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Reafirmación del Pacto Social

Vladimir de la Cruz

Usualmente empleamos el concepto de Pacto Social para expresar el origen de la autoridad política, de los gobernantes, y de la organización del sistema político o del orden social.

El Pacto Social deviene del concepto Contrato Social que se desarrolló con las teorías políticas, surgidas desde finales del siglo XVII, que rechazaron el origen divino del poder de los monarcas, entendiendo que dicho poder no era voluntad de Dios, ni por Dios se realizaba, ni que por decisión de Dios gobernaba, sino que descansa en el Pacto Social, o en el Contrato Social que los ciudadanos realizan para asegurar su convivencia, su buen vivir y su felicidad, delegando cada ciudadano su Soberanía, su Voluntad, en el Gobernante, a quien se le encarga, por ese motivo, la buena administración de la sociedad y del Estado.

Esa voluntad delegada para la administración no puede ser ejercida de manera despótica, ni tiránica, ni dictatorialmente, ni se puede actuar por parte del Gobernante de modo autoritario, contrario al Pacto, ni se puede gobernar contra los ciudadanos. Si así sucediere el Pacto se estima roto y el pueblo con el derecho natural de rebelarse, contra ese gobernante que ha incumplido el Pacto, para cambiarlo y restituir de nuevo la armonía social y política, y la buena relación entre el Mandatario y los Mandantes de ese Pacto o Contrato Social. Como concepto el Mandatario no puede apartarse de lo que le establecen los Mandantes, el Pueblo, como resultado de las elecciones, que es la forma mediante la cual se da la facultad de gobernar.

Este concepto y Derecho de Rebelión en Costa Rica fue establecido en la Constitución de 1844. En las siguientes constituciones fue eliminado.

Corresponde también al concepto de Pacto Social la aprobación de la Constitución Política. Se le da a esta gestación o nacimiento de la Constitución la categoría mayor de la elaboración del Pacto o Contrato Social. La primera Constitución que se estableció en Costa Rica, el 1 de diciembre de 1821, se llamó Pacto Social Fundamental Interino de Costa Rica, o Pacto de Concordia.

En la Constitución Política se establece todo lo que corresponde a definir el país o el Estado, sus límites, quienes lo habitan y tienen su nacionalidad, quienes pueden adquirir su nacionalidad, los derechos y los deberes de los ciudadanos, los derechos y libertades, los derechos y garantías sociales, la constitución de los Poderes Públicos y sus funciones, se señala quienes y de qué forma pueden formar parte de esos Poderes, el mecanismo de hacer las leyes. Además, se establecen otros aspectos relacionados con religión, educación, organismos coadyuvantes de la gestión pública y el juramento constitucional, entre otros elementos.

En el campo político electoral se establece un sistema de partidos políticos, que funciona en Costa Rica como tal, desde 1890, que es el que se usa para nombrar y cambiar gobernantes, a los representantes populares del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo, que son los que surgen de este Pacto Social como sus representantes genuinos, que expresan el carácter democrático institucional y social que afirman con su elección ese Pacto o Contrato Social.

En este sentido cada proceso electoral, como el que viene, a realizarse el primer domingo de febrero próximo, para cambiar las autoridades nacionales, las que resultan de las elecciones, son una afirmación del Pacto Social, del Contrato Social. Me atrevo a decir que son su mejor expresión de afirmación constante, que se realiza por consulta popular cada cuatro años. Así la expresión de los votos, su resultado, apoyando o no la gestión de Gobierno que se ha venido realizando, estos cuatro años, por el partido político, que le ha tocado hacerlo, como resultado de las elecciones y por la confianza depositada en ese sentido para que conduzca el país. Es un apoyo indirecto al Gobernante y a su Partido, o un rechazo a ambos. Indirecto al Gobernante, en la figura del Presidente de la República, cuando se le da continuidad al Gobierno con la reelección de su Partido para un nuevo mandato, con otro gobernante, porque el sistema electoral no permite la reelección continua del Mandatario en ejercicio del Gobierno, pero permite la reelección continua de su Partido político. Si el resultado es adverso a la continuidad del Partido, se puede interpretar que el rechazo es al Presidente y gobierno en ejercicio y a su partido y candidato que participa en las elecciones.

En la Historia electoral del país desde 1890 no ha habido un gobernante, como persona que haya ejercido el Gobierno tres veces consecutivas. Los ha habido de dos veces, en 1894-1898 y 1898-1902, Rafael Iglesias. Después eso no se ha repetido.

Los ha habido que repiten un gobierno, durante el período de la Segunda República, en 1970-1974, y 1974-1978 con el Partido Liberación Nacional, en 1982-1986 y 1986-1990, con el Partido Liberación Nacional, en 1998-2002 y 2002-2006 con el Partido Unidad Social Cristiana, en el 2006-2010 y 2010-2014 con el Partido Liberación Nacional, y actualmente desde 2014-2018 y 2018-2022, con el Partido Acción Ciudadana.

La Historia electoral de este período, 1949-2018, no conoce tres gobiernos seguidos de un mismo partido político, pero en cada elección eso es una posibilidad, la reelección del partido en el Gobierno.

La encrucijada en que estamos es si en estas elecciones del 2022, ante la renovación y afirmación del Pacto Social o Contrato Social, que surge del mandato electoral, se le dará la confianza al actual Partido gobernante de continuar con un tercer mandado, o se cambiará de Partido gobernante, con su respectivo gobernante. El que no se reelija un partido solo significa que el Pacto Social con ese Partido se Rompió. No significa que toda la sociedad entra en crisis por la ruptura de ese Pacto, porque en su Rompimiento simultáneamente se establece un nuevo Pacto con otro Partido y su gobernante.

La elección en sí misma es un acto de confianza pública en el sistema democrático, en el sistema de partidos políticos, en el proceso electoral que gobierna este cambio de Mandatario y hasta de Partido Político. Es un acto de confianza en el sistema democrático y electoral costarricense.

En fila ya tenemos los primeros partidos y candidatos ya definidos aspirando gobernar el país, el Partido Nueva Republica con Fabricio Alvarado, Sergio Mena con el Partido Nueva Generación, el Partido Unidos Podemos con Natalia Díaz Quintana, el Partido Liberación Nacional con José María Figueres Olsen, el Partido Unidad Social Cristiana, con Lineth Saborío, el Partido Liberal Progresista con Eli Feinzaig, el Partido Progreso Social Demócrata con Rodrigo Chávez.

Las preguntas finales, ¿se romperá el Contrato Social o el Pacto Social con el Partido Acción Ciudadana? ¿Habrá nuevo Contrato o Pacto Social, con otro partido político? Este es el dilema. Nuevo Presidente o Presidenta habrá.

El bochinche alrededor del nombramiento de Ottón Solís en la OCDE

Dr. Luis Paulino Vargas Solís

Economista, CICDE-UNED

Diversas personas, incluida la jefa de fracción del PLN, dicen que ese nombramiento fue “ilegal”. Al margen de lo que cada quien opine sobre el señor Solís, esa cuestión merece una discusión por aparte, la cual, por cierto, tiene ramificaciones muy interesantes.

El argumento sobre la presunta ilegalidad, apela al artículo 4 de la ley 9981, de adhesión a la OCDE. Ese artículo básicamente dice dos cosas: i) que la delegación permanente ante la OCDE formará parte del Ministerio de Comercio Exterior (COMEX); ii) que el Consejo de Gobierno –“por iniciativa” de COMEX- nombrará al respectivo representante ¿Dónde estaría la “ilegalidad”? En el hecho, muy obvio, de que el nombre de Solís no surgió de la “iniciativa” de COMEX. Ahora bien, siendo que COMEX tiene la “iniciativa”, el Consejo de Gobierno es quien nombra, en ejercicio de las potestades que le atribuye el artículo 147 de nuestra Constitución. Absolutamente nada obliga a que se nombre a la persona que COMEX haya propuesto.

¿Que en este caso se incumplió el mandato que atribuye a COMEX la “iniciativa”? Bueno, eso se resuelve facilísimo: recordemos que el inciso 1) del artículo 139) de la Constitución atribuye al presidente de la república la potestad de “nombrar y remover libremente” a ministros y ministras. O sea, el ministro de COMEX es un subalterno del presidente. Basta que éste le ordene: “proponga a Fulanita o Zutanito”. El ministro tiene dos opciones: obedecer o renunciar. No hay más.

Sugiero ir un paso más allá y revisar el artículo 2) de ley número 7638, acerca de las atribuciones de COMEX. Es claro que éste es un órgano a cargo de una muy específica política sectorial: la de comercio e inversión extranjera. En concreto, el inciso d) le asigna la representación del país ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) y “demás foros comerciales internacionales”.

