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Escamoteo y exclusión en salud y pensiones

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

M.Sc. Rodrigo Arias López
Matemático y Actuario

Costa Rica ha logrado avances significativos en seguridad social. En salud y pensiones, gracias a la creación del Ministerio de Salud, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados y el Instituto Nacional de Seguros y otras instituciones, hoy contamos con indicadores sociales mejores que los de muchos otros países.

Nuestro derecho a la salud y a la vida obliga a la CCSS a dar atención médica de urgencias y hospitalización a quien la requiera, por lo cual la cobertura del seguro de salud (SS) llega al 100% de la población. Esta tasa se reduce a un 86% cuando se excluye a quienes no están asegurados, ya sea por desempleo, evasión o exclusión. En pensiones (IVM) en cambio, los valores no son tan buenos, pues la cobertura de asegurados cotizantes alcanza el 58% de la Población Económicamente Activa (PEA); 63% si se agrega a quienes cotizan en los regímenes sustitutos. Adicionando a las personas que no cotizaron en el último año; pero que ya tenían 15 o más años cotizados estimo que la cobertura en pensiones alcanza el 75% de la PEA.

Si bien estos indicadores globales lucen bastante buenos, no podemos decir lo mismo al considerar subgrupos poblacionales. Los siguientes dos ejemplos ilustran baches en salud y pensiones que hasta la fecha han sido soslayados por la CCSS y por el Estado, a pesar de que afectan a quienes más necesitan de ayuda estatal.

A los asegurados por cuenta del Estado conforme al artículo 2 de la Ley N° 5349 les niegan el derecho de recibir subsidios en caso de incapacidad temporal por enfermedad, de licencia en caso de maternidad y traslados, como si la condición de pobreza fuera sinónimo de vagabundería o desprecio. Dicha ley obliga a la CCSS a brindar “asistencia médica y hospitalaria” a estas personas; sin embargo, en el artículo 11 de su reglamento se indica que “Los «Asegurados por cuenta del Estado», tendrán derecho a todas las prestaciones que otorga el Régimen de Enfermedad y Maternidad de la Caja, con excepción de los subsidios en dinero por cualquier título y los traslados”, lo cual no está establecido en la Ley 5349.

Ilustro lo anterior con una familia en condición de extrema pobreza asegurada por el Estado en el SS, de 4 miembros y con ingreso familiar mensual de ₡200.000 o menos. En un hogar como este si el jefe o jefa de familia se enferma, la falta de asistencia económica promovida o evadida por la CCSS y por el Estado lo condena a mayor miseria, deserción estudiantil, vulnerabilidad a la enfermedad, desintegración familiar y hasta a la delincuencia. En cambio, si esta misma familia estuviera asegurada bajo otra modalidad en el SS sí recibiría asistencia económica en caso de incapacidad temporal por enfermedad o de licencia por maternidad.

En el primer caso anterior la CCSS cobra al Estado la tarifa media de las modalidades de aseguramiento contributivo (artículo 6 de la Ley N° 7374), calculada como el total de cuotas entre el total de masa salarial (ver la página 12 del informe de Auditoría Interna de la CCSS ASF-112-2017 en https://drive.google.com/file/d/1UJpsCIey8x0hJ4Mf_ujG8FqvgDkGYojr/view?usp=sharing), sin excluir el costo de los subsidios por incapacidad temporal en caso de enfermedad y de licencia por maternidad, ni los costos de traslados. Dicha tarifa es aplicada sobre la Base Mínima Contributiva del SS. Con esta actuación la CCSS presuntamente estaría incurriendo en enriquecimiento ilícito cobrando y recibiendo dineros por costos de subsidios de incapacidad temporal por enfermedad, de licencia por maternidad y de traslados que están escamoteando o no están brindando a los asegurados por el Estado.

En mi criterio lo que procede es que a estos asegurados les otorguen todos los servicios integrales de salud sin discriminación alguna, conforme a la definición de “servicios integrales de salud” promovida por la Organización Mundial de la Salud (https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/primary-health-care) y hasta por la propia CCSS (https://www.ccss.sa.cr/portal/cultura-organizacional), todo de conformidad con los artículos constitucionales 33, 50, 51, 74 y 177.

Como si el anterior presunto robo a cerca de 650.000 personas aseguradas por el Estado en el SS fuera poco, estos seres humanos están olvidados por el Estado en caso de las contingencias de invalidez, vejez y muerte – están excluidas de todos los regímenes de pensiones existentes en Costa Rica-, pues a pesar de que el transitorio del artículo 177 constitucional establece desde el año 1961 que “La Caja Costarricense del Seguro Social deberá realizar la universalización de los diversos seguros puestos a su cargo, incluyendo la protección familiar en el régimen de enfermedad y maternidad, en un plazo no mayor de diez años. contados a partir de la promulgación de esta reforma constitucional”, lo cierto es que ninguna ley hasta la fecha ha establecido la cobertura de dichas contingencias para ellos.

El Régimen No Contributivo de Pensiones (RNC) creado por la Ley N° 5662 y administrado por la CCSS (Ver http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=64032&strTipM=TC), no cubre en la práctica de manera integral a las personas aseguradas por el Estado en el SS, por las razones que señalo a continuación:

1) El RNC no es preventivo, por lo que no acumula derechos como generalmente sucede en un régimen de pensiones.

2) En el RNC las pensiones por vejez se asignan si al llegar a la edad de 65 años la persona se encuentra en condición de pobreza o de extrema pobreza, no tiene derecho a pensión en otro régimen de pensiones y el Estado asigna los recursos.

3) Las pensiones del RNC no son heredables en caso de muerte, dejando en desamparo al núcleo familiar del pensionado ante dicha contingencia.

4) El RNC no ofrece garantía de protección a todos los adultos mayores en condición de pobreza o pobreza extrema. Según datos de la encuesta que realiza el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), en nuestro país hay cerca de 18.500 personas adultas mayores en extrema pobreza que no están cubiertas por el RNC y otras 35.500 personas adultas mayores en condición de pobreza que tampoco reciben protección del RNC.

5) El monto de la pensión mensual del RNC de ₡82.000 es sumamente bajo, por lo que no cumple con los objetivos mínimos de bienestar y seguridad social. Según datos del INEC, unos 10.000 pensionados del RNC viven en condición de extrema pobreza y otros 44.000 pensionados del RNC permanecen en condición de pobreza.

6) Datos de la misma fuente indican que hay 132.000 personas adultas mayores no pobres y no asalariadas que no están pensionadas por ningún régimen nacional de pensiones. Es probable que muchas de ellas hayan vivido en condición de extrema pobreza o de pobreza durante un período de tiempo y salieron de esa condición demasiado tarde como para acumular derecho a una pensión de un régimen contributivo de pensiones.

7) El 31,5% (51.500 casos) de las pensiones de vejez de IVM son pensiones mínimas de ₡137.000 mensuales, lo cual en mi opinión es una calamidad. Según datos del INEC 51.000 pensionados de IVM viven en condición de pobreza o de extrema pobreza; 37.000 de ellos son adultos mayores. Muchos de estos pensionados reciben montos mínimos de pensión porque la condición de pobreza o de extrema pobreza no les permitió aportar suficientes cuotas, ni cotizar sobre salarios adecuados y además porque el Estado los excluyó de la cobertura de pensión cuando estaban activos y en pobreza, como sucede hoy.

En mi opinión las personas cubiertas en el SS de conformidad con el artículo 2 de la Ley 5349 también deben estar cubiertas por un régimen de pensiones, para lo cual se debería crear una ley que lo instaure y regule y le asigne los recursos necesarios de conformidad con el artículo 177 constitucional y su transitorio.

Sin embargo, parece que en esta materia a nivel político las cosas van hacia otro rumbo, pues el Estado más bien desfinancia al RNC y a otros programas de ayuda a los más necesitados (https://semanariouniversidad.com/pais/los-fondos-para-los-pobres-son-sacrificados/). Paradójicamente existen sindicalistas angurrientos de poca conciencia social que sugieren quitarle recursos a los pobres para trasladarlos a IVM (https://www.ande.cr/noticia/R2UnQ8XpJ0D0). Esta maquiavélica sugerencia ya tuvo eco en la Superitendencia de Pensiones (https://semanariouniversidad.com/pais/plantean-que-recursos-de-programas-sociales-se-trasladen-a-pensiones-de-la-caja/). Recemos para que este eco de más miseria no llegue al Fondo Monetario Internacional.

¿Impulsa, con la Ley de Empleo Público, el Partido Acción Ciudadana un Gobierno Fascista?

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Vladimir de la Cruz

El Partido Acción Ciudadana nació como una alternativa política especialmente a los partidos tradicionales del bipartidismo gobernante, Liberación Nacional y la Unidad Social Cristiana, que habían ejercido un dominio efectivo del Poder Ejecutivo y de la Asamblea Legislativa.

Fundado por exdirigentes de Liberación Nacional, tan solo levantaron la bandera de la probidad y de la lucha anticorrupción como esenciales de su lucha, aprovechando el ambiente de denuncias que habían empezado a surgir a partir del 2000.

Desde el 2014 y el 2018 viene ejerciendo al Gobierno de la República, desplazando a esos otros partidos, y aunque parezca exageración, al momento actual, luce como una posible expectativa de continuar en el Gobierno a partir del 2022.

