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El Acuerdo de Escazú, de lo sublime a lo indignante

Hernán Alvarado

El Acuerdo de Escazú, según CEPAL, «plasma un paradigma de democracia ambiental fundamentado en la transparencia, la participación y la inclusión como base para las transformaciones sociales y ecológicas en la región».[1] Toda una joya de la diplomacia costarricense que consolida la narrativa país posicionada en el exterior, según la cual Costa Rica es un adalid de derechos humanos y amor a la naturaleza. Entre otras virtudes, ese tratado garantiza el derecho a la información y a la participación ciudadana contribuyendo a la protección de quienes defienden a nuestra Madre Tierra, en una América Latina que puntea en asesinatos de líderes sociales (Costa Rica suma al menos tres). Por lo demás, amarra los avances que ha venido cosechando el país en su legislación ambiental y constitucional, así que desde el principio cumple con el mínimo requerido.

No obstante, este gobierno y esta Asamblea Legislativa nos han dejado en ridículo por no estar entre los primeros que ratificaron para que el tratado entrara en vigor el pasado 22 de abril, a falta del segundo debate. Daño irreparable a la imagen del país que les reclamaremos siempre. Encima, el gobierno no ha hecho casi nada por impulsar y defender su aprobación definitiva. Imperdonable. Y hoy hasta corre el riesgo de ser rechazado, lo que sería una calamidad monumental y una vergüenza nacional sin parangón. Tal vez sea mejor mantenerlo en barbecho, como lo reconociera honestamente la diputada del PAC, Nielsen Pérez, hasta asegurarle los 38 votos; porque lo último que haría falta es que el Ejecutivo lo mande a votar para enterrarlo.[2] Por otro lado, cada día se agranda una duda en el exterior: ¿Será que Costa Rica sostiene un doble discurso en relación con derechos humanos y ambientales? ¿Será este el espejo donde nuestra hermosa imagen internacional revela su verdad de cuento bien fraguado para turistas incautos? ¿Y será casual que el Presidente Biden no haya invitado al presidente Alvarado a su cumbre climática en abril pasado?

¿Y por qué el gobierno y la mayoría de la Asamblea Legislativa se habrán puesto de acuerdo en esta otra barbaridad? Porque el tratado le inquieta al supremo inquisidor de la política pública que es la Unión de cámaras (UCCAEP). ¿Y con qué argumentos se opone? Con pocos y ridículos, ninguno válido.[3] ¿Y dónde los defiende? En ninguna parte, ¿para qué? Le ha bastado informar a sus seguidores del PLN, el PUSC y los demás partidos religiosos. Y, por supuesto, instruir al presidente, que fue electo como defensor de derechos humanos pero salió huero. Es tal el poder de ese grupúsculo que hasta la Sala IV ha recurrido otra vez a argumentos espurios para no favorecer la aprobación del tratado; evadiendo, desde luego, el fondo del asunto y congraciándose con esa configuración de fuerzas retardatarias. ¿Y la prensa plutocrática? «Calladita más bonita», como le gusta al patriarcado. Así que el Acuerdo de Escazú anda políticamente huérfano y podría ser postergado o malversado por la campaña política que se avecina, en la que casi todos compiten por parecer útiles a los dueños del dinero.

Pero tenemos que sobreponernos a la vergüenza y a la indignación que todo esto provoca y cuando menos tratar de comprender lo que está pasando, pues lo mínimo es conocer cuál es el enemigo real. Por tanto, ¿qué nos enseña esta inaudita e inédita situación? Lo que ya sabíamos: que en cuestión de política pública incide aquí, más que nadie, un grupúsculo con criterios trogloditas, al que no le importa el prestigio del país, la salud de la Madre Tierra o los derechos humanos; como tampoco le importa, nunca le ha importado, las comunidades indígenas. La única lógica que entienden es la de privatizar ganancias y socializar pérdidas. Algunos hasta se dicen católicos pero nada quieren saber de cuidar la «casa común» (Papa Francisco).

Claro, pero precisemos. Hay cientos de empresarios honestos en este país que respetan las reglas del capitalismo e incluso se arrollan las mangas para ganarse lo que se ganan. Ellos pagan sus impuestos a tiempo y los salarios de ley, porque saben que es absurdo matar de hambre a la gallina de los huevos de oro. Los hay que además impulsan programas de responsabilidad social, ambiental y comunitaria. También se enriquecen con el trabajo del prójimo, pero comparten algunos beneficios e incentivos asociados a productividad. Hasta pueden ser personas solidarias que aman su país, que pagan con gusto a la CCSS y no despiden al primer trabajador que quiere sindicalizarse.[4] Sin embargo, la gran mayoría son medianos o pequeños empresarios, sin tiempo para hacer lobby ni para formar parte de las directivas de sus respectivas cámaras.

Pero otra cosa es la mafia «empresarial», la que no paga ni el salario mínimo. El Ministerio de trabajo sabe que casi el 30 % de la fuerza laboral sufría ese flagelo en el sector privado antes de pandemia. En cambio sí paga la «ingeniería fiscal» que necesita para evadir y eludir sus obligaciones fiscales, mientras «exporta» sus ganancias a paraísos fiscales; así que ya tiene el déficit fiscal por encima del 8% del PIB y al país híper endeudado. Esa ingeniería ha inventado el capitalismo de ganancia cero, lo que le valdría para un Nobel en Economía. Estos capitalistas juegan sucio y rudo, mientras se disfrazan de «demócratas ejemplares» se niegan a pagar la seguridad social. Están también los que sin rubor contrabandean y estafan, o hacen extracciones ilícitas en bosques y ríos contaminándolos sin responsabilidad. Ellos se apropian ilegalmente de tierras del Estado o de las comunidades indígenas, venden al ICE electricidad que no necesita o cobran alquileres abusivos y sostienen otras prácticas monopólicas. Todos siguen el mal ejemplo de los usureros que por años han estado atracando a los deudores. Y quedan otras especies que caben en un largo etcétera. Y, por supuesto, también están entre ellos los que blanquean capitales al narcotráfico.

