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En los partidos siempre ha habido lucha interna por las candidaturas

Vladimir de la Cruz

Alrededor de la lucha interna electoral que se realiza, principalmente, en el Partido Liberación Nacional en la cual se tiende a especular, no solo sobre el posible ganador de la Convención para escoger entre los cinco candidatos que disputan esa candidatura, sino también sobre los intereses que se mueven alrededor de si se quiere ir o no a una Convención abierta para escoger el candidato presidencial, o si esa responsabilidad se le traslada a la Asamblea Nacional.

Los que apuntan a la Convención abierta creen tener mayores posibilidades entre los candidatos a ser electos, que si se va a una Asamblea Nacional, donde se presume que las cartas podrían estar echadas a favor de uno de los candidatos, especialmente José María Figueres, por el dominio e influencia que se tiene entre los asambleístas nacionales por parte de los candidatos que apoyan a José María Figueres. Y, porque Figueres no se ha sumado a los candidatos que quieren posponer la Convención, lo que a mi manera de ver es un error por los riesgos que se adquieren de la posposición misma, y porque el resto de los partidos van definiendo sus candidaturas.

Aquí no está pesando el papel que puede desempeñar el sindicato de alcaldes dentro de Liberación Nacional, como si pesa en la Unidad Social Cristiana, donde también se miden entre la Convención o la escogencia por la Asamblea Nacional, y donde sí pesan las estructuras cantonales y provinciales, por la forma como han venido destruyendo, no construyendo, ese partido político, de un partido de características nacionales a una especie de federación de intereses municipales. En Liberación Nacional no escapan mucho a esta tendencia federativa, que ronda en la mente de muchos aspirantes de puestos de elección popular.

El federalismo político electoral de estos partidos es el camino a su muerte, aunque tal vez no a su desaparición, y posiblemente también hacia su desplazamiento de ser finalistas en las elecciones nacionales, como ya sucedió en el 2018, manteniendo, eso sí, alguna representación legislativa. En el caso de Liberación Nacional con mayor vigencia que la Unidad Social Cristiana, que sí me parece que va a disminuirse en la próxima campaña electoral, tal como pinta su horizonte.

Las opiniones desfavorables en encuestas hacia el Gobierno de Carlos Alvarado, no son contra el Partido Acción Ciudadana. En la práctica política nacional, el partido de Gobierno, durante el ejercicio gubernativo, generalmente se separa, y mucho según avance y actúe el gobierno, del propio Gobierno partidario y de su mandatario. En el caso del Partido Acción Ciudadana hemos visto como toma distancia cada vez que puede de las acciones del Gobierno del Presidente Carlos Alvarado, electo por ese partido. El mismo presidente está obligado a tomar distancia partidaria por prohibición constitucional expresa y porque los miembros del Gobierno están inhibidos de cualquier participación político partidaria y político electoral. No tienen beligerancia política alguna, que deberían tenerla para fortalecimiento mismo de la Democracia Nacional, como es la práctica de la mayor parte de los presidentes de Europa, de Estados Unidos, y de muchos países de América Latina.

El que las encuestas no se vuelquen contra el Partido Acción Ciudadana no hace al Partido Acción Ciudadana un actor alejado del proceso electoral, ni alejado de poder volver a Gobierno. Le da posibilidad de jugar en las grandes ligas nacionales para la posibilidad de una segunda reelección inmediata. Las intervenciones últimas del Presidente Carlos Alvarado en entrevistas recién realizadas justamente evidencian esto, el Presidente haciendo y destacando su labor gubernamental, que favorece en imagen a su partido, reconociendo a la vez su distanciamiento político partidario, pero enfatizando que todo lo que ha hecho y seguirá haciendo él lo prometió en la campaña electoral pasada, en su programa de gobierno, y que él se comprometió a trabajar por esas ofertas electorales, que es lo que está haciendo.

Quienes hacen énfasis en la crítica al Presidente y a su figura, destacan en la necesidad de no volver a repetir “improvisaciones”, “presidentes improvisados”, al azar, a la suerte, “gente o candidatos sin experiencia”, “sin saber que hacer”, como dicen en distintos corrillos, metiendo en un solo saco a los dos de Acción Ciudadana que han sido Presidentes consecutivos, Luis Guillermo Solís, 2014-2018, y Carlos Alvarado, 2018-2022.

En esa perspectiva estos críticos, analistas, y ciudadanos en general, vuelcan los ojos hacia quienes, como futuros candidatos, tienen experiencia política, experiencia de ejercicio gubernativo, incluso presidencial, como es el caso de José María Figueres, que de todos los candidatos hasta ahora existentes es el único en haber sido Presidente.

Igualmente, el retorno de la mirada al pasado es en ver y ubicar cuales partidos, en esa misma dimensión, tienen esa experiencia, y en este sentido solo dos partidos, aparte de Acción Ciudadana, han ejercido gobiernos, Liberación Nacional y la Unidad Social Cristiana, que son igualmente, como partidos, los que la gente está mirando en posibilidad de que vuelvan a retomar el gobierno, para tratar de rectificar y tomar el buen rumbo del camino que durante los dos gobiernos de Acción Ciudadana se siente que se ha perdido nacionalmente.

No se percibe en el ambiente electoral ninguna otra fuerza política, aunque artificialmente quieran levantar a algunos posibles candidatos, más que a sus partidos, como es el caso de Fabricio Alvarado, al que incrustan en encuestas con saldos positivos, sin que su partido tenga nada a su favor. Si se ven sus diputados dan lástima, además de los actos bochornosos públicos de sus representantes. Ni qué decir de las intervenciones parlamentarias de algunos de ellos, que no son para repetir diputados de esos partidos religiosos.

Lamentablemente en el escenario aún no se vislumbran candidatos a diputados de ningún partido. Por ahora no hay donde escoger candidatos a nada. Dentro de los partidos que tienen aspirantes o precandidatos, a cualquier puesto de elección, mientras no se escoja el que va, todos están celes, todos están en la matriz. De todos solo unos pocos no verán interrumpido su embarazo político, de los candidatos presidenciales por partido, donde hay varios candidatos, solo uno pegará. Los otros serán abortados, aunque a algunos de esos partidos no les guste este término. Igual sucederá con los candidatos a diputados, solo uno pegará por puesto…ni siquiera se puede valorar la posibilidad de gemelos políticos en esos embarazos partidarios…solo los gemelos religiosos que se pegaron uno detrás de otro en la lista de diputados, cuando no existía la alternancia obligada.

Los que están viendo peligrosamente a Liberación Nacional y a José María Figueres como las principales figuras a derrotar, y a atacar, en el proceso electoral, ¡cuidado con descuidar al Partido Acción Ciudadana, que es al que hay que sacar del Gobierno, como principal objetivo de los opositores políticos!

¡Contra la impunidad y el olvido: Sergio Rojas vive!

Por Mauricio Álvarez Mora y Cristopher Pérez Núñez *

A dos años del violento e impune asesinato del líder indígena Bribri, Sergio Rojas Ortiz, un grupo de activistas y organizaciones sociales y académicas estamos caminado bajo el lema: Contra la impunidad y el olvido.

El denominador común y el centro de la iniciativa fue el Dr. Marcos Guevara, quien meses antes de su partida física nos fue hilando y tratando de articular frente al grave peligro que representa el monstruo de la impunidad, que ha crecido descontroladamente conforme las comunidades más olvidadas del país se han levantado y alzado su voz para exigir el respeto de sus derechos.