En materia de desarrollo económico y de políticas públicas económicas no se ha diferenciado de esos otros partidos políticos que ejercieron gobierno.

El modelo económico del país, desde los Planes de Ajuste Estructural, del gobierno liberacionista de Luis Alberto Monge, 1982-1986, y de los Tratados de Libre Comercio, iniciados en el gobierno social cristiano de Rafael Angel Calderón Fournier, 1990-1994, no ha cambiado. Al contrario, se ha fortalecido en sus tendencias institucionales.

Ciertas políticas en materia de Derechos Humanos se han fortalecido bajo los gobiernos del Partido Acción Ciudadana, pero en materia de Derechos Sociales estos se han debilitado, disminuido y se tratan de reducir a la mínima expresión que sea posible.

Esta actitud, en este campo, pareciera que introduce en la modalidad de este Partido Acción Ciudadana, como Gobierno, una tendencia fascista de gobierno, a la que tenemos que ponerle atención y estudio.

El modelo fascista del PAC Gobierno no es por una definición e identificación ideológica con los idearios políticos de Mussolini o de Hitler, ni por ser una alternativa al socialismo o al capitalismo. Lo es por la práctica que impulsa desde el Gobierno, en algunos aspectos, que no se alejan de lo que hicieron Mussolini o Hitler, de desarrollar al ultranza el modelo capitalista, alejándolo de todo aquello que signifique el Estado Social de Derecho, herencia de las tradiciones nacionales de tipo socialistas, social demócratas y social cristianas que hicieron surgir las Grandes Reformas Sociales, el Código de Trabajo, el Estado de Bienestar o Asistencialista que fue fuerte, al menos, hasta 1978, cuando empezaron a dictarse medidas de desmantelamiento institucional del Estado, que se quieren profundizar ahora.

La organización de la familia en función de las necesidades del Estado, el impulsar al Estado como el garante del orden nacional, como la única autoridad, impulsando leyes de tipo corporativista, como la Ley Marco de Empleo Público (No.21.336), que se discute en la corriente legislativa, desde el año 2017, con importantes implicaciones económicas, jurídicas y políticas, sin una discusión nacional que se enmarque dentro de la consolidación del Estado Social de Derecho, con ánimo de afianzarlo, si no orientada esta legislación a debilitarlo y si es posible de echarlo abajo.

Si el nazifascismo clásico, rechazando el esquema de la lucha de clases, propiciaba una organización sindical controlada por el Gobierno o el Estado, aquí se trata de eliminar los mecanismos constitucionales y legales que permiten el ejercicio de los sindicatos y sus luchas clásicas, la lucha por los salarios crecientes, su derecho de huelga y de organización, y el derecho de negociación colectiva, sobre la base histórica de que los salarios son un piso y no un techo de los trabajadores, como también sus otros beneficios sociales ligados al salario, aguinaldos, salario escolar y pensiones o derechos jubilatorios.

Si el fascismo supuso una raza superior, en estos gobiernos PAC la única “raza” superior, a modo de casta social, es la que está protegida, en sus intereses económicos, en sus mecanismos de evasión y elusión fiscal, en la que acumula cada vez más ganancias con las políticas económicas y tributarias que el Gobierno impulsa, haciendo caer en la inmensa masa de trabajadores todo el peso de la situación económica, y de la llamada crisis económica y financiera, generada por esos grupos económicos.

La persecución racista nazifascista aquí es contra las clases medias, los sectores asalariados, los sectores intelectuales organizados en sus universidades, buscando un país sin pensamiento crítico, no es la persecución velada y abierta contra judíos, gitanos, o negros. Es la persecución contra profesores, activos y jubilados, por sus ingresos, salarios o pensiones, contra todos los trabajadores con la finalidad de igualarlos a la baja, en sus condiciones de empleo, salarios, de escalas laborales, es por empobrecer a toda la población nacional, a fin de garantizar con ello contratos de trabajo con salarios menores, y provocar una puja por el empleo sobre niveles inferiores a los mínimos legales.

La pobreza, y la pobreza masiva, es un factor de enriquecimiento de ciertos grupos asociados al poder político. La pobreza no la hacen ni nunca la han hecho los pobres, la generan lo ricos.

La discusión de la Ley de Empleo Público, a los efectos del gobierno no necesita participación de otros sectores sociales. La Ley de Empleo Público se impulsa violentando esa participación, no tomándola en cuenta en términos reales, irrespetando la existencia de derechos adquiridos que deben respetarse, sin claridad sobre la transición de los esquemas salariales que quieren igualarse y sin certeza respecto al ahorro que permitiría esta iniciativa.

La voz altisonante, de tipo fascista, en esta cruzada la tiene el propio Presidente de la República, su Ministro de Hacienda, los representantes del sector económico del Gobierno, las cámaras empresariales, que en este sentido les están unidas, junto con los voceros parlamentarios que las impulsan y defienden.

El temor reverencial a las autoridades de Gobierno, a sus aparatos represivos, al control que suponía la UPAD es parte de estas manifestaciones nazi fascistas del Gobierno en esta lucha por imponer la Ley de Empleo Público. Solo falta ilegalizar a todos los grupos opositores y disidentes. Los medios de comunicación el Gobierno los influye por los pagos de la propaganda publicitaria que les garantiza. Ya han acabado, por esta vía, de no darles nada de publicidad, con los medios de comunicación y con los programas de opinión, radiales especialmente, alternos a los grandes.

El impacto brutal de la Ley de Empleo Público es llevar, en las universidades, a aligerar procesos de jubilación, a reducir plazas, a pagar menos a los nuevos contratados, o en su defecto a que los profesores universitarios y otros trabajadores no se jubilen, para no ver reducidos sustancialmente sus ingresos mensuales, con el perjuicio directo de contribuir a mantener una masa desocupada de profesionales de diversas disciplinas, tanto en el sector público como en el privado. El 53% de todos los profesionales del país trabajan en el sector público que es la inmensa clase media, que a su vez ha sido el colchón social de amortiguamiento de las luchas sociales. Disminuir sus ingresos y su capacidad de consumo, solo están calentando los motores de luchas sociales y movilizaciones sociales más profundas.

La Ley Marco de Empleo Público tiene vicios de inconstitucionalidad, de centralización del poder y el control unilateral de salarios y condiciones laborales, una de las manifestaciones del Gobierno fascista, el otorgarle competencias a organismos como el Ministerio de Planificación, la Dirección General de Servicio Civil, en coordinación con el Ministerio de Hacienda es parte de esta estrategia fascista de gobernanza, cuyo objetivo es también acabar con las modalidades existentes constitucionalmente de las autonomías institucionales, como las de las Universidades, las municipalidades, la Caja Costarricense de Seguro Social, dentro del modelo de acabar con el Estado Social de Derecho.

La Dirección General de Servicio Civil históricamente ha sido más una dirección política, de Gobierno, que técnica o administrativa. Con esta Ley se pretende que dé órdenes a las entidades descentralizadas para organizar su gestión de empleo en todo sentido.

El proyecto de ley establece que el salario único o global pueda ser congelado o disminuido cuando así lo requiera la política económica, seguida por el gobierno de turno, considerados los salarios tan solo variables de ajuste macroeconómico, para controlar inflación, el déficit fiscal, o lo que se le ocurra a las autoridades fiscales, económicas y monetarias del Gobierno de turno. El salario dejará de ser para promover “el mayor bienestar a todos los habitantes del país” y el “más adecuado reparto de la riqueza”, como lo establece la Constitución Política en su artículo 50.

La discusión del empleo público es necesaria sin afectar el modelo de sociedad y de Estado Social de Derecho que hemos construido como país. Debe ser una discusión que proponga una visión país en perspectiva de la Costa Rica del Bicentenario que deseamos como país para los próximos 20 o 30 años.

Autonomía universitaria ¿una leyenda urbana?

Escrito en . Publicado en Coyuntura, Derechos.

Dr. Luis Paulino Vargas Solís
Economista, director a.i. CICDE-UNED

Ofrezco aquí algunas reflexiones en relación con el artículo “La leyenda urbana de la autonomía universitaria” (La Nación, 23 de febrero 2021), autoría del abogado Rubén Hernández Valle.

Pero antes, quiero decir lo siguiente: sin duda hay cuestiones que debemos corregir en los sistemas de remuneración de las universidades. Los excesos e inequidades existentes deben desaparecer, y es nuestro deber para con la ciudadanía costarricense garantizar que se corrijan a la mayor brevedad posible. Igualmente tengo claro que las universidades compartimos la responsabilidad de contribuir a resolver los problemas que acongojan hoy día a nuestro país, incluyendo no solo el problema fiscal, sino también -e incluso más importantes- los problemas del desempleo, la pobreza y la marginalidad. Como asimismo sostengo que la mejor forma de hacerlo es garantizando eficiencia máxima en el uso de los recursos que la sociedad costarricense nos asigna, trabajando con esmero y dedicación en función de las necesidades y demandas de nuestro pueblo, y generando propuestas -científica y técnicamente fundamentadas- que contribuyan a encontrar soluciones viables y humanizadas, socialmente justas y solidarias, para los múltiples problemas que hoy enfrentamos.

Aparte lo cual, y ante las aseveraciones de Hernández Valle, yo, que soy solo un humilde economista, quiero respetuosamente plantear lo siguiente:

1) Dice el distinguido jurista, que el artículo 191 constitucional regula las relaciones entre servidores públicos y Estado por medio de un estatuto de servicio civil, sin formular excepciones explícitas. Cierto. Pero también el artículo 84 concede a las universidades potestad para “…darse su organización y gobierno propios”.