¿Es la OCDE un foro comercial? Claramente es mucho más que eso. En el sitio web de esa organización se dice que su “misión es diseñar mejores políticas para una vida mejor. Nuestro objetivo es promover políticas que favorezcan la prosperidad, la igualdad, las oportunidades y el bienestar para todas las personas” (negrita del original). Retórica aparte, es obvio que, tratándose de la OCDE, lo comercial y las inversiones es solo un elemento entre otros, puesto que muchos otros asuntos deberían ser considerados para alcanzar tan ambiciosos objetivos.

¿Por qué entonces la Asamblea Legislativa asignó a COMEX la representación de Costa Rica? Se supone que es una representación diplomática ante una organización multilateral que maneja una agenda multifacética. Por lo tanto, debió naturalmente quedar en manos del Ministerio de Relaciones Exteriores. Más aún ¿por qué se intentó amarrar la representación de Costa Rica a la “iniciativa” de COMEX? (lo cual, como ya vimos, no pasa de ser una treta leguleya nada imaginativa).

Resulta por completo desatinado poner en manos de un órgano como COMEX -cuyas atribuciones son de restringido alcance- una responsabilidad tan compleja, puesto que compleja y multifacética es la agenda de asuntos que se abordan en la OCDE. En esto debía primar una visión país, no un enfoque sectorial. Pero evidentemente se optó por el enfoque sectorial.

Solo hay una explicación plausible para este absurdo: ello refleja claramente la posición ampliamente hegemónica que han alcanzado en Costa Rica los intereses y las visiones ideológicas, del gran empresariado y de los muy ricos. Pero, para mejor entenderlo, es a su vez necesario entender cómo funciona el triunvirato constituido por COMEX, la Promotora de Comercio Exterior (PROCOMER) y la Coalición Costarricense de Iniciativas de Desarrollo (CINDE).

El artículo 4) de la ya mencionada ley 7638, crea, como parte de la estructura organizativa del COMEX, un Consejo Consultivo, el cual tiene la función de asesorar al Poder Ejecutivo “…en materia de políticas de comercio exterior e inversión extranjera” y velar “por el cumplimiento de tales políticas”. Ese Consejo está formado por 17 miembros, de los cuales 7 provienen de diversas cámaras empresariales. Considérese, además, que también hay una persona que representa a PROCOMER, y otra en representación de CINDE. Recordemos enseguida que estas dos organizaciones están fuertemente ligadas a los intereses empresariales. Queda claro entonces que estos últimos tendrán predominio en ese Consejo Consultivo.

Por su parte, PROCOMER es creado y funciona bajo la regulación de la misma ley (número 7638), cuyo artículo 10 crea una junta directiva a cargo de la dirección de este órgano. Esta junta está constituida por nueve personas, cuatro de las cuales son de directo nombramiento por cuatro cámaras empresariales (el presidente o vicepresidente de éstas), y una quinta persona, “representante de los pequeños y medianos exportadores”, será nombrada por el Consejo de Gobierno con base en una terna presentada por la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada (UCCAEP). Vale decir que, sobre un total de nueve integrantes, hay cinco de las cámaras empresariales.

Por su parte, CINDE es, sin más, una organización privada, manifiestamente ligada a los intereses del gran empresariado, y la cual, según leo en un comunicado de prensa de marzo 2019, dice de sí misma ser una “organización privada y sin fines de lucro, encargada de la atracción de inversión extranjera a Costa Rica”. O sea, sin pedirle permiso a nadie, se apropia de una política pública muy importante, lo cual no sería tan relevante, si no fuese porque los sucesivos presidentes y una presidenta de la república, han cohonestado y legitimado, ese ejercicio espurio de privatización de esa política pública.

Aparte el argumento de la “legalidad”, a la hora de combatir el nombramiento de Solís, también se apeló al argumento “técnico”. COMEX sería, según esa narrativa, el órgano “técnico”, el depositario del “saber técnico” en tan importante materia. Esto no pasa de ser otra falacia, tan burda como la de la “ilegalidad”. No se me malentienda: no me refiero al personal de ese ministerio, que seguramente es gente profesionalmente competente. Me refiero al hecho de que, en realidad, estamos en presencia de un órgano político, mejor digamos, de un tridente de órganos politizados (COMEX-PROCOMER-CINDE), que funcionan bajo el influjo directo y predominante de los intereses y la ideología del empresariado más poderoso, un grupo ínfimo, pero extremadamente influyente. Es, por sobre todo, una cuestión política, teñida hasta la médula de intereses corporativos. Lo técnico si acaso entra a jugar en un lejano segundo plano, y de forma totalmente subordinada.

No veo realistas las tesis conspirativas que circulan. Creo que el estridente bochinche alrededor del nombramiento de Solís fue fundamentalmente una disputada de poder, un pulso por demostrar quién realmente manda en Costa Rica. En todo ello, los partidos de oposición en la Asamblea Legislativa jugaron el rol usual: simple cámara de eco de los intereses empresariales. La batuta, como de costumbre, estuvo en manos de estos últimos. La cuestión, como he mostrado, se alimentó de múltiples falsedades, pero, además, tuvo el aspecto de una grotesca comedia de malentendidos. Y ello especialmente en un sentido: las cámaras empresariales identificaron como enemigo, a un sujeto -el señor Solís- que no lo es en absoluto. Ni siquiera es un crítico más o menos incómodo, sino un señor que asume, con ínfimas diferencias, la agenda corporativa-empresarial, lo cual quedó clarísimo en su carta de renuncia.

Me parece que el gran empresariado intuyó que aquí tenía la posibilidad de recomponer posiciones, luego de que el “caso cochinilla” lo pusiera a la defensiva. Vinieron, golpearon la mesa y se echaron el pulso. Ganarlo sirve para recordarnos y, en especial, recordárselo a Carlos Alvarado, quienes manejan las riendas en Costa Rica.

Podemos anticipar que ahora el Consejo de Gobierno nombrará a una persona a gusto del empresariado.

 

Tomado del blog: https://sonarconlospiesenlatierra.blogspot.com/2021/07/el-bochinche-alrededor-del-nombramiento.html

Glosas sobre el drama político cubano y latinoamericano del presente

Rogelio Cedeño Castro, sociólogo y escritor costarricense

Para entender el inmenso drama que se vive en nuestra área continental o subcontinente latinoamericano, por así llamarlo, como un hecho que no es reductible a lo que pueda acontecer en un solo país, hay que examinar –como paso previo- las tendencias de larga duración y los momentos coyunturales, sus encuentros y sus desencuentros, donde las primeras hacen aflorar los segundos que suelen aparecer como estallidos sociales.

La tragedia cubana del presente ha sido el resultado de una larga pugna entre el nacionalismo cubano, asociado con los llamados comunismo o socialismo contemporáneos, hoy muy difíciles de definir siquiera, después de tres décadas del fin de la guerra fría y con la inevitable, además de ominosa, presencia del hegemonismo estadounidense,  siempre interesado en mantener o recuperar su control sobre la isla mayor de las Antillas, desde la perspectiva del destino manifiesto, la que no es ajena a la que se vive en los demás países latinoamericanos, en los que jamás han existido democracias dignas de ese nombre. Desde 1960 los EEUU impusieron un embargo brutal a la economía cubana, el que se ha intensificado con el paso de las décadas, en las diferentes coyunturas y como consecuencia de un lobby cubano ultraderechista que tiene secuestrada la política de Washington hacia la isla.

La imposibilidad estructural de autodeterminarse como una nación de verdad soberana e independiente, llevó a Cuba a no poder consolidar ese proceso, iniciado durante la segunda mitad del siglo anterior, por el hecho inevitable de caer en la tenaza, dentro de la que vino siendo apretada por las dos superpotencias de aquel entonces, un factor que condujo a exacerbar la influencia del  estalinismo, o más bien neoestalinismo sobre la revolución misma, el que terminó por aplastar a las otras tendencias revolucionarias dentro de la izquierda cubana de entonces, dándole un rasgo autoritario al régimen revolucionario que se tornó en una especie de sino fatal.