Si no sabíamos cuan racista es el Estado y parte de la sociedad costarricense, fue debido a que estas comunidades se encontraban silenciadas por gruesas capas de injusticias que no las dejaban expresar su legítimo derecho a ser y estar, según sus propias formas, realidades y paradigmas. Era tan evidente que estaban invisibilizadas, que cuando decidieron salir a la luz la respuesta inmediata fue la violencia generalizada y cruel con que han asesinado a sus líderes y atacado sus procesos de autonomía territorial.

Podrán decir que estas comunidades tienen en la ley los derechos y los territorios, pero en la práctica vivían como inquilinos arrimados en las esquinas de los que ya eran rincones del país. Excluidos, en zonas montañosas, que ya de por sí son poco aptas para la agricultura, se les fue despojando y arrinconando cada vez más. Sin embargo, cuando trataron de hacer valer lo que decía en la ley, la respuesta fue brutal, al tiempo que el actuar del Estado se ha caracterizado por la desidia y la impunidad.

Si hay una realidad negada y que convierte en caricatura el mito democrático y el discurso patriotero del bicentenario, es la guerra de “baja intensidad” que han librado los usurpadores con gran parte del aparato estatal a su favor y con más de cinco siglos de colonialismo detrás, y que hoy por hoy se materializa en el asesinato de dos líderes, en la amenaza de muerte de catorce más y en un ciclo de violencia tan evidente y manifiesto que se hace imposible de ignorar. Quienes perpetran estos actos de violencia de la manera más vil y cruel, tienen a su favor los dispositivos estatales y mediáticos para permanecer en el anonimato ante el resto de la población; son el brazo ejecutor y el velo encubridor de ese racismo arraigado en amplios sectores de la sociedad.

Cuando se lee el discurso y se observan las acciones del gobierno, no deja de sorprender la falta de diligencia, la hipocresía y, en suma, el cinismo alrededor de la forma en la que tratan y se refieren al tema. Conocen muy bien su papel, en el sentido de tratar de proyectar un discurso que afirma su accionar, pero que en la realidad de las comunidades no tiene mayor efecto, el cual, consecuentemente, termina por legitimar, por omisión y acción, la violencia y exclusión que estas personas que vienen sufriendo de manera sistemática desde hace ya mucho tiempo.

Ante este contexto hemos decidido dar un paso al frente y sacar tiempo, esfuerzo y compromiso de dónde podamos para luchar contra la impunidad, y por darle un lugar histórico a la gran lucha de re-existencia que están dando los pueblos indígenas de Costa Rica. Muchas personas no lo saben o no lo dimensionan, pero este es quizás el movimiento socio-político más fuerte de las últimas décadas en el país, protagonizado por los pueblos indígenas.

Es por esta razón que se van a estar publicando desde diversos enfoques, voces y realidades, artículos de opinión, se realizarán foros, conferencias de prensa y otras actividades para romper el cerco de impunidad que se teje ante la autodeterminación de los pueblos originarios.

Esta iniciativa es conformada y apoyada por personas ligadas al Proyecto Educación Popular y Geografía del Programa Kioscos Socioambientales y la Escuela de Geografía UCR, Escuela de Antropología de la Universidad de Costa Rica, Espacio Universitario de Estudios Avanzados y el Centro de Investigaciones Antropológicas de la Universidad de Costa Rica,  el Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo de la Universidad Estatal a Distancia y , Cátedra Agenda Nacional de la Escuela de Ciencias Sociales del Instituto Tecnológico de Costa Rica, DITSO, Voces Nuestras, y Coordinadora de Lucha Sur-Sur.

Invitamos a todas las personas a sumarse a difundir, elaborar y proponer más acciones e iniciativas en esta línea, con el fin de combatir la impunidad y reivindicar la lucha de Sergio Rojas y Jehry Rivera, quienes pagaron con su vida la resistencia frente a este ciclo de violencia e impunidad. Además de visibilizar a las personas amenazadas de muerte en los territorios, de manera que esto sirva como un seguro de vida ante la violencia sistémica y sistemática que se ha desatado en contra de estas comunidades, y que necesariamente debemos denunciar.

 

* Del Proyecto de Educación Popular y Geografía del Programa Kioscos Socioambientales y la Escuela de Geografía.
Kioscos Ambientales, UCR

“Día del Agricultor”

Lic. Javier Francisco Cambronero Arguedas

Dicho conjunto escultòrico compuesto por un campesino, una campesina y un niño, doblados arando el surco, representan bastante bien a gran parte de nuestra Costa Rica, la de origen campesino, que muestra arraigo con la tierra y con ciertos elementos simbòlicos que evocan mucho de lo bueno, de lo que nos caracteriza como pueblo: trabajo tenaz y sencillo, semilla que darà fruto abundante producto del esfuerzo y dedicaciòn de hombres y mujeres, sustento dignamente ganado y una gran fertilidad que viene del amor y el cuidado a travès de la familia. Hace màs de 500 años nuestros abrigenes obtenìan su sustento, de la tierra mayoritariamente y ocasionalmente del mar. El mestizaje del cual somos herederos, ha permitido construir una patria que en pocos meses celebrarà el Bicentenario, en el cual ni hombres ni mujeres campesinas parecieran estar invitados.

Tan poco significado tiene el campesinado costarricense, ese que nos da de comer y que ha sido fragua de la democracia costarricense, que dicho monumento fue retirado en diciembre de 2012, habiendo sido presa del vandalismo terrible de unos pocos, la indiferencia de muchos, blanco de orines y heces de perros y otros bichos, lienzo de grafittis y tòrrido refugio para fugaces aventuras amorosas nocturnas. Han pasado 9 años de su retiro y muchas promesas rotas que auguraban su restauracion pronta. Hasta un alcalde ahora metido a precandidato ofreciò recursos para que el retiro de la obra fuera breve.

Para colmo de males, una vez màs, estamos en presencia de otra grave y horrorosa omisiòn por parte del MEP al no inluir dicha celebraciòn en el Calendario Escolar, ello a pesar de que hay una ley de la repùblica que asi lo establece (Ley 4096). Dicha ley fue dictada el 11 de mayo de 1968.

Les comparto estas lìneas en medio del escenario màs espantoso ocasionado por la pandemia, que ha traido muerte, destrucciòn, dolor, sufrimiento y angustia al pueblo cotarricense y al mundo entero. Y ello significa ni màs ni menos que el aparato productivo y el empleo decente y de calidad no escapan ante tan atroz panorama. Si los polìticos de turno, ayer y hoy ya no les importa el agro costarricense, el agro profundo que nos da arroz, frijoles, maìz, chayotes, yuca, papas, cebollas, frutas y otros; les invito para que ustedes y nosotros sì seamos capaces de reivindicar a nuestros agricultores. La crisis ocasionada por el COVID tiende a profundizarse y la produccion de alimentos podrìa tornarse critica en los proximos meses. Alimentos nutritivos y frescos junto a la leche y otros productos, podrian escasear y con ello experimentar una descomunal escalada de precios y que el fantasma del hambre aparezca grotesco e inmisericorde. Hoy por hoy, producto de polìticas agrìcolas equivocadas y erràticas, el paìs tan sòlo produce la mitad de lo que consume. Vergonzosamente hay que importar alimentos en un paìs verde, con un buen règimen de lluvias, tierra feraz y con conocimientos ancestrales. Por eso resulta temerario pensar en cerrar el CNP y eliminar el Programa de Abastecimiento Institucional, que constituyen uno de los ùltimos refugios del agricultor y campesinado costarricense.