2) ¿Cómo podrían darse las universidades una “organización y gobiernos propios” si ello no incluye la posibilidad de regular sus procesos de contratación, estímulo y evaluación del personal? ¿Cómo podría existir tal “organización y gobierno propios” si en una materia tan delicada y fundamental, un ente externo es el que define “la organización y gobierno” que se aplicarán? Importante enfatizarlo: este no es un detalle menor ni accesorio, porque estamos hablando de instituciones dedicadas a la educación superior -incluyendo el nivel de doctorado- y la investigación científica, lo que exige disponer de personal altamente calificado.

3) Con un agravante que Hernández Valle omite: el proyecto de empleo público no solo concede a un órgano externo la capacidad de decidir sobre este delicadísimo aspecto de la “organización y gobierno” de las universidades, sino que, además, introduce la posibilidad de que se ejerzan influencias político-partidarias sobre el nombramiento, la remuneración y evaluación del personal de las universidades. Lo cual pone en grave riesgo el artículo 87 de la Constitución: “La libertad de cátedra es principio fundamental de la enseñanza universitaria”.

4) O sea, y en lo que a las universidades compete, el artículo 191 tiene que ser leído en relación y de forma concordante con los artículos 84 y 87, y teniendo presente lo que es esencial a la naturaleza propia de las universidades públicas: la libertad de cátedra no es un principio abstracto, sino que se encarna en el personal que hace docencia, investigación y extensión. Si el nombramiento, la promoción y remuneración de ese personal, queda en manos de entes externos y politizados, ni hay autonomía ni habrá libertad de cátedra.

5) Asimismo, indica el señor Hernández Valle, que las universidades están sujetas a los principios constitucionales del equilibrio financiero, lo cual, supongo (Hernández no lo indica en su artículo en La Nación) que se refiere al artículo 176 constitucional. Pero este es un principio que rige para la “Administración Pública” (sic) en su conjunto, y es dentro de ese principio general, que debe aplicarse lo que se estipula en el artículo 85, el cual ordena: “El Estado dotará de patrimonio propio” a las universidades, “…y les creará rentas propias”. Además indica: “…mantendrá -con las rentas actuales y con otras que sean necesarias- un fondo especial para el financiamiento de la Educación Superior Estatal”, y reafirma con contundencia: “Las rentas de ese fondo especial no podrán ser abolidas ni disminuidas, si no se crean, simultáneamente, otras mejoras que las sustituyan” (el énfasis es mío).

6) Asunto de elemental coherencia: deben cumplirse las obligaciones en materia de equilibrio financiero (artículo 176) -lo cual está más allá de las responsabilidades y potestades propias de las universidades- sin incumplir las obligaciones relacionadas con los presupuestos universitarios (artículo 85). Pareciera que alguna gente considera que cumplir el artículo 176, justifica incumplir el 84.

7) También hace ver el señor jurista, que las universidades no están exentas de la aplicación de la regla fiscal. Al respecto, me animo a indicar: si, podrían estar sujetas, siempre que ello no implique, de una u otra forma, directa o indirectamente, incumplir lo que ordenan los artículos 84, 85 y 87 de la Constitución (recordemos: la regla fiscal nace de una ley, la 9635, cuya jerarquía es inferior a la de la Constitución). Al margen de lo cual agrego: desde el punto de vista económico, la regla fiscal es un esperpento absurdo, y una antigualla que saca del sarcófago ideas obsoletas y comprobadamente fallidas.

8) También saca a relucir el señor abogado, el artículo 6 del Convenio 98 de la OIT. Afirma entonces que el mencionado artículo 6 “…prohíbe (sic) la celebración de convenciones colectivas en el sector estatal” (el énfasis es mío) ¿Realmente las prohíbe? Transcribo a continuación, en forma literal, ese artículo 6 de ese Convenio 98 de la OIT: “El presente Convenio no trata de la situación de los funcionarios públicos en la administración del Estado y no deberá interpretarse, en modo alguno, en menoscabo de sus derechos o de su estatuto” (el énfasis es mío). Si mi español todavía es el que se habla en el mundo, decir que “no trata” no equivale a decir “que se prohíbe”, mucho menos a la luz de lo que expresan las últimas 15 palabras de ese artículo.

9) Si usted saca un ratito y lee lo que dice ese convenio (puede hacerlo aquí: https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312243), verá que los artículos 1 al 5 tratan sobre la libertad de sindicalización y la independencia de la organización sindical. Entonces, y según este señor, ¿el artículo 6 conlleva la prohibición de que los trabajadores y trabajadoras del sector público puedan libremente organizarse en sindicatos independientes? De tan absurda y desatinada, la idea es simplemente ridícula, y mucho más lo es a la luz de lo que ese mismo artículo 6 plantea, cuando explícitamente ordena que “…no deberá interpretarse, en modo alguno, en menoscabo de sus derechos o de su estatuto”. Obviamente, “sus derechos” o “su estatuto” son los derechos o estatuto de las trabajadoras y trabajadores del sector público.

10) Un detalle no puede pasar inadvertido: de una forma harto arbitraria, el señor Hernández Valle apela a ese artículo 6 del Convenio 98 de la OIT, para concluir (vergüenza ajena da tan solo repetirlo) que ahí se prohíben las convenciones colectivas en el sector público ¿Por qué no dice nada de todo lo que se ordena en los artículos 1 al 5 de ese mismo convenio? Ahí se protege el derecho a la libre e independiente organización sindical de los trabajadores y trabajadoras. Este derecho, sin embargo, es ampliamente irrespetado en el sector privado en Costa Rica ¿Por qué tanto silencio de Hernández Valle sobre esa penosa realidad? Saque usted sus propias conclusiones.

Compartido con SURCOS por el autor; publicado en su blog: https://sonarconlospiesenlatierra.blogspot.com/2021/02/autonomia-universitaria-una-leyenda.html

Concentración en defensa del Estado Social de Derecho y la universidad pública

Escrito en . Publicado en Coyuntura, Derechos.

UNA comunica:

“La U pública te necesita, nuestro encuentro es frente a la Asamblea Legislativa. Juntas y juntos somos fuerza”.

Esta es la invitación de Francisco González, rector de la Universidad Nacional para que como ciudadanos, comunidad universitaria y sociedad se exprese las preocupaciones y rechazo al Proyecto de Ley de Empleo Público.

Tres razones fundamentales asisten la convocatoria:

  1. No se puede aceptar que el Proyecto de Ley viole los principios constitucionales que le otorgan a las universidades la potestad de organizarse de acuerdo a sus principios y fines de sus propios estatutos.
  2. No se puede aceptar que el ente rector en materia de empleo no sean las mismas universidades que tienen la experticia, la experiencia y la potestad de elegir los mejores perfiles, de generar las mejores capacitaciones y de seleccionar a las mejores personas funcionarias de las universidades.
  3. No corresponde pensar en un atropello al Estado Social de Derecho, generando un proyecto que al día de hoy ni siquiera se tiene claridad de cuáles son las mociones que van a aceptarse o no para constituir el texto final de este proyecto.

La invitación es para que el día 24 de febrero a las 10:00am frente a la Plaza de la Democracia, en Asamblea Legislativa se pueda reunir personal docente, administrativo, estudiantes y ciudadanos a manifestarse en contra de este Proyecto de Ley.

Adjuntamos el video completo:

Enviado por Efraín Cavallini

En una democracia se cobran las cuentas

Escrito en . Publicado en Análisis, Coyuntura.

Óscar Madrigal

El Presidente Alvarado se reunió ayer con la fracción del Partido Liberación Nacional.

El objetivo de la cita fue ponerse de acuerdo acerca de cómo impulsar más rápidamente y aprobar la agenda con el FMI.

Los diputados de Liberación aprovecharon la ocasión para quejarse de algunos diputados del PAC que estaban diciendo cosas diferentes al discurso oficial. Eso crea, lo que ahora llaman de manera muy raro: RUIDO. En consecuencia, lo mejor para estos señores es el silencio, que nadie, Dios guarde, piense diferente y mucho menos exprese desacuerdos.

Los diputados de Liberación Nacional quieren que todo pase a golpe de tambor, sin discrepancias, sin sorpresas, sin que nadie se dé cuenta.

El Presidente Alvarado, regañado por los mediocres diputados liberacionistas, casi de rodillas, les imploró que “calmaría” a los díscolos diputados o diputadas del PAC. ¡¡Impondría inmediatamente el silencio!!

Los diputados del Partido Liberación Nacional más parecen la fracción oficialista que los del PAC.

En realidad, ha sido la fracción liberacionista la más beligerante, la más intransigente y la más reaccionaria de esta Asamblea Legislativa. Es la fracción liberacionista la que ha propuesto las leyes más antipopulares, más antisindicales, más regresivas tributariamente y más injustas contra los trabajadores del sector público. Si bien todas las fracciones legislativas han contribuido a la aprobación de una legislación anti-trabajadora, la de Liberación Nacional les gana por mucho.

A lo anterior se suma un gobierno dócil, sin carácter y también favorable a todo el conjunto de la legislación retrógrada.

Pero no olvidemos que los diputados del PARTIDO LIBERACIÓN NACIONAL han sido los peores, lo más malvados contra los trabajadores.

