Ir al contenido principal

Marco Rubio García, Monomaníaco y Mitómano

Lic. José A. Amesty R.

28-mayo-2021

Sin duda alguna el senador republicano Marco Rubio García en EEUU, se ha convertido en el estratega de presión contra Cuba y Venezuela. Su verborrea barata, repetitiva, politiquera y mentirosa, lo hace ser un monomaníaco y mentiroso.

Su última perla es afirmar que hay “hay elementos del extranjero, de la izquierda, en Venezuela y Cuba” que “están buscando desestabilizar al Gobierno de Colombia”. Cuando la realidad es, según la camarada Norelys Morales Aguilera, la realidad testimonia la aguda crisis, la represión y las medidas ultra neoliberales, que han hecho que los colombianos se lancen a las calles, además de los desaparecidos durante las protestas y los videos que han circulado sobre ataques de la policía a la sociedad civil.

Nos sumamos a las denuncias del compañero, Tony López R., Periodista, politólogo y analista internacional, quien señala: Además de los adjetivos señalados contra Rubio García, debemos enfatizar que es un Señor de la Guerra, al desear borrar las ideas y ejemplos de Bolívar y Martí, que guiaron a los dos grandes líderes de esta época, Fidel Castro y Hugo Chávez, y que protagonizaron esta gesta libertaria en los albores del Siglo XXI frente al imperialismo yanqui.

En este sentido, Marco Rubio (cabeza política e ideológica) es el arfil más importante en este ajedrez político, para manejar el tema cubano- venezolano, el senador cuenta con el respaldo de la mafia cubana-americana y venezolana de Miami, además tiene estrechas relaciones con el colombiano senador Álvaro Uribe Vélez y el actual presidente Iván Duque, cuyos vínculos con el narco paramilitarismo ha sido públicamente denunciado por la revista Semana y los destacados periodistas Gonzalo Guillen en Nueva Prensa y Julián Martínez.

No es extraño entonces, estas relaciones de Marco Rubio con la dirigencia narco paramilitar de Colombia, y los lazos, actualmente, ocultos o censurados por los medios de Miami, y el escándalo que se produjo en 1987, por la relación familiar de Marco con su cuñado Orlando Cicilia de Paula, perteneciente a la poderosa banda de narcotraficantes dirigida por Mario Tarrau.

Este escándalo, relacionado con el narcotráfico, ocultado por Rubio en su currículo cuando aspiraba a un escaño al Congreso, norteamericano lo marcó como mentiroso por su sospechosa omisión y fue objeto de diversos comentarios.

También, Desde hace algunos años, Marco Rubio, se vinculó a la tarea de provocar el derrocamiento del gobierno de Maduro, lo hizo siempre. A su vez, el senador Rubio fue uno de los promotores del Concierto Aid Live Venezuela. Esta actividad, tenía el propósito tratar de ingresar, ilegalmente, una supuesta ayuda humanitaria a Venezuela.

A su vez, recordemos el escándalo que se produjo, vinculando al excongresista cubano americano, David Rivera de reconocida posición contra los gobiernos de Cuba y Venezuela, en una estafa o fraude, por una demanda puesta por el gobierno bolivariano de Venezuela en su contra, quien en el año 2017 fue contratado por la empresa PVDSA, pese a sus relaciones íntimas con Marco Rubio, aparece involucrado en un escándalo que lo vincula a dicha empresa perteneciente al Estado venezolano, que lo involucra en una estafa de 50 millones de dólares, de los cuales había recibido 15 millones, un dineral nada despreciable para que Rubio perdone a su amigo Rivera, o no es descartable que ser cómplice.

A todo lo anterior se suma, los esfuerzos y trabajos de Rubio, que realizo con delegaciones miembros de la OEA, para lograr la condena del gobierno venezolano y así poder justificar, legalmente, una intervención militar a través del TIAR y respaldo de la OEA, las condenas nunca fueron logradas, a pesar de que junto al Secretario General de la OEA, el mercenario Luis Almagro, presionaron y chantajearon a muchos gobiernos.

Venezuela al final salió definitivamente de la OEA, y junto a Cuba son los dos países latinoamericanos que no forman parte de esta desprestigiada organización que, subordinada al Departamento de Estado, que continúa violando el primer punto de la Carta fundacional de este ministerio de colonia y por lo tanto ninguna decisión que se tome en la OEA puede aplicarse a ambos países.

Recordemos igualmente, la jugada de Rubio contra Venezuela de promover la designación de Carlos Trujillo, cubano americano y excongresista estatal de la Florida, como embajador de Estados Unidos ante la OEA, quien tuvo la tarea de que en plena complicidad con el Secretario de la OEA Luis Almagro, se reconociera al inexistente gobierno de Guaidó y se nombrara a un “embajador” que recayó en el derechista opositor Gustavo Tarre Briceño, que no representa a ningún Estado y ejerce fraudulentamente ese cargo.

Otras mentiras de Rubio García

En diferentes ocasiones ha mentido sobre la llegada de sus padres a este país para buscarse la simpatía de los que odian visceralmente al gobierno cubano. Según el “Ilustre Senador” sus padres llegaron a la Florida después de 1959, huyendo del régimen comunista de Cuba, cuando la verdad es que aún Fidel Castro no había salido de México, para desembarcar en la isla, cuando ya los progenitores de Rubio, habían aplicado por una visa de inmigrante permanente en la embajada norteamericana, en el Malecón habanero.

El demócrata Dan Gelber, califica a Rubio como peligroso, y cuenta que el día que este asumió el cargo como Presidente de la Cámara de Representantes de Florida, tomó el micrófono y pidió a los congresistas se acercaran a su estrado, les mostró un libro azul, con un gran 100 en la portada. Cuando Gelber y sus compañeros, lo abrieron para hojearlo, un murmullo recorrió la sala pues, todas las páginas estaban en blanco. Un libro en blanco, Rubio lo había mandado a hacer, pero solo había redactado el título: “100 ideas innovadoras para el futuro de Florida”.

En el año 2019, afirmo: “Hoy otra explosión de transformadores en la presa alemana (’German Dam’) en el Estado Bolívar-Venezuela, causó otro apagón masivo. ¿El resultado? Han muerto pacientes gravemente enfermos, el metro Caracas sigue fuera de servicio y pocos o ninguno de los vuelos han llegado o salido de Caracas durante más de 20 horas”, aseguró el político, informando falsa y descaradamente sobre sucesos que nunca ocurrieron.

En 2016, el congresista republicano Marco Rubio mencionó que Cuba estaba utilizando ataques sónicos para afectar la salud de los diplomáticos de EEUU, residentes en la Habana llamando a las ondas el “rayo de la muerte”.

Estas son solo algunas muestras, de la mitomanía y lo monotemático de Rubio García, quien ha labrado su carrera política con base en estas prácticas ya señaladas.

Primera dosis de la vacuna contra el COVID-19

Por Marcos Chinchilla Montes

Mi agradecimiento

Finalmente, vacunado con la primera dosis se comienza uno a sentir medianamente más tranquilo, sin aflojar en ninguna de las medidas. Esto es de vida o muerte.

Pero la vacunación no solamente es ese momento de aplicación.

En los años 40 del siglo pasado, fruto de importantes movilizaciones sociales, nuestro país fue desarrollando un vigoroso modelo de seguridad social que nos cobija hasta el presente; así que mi agradecimiento a mis abuelos, a Manuel Mora, a Carmen Lyra, a Calufa, a Luisa González, a Calderón Guardia, a Monseñor Sanabria, a los miles de mujeres y hombres que materializaron la institucionalidad pública que hoy tenemos y que ha sido clave para atender a la población en esta compleja coyuntura. A casi 80 años de esas conquistas, aquella generación ni se imaginaba que la semilla que estaban sembrando, sería un día fundamental para atender esta pandemia.

Mi agradecimiento sincero también a personas como Mario Devandas o Marita Arce, entre otros miles de personas, que fueron claves para que la Caja Costarricense del Seguro Social no fuera privatizada por los intereses de la burguesía neoliberal costarricense.

Honrar la memoria de quienes no llegaron a esta etapa de vacunación, son casi 4 mil las personas muertas; mi solidaridad con los otros miles que padecen de COVID-19 largo y que posiblemente nunca lo superen.

Mi indignación absoluta para con aquellos políticos y cámaras empresariales que nunca pensaron en clave de solidaridad y si de voracidad; poco les importó el valor de la vida humana, prefirieron ver a empleados y clientes contagiarse, antes que perder la oportunidad de llevarse un colón a la bolsa. A ellos le debemos buena parte de esa tragedia que vive nuestra sociedad.

Don Julio Acosta y un Congreso indigno

Freddy Pacheco León

Después de encabezar el movimiento revolucionario que eventualmente derrocara al régimen dictatorial de Federico Tinoco, rescatando para Costa Rica la libertad y el prestigio mancillados, la historia le tenía reservada la creación de una de las páginas más preclaras. Desde que ingresara triunfante con su tropa en setiembre de 1919, se vislumbraba la forja de un presidente de la República dispuesto a recuperar los derechos subyugados.

Pero hizo más. Como primer mandatario se opuso vehementemente a que se favoreciera o recompensara con monedas a los que junto a él habían luchado contra la dictadura, enfrentándose incluso a partidarios y amigos entrañables que aspiraban ser recompensados. Gracias a su hidalguía, su manifiesta oposición de entonces perdura y sigue molestando la conciencia de algunos de los gobernantes que le sucedieron.

