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¿Es suficiente indignarse con la Cochinilla?

Por Alberto Morales Bejarano

Pienso que estaríamos de acuerdo en que no, sin embargo nuestra historia nos confirma con significativas excepciones como ejemplo la Guerra contra los filibusteros, que tenemos memoria flaca o domesticada y en menos que el gallo cante tres veces todo se habrá desinflado. Más aún si la eliminatoria inicia y Keylor Navas se digna venir a jugar con la selección.

Como pueblo regularmente educado, en donde el 52 % de los adolescentes no terminan secundaria y de estos solo el 19 % accede a la educación universitaria, pienso que la natural malicia indígena costarricense, la de Mora y Cañas, podrá ser la que den un vuelco al estado actual de las cosas.

Quisiera pensar eso, sin ser un bucólico cuento porque a veces reaccionamos.

Es de tal magnitud el descaro empresarial y la complicidad institucional, para un entrenado que era un secreto a voces pero que hasta ahora se tienen pruebas y testimonios, que verifican lo obvio, que una reacción de peso es justificable.

Cuando todo esto se contrapone a nuestros niveles de desempleo, de pobreza y de desigualdad y cuando escuchamos historias de personas reales, de verdad, sufriendo porque están pasando hambre y viven el día a día con la zozobra de si tendrán comida para el día siguiente y vuelve a pasar que no. No podemos indignarnos solamente, es la hora de que esto tiene que cambiar. Una revolución armada? indeseable por su costo pero factible; un escoger en las elecciones al menos malo? lo más probable; un populista que nos llene los oídos de lo que queremos oír? está de camino; una manifestación ciudadana multitudinaria que exija cambios reales? lo mínimo necesario pero no suficiente, para enfrentar y parar este despeñadero.

Como costarricense quisiera no olvidar ni el más mínimo detalle de la Cochinilla y mientras tengamos este sistema patético de elección de diputados y de solo representación a través de los partidos, de que hasta donde llegue, poder al menos ejercer mi derecho al voto pretendiendo el mejor cambio posible, que espero no sea votar por el menos malo. Sin embargo este esquema está en vías de agotarse y ojalá de extinción.

Quisiera poder plantearme escenarios alternativos, pero es el tal el embudo que nos ha llevado la clase político-empresarial, particularmente en los últimos treinta años, que cualquier reacción desesperada está a la vuelta de la esquina.

 

Imagen de cabecera tomada de Semanario Universidad.

Convenio 11 y trabajadores agrícolas de Costa Rica: “100 años de soledad”

Gerardo Iglesias y Carlos Amorín

SURCOS comparte la siguiente información:

En un estupendo ensayo que se encuentra en proceso de publicación por la Rel UITA, el asesor en Educación Sindical y ex funcionario de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Gerardo Castillo, y el abogado laboralista de vasta experiencia profesional acompañando la lucha de numerosos sindicatos, Frank Ulloa, ambos costarricenses, analizan exhaustivamente la génesis, la promulgación, el proceso de ratificación así como las limitaciones y obstáculos que ha encontrado en su camino el Convenio 11 que consagra la libertad sindical para los trabajadores y trabajadoras agrícolas, y que este año cumple un siglo de existencia.

Un opaco centenario

Tomando como pretexto este aniversario, los autores realizan un apretado resumen y contextualización del nacimiento de la OIT, las primeras promulgaciones de Convenios y Recomendaciones, y su desarrollo posterior.

En un lenguaje llano y didáctico, Ulloa y Castillo hacen foco en la fuerte resistencia que encontró desde su origen, en 1921, la extensión del derecho de asociación al sector agrícola mediante el artículo 1 del Convenio: “Todo Miembro de la Organización Internacional del Trabajo que ratifique el presente Convenio se obliga a asegurar a todas las personas ocupadas en la agricultura los mismos derechos de asociación y de coalición que a los trabajadores de la industria, y a derogar cualquier disposición legislativa o de otra clase que tenga por efecto menoscabar dichos derechos en lo que respecta a los trabajadores agrícolas”.

Fue necesaria la intervención de la Corte Internacional de Justicia de la Sociedad de las Naciones que, en 1923, sentenció lo que a ciertos sectores empresariales de la época no les resultaba obvio: que el ámbito de acción de la OIT abarca a la agricultura, y que los trabajadores y trabajadoras rurales tienen los mismos derechos que los demás.

Amos y siervos

Esta visión feudal, cultural e ideológicamente incrustada en el empresariado agrícola, aún persiste con diversos matices en gran parte del planeta. “(…) darle vigencia al Convenio 11 de OIT sigue siendo una aspiración de los trabajadores y trabajadoras costarricenses para enfrentar estos retos de manera organizada y dejar de estar a merced de estas empresas”, señalan los autores.

Luego de un profundo análisis sobre la aplicación y real vigencia del Convenio 11 en Costa Rica y la región, el documento aborda entre otros aspectos la crítica al modelo de desarrollo en la agricultura exportadora, las condiciones de trabajo y los derechos de la mujer en las empresas agrícolas, las normas discriminatorias en el Código de Trabajo costarricense, la impunidad de las empresas que imponen sus propias reglas, el reto de acercar los planteamientos teóricos a la realidad, y el auge y caída de la libertad de asociación en el marco de la consolidación de los Estados corporativos.

Una foto que pocos quieren ver

En sus conclusiones, Castillo y Ulloa establecen que:

  • La fuerza de un Convenio no logra anidar en la conciencia ciudadana y en la sociedad si los actores sociales (empresarios, trabajadores, Estado) no están imbuidos de la trascendencia de sus fundamentos éticos y políticos.
  • Se constata que la aplicación del Convenio 11 en Costa Rica ha sido bloqueada, obstaculizada y debilitada históricamente en distintos momentos, formas y medios… “¿Por qué? ¿Quiénes son los responsables de ello? ¿Son conscientes de las implicaciones políticas inmediatas y las que se cultivan al futuro con tales infracciones?”, preguntan los autores.
  • Se reafirma y demuestra que el poder de un instrumento jurídico de carácter internacional como son los Convenios Internacionales del Trabajo tiene una razón de ser en la salida de eventuales conflictos socio-laborales, y en la búsqueda de una meta ideal superior: la paz y la justicia social.
  • Identifican un comportamiento hipócrita presente en diversos actores económicos, políticos y sociales que supuestamente aceptan la vigencia de un sistema de derechos, pero que sin embargo lo relativizan y hasta lo violentan brutalmente para proteger sus intereses individuales y/o corporativos.
  • “De la misma manera −afirman los autores−, el concepto de ética se acuña bajo acepciones y perspectivas utilitaristas de mercado (RSE, Código Ética Empresarial, Comercio Justo, Certificadoras Internacionales, etc.), pero en ningún momento estos mecanismos implican el cumplimiento de la ley respecto a la libertad de asociación de los trabajadores agrícolas, o el respeto a los derechos laborales y al medio ambiente”.
  • En países como Costa Rica, geográficamente pequeños, de bajo desarrollo económico, con estructuras de poder neocoloniales y dependientes, las corporaciones trasnacionales han tenido un papel dominante cuyo peso y gravitación en los empresarios nacionales y las autoridades gubernamentales llega hasta nuestros días, constatan Ulloa y Castillo.
  • Se denuncia que persiste una flagrante subvaloración al trabajador, y más aún al trabajador agrícola, al que se considera como una categoría de menor rango, y la discriminación se acentúa aún más en el trato a los migrantes en el sector agrícola: hambreados, expulsados de su propio país y recibidos como un auténtico ejército de reserva explotable y desechable.
  • Las empresas transnacionales han perfeccionado los mecanismos de explotación e incrementado el nivel de abuso e impunidad al tiempo que se enriquecen, lo que demuestra que, en materia de negocios en gran escala, los riesgos políticos y éticos de las malas conductas no se registran en los libros contables. La impotencia va haciendo mella en la cultura ciudadana, comprometiendo el futuro de la gobernabilidad por el daño social provocado por la mala distribución de la riqueza. Asimismo, la irresponsabilidad ante el deterioro del planeta es incalculable.
  • Las empresas transnacionales aplican un modelo de violencia antisindical y utilizan un doble discurso: por un lado, mediante un supuesto Código de Ética, un sistema de Certificaciones, la manida Responsabilidad Social o el Comercio Justo venden en el mercado internacional la imagen de empresas respetuosas de los derechos laborales y del acatamiento al cuidado de los recursos naturales y el medioambiente. Sin embargo, en las fincas aplican una batería de prácticas y castigos antisindicales e instrumentos de relaciones laborales deformados que sirven para frenar los intentos de organización, impedir la negociación colectiva y neutralizar reivindicaciones socio económicas, al tiempo que utilizan un paquete tecnológico basado en el uso indiscriminado e impune de agrotóxicos.
  • Estas transnacionales han ideado y perfeccionado una verdadera caja de herramientas antijurídicas y de conductas antiéticas con las que capacita a sus mandos medios y a los trabajadores que ellas mismas designan para integrar el Comité Permanente de Trabajadores. Esto es una flagrante desnaturalización de la ley, pero se permite y hasta se acompaña, al obligar al sindicato a acudir a una institucionalidad fallida: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, y los Tribunales de Trabajo que no se preocupan por profesionalizar la Inspección del Trabajo. En síntesis, las transnacionales hacen un uso antiético de la legalidad que contagia al resto del empresariado, erosiona las políticas ambientalistas del país y, cada vez más, va desgastando la institucionalidad democrática.

En síntesis, no hay nada para conmemorar, todavía.

 

Fuente del artículo, le invitamos a difundir: http://www.rel-uita.org/costa-rica/100-anos-soledad/?fbclid=IwAR1HLcomGPJoi46KaO86GJ0R5UpJchpALtaisfo0pQ0LzGJ26LcwwnqD7_Q
Imagen: Mural San Javier-Uruguay | Foto: Gerardo Iglesias
Enviado a SURCOS por Maikol Hernández

Muy calladita la Municipalidad de San José

Por Freddy Pacheco León

“Muy calladita», la Municipalidad de San José, la misma del «barrio chino sin chinos», de los más de ¢1.200 millones en exoneraciones («incentivos» les dicen) a empresas constructoras de edificios, de una «ciudad tecnológica» EN EL PROFANADO «CEMENTERIO DE LOS POBRES», del tranvía sin sentido, del basurero de La Carpio que continúa con otro contrato multimillonario, los millonarios drones españoles, los «fuegos» centroamericanos, etcétera, surge ahora como protagonista relevante de los negocios con la constructora MECO. No sólo por un contrato con único oferente por cerca de ¢40.000 millones para reparación de calles, donde MECO recibirá ¢4.057 millones MÁS que lo ofertado por la descalificada, Consorcio Pedregal-Herrera, sino porque, según se consigna en el Semanario Universidad (2/4/14) durante la administración Chinchilla y Araya, fue ÉPOCA DE JAUJA para la constructora acusada de corrupción. Eso explica parcialmente por qué durante las administraciones Arias y Chinchilla, el patrimonio de MECO ¡creció de US$20 millones a US$150 MILLONES! De tanta «confianza» en esos años, que se descubrió como el eterno alcalde y entonces candidato presidencial, hasta viajó (a escondidas por supuesto) junto al contratista privilegiado, en su jet privado a Panamá.