Existen 300 mil funcionarios públicos a los que han jodido hasta decir basta, 100 mil pensionados a los que piensan joder más, miles de trabajadores del sector privado a los cuales se les niegan los derechos, que todos pueden sumar unos 500 mil trabajadores. Estos tienen al menos una compañera o familiar, lo cual suma UN MILLÓN DE VOTANTES.

Un millón de votantes que pueden decidir las próximas elecciones, no solo a nivel de presidente sino de diputados.

Pero hay que tener memoria.

En las actuales circunstancias el VOTO es el arma más próxima para cobrar las conductas de esos diputados contra el pueblo.

La reactivación económica en el ámbito local y regional, ¿es posible?

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

German Masís

Diversos sectores políticos, sociales y empresariales han reclamado a la Administración Alvarado una estrategia o al menos una agenda de reactivación económica del país, frente a los efectos sociales y económicos de la pandemia del covid-19.

No obstante, aunque en algún momento el Gobierno actual ha mencionado la posibilidad de la reactivación económica, no ha propuesto un plan en esa dirección, pero sí impulsa actividades y proyectos a nivel local y regional, que las autoridades de varias instituciones ubican en el camino de la reactivación económica.

Estas acciones y proyectos son ejecutadas por varias instituciones como el IMAS, el INDER, el ICAA, el MIVAH, la CCSS y el CNP, implican una cuantiosa inversión de recursos y son parte de la acción institucional en cada región o de los programas de desarrollo impulsados por la presente administración en varias regiones.

En el mes de febrero, se han difundido varias informaciones con respecto a la inversión estatal en el desarrollo local y comunal en diferentes regiones del país, como parte de las acciones institucionales para el desarrollo social y productivo y la reactivación económica post-pandemia.

Se ha informado que el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) invertirá ¢1800 millones en 24 iniciativas comunales y proyectos productivos que impactará al menos a 37 mil personas a lo largo de este 2021. Se estima que la construcción de las obras y el impulso de proyectos de impacto responde a los planes de recuperación económica y desarrollo territorial impulsados por el Gobierno de la República.

La mayor inversión se da en la región Brunca (¢662 millones), seguida por San José Rural (¢436 millones); Huetar Norte (¢395 millones); Guacimal de Puntarenas (¢121 millones); Santa Cruz de Guanacaste (¢90 millones); Río Cuarto de Alajuela (¢68 millones); y Bratsi de Talamanca, Limón (¢27 millones).

Entre los principales proyectos a impulsar en la Región Brunca, la cual históricamente ha mantenido rezagos importantes en sus principales indicadores socioeconómicos, se encuentran 10 de los 14 proyectos con una inversión de ¢494 millones y 37% de los recursos económicos asignados, dirigidos a apoyar a 3.585 productores de la Zona Sur, como las siguientes:

  • Construcción y equipamiento de una planta agroindustrial para los cultivos de maíz y frijol en el Águila de Pejibaye de Pérez Zeledón.
  • Planta procesadora de hongos para la Asociación de Damas Empresarias de La Libertad de San Vito.
  • Construcción y equipamiento de un centro de acopio para la recolección y producción de miel de mariola para las mujeres de la Asociación del Corredor Biológico Alexande Skutch, en el Área de Conservación La Amistad – Pacífico.
  • Mejoras del centro de acopio y compra de equipo para producción de granos básicos para los productores de Guagaral, en el cantón de Buenos Aires.
  • Equipamiento de la Sala de Capacitaciones de la Unión de Trabajadores Agrícolas y Ganaderos del Sur (UTAGASUR), con equipo de cómputo y proyección en la Campiña de Corredores.

También, en la Región Brunca se encuentran la construcción de dos casas de salud ubicadas en Santa Lucía de Chánguena, en Buenos Aires, y en la Reserva Indígena de Altos de San Antonio del cantón de Corredores, para una inversión superior a los ¢168 millones que beneficiará a cerca de 826 personas.

En la Región Huetar Norte, alrededor de 5.590 personas se beneficiarán con la inversión de más de ¢395 millones en la construcción de un ramal del Acueducto La Virgen y El Coroso, en Los Chiles; un tanque de almacenamiento de agua de 500 m3 para Caño Negro y La Chompipera, en Yolillal de Upala; la construcción de un Centro de Formación Articulado Integral que se ubicará en Santa Rosa de Pocosol de San Carlos y una sala de terapia física, una planta de tratamiento de aguas negras y servidas y una batería de servicios completa para el Hogar de Ancianos de Bijagua de Upala.

Además, en esta misma región, se ampliará el apoyo al centro multifuncional del cantón de Río Cuarto, ya que sumará ¢68 millones en obras complementarias a dicho proyecto en el que el IMAS invirtió ¢85 millones para su construcción en el año 2017 y que beneficiará a 5.000 personas de esa comunidad.

Mientras que en Guanacaste se invertirán ¢90 millones en la construcción de un centro de formación integral, recreativo, social, cultural y educativo ubicado en El Socorro de Santa Cruz, facilitando las condiciones de vida de 125 personas aproximadamente.

Cerca de esa provincia, en Santa Rosa de Guacimal de Puntarenas, 350 personas de sus comunidades vecinas se verán beneficiadas con la construcción de un consultorio médico de visita periódica con una inversión de ¢121 millones.

Por su parte en Bratsi de Talamanca, en la región Atlántica se invertirán más de ¢27 millones en dos proyectos que tienen como objetivo promover el valor agregado en la producción de plátano en Bratsi de Talamanca, Limón, para facilitar las condiciones laborales de 104 personas aproximadamente.

Adicionalmente se menciona que en las Comunidades rurales de San José la inversión social será superior a los ¢436 millones distribuidos en cinco proyectos, entre los que destacan la construcción del edificio de la Cruz Roja en Acosta por ¢200 millones; el nuevo puesto de visita periódica de salud en La Legua de Aserrí con un presupuesto de ¢100 millones y se destinarán ¢90 millones para mejoras en la red de distribución de agua potable de Bijagual de Turrubares, estos proyectos contribuirán a mejorar la calidad de vida de 21.493 personas aproximadamente.

Todos los proyectos apuntados, representan acciones concretas con las que el IMAS contribuye al desarrollo social y productivo de algunas comunidades y en las que según el Presidente Ejecutivo de esa institución “con esta inversión buscamos oportunidades de reactivación económica e inclusión social, como el derecho a la salud, a la educación, al trabajo, y al aprovechamiento sostenible de los ecosistemas y se inscribe en la visión “del desarrollo humano sostenible como una aspiración que construimos desde el territorio y de la mano de las comunidades.”(ElPaís.cr,9-2-2021)

Igualmente, la Mesa Caribe instancia multisectorial de diálogo entre el Gobierno, las organizaciones de la sociedad civil y la empresa privada en la región Huetar Atlántica, proyecta para este 2021 una serie de inversiones en procura de mayor desarrollo, reactivación económica, fuentes de empleo y de mejores oportunidades para los habitantes de la región Caribe.

El vicepresidente Rodríguez coordinador de la Mesa citó una serie de proyectos en esa Región Caribe, que se entregarán a lo largo de este año, haciendo referencia a la pronta inauguración del puente binacional sobre el río Sixaola, fronterizo con Panamá, en el que se invirtieron $25 millones.

Asimismo, enumeró proyectos como las nuevas instalaciones del INA; la entrada en operación del Centro de Desarrollo Empresarial; la reactivación de espacios públicos financiados por JAPDEVA; los estudios de factibilidad del tren eléctrico de carga; la entrega de obras del BID cantonal 2, en Pococí, Matina y Siquirres; la inversión en obras deportivas y educativas en varios cantones; los proyectos de vivienda y la adquisición del terreno del nuevo Hospital de Limón.

El Ministerio de Educación Pública invertirá este año ₡12.800 millones, mientras que la proyección de inversión para 2021 es de ₡6.509 millones por parte del Instituto de Desarrollo Rural (INDER). El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados proyecta invertir en la región para el período 2021-2022, ₡12.000 millones.

Por su parte JAPDEVA, aprobó un primer bloque de proyectos que promueven el desarrollo de la provincia por un monto de inversión de $10.5 millones de dólares (₡6.348 millones aproximadamente). Dichos proyectos se agrupan en tres ejes: ordenamiento territorial para la atracción de la inversión, fomento del turismo a través de la intervención urbanística en las comunidades e infraestructura.

El vicepresidente afirmó que el 2021 es un año clave para la reactivación económica de la región. Hemos arado y sembrado el terreno y, con el apoyo de los clústeres, sabemos que vamos por buen camino. La pandemia nos golpeó fuerte, pero debemos seguir generando acciones que procuren una recuperación y protección del empleo” (ElPaís.cr,18-2-2021)

Así mismo, la inversión en infraestructura habitacional ha sido otra de las áreas en las que la administración Alvarado ha procurado generar alternativas de reactivación en las diferentes regiones del país, con ese propósito el Banco Hipotecario (BANHVI) aprobó nueve proyectos habitacionales en la Región Brunca, de los cuales cuatro ya han sido concluidos y cinco más se encuentran en su fase de construcción.

Dentro de los proyectos concluidos, se encuentran Kilómetro 20, ubicado en Golfito habitado por 65 familias en situación de extrema necesidad, y fue entregado en diciembre anterior por el presidente de la República y la inversión fue de ¢1.109 millones.