Con fecha de 2 de julio de 1920, don Julio DEVOLVIÓ SIN FIRMAR la “Ley de Recompensas” aprobada por el Congreso Constitucional, conque se pretendía premiar con dinero a los héroes distinguidos en la lucha armada que acabara con la dictadura. En su memorable veto, decía don Julio Acosta:

“Todavía contemplan mis ojos las lágrimas de las mujeres, la alegría delirante de los niños, la emoción desbordada de las multitudes… al recibir a sus soldados predilectos…” Y agregaba: “Arrebatados por fuerzas interiores y hecho ascuas el corazón, los adolescentes de los liceos y los niños de las escuelas lanzaron su grito de protesta. ¿Vamos a enseñarles a ellos que eso, que es espíritu, se puede pagar con lo otro que es materia? Las cosas del espíritu sólo se pueden pagar con cosas del espíritu, porque si no fuera así, se apagaría el fulgor de lo único que engrandece al hombre.

¿HUBO GLORIA en la actitud asumida por los que se enfrentaron al déspota? Entonces NO HAY PAGA en dinero.  ¿HUBO PAGA? Entonces NO HAY GLORIA; que no se puede servir a dos señores.  ¿Si hay paga quien ofrenda su vida? Lo único que invita a la muerte es el ideal”.

Sin embargo, como ahora, aunque sus palabras incomodaron a más de uno en el Congreso, los que se molestaron no la pensaron dos veces para RESELLAR la “Ley de Recompensas”, echando al basurero la gloria bien ganada.

Pocas semanas antes de su muerte, en 1954, fue declarado Benemérito de la Patria… quizá apoyado por los mismos que 34 años antes prefirieron la paga.

Mesa Redonda: El Acuerdo de Escazú

La Asociación Americana de Juristas Rama Costa Rica, la Facultad de Derecho y el Posgrado en Derecho Ambiental de la UCR invitan a participar de la Mesa Redonda: EL ACUERDO DE ESCAZÚ

Se llevará a cabo el día viernes 4 de junio del 2021 a las 4:00 pm (hora de Costa Rica). Se abordarán los siguientes temas:

Tema Uno:

Consideraciones Generales: La puesta en vigencia del Acuerdo de Escazú ¿altera significativamente el equilibrio presupuestario del Poder Judicial?

Participan:

  • Rosa Peña Lizarazo, Abogada de la Asociación Interamericana de Derecho Ambiental.
  • Nicolas Boeglin Naumovic, Profesor de la Universidad de Costa Rica

Modera:

  • Luis Roberto Zamora, Asociación Americana de Juristas, Rama Costa Rica

Tema 2: 

La participación ciudadana en materia ambiental que el Acuerdo de Escazú busca consolidar ¿constituye un derecho humano?

Participan:

  • Jaime Cárdenas Gracia, Profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ex Diputado Federal.
  • Alvaro Sagot Rodríguez, Profesor de la Universidad de Costa Rica

Modera:

  • Nikole Jirón Beirute, Consultora Internacional en Derechos Humanos

Tema Tres:

Salvaguardas en tratados internacionales que permiten a los Estados cierto margen de maniobra: el caso del Acuerdo de Escazú

Participan:

  • Constance Nalegach Romero, Consultora Internacional en Sustentabilidad.
  • Mario Peña Chacón, Director de la Maestría en Derecho Ambiental de la Universidad de Costa Rica.

Modera:

  • Martín Rodríguez Miranda, Asociación Americana de Juristas, Rama Costa Rica.

Para visualizar el evento puede hacerlo mediante el Facebook o al canal de YouTube de la Asociación Americana de Juristas:

https://www.facebook.com/AAJRamaCostaRica

https://www.youtube.com/channel/UCOuga5PTuOVS-y-saGWnTcQ

Compartimos el programa para descargar y compartir:

Demandas democratizadoras esquivas

Rosell Laberiano A.

El bicentenario como oportunidad.

Después de los años noventa del siglo pasado, en el Perú persisten las luchas por la democratización del Estado, con resultados esquivos. En el 2021, en un contexto electoral, nuevamente el Perú se encuentra con esas tensiones, asociadas con el factor racial, curiosamente en el año del bicentenario de la independencia.

Esas luchas provienen desde los sectores marginalizados de la actual estructura de poder que se reconfiguró e impuso con el Fujimorismo. Después de los noventa, el giro fue contundente y duramente impuesto en el Perú. El Fujimorismo surgió como una coalición de poder[1], que se mantiene hasta ahora con nuevas manifestaciones, ramificaciones y rostros, esperando cualquier oportunidad o manipulándola para recuperar el control absoluto del Estado.

Estos sectores en permanente lucha por una sociedad y Estado más democrático se encuentran en todo el país, incluso en zonas de actividad minera moderna que no se han visto favorecidos por la redistribución de la riqueza. Tanto así, que una de las candidatas en el proceso electoral de 2021, enarboló la promesa de distribución del canon en las áreas de influencia de estos proyectos.

Las luchas se aglutinan sin plataformas sostenidas en el tiempo, con posibilidades de ser capitalizadas por personajes coyunturales sin identificación genuina con aquellas. En la Amazonía peruana, las luchas han logrado mayores niveles de articulación y generación de discursos de democratización social; sin embargo, con escasos vasos comunicantes para enarbolar una ruta de acción de alcance nacional, con menores niveles de éxito como los ocurridos en los vecinos países de Ecuador y Bolivia.

Después de los años 90s, esas luchas se ha desarrollado en varios momentos, principalmente asociados a los procesos electorales nacionales, ante el vacío de opciones sociales y políticas alternativas sostenibles. En el 2020, diversas organizaciones sociales también se han manifestado, pero de manera atomizada en varias partes del país ampliando sus demandas locales por demandas democratizadoras del Estado, que se han atenuado y debilitado en un contexto de pandemia.

La lucha contra la sociedad y Estado oligárquico tomó varios años. Posiblemente la lucha contra el Fujimorismo también tome mucho tiempo, porque esta se “reinventa” constantemente. La oligarquía y el Fujimorismo tienen elementos comunes, hasta parece ser esta última su continuidad en algunos aspectos. La lucha contra la oligarquía dejó resquicios que aparentemente el Fujimorismo retomó y reconfiguró en un escenario neoliberal. “El antiguo régimen ya estaba en crisis desde los años 60. Es esa antigua crisis políticamente no resuelta la que produce a Fujimori” (Quijano Obregón, 1995, p. 27).

Además, como señala Quijano, “Antes de la Segunda Guerra Mundial, era el Estado de los “patrones”. Ahora, es el Estado de los capitalistas, no siquiera del capital” (Quijano Obregón, 1995, p. 8).

En esas luchas, asociadas algunas a procesos electorales, están la “marcha de los cuatro suyos” en el 2000, que evidenció y desbordó las demandas contenidas por la democratización del Estado, capitalizada por Alejandro Toledo, con resultados esquivos para avanzar con la democratización del Estado durante su gestión. Nuevamente, en el año 2011, el voto popular volvió a insinuar esta demanda democratizadora a través de Ollanta Humala, también con resultados esquivos durante su gestión. La más reciente fue la movilización contra el efímero gobierno del Manuel Merino de Lama con resultados favorables en el corto plazo que permitieron su dimisión inmediata en noviembre de 2021. Todos estos intentos, con resultados adversos o favorables, pero efímeros en el tiempo, están vigentes y lo seguirán estando, como placas tectónicas en desnivel.

Las luchas son recurrentes en el país y son mostradas como situaciones aisladas sin mayor trascendencia, cuando no es así. Los grupos de poder encuentran su plataforma más lograda en el Fujimorismo, para maximizar la consecución de sus intereses. El Fujimorismo impulsó no solamente el modelo económico neoliberal en el Perú sino también se impregnó en la intersubjetividad de sectores que no se beneficiaron ni se benefician, ni se beneficiarán directamente de ella. Esa impregnación se sustenta en programas sociales, conservadurismo religioso, miedo, entre otros factores vueltos al escenario después de la colonia.

Las demandas democratizadoras del Estado fueron bloqueadas o reconfiguradas permanentemente por los grupos de poder después de los 90s, con o sin el Fujimorismo. Incluso el expresidente Martín Vizcarra fue un estorbo en su camino. Ese bloqueo encontró eco en algunos sectores de la población que han asumido un discurso que no les pertenece. Es la paradoja que permite la continuidad del Fujimorismo a pesar de sus crisis. Se ha revitalizado muchas veces. En la intersubjetividad de algunos sectores marginalizados se ha impregnado el miedo proyectado de los grupos de poder ante cualquier resquicio de cambios profundos en el país que alteren la estabilidad. Como señala Quijano, al referirse al Fujimorismo de mediados de los noventas, que “la estabilidad es un miedo, no una expectativa” (Quijano Obregón, 1995, p. 22). Son miedos que no han logrado el efecto esperado por el Fujimorismo, dado el desborde de otros miedos expuestos durante la pandemia.

Esas demandas democratizadoras vuelven en el escenario de las elecciones de 2021, esta vez canalizadas por un candidato rondero, sindicalista y campesino. En este escenario vuelven nuevamente los temores de los grupos de poder, y el Fujimorismo sale a defenderlos. Sus temores son proyectados a los sectores populares y clases medias principalmente urbanas y limeñas durante el proceso electoral con estigmatizaciones y relatos sin mayor sustento, con trasfondos raciales. Ese facto racial que está subyacente unas veces y otras claramente manifiestas; vuelve a expresarse como una amenaza, con estigmatizaciones asociadas a la formación académica, modo de hablar, lugar de nacimiento, pensamiento y otros “rasgos” del candidato. Es el temor a ser gobernados por algún representante excluido, porque se considera en esa subjetividad que es incapaz de gobernar, porque podría desencadenar furias y resentimientos guardados por siglos, porque podrían resquebrajarse las bases de su poder actual. Cuando las percepciones de amenaza a la estabilidad del patrón de poder se juntan con los factores raciales, los miedos de los grupos de poder se convierten en pánico y pueden habilitarse en represión, como ya pasó en varios países como Haití, que hasta hoy vive sus consecuencias.