Malvinas Argentinas

Por José Luis Callaci

Más allá de lo que puedan creer o defender los admiradores de la Corona inglesa, el conflicto sobre el Archipiélago de Malvinas se inició a partir de un artero e infundado ataque de una potencia colonial que les arrebató a sus dueños una posesión legítima heredada del imperio español. A pesar de la evidencia histórica y la fuerte razón mencionada, a la que hoy se le agregan otras como la geográfica, hay quienes aún se empeñan en deponer sus opiniones echando mano a argumentos muy trillados y fáciles de rebatir. Lo hacen haciéndole eco a los que emanan del 10 de Downing Street, que nos cuentan una historia, pero al revés. Esa fantástica admiración que algunos profesan por el Reino Unido ha llevado a afirmaciones delirantes como el llegar a decir, sic: “que ha sido mejor que las Islas fueran tomadas por el Imperio Británico y no mantenidas por España o tomadas por el Imperio Ruso, el Alemán o el Japonés”. Probablemente alguien considere que deberíamos ser más tolerantes y comprensivos, superar enojos y aceptar que cuando se practican genuflexiones ante los poderosos no existen límites para la perversidad humana. Pero las cosas son como se presentan y hay que llamarlas por su nombre. Desde la resolución 2065 de Naciones Unidas en 1965, en la cual se reconoce la disputa de soberanía y se convoca a las partes a resolver el conflicto por medio del diálogo y la negociación, el Reino Unido viene reusándose al llamado del organismo internacional que a través del Comité Especial de Descolonización el pasado 24 de junio lo reitera y contó con el abrumador apoyo de los países miembros. Los burdos intentos de soterrar los hechos del conflicto con el fin de justificar la ocupación ha servido más bien para que el apoyo mundial a Argentina sea cada vez mayor y más beligerante, llegando incluso a que muchos países hagan suya la Causa Malvinas. Así que ponerse a estas alturas a tratar de justificar la ocupación de las Malvinas, constituye un acto no solo reprochable sino inadmisible y censurable. El intento fallido de recuperación de las Islas por la fuerza de las armas por parte de un Gobierno militar en 1982 independientemente de alguna intención subyacente que haya tenido, no fue una invasión sino una ocupación legítima de lo que le pertenece al pueblo argentino. Esto al margen de lo que podamos considerar: que esa no debería ser la vía, dadas las actuales condiciones, sino la solución pacífica de la controversia. Las guerras entre las potencias coloniales europeas fueron historias de arrebatos de unos a otros. Los ingleses a principios del Siglo XIX intentaron dos veces invadir las colonias del Río de la Plata en poder del Imperio Español y fracasaron. Esa es una parte de la historia. Pero los hechos son contundentes e irrebatibles. España como resultado de acuerdos con otras potencias europeas se queda con el Archipiélago de las Malvinas el cual pasa, luego de la Independencia de sus colonias al Poder de lo que es hoy Argentina, que la ocupa con personal militar y colonos. La usurpación británica se produjo un 3 de enero de 1833 o sea varios años después de la Independencia. Los ingleses tomaron por sorpresa, por la fuerza y sin declaración de hostilidades, Puerto Soledad y expulsaron a los argentinos. Estos son los antecedentes de los justos reclamos de la parte despojada por un acto de violencia sobre el cual hay quienes lo califican como un ejemplo más de simple piratería perpetrado por la Pérfida Albión.

Juramento

A Albert Camus, Herbert E. Contreras Vásquez, Puntarenas 2012

Ante el Kosmos, en acto solemne, me reconozco animal humano pleno de contradicciones y majaderías como las demás criaturas bípedas

ante el Planeta me confieso irreverente, con el puño cerrado contra las injusticias, diciendo NO a lo que límite mis sueños o las aspiraciones de las mayorías

ante lo Ignoto, por las cenizas de mis ancestros y especialmente ante mi madre

por la gente y por los que no son tratados como gente

por los que se fueron, por los que estando aquí, permanecen ausentes

por todos y por nadie, por los que aborrecen sin saber porqué

por los que no se aman a sí mismos, por los que aman lo que no deberían amar

por esto y por aquello, en este acto solemne

me declaro engendro humano, y para no decir más sandeces

bajo sublime juramento, ante mi hermano el árbol, ante el perro sin abolengo

ante un despojo en medio de cartones homínido o cuadrúpedo ¿qué más da?

ante el agua, ante el fuego, ante el viento, ante la tierra

ante la miseria y ante la asquerosa opulencia

ante el dolor, ante el regocijo

ante uno mismo, ante la soledad, ante todos

JURO no ser parte en la construcción de esta Casa de Lunáticos.

Una visita indeseada de un gobierno falsario

Por, Carlos Meneses Reyes

El equipo gubernativo del sub presidente Duque preparó una visita del mismo al Municipio de Sardinata: Puerta de Entrada al Catatumbo Medio Nortesantandereano. Para ello escogió como sitio de reunión de un concejo de seguridad, el sitio conocido como La Virgen, de ese municipio, caracterizado por ser lugar de manifestaciones campesinas y de bloqueos de la carretera Cúcuta- Ocaña, durante el Paro Político Nacional (PPN). También por concentrar el mayor número de efectivos militares en lo que se ha constituido como una base militar de avanzada de la fuerza conjunta ( ejército, marina, aviación) de operaciones Fudra Omega, caracterizada por el profesor Víctor Renan Vega, como una prolongación del Comando Sur del ejército norteamericano, resultado del Plan Colombia, con un equivalente de 30.000, uniformados; 17.000 de los cuales aposentan en El Catatumbo, bajo la Operación de la Fuerza Vulcano, con un asentamiento de 12.000 soldados, aumentado en 5.000 soldados más, por el espurio presidente en el poder, al inicio del presente año.

Esta visita a Sardinata, celebrada en el día de ayer, 25 de junio de 2.021, la efectúa el sub presidente, cuando más de dos mil campesinos han decidido regresar a su veredas, luego de intensas gestiones del gobernador del Norte de Santander y los alcaldes de Cúcuta, Tibú y Sardinata, para lograr un despeje de las vías y carretera principal mencionada. Un fui, vi, vencí, que por poco termina en tragedia.

En el marco del Paro Nacional los campesinos se concentraron en la Y de Astilleros, donde confluye la vía de Cúcuta- El Zulia, hacia Tibú y Ocaña. El ejercito impidió la marcha campesina hacia Cúcuta, ante lo cual el gobernador del Departamento, junto con el alcalde de Cúcuta y Tibú, se dirigieron al lugar de concentración, en donde se llevó a cabo una Audiencia Pública, con la presencia de la Camisón de Paz del Congreso. Los días 13 y 14 de junio resultaron de intensa actividad, donde el gobernador escuchó las quejas de los manifestantes, siendo falso lo difundido por los medios de intoxicación masiva de la dictadura, que había sido retenido por los campesinos. Fue manifiesto el pedido de la comunidad de estar cansada de la prolongada situación del cierre de vías ente Cúcuta y El Catatumbo. El gobernador regresó a su Despacho, en el Palacio de la Cúpula Chata, como se denomina al centro de la burocracia narco estatal en la capital administrativa del Departamento. Esa noche, en la vereda Agua La Sal, del municipio de Cúcuta, motorizados armados, irrumpieron en el campamento de concentración campesina, disparándoles, en físico acto de terrorismo estatal.

La gobernación del Departamento expidió el Decreto 000879 del 17 de junio de 2.021, por medio del cual se creó la “Mesa Regional por la Reivindicación Popular de El Catatumbo”, como un instrumento de articulación de participación y de concertación, dialogo social y acuerdos, entre la gobernación del Norte de Santander y el Comité de Unidad de El Catatumbo, al que asisten y conforman más de dieciséis siglas organizativas de la región, incluidas de intereses indígenas. El día 18 de junio se llevó a cabo el acto de protocolización de firma del mencionado Decreto, para lo cual se trasladó el gobernador del Departamento al sitio de La Virgen, en Sardinata, acompañado de los alcaldes de Sardinata, El Zulia, Cúcuta; resaltando el logro de condiciones mínimas para la instalación de la Mesa, construyendo una estrategia metodológica que permita ir a los territorios, escuchar las opiniones de las comunidades, recoger inquietudes, validarlas y concertar salidas en la Mesa Regional.

