marcha multitudinaria revolucionaria consciente, expresa y brota lo que le ardía dentro de sí: “¡Aquí, precisamente, frente al águila destronada!”. Su vista veía la multitud desde donde un pueblo en Revolución como derribaba el símbolo imperial.

No olvidemos que, el artículo 3 de la Constitución cubana, regula que la soberanía reside en el pueblo: “del cual dimana todo el poder del Estado”. Ese texto (aprobado por 86% de votos) obliga a respetar la soberanía popular y los derechos fundamentales.

El derecho de resistencia se regula contra “cualquiera que intente derribar el orden político, social y económico establecido por esta Constitución”, e incluye todas las vías. Por ser un recurso extremo, requiere el empleo previo de otros recursos.

Y es que los contrarrevolucionarios apostaron a, gente inexperta o con poca preparación, propensas a ser fácilmente manipulables, para hacerles creer que todas las calamidades que enfrentaban eran culpa de la ineptitud del Gobierno, y no producto de las acciones externas que se habían emprendido desde un año y medio antes, unidas a otros factores fortuitos.

Lo seguido fue y es, enfrentar y contraatacar las matrices digitales de opinión, develando las mentirosas imágenes y videos falsos, que buscaban atizar las mentes inescrupulosas y exacerbar los ánimos contrarrevolucionarios, así como hacerse eco en los medios occidentales.

Recordemos que, la televisora estadounidense, FoxNews, opacó unos carteles de apoyo a la Revolución Cubana, durante una entrevista con el congresista Ted Cruz, uno de los mayores defensores de la política de línea dura de Washington contra la Isla.

La cadena usó las imágenes para mostrar una supuesta manifestación contra el gobierno cubano, cuando realmente las pancartas eran usadas en una demostración de apoyo al presidente Díaz-Canel con el siguiente mensaje: Las calles son de los revolucionarios.

Un elemento sumamente publicitado fue el “supuesto” fracaso del Socialismo en Cuba, ante tan “estrepitosa” expresión del “cansado” pueblo.

¿Fracasó el Socialismo entonces?, depende del criterio con el que se lo aborde. Sin dudas, en la Isla no hay “shopping centers” repletos de mercaderías, no hay hiperconsumo de artículos fabricados con obsolescencia programada y la población no se mide por el vehículo o el reloj que posee, por la ropa de marca que viste o por el tope de su tarjeta de crédito.

Ahora bien: como el capitalismo se basa en la explotación, hace lo imposible para que los explotados no reaccionen. ¡Eso es la lucha de clases! Y en esa lucha, lo ideológico cobra un papel preponderante. De ahí que los pocos espacios socialistas existentes son mostrados por la derecha como «fracasos» estrepitosos.

A su vez, el pueblo cubano ha reiterado y es un momento crucial para continuar denunciando el cruel bloqueo del imperio norteamericano, recalcando en insistiendo que, durante seis décadas, de acuerdo con datos oficiales, ha representado para su población un perjuicio equivalente a 147.853 millones de dólares.

Solo durante la pandemia los daños alcanzaron 9.157 millones de dólares, una cantidad comparable con el préstamo de “servicio ampliado” que en 2019 acordó Ecuador con el FMI (y otras entidades financieras) por 10 mil millones de dólares.

Se agrega que, un estudio del PNUD, refuerza el problema del impacto Covid-19 en la economía y la sociedad cubanas. Bajo las consideraciones históricas evidentes, es imposible dejar de coincidir con las NNUU, de manera que se impone la demanda universal por acabar con el bloqueo.

Pero lo que jamás imaginaban, las fuerzas oscuras del imperio, fue y es el poderío de los pueblos de América Latina y del mundo consciente, en manifestaciones y apoyos a la Revolución Cubana, que es cada día mayor en número y simpatía.

En cualquier caso, esta osadía gringa pasará a la Historia como esa otra ocasión (otra más del montón), en que los “geniales” gringos se volvieron a equivocar por enésima vez de una esquina a la otra con Cuba, como siempre les ha ocurrido en los últimos 62 años.

Sonaron otra vez las campanas por “el fin” del Socialismo en Cuba. Salivaron seguro algunas bocas desde los balcones del imperio (y más allá o acá del mar que separa esta isla del resto del mundo), y también desde algunas alcantarillas, pero no pudieron ni podrán contra este pueblo aguerrido, que se afinca en la resistencia, de más de sesenta años de agresiones y con una mística revolucionaria en contra de todo.

Finalmente, el presidente Diaz-Canel, para seguir apoyando al pueblo cubano, el 14 de julio 2021, anuncia varias medidas económicas y sobre la importación de alimentos y medicamentos.

Durante una comparecencia televisiva el presidente Díaz-Canel, el primer ministro y el titular de Economía, también abordaron el tema de las afectaciones de la generación eléctrica, así como cambios relacionados con la empresa estatal y las micro, pequeñas y medianas empresas.

¡Adelante Cuba Socialista!

Recordemos que las “tropas de choque” del imperio contra los procesos revolucionarios, son ahora en Nuestra América las marras que arrasaron los barrios de Managua; los guarimberos de Caracas, que asesinaron y quemaron a simpatizantes de la Revolución Bolivariana; los grupos de tarea fascista que azuzaron el Golpe de Estado en Bolivia, que extorsionaron, arrasaron residencias, secuestraron y apalearon a indígenas, mujeres y dirigentes del Movimiento al Socialismo (MAS). Del mismo pedigrí son los “protestantes” del día 11-12 en Cuba.