En fin, tales son los abanderados de la avaricia en el desfile del capitalismo salvaje que destruye las fuentes de toda riqueza (trabajo y la naturaleza); el mismo que está llevando a la hecatombe ecológica anunciada por el cambio climático. Todos bajo la ética del enriquecimiento ilimitado a la brevedad posible; de la concentración y centralización de la riqueza como objetivo absoluto, aunque se queden sin futuro, sin planeta, sus nietos y nietas. Actúan contra la sostenibilidad y gobernabilidad del capitalismo. De manera tan egoísta, miope e irresponsable que parecen anticapitalistas. Según la broma de Franz Hinkelammert, cortan la rama en la que están sentados. Pero, por ahora, para desgracia de todos, se van saliendo con la suya.

Mientras tanto, el Soberano, el Pueblo, con el mandato constitucional de gobernar junto a los tres poderes dizque independientes, permanece cual bello durmiente a la espera de que la Patria roce sus labios…

[1] Así anuncia el IILPES un webinar titulado: «Acuerdo de Escazú. Oportunidades del gobierno abierto ambiental», para el próximo jueves 20 de mayo del 2021.

[2] Ver un excelente análisis en: https://surcosdigital.com/la-entrada-en-vigor-del-acuerdo-de-escazu-sin-costa-rica-un-hecho-insolito-que-merece-explicacion-video/

[3] Ver el artículo de Alberto Salom, «El acuerdo de Escazú», del domingo 16 de mayo de 2021, en larepública.net.

[4] El presidente Biden acaba de hacer una defensa contundente de este derecho básico.

El principio del fin del neoliberalismo: El mensaje de Chile para Costa Rica

Luis Fernando Astorga Gatjens

«Cuando veas las barbas de tu vecino arder pon las tuyas en remojo». Es un buen consejo para quienes, aquí en Costa Rica, desde la soberbia de los puestos de dominio económico y político que ejercen, siguen apretando el torniquete de la desigualdad social y la pobreza para amplios sectores de la población, dentro de su credo neoliberal.

Chile, que ha sido el principal referente de esa doctrina para América Latina, empezó una cuenta regresiva para este proyecto económico, político e ideológico, cuando las y los jóvenes en octubre del 2019, iniciaron una protesta en el Metro de Santiago, que progresó hasta cubrir como un mar embravecido a esta ciudad y otras, de la estrecha geografía de ese país austral.

Las manifestaciones marcadas por el reclamo de justicia social y el rechazo al neoliberalismo, crecieron y tuvieron como respuesta del Gobierno de Sebastián Piñera, la represión inmisericorde y la difamación de quienes se manifestaban. Él y los dueños de poder estaban seguros de que podían controlar la situación pero se equivocaron. La lucha emprendida por la mayoría de los chilenos, obligó a la realización de un plebiscito en octubre del 2020, en el cual un 78 % de los ciudadanos y ciudadanas, expresó que querían una nueva Constitución para su país.

Los días 15 y 16 de mayo anteriores, se celebraron las elecciones para elegir los 155 integrantes, que entre junio del año en curso y del 2022, deberán redactar la nueva Carta Magna.

Los resultados de estas elecciones han sido en varios aspectos sorpresivos, pero lo más relevante es que una mayoría de quienes redactarán la nueva Constitución, son independientes y manifiestan una posición claramente anti-neoliberal. Claudio Fuentes, académico de Ciencias Políticas de la Universidad Diego Portales, de Santiago, sostiene que “los independientes ganaron porque ellos reflejaron los intereses de los actores sociales movilizados a partir del 18 de octubre y tuvieron la capacidad de movilizar a sus votantes”.

Los partidos tradicionales sufrieron una contundente derrota, incluida la agrupación del Presidente Piñera, que queda reducida a una minoría que no podrá ejercer una influencia significativa en la Convención Constituyente. Mientras tanto las y los independientes y la oposición de izquierda al gobierno, suma más de dos tercios de quienes tomarán las decisiones.

Es oportuno recordar que el modelo económico que se ha aplicado en Chile fue engendrado dentro de la dictadura de Augusto Pinochet y marcó como una sombra cuatro decenios. La aplicación de este modelo marcó el desarrollo chileno en los últimos años, donde las cifras macro-económicas positivas (particularmente, para los «dueños» de adentro y de fuera), opacaron siempre la creciente desigualdad e injusticia social. Se empezó a calentar entonces una caldera que hoy tiene este esperanzador desenlace.

Hay tres aspectos a tomar en cuenta en lo que deberá debatir y resolver la Convención Constituyente, a saber:

1) El papel del Estado en el modelo económico a aplicar. Lo más previsible es que se impulsen cambios significativos en las cuales se reduzca el rol del mercado en favor de un Estado más robusto, donde los derechos sociales de las mayorías (como la salud, la educación y el empleo), ganen terreno y se afiancen en la nueva Constitución.

2) Los derechos de los pueblos indígenas. En Chile, donde más del 12 % de su población es indígena, es la primera ocasión en que este sector poblacional que ha sido históricamente relegado, tendrá una representación asegurada de 17 miembros en la Convención Constituyente. De esta manera, esa representación podrá poner en el texto de la emergente y valiosa normas, sus derechos culturales, económicos, sociales. ambientales y políticos.

3) Paridad de género. Otro aspecto a celebrar es que la mitad quienes redactarán el nuevo texto constitucional, son mujeres. Es un hito histórico ya que será la primera ocasión en que un documento de tal magnitud, será redactado y aprobado con paridad de género.