En fin, esto fue algo que vino vía Moscú, dando como resultado una dependencia económica, científica y tecnológica creciente de los países del entonces Bloque Soviético. Al disolverse la Unión Soviética, a principios de los años noventa, se evidenció la fragilidad de la economía cubana que dependía de esos países en casi todos los rubros más importantes, entonces vino el llamado “período especial” en el que estuvo a punto de derrumbarse la sociedad cubana entera, mientras tanto la ultraderecha cubana de la emigración y los EEUU pensaron que era el momento de exigirle a Cuba la capitulación total si querían que el embargo se levantara. ¿Es qué acaso han querido otra cosa para el pueblo cubano? Al intensificarse este tipo de presiones el régimen surgido de la revolución (o más bien, su dirigencia histórica) tuvo que apretar las tuercas del control político-militar e intentar sobrevivir, en condiciones heroicas, desesperadas e insufribles,  enfrentándose al ya mencionado embargo comercial, como también a la insólita y descarada piratería a que venía siendo sometida la nación cubana entera, con grandes sufrimientos para el pueblo, y sin posibilidad de una negociación política entre los mismos cubanos que diera lugar a una convivencia más democrática y abierta en el orden de lo político. Nada de esto fue posible entonces. y sigue siendo la esencia de los componentes de la tragedia de hoy.

Hay responsables ocultos (ya que se culpa sólo al gobierno cubano de lo que está ocurriendo) en el drama cubano y sus múltiples aristas, como son los Estados Unidos, y el sector ultraderechista de la migración o exilio cubano que terminó por insertarse dentro del aparato estatal estadounidense, haciendo imposible cualquier solución humanista al diferendo planteado. Con tal de decir que el modelo cubano del “socialismo” fracasó (una discusión en la que no voy a entrar por ahora) someten a todo un pueblo a crecientes penalidades, a la vez que financian a una oposición interna condicionada al juego de sus intereses, la que también termina siendo víctima de esa pirotecnia mortal. En Cuba nunca habrá una democracia verdadera mientras exista esa despiadada política estadounidense, con esa exacerbada polarización entre los cubanos de aquí y de allá, siempre causándose daño mutuamente.

Es hora de que se ponga fin al embargo comercial, bancario e incluso naviero y de que la familia cubana pueda resolver sus serios problemas acumulados en la larga duración histórica, hoy agravados por la pandemia, la dificultad para conseguir insumos para las vacunas, tecnología, medicamentos para atender a los enfermos y poder viajar entre la isla y los EEUU, -al prohibir este último país-, muchos vuelos además de los envíos de dinero, por parte de los emigrados, a sus familias en la isla.

La solución que venga tiene que venir la por vía de la negociación para ponerle fin a los inmensos daños ya provocados, amén de todo tipo de tragedias individuales y colectivas, debe ser sin imposiciones, más o menos encubiertas, de la superpotencia del norte. ¿Quién o quiénes son los responsables de esos “éxitos” o “fracasos” para impedirle alcanzar sus metas o para que el otro actor político tenga que capitular? Mientras tanto, al resto de los habitantes de este continente pretenden obligarnos a aceptar una dictadura neoliberal, un régimen que es incluso la negación del libre mercado y la llamada competencia (también libre, al parecer), con unas “democracias” en las que cuando la derecha no gana o no logra imponer sus fraudulentos manejos político-electorales, entonces es fraude y el sistema electoral es una trampa, puesto que cuando ellos ganan, entonces ni chistan. Los casos recientes de Perú y Bolivia son aleccionadores.

Oscuras Perspectivas para el final de este 2021

German Masís M.

Con el propósito de adelantar un ejercicio prospectivo sobre lo que nos dejará la pandemia del COVID-19 y la Administración Alvarado en el año 2021 y siguientes, es posible visualizar un panorama de recuperación sanitaria y económica, lento y con grandes desafíos sociales e institucionales para los próximos dos años.

A nivel sanitario, la pandemia nos podría dejar un sistema de salud reforzado y mejor preparado, pero con un elevado déficit financiero de la Caja del Seguro Social y un déficit presupuestario del sector salud, que requerirá recursos extraordinarios.

En relación con la situación social y económica, la pandemia dejará secuelas muy profundas, toda vez que la emergencia lo que ha hecho es agudizar los problemas preexistentes como el déficit fiscal, la deuda pública, el desempleo, la pobreza y las desigualdades regionales, cuyas medidas de solución por parte de la Administración Alvarado resultarán insuficientes.

Las circunstancias económicas y políticas actuales indican que se mantendrá un déficit fiscal cercano al 7% de la producción y una deuda pública en constante crecimiento mayor al 70% de la misma, que junto a cifras de crecimiento económico del 2.5% según la OCDE (menos optimistas que las del Banco Central), no auguran una recuperación satisfactoria.

Parece claro que las medidas de la agenda del FMI permitirán gestionar a lo sumo una débil estabilidad económica, dado que las posibilidades de aprobación de los proyectos en la Asamblea Legislativa en esta coyuntura política preelectoral serán limitadas, siendo probable que los únicos proyectos que se aprueben en los próximos 6 meses sean los del crédito del FMI por 1,700 millones de dólares y a duras penas el de empleo público cuyas repercusiones económicas en todo caso no serán inmediatas.

Para los demás proyectos como el de renta global, rentas de capital y eliminación de exoneraciones, aporte solidario de empresas estatales e impuesto a los premios de lotería, las perspectivas son poco favorables, ya que existe una fuerte oposición de sectores e instituciones que ven afectados sus intereses generando presión sobre las fracciones legislativas opositoras.

La pandemia dejará secuelas socioeconómicas, como la vulnerabilidad y desaparición de muchas Pymes (3 mil en un año según el Ministerio de Economía), el crecimiento del empleo informal (más de 900 mil personas lo componen) y la constatación de la brecha digital en la educación (425 mil estudiantes no cuentan con conexión a internet según estudio reciente del MEP).

La Administración Alvarado, dejará unas finanzas públicas apenas estables, resultado de los primeros desembolsos del FMI, de los préstamos del BID y BCIE, de la venta bonos de deuda (en parte adquirida por los mismos bancos y empresas públicas), el leve crecimiento de las exportaciones y una mayor recaudación tributaria, también dejará avances cuestionados en infraestructura vial y un inviable proyecto de tren eléctrico para la GAM.

No obstante, su mayor falencia será en el aumento de las brechas socioeconómicas, tecnológicas, y territoriales y en la restricción de los derechos de los trabajadores y pensionados, en definitiva, nos dejará un país más desigual.

La política económica de esta Administración antes y después de la pandemia, ha estado más orientada a los grupos empresariales y sus actividades y ha favorecido un modelo de desarrollo que concentra riqueza, genera desempleo y que está creando pobreza.

Ese será el país del Bicentenario, con finanzas precarias, con un alto endeudamiento, carente de una reactivación económica y con grandes brechas sociales, lamentablemente frente a este oscuro panorama tampoco se escuchan propuestas serias y transformadoras de los partidos políticos de cara a las próximas elecciones.

 

Imagen: UCR.

Vivir, pensar y luchar en una coyuntura compleja

Julio Carranza

La historia es todo el tiempo, pero hay momentos de definiciones, donde la historia condensa sus contradicciones y los acontecimientos se precipitan, a veces en el sentido del progreso, a veces en el sentido del retroceso, son múltiples los factores que dan lugar a esos instantes, lo mejor es vivirlos con la mayor conciencia de lo que está pasando y poner los esfuerzos propios a contribuir para que la vorágine se mueva en la dirección que se cree correcta, ese es el desafío de los seres humanos comprometidos con un determinado sentido de la historia. Cada quien carga con la responsabilidad y consecuencia de sus acciones.

Hace tiempo muchos venimos insistiendo en la urgente necesidad de avanzar en los cambios que necesita Cuba y que finalmente dejaron de ser propuestas encerradas en polémicos textos académicos para, no en su totalidad pero si en su esencia, convertirse en acuerdos de la sociedad y del partido de gobierno, ahí están la nueva Constitución y el documento de la Conceptualización, para sólo citar dos textos cumbres, darle total vida a estos acuerdos magnos es una necesidad aún en medio de la tremenda complejidad del momento actual y del tiempo que se ha perdido.

Por mi parte he expresado en varios textos, entre otras, las dos siguiente ideas: 1-los cambios necesarios (mil veces expuestos y debatidos) son incluso un asunto de seguridad nacional 2-el tiempo es una variable crítica.

Como demuestran los acontecimientos recientes, la situación es muy compleja y el impacto de la pandemia deja márgenes de acción más estrechos, pero a pesar de esto y del bloqueo genocida hay que actuar con imaginación, con audacia, con flexibilidad y con firmeza. Si alguien afirma que no hay recursos para tales cambios la respuesta es que precisamente (entre otras cosas) para obtener recursos es necesario avanzar en los cambios.