La población indígena, ampliamente arraigada en la Región Brunca, ha sido beneficiada con 231 viviendas, de las cuales 132 ya habitan sus casas, en poblados de los territorios Coto Brus (Ngöbe, etapa I), Salitre y en Curré (Rey Curré) de Buenos Aires de Puntarenas.

Las 99 viviendas restantes están en proceso constructivo, con diferentes porcentajes de avance. Se trata de la segunda etapa en Salitre (Buenos Aires) y en Ngöbe en Limoncito (Coto Brus); Boruca (Buenos Aires), y en Conte Burica (Golfito).

La ministra de Vivienda y Asentamientos Humanos (MIVAH), destacó que estos proyectos no solo permiten que las personas tengan una vivienda digna, sino que contribuyen a reactivar la economía. “Este es uno de los principales aportes del BANHVI a los esfuerzos por lograr la reactivación económica y contribuir con la generación de empleo” (ElPaís.cr,20-02-2021)

En el ámbito de inversión productiva regional, el Gobierno autorizó recientemente al Instituto Nacional de Seguros a donar ₡1.500 millones al Consejo Nacional de Producción para la construcción del Centro de Valor Agregado (CVAA) de la región Huetar Norte.

Este proyecto -liderado por el CNP- estará ubicado en Santa Clara de Florencia de San Carlos y beneficiará de manera directa a 2.000 Pequeños y Medianos Productores Agropecuarios (PYMPA) de la región, con miras a desarrollar productos con agregación de valor, tanto para mercado interno como externo.

El CVAA se pretende construir en un terreno de 24,041 m2 con una inversión total de ₡2.600 millones, de los cuales ₡1.500 millones aportados por el INS para infraestructura; ₡1.040 millones entregados por el INDER para equipamiento y el resto por el CNP.

El Centro de Valor Agregado Agropecuario contará con una infraestructura moderna, tecnología de punta y equipo profesional necesario para agregar valor a productos agropecuarios mediante su procesamiento, específicamente en cinco áreas: panificación, lácteos, frutas y vegetales, cárnicos y mínimamente procesados

El presidente Alvarado comentó acerca del CVAA que “esta iniciativa se enmarca en la estrategia del gobierno de reactivar la economía de la región por medio de la innovación, la tecnología y la capacitación del sector agrícola. (ElPaís.cr,4-2-2021)

La información sobre la inversión institucional presentada, parece revelar que la reactivación económica en las regiones y comunidades del país se encuentra en marcha y que la apuesta global del Gobierno por el aumento de la inversión pública como mecanismo de mejoramiento de la infraestructura social y productiva y de la generación de empleo, pueden ser consideradas como parte de la necesaria reactivación económica; queda por constatar si es así o si sólo son actividades puntuales de la gestión gubernamental.

 

Imagen de cabecera tomada de Semanario Universidad.

Carta Pública al Rector de la UCR: La lucha debe ser por toda la institucionalidad solidaria, no solo por las universidades

Escrito en . Publicado en Análisis, Coyuntura.

Ciudad Universitaria Rodrigo Facio, 21 de febrero del 2021.

Ciudad Universitaria Rodrigo Facio, 21 de febrero del 2021.
Dr. Gustavo Gutiérrez Espeleta
Rector, Universidad de Costa Rica
Presente.

Reciba un saludo atento. Quienes suscribimos la presente, todos, todas integrantes de la comunidad de docentes, estudiantes y administrativos de la Universidad de Costa Rica (UCR), queremos manifestarle, de manera muy atenta y respetuosa, pero también enfática, las siguientes inquietudes.

Por medio de noticias de prensa, entre las que se incluye información publicada en el Semanario Universidad el pasado 16 de febrero, nos enteremos de que los rectores de las universidades públicas, entre ellas la UCR, se encuentran haciendo “lobby” para intentar “conciliar con los diputados una moción con la que se buscaría dejar por fuera del proyecto de Ley Marco de Empleo Público a las universidades estatales” (Zúñiga, Adrián, 16 de febrero del 2021, “Universidades promueven moción para ser excluidas del proyecto de Ley Marco de Empleo Público”; en: Semanario Universidad).

Entendemos que esta gestión se da como reacción ante la inclusión de las universidades públicas en el mencionado proyecto. A su vez, tenemos claro que, con dicha iniciativa de ley, los sectores conservadores, amparados en la gestión del actual gobierno y en las bancadas de los partidos de línea conservadora con los que ha conformado alianza en la Asamblea Legislativa, aspiran a apuntalar el proceso neoliberal de desmantelamiento y pauperización de las instituciones solidarias del Estado Social de Derecho en el país, así como a configurar un mecanismo autoritario y antidemocrático de control político para el sector público. Hacemos eco de estas consideraciones en virtud de que se desprenden tanto del texto del proyecto como de los muchos intercambios y reflexiones que se han generado en diversos foros alternativos sobre el tema.

Sin duda, coincidiremos en que la UCR —al igual que las demás universidades públicas— forma parte sustantiva de toda esta institucionalidad solidaria a la que se intenta asestar un golpe definitivo en la actual coyuntura. En el caso de la UCR, el fundamento solidario de su institucionalidad se pone de manifiesto en su Estatuto Orgánico, particularmente en lo expresado en los artículos 3, 4 y 5. No es casual que la UCR fuera, junto con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), el Código de Trabajo y las Garantías Sociales, una de las primeras instituciones creadas en el marco del proceso de reforma social que, con perspectiva solidaria, se gestara en los años 40.

Como todos sabemos, gracias al impacto social agregado de todas las políticas y de todas las instituciones creadas en esa época, fortalecidas y complementadas en el devenir de la implementación del modelo de desarrollo que las sustentaba, nuestro país llegó a lograr y a ostentar, por décadas, elevados índices de desarrollo humano. La UCR y las universidades públicas —a la par del resto de instituciones estatales—, no solo aportaron cualitativamente a esos logros, sino que han servido como elementos de “contención” ante el evidente y progresivo deterioro institucional y social generado por la paulatina radicalización de la “contra reforma” neoliberal, de la cual el proyecto de ley Marco de Empleo Público constituye un evidente punto de llegada.

A todas luces, no es solo la UCR ni es solo la educación superior pública lo que está en juego en este momento, es toda la institucionalidad pública en su conjunto, la paz social y la perspectiva de futuro de la nación.

Por lo tanto, en una coyuntura tan crítica como la presente, y ante una acción tan contundente de parte de los sectores conservadores, promotores del deshumanizado proyecto neoliberal, sorprende sobremanera ver que los rectores acuden, al margen del resto de instituciones, fuerzas y movimientos sociales, a tratar de negociar por su cuenta, de manera exclusiva, una supuesta salida o salvamento para las universidades públicas. En un momento histórico que, más que nunca, demanda la mancomunidad de esfuerzos para contrarrestar la arremetida neoliberal, la sociedad costarricense y quienes componen los movimientos sociales miramos anonadados a las autoridades universitarias hacerse a un lado para intentar salvarse a sí mismas, de manera exclusiva, mientras dejan al resto de instituciones a su suerte, con todo lo que eso implica.

Y sorprende aún más cuando el principal recurso argumentativo al que se apela es la “autonomía universitaria”, como si dicho principio constituyera un fin en sí mismo, al margen de las condiciones y circunstancias de la realidad social. La autonomía universitaria sin justicia social es un principio vacío y expresa más una suerte de defensa de «privilegios» que un valor social. No hay duda de que la autonomía universitaria está en juego, pero esta autonomía solo tiene sentido y contenido en función de una sociedad en la que prevalezcan el Estado de Derecho, la solidaridad, la justicia y la paz social. Apelar a la autonomía universitaria para protegerse individualmente y volver la mirada hacia “otra parte” mientras se deja a la suerte al resto de instituciones públicas, mientras se pisotean las estructuras solidarias y se compromete el futuro del país, es una completa incoherencia con los funda-mentos de la Universidad Pública.

Con este accionar, las autoridades universitarias apelan a una “táctica” que poco o nada tiene de estratégica: no solo dan la espalda al resto de la institucionalidad pública y al modelo de sociedad por y para el cual fueron creadas, sino que, además, se dejan llevar por la consabida estratagema, tan propia de los sectores conservadores, de dividir para vencer, con el inminente riesgo de que, al final, se pueda perder todo, incluyendo el supuesto “salvamento” propio.

Además, se dejan tentar por focalizar la discusión en el tema de los salarios, lo cual, si bien es un asunto significativo que hay que enfrentar y resolver, sobre todo desde la perspectiva de las inequidades internas, de ninguna manera refleja la cuestión de fondo, que es el intento de los sectores conservadores de desmantelar la institucionalidad solidaria del Estado Social de Derecho.

Así, toda la pertinencia de la Acción Social, la Investigación y la Docencia, asentados en las lógicas del pensamiento crítico, se ponen en “entre dicho” ante este tipo de procederes de parte de las autoridades universitarias.

Una parte significativa de la “buena imagen” que han tenido nuestras instituciones de educación superior en las últimas décadas se ha asentado en su relativamente coherente y consistente vinculación con la sociedad. Sin embargo, esta imagen ha venido sufriendo un deterioro progresivo. Y, si bien es cierto que esta desmejora se debe en parte a la narrativa conservadora que se reproduce de modo sistemático contra la educación superior pública, también es claro que se suman otros aspectos relacionados con un paulatino inconsecuente accionar social de las universidades en los últimos años.