Para quienes en Costa Rica (esa minoría plutocrática y sus seguidores y acólitos), que siguen obsesionados en mantener su proyecto neoliberal –desde las cámaras patronales, el gobierno y la Asamblea Legislativa, y sus medios informativos–, aún cuando la situación de pobreza y desigualdad social alcance a cada vez más costarricenses en medio de una devastadora pandemia, es bueno que miren lo que sucedió y sucederá en Chile en los próximos meses. Miren al sur. El pueblo de este hermano y querido país, despertó y de qué manera. Ahora si tiene sentido verlo como un modelo a seguir. Deben recordar que no hay mal que dure 100 años ni cuerpo social, que lo resista.

(18 de mayo, 2021)

La irrupción del movimiento social

Óscar Madrigal

Tal vez la característica más relevante del resultado de las elecciones en Chile sea que los candidatos de los movimientos sociales, llamados independientes, lograran la primera mayoría. Se trata de candidatos surgidos de las bases de las organizaciones sociales, comunales, comités de lucha, sindicales, campesinas, de mujeres, ambientalistas, jóvenes, que catalizan las necesidades del pueblo, que se erigen como los auténticos representantes de los intereses populares. Surgen de las bases como auténticos actores de la lucha contra el modelo impuesto por el pinochetismo.

Los llamados independientes eligieron 48 constituyentes que sumados a los 28 de la coalición del Frente Amplio y el Partido Comunista constituirían la mitad de la Asamblea.

Los independientes son más bien dirigentes y personas que están contra el régimen neoliberal impuesto por Pinochet, más cerca de la izquierda que de la derecha, incluso indispuesta con las posiciones de los gobiernos de la Convergencia de Bachelet o de Lagos. Es seguro que trabajarán por una Constitución de avanzada social y democrática que centre el modelo en los trabajadores y capas medias y no en los poderosos empresarios.

Por supuesto que el resultado electoral en Chile es producto de las grandes movilizaciones, del auge del movimiento de lucha ocurrido en años anteriores.

Sin embargo, el malestar con los partidos políticos y la política en general (incluidos los medios de comunicación, las distintas instituciones y hasta la iglesia católica) es fenómeno casi global.

En Costa Rica según la última encuesta de la UCR, el 87% de los electores está desilusionado o dice no pertenecer a ningún partido político.

Lo anterior plantea un gran reto al movimiento social, a las organizaciones sociales, las que van desde la comunidad, la vivienda, ambientalistas, de mujeres, los trabajadores hasta las de más variadas reivindicaciones: ¿se puede hacer algo para influir en las próximas elecciones? ¿O simplemente nos desentendemos de ellas y que cada cual las asuma individualmente?

El voto puede ser un arma contundente para castigar a todos aquellos partidos políticos que han gobernado en los últimos cuatro años contra el pueblo, los trabajadores y las clases medias.

Los boleros y Puerto Rico

A: Óscar López Rivera (Independentista y revolucionario)

De: León Triba

En algún lugar de Costa Rica, en recuerdo del grito de JAYUYA y por la independencia absoluta de Puerto Rico.

Mayo y 2021

Compañero Óscar, no sé si lo que escribo tenga imprecisiones históricas y esté -de seguro que sí- olvidando momentos sublimes de la producción musical de tu querida Patria, a la cual le dedicaste muchos años de prisión, en búsqueda de la absoluta independencia que le asiste a nuestro hermano país de Puerto Rico. Esto no es un tratado de ningún tipo, solo un pequeño ejercicio en es ritmo al cual se nos hace imposible renunciar, EL BOLERO.

Nadie que precise de gustar de los boleros, puede abstraerse de CUBA, MÉXICO y claro está de PUERTO RICO.

Pensemos solo en algunos de los grandes boleristas boricuas. No se a cuál de todos se le puede situar como el número uno, porque depende de nuestro estado emocional cada uno nos atraviesa hasta el más profundo sentimiento. No nos dejan un solo poro libre de ese gusto exquisito.

Dice uno, o dicen ellas: – PEDRO FLORES– y nos viene por arte de magia Blancas azucenas, Perdón, Esperanza inútil, Amor perdido, Linda. Poesía simplemente musicalizada.

Pedro quién no ha tarareado “En mi viejo San Juan”, seguramente no recordamos al autor de esa maravillosa pieza musical, hablamos del maestro NOEL ESTRADA.

Muchas y muchos, nos animamos a cantar “Perfumes de gardenias”, casi que de seguro pensamos en Cuba. Pero no, la mágica pieza corresponde al puertorriqueño RAFAEL HERNÁNDEZ; al igual que el otro clásico que de inmediato la asociamos con Daniel Santos, hago referencia a “Lamento borincano”, del mismo autor.

En la radio alguien solicita: Por favor de Javier Solís, “CATACLISMO”, y sin ninguna duda, todos damos por sentado que este magnífico cantautor es el dueño de la canción. Pero de nuevo resulta que no. Nuevamente debemos situarnos en Puerto Rico y recorrer esa novela de amor que inspiró a ESTEBAN TARONJI.

Cuando las serenatas eran parte del imaginario colectivo, le pedimos a nuestro cantante que complaciera a nuestra novia con MADRIGAL, y por supuesto que cantante, homenajeada y serenateros no podíamos precisar que esa maravillosa canción pertenece a FELIPE GONZÁLEZ, otro hijo de Puerto Rico.

En la Chiringüina, la antigua Cabaña, en el Cañalito, el Sol de Oriente, muchos habrán pedido de José Feliciano la “Copa rota” y aún, un tanto más despechado, otros piden de Julio Jaramillo “Juramento”. De nuevo, todas y todos olvidamos al autor intelectual nacido en nuestra isla latinoamericana, hablo de otro boricua, Benito de Jesús.

