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¿Fascismo en Argentina?

José Luis Callaci

Los extremos a lo que está llegando parte de la oposición en Argentina al colocar bolsas mortuorias frente a la Casa Presidencial con nombres de autoridades de Gobierno y personalidades constituye una muestra más de la pésima interpretación de lo que es la práctica democrática.

Es un grave error tomar ese lamentable hecho como un simple, aunque indignante acto de “libre expresión” y no una clara incitación al odio y la violencia. Algo no solo censurado sino sujeto a acciones punitivas en las democracias más desarrolladas del mundo.

Vivir en democracia implica derechos y deberes dentro de una estricta observancia de las reglas de convivencia pacífica y civilizada que le son propias y la caracteriza. Reglas que se inscriben en disposiciones y normas nacionales e internacionales de las cuales el país es signatario.

Tolerar estas ignominiosas conductas es sumamente reprochable, al menos en una democracia.

¿Cuánto tiempo más hará falta para que se entienda que la democracia no es solo ir a escoger a los gobernantes cada cierto tiempo sino mucho más, mucho más que eso?

Es algo que se vive y practica en cada momento, día a día. ¿Se tendrá claro que ese Nunca Más significa no solo el repetirlo todo el tiempo sino impedir, con todo lo que la democracia proporciona, la incubación de un nuevo “huevo de la serpiente”? … Tan bien descrita en una de las obras cinematográficas del famoso director sueco Ingmar Bergman.

Promotora Costarricense de la Innovación y la Investigación: Reflexiones a posteriori de la aprobación del proyecto

José María Gutiérrez
Profesor Emérito, Universidad de Costa Rica

Recientemente fue aprobado en la Asamblea Legislativa el proyecto de ley que transforma el Consejo Nacional para Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICIT) en la Promotora Costarricense de Innovación e Investigación. La tramitación de este proyecto, el apoyo que recibió por parte de las autoridades de ciencia y tecnología, y las reacciones que motivó en la comunidad científica ofrecen insumos importantes para la reflexión. Presento a continuación algunas consideraciones, con la idea de que contribuyan a generar más discusión sobre el tema de la ciencia, la tecnología y la innovación (CTI).

Visiones encontradas del desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación

Las discusiones alrededor de este proyecto dejaron ver diferentes visiones de los rumbos que debe tomar el desarrollo de la CTI en el país. Más allá de la retórica que busca mostrar consensos donde no los hay, aparecen en el escenario nacional visiones contrapuestas sobre este tema. Por un lado, se nos presenta una concepción de que la CTI es básicamente un instrumento de desarrollo económico. Esta perspectiva, que permea la médula del proyecto mencionado, centra la prioridad de los procesos de desarrollo y transferencia tecnológica e innovación hacia la provisión de insumos para el fortalecimiento del sector productivo y, más específicamente, del sector productivo empresarial. El conocimiento, desde esta perspectiva, es básicamente un elemento para el crecimiento de la economía y, en particular, de cierto sector de la economía.

Para muestra un botón: en las versiones iniciales de dicho proyecto no se incluía la ciencia entre los objetivos de la Promotora y solamente se asignaba un puesto para la comunidad científica en la integración de la junta directiva, dominada por cámaras empresariales. Que esto cambiara parcialmente en la versión final del proyecto se debe a la presión ejercida por la comunidad científica nacional, no a la visión de quienes gestaron y promovieron el proyecto de ley.

Frente a esta concepción emerge una visión alternativa que parte del concepto de que la CTI constituye un conjunto de componentes de carácter sistémico, los cuales deben ser vistos y promovidos integralmente. El complejo CTI incluye la generación de conocimiento básico a nivel de ciencias naturales y sociales, el desarrollo tecnológico y la transferencia de tecnología a sectores de la sociedad que demandan este conocimiento, la innovación, y el fomento de una cultura científica que socialice el conocimiento y contribuya a forjar una ciudadanía informada y crítica. Se trata de un engranaje complejo que va desde la generación de conocimiento fundamental, por medio de la ciencia, hasta la aplicación de dicho conocimiento de muy diversas formas y en beneficio de amplios sectores de la sociedad.