¿A qué fue entonces Duque?

El equipo gubernamental publicitario suplió fases de preparación para que presentara la presidencia un balance de las “inmensas” inversiones hechas a El Catatumbo. Todas en proyección a 15 años, como si el palo estuviere para hacer cucharas. El manipulador Archila, como consejero presidencial, no calculo la diferencia de los sucesos y acontecimientos reseñados y armó una burocrática patraña de espaldas a la población campesina catatumbera.

En patético desgobierno, demuestra los efectos de contradicción que el dictatorial Decreto de asistencia militar y de velada conmoción interior, ha generado en el espíritu y comportamiento de mandatarios locales y regionales, ante el gobierno central. Desconoce que en la región se está en la actividad de instalación de seis mesas de trabajo con ejes temáticos en temas de educación, salud, vivienda, saneamiento, vías de penetración, sobre medio ambiente y en especial sobre los temas de aplicación de los Planes Pinis, referente a la sustitución de cultivos ilícitos en forma voluntaria, mancomunada, con inversiones familiares; la creación de las Zonas de Reserva Campesina(ZRC) y en una palabra la aplicación de los programas máximos y mínimos reivindicativos del movimiento popular, contenidos en los Acuerdos de La Habana y el Teatro Colon, para el logro de una paz estable duradera y de no repetición. Pero no, llegó irrumpiendo en un boato de derroche de fuerza y de estreno de uniformes del generalato. Cuando los dos mil campesinos concentrados habían regresado a sus parcelas y solo un séquito de algunas camisas blancas “de bien” uribeñas, enseñoreando aliento narco paramilitar, reproducían el eco de las contra manifestaciones a las del Paro Nacional.

Y al caer la tarde sonaron los balazos

En un caldeado ambiente político, social y económico como el que transita el país colombiano, el insuceso de disparos de un arma automática, al helicóptero presidencial, de claros distintivos, que traía de regreso a Cúcuta, al primer mandatario de algunos colombianos, no califica- como debía ser en cualquier otro país- en un hecho funesto, aciago, de consecuencias nefastas de alteración. Consuetudinarios con asesinatos de candidatos presidenciales, de líderes sociales, de desmovilizados desarmados, en réditos de beneficios electoreros a una secta, que no partido de gobierno; ya lo aciago de un evento como el sucedido en la tarde de ayer en Cúcuta, demuestra el rompimiento del tejido y sensibilidad social, de un bien preciado como la vida de los seres humanos; no pudiendo catalogar en lo sociológico y antropología, que la pérdida del miedo, pueda redundar en perdida del instinto vida-muerte.

La política concebida desde lo clásico es el resultado de hechos y sucesos. ¿Contribuye ese funesto suceso a un cambio en la conducción política? Infortunadamente, no. Se dan las reacciones esperadas de la mediática. Las declaraciones estereotipadas de “personalidades” políticas, para diferenciarse del montón. En cambio, se reiteran las manidas manifestaciones oficiales de las danzas corruptoras de las recompensas. No existe degradación más grande que la del sapeo, al que se es alérgico desde las bancas de la escuela. Así como la expresión ciudadanos “de bien” calza en la norma de la lucha de clases; los diferentes montos de recompensa ofrecidas, aplica en lo inequitativo de la distribución social de la riqueza en Colombia. Para dar con quienes han decapitado e incinerado jóvenes relacionados con la protesta, fijan: US$3.000. Por dar con quien quemó un tracto mula atravesado en la vía: US$200.000. Por quien disparó desde zona en despoblado e inventado que fue del techo de una casa de barrio humilde: US$1.000.000. Esas tales recompensas no tienen control fiscal, tributario, ni nada. Denuncian que no las dan y son objeto de extorsión subsiguiente. Fácil de comprender.

Múltiples versiones circulan en las redes sociales. Puede ser, como no, que un despistado traqueto, poseedor de esa clase de arma en el mercado negro, predominante en Cúcuta; o un aventurado miliciano, mutuo propio y en licencia, haya decidido dispararle al llamativo objetivo aéreo. No cabe en parámetros analíticos que haya sido una acción insurgente. En los últimos diez años han sido objeto de ataques con fusiles unos seis helicópteros de guerra, que posan en zonas de combate en El Catatumbo. Solo han sido averiados. No derribados. Índice de probabilidades que descartan la efectividad de esa escaramuza, dadas las dotes salvadoras y de tecnología de punta con que cuenta el helicóptero presidencial. Conocedores del conflicto armado interno en Colombia, aseguran que la guerrilla colombiana, en 50 años, no ha logrado obtener misiles, tierra-aire, por ejemplo. Queda entonces el factor preponderante de la geopolítica, dada la situación estratégica de Colombia, para el imperio y el interés de invadir a la República Bolivariana de Venezuela. Aunque burdo, es significativamente probable, lo de la doble bomba, en el mismo auto, que estalló en las instalaciones del Batallón Maza, de la 30 Brigada en Cúcuta y ahora este “atentado”, pletórico de argumentos para una acción de desestabilización en la frontera.

Sabido es que el ejército oligárquico de expansión Made in Usa colombiano, es el tercer ejercito del mundo que mayor recursos dinerarios recibe del imperio; siendo el primero Israel, el segundo Egipto y el tercero Colombia. Queda por ver la cacería de brujas en escena. Sin mayor excitación, así concluyó.

Las lecciones de Crucitas y los nuevos intentos por la minería a cielo abierto

El programa Orden del Día invita a la emisión radial sobre “Las lecciones de Crucitas y los nuevos intentos por la minería a cielo abierto”, este 28 de junio a las 5:00 p.m. Se contará con la participación de:

  • Álvaro Sagot Rodríguez
  • Nicolás Boeling Naumovic

El programa será conducido por:

  • Giselle Boza Solano
  • Rosaura Chinchilla Calderón

El programa se podrá sintonizar por medio del Facebook live de Radio Universidad de Costa Rica o mediante 96.7 FM

Para tener antecedentes de los temas que se discutirán en esta tarde, se puede visitar el siguiente articulo: https://larutadelclima.org/infinito-gold-fracasa/

¿Existe la justicia social en Costa Rica?