Una de las claves principales de la situación actual está en la economía, el sistema económico actual es obsoleto, limita las capacidades productivas de la sociedad y debe ser reformado, ya esta es una verdad tan admitida (al menos formalmente) como antes fue rechazada, pero el avance y la integralidad de la reforma aún es insuficiente, no hay dudas de qué hay fuerzas internas e intereses conservadores que se le oponen, el propio Presidente de la República lo ha expresado con énfasis de una forma u otra en más de una ocasión.

Sin embargo, el problema cuya raíz está en la economía no se reduce a esta y cada vez menos. Es necesario comprender los malestares de la gente, fatigadas por las tremendas dificultades de la vida cotidiana más allá de las causas que las provocan, acentuadas principal y sistemáticamente por una agresión que se hace cada vez más evidente y notoria. Incrementar esos malestares es el eje de esa agresión a la que se somete al país.

El bloqueo no es todo, pero el bloqueo afecta todo, tiene un carácter genocida, criminal y oportunista y viniendo de un poder tan inmenso y en medio de situación tan compleja como la actual con la pandemia resultados da, acaso no es eso lo que busca?, no es para eso que existe?, no es buscando eso que se mantiene?, o sea agudizar al máximo posible todas las dificultades, generalizar los malestares y convertir la crisis económica en una crisis política que termine con el “régimen” para colocar otro sistema dócil a los intereses externos. Eso es así, pero no es que nadie lo invente o imagine, así está descrito y declarado en la política desde su comienzo hace ya seis décadas. El desafío fue y se logró, neutralizarlo en su propósito mayor, ese desafío hoy sigue siendo el mismo, ahora en circunstancias que por muchas razones son más complejas.

Las simultáneas protestas públicas en diferentes lugares del país del día 11 de julio son sin dudas parte de una articulación de acciones contra el gobierno, las costuras se ven por todas partes, pero se asientan en malestares reales, objetivos, en la situación de dificultades cotidianas y escaseces de todo tipo, aunque estas sean en gran medida provocadas y en otra también resultado de insuficiencias propias, sería un error hacer una lectura simplista o unilateral de tales acontecimientos. Agresión hay y fuerte, perversa, errores e insuficiencias propias también y no son pocas.

Como expresé antes el momento exige imaginación, audacia, flexibilidad y firmeza, sentido político. Escuchar y dialogar con todo el que tenga sentido dialogar a la vez que no dar ni un milímetro de espacio a la reacción proimperialista.

También es preciso ser autocríticos, insisto en que el bloqueo lo afecta todo, pero no es todo. Hay retrasos y parálisis que se pagan ahora, creo que es necesario comprender esto con honestidad y sentido crítico.

Con éxito ha logrado Cuba una proeza extraordinaria frente a la tremenda pandemia que golpea en todas partes, sus científicos han creado vacunas efectivas, trabajando en las peores condiciones que se puedan imaginar, han sido prácticamente laboratorios en una trinchera, sin disponer de los mínimos recursos que posee cualquier científico en el mundo, un país que ha logrado eso no se puede subestimar, cómo antes logró otras tantas cosas.

Sin embargo, como demuestran los acontecimientos, no basta, la pandemia se ha expandido por delante del efecto de las vacunas, en algunos lugares del país de manera exponencial, se le ha enfrentado con lo que se tiene, pero se han visto salas de hospital repletas, con pacientes incómodos creo que en la medida de lo posible hay que continuar colocando todos los recursos disponibles, con los balances necesarios, en función de esto. La provincia de Matanzas, por ejemplo, una de las más afectadas es también una de las que tiene la planta hotelera más amplia del país, podrían emplearse una parte de esos hoteles como hospitales temporales para los enfermos sin costo alguno, sin suspender totalmente el turismo con los cuidados del caso, por declaración reciente de la dirección del gobierno sabemos que esto ha comenzado a implementarse.

De otra parte, sin darle el más mínimo espacio a la demagógica y cínica “ayuda” promovida por los mismos que apoyan el bloqueo, se podría convocar a una aún mayor solidaridad internacional a un mundo que le debe moralmente tanto a Cuba.

También, creo, se podrían buscar novedosos negocios para elevar sustancialmente el nivel de abastecimiento de las (ojalá que temporales) tiendas en MLC a cambio de mantener un razonable nivel de abastecimiento en las tiendas en Moneda Nacional, sobre todo de comida y productos de primera necesidad. No existirán, por ejemplo, empresas chinas enormes interesadas en acceder a un mercado interno en Cuba que como se ha visto posee divisas, entregándoles temporalmente las tiendas en MLC y a cambio de esas ganancias abastezcan el mercado en MN, dejando además un margen de ingresos adicionales a la economía nacional. Si hay ganancias y pagos asegurados, que nadie dude de que estarán allí las empresas y garantizan al abastecimiento, además del lógico interés geopolítico.

También, creo que la situación exige un cambio táctico en la actual política de inversiones, de hoteles a producción e importación de alimentos y medicinas. ¿Si hubiera razones que impiden un movimiento así cuáles son?

Y lo más importante, continuar sin pausa y con prisa la reforma económica, ya discutida hasta la saciedad. La reforma no sólo permitirá producir más, también permitirá incluir más.

Hay que hacerlo todo, atender la pandemia, avanzar firmemente en la reforma y defender la seguridad del país. La solución no puede ser parcial, es integral, a lo estratégico de la transformación hay que integrar las urgencias de la coyuntura; difícil y complejo es, imposible no.

Ahora y a propósito una digresión, como hemos visto en estos días debido a su aniversario se ha hablado bastante del discurso de Fidel conocido como palabras a los intelectuales pronunciado en el año 1961, por supuesto que todo hecho histórico debe ser analizado en sus circunstancias específicas, aunque también en sus trascendencias, esas que van más allá de su tiempo, en este sentido quiero expresar mi opinión de que aquellas palabras no iban dirigidas exclusivamente a la intelectualidad y a la definición de la política cultural, creo que se trata de un discurso político referido al proceso revolucionario en general, con una lección importante para la política y para la política ideológica toda: “sólo renunciar a lo incorregiblemente contrarrevolucionario” yo añadiría a lo incorregiblemente proimperialista, “dentro de la revolución todo, contra la revolución nada” y otras definiciones que expresan un sentido político amplio, sin estrecheces ni extremismos ideológicos, que buscan darle al proceso revolucionario la base de consenso popular más amplia posible. Por supuesto que también expresó el derecho de la revolución a defenderse y con ella a defender la soberanía del país.

Sin embargo hemos visto más de una vez, a lo largo del tiempo y sobre todo recientemente, la promoción, aún en medios oficiales, de una retórica excluyente, de a rajatabla, de definiciones estrechas que agreden lo que debería ser la base amplia del proceso de cambios, el cierre y el estigma a cualquier posición mínimamente crítica (portadoras de razón o sin ella y muchas veces con razón) pero que de cualquier manera son parte legítima de lo que opina la sociedad, incluida esa parte amplia de ella que no es incorregiblemente contrarrevolucionaria ni proimperialista, ni siquiera pro capitalista. Considero que este no es un detalle menor, el consenso es imprescindible para la viabilidad de cualquier revolución pero mucho más para la cubana, ubicada en una isla pequeña, sin suficientes recursos, sin importantes alianzas internacionales y vecina de un poder hostil y monstruoso (por su tamaño y por su conducta), ese consenso le es tan necesario como el oxígeno a la vida y el consenso no se forja a martillazos, mucho más con las complejidades del mundo contemporáneo, con nuevas generaciones en edad política, después de la onda expansiva del desastre del socialismo en Europa, del impacto manipulador de las redes, etc.

Junto a la disposición de combatir intelectual y físicamente frente a la agresión perversa y asimétrica que se le hace al país, es necesario también la apertura al diálogo más amplio, más inclusivo, más constructivo, más autocritico cuando sea necesario. No confundir la soberbia con la firmeza, ni la prepotencia con la fuerza legítima que se posee.

Desde el punto de vista de las ideas está más que demostrado que no hay certezas totales, si para algo ha servido el derrumbe del socialismo europeo ha sido para eso, ¿hemos aprendido la lección?, ¿es una pregunta que debemos hacernos todos los días? Tenemos solo algunas certezas fundamentales: que la soberanía de la nación es irrenunciable, que la justicia social es un valor absolutamente propio de una revolución “si es verdadera”, que un sistema económico que favorezca el desarrollo, el progreso y el bienestar material es imprescindible, de lo contrario la revolución no pasaría de ser una quimera sin futuro, que, en el caso de Cuba, el socialismo es la única alternativa que puede garantizar todo lo anterior, que debemos basar la acción en nuestra propia historia, hasta por ahí las certezas, todo lo demás, quiere decir el aterrizaje, las vías, las formas, las rutas, las políticas para el alcance de todo esto forma parte de las incertidumbres que se deben enfrentar, que se deben debatir, que se deben resolver, sin dogmas, desde la inclusión, desde la comprensión, desde el sentido crítico. Insisto en que la soberbia y la prepotencia, hijas además de la ignorancia y el aldeanismo, poco ayudan en ese camino, es más ayudan, pero en el sentido contrario.