Desde esta perspectiva, la innovación, el desarrollo tecnológico y la transferencia de tecnología son fundamentales, pero son solo algunas piezas de un engranaje mucho más complejo. Esta visión sistémica e integral de CTI demanda un delicado equilibrio entre los diversos componentes del sistema, incluyendo la ciencia básica. Además, los beneficios del conocimiento no solo deben permear al sector económico, sino también a muchos otros ámbitos de la sociedad. Por ello, la excesiva priorización en algunos de los componentes va en detrimento del carácter holístico que debe prevalecer en la CTI. Sin una ciencia básica fuerte, apoyada desde el estado, que genere ideas realmente novedosas, la innovación y la transferencia de tecnología serán muy limitadas. Esta concepción integral de CTI es la que ha privado en los países donde la ciencia y la tecnología se han insertado como elementos esenciales para generar prosperidad y equidad.

Existe un evidente distanciamiento entre las autoridades de CTI y la comunidad científica nacional

Uno de los aspectos que más llamó la atención durante el proceso de discusión de este proyecto fue la evidente escisión y distanciamiento que existe entre las autoridades políticas de CTI y la comunidad científica nacional. Para quienes integramos esta comunidad fue muy claro, desde un inicio, que el proyecto de marras tendría un impacto negativo para la ciencia del país. Eso lo manifestaron tanto la Academia Nacional de Ciencias como el Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica, así como diversos sectores del ámbito científico, en foros y artículos. Lamentablemente estas opiniones no recibieron la atención debida por parte de las autoridades de CTI, ni de las señoras y los señores de la comisión legislativa que promovieron este proyecto. No fue sino hasta el final, ante la presión de investigadoras e investigadores, que se introdujeron algunos cambios. Esto ha generado molestia y decepción en un amplio sector de la comunidad de ciencia y tecnología.

Lo anterior revela un distanciamiento notorio entre la comunidad científica y las autoridades nacionales de CTI. Esto no es nuevo, ya que desde hace décadas quienes trabajamos promoviendo la investigación científica hemos observado un desinterés evidente, de parte de los sectores políticos, por las necesidades, limitaciones y urgencias que tenemos en nuestro campo. El Informe del Estado de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, elaborado por el Programa Estado de la Nación, fue muy claro en este sentido, al detectar una disyunción entre los planes oficiales de CTI y las áreas científicas en las que el país ha acumulado fortalezas. Esta dislocación es un problema importante que se debe reconocer y atender, porque limita seriamente el desarrollo de la CTI.

¿Cómo fortalecer la ciencia en Costa Rica?

El escenario arriba descrito nos obliga a replantearnos el tema de cómo fortalecer la ciencia en el país. De prevalecer el modelo ‘economicista’ descrito, aunado a la creciente reducción de la inversión pública en este y otros ámbitos esenciales, es muy probable que la ciencia costarricense se debilite paulatinamente en el futuro cercano. La comunidad científica y el país en general debemos evitar que esto ocurra. Pero ¿qué hacer? La pregunta invita a procesos de reflexión colectivos. A continuación, presento algunas consideraciones al respecto.