ANDE, UNDECA y BUSSCO invitan al foro “¿Existe la justicia social en Costa Rica?” el cuál se realizará este lunes 28 de junio a las 5:00 pm. Se contará con la participación de:

  • Jorge Coronado Marroquín
  • Martha Rodríguez González
  • Lorenzo Ramírez Cardoza

La moderación estará a cargo de Kelly Barquero Vargas

El foro se podrá sintonizar por medio del Facebook live de ANDE

Aportes al pensamiento jurídico costarricense VII

José Manuel Arroyo Gutiérrez

Les comparto en esta ocasión mi presentación del ensayo del doctor Marco Feoli Villalobos.

         El ensayo del Dr. Marco Feoli Villalobos, ex Ministro de Justicia y funcionario judicial, nos ofrece uno de los mejor logrados análisis críticos e integrales de la reforma procesal penal realizada en Costa Rica entre 1996 (año de la promulgación del nuevo Código) y 1998 (año de su entrada en vigencia).

         Se trata de una mirada al bosque dos décadas después y con impecable objetividad científica, para ver en perspectiva los logros y fracasos, los aciertos y fallas, las promesas cumplidas e incumplidas y, en fin, las luces y las sombras de una reforma legislativa que fue un intento por superar las herencias procesales del siglo XIX (régimen predominantemente inquisitorial, escrito, semi-secreto, no contradictorio), para afincarse en el siglo XXI (régimen predominantemente acusatorio, oral, público y adversarial).

         El autor hizo bien en contextualizar, de entrada, el momento histórico de la reforma. Una América Latina en transición, que simultáneamente salía de la larga noche de las dictaduras militares, buscaba alcanzar regímenes democráticos y estados de derecho y, a la vez, conocía de propuestas modelo para transformaciones normativas y de los aparatos de justicia, no sólo constitucionales, como era evidentemente necesario, sino también cambios profundos en los sistemas penales, -sustantivos y procesales-, acordes con las nuevas condiciones políticas.

          Si bien Costa Rica se había conservado dentro de su formal estabilidad democrática, ciertos sectores dirigentes, sobre todo dentro del propio Poder Judicial, también se hicieron eco de los impulsos reformistas en materia procesal penal, tanto por las disfunciones y anacronismos del régimen imperante (Código de Procedimientos Penales de 1973), como por los desafíos urgentes de modernizar y hacer más eficiente el régimen de juzgamiento en materia penal.

         A lo dicho por el autor sobre el marco general latinoamericano, sólo agregaría que en el caso nuestro, las últimas décadas del siglo pasado y las primeras de éste, están marcadas de manera cuasi-violenta por un abrupto abandono del Estado Benefactor que disfrutamos entre 1940 y 1980, hacia un modelo de libre mercado que no termina de mostrar sus virtudes y, al contrario, ha ensanchado las brechas de inequidad y ha conocido el aumento exponencial de la violencia social y delictiva, a causa de múltiples factores de naturaleza más bien sociológica, que no tienen directamente que ver con las leyes vigentes, sus reformas y sus contrarreformas. Estoy convencido – al igual que don Marco- de que el Código Procesal de 1996, tiene un diseño regido por los principios básicos del Estado Constitucional de Derecho y las convenciones y tratados internacionales en la materia, pero la mayoría de las sucesivas reformas experimentadas en estos veinte años –ahora señalo bajo mi responsabilidad-, evidencian una clara tendencia a querer resolver con represión penal las tensiones, asimetrías y conflictividades sociales de la época. Este fenómeno no es exclusivamente legislativo sino también jurisprudencial, que alcanza algunas resoluciones de la Sala Constitucional y muchas de la Sala Tercera (Penal) de los últimos años.

         Considero, abordando otro aspecto, que esta obra tiene la virtud de no eludir los debates ideológicos de fondo. Están explícitos temas esenciales que Feoli expone y sobre los cuales toma posición respecto cada uno de ellos: la función social del proceso y el derecho penal; el binomio libertad/punición y sus necesarios equilibrios; los derechos fundamentales como “fin” y al mismo tiempo “límite” del ius puniendi; la necesidad de aplicar cumplidamente las libertades y garantías procesales como presupuestos esenciales del estado de derecho; el rol, culturalmente instalado, del carácter punitivista de fiscales y jueces; y, por supuesto, la cuestión humanista que significa concebir al procesado y al condenado como parte integral de un “nosotros”, frente a una concepción que lo ubica como “el otro”, merecedor de exclusión y hasta expulsión de la comunidad.

         Es digno de destacarse también que las cuestiones medulares de este ensayo se desarrollan, como ya dije, con el lente de la objetividad científica. En lo fundamental se trata de una evaluación, a partir de identificarse las principales promesas o expectativas que motivaron la reforma procesal del 96, contrastándolas con su devenir, en la práctica, durante estas dos décadas. Metodológicamente se trata cada tópico elegido a partir de entrevistas a protagonistas y expertos en la materia. Lo anterior se respalda, además, con una amplia bibliografía y una sólida ilustración de gráficos y tablas, diseñadas y construidas bajo responsabilidad del autor, con los datos suficientes para dar consistencia y coherencia a la investigación realizada.

         Es en ese contraste entre lo prometido inicialmente y la realidad operativa del sistema procesal penal conforme pasaron los años, que se pueden rescatar, conforme el criterio del Dr. Feoli, importantes logros, sobre todo en diseño: consolidación de principios constitucionales y convencionales en el ordenamiento jurídico costarricense; perfeccionamiento del sistema predominantemente acusatorio, con una relevante redefinición de roles del fiscal (investiga y acusa), el juez (garante de legalidad y potestad decisoria), el defensor (sin grandes transformaciones en su función); y el surgimiento de la víctima como actora de importancia en tanto titular de derechos con acceso directo a la justicia. En el ámbito institucional se reconoce también el fortalecimiento de Ministerio Público, y yo agregaría que de igual manera, del Organismo de Investigación Judicial y el importante vínculo entre ambas entidades mediante la dirección funcional. Al lado de estos logros, también se reconocen fracasos, sobre todo en los ámbitos de la efectividad y operatividad del sistema: empeoramiento en la duración de los procesos; altos costos económicos de la justicia; inversiones cuantiosas en tecnología, equipamiento y aumento de personal que no trajeron mejores rendimientos; medidas alternativas a la prisión que se han aplicado en porcentajes insignificantes; y gran deuda pendiente de una legislación específica en materia de ejecución penal para adultos.