No agoto aquí la lista de los grandes boleristas nacidos en Puerto Rico; solo quiero decirles que yo aprendí a bailar bolero en los acordes de esa voz inigualable de otro hijo portorriqueño, refiero a BOBBY CAPO. También me atrevo a pensar que cantamos Piel canela, pero no reparamos que la canción es también originaria de Puerto Rico.

Por ahora, vamos a escuchar boleros y si tienen tiempo, pues carajos y carajas. A bailar, que también en el arte de la danza y el humor, podemos seguir construyendo redes de identidad nacional.

¡¡¡ Salud, paz y compromiso!!!

Colombia en llamas: el fin del neoliberalismo será violento

Boaventura de Sousa Santos

Colombia está en llamas. Actualmente es uno de los países con más número de muertos por covid-19, ocupando el cuarto lugar en la región después de Estados Unidos, Brasil y México, teniendo hasta la fecha tan solo el 3.5% de la población totalmente vacunada y siendo parte de los países que se niegan a apoyar la solicitud de liberación de las patentes de las vacunas. Es también el país que en 2020 contó con el 42,5% de su población en condición de pobreza monetaria y con el 15,1% de la misma en condición de pobreza monetaria extrema. A estos datos mínimos pero dicientes le podemos sumar que, tras la firma del acuerdo de paz de 2016, se han asesinado entre 700 y 1.100 personas defensores y defensoras de derechos humanos (las cifras varían entre las ONG y las instituciones gubernamentales). Las zonas que antiguamente fueron de dominio de las FARCEP hoy están en disputa por parte de distintos grupos armados ilegales, los cuales no solo buscan intereses económicos (narcotráfico, minería ilegal) sino que también traen consigo un horrible y sangriento interés por el control sobre la población civil, afectando gravemente el tejido social, dando como resultado que esto es sólo la punta del iceberg del nuevo panorama que atraviesa el país.

Es en este contexto, y tras casi 3 años bajo el gobierno de una derecha opositora al acuerdo de paz que, en medio de una pandemia que ha matado a miles de personas, el pueblo trabajador ha salido a las calles a levantar su voz en contra de una anunciada reforma tributaria que buscó, bajo la lógica del gobierno, recaudar 23 billones de pesos (algo cercano a 6.300 millones de dólares) para mejorar las finanzas públicas y financiar los programas de asistencia social. Si bien es cierto que el país necesita mejorar su sistema tributario, esta reforma planteaba aumentar el número de personas declarando y pagando impuestos sobre la renta con el aval, la visión y el marco conceptual del Fondo Monetario Internacional (FMI).

Plantear la idea de que más personas sean las encargadas de tributar y financiar los gastos del Estado, en teoría, no suena descabellado, es más, llevaría a pensar que serían las personas de altos ingresos quienes más pagarían impuestos teniendo en cuenta los principios de progresividad, equidad y eficiencia tributaria consagrados en la Constitución Política de Colombia. Pero, según los datos del Banco Mundial, Colombia es uno de los países más desiguales de América Latina (el índice GINI es de 51,3), reflejando una política fiscal inadecuada y regresiva que posibilita una alta concentración del ingreso y la riqueza, ocasionado por ello un menor desarrollo, teniendo en cuenta que los ingresos y la riqueza se quedan en manos de un porcentaje muy pequeño de la población. La reforma planteada, se uniría al largo y complejo sistema tributario del país que no refleja una verdadera política progresiva y que está lleno de beneficios tributarios dirigidos a las personas con mayores ingresos.

Podríamos afirmar que a partir de 2016 el pueblo trabajador ha inundado las calles y plazas de Colombia exigiendo la defensa de la paz y el cumplimiento de los acuerdos, la protección de los líderes sociales y la solidaridad con quienes han sido asesinados, así como el rechazo a propuestas de modificación de los regímenes pensionales, laborales y tributarios. Así, en los últimos 5 años Colombia ha visto sus calles recorridas por jóvenes, mujeres, indígenas, afros, docentes, pensionados y estudiantes que han generado hechos insólitos como presenciar una de las mayores manifestaciones en el país desde la década de 1970 como lo fue la llevada a cabo el 21 de noviembre de 2019 (21N). Gracias a este empoderamiento popular, y a pesar de la pandemia del covid-19, Colombia volvió a marchar del 09 al 21 de septiembre de 2020 para protestar en contra del abuso policial, del mal manejo del Gobierno ante la crisis económica y social provocada por la pandemia y para sentar una voz que dijera basta ya a las masacres en el país, las cuales no tuvieron tregua a pesar de las medidas de confinamiento. En especial hay que subrayar la Minga del Suroccidente Colombiano ocurrida en octubre de 2020 liderada por las organizaciones indígenas que emocionó por sus consignas y valentía y que logró movilizar a una gran parte de la sociedad en torno a sus exigencias tras su recorrido por el país, logrando la opinión favorable de millones de personas que los recibieron calurosamente en cada ciudad durante su viaje hasta la capital.

Bajo este panorama el pueblo decidió a partir del 28 de abril (28A) de 2021 marchar en contra de la reforma tributaria y del gobierno indolente. La represión de las fuerzas policiales es brutal. El malestar ciudadano ha sido objeto de estigmatización y represión por parte de la fuerza pública, lo que ha llevado a que distintas organizaciones de derechos humanos registren entre el 28 de abril y el 05 de mayo un total de 1708 casos de violencia policial, 381 víctimas de violencia física por parte de la policía, 31 muertes (en proceso de verificación), 1180 detenciones arbitrarias en contra de los manifestantes, 239 intervenciones violentas por parte de la fuerza pública, 31 víctimas de agresión en sus ojos, 110 casos de disparos de armas de fuego por parte de la policía y 10 víctimas de violencia sexual por parte de fuerza pública. . De igual manera, la Defensoría del Pueblo (la figura del ombudsman en Colombia) señaló que se registraron 87 quejas por presuntas desapariciones durante las protestas del Paro Nacional del 28A.