Vean que curioso, el Censo Nacional Agropecuario fue en 2014. Antes de èste, el ùltimo fue en 1984. Todos sabemos lo importante que resulta para un paìs la existencia de censos  que muestran datos y estadisticas oficiales y que conribuyen al diseño de politicas pùblicas y a tomar decisiones. Este año correspondia hacer censo y se ha anunciado por parte de autoridades gubernamentales que no se llevarà a cabo, al no presupuestar recursos para su financiamiento.

En cuanto a producciòn de alimentos si comparamos los datos entre ambos censos (2014 y 1984) la cantidad de terreno dedicada a maiz, frijoles, papa, cebolla, yuca y otros tuberculos ha venido en descenso, a contrapelo de una agricultura de exportacion (flores, follajes, naranja, piña, frutas y banano) que compite por ese mismo terreno con la produccion agroalimentaria. Eso tiene que llamarnos a reflexion.

El promedio de edad –en 2014- del agricultor costarricense fue de 53,9 años. Ojo costarricenses, pueden cotejarlo con pagina 41 del VI Censo Nacional Agropecuario. De modo que el 38% de la fuerza laboral en el campo, ese que produce alimentos, oscila entre los 43 y 59 años. Hombres y mujeres que ven sacrificada muchas veces su vida por el efecto de las plagas, los malos precios, los efectos del cambio climatico y el nefasto contrabando en nuestras fronteras de productos como papa y cebolla, denunciados una y otra vez donde el esfuerzo de autoridades fronterizas y aduaneras, pareciera no ser suficiente y se ven superados por el afàn desmedido de ganancias de malos costarricenses y un inescrupuloso espìritu de obtener ganacias a como de lugar. Nuestros campesinos no merecen ser tratados como una corronga y folclòrica alegorìa de las pinturas de Fausto Pacheco o un lejano recuerdo sumido en virtuosas letras en  Juan Varela, el Sitio de las Abras o cuentos de Carlos Salazar Herrera. Son personas de carne y hueso a quienes tambièn debemos de cuidar, de ellos dependerà nuestra sobrevivencia y en un plazo mucho màs corto de lo que muchos suponen.

Esta crisis sanitaria y econòmica ya empieza a mostrar un nuevo rostro y es crisis alimentaria, si no tomamos medidas. Debemos cuidar la producciòn de nuestros alimentos y ademàs a quienes los producen. El campo ya no puede ser màs el gran ausente en los grandes debates nacionales. Antes de la pandemia, en 55 paìses 183 millones de personas se encontraban en situacion de inseguridad alimentaria. Esta cantidad según FAO, puede haber aumenado en un 82%.  En varios paìses caribeños su aparato productivo solo era capaz de cubrir el 40% de sus necesidades alimenticias, lo demàs constituìan importaciones de alimentos, pagàndolas muchas veces mucho màs caras.

La pobreza y desempleo en el paìs han crecido. Si no hacemos lo suficiente estaremos condenando a muchas familias de costarricenese al hambre y a la sub-alimentacion, con lo cual estarìamos a las puertas de una desnutriciòn que hace varias dècadas gracias a asertivas politicas de nutriciòn y educativas, ya habiamos superado. Vivir en el campo y producir alimentos no deben ser sinònimo de pobreza. Ante el aumento de la desigualdad, el funcionamiento de la economìa debe evitar ambos, de manera que la prosperidad y los avances sociales sean para todos.

Requerimos pues, inteligencia, valor y sapiencia por parte de nuestras autoridades, partidos políticos y sus representantes. El bien común debe ser el sano motor de la política y de la economía. Hoy más que nunca la solidaridad y la lucidez deben ser las armas con que gobernantes y ciudadanos podamos seguir construyendo una meta y un destino común. La pandemia y su atención han consumido importantes recursos de la producción nacional.

Hemos sido testigos en estos 15 meses, como en lo social y económico se ha acelerado un peligroso y desgarrador proceso de exclusión y desigualdad, generando mayor concentración de la riqueza. Ante la pandemia, en víspera de la celebración del cacareado bicentenario, no a todos nos ha ido igual, negarlo, es ser cómplice de silenciosas y perniciosas injusticias. En el mundo el 1% de la población mundial se ha hecho mucho más rico de lo que era y el 99% restante resulta ser más pobre. Por eso no nos debe sorprender posiciones como las de Biden en EEUU, el FMI, el Banco Mundial recomendando a los países que con carácter transitorio graven los capitales para poder ayudar a los que menos tienen.

La pandemia nos lo está enseñando. “Un desarrollo tecnológico y económico que no deja un mundo mejor y una calidad de vida integralmente superior, no puede considerarse progreso” La solidaridad nos dice el papa Francisco, “no debe ser sólo una virtud, sino un modelo operativo de la economía; y que la fraternidad no sea una simple aspiración, sino un criterio de gobernabilidad nacional e internacional”.

La situación del agro costarricense y de nuestro campesinado puede sufrir penosas consecuencias, pues bien dice el papa emérito Benedicto XVI “el estar sin trabajo o la dependencia prolongada de la asistencia pública o privada, mina la libertad y la creatividad de la persona con graves daños en el plano psicológico y espiritual” 25 Caritas in Veritate

El gobierno no debe perder de vista que el impacto del COVID y su atención, ha ocasionado una caída de 2,2% en el PIB. Estas cifras traducidas en destrucción de empleos, significa que 475 mil costarricenses ya no tienen empleo pues la tasa de desempleo aumentó en algunos momentos hasta un 24,4%. Con estos miles de costarricenses y sus familias son víctimas de una gran indolencia por parte de cúpulas políticas y de grandes empresarios. El tejido social se desgarra y no se está haciendo lo suficiente para evitarlo. Ello, agravado con un 25% de la fuerza productiva afectada con reducción de sus jornadas y en consecuencia.

Todo esto alimenta una terrible sensaciòn de frustración, soledad y desesperaciòn, o sea una peligrosa desmoralización que puede hacer al pueblo presa fácil de quién sabe que insondables intereses.

Como sociedad no debemos caer en una especie de “nostalgia superficial y triste, que lleve a copiar y comprar, en lugar de crear y producir y dar espacio a una autoestima nacional muy baja” 51. Fratelli tutti, advierte el papa Francisco a inicios de octubre del a pasado, ya en plena pandemia. Con sentido de urgencia hay que dignificar a nuestros agricultores con acciones efectivas y no con sórdidos discursos cada 15 de mayo que a nadie convencen.

En los últimos 3 años hemos sido testigos del desmantelamiento del estado de derecho en una forma acelerada. Mucho de los logros históricos de los últimos 100 años, que como pueblo hemos alcanzado, han ido desapareciendo uno a uno tras sendos mazazos. El campo ha sido una de esas víctimas. Nuestros agricultores al igual que Ulises en La Odisea, no deben dejarse atrapar por sonoros cantos de sirena, con que una y otra vez tratan de endulzarlos y disimular de esa manera la incapacidad en la búsqueda de soluciones a los problemas que agobian al agro costarricense.