         Tal ha sido la cantidad y calidad de reformas parciales experimentadas por esta legislación procesal, que el autor habla, con razón y un tanto de ironía, de “un modelo para desarmar”. Y es que en efecto, aunque el autor no la menciona, recién promulgado el Código se impulsó la reforma para poner orden en materia de prescripciones, dado el caos interpretativo que habían generado los textos originales. Asimismo, pocos años después, si bien no a través de reforma de ley, sino de instrucciones administrativas, -lo cual fue polémico en sí mismo- se quiso impulsar y re-fortalecer la oralidad en varios puntos y momentos procesales, dado que la cultura escritural seguía oponiendo férreas resistencias al cambio. Fueron igualmente transformaciones por la vía de reformas parciales la que tuvo que ver con el empoderamiento, aún mayor, de la víctima en el proceso, el diseño de un procedimiento expedito para delitos cometidos en flagrancia, así como las restricciones al uso de medidas alternativas a la prisión y el elenco de beneficios penitenciarios. El panorama más relevante se completa con el cambio en el régimen impugnaticio que introdujo el recurso de apelación de la sentencia y reinstaló una casación de corte clásico, que ha recibido importantes críticas por su carácter cerrado con un altísimo porcentaje de rechazos por inadmisibilidad ad portas.

         Finalmente, el autor aprovecha esta evaluación general para llamar la atención sobre la problemática del sistema penitenciario. La reforma procesal coincidió con un fenómeno de agudización de la violencia delictiva en el país que terminó impactando, como nunca antes, al sistema carcelario, elevando la tasa de prisionización a más del triple y ocasionando los niveles de hacinamiento carcelario más graves de la historia. Aunque el Dr. Feoli es claro en declarar que sería injusto e inexacto responsabilizar al nuevo ordenamiento procesal penal de esas consecuencias en sede penitenciaria, sí apunta a que el Código del 96 no resolvió por sí, ni tampoco se impulsó una legislación independiente que solventara la vieja deuda que el sistema penal costarricense tiene con una legislación moderna y eficiente en materia de ejecución penal para la población adulta. Es esta la falencia más señalada, por tener que ver con el principio de legalidad y su obligado tratamiento teniendo en cuenta que se trata de la regulación y afectación de derechos fundamentales de personas condenadas. Con todo, el autor no deja de albergas esperanza de que más temprano que tarde, mediante la tramitación del expediente legislativo # 21.800, pueda finalmente el país contar con la legislación adecuada, superándose la enorme contradicción de que, dentro de un supuesto estado de derecho, tengamos una regulación de materia tan delicada, fundamentalmente a través de decretos del Poder Ejecutivo.

         En mi opinión, la preocupación que teníamos los principales responsables de la reforma procesal penal del 96-98, en cuanto a que más que un cambio jurídico-normativo, un nuevo régimen procesal penal implicaba una transformación cultural, es un desafío que sigue tan vigente como el primer día. Habrá que volver los ojos, más que a nuevas y renovadas modificaciones normativas, a la formación de nuestros jueces y juezas, a su preparación en las destrezas y conocimientos básicos, para alcanzar el mínimo funcional necesario de los sujetos procesales en un moderno estado constitucional de derecho.

José Manuel Arroyo Gutiérrez
Ex magistrado y Profesor Catedrático de la Universidad de Costa Rica.

Sabanilla de Montes de Oca, 22 de setiembre de 2020.

Nota de la edición:

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Coalición para el Cambio

Vladimir de la Cruz

Con este nombre se ha anunciado la participación de dos partidos políticos, Alianza Demócrata Cristiana y el Liberal Progresista, que se presentarán unidos, bajo la forma de una coalición, que llevará el nombre de COALICIÓN PARA EL CAMBIO, con una bandera combinada con los colores azul y anaranjado.

Las coaliciones políticas son una oportunidad que brinda la legislación electoral para que dos o más partidos puedan unirse, sin perder cada uno su identidad, en una tercera opción con otro nombre, como en este caso “Coalición para el Cambio”.

Es una manera de unir fuerzas electorales, por pequeñas que sean, para mejores opciones de participación y de ganar procesos electorales, como ha sucedido en tres ocasiones en el país, en 1958, cuando triunfó Mario Echandi Jiménez, en 1966, cuando José Joaquín Trejos Fernández derrotó a Daniel Oduber Quirós y en 1978, cuando Rodrigo Carazo se hizo con la Presidencia de la República. La sola unidad en una coalición da una idea de mayor tamaño.

Históricamente hemos tenido las siguientes experiencias de coaliciones políticas.

En las elecciones de 1953 participaron solo dos partidos políticos sin ninguna coalición, ganando la Presidencia de la República José Figueres Ferrer, con 64.71%.

En las elecciones de 1958 se unieron los partidos Unión Nacional y el Republicano Nacional, triunfando con un 46. 42 % de votación, Mario Echandi Jiménez.

En las elecciones de 1962 participaron 4 partidos sin ninguna coalición, ganando la elección Francisco Orlich Bolmarcich con 50.29%.

En las elecciones de 1966, en un ambiente muy tenso, con solo dos candidatos, la oposición a Liberación Nacional se organizó con la coalición Unificación Nacional, que postuló a José Joaquín Trejos Fernández, quien obtuvo el 50.48% de la votación. La Unificación nacional reunió a los partidos Republicano Nacional y el Unión Nacional.

En las elecciones de 1970 participaron 9 partidos políticos sin ninguna coalición, obteniendo el triunfo José Figueres Ferre con 54.79%.

En las elecciones de 1974, participaron 12 partidos, entre ellos el primer partido cristiano no católico, Alianza Nacional Cristiana, que impulsó una coalición, de tres partidos que al final se redujo a dos, el Unión Popular que se plegó al de Rodrigo Carazo, Renovación Democrática, ganando la Presidencia de la República Daniel Oduber, con un 43.44%.

En las elecciones de 1978 participaron 15 partidos, entre ellos dos coaliciones, la UNIDAD y Pueblo Unido. La Unidad reunió los partidos Renovación Democrática, Unión Popular, Demócrata Cristiano, Republicano Calderonista, y Unión Nacional. Por su parte, Pueblo Unido fue la primera coalición de partidos de izquierda después de la Guerra Civil de 1948, y luego de que en 1975 se eliminaran las trabas legales para que participaran partidos de izquierda en elecciones. Pueblo Unido reunió a Vanguardia Popular, al Socialista Costarricense y al Movimiento Revolucionario del Pueblo, ganando las elecciones Rodrigo Carazo con 50.51%.