Lo que empezó como una fuerte oposición a una reforma impopular y a un ministro de hacienda que desconocía el valor de una docena de huevos (y en general de toda la canasta familiar), ha escalado al punto de no solo lograr que se retire dicha reforma en el congreso y que dicho ministro renuncie, sino que el presidente de la república Iván Duque Márquez ha propuesto un espacio de dialogo con distintos sectores de la sociedad civil, dialogo que hasta el momento parece ser solo entre las élites del país, desde arriba, y nunca desde abajo. Las organizaciones sociales saben por experiencia que de este gobierno nada bueno hay que esperar, pero como siempre lo han hecho no se rehúsan al dialogo. La primera victoria del movimiento ciudadano en las calles sobre el retiro de la reforma no llegó pacífica o gratuitamente. Además de las cifras antes mencionadas y recolectadas por las ONG del país, el Presidente Duque anunció la militarización del país antes de ceder al clamor social. A partir del 01 de mayo, las redes sociales y las calles colombianas han visto el horror de un despliegue militar típico de un estado de excepción dictatorial con la policía disparando en contra de manifestantes pacíficos y desarmados. Esta ha sido quizás la respuesta más violentamente represiva en tiempos de pandemia a nivel mundial.

Particularmente en Cali las protestas tuvieron una intensidad muy especial debido a la movilización de las organizaciones indígenas después del cruel asesinato de Sandra Liliana Peña, gobernadora indígena de apenas 35 años quien proponía la recuperación de los conocimientos tradicionales y rechazaba la presencia de todos los actores armados en su territorio. Esta ciudad es el segundo centro urbano más negro de América del Sur, llena de contradicciones y luchas, y que ha visto como reprimen a su pueblo de la forma más aberrante posible. La situación es tal que, en medio de una reunión pacífica y transmitida en directo por las redes sociales, se puede observar al escuadrón antidisturbios haciendo presencia para dispersar la manifestación, causando la muerte de un joven frente a más de 1.000 espectadores que observaban a través de internet. Desde Siloé, una comuna (favela) en Cali, se denunció también que durante la noche del 04 de mayo no se pudo acceder al servicio de internet en la zona.

La débil respuesta a la violencia policial por parte de las instituciones colombianas (tanto administrativas como judiciales) ha dado lugar para que civiles armados amenacen (y en ocasiones disparen) a los manifestantes bajo la idea de que son “vándalos” y “terroristas”. En Cali, los estudiantes hicieron circular el siguiente “diálogo”: “Tenemos 25.000 armas”, gritaba un hombre vestido de blanco desde su costosa camioneta parqueada frente a la Universidad del Valle (Univalle). “Nosotros tenemos una de las mejores bibliotecas del país”, le contestó un estudiante. En Pereira, el alcalde promovía un “frente común” que incluyera a miembros de la seguridad privada, al ejército y a la policía para “recuperar el orden y la seguridad ciudadana”, dando lugar a que un joven resultara herido con ocho balas y esté agonizando en un hospital de dicha ciudad.

¿Para dónde va Colombia?

Esta pregunta es importante para Colombia, pero más allá de Colombia me parece ver en los recientes acontecimientos en Colombia el embrión de mucho de lo que pasará en el continente y en el mundo en las próximas décadas. Claro que cada país tiene una especificidad propia, pero lo que pasa en Colombia parece anunciar el peor de los escenarios que identifiqué en mi reciente libro sobre el periodo postpandemia (El Futuro Comienza ahora: de la pandemia a la utopía. Madrid: Akal. 2021). Este escenario consiste en la negación de la gravedad de la pandemia, la política de sobreponer la economía a la protección de la vida, y la obsesión ideológico-política de volver a la normalidad aun cuando la normalidad es el infierno para la gran mayoría de la población. Las consecuencias de la pandemia no pueden ser mágicamente frenadas por la ideología de los gobiernos conservadores, la crisis social y económica pospandemica será gravísima sobre todo porque se acumula con las crisis que preexistían a la pandemia. Será por eso mucho más grave. Las políticas de ayuda de emergencia por deficientes que sean combinadas con el ablandamiento económico causado por la pandemia van a causar un enorme endeudamiento del Estado y el agravamiento de la deuda será una causa adicional para más y más austeridad. Los gobiernos conservadores no conocen otro medio de lidiar con las protestas pacíficas del pueblo trabajador en contra de la injusticia social que no sea la violencia represiva. Así van a responder y el mensaje va a incluir la militarización creciente de la vida cotidiana. Lo que implica el uso de fuerza letal que fue diseñada para enemigos externos. La degradación de la democracia ya bastante evidente se profundizará todavía más. ¿Hasta qué punto el mínimo democrático que todavía existe colapsará dando lugar a nuevos regímenes dictatoriales?