Aún hay chance para que el presidente y su equipo muestren algo de liderazgo y nos convenzan que, en sus manos, verdaderamente la política es una herramienta para mostrar “capacidad y visión para anteponer el interés y bienestar de las personas” tal y como reza su programa de gobierno, ofrecido a la ciudadanía.

El abrazar la Costa Rica del Bicentenario más que un eufemismo, es una nueva oportunidad de oro para –con humildad- escuchar y ver…y gobernar para todos, sobre todo para los que menos tienen. Hay crispación, furia y rabia. Los problemas se han acumulado y golpean a los de siempre. Debemos de entender que no son las guerras ni las enfermedades la principal causa de muerte, sino el hambre y el desamparo.

Hoy, más que estar ante un fracaso económico, estamos ante un saqueo exitoso por parte de algunos cuantos.

El agro merece más que eso. Hoy es un buen momento para que nuestro homenaje sea el de pedir perdón por ese olvido y no reconocerle su aporte a la construcción de la patria y sobre todo de que nuestra salud y nutrición depende de ellos.

Por eso ante el descuido y el olvido, la estulticia de quienes tuercen la historia y hacen una pésima lectura del presente y futuro de la patria, se asemejan a “apretar aguacates, pretendiendo madurarlos” como decía don Pepe.

Adjuntamos algunas fotografías:

¿Qué pasará con los partidos evangélicos?

Óscar Madrigal

El TSE denuncia que el PRN, el partido de la familia Avendaño, cuyo fundamento ideológico es el fundamentalismo neopentecostal, incurrió en el cobro de comisiones para otorgar contratos en la campaña electoral. Esta denuncia se suma a otras que ya están en el Ministerio Público.

La familia del vicepresidente de la Asamblea Legislativa, Carlos Avendaño, es la dueña de ese Partido, tanto padre como hijo, lo manejan a su antojo. Según información de La Nación de ayer, testimonios indican que cobraron hasta 11 millones de colones por dos contratos que deben haberse quedado en la bolsa de alguien.

Llama la atención, además, que personas que trabajaron en el corazón de la campaña electoral del PRN, le relataron a TSE que el comando recibía dinero en efectivo, “principalmente en fajos de billetes de $1.000 dólares”. Esto va más allá de la denuncia por el cobro de comisiones a proveedores. Porque la pregunta es ¿quién aportaba esas cantidades de dinero?

El dinero efectivo ha venido quedando reservado para el uso de las actividades ilegales.

¿Quién aportaba semejantes cantidades en efectivo? Podría ser desde el narco o las fundaciones norteamericanas hasta las poderosas iglesias neopentecostales de la teología de la prosperidad.

Avendaño y familia han querido desligarse del festín de dólares y echarle la culpa a Fabricio y la estructura paralela. Es difícil de creer que la familia haya estado ausente de semejante piñata. Sin embargo, esta nueva denuncia del TSE acusa directamente al hijo del diputado Avendaño. Ya no hay escapatoria del reparto.

Menudo problema tendrá Fabricio y Avendaño en las próximas elecciones. Avendaño con deuda política, pero sin candidato y Fabricio con candidato, pero sin plata. Este necesitará del poderoso apoyo económico de las “iglesias de la prosperidad”.

Avendaño se acomodará a lo que sea mejor para sus intereses económicos, calculando si le interesa más un acuerdo con Fabricio o dividir el frente neopentecostal. Al fin y al cabo, siempre ha sido un peón de los grandes intereses.

De aquí a octubre se resolverá este dilema (¿qué pasará con los partidos evangélicos?) que será un elemento fundamental a tener en cuenta en las próximas elecciones.

Cali-Colombia Resiste

Lic. José A. Amesty R.

13-mayo-2021

La resistencia (manifestaciones, bloqueos y barricadas) del pueblo colombiano, ante la arremetida del Estado narco y cuasi militar, parece estar focalizada (epicentro) un tanto en la ciudad de Cali. Esto debido a que el esbirro Álvaro Uribe, está llevando a cabo una especie de venganza, contra la ciudad de Cali, motivada a la tenacidad de esta contra las políticas de Uribe.

En este sentido, deseamos hacer unos señalamientos en torno a lo que está sucediendo en Cali-Colombia. Cali, oficialmente Distrito Especial, Deportivo, Cultural, Turístico, Empresarial y de Servicios de Santiago de Cali, es un distrito colombiano, capital del departamento de Valle del Cauca y la tercera ciudad más poblada de Colombia.

Es la única gran ciudad de Colombia que posee un acceso rápido al Océano Pacífico, dista 114 km de Buenaventura, principal puerto del país. La ciudad forma parte del Área metropolitana de Cali, junto con los municipios contiguos a esta.

La ciudad es uno de los principales centros económicos e industriales de Colombia, además de ser el principal centro urbano, cultural, económico, industrial y agrario del suroccidente del país y el tercero a nivel nacional después de Bogotá y Medellín. Es a su vez conocida como “la capital mundial de la salsa” y “la sucursal del cielo”.

Dentro de la ciudad de Cali, la burguesía convive en el oeste, donde existen urbanizaciones cerradas, complejos residenciales y también edificios con apartamentos para la clase media; y la clase más popular en el este, lo contrario de muchas capitales latinoamericanas.

Es una burguesía caleña narco, es una clase media narco. Esta burguesía caleña se hace llamar “gente de bien”, pero es la misma derecha de Latinoamérica, que se viste de blanco y ostenta grandes camionetas, de alto costo.

En el territorio de Cali y sus municipios contiguos, igualmente hacen vida los indígenas del Cauca, los paeces, descendientes de los calimas, llamada la cultura calima, de allí el nombre de Cali, quienes han luchado por siglos por el respeto de sus territorios ancestrales, principalmente su líder de los años setenta, Quintin Lame, quien lucho por la recuperación de los Resguardos indígenas en el Cauca.

Los resguardos son una institución legal y sociopolítica de carácter especial, conformada por una o más comunidades indígenas, que con un título de propiedad colectiva que goza de las garantías de la propiedad privada, poseen su territorio y se rigen para el manejo de éste y su vida interna.

En la actualidad en Colombia, existen 710 resguardos ubicados, en 27 departamentos y en 228 municipios, que ocupan una extensión aproximada de 34 millones de hectáreas, el equivalente al 30 por ciento del territorio nacional.

El movimiento indígena se ha organizado y aglutinado en el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), quien a su vez pertenece a la Organización Nacional Indígena de Colombia ONIC, los primeros han llevado a cabo la llamada minga (caravana indígena, un término de los pueblos originarios de Colombia, que significa encuentro o protesta colectiva) y que se trasladan en buses (chivas).

Recientemente, Daniela Soto, una joven lideresa indígena fue herida en un ataque armado a la minga en Cali, de allí los enfrentamientos entre la Guardia indígena, conformada por los indígenas ya mencionados, contra grupos armados paramilitares o paracos.

La guardia indígena, estaba buscando proteger a Soto, quien ingresó en urgencias del hospital Valle del Lili, por herida de bala en el abdomen. Finalmente se recuperó del balazo.

¿Pero Qué es la Guardia Indígena?