En las elecciones de 1982 participan seis partidos políticos, dos de ellos en coaliciones, la UNIDAD y Pueblo Unido nuevamente, ganando las elecciones Luis Alberto Monge, con 58.80%. La Unidad en este caso reunió a los partidos Unión Popular, Democracia Cristiana y Republicano Calderonista.

En el gobierno de Luis Alberto Monge los partidos que constituían la Coalición Unidad se fusionaron dando origen, desde entonces, al Partido Unidad Social Cristiana.

Cuando los partidos se fusionan desaparecen haciendo surgir la nueva organización. En las coaliciones mantienen su independencia orgánica partidaria, y existen como coaliciones solo para efectos electorales.

En las elecciones de 1986 participaron 13 partidos políticos, manteniéndose la coalición Pueblo Unido. En esta ganó la Presidencia de la República Oscar Arias Sánchez con 52.34%.

En las elecciones de 1990 participaron 14 partidos, manteniéndose la coalición Pueblo Unido. Ganó la Presidencia de la República Rafael Ángel Calderón Fournier, con 51.51%.

En las elecciones de 1994 participaron 15 partidos sin ninguna coalición, ganando la Presidencia José María Figueres Olsen con 49.62%.

En las elecciones de 1998 participaron 13 partidos sin ninguna coalición, ganando la Presidencia de la República Miguel Ángel Rodríguez Echeverría, con un 46.96%.

En las elecciones del 2002 participaron 13 partidos, entre ellos la coalición Cambio 2000, que incluyó al Socialista Costarricense, Pueblo Unido y al Acción Democrática Alajuelense. Ganó la Presidencia Abel Pacheco con 38.58% en una segunda vuelta electoral.

En las elecciones del 2006 participaron 14 partidos políticos, entre ellos una coalición, Izquierda Unida, que reunió a los partidos Movimiento Autónomo del Pueblo Unido (MAPU), Movimiento de Trabajadores y Campesinos, partido provincial limonense, Partido del Pueblo Costarricense, el Revolucionario de las y los Trabajadores (PRT), el Socialista de los Trabajadores y Vanguardia Popular. Ganó las elecciones Oscar Arias Sánchez con 40.92%.

En las elecciones del 2010 participaron nueve partidos políticos sin ninguna coalición, ganando la Presidencia de la República, Laura Chinchilla Miranda, primera mujer en asumir la Presidencia de la República, con un 46.91%.

En las elecciones del 2014 participaron 13 partidos políticos, sin ninguna coalición, ganando la Presidencia de la República, en segunda vuelta electoral, Luis Guillermo Solís Rivera, con 30.64%.

En las últimas elecciones del 2018 participaron 13 partidos políticos sin ninguna coalición, ganando la Presidencia de la República Carlos Alvarado Quesada, en segunda vuelta electoral, con 21% de votos.

De 17 procesos electorales desde 1953 hasta el 2018 ha habido coaliciones en 10 procesos, 1958, 1966, 1970, 1974, 1978, 1982, 1986, 1990, 2002 y 2006, y en tres de ellos han ganado las elecciones, 1958, 1966 y 1978.

Desde el 2010 no se presenta ninguna coalición nacional. De allí la importancia que han anunciado Mario Redondo y Eli Feinzaig, de constituir esta Coalición Alianza para el Cambio, para las próximas elecciones del 2022.

Soy de la idea que la cultura y la práctica política nacional debe avanzar hacia coaliciones más desarrolladas y compactas, alrededor de Programas Políticos sólidos y de doctrinas, teorías e ideologías políticas compartidas, o en su lugar, de partidos más poderos y grandes, que permitan mejorar la administración pública.

Desde hace tiempo lo he venido señalando como una posibilidad de lograr mejores acuerdos políticos nacionales para una mejor gobernabilidad o gobernanza. Sé que no es fácil avanzar en esa línea. Muchos pequeños intereses, más personales, que políticos se cruzan para evitar las coaliciones.

En las coaliciones se tienen que ceder espacios de figuración y de posibilidades de elección. Mezquindades políticas, prejuicios políticos, vanidades `personales y egos hiper inflados impiden muchas veces constituir estos esfuerzos unitarios. Para ello se requiere madurez y cultura política, sensatez, sentido de la realidad, inteligencia emocional política, visión nacional, seguridad en sí mismos, tolerancia sólida de reconocerse y unirse en las diferencias, en saber que lo más importante es lo que une y no lo que divide, que sobre las diferencias está la unidad en la acción. Es distinguir lo principal político de lo accesorio, de saber unir, sumar y multiplicar más que restar y dividir en política. Diversidad de opinión con Unidad de acción es lo que distingue una buena coalición.

La coalición lograda en esta etapa del proceso electoral por Mario Redondo y Eli Feinzaig, por su naturaleza reúne esas condiciones, de estos dos políticos, inteligencia, sensatez, intereses comunes alrededor de las propuestas que trabajan como oferta de Gobierno, equipos de trabajo alrededor de una plataforma común.

Mario Redondo es de tradición socialcristiana, primero del Partido Unidad Social Cristiana y luego de un partido cristiano no católico, quien fuera Presidente de la Asamblea Legislativa y uno de los más distinguidos diputados que ha habido cuando le ha tocado desempeñarse en esa Tribuna del Pueblo. Con serenidad política ha aceptado aliarse a Eli Feinzaig en este proyecto común siendo Eli por  formación económica un Liberal, que a sí mismo se considera Progresista y desarrolla su liberalismo progresista como una corriente atractiva, en política y en economía, sin amenazar violentamente la organización del Estado Social de Derecho que se ha venido construyendo desde 1943, hoy bastante golpeado por los sectores ultraliberales que campean por toda la institucionalidad política nacional, en incrustados en todos los partidos que han venido gobernando.

Desde el punto de vista religioso Eli, de tradición judía, y Mario, desde el cristianismo no católico, son igualmente una amalgama de respeto y tolerancia especial de resaltar.

La posibilidad de una coalición como la que impulsaba Miguel Ángel Rodríguez con la Unidad Social Cristiana como motor, la mataron en la Asamblea Nacional de ese partido Pedro Muñoz y los suyos, sin entender la inteligente posición de Miguel Ángel, en ese sentido, y sin tener la profundidad de miras del Presidente Rodríguez, que llegó a proponer una coalición centro humanista como terminó llamándola, o en la misma visión, procurando una coalición, como lo propició Rafael Ángel Calderón, con su partido como vértice de una posible coalición de centro derecha, como originalmente la llamó, y la siguió intentando hacer con Rodrigo Chaves Robles, el exministro de Hacienda de este Gobierno del PAC, cometiendo el error de tenerlo no como un verdadero aliado sino como un monigote que asomar, motivo por el cual le fracasó el esfuerzo unitario que impulsaba.