Los grandes retos de estas luchas en el Perú son imaginar, pensar, sentir y construir una sociedad y Estado más democrático, no solamente en períodos electorales; por cierto muy complejos. Ese análisis que se desarrolló en varios momentos del siglo pasado requiere retomarse en un escenario de crisis climática y pandémica. Como señalaba Quijano, “La nacionalización de la sociedad quiere decir aquí literalmente la descolonización del poder, la democratización de la sociedad y de su vida cotidiana, que van a expresarse en formas nuevas de autoridad y de representación” (Quijano Obregón, 1995, p. 25).

Son algunas reflexiones recordando el tercer año de la partida de Aníbal Quijano.

Bibliografía

Quijano Obregón, A. (1995). El Fujimorismo y el Perú. Lima: SEDES. Este texto reúne varios artículos, entrevistas y reflexiones, cuya edición estuvieron a cargo de Marco Mallqui y Ramón Pajuelo.

Rosell Laberiano A.

31.05.2021

[1] Quijano señala que el Fujimorismo es una “coalición de poder integrada por la facción dominante del ejército, una reducida tecnocracia política –encabezada por Fujimori- junto con algunos técnicos y empresarios, sobre todo de origen japonés, y el Servicio e Inteligencia Nacional”. Además, Fujimori es solo “un peón de oscuros intereses” (Quijano Obregón, 1995, p. 23-24).

La Convención de Liberación Nacional, Importancia, significado y retos

Vladimir de la Cruz

El Partido Liberación Nacional enfrenta, el próximo domingo, la realización de su Convención Electoral interna para escoger su candidato presidencial, para las elecciones que ya están encima, el próximo 6 de febrero en su primera ronda electoral. No es la primera vez que este Partido realiza una Convención. Ha sido el mecanismo democrático que ha tomado desde varias campañas electorales atrás. Fue el primer Partido que así lo decidió e hizo. Este es un mérito suyo, y un ejemplo para otros partidos.

La Convención está convocada de modo abierta, es decir, con todo el Padrón Electoral abierto, lo que significa que todo elector, cualquier elector, en todo el territorio nacional, puede participar, sea o no miembro del Partido Liberación Nacional. No es una oferta para que solo los miembros de Liberación Nacional escojan su candidato, es una posibilidad que tienen todos los ciudadanos de escoger, de la lista de cinco candidatos que se disputan esa posibilidad, en ese Partido, el que cada ciudadano considere que puede ser el mejor para representar ese Partido en posibilidad de dirigir el país.

A todos los costarricenses nos interesa que cada partido político lleve, ojalá, su mejor candidato, el más idóneo para la Presidencia de la República. No deseamos que se improvisen candidatos ni que ellos no tengan experiencia alguna en la Política, en el ejercicio de la Política.

Deseamos que tengan una vida clara, transparente, de trabajo, de honradez y honestidad conocida, de familia, ojalá también de estudio, lo que no es necesario para el cargo, porque muchas personas se forman en la Escuela, el Colegio y la Universidad de la Vida.

Deseamos que conozcan la estructura, organización y funcionamiento del Estado, de sus instituciones, de las limitaciones, retos y desafíos que tienen y sus potencialidades, que conozcan los problemas importantes de su funcionamiento, de su entrabamiento, de la necesidad de su agilización, eficacia y eficiencia.

Deseamos también que tengan educación, y formación teórica política, cultura general y cultura y conocimiento de Historia costarricense. Y, deseamos, sobre todo que conozcan de la mejor manera posible los principales problemas del país, para ver cómo nos dicen que pretenden enfrentarlos. Del mismo modo, que sepan cual es el estado actual del país por el impacto de la Pandemia del COVID 19.

Liberación Nacional propone cinco candidatos, entre los que se tiene que escoger uno. Ellos son José María Figueres, Rolando Araya, Carlos Ricardo Benavides, Roberto Thompson y Claudio Alpízar.

José María fue Ministro y Presidente de la República, y se ha desempeñado por casi 20 años como Consultor Internacional y Director de organismos internacionales. De todos los candidatos que suenan, en todos los partidos políticos, es el único que ha sido Presidente de la República. Rolando ha sido Diputado, Ministro y Candidato Presidencial, además de haber desempeñado puestos dentro del Partido Liberación importantes, y también en otros partidos, regresando de nuevo a Liberación Nacional. José María y Rolando por haber sido candidatos presidenciales tienen asiento en el Directorio Político del Partido de Liberación, el órgano de dirección política más importante en ese Partido. Carlos Ricardo ha sido Ministro, Diputado y Presidente de la Asamblea Legislativa donde se lució en su ejercicio. Roberto ha sido Viceministro, Alcalde y ahora Diputado. Claudio, de todos ellos, es el que no ha pasado por puestos de esta naturaleza, donde seguramente hubiera sido un excelente funcionario.

Todos los candidatos son profesionales y reconocidos en sus respectivos campos. Han conocido la actividad empresarial de distintas formas. José María, Rolando y Claudio tienen un historial de publicaciones, destacando en su variedad y temas Rolando, que podría ubicarse como uno de los pensadores más serios que tiene ese Partido. Claudio y Rolando han destacado en medios de comunicación con programas que dirigen de distintos análisis y de la realidad política nacional, como los enfatiza Claudio, quien además tiene una Revista con ese propósito, y ha puesto su acento en LA POLITICA, la Política, con P mayúscula.

En este sentido, la lista de candidatos que ofrece Liberación Nacional para el domingo da para escoger al que se pueda considerar el mejor, para ese Partido, y eventualmente para el país, si por él se deciden los costarricenses el 6 de febrero próximo.

Su historial de vida y de trayectoria política, el de todos ellos, da para que puedan ser criticados por su participación política pasada. Aquí no se está evaluando lo que hicieron, sino la madurez con que enfrentan el ahora y el mañana, con la seguridad de que sabrán superar los yerros que ellos mismos puedan saber de sí mismos, de sus gestiones anteriores, o porque se los recuerden. Aquí se trata de escoger el gato, no si tiene cola, y que si ese gato sabrá matar los ratones que hoy roen el engranase institucional y evite que el edificio o la casa nacional pueda derrumbarse.

Si consideramos el desenvolvimiento institucional y de desarrollo del país tenemos que aceptar que hay un continuo crecimiento y desarrollo, aún con los problemas que como cadenas pesan en el momento actual, que nos hacen sentir y ver que vivimos mejor como sociedad, que en el pasado, aunque los problemas del impacto de la pandemia del COVID no nos permitan ver con claridad este panorama, por la situación concreta que viven miles de familias hoy, y para quienes la campaña electoral se presenta como un horizonte de expectativas, de esperanzas, de sueños por cumplir y de condiciones económico sociales por recuperar, y superar, donde cada candidato, de todos los partidos, será como un canto de sirena, cuando no un Flautista de Hamelin convocando a sus votantes.

La Convención por su esencia es una instancia democrática de participación ciudadana. Esto es lo que hay que valorar. Es un llamado a ejercer el derecho del voto. Quienes han luchado porque no se realice la Convención, aspecto ya superado porque se tomó la decisión de hacerla el próximo domingo, casi le hacen un daño enorme a los procesos institucionales que estimulan las votaciones, a la toma de conciencia política que significa cada elección, a los procesos electorales mismos.

En Costa Rica hemos establecido instancias de participación ciudadana como el referéndum y el plebiscito, de consultas populares, que incluso institucionalmente son saboteadas cuando se solicita hacerlos, y se trata también de sabotear estos procesos de consulta electoral, cuando pueden hacerse con las regulaciones que el momento exige, y que el Partido Liberación Nacional ha coordinado con el Ministerio de Salud y el propio Tribunal Supremo de Elecciones.

En la realización de la Convención de Liberación Nacional se está poniendo a prueba la elección del seis de febrero. Así como en una semilla hay un árbol, en esta Convención está la elección de febrero, no tanto por la cantidad de personas que puedan movilizarse para ir a escoger el candidato de Liberación, sino por su organización de la cual el mismo Tribunal Supremo de Elecciones, el Ministerio de Salud y la Caja Costarricense sacarán experiencias para hacer de la elección de febrero, si todavía estamos con problemas del COVID 19, para que se pueda llevar a cabo con toda la magnitud que se necesite, y que posibilite que la mayor cantidad de votantes puedan expresar su libre voluntad soberana de representación popular.

De esta Convención electoral del próximo domingo el mismo Tribunal Electoral, que la supervisa sacará y aprenderá experiencias para las elecciones de febrero que no pueden posponerse, por estar establecida su fecha por mandato constitucional, para el primer domingo de febrero.

Intentar atrasarla como se ha querido, y se hace en otros partidos políticos, que la han venido posponiendo, es quedarse atrás del proceso electoral mismo, cuando otros partidos no realizan Convenciones para avanzar en sus decisiones electorales, como ya lo están haciendo, por la vía de la Asamblea Nacional, y en las que ya están nombrando no solo candidatos presidenciales, sino a toda la lista de candidatos a diputados.

La verdad para estos partidos es que posponer sus Convenciones 15 días o un mes máximo no les va a producir mayores cambios a las decisiones que en el interior de esos partidos ya se tienen tomadas. Y, frente a esos partidos que ya proclamaron sus candidatos se pusieron a la cola, pues ya van atrasados en la oferta pública de sus candidatos.

En cuanto al resultado electoral de la Convención pueden decirse muchas cosas. Lo importante es que va a tener un resultado, que en el caso de Liberación Nacional le permitirá valorar las fallas de movilización, de organización y de convocatoria de simpatizantes, sus debilidades organizativas, para lo que tendrán tiempo, para corregir lo que corresponda. A la vez, ya con candidato escogido tendrán una sola dirección de enfoque.