Estoy de acuerdo en qué hay momentos de definiciones donde se debe ser claro en qué lugar se está y con quién se está, o para decirlo de otra manera, en qué lugar o con quiénes jamás se estará. Es el dilema que se ha planteado Cuba por siglos desde épocas del anexionismo “ancestral”, hasta el anexionismo “moderno” y “posmoderno” siempre minoritario pero que todavía sobrevive y hasta cobra fuerzas del otro lado del estrecho con sus lamentables expresiones locales, recursos financieros no faltan para fomentarlo. Creo que en eso no debe haber ni confusión ni ambigüedades, es preciso conocer la historia.

Creo que lo sucedido recientemente es un llamado de atención, hay que defender la soberanía, pero hay sobre todo que reflexionar para continuar por donde se debe y se puede avanzar, incluir todo lo incluible, todo dentro del proyecto de nación (soberanía, justicia social, desarrollo económico y democrático) nada contra el proyecto de nación.

La geografía y la historia han colocado a nuestro pequeño archipiélago en un lugar muy difícil para consolidar su proyecto nacional, lo viene haciendo desde el Siglo XIX contra el viento y la marea, lo que se ha avanzado es un trecho enorme, sorprendente, pero el camino aún no ha terminado, ni es irreversible, ahí están los desafíos, esta generación, la mayoría de esta generación, lo mejor de esta generación debe estar a esa altura, es mucho lo que está en juego.

12 de julio 2021

Columna Libertarios y Liberticidas (1) (Tercera época)

Rogelio Cedeño Castro, sociólogo y escritor costarricense

Después de algunos años he decidido volver a producir y a difundir los contenidos de esta columna, creada inicialmente con propósitos de lucha y divulgación durante la gran batalla cívica de un gran sector del pueblo costarricense contra el TLC con los Estados Unidos y la América Central (CAFTA, por sus siglas en inglés), la que apareció en las redes sociales durante un período de algunos meses en que la publicaba diariamente, entre julio de 2007 y febrero de 2008, después se vino divulgando con algunas intermitencias hasta el año 2014. En medio de un ambiente de intolerancia, y de gran ceguera ideológica de cierta derecha totalitaria, como también de una izquierda acomodada al régimen imperante, la que a ratos es incluso “boba”, y en otros momentos aparece plegada a la agenda light de un cierto “marxismo cultural”, vaya uno a saber, es que tomo esta decisión largamente meditada, para hacerle frente a esa dictadura sobre el pensamiento. Esos son, en principio, los motivos por los que vuelvo a este ejercicio pirotécnico, escribiendo, y reflexionando sobre la marcha para compartir e intercambiar ideas con quienes me lean.

Hace apenas una semana me empeñé en compartir con mis lectores una reflexión en voz alta para hacerles notar el gran poder de la mentira, la fragilidad del lenguaje que empleamos y las apariencias de un régimen que dice ser de libre mercado, estar basado en la libre competencia, y en eso que los neoliberales suelen llamar una “sociedad abierta, cuando en realidad está conformada y dominada por unos cuantos monopolios y oligopolios privados que acaparan la cartera de los negocios más “jugosos”. Cierta gente prefirió pasar por alto el hecho de que algunos de esos personajes (ellos y ellas como dicen ahora esos que andan al día con las modas intelectuales) se han vuelto “empresarios” muy poderosos, pero a costillas nuestras. Los que seguimos tomando el riesgo somos los demás mortales que vivimos en una sociedad más bien cerrada, lo de “abierta” no pasa de ser una mención propagandística. Recordemos que para los de habla inglesa “propaganda” es una mala palabra, y nos recomiendan usar en su defecto advertising. (La palabra inglesa propaganda es despectiva y no se emplea para hablar de “propaganda publicitaria”. Para este significado se usa el término advertising NUEVO SMART INTERACTIVO Diccionario Español-Inglés English-Spanish Editorial Océano p. 858).

Mientras tanto, ocurre que en Perú la ultraderecha y el fujimorismo, corrupto hasta la médula, además de enemigo declarado de la democracia, preparan un golpe de estado, pues no aceptan el resultado electoral que le dio el gane al profesor Pedro Castillo, alegando un fraude del que no han podido presentar una sola prueba. Están recurriendo a toda clase de maniobras para deslegitimar esos comicios, además de que, con artimañas de suyo evidentes, los diputados salientes quieren nombrar apresuradamente a los magistrados del Tribunal Constitucional, ya sea para anular las elecciones, y de no ser posible, después del 28 de julio, vacar o deponer al representante del Perú Profundo y las clases oprimidas. Esto ha dado lugar, a que habiendo transcurrido más de un mes de haberse llevado a cabo las elecciones generales del domingo 6 de junio pasado, todavía no ha sido proclamado al nuevo presidente del Perú quien se supone, por mandato legal, deberá tomar posesión el próximo miércoles 28 de julio, día en que se cumplen los doscientos años transcurridos desde que fuera proclamada la independencia de esa nación sudamericana.

Un poco más al sur del continente, en el vecino Chile, acaba de ser instalada la Convención Constitucional, elegida el pasado mes de mayo, respondiendo a un mandato del electorado, del mes de octubre del año anterior, el que tuvo sus orígenes en la oleada de protestas sociales de octubre y noviembre de 2019. Sus 155 integrantes, entre los cuales hay 17 representantes de los pueblos originarios, con un notorio predominio de los independientes y de la izquierda más radical, son los que deberán redactar y aprobar el texto de una nueva constitución política, para hacerlo tienen el plazo de un año, a partir del recién pasado domingo 4 de julio. Será la primera vez en la historia de ese largo país con una loca geografía de cuatro mil kilómetros de costa y una también larga Cordillera de los Andes, en la que el pueblo de a pie tomará parte, tanto en las deliberaciones, como en el curso de las decisiones para tener un texto constitucional, el que será su instrumento político y jurídico más importante durante las próximas décadas, cosa que no ocurrió en 1925, y mucho menos en 1980 cuando la dictadura empresarial militar del general Augusto Pinochet impuso, en medio del terror y con la prensa amordazada o cooptada, en su gran mayoría, la constitución neoliberal que sigue vigente en ese país, desde hace más de cuarenta años. ¿se convertirá Chile en un estado federal, descentralizado y plurinacional? Todo parece indicar que esos serán algunos de los vectores más importantes que traerá el nuevo texto constitucional.

Juan Domingo Perón: defensor de las causas justas y de Argentina

Gabe Abrahams

Juan Domingo Perón (1895-1974) fue un militar y político argentino que fundó el peronismo o justicialismo y consiguió hasta en tres ocasiones ser presidente de la República Argentina (1946, 1951, 1973). En todos los casos, alcanzó la presidencia mediante elecciones democráticas.

Siendo un joven oficial del ejército argentino, Perón ocupó diversos destinos dentro del país. En esas fechas, escribió varios trabajos como Higiene militar (1924), Moral militar (1925), Campaña del Alto Perú (1925), El frente oriental en la guerra mundial de 1914. Estudios estratégicos (1928), entre otros.

En 1930, Perón ya formaba parte del Estado Mayor del ejército argentino y era profesor de historia militar en la Escuela Superior de Guerra.

En 1936, con el grado de Mayor del Ejército, fue nombrado agregado militar de la embajada argentina en la República de Chile, cargo al que pocos meses después se sumó el cargo de agregado aeronáutico.

En 1939, Perón se marchó a Europa en una misión del ejército argentino, residiendo en Italia y recorriendo Francia, Alemania, España, Yugoslavia, Albania y la Unión Soviética. Esos viajes fueron claves en la maduración de su pensamiento.

El 4 de junio de 1943, se produjo un Golpe de Estado en Argentina que derrocó al gobierno del presidente conservador Ramón Antonio Castillo, vinculado al nazi-fascismo durante la Segunda Guerra Mundial. En ese mismo año, Perón inició su carrera política como secretario del Departamento Nacional del Trabajo dentro del nuevo gobierno argentino. Desde ese cargo, desarrolló un programa social que atraería a sus filas a una parte de los trabajadores argentinos. La vertiginosa actividad del Departamento Nacional del Trabajo de Perón también ocasionó el creciente apoyo a su gestión por parte de dirigentes sindicales pertenecientes a las principales ramas de la izquierda (socialismo, comunismo, etc.).