Recordemos primero que las guardias nacionales, fueron un invento estadounidense, impuestas en nuestros territorios, para reprimir y controlar los pueblos en América Latina. Las ultimas guardias nacionales que existen o existieron estuvieron en Panamá, Nicaragua y Venezuela, pero fueron desapareciendo por ser obsoletas.

La Guardia Indígena del Cauca, es una guardia territorial. Son guardas del territorio ancestral indígena. Es una guardia del Estado Comunal Indígena. Es una guardia comunal.

Es la guardia del Estado Plurinacional del Cauca. Además de proteger el territorio indígena, protege a los voceros, en este caso y momento, en la toma de Cali y contra el cerco de Cali por parte de Iván Duque.

Últimamente hemos visto un video, donde la Guardia Indígena, entrega a los ciudadanos/as de Cali, bolsas con alimentos de su producción. Son bolsas de alimentos, tipo bolsas CLAP de Venezuela. Que buscan mitigar el desabastecimiento inducido por parte del Estado colombiano, para hacer morir de hambre a Cali, por ser la abanderada del paro nacional y las protestas contra las políticas de Duque y Uribe.

Señalamos, además, que los indígenas del Cauca, son gente no violenta, que solo se defiende con palos y piedras ancestralmente. Son gente que más bien son dados a la palabra, a la búsqueda de la conciliación por medio del dialogo. Son una especie de palabreros, como los arawacos de Santa Marta en la Sierra Nevada colombiana, y los guajiros del territorio fronterizo colombo venezolano.

También hemos visto videos, donde hay enfrentamientos entre los paracos, ricos del barrio el Jardín de Cali y la guardia indígena, donde los primeros quieren desalojar a los segundos de Cali.

Estos son los sucesos de Cali-Colombia recientemente, que seguramente seguirán suscitándose, y en otros lugares de Colombia, producto del cansancio del pueblo colombiano ante tanta barbarie, muertes, asesinatos, violencia y malas políticas del Estado colombiano.

Por los caminos tenebrosos de Trump y Bolsonaro

Álvaro Vega Sánchez, sociólogo

No faltaba más que nuestro gobierno emulara los tenebrosos caminos elegidos por Donald Trump y Jair Bolsonaro para encarar la pandemia. Es decir, impulsar medidas tímidas que subestiman la crítica situación actual, cuando los contagios cobran cada día más víctimas, especialmente entre jóvenes, los hospitales están saturados y los trabajadores de la salud y la educación se exponen cada vez más a contagios y muertes.

Un paciente de 27 años con 102 días conectado a un respirador artificial y otros 11 en condiciones similares, un destacado y querido periodista de mediana edad fallecido recientemente y 20 muertos por día en promedio por semana, al parecer, no son razones suficientes para una declaratoria de alerta roja. Estamos frente a un gobierno que da las espaldas a la realidad y a las demandas de un cuerpo médico que sí tiene sensibilidad para sopesar las dimensiones de la crisis por la que atraviesa el país. Tampoco atiende al llamado de los educadores, que se parten la espalda para atender a sus estudiantes desde la casa y con sus recursos (computadora, pago de internet, electricidad y muchas horas extras no pagadas).

 Se pregunta uno, cuáles son los cálculos políticos o económicos detrás de estas medidas paliativas que se resisten a “tomar el toro por los cuernos”, y dar un mazazo que nos ponga en cintura. Continúa este gobierno poniendo la carreta delante de los bueyes. Es decir, protegiendo la economía de los pocos que no se han visto afectados por la pandemia: las grandes cadenas de supermercados, los exportadores y el sistema bancario que continúa con sus arcas llenas, mientras los pequeños y medianos comerciante y emprendedores regatean las migajas que caen de la mesa.

No hay voluntad para tomar medidas más restrictivas porque no se quiere tocar el bolsillo de quienes sí pueden aportar para que haya un salario universal digno para desempleados y subempleados, al menos mientras se supera esta etapa crítica y se abren mejores horizontes para una reactivación social y económica.

Este país se siente huérfano con un gobierno que no le escucha, y más bien se enclaustra en su palacio; incluso no da la cara en los momentos más álgidos, cuando los médicos se enfrentan a la disyuntiva de a quién dejar vivir y a quién exponer a la muerte por falta de camas.

El expresidente Donald Trump dijo: “siempre quise minimizarlo. Todavía prefiero minimizarlo, porque no quiero crear pánico”. Por su parte, ya sabemos de los desplantes de Bolsonaro calificando de “gripiña” a la enfermedad producida por el Covid 19.

No hemos escuchado esos exabruptos de don Calos Alvarado, pero ¿acaso la actitud y el comportamiento, rayano en la resistencia a tomar medidas restrictivas adecuadas, no dice lo mismo o más que esas palabras?

Desigualdades y Alternativas del Desarrollo Regional en Costa Rica

German Masís M.

Los frutos del desarrollo económico no se distribuyen de manera igual sobre el territorio nacional. Se observan en todos los países disparidades económicas entre las regiones. La disparidad regional (o la expresión sinónimo desigualdad regional), se emplea comúnmente para designar las inequidades de bienestar o de desarrollo entre regiones (Polése, M.1998, p.177).

En Costa Rica, se ha configurado un desarrollo regional dispar o desigual que evidencia que la actividad económica y los frutos del desarrollo económico no se han distribuido equitativamente entre las regiones. La distribución de las actividades económicas y su concentración responden a un modelo de desarrollo que se ha consolidado por más de 50 años en las 4 provincias centrales que forman parte de la Gran área Metropolitana (GAM), hacia la que se han dirigido las políticas económicas, los recursos y los incentivos durante más de una docena de Administraciones.

La actualización del estudio de la Matriz de Insumo Producto (MIP) efectuada por el Banco Central el año anterior, ha señalado las diferencias marcadas en la estructura productiva dentro y fuera de la GAM. La primera más concentrada en servicios y manufactura, mientras la segunda en agricultura y turismo, el comercio es predominante en casi todo el país y el transporte está dominado por San José y Alajuela; la administración pública está altamente concentrada en el centro del país y la educación y salud se encuentran más distribuidos a lo largo del país, aunque existe una mayor concentración en la GAM.

Por su parte, el Atlas de Desarrollo Humano cantonal de 2020 estableció que, si bien Costa Rica ha avanzado en mejorar las condiciones de vida de sus habitantes, el esfuerzo no ha sido suficiente para alcanzar a las regiones y personas en mayor condición de vulnerabilidad, como las mujeres y las zonas rurales y periféricas.

En el Índice de Desarrollo Humano ajustado por Desigualdad (IDH-D), la mayor desigualdad se registra en los cantones fronterizos y rurales, mientras que las regiones de planificación con mayor desventaja social son la Huetar Norte, la Huetar Caribe y la Brunca.

La actual Ministra de Trabajo, Silvia Lara, ha reconocido que “el crecimiento económico, la generación de empleo, la distribución de la riqueza ha estado concentrada en la Gran Área Metropolita (GAM), y con presencia mayoritaria en algunos pocos cantones. Este ha sido una situación histórica en el país (…) por esto debemos enfocar nuestro trabajo en el desarrollo de los territorios y generar puestos de trabajo en todo el país y no sólo en la GAM”. (CRHoy,29-1-2021).

La generación de empleos de calidad en territorios rurales es uno de los principales retos del país, ya que la concentración de la riqueza se presenta en los centros urbanizados e industrializados donde se aglomera el empleo formal y la institucionalidad gubernamental.