Como toda Convención deja heridos de distinta naturaleza. Pondrán a funcionar sus hospitales de campaña para restañar heridas y para recuperar heridos en posibilidad de que sigan combatiendo por esas banderas. El que de los candidatos de Liberación Nacional pase a retiro por propia voluntad, o peleado con los otros, o con el ganador, por perder en la Convención, o por negarle su apoyo, o por ponerse hipercrítico, cierra sus posibilidades futuras de seguir jugando en esas canchas políticas. Veamos.

Si José María gana la Convención, con 67, años tiene la posibilidad de llegar a ser Presidente a los 68, dos años más que cuando Oscar Arias repitió su Presidencia, pero le quedarían todavía dos procesos más si quisiera mantenerse en esa brega, en caso de perder, y hasta una para volver a ser candidato si llegare a ganar, y ser como el Ricardo Jiménez del siglo XXI, a lo que muchos le ponen obstáculos. Si Rolando gana la Convención, y ganara la Presidencia, lo haría a los 75 años, con una posibilidad, si acaso, de volver a pulsear la candidatura, en caso de que pierda. Los otros candidatos, Roberto con 61 años, Claudio con 58 y Carlos Ricardo con 52, igual ellos, en caso de ganar la Convención y la Presidencia de la República, tendrían más oportunidades de intentar un segundo gobierno a partir del 2030, que son las edades que tiene hoy José María y un poquillo más Rolando, y más oportunidades para seguir siendo precandidatos en procesos futuros. Si alguno de estos tres ganara la Presidencia de la República les quedan más oportunidades para intentar reelecciones, y estar en el ranking de los Presidentes al menos de dos períodos o gobiernos.

Lo real es que para Liberación Nacional esta Convención es clave para su futuro político. En la historia electoral desde 1953 hasta el 2018 Liberación Nacional, la Unidad Social Cristiana y Acción Ciudadana, son los únicos partidos que han tenido la posibilidad de gobernar dos veces seguidas. Liberación Nacional en tres ocasiones, 1970 -1978 con José Figueres y Daniel Oduber, 1982 – 1990, con Luis Alberto Monge y Oscar Arias, y 2006 -2014, con Oscar Arias y Laura Chinchilla, la Unidad Social Cristiana lo hizo en 1998 – 2006 con Miguel Ángel Rodríguez y Abel Pacheco, y Acción Ciudadana, recientemente desde el 2014 – 2022, con Luis Guillermo Solís y Carlos Alvarado.

De estos tres partidos Liberación Nacional ha recuperado el Gobierno después de haberlo perdido dos veces seguidas. La Unidad Social Cristiana ha perdido cuatro veces después que gobernó dos veces seguidas.

Si la Unidad Social Cristiana la vuelve a perder no pasa nada, solo que dependiendo el resultado se puede hundir más de lo que estaba hasta la elección del 2014, cuando Rodolfo Piza empezó su rescate. Si Liberación Nacional pierde la presidencia me parece que entrará en una situación similar a la de la Unidad Social Cristiana después del 2006, en pérdidas y descréditos continuos, que les va a ser muy difícil remontar, salvo que la generación joven que está hoy disputando candidaturas se mantenga más activa y con banderas más progresistas.

En el caso de Acción Ciudadana no sabemos si va a continuar gobernando por tercera vez consecutiva hasta que se realicen las elecciones de febrero. Si pierde se coloca en el promedio de dos gobiernos seguidos y una pérdida. Si gana me parece que crea las bases para una priízación de ese partido, y de la política nacional, como con el PRI en México, constituyéndose por muchos años en el partido de Gobierno, y provocando una entrada electoral al siglo XXI, y a la Costa Rica del Bicentenario, a partir de este proceso electoral muy diferente de lo que hemos tenido.

Lo que se pretende que vote el domingo es la base más importante de Liberación Nacional. Cualquier resultado será una ganancia porque se tendrá como el número de afiliados en posibilidad de convertirse en agentes y activistas hacia la elección de febrero.

El candidato que gane, igual es para todos los partidos políticos, tiene la inmensa tarea de mantener lo más unido al Partido y a los otros candidatos que participaron en la Convención, hacia la campaña electoral, con alianzas, con negociaciones políticas que satisfagan de común acuerdo a todos. Esto es válido considerando que el asumir Gobierno no es solo llegar a la Casa de Zapote. Es asumir toda la dirección del Estado en todos los puestos públicos que tienen la potestad de dirigir instituciones, y que eso abre la perspectiva de los puestos de diputados, de ministros, de miembros de Juntas Directivas, de Embajadores y puestos de confianza, donde el Poder Ejecutivo tiene un margen de nombramiento de casi 1800 personas, sin perder la posibilidad de volver a ser candidatos en el 2026. Así es la Política y la vida política de los partidos que logran ganar gobierno y elegir en puestos de representación popular. En el caso de las últimas dos derrotas nacionales de Liberación Nacional después de la Convención interna quedaron fragmentados, divididos, enemistados entre quienes aspiraron a la Presidencia. Si no han entendido esas derrotas vayan cerrando los paraguas…

Post-pandemia: ¿Auge del neoliberalismo del desastre o de un mundo más justo e inclusivo?

Luis Fernando Astorga Gatjens

En el año 2007, la escritora y periodista canadiense Naomi Klein publicó el profundo y esclarecedor libro «La doctrina del shock: El auge del capitalismo del desastre».

En su valiosa obra, la escritora analiza cómo el capitalismo en esta etapa neo-liberal, aprovecha las situaciones de desastre en las sociedades y países, para a partir de los escombros, impulsar sus proyectos de privatización económica y de reducción al mínimo el rol de los Estados. Tales desastres pueden que sean fruto de la acción de la naturaleza como tsunamis, inundaciones, terremotos, incendios, erupciones volcánicas o cualquier otro evento natural destructivo. O bien, pueden ser conflagraciones provocadas por la acción de seres humanos. Entre las que podemos citar invasiones, golpes de Estado, guerras y desplazamientos humanos.

Klein destaca la trinidad política de los Estados y empresas que se aprovechan de tales desastres para llevar las aguas sus molinos neo-liberales: 1) La eliminación del rol público del Estado, 2) La absoluta libertad de movimientos de las empresas y 3) Un gasto social prácticamente nulo. Tal es el sueño, propósitos y acciones de la plutocracia neo-liberal, aquí en Costa Rica y en cualesquiera otro país del orbe.

El principal ideólogo de esta doctrina fue Milton Friedman, el más destacado de los llamados «Chicago´Boys”, quien ha dejado una profunda impronta en el capitalismo de nuestros días. Es sin lugar a dudas el más esclarecido promotor del capitalismo del desastre.

Después del golpe de Estado que encabezó Augusto Pinochet contra Salvador Allende en 1973, Chile vivió un largo periodo de dictadura y represión; es decir de desastre político y social, si lo miramos desde la perspectiva de Naomi Klein. A esos escombros de la democracia chilena, llegó como un buitre Friedman para convertirse en un influyente consejero del dictador.

«Aconsejó a Pinochet que impusiera un paquete de medidas rápidas para la transformación económica del país: reducciones de impuestos, libre mercado, privatización de los servicios, recortes en el gasto social y una liberalización y desregulación generales. Poco a poco, los chilenos vieron cómo sus escuelas públicas desaparecían para ser reemplazadas por escuelas financiadas mediante el sistema de cheques escolares. Se trataba de la transformación capitalista más extrema que jamás se había llevado a cabo en ningún lugar…».

En Chile, en ese triste periodo, se aplicaron una sucesión de shocks que marcaron la vida del pueblo. La Constitución pinochetista de 1980 va a definir y moldear el modelo de sociedad durante cuatro décadas. Ese modelo mostró su agotamiento con el estallido social, en el reclamo de Constituyente, con el referéndum ganado por los detractores de ese estado de cosas en el que se acrecentó la desigualdad social y se concentró la riqueza en escasas manos y, más recientemente, con las elecciones que dieron la espalda, principalmente, a los partidos que impulsaron –con distinto alcance y profundidad– la agenda neoliberal.

En el libro, la autora cuestiona con sólidos argumentos que el triunfo del capitalismo nace de la libertad y que el libre mercado desregulado va de la mano de la democracia. En lugar de eso, afirma Klein, que «… esta forma fundamentalista del capitalismo ha surgido en un brutal parto cuyas comadronas han sido la violencia y la coerción, infligidas en el cuerpo político colectivo así como en innumerables cuerpos individuales».

Una de las expresiones más contrastantes de esta forma de capitalismo es la exorbitante concentración de la riqueza y el incremento de la pobreza y la desigualdad social. Y en esta América Latina que sufre los estragos de la pandemia de la covid-19, lo estamos observando con creciente estupor.

Las cifras hablan por sí mismas: el número de personas en situación de pobreza —como lo han documentado distintos organismos regionales e internacionales— no ha dejado de crecer en los últimos meses, ganándole terreno a la todavía incipiente clase media. Mientras tanto y en brutal contraste: los más ricos han logrado agrandar aún más sus ya de por sí abultadas fortunas.

Según el reportaje de Ignacio Fariza («El País»): «Los últimos datos de la revista Forbes son nítidos: en América Latina y el Caribe —la región más desigual del mundo— el número de milmillonarios se ha disparado un 40% desde el inicio de la pandemia. A principios de 2020, cuando el virus acababa de irrumpir y aún nadie podía imaginar lo que estaba por llegar, eran 76 los latinoamericanos que tenían 1.000 millones de dólares (820 millones de euros) o más en activos, con un patrimonio conjunto de 284.000 millones de dólares. En la lista de 2021, publicada en marzo, sumaban 105, con 448.000 millones acumulados. Y en la última actualización de mediados de mayo ya eran 107 con un patrimonio conjunto de 480.000 millones.»