Destaca de manera especial la gregaria y poco solidaria actitud adoptada por las autoridades de las universidades públicas durante el movimiento social contra la Reforma Fiscal, a finales del 2018, que llevó a las organizaciones sindicales de las instituciones públicas a sostener el movimiento de huelga más largo de la historia del país. En aquella ocasión, mientras esas organizaciones se expusieron al sesgado juzgamiento social —en un contexto de informaciones parcializadas, así como de narrativas políticas y mediáticas plegadas a los intereses del gobierno y del sector empresarial— en el caso de la UCR solo se “concedió” permiso para acudir a un par de marchas, convocadas para caminar “por la acera”, como si la movilización social no tuviera en su carácter disruptivo uno de los principales sustentos para procurar presión y generar cambio en la política pública.

Si bien, en el caso de la UCR, aquella situación se dio bajo la circunstancia de una administración claramente conservadora y poco proclive a apoyar acciones sociales como esas, lamentablemente, pese al advenimiento de una nueva administración que se presentó como defensora de una propuesta progresista, el mismo movimiento social que antes tuviera que ver a las universidades hacerse a un lado ante una lucha tan trascendente, ahora mira cómo los rectores intentan negociar por aparte, a espaldas de los demás.

En estas circunstancias, y ante todas las consideraciones planteadas, nos parece muy importante exhortar a las autoridades universitarias, y en particular las de la UCR, para que reconsideren su accionar, de cara a hacer frente tanto al proyecto de ley concreto como a las transformaciones institucionales que lo motivan.

En particular, recomendamos que las autoridades universitarias de la UCR, antes que promover acciones –negociaciones y marchas— de manera independiente, al margen del resto de actores sociales, apelen a un esfuerzo mancomunado y apunten a sumar esfuerzos con el resto de fuerzas vivas de la sociedad, pues solo de esa manera —sumando fuerzas, antes que dividiéndolas— podremos aspirar a salvaguardar la institucionalidad solidaria como un todo, y a mantener condiciones sociales e institucionales que permitan retomar el rumbo para la construcción de una sociedad más justa, equitativa y solidaria.

Suscribimos, atentamente:

1.Marvin Amador Guzmán, docente e investigador, Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva, cédula 106730592.
2. Carmen Caamaño Morúa, docente e investigadora, Escuela de Psicología e Instituto de Investigaciones Sociales, cédula 105770718.
3.         Lucía Molina Fallas, docente, Escuela de Psicología, cédula 107930190.
4.         Adriana Rodríguez Fernández, profesora, Escuela de Psicología, cédula 1-11220442.
5.         Adriana Maroto Vargas, docente, Escuela de Psicología, cédula 2-0519-0760.
6.         Mariano Sáenz Vega, sociólogo, investigador del Centro de Investigaciones en Antropología (CIAN), cédula 302200485.
7.         Roberto Fragomeno Castro, profesor catedrático, Escuela de Filosofía, cédula 8 0137 0052.
8.         Isis Campos Zeledón, docente e investigadora, Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva, cédula 106750974.
9.         Andrés Dinartes Bogantes, docente interino, Escuela de Psicología, investigador colabo-rador del Instituto de Investigaciones Sociales, cédula 113010879.
10.      Helga Arroyo Araya, docente Escuela de Psicología, cédula 603030677.
11.      Eva Carazo Vargas, productora de Desayunos de Radio Universidad, cédula 108930621.
12.      Miguel Regueyra Edelman, docente, Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva, cédula 104910119
13.      Vilma Leandro Zúñiga, profesora, Escuela de Psicología, cédula 303360920
14.      Yorlenny Madrigal Vargas, Centro de documentación, Instituto de Investigaciones Socia-les, cédula 601590539.
15.      Amanda Mesén Badilla, profesora, carrera de Psicología, Sede Occidente, cédula 1-13950114.
16.      Maurizia D’ Antoni Fattori, docente, Escuela de Psicología, cédula 8-0119-0458.
17.      Ignacio Dobles Oropeza, docente, Escuela de Psicología, cédula 104330692.
18.      María José Masís Méndez, docente, Escuela de Psicología, cédula 304050372.
19.      María del Rocío Murillo Valverde, docente, Escuela de Psicología, cédula 106530858.
20.      Mauricio Castro Méndez, docente, Facultad de Derecho, cédula 107130156.
21.      Teresita Cordero, docente, Escuela de Psicología, cédula 401200379.
22.      Laura Chacón Echeverría, docente, Escuela de Psicología, cédula 1512 278.
23.      Eduardo Bolaños Mayorga, docente, Escuela de Psicología, cédula 113860823.
24.      Ruthman Moreira Chavarría, docente, Escuela de Psicología, cédula 1 1017 0869.
25.      Mario Andrés Soto Rodríguez, docente, Escuela de Psicología, cédula 1-1312-0325.
26.      Mirta González Suárez, profesora emérita, Escuela de Psicología, cédula 800480869.
27.      Vernor Arguedas Troyo, catedrático jubilado, Escuela de Matemática, cédula 90013012.
28.      Ana Patricia Maroto Vargas, docente, Sección de Matemática, Sede de Occidente, cédula 204500764.
29.      Jesús Rodríguez Rodríguez, docente, Sección de Matemática, Sede de Occidente, cédula 205880957.
30.      Héctor Mauricio Barrantes González, docente, Sección de Matemática, Sede de Occidente, cédula 205750207.
31.      José Adrián Moya Fernández, docente, Sección de Matemática, Sede de Occidente, cédula 206890333.
32.      Javier Francisco Morera Soto, docente, Sección de Matemática, Sede de Occidente, cédula 206440864. 
33.      Evelyn Alfaro Vargas, docente, Sección de Matemática, Sede de Occidente, cédula 206120068.
34.      Carlos Márquez Rivera, docente, Sección de Matemática, Sede de Occidente, cédula 800750594.
35.      Andrés Cubillo Arrieta, docente, Sección de Matemática, Sede de Occidente, cédula 206620597.
36.      María Fernanda Vargas González, docente, Sección de Matemática, Sede de Occidente, cédula 206560425.
37.      Imelda María Rojas Campos, docente, Sección de Matemática, Sede de Occidente, cédula 205820789.
38.      Jéssica Jiménez Moscoso, docente, Sección de Matemática, Sede de Occidente, cédula 206310569.
39.      Melissa Cerdas Valverde, docente, Sección de Matemática, Sede de Occidente, cédula 206530134.
40.      Bryan Gómez Vargas, docente, Sección de Matemática, Sede de Occidente, cédula 113710405.
41.      Wendy María Araya Benavides, docente, Sección de Matemática, Sede de Occidente, cédula 207020684.
42.      Priscilla Angulo Chaves, docente y estudiante, Sección de Matemática, Sede de Occidente, cédula 116750218.
43.      Sindy Mora Solano, profesora, Escuela de Sociología, investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales (IIS), cédula 1-1051-0573.
44.      Gustavo A. Jiménez Barboza, docente, Escuela de Sociología, Investigador IIS, cédula 1-1358-0886.
45.      Sergio Villena Fiengo, Director Instituto de Investigaciones Sociales (IIS), cédula 8-0086-0259.
46.      Gabriela Jiménez Rodríguez, estudiante, Trabajo Social, Sede de Occidente, carné B23510.
47.      Andrey Gerardo Carrillo Sánchez, estudiante, Enseñanza de los Estudios Sociales y Educación Cívica, Sede de Occidente, carné A61235.
48.      Javier Cisar Arce, estudiante, Enseñanza de los Estudios Sociales y Educación Cívica, Sede de Occidente, carné B82248.
49.      Daniela Oconitrillo Calderón, estudiante, Trabajo Social, Sede de Occidente, carné B95663.
50.      Wilder Johan Díaz Gutiérrez, estudiante, Educación Primaria, Sede de Occidente, carné B92608.
51.      José Armando Obando Vega, estudiante, Enseñanza de la Matemática, Sede Rodrigo Facio, carné B85700.
52.      Tiffany Rodríguez Aragón, estudiante, Enseñanza de la Matemática, Sede de Occidente, carné B96581.
53.      Alex González Rodríguez, estudiante, Gestión de los Recursos Naturales, carné B83488.
54.      Julio Armando Villalobos Bermúdez, estudiante, Enseñanza de la Matemática, Sede de Occidente, carné B88482.
55.      José Pablo Ramírez Marín, estudiante, Enseñanza de la Matemática, Sede de Occidente, carné C06343.
56.      Luis Ernesto Aguilar Carvajal, docente, Escuela de Sociología, Investigador IIS, cédula 1-1025-0338.
57.      Héctor Ferlini Cartín, Sede del Pacífico y Escuela de Filosofía, cédula 113220032.
58.      Flory Chacón Roldán, docente, Instituto de Investigaciones Sociales (IIS), cédula 113900025.
59.      Adriana Vindas González, docente, Escuela de Psicología, cédula 108760608.
60.      Adriana Sánchez Lovell, Instituto de Investigaciones Sociales (IIS).
61.      Silvia Azofeifa Ramos, docente, Instituto de Investigaciones Sociales, cédula 402000281.
62.      Guillermo A. Navarro Alvarado, investigador, IIS, cédula 114190096.
63.      Amanda Alfaro Córdoba, docente e investigadora, Sección de Artes, Escuela de Estudios Generales, cédula 205590541.
64.      George García Quesada, docente e investigador, Escuela de Filosofía, cédula 901070687.
65.      Carlos Guillermo Calderón Tenorio, estudiante de la Maestría Académica en Teoría Psicoanalítica, cédula 115860293.
66.      Esteban Andrés Morales Solano, estudiante de Bachillerato en Sociología, cédula 305130524.
67.      Laura Pamela Gamboa Granados, estudiante, Trabajo Social, Sede de Occidente, carné B93124.
68.      María Catalina Acuña Blanco, estudiante, Trabajo Social, Sede de Occidente, carné B80053.
69.      Yeisy Dayana Varela Arroyo, estudiante, Enseñanza de la Matemática, Sede de Occidente, carné C08101.
70.      Joshua Rojas Zamora, estudiante, Enseñanza de los Estudios Sociales y la Educación Cívica, Sede de Occidente, carné B66307.
71.      Andrea Molina Ovares, docente Escuela de Psicología, cédula 1 13060256.
72.      Andrés Cambronero Rodríguez, estudiante egresado de la Maestría en Psicología Comunitaria, UCR, cédula 1-1516-0984.
73.      Maricel Monge Chaves, estudiante de Geografía y Enseñanza de Estudios Sociales, cédula 115620858.
74.      Melissa Hernández Vega, estudiante, Maestría en Estudios de las Mujeres, Géneros y Sexualidades, cédula 1-1472-0652.
75.      Luis López Ruiz, docente e investigador, Escuela de Sociología e IIS, cédula 108030653.
76.      Josué Arévalo Villalobos, docente, Escuela de Psicología e INIE, cedula 109790015.
77.      Marisol Jara Madrigal, docente, Escuela de Psicología, cédula 109990220.
78.      María Andrea Araya Carvajal, docente, Escuela de Psicología, Sede Rodrigo Facio y Sede de Occidente, cédula 1 1090 0787.
79.      Soledad Hernández Carrillo, docente, Escuela de Psicología, cédula 110900469.
80.      Roberto Herrera Zúñiga, docente, Escuela de Filosofía y Sede de Occidente, cédula 1 1146 0533.
81.      Damián Herrera González, docente, Escuela de Psicología, Sede de Occidente, cédula 206070116.
82.      Gerardo Cerdas Vega, docente, Escuela de Trabajo Social, cédula 108970131.