Este escenario no es especulación irrealista. Un reciente informe del FMI hace la misma previsión. Dicen los autores Philip Barrett y Sophia Chen1 que las pandemias pueden tener dos tipos de efectos sobre la agitación social: un efecto atenuante, suprimiendo la posibilidad de causar disturbios al interferir en las actividades sociales, así como un efecto contrario que aumente la probabilidad de malestar social y por consiguiente se generen disturbios o protestas en la medida en que la pandemia se desvanezca. Lo que no dicen es que las protestas serán motivadas por las mismas políticas que el FMI y las agencias financieras promueven en todo el mundo. Es tanta la hipocresía del mundo en el que vivimos que el FMI ignora u oculta las consecuencias de sus lineamientos. El pueblo colombiano merece y necesita de toda la solidaridad internacional. No estoy seguro si la tendrán abiertamente de las agencias internacionales que dicen promover los derechos humanos a pesar de que estos estén siendo violado tan gravemente en Colombia. Imaginemos por un momento que lo que está pasando en Colombia estuviese ocurriendo en Caracas, Rusia o cualquier otra parte del mundo declarado como no amigo de los EUA. Seguramente la OEA, el alto comisariado de la ONU, y el gobierno norte americano ya estarían en campo para denunciar los abusos y proponiendo sanciones a los gobiernos infractores. ¿Por qué la suavidad en los comunicados emitidos hasta la fecha? No se le puede escapar a nadie que Colombia es el mejor aliado de los EUA en América Latina, siendo el país que se ofreció para instalar siete bases militares de los EUA en su territorio (situación que afortunadamente no ocurrió por intervención de la Corte Constitucional). Las relaciones internacionales en el presente viven el momento más escandaloso de hipocresía y parcialidad: solamente los enemigos de los intereses norteamericanos cometen violaciones de los derechos humanos. No es nuevo, pero ahora es más chocante. Las agencias multilaterales se rinden a esta hipocresía y parcialidad sin ningún tipo de vergüenza. Los colombianos, eso sí, pueden esperar la solidaridad de todos los demócratas del mundo. En su valentía y en nuestra solidaridad reside la esperanza. El neoliberalismo no muere sin matar, pero cuanto más mata más muere. Lo que está pasando en Colombia no es un problema colombiano, es un problema nuestro, de las y los demócratas del mundo.

Por el momento, las manifestaciones en Colombia no se ven próximas a finalizar y pese a que solo ha pasado una semana desde el inicio de las mismas debemos insistir en superar el miedo que ronda las calles del país e insistir en la esperanza de un futuro prometedor, más justo y en paz, para un país que ha querido terminar un conflicto de más de 50 años a través de un Acuerdo que agoniza bajo las garras del capitalismo abisal.

 

Imagen tomada de Semanario Universidad.

Política de EEUU hacia América Latina y el resto del mundo

(“Cuando el río suena, es porque piedras trae”)

Lic. José A. Amesty R.

Lamentablemente para el mundo y para América Latina, la pandemia global, le ha venido como anillo al dedo (le sirve como pretexto) al imperialismo y su brazo ejecutor la CIA, para prever y jugar adelantado en sus políticas estratégicas para el continente latinoamericano.

Lo anterior lo evidencia el Informe de Evaluación Anual de Amenazas, elaborado por la Comunidad de Inteligencia norteamericana (IC), el cual es un informe anual de amenazas mundiales, a la seguridad nacional de EEUU. Esta comunidad está diariamente proporcionando información detallada a seguridad nacional de EEUU, para proteger las vidas de los estadounidenses y los intereses del país, y en cualquier parte del mundo.

Tal Informe devela cuales son los pasos de Biden. En este sentido, según el Informe, la CIA “pronostica” para America Latina y otros continentes, convulsión y polarización política, violencia social, elecciones impugnadas, y las atribuye directamente a la pandemia. Solo que ya sabemos que tales males, los maximiza, los utiliza, los fomenta y los atiza el imperialismo norteamericano, además de muchos otros.

Lo anterior, no es una afirmación temeraria y sin pruebas. Reiteramos, lo revela el mencionado Informe y su Evaluación Anual de Amenazas, veamos:

“Pronostica” como “Desafíos” que el planeta enfrentará durante este año, la avanzada de China por el poder global. El informe dice que China se ha convertido cada vez más en un competidor contra Estados Unidos, desafiándolo en múltiples ámbitos, incluidos los dominios de la economía, el sector militar y la tecnología.

El Partido Comunista Chino continuará con sus esfuerzos para difundir la influencia de China, socavar la de Estados Unidos, abrir brechas entre Washington y sus aliados y socios, y fomentar nuevas normas internacionales que favorezcan el sistema autoritario chino, asegura el informe.

“Pronostica” acciones desestabilizadoras de Rusia, Irán y Corea del Norte, amenazas cibernéticas y de último, el impacto económico, social y político de la pandemia Covid-19.

En cuanto a Irán, “prevé” las ambiciones nucleares de Irán, desde que el presidente Joe Biden asumió el cargo y en su intento de renegociar una versión actualizada del acuerdo nuclear de 2015, que el expresidente Donald Trump abandonó en 2018. Pero no dice el porqué de estas supuestas “ambiciones” de Irán.

En cuanto a Rusia, el Informe emite una advertencia inequívoca diciendo que Moscú es una de las amenazas de inteligencia más graves para Estados Unidos. Confirma las (supuestas) operaciones de influencia contra las elecciones de 2020, señalando que Moscú casi con toda seguridad vio las elecciones de Estados Unidos como una oportunidad para tratar de socavar la posición global de Estados Unidos, sembrar la discordia dentro de Estados Unidos, influir en la toma de decisiones de Estados Unidos e influir en los votantes de Estados Unidos.

Igual señalamiento, lo hace con relación a China, advierten los líderes de inteligencia, China también presenta una creciente amenaza de influencia en Estados Unidos. Esta afirmación puede dar cierta cobertura política a los antiguos funcionarios de la administración de Trump, que trataron de presentar a China como la mayor amenaza de contrainteligencia durante las elecciones de 2020. Los documentos desclasificados más tarde mostraron que China (supuestamente), consideró pero no desplegó esfuerzos de influencia destinados a cambiar el resultado de las elecciones presidenciales de Estados Unidos.

En Oriente Medio, el informe advirtió que la región seguirá caracterizada por conflictos generalizados, debido a insurgencias activas en varios países, principalmente entre Irán y otros países, mientras que el terrorismo y los movimientos de protesta causan violencia ocasional.

ISIS (Daesh) sigue siendo capaz de librar una insurgencia prolongada en Irak y Siria y liderar su organización global, a pesar de las pérdidas de altos directivos», dice el informe.