Si esto acontece mientras enfrentamos la devastadora pandemia, ¿Qué podrá suceder cuando ésta se empiece a superar y tengamos que pasar revista a los escombros dejados por el desastre sanitario, económico y social en el planeta?

Los discípulos de Friedman (de aquí y acullá) desde ya se frotan las manos por los pingües negocios que harán, anunciando una reconstrucción desde cero. No verán el desastre post-covid como un momento de reconstrucción, a partir del fortalecimiento de lo público en salud, educación, en seguridad social, en comunicación humana, en promoción del empleo y desarrollo inclusivo. No. Lo verán como una oportunidad de incrementar sus ganancias, de reafirmarse en su mezquindad y egoísmo sin límites.

Lo vaticinios de Klein nos sirven para prever un futuro post-pandémico sombrío para nuestras sociedades y la humanidad, pero también nos pueden servir para darle todo el peso a la inmensa mayoría que somos, con el fin de ponerle freno al neoliberalismo, en todas sus expresiones, y construir sociedades más justas e inclusivas; sin duda más humanas.

(1 de junio, 2021)

Las paradojas de la democracia costarricense

Rafael Ángel Ugalde Quirós*

Sí bien es cierto durante más de dos meses faltaron manos para vacunar contra la COVID19 a casi cinco millones de costarricenses, también debe reconocerse que la pandemia en este pequeño país afloró importantes paradojas sociales, económicas y morales, excelentemente blindadas hasta entonces por las “castas” gobernantes.

Una reciente protesta de médicos que buscaban campos clínicos en los hospitales de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), no solo puso en entredicho las bondades oficiales de la sanidad costarricense, sino el bien resguardado embudo con que los galenos locales cuidan la profesión de Hipócrates, en todo el sistema asistencial. Durante la breve transmisión por la televisión se vieron a decenas de jóvenes vistiendo “gabachas blancas” en plena calle y pidiendo un lugar en los hospitales, en tanto con pancartas improvisadas expresaban su deseo de ayudar a combatir la crisis sanitaria, traducida ya en más de tres mil muertos, hasta mediados del mes de mayo.

El modelo actual, tendiente a convertir todo en negocio, mientras no se demuestre su ilegalidad, o se cometa un error grueso ostentando una “american life”, en el mercado todo es válido. El norte es crear empleo a como haya lugar por una especie de “Estado” privado, enemigo jurado del otro Estado; el que usted y yo conocíamos y nos dio obras de infraestructuras que aún se mantienen, eliminó de nuestras casas las “canfineras”, nos brindó educación gratuita, salud con dignidad, justicia pronta y cumplida, etc. Aunque, a decir verdad, nadie sigue sin explicar cómo se crea empleo sin consumo.

Sin embargo, un Estado Social cada vez más debilitado y chueco, es más fácil de controlar y, consecuentemente, las actividades más importantes, reducidas ahora a negocio privado, resultan absolutamente necesarias para el cerrado grupo de cámaras, federaciones o foros profesionales. Aunque, sea, por tanto falso, el paradigma aquel del “rebalse de la riqueza” para “Edmundo y todo el mundo”.

De esta manera, aunque quiera negarse o produzca escozor entre quienes defienden a la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), se dieron los primeros pasos hacia la medicina privada, ganando terreno las clínicas y los hospitales privados, deteriorándose a la vez la atención de la población en el Seguro Social. Muere aquel o éste; solo uno de los dos modelos sobrevivirá. Citando a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la periodista Angela Ávalos (La Nación 1/12/ 2017) reveló que el 80% del gasto para servicios de salud particulares se destina a citas médicas y compra de medicinas. Dicha investigación señala que entre el 2000 y el 2014 hubo un incremento en el gasto de los costarricenses en centros médicos particulares. Este pasó de representar el 18,7% de los ingresos totales del sistema general de salud del país (incluye servicios públicos y privados) a un 24,9%. Se evidencia en el estudio que un 30% de la población usó servicios privados al menos una vez al año, un 60% de encuestados en 2009 reconoció preferir proveedores particulares a la Caja, el 50% de la población pensaba, para esa fecha, que se debería permitir dejar de contribuir a la Caja para hacerlo a un seguro privado, un 80% del gasto de bolsillo se destina a consultas médicas y compra de fármacos.

La paradoja es que, en pleno pico de la pandemia, con hospitales repletos de enfermos de Covid 19, limitaciones de camas para atender infectados y personal sanitario agotado por extenuantes jornadas laborales, el pequeño grupo de galenos “especializados” rechazó la posibilidad de pedir ayuda internacional para que doctores, que no sean ellos, auxilien a los costarricenses. Alegó que a ellos también los golpea el desempleo en el sector. Así lo dio a conocer el Sindicato Nacional de Médicos Especialistas (Siname) ante la propuesta de un grupo de exdiputados, quienes pidieron al presidente de la República, Carlos Alvarado, activar un convenio internacional con Cuba, para solicitar la llegada de sus especialistas. Entre los países que recibieron ayuda humanitaria cubana por la pandemia están Italia, Andorra, Francia (para sus territorios de ultramar en el Caribe), Jamaica, Barbados, Venezuela, Nicaragua, Antigua y Barbuda, Belice, Dominica, Granada, Haití, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, San Cristóbal y Nieves, Surinam, Catar y Angola, entre otros. La ínsula figura además como el primer país del continente americano con una vacuna contra la pandemia desarrollada de forma independiente a la gran metrópoli controladora de la mayor parte de la ciencia y la tecnología. Se trata del inmunizante “Soberana 02” aplicada masivamente a la población, sin reacciones adversas, según las autoridades médicas de la isla.

Un reporte de la cadena estadounidense CNN en español (Patrick Oppmann; 07:52 GMT 1/4/ 2021), dio cuenta que el país caribeño tiene cinco candidatos vacunales. Se trata de la Mambisa, suministrada por vía nasal, y Abdala, que esperan producirla en forma industrial y desarrolladas ambas por el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología (CIGB); en tanto Soberana 01, Soberana 02 y Soberana PLUS son generadas por el Instituto Finlay de vacunas.

El reportaje de la cadena estadounidense reflejó las difíciles condiciones en que la ciencia médica cubana combate la plaga de Covid. El noticiero Rusia Today (RT), por su parte, citando a altas autoridades de la isla, acaba de informar que la educación y la salud están entre los más golpeados por el bloqueo estadounidense, que ya dura más de medio siglo.

Desde el anuncio en Washington que el jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Antony Blinken, haría su primer viaje a Latinoamérica, se conoció que entre los temas en portafolio traía lo que los norteamericanos consideran “la construcción de un hemisferio más democrático, próspero y seguro para todos”, tuiteó. Por lo tanto, de seguro -aunque no necesariamente trascienda- atajar la influencia rusa y china en la región en un mundo cada vez más multipolar estará a la orden del día cuando visite nuestro país; así como cerrar fila obligatoriamente con la Casa Blanca en los asuntos sensibles para la administración Biden en la ONU y en los intentos de independencia de los pueblos en Bolivia, Nicaragua, Venezuela o Cuba.

En este sentido, la Red en Defensa de la Humanidad (REDH), que aglutina alrededor del mundo a destacadas personalidades preocupadas por los derechos humanos y las injusticias sociales, pidió a la Asamblea General de la ONU condene nuevamente el bloqueo contra el pueblo cubano. En un documento en poder de “Surcos”, firmado por personalidades de 46 naciones, se califica de “criminal” la política estadounidense contra Cuba. Entre los firmantes están el influyente investigador norteamericano, Noam Chomsky, el vicepresidente boliviano, David Choquehuanca, los expresidentes Luiz Inácio Lula da Silva, Evo Morales, José Mujica y Fernando Lugo, el excanciller ecuatoriano Ricardo Patiño, los líderes políticos venezolanos Adán Chávez Frías y Ernesto Villegas Poljak, el premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, el profesor y fundador de la REDH Pablo González Casanova, los escritores e investigadores mexicanos Elena Poniatowska y Héctor Díaz Polanco, el historiador indio Vijay Prashad, los intelectuales brasileños Leonardo Boff y Frei Betto, los académicos e investigadores argentinos Atilio Borón y Stella Calloni, entre otros.

El “arte” de hacer dinero

La otra paradoja innegable de la democracia tica es la capacidad de controlar las contradicciones flotantes, a raíz de la actual pandemia, así como la inteligencia con que actúa para que los privilegios de sus élites queden inmunes o sufran mínimos daños colaterales. Aunque la Constitución Política es clara, en cuanto garantizaba a los trabajadores un “salario mínimo” inembargable, los bancos lograron por la vía del tribunal constitucional, quedar autorizados para dejar a cualquier asalariado sin sustento, así como a su familia, en caso de retenciones por deudas. Unos 30 mil costarricenses, cuyo salario es insuficiente y recurren a endeudarse para atender las necesidades básicas, quedan excluidos de la “salvaguarda” del salario mínimo ideada por el legislador constituyente. Ahora bajo un argumento jurídico de “avanzada” no deben negárseles créditos, aunque queden sin un centavo el fin de mes.

El nombramiento de los magistrados y la posible influencia en ello de los bancos y otros consorcios, aunque se quisiese disimular, sigue siendo un tema que “se las trae”, cuando abordamos el asunto de la “independencia” real del Poder Judicial, cuyas magistraturas son nombradas por los legisladores que siguen línea de partido. Formalmente, el poder judicial es independiente; sin embargo, el público “lobby” que hacen los candidatos a jueces para que se les nombre en un alto puesto judicial, hace dudar a miles de ticos sobre esta metodología. Es notorio, además – no hay medio de comunicación que no se haya ocupado del tema- que quienes controlan el negocio de los partidos políticos exigen altas sumas de dinero a quien aspire a un alto puesto político. Es decir, la “inversión” a largo plazo de esta “industria” de las agrupaciones electorales (con el perdón de los industriales sanitos), resta credibilidad a estos elegidos, pues difícilmente alguien saca de su patrimonio 20 o 29 millones de colones, si no tiene certeza de recuperarlos.