En busca de generar un mayor desarrollo en las regiones periféricas, la Administración 2018-2022 ha definido como sus prioridades la intervención en las regiones Huetar Norte y Huetar Atlántica, decisión que parece estar más ligada al interés de dar continuidad al proceso de reconstrucción de la zona norte frente a los efectos del huracán Otto y a la atención de la problemática social de la zona Atlántica generada por la concesión del puerto de Limón a APM Terminals.

Esta Administración está impulsando una estrategia de desarrollo en varias regiones del país, ya que según el Presidente “nuestra intención ha sido atender en conjunto con los Gobiernos locales los retos ligados a diversos temas como infraestructura de obra pública, reactivación económica, simplificación de trámites, lucha contra la pobreza y el cambio climático, desempleo, reducción de la brecha digital, entre otros”, agregó el mandatario. (ElMundo, Cr,30-4-2019).

Se están impulsando programas de desarrollo también en las regiones Chorotega, Brunca y Pacífico Central como parte del enfoque de desarrollo regional de este Gobierno, que tiene como características la conducción y liderazgo de procesos de diálogo y generación de propuestas por parte de algunos jerarcas del Gobierno Central y la existencia de una política de descentralización institucional.

Según la posición oficial, “para el Gobierno es prioritaria la generación de propuestas descentralizadas en aspectos clave para el desarrollo como la reactivación económica y generación de empleo, inclusión social, educación y diálogo social; esto para reducir las brechas de desigualdad territorial que presentan las regiones de nuestro país”. (ElPais,cr 20-3-2019).

Luego de dos años de trabajo en las regiones, la Administración Alvarado ha presentado los resultados del desarrollo en las regiones Chorotega, Huetar Norte y Huetar Atlántica. Los resultados de la acción institucional en las regiones, muestran un esfuerzo de coordinación institucional, una importante inversión de recursos en algunas áreas del desarrollo regional y un impacto en grupos específicos de la población.

Estos resultados son una sumatoria de acciones centradas fundamentalmente en el factor de la inversión pública en infraestructura vial y social especialmente efectuada con recursos del INDER y en las transferencias estatales de las instituciones de asistencia social.

No obstante en la presentación de resultados, se evidencia la ausencia de un enfoque de desarrollo territorial, que defina las dinámicas territoriales que se pretende generar en cada región y cómo éstas están en función de que los espacios regionales se conviertan en escenarios de crecimiento económico, inclusión social y sustentabilidad ambiental. (Berdegué, J.et al, Rimisp,2015).

Junto a los programas de desarrollo y la presentación de resultados en las diferentes regiones, las instancias gubernamentales han planteado estrategias específicas en temas como el impulso de la Bioeconomía y la creación de Polos de Desarrollo.

La primera pretende impulsar una transformación productiva y un desarrollo territorial basados en los recursos de la biodiversidad del país y en la integración de las regiones periféricas y la segunda busca aprovechar las características de cada región y desarrollar 11 polos de desarrollo.

También se presentó la estrategia “Motor Rural” del Instituto de Desarrollo Rural (INDER), dirigida a apoyar la reactivación económica de los territorios rurales y la construcción de Centros regionales de valor agregado para el procesamiento agroindustrial administrados por el Consejo Nacional de Producción (CNP).

Igualmente se plantea el tema de la expansión institucional que ha sufrido el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) fortaleciendo el modelo de descentralización regional de los servicios mediante el funcionamiento de nueve Unidades Regionales.

Por su parte, el Instituto Costarricense de Turismo(ICT) presentó el Índice de Progreso Social (IPS) que es una herramienta para analizar el impacto que el turismo ha tenido en el desarrollo de las regiones del país, en particular de las regiones periféricas.

Además se procuró ubicar el papel de las Universidades en el fortalecimiento del desarrollo regional e identificar los desafíos y fortalezas del trabajo de las universidades en las regiones.

Las acciones institucionales del Gobierno Central, de las instituciones autónomas y de las mismas Universidades, representan los esfuerzos para revertir las desigualdades regionales existentes y los indicadores persistentemente bajos de las regiones menos desarrolladas del país.

Los informes del Estado de la Nación han constatado un rasgo fundamental del desarrollo en Costa Rica: los fuertes contrastes dentro y entre las regiones, territorios fragmentados, con varias microrregiones claramente diferenciadas en su base productiva, pero que tienen en común bajos logros en desarrollo humano. (XXIV InformeEstadoNación,2018, p.49).

 

Imagen: UNA Comunica.

Curas, “indios” y usurpadores

Osvaldo Durán-Castro, Sociólogo

El pasado 4 de mayo 2 curas hablaron en ante el Concejo Municipal de Pérez Zeledón con el fin de apoyar que la Municipalidad medie “ante el Gobierno para que el actual conflicto, desatado a raíz de la recuperación de una finca en China Kichá, encuentre cuanto antes una justa solución”. Ya aquí tenemos la primera imprecisión insalvable basada en la ignorancia técnica injustificada, pues ése no es el origen del conflicto. Ese desliz se le podría justificar a un finlandés que llegó antier al país, pero nunca a alguien que se autodenomina “pastor”, y dice que por años su actitud ha sido “de total respeto y afecto por los varios grupos étnicos que habitan estas tierras”, según responden los clérigos a los y las recuperadores de Kelpego, Kono Ju, Sekero Kaska, Saka Duwe Senaglö y Yuwi Senaglö, mediante comunicado a la Coordinadora de lucha sur-sur.

Si la iglesia pretende, con honestidad, seriedad e imparcialidad, “que las autoridades tomen las decisiones correspondientes en el marco de la ley”, lo primero que deben hacer es conocer, apegarse y exigir que se cumplan las leyes. Antes de haber ido a la Municipalidad, debieron repasar la Constitución Política de la República de Costa Rica, la Ley Indígena N° 6172 y su Reglamento, el Convenio internacional 169 de la Organización internacional de trabajo/OIT, la Ley N° 9593 Acceso a la justicia de los pueblos indígenas de Costa Rica, las numerosas resoluciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Medida cautelar 321-12-2015, del 30 abril 2015, los informes del Observatorio de Derechos Humanos y Autonomía Indígena, ODHAIN, la documentación de La Defensoría de los Habitantes, y cientos de documentos que dan cuenta de que “salvaguardar la justicia para todos los diferentes actores que este conflicto implica”, demanda reconocer, en primer lugar, los derechos de los pueblos originarios. Cuando los clérigos dicen que el conflicto fue “desatado a raíz de la recuperación de una finca en China Kichá”, están dando muestra de total ligereza e ignorancia, y si así pretenden aportar a la “búsqueda del diálogo entre todos y en favor de la justicia y la paz”, parece más bien que siguen los pasos de Lorenzo A. de Granda y Balbín, cuando dictaba sentencia de muerte por descuartizamiento y decapitación contra el Blu Presberu.