Perón incorporó a la acción de su Departamento, entre otros, a los sindicalistas y socialistas José Domenech (ferroviarios), David Diskin (empleados de comercio), Alcides Montiel (cerveceros) y Lucio Bonilla (textil); a los sindicalistas y comunistas René Stordeur (gráficos), Aurelio Hernández (sanidad) y Ángel Perelman (metalúrgicos); y a sindicalistas revolucionarios como Luis Gay (telefónicos).

En 1945, la política argentina se radicalizó, existiendo un enfrentamiento entre el peronismo y el antiperonismo. Es decir, entre los partidarios de Perón, principalmente de clase obrera, y sus detractores, mayoritariamente los poseedores de la riqueza y el capital.

Juan Domingo Perón ganó las elecciones presidenciales argentinas de 1946, apoyado por su esposa María Eva Duarte, más conocida como Eva Perón. Desde esa fecha, Perón desarrolló un extenso Estado de Bienestar, centrándose en la creación del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, en la nacionalización de los sectores básicos de la economía, en la redistribución de la riqueza a favor de los desfavorecidos, en el reconocimiento de los derechos de las mujeres y en una política exterior de alianzas sudamericanas.

Perón volvió a ganar las elecciones en 1951 liderando el Partido Peronista e inició un nuevo mandato, pero acabó siendo derribado por el Golpe de Estado militar del 16 de septiembre de 1955. El Golpe de Estado fue el ataque final y violento contra Perón por parte del antiperonismo que había tomado forma en 1945.

Perón se marchó al exilio y vivió durante casi dos décadas en Paraguay, Panamá, Santo Domingo y España. En ese exilio, no perdió su afán por la política, sino que intentó perfeccionar el socialismo patriótico que había fundado en Argentina y que ya era mundialmente conocido como peronismo. Hay escritos e incluso intervenciones suyas de esos años hablando del socialismo y del peronismo que demuestran su constante esfuerzo intelectual en esa dirección.

Juan Domingo Perón regresó a la República Argentina en 1973, cuando alcanzó la presidencia con el 62 por ciento de los votos. En su nueva aventura política, fue apoyado por su nueva esposa, María Estela Martínez, conocida como Isabel Perón o Isabelita.

Durante su gobierno, Perón propició la instauración de un pacto social entre las organizaciones de trabajadores, los empresarios y el Estado y concretó el ingreso del país en la Organización de Países no Alineados. Mantuvo una cierta fidelidad a su pensamiento original, tal y como él lo había concebido en los años cuarenta y desarrollado desde que fue nombrado en 1943 secretario del Departamento Nacional del Trabajo del gobierno argentino.

Juan Domingo Perón murió el 1 de julio de 1974. Tras su fallecimiento, fue suplido en el cargo de presidente de la República Argentina por su esposa Isabel Perón. El mandato de Isabelita terminó con el Golpe de Estado militar del 24 de marzo 1976, una especie de segunda parte del Golpe que envío al exilio a Perón en 1955.

Aún con la muerte de Perón y el final violento de su mandato, el peronismo o justicialismo sobrevivió a la posterior dictadura militar argentina (1976-1983) y regresó con la democracia. En las últimas décadas, no pocos presidentes y cargos políticos de la República Argentina han salido de sus filas, a la vez que estas siguen activas con un extraordinario vigor y confianza en el pensamiento de Juan Domingo Perón, convirtiendo al peronismo en un fenómeno político único en el mundo.

Dos datos dejan poco margen para la duda sobre esta última afirmación. En el año 2020, el Partido Justicialista (peronismo) era el partido argentino con una mayor cantidad de afiliados, contando con una cifra de 3.314.970. Hoy, el actual presidente de la República Argentina es Alberto Fernández, peronista convencido y presidente del Partido Justicialista.

Análisis del estallido político

Por Carlos Meneses Reyes

 I.-Tras dos meses de manifiesta actividad popular en el desarrollo del Paro Nacional, corresponde ubicar los derroteros tomados por el movimiento de protesta, resaltando los virajes del mismo, en los objetivos de un fin propuesto.

Cual doloroso trámite de un parto para la sociedad colombiana, el resultado de las situaciones y efectos producidos son múltiples. Comenzando que por la injerencia de una magistrada de pretender condicionar la realización de manifestaciones y protestas, propios de un Paro Nacional a “permisos” por conceder; la decisión de la Alcaldía de Bogotá de revocar la autorización a los organizadores o Comité Nacional de Paro (CNP), de instalación de tarimas de oradores en la plaza de Bolívar; la actitud de dilación en el reconocimiento y trato de representatividad del Comité de Paro Nacional (CPN); designaron, desde el primer día, el propósito de darle a la protesta social, un tratamiento contra insurgente.

Blandieron el uso y aplicación constitucional, de dientes para afuera, como lo asimila la jerga popular, de protección y defensa de los derechos humanos y del derecho a la protesta y el condicionamiento de las armas oficiales, al uso de la fuerza a manera de distinción, proporcionalidad y el no uso de armas letales.

En total impunidad y mentira, han galopado sobre un estado de cosas inconstitucional (eci) y aplicado, con toda clase de calificaciones, estigmas, a cada una de las novedosas formas y contenido de las protestas que las jornadas callejeras han suscitado.

Se aplicó la más feroz arbitrariedad de las fuerzas armadas y el uso desmedido de la fuerza policial, sin distinción y con aplicación de salvaje insidia contra la juventud, en primera línea, en valeroso ejemplo de contención a los instrumentos de una dictadura en ejercicio.

Demasiados hechos políticos se han sucedido, que resumen toda la actividad del Paro Nacional. La constante manifiesta de la contra parte gubernamental ha sido: la de no conversar, de no dialogar, con los organizadores del Paro; como tampoco con los actores de concentraciones, manifestaciones y bloqueos.

Sin voluntad política para escuchar y reconocer las reclamaciones populares, primó la respuesta oficial y el uso de los efectos mediáticos. En respuesta, sobrevinieron las acciones de bloqueo, como expresión de la protesta popular. Estos bloqueos se generalizaron hacia las vías de acceso a las ciudades y carreteras de transito nacional, como resultado de la vinculación al Paro del sector de transportistas. En sucesión inusitada, las movilizaciones programadas resultaron superadas por las acciones de emprender de hecho, en las vías públicas; demostrándose la falta de capacidad y carencia de dirección del CNP ante la fuerza de los acontecimientos masivos que deparaba el accionar de las masas en el Paro Nacional.

La cadena de sucesos en el desenvolvimiento del Paro Nacional superó las figuras de estereotipos que sobre la protesta se tenía en Colombia. Pronto afloró que no se centraba en el contenido de pliegos de peticiones, reivindicaciones no cumplidas, o propuestas de carácter gremial o sindical y por ello la iniciativa del movimiento sindical colombiano, en ruta a niveles de escaños alcanzados, quedó superada por la exigencia de los sectores populares, palmariamente difundidas, lo cual conllevó a la connotación de carácter político del Paro; con el ítem, que su no reconocimiento político e intervención, en el caudal de la lucha popular, por parte de los movimientos políticos de oposición y del no rechazo de estas colectividades a las políticas de hegemonía oligárquica contra insurgentes aplicadas, ha derivado en un divorcio de lo programático partidario con lo coyuntural expuesto.

Las organizaciones políticas y partidos de oposición, por lo coyuntural de lo inmediato del debate y aspiraciones electorales, relegaron los vínculos que tienen con la lucha política por opción o vocación de poder, apartando o dejando a un lado la respuesta a los conflictos que agobian al movimiento popular colombiano, en lo económico, político, social, ecológico, con agenda propia y contradicciones subsistentes, hacia alcances de transformación estructurales.

Hablar de divorcio de las colectividades políticas de oposición, centra la discusión en la supremacía de la suerte de la vía electoral, cuando ello en modo alguno estaba en juego. Esto redunda en la resonancia al espíritu político de la dirigencia sindical, gremial, de organizaciones sociales; lo cual trajo como resultado la capitulación al leguleyismo santandereano, por parte de la Dirección del Comité de Paro. Se reemplazó así, la dinámica de la lucha y resistencia popular contra las medidas fascistas y dictatoriales, por la presentación de proyectos de ley, ante el corruptivo Congreso de la república y en momentos en que este asomó, como el principal enemigo de las luchas populares en Colombia y generador de tantos males.