 Por eso, el tema del nombramiento de magistraturas no pierde relevancia en el país, estese en campaña electoral o en pleno cobro de la deuda política, ante el Tribunal Supremo de Elecciones. El asunto quedó en evidencia hace pocos días cuando la Corte Plena no recibió al relator de la Naciones Unidas, el peruano Diego García Sayan, para conocer un informe, precisamente, sobre la elección de magistrados. Los juristas, por amplia mayoría, calificaron de “injerencia” este informe especializado. Este calificado juez suramericano ha presentado dos informes muy críticos sobre el proceso de elección de magistraturas en Costa Rica.

Esta especie de “verónica” – como dicen en la “fiesta brava”- con que la “bicentenaria” democracia “sortea” las profundas contradicciones sociales, así como el marcado proceso de desmoralización en casi todos los poderes de la república, bien merece un reconocimiento con caro champagne, a nombre de todos estos abnegados defensores de las poderosas élites. Por menos, en Colombia, una reforma tributaria – los cambios en cada nación son pocos, sí se comparan con la uniformidad dada por los banqueros a los gobiernos satélites- se perdió ya la cuenta de “desaparecidos” y dejó más de medio centenar de muertos, cuando el presidente Iván Duque dio trato “de guerra” a la protesta. En Chile, un alza en los pasajes del transporte del Metro desembocará, quieran o no dichas élites gobernantes, en una nueva Constitución, luego que el gobierno del conservador Sebastián Piñera también dio trato de guerra a las protestas del pueblo y los carabineros dejaran ciegos a un montón de chilenos, que siguen apareciendo con disparos en los ojos. En Bolivia, ahora se conoce, que el poder detrás del trono durante el golpe de estado instalado en la nación andina con el beneplácito de la OEA, el exministro Arturo Murillo, no solo dio también trato de guerra a las protestas en nombre de la “democracia”, como si estuviéramos nuevamente ante una nueva doctrina de seguridad nacional como fue el “Plan Cóndor” para la región, sino que se embuchacó $800 mil por sobreprecio a pertrechos para reprimir gente comprados a Brasil

En nuestro país el desempleo alcanzó 18,5%, equivalente a 452 mil personas sin trabajo, según la Encuesta Continua de Empleo, elaborada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), entre diciembre del 2020 – enero y febrero 2021; el hambre atormentó a 220 mil ticos – el 4,4% de la población- en el trienio de 2015-2017, según dio a conocer en noviembre pasado el periódico digital “ El Mundo” (https://www.elmundo.cr/costa-rica/220-mil-costarricenses-padecen-de-hambre-mientras-que-la-obesidad-y-el-sobrepeso-aumentan/). Sin embargo, sí algo siguen sin “driblar” – no se pueden ocultar los contraste sociales, aunque culpen de todo a la pandemia- son los altos niveles de corrupción salidos a flote en las altas esferas. Sobre precios de mascarillas en la CCSS, obras de infraestructura que alcanzan dos y tres veces el valor original, infiltración del narcotráfico, evasión de impuestos, contrabandos, etc.

Según la prensa, para citar el caso más reciente, una banda de supuestos traficantes de droga “importaban” directamente cocaína desde Colombia para luego “exportarla” en contenedores hacia Europa. Lo singular del caso es que dos de los investigados entraban al congreso como “Pedro por su casa” para sostener reuniones y conversaciones con los “padres” de la patria sobre futuras inversiones en el campo turístico e inmobiliario. Durante la estadía de los legisladores en el viejo edificio de la Asamblea Legislativa restringieron la presencia de público a las barras diputadiles, pues el ruido de las protestas los desconcentraba en su noble servicio a la patria; cuando tuvieron edificio nuevo los diputados por largo tiempo estuvieron largo del pueblo, gracias a unas láminas de zinc que impedían el acceso al lujoso edificio.

Con antelación a estos inversionistas que ahora son investigados por problemas con droga, un alcalde y otro joven diputado de la zona sur fueron vinculados con otra banda de presuntos narcos. Se supo además que uno de los investigados por tráfico de drogas hasta fue fiscal electoral en Limón.

¡Cosa más grande¡; diría Tres Patines.

 

(*) Periodista, abogado y notario por la U.C.R

Costa Rica: Los derechos humanos que han sido y que ya no son…

  • Significativo retroceso del país en su liderazgo en derechos humanos

Luis Fernando Astorga Gatjens

El país vive hace tiempo una preocupante cuenta regresiva en materia de derechos humanos, desde antes de la pandemia, pero esta involución se ha acrecentado en los meses y años recientes.

Antes de este debilitamiento, el Estado costarricense se destacaba internacionalmente (y más aún, entre los países latinoamericanos) por su adhesión o ratificación de convenios y tratados de derechos humanos. Y hacía, mal que bien, esfuerzos por implementarlos aun cuando muchos planes e iniciativas, se quedaran en la intención y no en la práctica que permitiera mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos.

Incluso en agosto del año 2009, fue creada la Comisión Interinstitucional para el Seguimiento e Implementación de las Obligaciones Internacionales de Derechos Humanos (CIIDDHH), cuya presidencia y secretaria técnica están bajo la égida de la Cancillería; la cual se ocuparía de esa importante tarea.

En el Sistema Universal de Derechos Humanos, Costa Rica ha ratificado los dos Pactos Internacionales sobre Derechos Civiles y Políticos, y sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y casi todos los tratados temáticos. La excepción la constituye la «Convención Internacional de Trabajadores Migrantes y sus familias», que se mantiene pendiente de ratificación.

Sin embargo, al mismo ritmo erosivo cómo se ha venido desmantelando el Estado Social de Derecho, cuyo aceleramiento lo estamos presenciando en este duro presente, vemos que nuestro Estado busca evitar o eludir compromisos en derechos humanos, se muestra reacio o dubitativo en ratificar acuerdos y se aleja del cumplimiento efectivo de obligaciones en derechos humanos, particularmente en derechos económicos y sociales.

Para muestra dos botones, uno de cumplimiento efectivo y otro de ratificación:

Pueblos indígenas. En el año 1977 fue aprobada la Ley Indígena de Costa Rica Nº 6172, mediante la cual se buscó regular temas como la identidad, organización y territorio de los pueblos indígenas.

Mediante esta ley el Estado costarricense reconoce el derecho exclusivo de los indígenas a sus territorios. En la norma que que tiene ya largos 44 años, se encargó –en su momento– al Instituto de Tierras y Colonización (ITCO) y a la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas (CONAI) de resolver el problema de tenencia ilegal de tierras por parte de personas no-indígenas.

Mediante esta norma el Estado adquirió el compromiso de devolver territorios a los pueblos indígenas, que están ocupados por personas no-indígenas, pero, ¿Qué ha sucedido? Dolorosamente nada o casi nada. Los intereses y presiones políticas de terratenientes usurpadores de esas tierras más la infinita postergación de las instituciones del Estado en encarar y resolver el problema, en un contexto de discriminación ancestral, es lo que domina un escenario de significativa afectación a los pueblos indígenas y su propio desarrollo.

El Estado no solo no ha cumplido esta ley sino que también un valioso acuerdo del sistema de Naciones Unidas: El Convenio 169 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo). El mencionado convenio expresa que “los pueblos indígenas y tribales deberán gozar plenamente de los derechos humanos y libertades fundamentales, sin obstáculos ni discriminación”. El convenio establece, asimismo, que los Estados “deberán adoptar medidas especiales para proteger a las personas, instituciones, los bienes, el trabajo, la cultura y el medio ambiente de los pueblos originarios”.

Tanto la ley indígena como el convenio 169 han sido papel mojado para el Estado y los gobiernos que se han sucedido desde los años ochenta del siglo anterior. Esta desesperante pasividad del Estado impulsó, en el último decenio, a los pueblos indígenas a desarrollar acciones de recuperación de tierras, pero ese mismo Estado pasivo, omiso e incumplidor sistemático, ha respondido con acciones represivas propias o siendo lento y negligente con respecto a acciones de violencia de finqueros que se afianzan a sus intereses y terrenos, que deben devolver. Los asesinatos (todavía sin resolver) de dos líderes indígenas recuperadores como Sergio Rojas y Jerhy Rivera, testimonian esta grave e indignante injusticia que debe parar ¡ya!

Acuerdo de Escazú. Este es un valioso e importante acuerdo, que tiene como escenario de nacimiento, la linda y risueña ciudad de Escazú, en marzo del 2018. Su nombre completo: «Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe».

El Acuerdo de Escazú tiene tres ejes primordiales, a saber:

  1. La implementación plena y efectiva en América Latina y el Caribe del derecho de acceso a la información ambiental,
  2. Asegurar la participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y

iii. El acceso a la justicia en asuntos ambientales.

Asimismo, se orienta “a la aplicación y en el fortalecimiento de las capacidades y la cooperación, garantizando la protección del derecho de cada persona, de las generaciones presentes y futuras, a tener un desarrollo sostenible y a vivir en un medio ambiente sano”.

El importante convenio es un derivado de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (Río+20), celebrada en el año 2012 y de la “Decisión de Santiago”, adoptada en el año 2014 por 24 países. En el proceso constructivo desarrollado en el marco de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), se creó una comisión copresidida por Chile y Costa Rica; la cual tras cuatro años de negociaciones propuso el acuerdo que fue aprobado en Escazú el 4 de marzo del 2018.