El cuadro de liderazgo superior de Al-Qaeda, ha sufrido graves pérdidas en los últimos años, pero los líderes restantes alentarán la cooperación entre elementos regionales, continuarán los llamamientos a ataques contra Estados Unidos y otros objetivos internacionales y tratarán de avanzar en la conspiración en todo el mundo.

Siguen “Pronosticando” que las elecciones presidenciales y legislativas de Honduras y Nicaragua, como habrá polarización ya señalada, aumentaran las denuncias de fraude, adelantándose a los acontecimientos y tirando las líneas de acción a sus ejecutores.

Adelanta además, que se agravarán las preocupaciones de la ciudadanía por el crimen (las tasas elevadas de delitos) y la corrupción oficial generalizada. Es decir, la política norteamericana impulsara en sus países aliados y no aliados, el fomento del crimen y la corrupción.

Pero hay un dato mucho más grave, como por arte de magia aumentara el tráfico de narcóticos, a medida que aumente la pobreza, se reduzcan los recursos para mayor cantidad de policías y poderes judiciales.

Los narcotraficantes mexicanos continuaran dominando el contrabando hacia los Estados Unidos. (¿y no los colombianos?).

Incluso, menciona descaradamente la nueva droga, que impulsaran para el tráfico: el fentanilo, utilizando precursores químicos, obtenidos en Asia. El fentanilo es un narcótico, hasta 50 veces más potente que la conocida heroína (y 100 veces más que la morfina), lo cual la convierte en una sustancia extremadamente peligrosa, potente y muy adictiva.

El fentanilo, a su vez, es de la familia de los opiáceos, alcaloides presentes en el opio, y las estadísticas en EEUU dicen que, mueren más personas por consumo abusivo de opiáceos, que por armas de fuego, es la droga de moda, y la droga del futuro inmediato, generando una crisis, para su obtención.

El mencionado informe, sigue detallando la ruta a seguir. Por supuesto, Venezuela enfrentará la mayor amenaza en la región, con la crisis política y económica del país, sosteniendo la salida de venezolanos al resto de la región.

Rusia ampliará su compromiso con Venezuela, y Cuba. No dice que EEUU ha utilizado la venta de armas y los acuerdos energéticos, para tratar de ampliar el acceso a los mercados y los recursos naturales de éstos y varios países de América Latina.

El informe de Inteligencia de EEUU, advierte sobre un mayor riesgo de conflicto entre India y Pakistán, es más probable que India use la fuerza militar en Pakistán.

Bajo el liderazgo del primer ministro Narendra Modi, India tiene más probabilidades que en el pasado de responder con fuerza militar a provocaciones reales o percibidas de Pakistán.

El aumento de las tensiones ha elevado el riesgo de conflicto entre los dos vecinos, con armas nucleares, con disturbios violentos en Cachemira y un ataque de militantes en India como posibles focos de tensión.

Aunque es poco probable que se produzca una guerra general entre India y Pakistán, es probable que las crisis entre los dos países se vuelvan más intensas, con el riesgo de un ciclo escalonado.

Igualmente, el Informe de los Servicios de Inteligencia de EEUU, señala que las narrativas de fraude en las recientes elecciones generales, y el impacto alentador de la irrupción violenta en el Capitolio de EE.UU, alentarán casi con toda seguridad, a los extremistas nacionales a tratar de participar en nuevos actos de violencia este año. ¿Cómo adelantándose a una posible salida o acción tipo Torres Gemelas?

Mientras realizábamos la investigación, para este artículo, nos encontramos con una perla: La Evaluación de Amenazas de 2019, advirtió previsoramente de una pandemia. Entonces evaluó que Estados Unidos y el mundo seguirán siendo vulnerables a la próxima pandemia de gripe o brote a gran escala de una enfermedad contagiosa, que podría conducir a tasas masivas de muerte y discapacidad, afectar gravemente a la economía mundial, desgastar los recursos internacionales y aumentar las peticiones de apoyo a Estados Unidos, ¿qué tal?

El informe de la CIA, de este año, termina diciendo, la misma perorata utilizada desde el inicio del Informe, que el mayor desafío este año será el impacto de la pandemia Covid-19, que tendrá efectos en los países que dependen de las remesas, el turismo o las exportaciones de petróleo, y no es que minimicemos los efectos y problemas que causa la pandemia como tal, sólo que el articulo está referido, a utilizarla para continuar su escalada guerrerista contra los países más vulnerables; y que la alternativa es buscar alivio en los préstamos de los organismos mundiales financieros, o sea, endeudarse, ¿qué tal?

 

Imagen tomada de Wikipedia.

Día de la Resistencia Romaní: el día del pueblo gitano

La población gitana recibe un rechazo que todavía
se traduce en desigualdad y estereotipos

Gabe Abrahams

Cada 16 de mayo se celebra el Día de la Resistencia Romaní.

El Día de la Resistencia Romaní conmemora la autodefensa que realizaron en 1944 unos 6.000 gitanos y gitanas al enfrentarse a los nazis para evitar ser asesinados en las cámaras de gas de Auschwitz-Birkenau.

Cada 16 de mayo el pueblo gitano conmemora un día que simboliza la resistencia contra el racismo y el odio.

Los gitanos, romaníes, cíngaros o rom son una comunidad o etnia originaria del subcontinente indio, con rasgos culturales comunes, aunque con diferencias entre sus subgrupos.

En la actualidad, están presentes principalmente en Bulgaria, Macedonia del Norte, Eslovaquia o Rumania. En España, viven entre 800.000 y 1.500.000 de gitanos y gitanas, según la Fundación FOESSA.

El talento gitano es evidente en diversos campos, especialmente en la cultura y el deporte. El desconocimiento y la falta de cultura llevan a no reconocerlo.

Entre los gitanos, hay personalidades como los ex presidentes de Brasil Juscelino Kubitschek y Washington Luís; los actores Charlie Chaplin y Bob Hoskins; o los músicos Camarón, Joaquín Cortés o la familia Flores.