La historia de avasallamiento, desplazamientos y extermino de los pueblos indígenas originarios no se puede comprender sin y por la iglesia católica. No es extraño ni nuevo que la iglesia se alíe con quienes violentan los derechos de los más oprimidos, en este caso de la gente indígena, aunque su discurso vaya en otra dirección. Desgraciadamente esta posición clerical de emprenderla contra los pueblos originarios data de siglos, y por eso vale la pena desempolvar algunos legajos. El español Rodrigo Borja cuyo apellido cambió por Borgia para ser nombrado papa con el nombre Alejandro VI, “tuvo el cinismo de dividir a “América” y sus pueblos, que no le pertenecían, entre España y Portugal”. Ya como papa, Alejandro VI, “uno de los más corruptos en un tiempo de terrible corrupción”, escribió para los conquistadores varias bulas en las que decretaba que “como él era el dueño de todo el universo, como representante de Dios, se las daba a los españoles y portugueses” las riquezas, las tierras y sus habitantes que fueron convertidos en esclavos cristianizados o evangelizados (ver José de Souza Silva).

Los curas también pudieron haber leído, además de leyes y jurisprudencia, otros textos para comprender cómo es que se construyó históricamente, y sigue vigente, el despojo de los pueblos originarios. Así, sabrían (¡¡de repente lo saben!!) que en México la población (indígena) descendió de 21 millones en 1.500 a 1 millón en 1.600. En Perú de 6 millones a 1 entre 1.532 y 1.628. Que Latinoamérica en 1.492 estaba poblada por 70 millones de personas y en 1.620 el 95% había sido asesinada o muerto en los campos de cultivos, según narra Fernando Báez en “El saqueo cultural de América Latina” (2008); y hubiesen revisado los señores curas el clásico “Las venas abiertas de América Latina” de Eduardo Galeano.

La iglesia es, como bien sabemos, una institución con peso descomunal en la conformación de la visón de mundo o imaginario social, de la moral y de las prácticas que en teoría rigen la vida de al menos 1.300 millones de personas en el mundo (17 de cada 100/“cristianos” en total rondan el 33%). “Como maestra en la articulación entre saber y poder, la Iglesia (católica) participó de la colonización de varias formas, incluyendo su injusta contribución a la creación de la cultura del miedo que facilitó la dominación local: miedo del pecado, del infierno, del primitivismo, del salvajismo, de Dios y de sí mismos, institucionalizando formas de ser, sentir, pensar y hacer adaptadas a la conveniencia de los dominadores”, dice De Souza Silva. Quienes terminaron creyendo a fuerza de látigo, cadenas, torturas y esclavitud y quienes por aprendizaje forzado y hasta por voluntad respetan la iglesia y su planilla hasta el día de hoy, incluida mucha gente indígena, merecen que los que les representan hablen desde la justicia, las leyes y el respeto, pero sobre todo desde la responsabilidad y la ética.

Por las razones que sea, la negación de la historia, pasada y actual, no se justifica. Menos cuando proviene de voces, como la de los curas, que para mucha gente es infalible. ¿Cómo pretender que la población de Costa Rica respete la vida, los territorios y las culturas indígenas, si escucha discursos supuestamente neutrales, basados en la ignorancia y el irrespeto? En esa lidia los curas no están solos. Recordemos al expresidente Calderón Fournier (1990-1994) cuando dijo que “en nuestro país no hubo derramamiento de sangre, ni enfrentamiento con España. Curiosamente, en Costa Rica no había población aborigen. Este país se forma de inmigrantes que empiezan a llegar hace poco menos que quinientos años. Humildes campesinos españoles que vinieron a trabajar y a forjar una nación de paz” /[1].

La iglesia católica debería revisar el legado maravilloso de Helder Pessoa Câmera y los aportes inigualables para la justicia de Pedro Casaldáliga y Frey Betto. Debería buscar y hacer propios los diarios de Oscar Arnulfo Romero. ¿O acaso nadie lo recuerda al menos cada 24 de marzo, y lo olvidaron como lo olvidó Karol Wojtyla cuando supo que lo iban a asesinar y ni se inmutó? Deberían los curas volver la mirada a Leonardo Boff para poder hablar de justicia, de fusión entre pueblos indígenas y su común-unión con la Tierra que en Costa Rica y muchísimos otros países la mayoría de indígenas cuidan y defienden.

Los pueblos no necesitan una versión megalómana y manipuladora de “pastores” para que los “guarden”, “guíen” o “apacienten como el ganado, especialmente el de ovejas” (definición de la RAE). Los pastores son innecesarios cuando los pueblos son más independientes y libres. En todo caso la autoproclamación como “pastor” no es lo peor, si no el uso de una figura de poder social, como la de cura, para colocarse ante la tragedia de siglos que han vivido los pueblos originarios y que, evidentemente, los curas que hablaron desconocen u ocultan.

Muchas veces, a pesar de su nefasta historia en contra de la humanidad, y los pueblos originarios de América Latina en particular, buena parte de la iglesia católica se ha identificado con las causas de la justicia, como ocurre con la teología de la liberación, a la que la misma cúpula vaticana ha condenado y descalificado. Millones de seguidores del catolicismo son gente comprometida con la defensa de los derechos humanos de todo tipo, y en nada responsable de los ligámenes del alto clero con los círculos de poder. Ejemplos abundan pero recuérdese nada más el Tratado de Letrán de 1929 entre el Vaticano, bajo el mando de Pío XI, y el Gobierno fascista de Benitto Mussolini, o las relaciones entre la dictadura argentina y la iglesia de ese país (1973-1983).

En el caso de Pérez Zeledón, los prelados exhumaron ignorancia técnica y un peligroso acercamiento a quienes realmente provocan el conflicto. Las tierras adjudicadas por ley a los pueblos originarios están en injusta disputa por el hecho de que los Gobiernos nunca han reconocido esos derechos; y a eso se suman las usurpaciones de no indígenas. Pedir justicia “justicia para todos los diferentes actores” es un simplismo sólo posible si se niegan los derechos de los indígenas. China Kichá es tan sólo una cruenta manifestación del conflicto. Quienes legalmente son usurpadores, es porque pretenden derechos sobre tierras que ellos mismos, las instituciones nacionales y el Estado, ya debieran reconocer como tierras indígenas y con eso terminar el conflicto. Así se evitarían más confrontación y ausencia de convivencia pacífica, más muertes que las de Sergio y Jerhy y más divisiones entre la gente indígena y entre ésta y la no indígena que los curas más bien fomentan con sus manifestaciones.

Y a modo de coda, ya que hemos escrito sobre leer para conocer y comprender, los 2 abates que hablaron pueden leer un maravilloso poema de Mario Benedetti (¡es un poeta uruguayo por aquello!) que se llama “Si dios fuera mujer”.

[1]Diario ABC (España), 23 de julio de 1992, p. 41. Citado en: UCR. Concejo institucional. (2017). Comisión Especial de Salitre. INFORME FINAL).

¿Justicia independiente o justicia en la pendiente?

SURCOS comparte la siguiente información:

Conversatorio ¿Justicia independiente o justicia en la pendiente? Riesgos frente a tendencias autoritarias en Centroamérica

Foro de Justicia

Participan:

Álvaro Artiaga, Politólogo, UCA – El Salvador; Antonio Durán, Juez penal – El Salvador; Claudia Paz y Paz, CEJIL Programa Mesoamérica y México; Rosaura Chinchilla, Universidad de Costa Rica.

Moderación activa:

Lorena González, Cátedra UNESCO, U La Salle; Marcia Aguiluz, Foro de Justicia Costa Rica.

Día: 13 de mayo del 2021

Hora: 5:00 p.m

Se podrá encontrar el conversatorio en el Facebook Live.