De mal en peor

José Manuel Arroyo Gutiérrez. Exmagistrado y profesor catedrático UCR

            Cada proceso de nombramientos en la Asamblea Legislativa, pone al desnudo un sistema colmado de vicios y falencias. Al país le urge un rediseño integral que asegure un mínimo de objetividad y credibilidad en la escogencia de magistraturas y otras jerarquías, competencia del parlamento. Hay que emitir un reglamento único y estable que fije con alguna seguridad las reglas del juego; encontrar un mecanismo de pre-selección para que la Asamblea tenga por obligación que escoger entre los mejores aspirantes, calificados con estricto criterio técnico por parte de expertos en la materia; hay que hacer públicos los procesos para saber con toda transparencia las razones por las cuales se escoge a una persona y no a otra; exigir la fundamentación de las decisiones; potenciar los criterios objetivos y reducir a su mínima expresión, ojalá eliminar por completo, las variables arbitrarias. Los diputados (as) no tienen, en la mayoría de los casos, la formación especializada para saber quién puede ser un buen juez. Es imprescindible erradicar la “información informal” –por no llamarla incultura del chisme- acerca de las eventuales ventajas o desventajas de un candidato o candidata. No podemos seguir sometiendo a las personas a procesos complejísimos plagados de requisitos, para al final nombrar al último de la nómina o sacarse un conejo del sombrero que ni siquiera ha participado en el certamen. Tampoco es admisible la burla de reservarse un alto porcentaje para una entrevista, con calificación totalmente subjetiva, que sólo ha servido para promover a los mediocres y castigar a los mejores que, sin embargo, no gozan de la “confianza” o el “ambiente” políticos.

            El último capítulo de este desdichado tema ha sido la confesión del diputado Fonseca del PLN afirmando que no nombran en la magistratura a la Dra. Patricia Vargas González porque es conocida o tiene cercanía con el autor de estas líneas. El daño que se le hace a la persona mejor calificada, y con ello al sistema de nombramientos, al Poder Judicial y al país, es de tales dimensiones, que no puedo menos que intentar analizar esta injusticia apartando, en lo posible, todo ingrediente personal.

            La candidata Vargas González no sólo ha obtenido un 96 en la calificación general del concurso. Es también una mujer sobresaliente por su inteligencia, preparación académica –con doctorado en España y con el sacrificio que eso significa, en esta sociedad, para una mujer con familia- y exhibe, además, un desempeño profesional excepcional. Como si todo eso no fuera suficiente, Patricia es una persona de gran calidad humana. Puede que todas esas virtudes les resulten a algunos, imposibles de soportar. De manera que atar su carrera a la relación laboral que tuviera conmigo cuando me correspondió ser magistrado integrante y Presidente de la Sala Tercera es no sólo una repugnante injusticia sino un acto de machismo incalificable. Resulta también inaudito que la trayectoria impecable, los atestados, méritos y logros de una profesional, se tiren al caño frente a un hecho más bien anecdótico y circunstancial, como la cercanía con otra persona.

            Por lo demás, en lo que a mí respecta, – y si ese es otro pretexto implícito en este despropósito-, decidí integrar el Grupo de Garantes de la gestión del Presidente Alvarado, –ad honorem y sin ningún interés personal-, después de analizar, como ciudadano fuera ya de la función pública, el riesgo inminente que existió en el 2018, de que figuras autoritarias o fanáticas religiosas, llegaran a conducir los destinos de esta maltrecha democracia. Esta decisión personalísima no tiene tampoco por qué alcanzar a personas que trabajaron conmigo.

            Por eso creo que la (sin) razón que están alegando la mayoría de parlamentarios es un mero pretexto. A lo que le tienen fobia es a la excelencia y a la independencia de criterio. Peor si se trata de la excelencia y autonomía de una mujer.

            La comunidad nacional tiene que saber que estos “inexplicables” asuntos son réplicas de la crisis que sufrió la Corte a mediados de 2017, cuando tráficos indebidos entre diputados y magistrados nos estallaron en la cara. Quienes tuvieron que salir por la puerta trasera con sanciones disciplinarias, o se quedaron con obstinación digna de mejor causa, siguen manejando los hilos del destino de este Poder Judicial. Dejaron colocados en las listas de elegibles a actuales propietarios y suplentes, y siguen manejando por debajo, entre González Lahman y Cuesta de Moras, quién si y quién no accede a las magistraturas.

            Todo este turbio fenómeno no es nada nuevo. Ya van generaciones enteras de juristas destacados a los que se les cierra la puerta con todo tipo de artimañas y con justa razón renuncian a someterse a estos procedimientos espurios. Una democracia no puede soportar por mucho tiempo esta sangría de talento, sólo porque no existe una clase política que sepa valorar responsablemente el poder que se le ha concedido.

            En medio de tantísima ignorancia, los políticos en ejercicio creen asegurarse eventuales tropiezos en sus intereses y trayectorias poniendo a jueces de su confianza y coincidencia ideológica. Se equivocan estrepitosamente. Primero, porque los siervos de hoy pueden convertirse, con facilidad, en los verdugos de mañana, cuando las mayorías partidarias cambien; y segundo, porque la mediocridad y la falta de preparación resultan una amenaza y un peligro para todos los habitantes de la República, incluidos los políticos, cuando tengan que buscar el amparo del debido proceso, la tutela de las garantías y derechos fundamentales y la sabiduría profunda de jueces y juezas que además, no le deban el puesto a nadie.