Este acuerdo ha sido firmado por 24 países latinoamericanos y de El Caribe, y ratificado por Antigua y Barbuda, Argentina, Bolivia, Ecuador, Guyana, México, Nicaragua, Panamá, San Cristóbal y Nevis, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía y Uruguay. Como se puede apreciar brilla por su notoria ausencia en la ratificación, para vergüenza propia, Costa Rica.

El pasado 22 de abril, “Día de la Tierra”, entró en vigor en los 12 países ratificantes. Valga destacar que el acuerdo es el primero en materia ambiental en la región y también el primero en el mundo en contener disposiciones específicas para proteger a los defensores ambientales. Esto último es de un enorme valor ya que año con año en todo el mundo y, por supuesto en nuestra región, se asesina o amenaza de distintas formas a los defensores del ambiente.

En el caso de Costa Rica, hay que recordar que de manera “misteriosa” murieron cuatro defensores ambientales, en la década de los años noventa del siglo anterior, en el contexto de su lucha contra la pretensión de la trasnacional Stone Forestal de construir una astilladora, bajo el régimen de zona franca, en la zona más interna del Golfo Dulce (Punta Estrella). Las cuatro personas fallecidas fueron Oscar Fallas, María del Mar Cordero, Jaime Bustamante y David Maradiaga; los cuatro eran dirigentes de la hoy extinta Asociación Ecologista Costarricenses (AECO).

El valioso acuerdo no ha sido ratificado por la Asamblea Legislativa, donde como resortes inspirados por el neoliberalismo rampante, ya algunos diputados manifestaron su negativa a ratificarlo, sin argumentos de valor. Quizás esta inspiración negativa les venga de Unión de las Cámaras Patronales (UCCAEP). Esta entidad patronal ha manifestado su rechazo al acuerdo, ofreciendo argumentos falsos para sostener su postura de que el convenio amenaza la seguridad jurídica de las empresas. Es oportuno destacar que este acuerdo no incluye ninguna medida de carácter ambiental relacionada con las empresas que no esté ya vigente en el marco jurídico del país.

Hace algunos años es muy probable que la ratificación de un acuerdo de esta naturaleza hubiese sido ratificado por Costa Rica, en forma rápida. Su compromiso –hoy cada vez más desdibujado—en materia ambiental, así lo demanda. Pero lamentablemente los tiempos no son los mismos. En esta época de envolvente dominio de una plutocracia neoliberal cada vez más omnipresente y agresiva en el escenario político nacional, las cosas han cambiado, desgraciadamente, para lo peor en materia de derechos humanos.

Miro este retroceso del país en materia de derechos humanos, con creciente preocupación, en mi calidad de promotor y defensor activo en este campo. Entre el año 2001 y el 2006, participé en en la génesis y en todos los ocho períodos de sesiones del Comité Especial de las Naciones Unidas, que redactó la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad (CDPD). La mayoría de las ocasiones lo hice en calidad de representante de las organizaciones de personas con discapacidad, pero también me correspondió representar al país, en calidad de asesor de la delegación de nuestro Estado en ese comité de la ONU.

En ese productivo proceso que remató con la feliz aprobación de ese tratado en diciembre del 2006, el país exhibió un notorio liderazgo; incluso en aspectos fundamentales del tratado como lo referente a capacidad jurídica de las personas con discapacidad (artículo 12, CDPD), su contribución fue decisiva a través de Jorge Quesada Ballestero, a la sazón, representante de Costa Rica en el Comité Ad Hoc y vicepresidente de su “bureau” o directorio.

Sin embargo, lo que estamos viendo en este desolador presente pandémico, es un país que pierde empuje y liderazgo en el campo de los derechos humanos, en su promoción y peor aún, en su implementación efectiva. El escandaloso ruido de los motores neoliberales que guían a la plutocracia (ese menos del 1 % de la población nacional), y que se amplifican a través de sus medios informativos, es lo que suena y resuena en los acólitos y receptivos oídos del timorato gobierno y la mayoría de los legisladores.

Los momentos en que Costa Rica brillaba en el concierto de las naciones en el campo de los derechos humanos, se ha convertido en una melodía tan triste como lejana, para la desventura del país y, más aún, para la de los ciudadanos que somos testigos del debilitamiento del Estado Social de Derecho y de una democracia (con minúscula) que es cada vez más adjetiva y, consecuentemente, menos sustantiva.

(29 de mayo, 2021)

El paro político nacional triunfo o derrota popular

Por Carlos Meneses Reyes

Se preveía que el Paro programado para el 28 de abril de 2021, tornaría en Indefinido. Se conocía con anticipación, que pese a las restricciones con ocasión del Covid-19, las movilizaciones serian multitudinarias, permanentes. Era de esperar que la protesta centraría contra la Rama Legislativa (Senado, Cámara, Asamblea, concejos), retomando lo sucedido en el anterior Paro Nacional del 21 de noviembre de 2.019 (21N), que en plena protesta callejera el Senado aprobó la fatídica Reforma Tributaria que privó al Estado colombiano de recaudar cerca de 12 billones de pesos, nueve billones de los cuales fueron entregados al sector financiero parasitario y el resto a exenciones tributarias a empresarios, dizque para impulsar el “pleno empleo”, resultando embolsillados por ellos. También que la petición directa fuere la extinción del Escuadrón Policial de la Muerte, El Esmad y como remate la exigencia de la reforma de fondo a la Policía Nacional, desnaturalizada por lo militar.

Un Pliego de Peticiones, presentado por el Comité Nacional de Paro desde hacía 11 meses, engavetado y sin respuesta oficial, presagiaba el alcance político del desarrollo de las protestas. El binomio gubernamental lo sabía y no han demostrado capacidad para encararlo y ello explica la dilación en solucionarlo. Los acontecimientos políticos que se han sucedido y generado durante su ciclo de actividad califican el presente paro, como de Paro Político Nacional (PPN), sustentado en un estallido político-social y en la consecuente y consciente participación organizada de las masas y por ende del movimiento popular colombiano.

No estaba entre los cálculos que el régimen presidencialista le diere un tratamiento contra insurgente al Paro y ello demuestra la incongruencia en lo gobernable y la ratificación que en Colombia opera una hegemonía oligárquica contra insurgente, de la que hacen parte la mayoría de los grupos y partidos políticos que tienen representativo en el Congreso.

Con anterioridad se ha planteado la culpa gubernamental en la vorágine causada. La conciencia popular enardecida ha comprobado que es posible exigir los cambios de fondo que la sociedad colombiana requiere. Se impone la constante de tener claro que es lo que se quiere y se ha demostrado que se perdió el miedo a protestar a exigir, denunciar, pese a la ola de Terrorismo de Estado aplicado en Colombia.

Alcances políticos del paro

En este mes de Paro se ha revelado la lucha de clases latente. El racismo entronizado contra minorías étnicas y pueblo ancestral. Desenmascarada la iniquidad e injusticias, materializada en conocimiento que el 1% de la población, más rico, es el dueño de medio país. Que el 1,5% de la población, sea la dueña ostentosa del 52% de la tierra productiva en el país. Se desenmascara a los pocos personajes que son los dueños de los Peajes, que tienen rebotado y en acción de bloqueos a los transportadores. Que todos los servicios públicos esenciales (comunicaciones, agua, luz, transporte, educación, salud, banca, recursos naturales) han sido privatizados a ultranza, redundando en un imaginario popular de no pertenencia y valía. Que el problema de poder en la generación y generalización de la corrupción radica en toda la rama legislativa, atornillada por la existencia de un sistema electoral corrupto, soso, hecho a imagen, semejanza y provecho del clientelismo. En la existencia y permanencia de una metodología desarrollada por los gobernantes al servicio del capital financiero especulador y parasitario, al que se le otorgan auxilios, exenciones, beneficios abusivos en billones de pesos, en detrimento de las arcas públicas. Complementa con un modelo económico que incluye el uso desmedido de la explotación de los recursos naturales, en lo extractivo, que asola el panorama del equilibrio ecológico, la defensa de la naturaleza, de sus derechos y el de los animales. Se revela, como verdad sabida, que funge un presidente títere, subvalorado, por sus mismos partidarios y lastre en la conducción eficaz del país. El experimentado dirigente político Álvaro Leiva D, advierte, en clara alusión al sub presidente: “un animal puede tener cien pies; pero jamás dos cabezas”. No obstante (o por eso) el objetivo del movimiento popular no es el fin del mandato del títere de turno y en consecuencia tampoco el de la politicidad del Paro Nacional; como si lo es la Fuerza Pública criminal que sustenta al Establecimiento y el señalamiento e identificación del enemigo principal del pueblo colombiano, como lo es la Rama Legislativo del Poder Público. La conciencia ciudadana y popular tiene muy bien identificado a todos los causantes de sus males y la dictadura mediática no logra confundir esos imaginarios pululares.

Efectos de los alcances políticos del paro

En relación con la capacidad de dirección del Comité Nacional de Paro, este no ha perdido fuerza, ni vigor, durante el mas de un mes de desarrollo del paro. Esto, por cuanto no se trata de un cese de actividades tipificado, sino de una Huelga generalizada, de carácter político en todo el país. El gobierno le apostó a su desgaste y el Comité ha salido bien librado de pretendidas imposiciones unilateral gubernamentales.

El tema de los Bloqueos, que no es del resorte nacional del comité, expresa la multiplicidad de reclamaciones de otros sectores populares, que no están bajo la égida de dirección del Comité Nacional del Paro y demuestra la errada aplicación de inteligencia preventiva del Establecimiento gubernamental. Craso error el haber desautorizado a dos viceministros que habían llegado a un acuerdo con manifestantes para destrabar el corte de vía en Buenaventura y progresivamente permitir el fluido, con ayuda de los transportadores, manifestantes y organizaciones populares en la calle. Se suma a la salida de dos ministros y un Alto Consejero gubernamental.