Puede ver el formulario en este enlace

Organismo de OIT pide explicaciones al gobierno acerca de proyecto de ley de empleo público

Escrito en . Publicado en Análisis, Trabajo.

Manuel Hernández

De última: en la última reunión de la COMISION DE EXPERTOS EN APLICACIÓN DE CONVENIOS Y RECOMENDACIONES DE OIT (CEACR), reunión N° 91°, celebrada a finales del año pasado (2020), convocada para examinar las memorias de los países miembros, este órgano de control de OIT revisó el cumplimiento del Convenio N° 98, acerca del derecho de sindicación y la negociación colectiva (1949), determinando, una vez más, que el Estado de Costa Rica persiste en el incumplimiento de este Convenio.

Además, el informe de la CEACR, señaló dos aspectos de la mayor importancia relacionados con el Proyecto de Ley Marco de Empleo Público:

1.- Que constando las reiteradas denuncias de las organizaciones sindicales acerca de las restricciones del derecho de negociación colectiva, le pide cuentas al Gobierno de Costa Rica acerca de la evolución del proyecto de empleo público “y confía que en el marco del mismo se tomarán plenamente en cuenta las garantías del Convenio.”

2.- Asimismo, la CEACR reitera que las y los servidores del sector público deben gozar del derecho de negociación colectiva, “inclusive con respecto a las remuneraciones”.

Con base en este pronunciamiento de CEACR se puede sostener que:

  • El Proyecto de Ley Marco de Empleo Público, N°21336, violenta el Convenio N° 98 de OIT.
  • El esquema de salario único global quebranta este instrumento internacional de Derechos Humanos, porque impide la negociación colectiva de las remuneraciones.
  • El proyecto no se ajusta a los estándares internacionales en materia de libertad sindical y negociación colectiva (volveré con un análisis más amplio acerca de este informe)

22/02/2021

El ocaso de la segunda república bajo el lente artístico

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo, Derechos.

Rosaura Chinchilla-Calderón
Abogada y profesora universitaria
Rosaura.chinchilla@gmail.com

El arte ha permitido que los pueblos expresen lo que, de otra forma, se acallaría o reprimiría. No obstante, el que se use un lenguaje estético no le quita sordidez a la realidad ni impide que el relato genere angustia o desesperanza en quien degusta la obra. El despertar emociones es parte del reto artístico, aunque se trate de sentimientos que, por ser reflejo del entorno, no son los que se quieran cultivar. Además, cuando el medio que se describe ha fermentado niveles descomunales de putrefacción y cinismo, la belleza de los recursos comunicativos que se usen para trasmitir las ideas no impide que el mensajero pueda estar en riesgo por expresar su visión de mundo.

Externar ideas, máxime cuando estas implican la crítica a un sistema político decadente y opresor, puede implicar el pago de altos precios. Leo en la prensa internacional que un rapero catalán fue detenido, tras refugiarse en un campus universitario, e ingresó a prisión para descontar nueve meses por el delito de injurias cometido contra la monarquía española a través de la letra de sus canciones. La nota es de febrero de 2021 y —dejando al margen la valoración que pueda hacerse de los diferentes géneros musicales o de la crítica de otros trabajos del ahora detenido— si esto sucede en un contexto de democracia formal en donde la globalización ha permitido el acceso a algunos mecanismos de protección para la libertad de expresión, ni qué pensar sobre los efectos que críticas similares han tenido (o pueden tener) en otros contextos o momentos históricos, en donde pensar, expresar y disentir se puede pagar con la vida misma.

No por casualidad, en América Latina —tan susceptible a los colonialismos y a sufrir las dictaduras de diferente signo de ellos derivadas— el boom de la literatura se manifestó, entre otras corrientes, a través de la novela histórica y la “novela del dictador”, subgéneros a través de los cuales se fue consolidando la descripción de un contexto específico del quehacer de nuestros pueblos que posibilita la crítica hacia el abuso del poder político y articula formas de oposición o disidencia contra regímenes despóticos.

Si la nómina es larga (en obras, autores y en narraciones) y extiende sus raíces abrazando varios siglos, es porque también el abuso del poder ha carcomido a nuestra adolorida Latinoamérica como un cáncer terminal: desde las obras precursoras de dicho movimiento —como Facundo (1845) de Domingo Faustino Sarmiento y Amalia (1850) de José Mármol con referencias a la dictadura de Juan Manuel de Rosas en Argentina— hasta textos cumbres como Tirano Banderas (1926) del español Valle Inclán que describe al tirano ficticio de una isla sudamericana Santos Banderas; El señor presidente (1933;1946) de Miguel Ángel Asturias sobre el régimen de Manuel Estrada Cabrera en Guatemala; Conversación en la catedral (1969) de Mario Vargas Llosa alusiva a la represión ejercida en Perú por Manuel Odría; Otoño del patriarca (1970) de García Márquez donde se describe a un dictador ficticio que reúne características de Franco en España, Juan Vicente Gómez de Venezuela y Gustavo Rojas Pinilla de Colombia; Yo el Supremo (1974), de Augusto Roa Bastos, sobre la vida del paraguayo José Gaspar Rodríguez de Francia; El recurso del método (1974) de Alejo Carpentier, nuevamente con una simbiosis ficticia de los diferentes políticos autoritarios históricos de la región; De amor y de sombra (1984) de Isabel Allende referente a las fosas comunes y los desaparecidos en el régimen de Pinochet de Chile, sin dejar de lado aportes recientes como En el tiempo de las mariposas (1994) de la escritora Julia Álvarez referente a la dictadura de Trujillo y el asesinato de las hermanas Mirabal; Margarita está linda la mar (1998) de Sergio Ramírez referente a la llegada de Darío a Nicaragua y la vida y asesinato de Somoza en Nicaragua, La fiesta del chivo (2000) y Tiempos recios (2019) ambos de Mario Vargas Llosa, el primero relativo al régimen de Rafael Leonidas Trujillo en la República Dominicana y el último alusivo al derrocamiento de Jacobo Arbenz en Guatemala.

Es de prever que si las dictaduras han variado en la forma en que acceden al poder (ahora a través de golpes de estado blandos, por ejemplo), también la clasificación del género literario deba expandirse y abrirse para adoptar la crítica a figuras que mueven los hilos de un país, aunque no sean formalmente dictadores.