El carácter comúnmente conocido o tradicional de Paro Cívico Nacional Indefinido, derivó en la huelga política, en el Paro Político Nacional (PPN). Ello explica la cortedad de manejo de la dirección del CNP, al aceptar la no capacidad representativa nacional de la mayoría de los sectores afectados, protestantes y manifestantes. Pero los cuadros sindicales no tuvieron la capacidad de dar el salto cualitativo a la caracterización política de la protesta y no quedarse en el mero calificativo de “estallido social”. Por ello la Dirección del Paro, se plegó a las estrategias de dilación y desconocimiento de la contra parte gubernamental. La contradicción suscitada en el seno de las organizaciones, movimientos, partidos y sectores sociales de la Asamblea de Delegados, no fue suficiente para otorgar una línea de trabajo a aplicar a la Dirección Nacional de Paro (DNP), con miras a superar las limitables de participación y asistencia, ante los efectos del rebrote político efervescente popular; manifestado en multiplicables sectores, de fuerzas regionales y de la sociedad civil, ante los cuales no tenía ni cubría alcance direccional.

 II.- En cuanto a los movimientos y/o partidos de oposición, no cualificaron con su soporte y participación de dirección y asistencia política al movimiento sindical en Paro Nacional; centrando todo su esfuerzo en lo participativo electoral. Ni siquiera asumieron el ejercicio “De la participación democrática de los partidos políticos”; desde el punto de vista de tema o asunto de recurrir a el cabildo abierto en los municipios; para en la práctica, superar las talanqueras o reparos impuestas a las expresiones de democracia directa participativa o “democracia de las calles”.

Se conoce que la reglamentación de lo constitucional, por parte de los hacedores de leyes narco para estatales, han relegado y desechado la naturaleza y eficacia practica de esos mecanismos de participación directa. Obvio que pesa la existencia de un congreso mayoritario narco oligárquico paramilitar, en el manejo estatal y gubernamental y en el recorte de inspiraciones del constituyente primario. No obstante, ello no es óbice para que sea la conducción política la que asume la superación de esos entuertos, de desconocer la cumplimentación y uso de participación de todos esos mecanismos constitucionales de democracia directa y no representativa. Comenzando por el voto mismo, en franca y total degradación, con un sistema electoral corrupto y de casino que aún a costa del desarme y desmovilización de una fuerza insurgente, lo mantienen sin asomo de implementación de los Acuerdos de La Habana y el Teatro Colón. Todo por el culto al electorerismo, también conocido como “cretinismo parlamentario”; cuando la esencia de la participación electoral en Colombia incluye el elemento material de superar la corrupción, clientelismo, compra venta de votos; el terror y el engaño, ínsito, propio y connatural del sistema electoral corrupto, que atornilla a todo lo espurio y falso de la llamada “democracia” colombiana.

 III.- La desigualdad social es más violenta que cualquier protesta. El número de reivindicaciones y cambios estructurales que fueron surgiendo durante el trazado y desarrollo del Paro Nacional, demostró la dinámica del mismo y la ausencia confusionista de objetivos.

Con militarización y violencia el gobierno nacional obstaculizó la negociación.

El gobierno desvirtuó el carácter pacífico de la protesta. Demostró que al sistema nada le importa eso. Arremetió en forma salvaje y desmedida. La acometida con el uso indiscriminado de disparos a los manifestantes, apoyados de civiles armados, resaltó en lo desigual del conflicto en escena; evidenciando la aplicación y el uso del paramilitarismo en lo urbano. Por ello se plantea que el tratamiento dado a la protesta fue contra insurgente.

A lo gubernamental afectó la irrupción de descontento, cual expresión política, sin depender de movimiento político orientador. Tanto el origen del conflicto actual como su no solución, implica que el único responsable de los efectos, en todos los planos, por resultado del Paro Nacional, es el actual gobierno del sub presidente Duque. La protesta generalizada y radicalizada surgió, por incompetencia e ineficacia gubernamental, en lo conocido como desgobierno, cual estallido de resistencia al régimen imperante y al modelo económico neoliberal. Allí radica la esencia de la protesta y el meollo del asunto a resolverse.

A la fecha se puede afirmar que el asunto, como materia y motivo a resolverse es de resultado y esencia originaria de motivación política, como protesta interminable y en escala, que suscitó el Paro Nacional desde el 28A, en forma creciente, ascendentes, de espiral imparable. No se registra antecedente que la represión policial-militar pueda dar al traste con esta clase de protesta política.

Por el contrario, se ha demostrado que aún sin un organismo de dirección activo, los enfrentamientos continúan en muchas ciudades capitales de departamento y la lluvia de reclamaciones y exigencias regionales, aumentan.

El gobierno le apuntó al desgaste de las dirigencias y de los manifestantes. Al enfrentamiento de estos con los sectores sociales en receso y población afectada por las acciones y movimientos de protesta. Descargó toda su culpa e ineficacia en la conducción gubernamental de solución al asunto, bajo la premisa de la dilación, la negación a la violación de los derechos humanos, la no condena a la violencia policial, lo cual redundaba en el camino explicito para el desmonte del Escuadrón de la Muerte Policial-Esmad, la reforma y cambio estructural de la actual policía militarizada y la apertura a un Nuevo Pacto social en Colombia.

 IV.- Los fines esenciales constitucionales del Estado han sido colocados en entredicho. El ejercicio de la soberanía popular en forma directa, vilipendiada. Violado el derecho a la vida y aplicado de facto el recurso de la muerte, con el asesinato, el desaparecimiento físico y tortura a los jóvenes. El trato y protección a ciudadanos, sin discriminación a marginados, minorías, pueblos autóctonos, fue desconocido. Los derechos sociales, económicos y culturales, mancillados; así como no reconocer, el carácter inalienable de los bienes y servicios públicos, a ojos vista privatizados y objeto de la furia inclemente de la indignación generadora de repulsa colectiva, en una acción que podría considerarse- en el imaginario popular- de descalificación y no empoderamiento de protección, como propio, hacia la cosa pública.

Así la situación, transcurridos dos meses de protestas no reconocidas e imparables; todo en Colombia está por darse. La Resistencia, continúa. No se requiere de una inteligencia preventiva para que el establecimiento acepte que días de mayor radicalización se darán y en vísperas del festejo de la primera independencia nacional y la lucha por la segunda independencia definitiva se está abriendo con mayor intensidad. Transitamos por la segunda oportunidad y bajo la premisa que “no hay mal que dure cien años, ni país que lo resista”.

Declaración sobre la eliminación y el castigo del crimen del apartheid en la Palestina histórica (versión en español)

SURCOS comparte la siguiente declaración sobre apartheid en Palestina. Texto colectivo.

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Considerando que:

1- Israel ha sometido al pueblo palestino durante 73 años a una catástrofe continua conocida como la Nakba, un proceso que ha incluido desplazamientos masivos, limpieza étnica, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad;

2- Israel ha establecido un régimen de apartheid en todo el territorio de la Palestina histórica, dirigido contra todo el pueblo palestino, al que ha fragmentado; Israel ya no trata de ocultar el carácter de su régimen de apartheid, afirmando la supremacía judía y derechos de autodeterminación reservados a los judíos en toda la Palestina histórica según la nueva Ley Básica aprobada en 2018 por la Knesset;

3- El carácter de apartheid del actual régimen israelí en Palestina se ha confirmado y documentado exhaustivamente por parte de organizaciones de derechos humanos de prestigio internacional, como Adalah, B’Tselem, Human Rights Watch, así como en el estudio del Comité Económico y Social de la Comisión para Asia Occidental, que subraya la importancia de definir el apartheid israelí como algo que se extiende a las personas y no sólo personas en lugar de limitarse al espacio [«Prácticas israelíes contra el pueblo palestino y la cuestión de Apartheid» UN ESCWA, 2017] ;

4- Israel desencadena regularmente una violencia masiva con efectos devastadores en la población de Gaza, que está sufriendo una devastación generalizada, traumatismo colectivo, con numerosos muertos y heridos, agravado por la imposición de un bloqueo inhumano e ilegal desde hace más de 14 años y la actual emergencia sanitaria creada por el Covid;

5- Las potencias occidentales han facilitado e incluso subvencionado durante más de siete décadas este sistema israelí de colonización, limpieza étnica y apartheid, y siguen haciéndolo diplomática, económica e incluso militarmente.