Amigos y enemigos, el futuro toca la puerta

Hernán Alvarado

Hace más de 50 años, Colombia se desangra en una guerra fratricida, cuya espiral de venganzas nutre una violencia desalmada; la guerra de unos, armados, contra todos los demás, desarmados. Pero esa disimula otra más indignante: la violencia estructural, cotidiana, que asegura la desigualdad social. El presidente Biden la acaba de denunciar de manera sencilla, directa y sorprendente: nadie que trabaje 40 horas a la semana merece vivir bajo el umbral de pobreza.

Las enormes manifestaciones en Colombia expresan mucho más que la oposición a una reforma tributaria de por sí retrógrada e inoportuna. Son la cosecha presupuestada, en uno de los países más afectados, de 40 años de neoliberalismo en América Latina. Toda manifestación significa que una realidad injusta se ha vuelto intolerable para muchos y, por eso, siempre será polémica, un sacudón del poder. Ella invoca un futuro desde el presente que trastorna. Cual heraldo del porvenir, anuncia un futuro espectral que cuestiona el orden vigente, el del privilegio; impulsada por un océano de demandas insatisfechas.

Más aún, la manifestación restaura la política, porque actualiza el espacio histórico de la justicia preventiva; de ahí su valor democrático. Aunque una buena gestión política atenuara el conflicto, solo lo transformaría en una nueva oportunidad emancipatoria, y así infinitamente. Por el lado contrario, la represión solo echa más gasolina al fuego. El manifestante, en cambio, habla el mismo idioma, con los mismos gestos y razones, para dos sujetos opuestos. Se dirige a amigos y enemigos, ambos contemporáneos; porque apela a una razón superior, a la convivencia pacífica, indispensable para que los negocios prosperen, para que las sociedades progresen, para que la humanidad se aproxime a su destino. También se ha visto la colaboración, incluso la complicidad, entre manifestantes y policías.

Esta manifestación en Colombia cuenta con la determinación de miles de jóvenes sin futuro, o sin más futuro que la esclavitud en un sistema que beneficia solo al 1% de la población. Parece un manifiesto firmado por millones de personas anónimas de todos los sectores, de todas las regiones, que se saben Pueblo y exigen respeto a quienes ellos mismos pagan. Discurso multívoco, tejido de múltiples voces y colores, que denuncia, en primer lugar, la represión brutal de manifestaciones pacíficas, supuestamente protegidas por la Constitución de la República. Las imágenes que circulan por todo el orbe son alarmantes. Dejan claro que una policía que sale armada lo que busca es violentar la manifestación. Colombia confirma hoy que muchas «democracias» son de papel, alegorías demagógicas, incluso distópicos encubrimientos de gobiernos dictatoriales; incapaces de cumplir, por lo demás, con la función básica de un Estado, cual es la seguridad de todos y no solo la de los más ricos propietarios.

Entonces, cabe primero un respetuoso y adolorido minuto de silencio por las decenas de caídos (36 y contando), porque la mayoría, si no todos, eran jóvenes; como Lucas Villa, instructor de Yoga y amante de la paz, quien recibió ocho disparos en el cuerpo. Lo que equivale a decir que se ha cercenado, con cada uno y cada una de ellos, el futuro de la patria. Nadie tiene derecho a segar así el futuro de la humanidad. Un gobierno que se vanaglorie o que no se avergüence de semejante atropello merecería ser depuesto y enviado al infierno del olvido con un rótulo en el pecho que dijera: «macho violador». Por eso los trinos del «Matarife», no solo deben ser borrados; deben servir para demandarlo ante las Cortes internacionales, como se ha propuesto hacer el senador Iván Cepeda.

Ha sido triste e indignante ver las noticias de terror que provienen de esa tierra querida, contra un pueblo que lleva el arte y la alegría en las venas, volcados ahora mismo en las calles. Casi no se puede creer que una policía militarizada dispare contra una juventud desarmada, sacrificándola en el altar de la brutalidad, como solo ocurriría en un narco Estado. Mientras tanto la respuesta del presidente es militarizar las ciudades, sin escuchar el coro del mundo que le grita ¡No!. Muy fallido ha de ser ese Estado, donde la policía, hasta disfrazada de civil, masacra a los habitantes que tiene el deber de proteger, mientras se muestra indolente ante el asesinado sistemático de líderes sociales.

Otra vez, el presidente comienza hablando con todo el mundo, menos con los manifestantes, mientras el país entero se le incendia y desangra frente a sus propias narices. En vez de hablarle a los jóvenes y ofrecerles diálogo y educación. Lo mismo que debiera hacer con los demás manifestantes; para que haya paz, para ralentizar el contagio, para que se recupere el país. Porque ¿qué sentido tiene polarizar una situación de gobierno contra pueblo y viceversa, a quién le sirve eso? A los mismos de siempre, a los que obtienen su rédito político del pavor que causan en la gente.

En Colombia, dicho sin ambages, el principal problema se llama «mal gobierno», uno que obedece a un «Centro» que de «democrático» solo tiene la fachada. El gobierno, en vez de traer la mejor solución a la mesa, se ha convertido en el principal obstáculo. Allá, ese «Centro democrático» ha ocupado el ejecutivo y asegurado el dominio del Senado, secuestrando además a las instancias de control institucional, por ejemplo, la Fiscalía general, con lo que ha configurado un Estado indivisamente totalitario que hoy cierra filas alrededor de su «presidente eterno». ¿Y para qué ese poder omnímodo, centralizado, si él nunca ha tenido nada que ofrecer al futuro del pueblo colombiano, salvo la defensa sangrienta del estatus quo, cual fiel guardián de un pasado que más bien habría que enterrar?

Manejar mal la pandemia no es excusable, pero se pudo haber disimulado. Pero manejar mal los tiempos de la patria, dispararle directo a los ojos, abusarla sexualmente (se habla de 10 casos documentados) y aplastarle los sueños más caros con cada uno de sus hijos e hijas agredidos, es imperdonable y torna ilegítimo el monopolio de la violencia en manos del Estado. De ese tamaño ha llegado a ser la estupidez política allá. Pocos podrán vanagloriarse de un gobierno así, manchado desde el principio, entre otras cosas, por la donación de votos comprados por parte de sus amigos del narcotráfico. Y todavía hay quien tiene el descaro, y la cobardía, de tele dar órdenes de matar a discreción. Instrucciones precisas para las «Águilas negras» que complementan la acción salvaje e ilegal de algunos cuerpos represivos del Estado, siguiendo la instrucción neo-nazi de «disipar» la inventada «revolución molecular».

La esperanza es, entonces, que esto sea el final del uribismo y su historia de terror, la que sigue esperando, en la impunidad, un juicio por más de 6,000 personas inocentes asesinadas por el ejército para cumplir con los indicadores de resultado de un gobierno homicida («falsos positivos»). Así que el fantasma del futuro ha llegado a Colombia y viene con su daga afilada y su furia ancestral, entre cantos, tambores, bailes y banderas, a cobrar las deudas de la barbarie, al pasado de la humanidad. No es casual, entonces, que los jóvenes estudiantes de la Universidad de Nueva York recogieran más de 1,800 firmas para impedir la visita de Álvaro Uribe Vélez; a quien terminaron dejando solo en su Webinar, desconectándose uno por uno, hasta cerrarle la boca, ofreciéndole un trato de vil dictador; típico final de este tipo de personaje.

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