Advierto que no soy experta en el campo, pero me atrevería a decir que —salvo contadas excepciones dentro de las que destaca El crimen de Alberto Lobo (Gonzalo Chacón, 1928) referida a la dictadura de Los Tinoco— en Costa Rica no existe una tradición importante en este tipo de textos (ni en obras culturales de otra naturaleza que aborden temáticas semejantes). Con ello lejos estoy de insinuar que el arte tico no se ha ocupado del fenómeno porque no hayamos tenido golpes de estado, dictadores o caudillos, ni pretendo adscribirme al mito de la “Suiza centroamericana” sino, más bien, reforzar la crítica, excepcionalmente planteada por Yolanda Oreamuno, respecto al “carácter tico”, más dado a evadir las situaciones grotescas que a enfrentarlas, de allí que se prefiera “esperar a que se despejen los nublados del día” o “serruchar el piso antes que cortar cabezas”. No en vano el “pura vida” es nuestro lema-nación y alimentamos el imaginario nacional con lo de ser “el país más feliz del mundo”. Será por eso por lo que vivimos en el eterno presente, donde los escándalos no duran más de tres días y estamos privados de una memoria histórica y de un patrimonio cultural vigoroso que nos permita hundir las raíces en los aportes de otras generaciones y curtirnos frente a los eternos retornos de las demagogias políticas. Eso podría explicar el por qué el arte con clave de denuncia respecto al abuso de poder nacional también es escaso en nuestro medio.

En los últimos años, sin embargo, el arte, a través de diversos géneros, ha empezado a hurgar en la desmemoria, en el pasado que oculta autoritarismos y desigualdades, en los conflictos políticos contemporáneos, en las tramas de poder y corrupción que nos han marcado y en la denuncia de la realidad en la que convivimos. Me refiero, por ejemplo y obviamente sin ninguna pretensión de exhaustividad, a trabajos como el recogido en el documental El Codo del Diablo (hermanos Jara Vargas, 2014) que rescata, para la memoria histórica, el abuso del poder que termina en homicidios impunes durante el conflicto de 1948 y a novelas (mezcla de tramas históricas, policiacas y con algo de novela negra y del dictador) Cruz de Olvido, El año de la ira (Carlos Cortés, 1999 y 2019), y Más allá del río (Emilia Macaya, 2020) que pasan revista por los temas de corrupción y ejercicio del poder político-autoritario.

Y esa producción no es casualidad. Se trata no solo de la lucha contra la amnesia sino la premonición de que nuevas tempestades se avecinan. Las anuncian los datos o indicadores de la Costa Rica del bicentenario que, en su última década, se ha caracterizado por:

a) presentar una tasa de homicidios por 100 mil habitantes que supera las 10 muertes violentas, lo que permite calificar la violencia social como “epidemia”, según los criterios usados por la OMS. Así dicha tasa en 2015 fue de 11.5 muertes; en 2016 de 11.8; en 2017 de 12.2; en 2018 de 11.7; en 2019 de 11.2 y 2020 de 11.1. Estas muertes violentas han involucrado un crecimiento de los femicidios (entendiendo por este término la muerte de mujeres por su condición de tales que, en Costa Rica, se maneja como “femicidio ampliado” dado el carácter restrictivo de la normativa sobre el tema circunscrita a relaciones de pareja);

b) ver crecer anualmente el índice de Gini, que marca la distribución de la riqueza. Recuérdese que el punto cero implicaría la “equidad perfecta” por lo que, a cifras mayores, la desigualdad social es superior. Así, al llegar a los años 2000 se alcanzó los puntos más altos: 51.60 en el 2001 y 90 en 2002 y si bien descendió en los siguientes años, tuvo un repunte en 2009 (50.6) y, a partir de entonces, con ligeras oscilaciones, se ha mantenido en 48 y algo, por lo menos hasta 2018 (Estado de la Nación);

c) ingresar el país al grupo de las 10 naciones más desiguales del mundo (Banco Mundial; Taking on inequality, 2016);

d) exhibir un desempleo creciente: 2010 (9.2%), 2014 (9.8%), 2018 (12%), 2019 (12.4) y 2020 (21.9 de agosto a octubre de 2020) lo que representa más de medio millón de personas, entre los cuales un buen número son jóvenes;

e) ostentar niveles crecientes tanto de encarcelamiento (en 2000 de 193 por 100.000 habitantes y en 2016 de 370 por 100.000 habitantes según International Centre for Prision Studies, 2017) incluyendo a la población juvenil (Costa Rica tiene una de las edades de encarcelamiento más bajas en América Latina: 12 años) como de hacinamiento penitenciario: 2017 (30%), 2018 (30.4%) y 2019 (30.8%) aunque en años anteriores superó, por mucho, el 40%. Téngase en cuenta que para las Naciones Unidas el límite de hacinamiento aceptable es del 20%;

f) medir cómo la lentitud del sistema penal crece por reformas fallidas, aparejando niveles de impunidad asociados a delitos de cuello blanco;

g) descender en el índice de percepción de la corrupción hasta ocupar, en 2020, un puntaje de 57 sobre 100, luego de haber caído en 2018 de 59 a 56 puntos, en donde a mayor cercanía a 100 mayor es el control sobre la corrupción y a más bajo número, menor la lucha contra tal flagelo (Transparency international);

h) ver crecer las formas de autoritarismo en lo político-social, añorando al gobernante de mano dura que, ungido con los “poderes divinos” (a lo Trump, Bolsonaro, Bukele, Maduro u Ortega), imponga orden, visión transmitida aún por medios de comunicación. En un estudio de IDESPO para medir el autoritarismo en la población costarricense usando la escala RSW de Altemeyern, se pudo verificar que para 2011 el promedio era de 72 puntos y para 2016 la media era de 68 puntos, es decir, casi sin variación considerando los márgenes de error. Si se tiene en cuenta que más de 50 puntos implican una aceptación de criterios autoritarios y que esos puntajes abarcaban respuestas afirmativas a las proposiciones de que había personas “muy diferentes” que nunca deberían ser parte de la sociedad, que el castigo para infractores debía ser muy drástico, que la obediencia a la norma (sin importar su contenido) era un valor deseable y que debía defenderse el status quo, se tiene claro que el ambiente está dado para un giro totalitario que, como suele ser común, proteja los grandes negocios.

Esa desgarradora situación, afortunadamente (para quienes creemos que el arte, además de una misión estética y lúdica cumple una función social y ética) ha empezado a mostrarse en las obras culturales nacionales y es un paso correcto en la denuncia del estado de cosas que las originó. En lo que va del año pude degustar dos trabajos, de distinta naturaleza, que convergen en esos puntos. Me refiero a la novela Los papeles de Chantall (2021) del sociólogo de profesión y poeta por vocación Paul Benavides Vílchez, quien ahora incursiona en este género literario, y la película que se exhibe en cines nacionales Pájaro de fuego dirigida por César Caro (coproducción C.R.-E.U.A y Chile) y respecto de la cual Gabriel González Vega hiciera una reseña formal profunda y muy acertada, que invito a leer.

Ambas desnudan nuestra realidad grotesca y cruda con la majestuosidad que solo el arte puede lograr, coadyuvando a expresar, de forma menos dolorosa, aquello indecible. Ambas exponen las secuelas sociales (en barrios marginales, en la juventud, en los procesos judiciales, en la trata de personas, en la vida carcelaria, en la angustia de quienes migran) de la política demagógica y corrupta que se ensaña contra el pueblo oprimido y se manifiesta en diversas formas de violencia, mientras, por otros lados, se viven obscenos niveles de ostentación. Ambas logran transmutar aquellas estadísticas, números e índices en figuras literarias, impecables fotografías, diálogos, imágenes, sonidos…para que la reflexión político-filosófica también tenga goce estético.

Dos géneros distintos que son un claro reflejo de esta Costa Rica que se resquebraja ante nuestras miradas mostrando el ocaso de la segunda república: una democracia de caricatura (o, mejor dicho, una memetocracia) y la decadencia de la mitología que hemos alimentado. En Pájaro de fuego se exhiben los efectos sociales de las tramas políticas que se abordan en Los papeles de Chantall. En este texto, el autor retrata descarnadamente a los partidos políticos como lo que son: simples maquinarias de acceso al poder, que han traicionado los ideales históricos que los vieron nacer. Los líderes políticos (incluyendo el viejo y enfermo patriarca, que maneja los hilos del poder y de los negocios y respecto del cual es imposible no hacer semejanzas) adquieren los rasgos de cínicos y perversos personajes que buscan el acceso a puestos para consolidar sus negocios privados en una maraña de corruptelas que todo lo abarca, incluyendo el otrora prestigioso Poder Judicial y su tristemente célebre Sala Tercera, protagonistas de primer orden aunque solo sean mencionados en un par de páginas. Concluí la novela justo el día en que varios medios anunciaban que la lista de precandidatos para el próximo proceso electoral superaba la decena (y casi todas las caras eran de viejos conocidos) y pocos días antes en que se mencionara la reunión de varios dirigentes políticos anunciando la necesidad de coalición o acuerdos para designar candidatos de consenso. En ese marco, es imposible dejar de hacer asociaciones con lo que, de modo magistral, “anticipó” el escritor. Sin embargo, en la realidad, a diferencia de la novela en donde la naturaleza se compadece y hace su obra, la pesadilla está lejos de concluir.

Los papeles de Chantall pone, en clave literaria, lo que su autor conoce por la profesión y el oficio que desempeña: un cuadro de descomposición tan grande que lleva a la náusea. Ojalá que, sin embargo, la fuerte denuncia que aquí se hace solo le depare a su creador consecuencias positivas. Las merece, porque el suyo no es un oficio de ciegos, sino de grandes videntes que pretenden trasmitir, a quienes leemos, aquello que quizá nosotros sí dejamos de percibir.

Hay que seguir prestando mucha atención a las diferentes manifestaciones artísticas nacionales de estos tiempos. No hay casualidades, solo causalidades y lo que nos gritan las obras contemporáneas rompe el silencio de la aldea.