Como nunca se había registrado en las luchas populares en Colombia, este paro del 28A, ha elevado el nivel organizativo de las masas. Resultado de la brutalidad policial aplicada por el Escuadrón de la Muerte Policial, Esmad, los jóvenes han creado LA 1a LINEA. Los muchachos o pelaos de LA 1a Línea, están en la lucha callejera, con cascos, gafas plásticas de seguridad, escudos de lata y plásticos, tapabocas y disponibilidad total. Enfrentan las bombas lacrimógenas y chorros de agua dirigidos a los manifestantes. Orientan a la población alzada. Controlan a saqueadores. Organizan los Bloqueos, evitando la extorsión. Encausan y ayudan. Previenen, orientan, socorren a golpeados, o a sitiados, a quienes ayudan a salir. Participan en las ollas comunitarias, junto con LAS MADRES DE LA 1A LINEA. Aseguran las tres comidas del día y a la que jamás habían tenido acceso. Entretejen con amistades, compañeros, novias, todo un soporte de activismo político y social. También son liderados y ayudados por sacerdotes de iglesias, médicos, auxiliares de salud, activistas de ong´s-sin apropiarse de sus espacios- profesores que acuden a proteger a sus alumnos, padres de familias y vecinos. Sorprende la capacitación e ilustración que ostentan y expresan los pelaos sobre lo problemático del país. La represión contra los pelaos de LA 1a Línea ha sido brutal y sanguinaria por parte del Terrorismo de Estado. Policías y paramilitares los ubican, identifican, los retienen cuando salen de los escenarios de confrontación. Los siguen, los desaparecen, y los incineran, como en el lamentable suceso del joven de piel negra, encontrado carbonizado en las instalaciones destrozadas del centro comercial Dollar City, en la ciudad de Cali, no distante, por la parte trasera, de un centro de atención policial, que ha sido objeto de reiterados ataques durante las confrontaciones de estos días. Los medios de alienación masiva, mantienen en una burbuja, mintiendo sobre la cotidianidad de una confrontación permanente en las ciudades afectadas, al no ejercer un periodismo independiente. Difunden especies como la del Ministro de Justicia Wilson Ruiz, quien afirma que se trata de una estrategia de difamación contra el Estado colombiano y que las muertes de manifestantes han sido en incidentes aislados como riñas callejeras, hurtos, etc. Inventan lo de la presencia de grupos armados y de control del fementido narcotráfico y el Consejero para la Estabilización, Emilio Archila, señala en una entrevista, que los bloqueos son ilegales y deben ser levantados de manera inmediata para poder iniciar una negociación.

Todo un montaje preparando el escenario de golpes dictatoriales y más represión y muerte. Duque y sus comilones que repiten, siempre habla de respetar la Constitución, pero en la práctica no acude a negociar una búsqueda de salida concertada, recurriendo a la represión. Se trata de un gobierno des legitimado que solo se sostiene con la dictadura.

El efecto político, como repercusión internacional no se ha dejado esperar. Movilizaciones de colombianos y ciudadanos de diferentes países donde se han dado multitudinarias protestas de solidaridad con el pueblo colombiano y en contra del gobierno. Llamados de organismos internacionales y personalidades a la búsqueda de una solución y al respeto a los manifestantes. Cartas diplomáticas enviadas, a raíz de los violentos comportamientos de la fuerza pública. Reiterada inquietud por la cantidad de baleados, muertos, heridos y sobre todo, desaparecidos, durante las jornadas de protesta, aumentan el desprestigio internacional del gobernante colombiano, que pareciere no piensa con cabeza propia, sino por la del otro. Inexplicable mal manejo y contradictorio trato al pedido de la Corte Internacional de Derechos Humanos (CIDH) a venir a verificar las denuncias de violación a los Derechos Humanos.

La Secta-que no partido- de gobierno, ha impulsado la reacción fascista contra las protestas llamando a la intervención militar y al mesianismo salvador con los inmensos recursos dinerarios de sus “corporados”: “Urgimos al Gobierno Nacional liderar la consecución de unos recursos pagados por los más pudientes para financiar la lucha contra la pobreza y la política de juventud” 28 de mayo de 2.021. La plata es grosera, insolente. Piensan que, dando limosna a la juventud, manteniendo la situación de iniquidad, miseria, pobreza, pueden continuar cabalgando sobre las necesidades del pueblo colombiano. En nada se diferencia esta grosería, como cuando el capo Pablo Escobar, anunció que estaba en condiciones de pagar la deuda externa colombiana. ¡Vaya pues!

El paso dictatorial con un decreto de marras

Los Bloqueos son protesta ciudadana. Se explica como manifestación soberana del pueblo indignado. Una expresión de democracia directa:(Artículo 3 CP91) “el pueblo la ejerce en forma directa”. Puras elucubraciones se dan en torno de ellos. Los gremios económico y financiero; oficiales y privados, mencionan sumas billonarias, astronómicas, en pérdidas. La verdad es que no ha existido, no se ha dado, un desabastecimiento critico en las ciudades. Los bloqueos se han dado en forma intermitente y al parecer funcionan unos “corredores humanitarios” por el que circulan los artículos de primera necesidad, medicamentos, etc. Obvio, los importadores de lo santuario si se afectan. Sucede que la decisión política es no aceptar ninguna clase de protesta, no negociar, derrotar al movimiento popular y aprovechar la coyuntura para el engaño electoral gubernamental que avecina. Si los gremios y grupos de presión económica estuvieren afectados, hubieren presionado al gobierno a una solución negociada; pero no, avalan las medidas contra el movimiento popular y llaman a la militarización, con la ambientación intoxica dora de los medios de comunicación que buscan hastiar a la clase media y ponerla en contra del Paro Político Nacional (PPN), a fin de que ninguna conquista política se logre conseguir. En acto de desespero por la intensificación de la protesta y continuación de la lucha, le resulta imposible contener la autonomía de los gobernantes locales, elegidos popularmente y terminarían demarcándose de la directriz central del gobierno por in gerente la “asistencia militar”. No están en capacidad de continuar reunidos con un Comité de Paro, solido en sus argumentos y ante la flaqueza de ingobernabilidad manifiesta, deciden acudir a lo dictatorial. Emiten un Decreto, que prácticamente lleva a traste las negociaciones con el Comité de Paro, tal como lo enuncian sendos comunicados de ambas partes.

El Decreto 575 del 28 de mayo de 2.021, es de indiscutible carácter dictatorial, draconiano. Pasa por alto las observaciones de las fuerzas militares y de policía, que realizan tareas de control en medio de las protestas sociales y políticas. Desconoce que están sujetos a las reglas internacionales del uso de la fuerza, limitadas por los principios universales de legalidad, necesidad, precaución y proporcionalidad. Todo eso lo viola el citado decreto e instaura el Terrorismo de Estado, siempre vigente en Colombia. Como tal, la “asistencia militar” es inconstitucional y no contentos con el injerto, emiten un Decreto, que más pareciere de conmoción interior, sin darse las condiciones objetivas para ello. Es un disfraz que busca “restaurar el orden público” en los Departamentos citados; lo cual no es de unánime, ni igual caracterización. También resulta inconstitucional un Decreto dictatorial dizque para “prevenir” la alteración; es decir lo que vendrá. Eso demuestra ineficacia en la dirección del país. Ese Decreto es inaplicable. ¿De cuándo acá el Departamento de Norte de Santander esta alterado en “el orden público”? ¿Acaso se está con la Constitución de 1886? No. En el Departamento Norte de Santander existe un conflicto armado interno agudizado, con control territorial insurgente, a diferencia de El Cauca, por ejemplo, que controlan el territorio las bandas de narcotraficantes en connivencia con las brigadas militares y el generalato a la cabeza. Resulta que la única manera de “prevenir” que no se altere el orden público en el Norte de Santander, es no fumigar con glifosato. En una palabra, aplicar los Acuerdos de La Habana. Crear las Zonas de Reserva Campesina (ZRC). Proteger a las comunidades indígenas. Derogar los Zidres y comenzar a reconstruir la economía de El Catatumbo bajo la dirección cooperativa, desplazando el capital financiero parasitario y narcotraficante de lavado legal. Uno a uno los gobernantes locales manifestaran el desacuerdo con la pérdida de su autonomía. Ya lo han manifestado la alcaldesa de Bogotá DC y el alcalde de Bucaramanga. Mas de cinco alcaldes en Cundinamarca y seguiremos contando.

La salida es política no militar

Debe el gobierno nacional retomar las negociaciones con el Comité del Paro Nacional. Entender que una cosa es negociar con el comité Nacional y otra con las comunidades en protesta regional, con representatividad soberana directa, del pueblo en las calles, carreteras y veredas. Es fácil: solucione el Paro de los Transportistas. Ponga en la cartera del Ministerio de Obras Públicas y Transportes a una persona capacitada y enfrente el problema que tendrá con los explotadores de los Peajes. Enfrente a Sarmiento Angulo y al grupo Aval y no a los transportistas, conductores, ayudantes y al pueblo organizado en las calles. Soluciónelo ya y resuelve lo de los Bloqueos. No seguir dándole al Paro Político Nacional un tratamiento contra insurgente. Esto contribuirá a un agudizar del conflicto armado interno insurgente. Y por dejar por el momento, aliste se, señor gobierno bicéfalo o dual a aceptar la convocatoria, de una Consulta Popular para determinar temas puntuales como la Revocatoria del Mandato de Toda la Rama Legislativa del Poder Público actual y empezaremos a construir una Nueva Colombia, aplicando los ajustes necesarios al sistema corrupto electoral, clientelista y de casino, narco paramilitar, que impera en Colombia.