También hay grandes deportistas. Son gitanos los futbolistas Eric Cantona, Andrea Pirlo, Jesús Navas, José Antonio Reyes y Dani Güiza.

También lo son los boxeadores Ivailo Marinov (Campeón Olímpico de boxeo en Los Juegos Olímpicos de 1988 y varias veces Campeón del Mundo y de Europa) o los hermanos Simion. Marian Simion fue medalla de plata en los Juegos Olímpicos del 2000 y Campeón del Mundo y de Europa en varias ocasiones. Su hermano Dorel Simion también fue medalla de plata en boxeo en diferente peso en los Juegos Olímpicos del 2000 y Campeón del Mundo y de Europa de la especialidad.

La entrada en vigor del Acuerdo de Escazú sin Costa Rica: un hecho insólito que merece explicación – video

La Alianza por una Vida Digna realizó este foro con la participación del presidente del Poder Judicial Fernando Cruz, la diputada Nielsen Pérez, el abogado especialista en Derecho Ambiental y Desarrollo Sustentable Álvaro Sagot, y el profesor de Derecho Internacional Público de la Universidad de Costa Rica Nicolás Boeglin.

La Alianza por una Vida Digna invita a compartir esta herramienta para la información, la reflexión y la toma de posición en grupos y movimientos sociales.

Afiche utilizado en la invitación al foro

Excepcionalidad en crisis

Por Memo Acuña (Sociólogo y escritor costarricense)

En agosto de 2018 se desarrolló en Costa Rica una de las manifestaciones contemporáneas de odio y nacionalismo más dramáticas que se recuerde. Se trató de una marcha convocada por redes sociales y mensajes de texto que buscaba dirigirse hacia el Parque Braulio Carrillo (conocido como Parque de La merced), ubicado en en centro de la capital. Este espacio es un emblemático lugar de encuentro y socialización de la comunidad nicaragüense radicada en el país.

Según se conoció, el objetivo de la acción consistía en demostrar que, ante el aumento de la presencia de población nicaragüense como consecuencia del conflicto sociopolítico suscitado en su país desde abril de 2018, los espacios públicos como parques, aceras y calles constituían reductos defendibles y reservados exclusivamente para los nacionales.

La apelación a la defensa del país, la utilización de signos como camisetas y banderas de Costa Rica, así como consignas en contra de las personas extranjeras, derivaron en un ambiente tenso que rápidamente fue disuelto por las autoridades costarricenses.

El evento no fue para nada aislado y debe ser entendido en el marco de una escalada en el descontento generalizado con las medidas económicas, el desempleo y la pobreza imperante en el país. Eran los momentos previos a la coyuntura sanitaria, donde esas dimensiones se afectaron ampliamente.

Para algunos sectores de la población costarricense, su molestia con el sistema político y económico imperante ha encontrado su caldo de cultivo en dos escenarios concretos: el desinterés por la política electoral, que ha sido notable en el abstencionismo producido en los últimos procesos electorales y la identificación de chivos expiatorios en las personas extranjeras, principalmente de origen nicaragüense, como responsables de la crisis y más recientemente, del aumento de los casos positivos de COVID 19.

De hecho, las acciones discursivas contrarias a la población migrante han continuado repitiéndose en tiempos de pandemia. En días recientes una campaña lanzada en redes sociales sobre la universalidad de la vacuna a todos los sectores de población, considerando las poblaciones migrantes, encontró niveles discursivos donde una vez más la defensa nacionalista («primero los de casa)» y el desconocimiento del aporte socioeconómico que las poblaciones migrantes brindan al país (“si no pagan no deberían ser vacunados») afloraron de forma intensa. La campaña impulsada por Amnistía Internacional tenía como objetivo denotar el derecho a la salud de todas las poblaciones, en condiciones de excepcionalidad. Sin embargo, las actitudes de rechazo hacia las poblaciones extranjeras fueron evidentes.

Estas no son las únicas tensiones socioculturales presentadas por la sociedad costarricense, ya que en los últimos años la defensa por el derecho a la tierra por parte de los pueblos originarios y la usurpación y ocupación de personas no indígenas ha generado acciones violentas, generalmente en contra de las comunidades indígenas.

Justamente el día 13 de mayo la coordinadora sur sur ha denunciado públicamente la organización de dos manifestaciones de personas no indígenas dirigdas hacia algunos territorios y cabeceras de ciudad, como una actitud de amedrentamiento contra las recuperaciones que poblaciones indígenas han venido desarrollando.

Esta acción no puede ser vista independientemente de una continua conducta de racismo y discriminación que histórcamente han experimentado estas poblaciones y que se ha acrecentado de forma alarmante en los últimos tiempos.

Al inicio de la pandemia, ese recurrente discurso de excepcionalidad costarricense basado en una robustez institucional, las condiciones de acceso y la calidad de los servicios, blindó las consideraciones respecto a la crisis que luego, meses después, habría de llegar con el aumento de casos, la determinación de la economía sobre la salud y el relajamiento en la conducta social de cuido por buena parte de la población costarricense.

Sin embargo, lo que denotan las percepciones y acciones sociales contra estos grupos es justamente una conducta aprendida sobre una supuesta superioridad biológica que está tras el resguardo de esa pretendida excepcionalidad que le ha hecho tanto daño a una sociedad tan necesitada de materializar la solidaridad, tolerancia y respeto como pollticas para restablecer, de nuevo, la convivencia en todos los niveles.

Lo que verdaderamente está en crisis y debemos verbalizarlo, es la forma como Costa Rica construyó su especificidad respecto a otros países de la región. Ya ese discurso se agotó. Debe ser sustituído rápidamente por otro en el que la integración y el reconocimiento sean los valores orientadores de esa nueva experiencia comunitaria que debe emerger de todo esto. Confiemos en que así sea.