Por su parte, Rodrigo Chaves, a todos los efectos, es una mezcla más que de liberalismo puro, por haber trabajado en organismos internacionales, detestados por la izquierda, de distintos matices de corrientes socialdemócratas, según se puede desprender de sus opiniones sobre diversos problemas nacionales.

En mi opinión hay que ponerle atención al planteamiento liberal progresista de Eli Feinzaig, en general, como al de Rodrigo Chaves para atacar ciertos males nacionales.

En el campo liberal son trasnochados, para mí, los liberales que se mantienen atrincherados en el viejo Movimiento Libertario, que ya no es la bandera de Otto Guevara ni de Federico Malavassi, ni de Natalia Díaz Quintana.

Otto y Federico en su campo, nos gusten o no, han sido buenos diputados, saben hacer su trabajo. Natalia es de otro estilo. Ella sola no va a tener espacio donde relucir, con tantas alternativas liberales. por lo demás, en este momento, está más concentrada en su trabajo profesional que en el político, donde pretende presentarse solita con su partido “Unidos Podemos”.

Los grupos cristianos no católicos van separados sin posibilidad de unirse con Fabricio Alvarado, que ya anunció su plancha presidencial y toda la lista de diputados, aprobados por su Asamblea Nacional, lo que significa que va solo. En el anuncio de su propuesta de candidatos dio el primer golpe. Anunció a todos los 57 diputados, retando con ello a todos los partidos a que hagan lo mismo. Todos los 57 candidatos son profesionales, con estudios universitarios. Aprendió la lección de escogencia de diputados. Otro reto para todos los partidos políticos, la nominación y escogencia de sus diputados.

Los cristianos no católicos al margen del partido Nueva República, de Fabricio Alvarado Muñoz, pareciera que están muy desarticulados. Por ahora no se sienten en su organización electoral hacia el 2022.

La izquierda que ha tenido experiencias de coalición no apunta en esa dirección. En este momento no hay ni existen partidos de izquierda inscritos en posibilidad de coaligarse. No se puede hablar de coalición de grupos de personas, que no existen como partidos inscritos, alrededor de un partido que sí existe inscrito. En este caso es tan solo un llamado a votar por un partido.

Hay grupos y movimientos pequeños de ciudadanos de izquierda. Muy divididos entre sí. Todavía arrastran los dolores del parto que significó la división de la década de 1980. Tienen muchos resentimientos. Su heroico pasado histórico lo enfrentan y valoran de manera hipercrítica, exaltando más los errores, o lo que se consideran errores, que aquello que produce una gloria de reconocimiento en la Historia nacional. El peor de los defectos de estos militantes que andan sueltos orgánicamente es su sectarismo para tratar a otros militantes de izquierda, o personas de izquierda en general. Hay todavía quienes se sienten poseedores de la Verdad política absoluta con solo denominarse de izquierda o exmilitantes. Como decía Fidel Castro en la década de 1960, criticando algunos grupos de izquierda, que hay gente que se siente águila sin tener una sola pluma en su pecho.

La izquierda hoy, en el 2021, tiene que replantearse en todos sus aspectos. La izquierda es hoy un espectro más amplio que en 1980. La desintegración del Sistema Mundial Socialista no acabó con el socialismo ni con el comunismo, como teoría o doctrina política, ni siquiera como utopía política. Acabó con sistemas mal administrados, con prácticas corruptas de gobernabilidad, y con sistemas que no supieron organizarse con prácticas más democráticas de ejercicio de gobiernos, y de ejercicio de derechos y libertades.

Mientras existan los problemas de hambre, desempleo, de pobreza y pobreza extrema, de inequidades sociales y de brechas sociales cada vez más amplias, de mayor concentración de la riqueza, de menores oportunidades y posibilidades de ascensos sociales, de exclusión y marginación de sectores sociales, de destrucción y empobrecimiento de las clases medias, siempre habrá banderas socialistas y comunistas que levantar…y existirán quienes las levanten, por más utópicos o idealistas que parezcan.

El Frente Amplio es observado por estos grupos de manera muy crítica. El mismo Frente Amplio se percibe como un gran complejo de culpa de sus actuaciones. No exhibe por ahora banderas importantes atractivas para los electores. La defensa a ultranza que han hecho de los gobiernos y gobernantes de Nicaragua, y de la Venezuela cabello madurista, es su Talón de Aquiles, que no les ha contribuido a proyectar un modelo socialista para Costa Rica, si tienen por espejos a esos modelos mal llamados socialistas, que tienen prácticas de gobierno corruptas muy enraizadas.

Los esfuerzos unitarios convocados por el ex Secretario General de Vanguardia Popular, Lenin Chacón, en la búsqueda de una coalición, por ahora son gritos en un desierto. No tiene interlocutores válidos.

Estudiar a fondo la historia de Vanguardia Popular es una tarea política para las personas de izquierda que quieren revivirse en las luchas sociales y políticas de este momento.

Coalición para el Cambio como lo proponen Mario Redondo y Eli Feinzaig, es un concepto válido para todos los que quieran impulsar cambios en la Costa Rica actual.

Llaman la atención algunas de las personas que están apoyando a Mario y a Eli, gente preparada, profesionales destacados en sus campos. Con ellos están construyendo sus equipos de trabajo y de plan de Gobierno, entre otros, Fabián Volio Echeverría, Denis Meléndez, Alberto Trejos, Rafael Brenes, Randall Brenes, Juan Enrique Muñoz, Marcela Trejos, Erick Lonis, Gilberto Campos, Walter Niehaus y Laura Fernández.

No han definido aún candidaturas. Alguno de ellos, seguramente, Mario o Eli irá encabezando la papeleta presidencial. Podrían ir los dos, a la vez encabezando provincias, Cartago y San José, como candidatos a diputados, acompañados, de la misma forma, y en la misma fórmula presidencial, de Laura Fernández, gran conocedora del engranaje político institucional, asesora parlamentaria, excelente cuadro político.

Por ahora valoro positivamente este esfuerzo de Mario Redondo y Eli Feinzaig. Es un ejemplo de lo que se puede hacer.