Considerando:

i- La Declaración Universal de Derechos Humanos que establece en su primer artículo que «Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos». Y teniendo en cuenta que todos los pueblos tienen derecho a la libre determinación conforme al artículo 1 común del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y como tal es un derecho legal y ético de todos los pueblos.

ii- La Convención Internacional sobre la Supresión y el Castigo del Crimen de Apartheid, que estipula en su artículo I que «es un crimen de lesa humanidad y que los actos inhumanos que resultan de las políticas y prácticas de apartheid y las políticas y prácticas análogas de segregación y discriminación racial que se definen en el artículo II de la presente Convención son crímenes que violan los principios del derecho internacional, en particular los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas, y que constituyen una amenaza seria para la paz y la seguridad internacionales«.

Los Estados Partes en el presente Convenio se comprometen, según el artículo IV a:

«a) A adoptar las medidas legislativas o de otro orden que sean necesarias para reprimir e impedir el aliento al crimen de apartheid y las políticas segregacionistas similares o sus manifestaciones y para castigar a las personas culpables de tal crimen;

  1. b) A adoptar medidas legislativas, judiciales y administrativas para perseguir, enjuiciar y castigar conforme a su jurisdicción a las personas responsables o acusadas de los actos enumerados en el artículo II de la presente Convención, independientemente de que tales personas residan en el territorio del Estado en que se han cometido los actos o sean nacionales de ese Estado o de algún otro Estado o sean personas apátridas«.

Los firmantes de este documento:

A- Afirmamos nuestro categórico rechazo al régimen de apartheid establecido en el territorio de la Palestina histórica e impuesto al pueblo palestino en su totalidad, incluyendo a los refugiados y exiliados en cualquier parte del mundo.

B- Pedimos el desmantelamiento inmediato de este régimen de apartheid y el establecimiento de un acuerdo constitucional democrático que conceda y ponga en práctica la igualdad de derechos y deberes para todos los habitantes de este país, sin ninguna discriminación por motivos de raza, origen étnico, de religión o de género, y que respete y aplique el derecho internacional y los convenios de derechos humanos, y en particular de prioridad al largamente postergado derecho al retorno de los refugiados palestinos expulsados de sus ciudades y pueblos durante y después de la creación del Estado de Israel.

C- Instamos a nuestros gobiernos a que cesen inmediatamente su complicidad con el régimen de apartheid de Israel en Palestina, para unirse al llamamiento en aras de desmantelar las estructuras del apartheid y sustituirlas por estructuras igualitarias con un gobierno democrático que trate a todas las personas bajo su autoridad con pleno respeto a sus derechos y hacer esta transición de conformidad con el derecho de libre determinación del que gozan los dos pueblos que ahora habitan la Palestina histórica.

D- Pedimos la creación de una Comisión Nacional para la Paz, la Reconciliación y la Rendición de Cuentas para acompañar la transición del apartheid israelí a un proceso de gobierno respetuoso de los derechos humanos y de los principios y prácticas democráticas.

Mientras se pone en marcha dicho proceso, pedimos a la Corte Penal Internacional (CPI) que realice una investigación formal sobre la política israelí y el personal de seguridad culpables de perpetuar el crimen del apartheid.

—-

La lista de los firmantes (más de 850 firmas registradas en 45 países al 10/07/2021) está disponible aquí. Universitarios, artistas e intelectuales pueden adherir a esta declaración completando el siguiente formulario.

Foto extraída de nota de la organización Amnistía Internacional (AI), titulada «Israël discrimine les Palestiniens dans l´ accès à l’eau»

Esta declaración ha sido ya firmada por más de 850 universitarios, artistas e intelectuales provenientes de más de 45 países. Entre los signatarios, figuran renombradas personalidades, entre las que destacan los premios Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel y Mairead Maguire, los juristas universitarios Monique Chemillier-Gendreau y Richard Falk, los académicos Étienne Balibar, Hagit Borer, Ivar Ekeland, Suad Joseph, Jacques Rancière, Roshdi Rashed y Gayatri Spivak, el investigador en salud Sir Iain Chalmers, el compositor Brian Eno, el músico Roger Waters, la escritora Ahdaf Soueif, el economista y antiguo Secretario Adjunto de Naciones Unidas Sir Richard Jolly, el político sudafricano y veterano de la lucha contra el apartheid Ronnie Kasrils, y la activista por la paz canadiense y antigua lideresa nacional del Partido Verde de Canadá, Joan Russow.

Canarias: un archipiélago único

Gabe Abrahams

Canarias es un archipiélago que se encuentra situado en el Océano Atlántico. Tiene el reconocimiento de Comunidad Autónoma española.

Además, Canarias es una región ultraperiférica de la Unión Europea que, por formar parte del Estado español, es parte del territorio europeo, dentro del espacio Schengen.

El archipiélago canario está situado en el noroeste de África, muy cerca de las costas de Marruecos y del norte del Sáhara Occidental. La isla de Fuerteventura se encuentra a unos 95 km de la costa del África continental, mientras que su distancia con Europa es de unos 940 km.

El archipiélago canario está compuesto por ocho islas y cinco islotes, algo que muchas veces se pierde de vista. Todas y todos de una belleza extraordinaria. Hablamos, por un lado, de El Hierro, La Gomera, La Palma y Tenerife, que se engloban en la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Y, por otro lado, de La Graciosa, Fuerteventura, Lanzarote y Gran Canaria, que forman la provincia de Las Palmas. Población total: unos 2.300.000 habitantes.

Las islas del archipiélago, de origen volcánico, se asientan sobre la placa africana y tienen un clima subtropical, aunque este varía según la altitud y la latitud donde uno se encuentre. Este clima ha generado una gran diversidad biológica, la cual ha enriquecido aún más el paisaje ya de por si bellísimo de las islas.

Las islas del archipiélago poseen cuatro parques nacionales, reservas de la biosfera de la Unesco, zonas declaradas Patrimonio de la Humanidad, etc. Todo esto unido al buen clima y las playas han hecho de Canarias un destacadísimo destino turístico, hasta tal extremo que está considerada como la primera potencia turística europea.

A nivel histórico, las raíces de Canarias son muy profundas. La colonización de Canarias se llevó a cabo por parte de bereberes norteafricanos en varias migraciones, influenciadas por la desertización del Sáhara y por el empuje de los fenicios y romanos en el Norte de África.

La primera cita histórica sobre el archipiélago canario, de hecho, la realizó el escritor y militar romano Plinio el Viejo en el siglo I en su obra Naturalis Historia, al relatar una expedición a Canarias del rey de Numidia y Mauritania, Juba II. Juba II fue el único hijo y heredero del rey Juba I de Numidia, rey bereber del Norte de África.

La relación de los bereberes con Canarias fue tan importante en la antigüedad que los aborígenes canarios o Guanches fueron bereberes tanto a nivel genético como cultural.

Las lenguas de los aborígenes canarios o Guanches (llamadas bereber canario o tamazight insular) fueron un conjunto de lenguas bereberes. El sistema de numeración muestra un parentesco indudable entre esas lenguas bereberes de Canarias y las lenguas bereberes que actualmente se hablan en diferentes puntos del Norte de África.

Canarias… Lugar privilegiado, con historia milenaria y turismo de primer nivel. Todo perfecto. ¿Todo?

La pertenencia de Canarias a África y su distancia mucho menor con las costas de Marruecos que con las europeas ha provocado que recientemente aparezcan nubarrones oscuros en el horizonte de estas islas milenarias y entrañables.

Canarias se ha convertido en uno de los objetivos del rey de Marruecos, Mohamed VI, quien ha recuperado la idea imperialista del Gran Marruecos. Una idea que parte del marroquí Allal el Fassi y que defiende un Marruecos dueño del Sahara Occidental, Mauritania, partes de Argelia, Ceuta y Melilla y Canarias.

En 2020, Marruecos oficializó leyes internas para apropiarse de las aguas canarias y las riquezas que existen en su subsuelo. De esta manera, Marruecos amplió 200 millas su zona económica exclusiva y la plataforma continental la extendió a 350 millas. Lo ocurrido en 2021 en la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) y en Ceuta son parte de la misma estrategia imperialista de Marruecos.

Ante este desafío de Marruecos, la respuesta de España y la Unión Europea fue tibia, cuando lo que necesitaba Canarias era una posición firme ante el desafío imperialista marroquí.

Esperemos que tanto España como la Unión Europea cumplan con su compromiso legal de defender su integridad territorial, en la cual está incluida la milenaria Canarias, y con su responsabilidad histórica ante la misma.

Dentro del ámbito europeo, es donde Canarias puede mantener su identidad única, mostrarse tal y como es ante el mundo, progresar hacia el futuro y alcanzar logros excepcionales en turismo y otros sectores de la economía como los expuestos en este artículo.