  • Generar instancias de organización de la comunidad científica: Es evidente que las autoridades nacionales de ciencia y tecnología, y la clase política en general, no le han dado la prioridad debida al desarrollo científico nacional. Ante esta realidad, la comunidad de investigadoras e investigadores debe movilizarse para gestar formas novedosas de organización, con el fin de promover la ciencia en el país. En esto tiene un importante papel que jugar la Academia Nacional de Ciencias, pero también otras formas de organización del sector. Por ejemplo, un grupo de investigadoras e investigadores está gestando la creación de un colectivo de personas jóvenes, que inician su carrera, de manera que sirva de punto de encuentro para compartir inquietudes y desarrollar iniciativas que les permitan consolidarse en dinámicas de creación científica. Es necesario que la comunidad científica sea más proactiva en acciones de carácter político que promuevan la ciencia y en participar más activamente en la vigilancia de procesos legislativos que atañen a su campo de trabajo. Ello implica también presionar a los sectores políticos de CTI para que asuman una visión más integral. Se requiere poner en marcha amplios procesos de discusión sobre el desarrollo de la CTI que conduzcan, entre otras cosas, a afirmar la relevancia de la investigación científica para el país.
  • Defender la autonomía y el presupuesto de las universidades públicas: Las universidades públicas son, con mucho, el principal reservorio de ciencia y tecnología del país. Estas instituciones, gracias a su autonomía, han sabido resistir las presiones externas que intentan volcar la investigación al plano económico prioritariamente. Las universidades públicas han desarrollado una agenda de investigación integral, que fomenta el desarrollo equilibrado de las ciencias básicas, las ciencias sociales, las tecnologías, las letras y las humanidades. Y también han sabido proyectar este cúmulo de saberes a diversos sectores de la sociedad. Ha sido gracias al esfuerzo sostenido de estas universidades que el país cuenta con colectivos fuertes en varias áreas del conocimiento. Y esto se ha efectuado muchas veces a contrapelo de las políticas oficiales nacionales de CTI. Pero las universidades están siendo sometidas a procesos de acoso externo sin precedentes, que tocan aspectos esenciales de su autonomía y que debilitan su financiamiento. El efecto que estos procesos tendrían sobre la ciencia nacional puede ser devastador. Por ello, una acción política clave, no solo de las comunidades universitarias sino del país en general, es la defensa a ultranza de la autonomía universitaria y del presupuesto de estas instituciones. Así mismo, es esencial mantener la filosofía integral de desarrollo académico y científico en ellas.
  • Fortalecer el colectivo de investigadoras e investigadores del país: El eje central de cualquier proceso de desarrollo de CTI es contar con un colectivo de personas muy bien formadas en el país y el exterior, comprometidas con la investigación científica y tecnológica. Costa Rica, sobre todo a través de las universidades públicas, ha logrado consolidar una comunidad científica, pero la misma adolece de falta de redundancia, y presenta problemas de brechas de género, relevo generacional y endogamia académica, como lo señaló el informe del Estado de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. Las crecientes limitaciones fiscales y las restricciones presupuestarias perjudican la contratación de personas jóvenes bien formadas y muchas de ellas han optado por trabajar en el extranjero. Además, el sector privado ha sido muy omiso en cuanto a ofrecer oportunidades para personas que trabajen en investigación. Todo esto obliga a gestar formas ingeniosas y creativas para abrir espacios a las nuevas generaciones de investigadoras e investigadores del país. Cómo hacerlo es una tarea que requiere compromiso, creatividad y voluntad política. En buena medida, el futuro de la CTI nacionales depende de ello.
  • Gestar formas novedosas de financiamiento de la investigación: La crisis fiscal del país, la reducción de los presupuestos universitarios y las políticas erráticas de ciencia y tecnología han hecho que el porcentaje del PIB dedicado a investigación y desarrollo en el país se haya reducido a valores cercanos al 0,4%, más bajos incluso que el promedio de América Latina. Ello demanda esfuerzos creativos de diverso tipo en procura de formas novedosas de financiamiento de la investigación. Se requiere desarrollar mejores destrezas de captación de recursos externos para la investigación, mediante alianzas internacionales y un mejor conocimiento de las oportunidades que ofrece el universo global de la ciencia y tecnología. El sector privado debe comprometerse mucho más en este tema del financiamiento y se deben promover incentivos fiscales para el apoyo de la ciencia. El problema invita a nuevas formas de financiamiento en el país, como podría ser asignar un porcentaje del presupuesto de algunas instituciones autónomas para investigación en áreas de su interés. Además, se plantea la necesidad de establecer un tributo a las empresas de zonas francas para apoyar la ciencia y la tecnología nacionales. Es una responsabilidad que este sector tiene con el país.
  • Forjar colectivos de investigación y fomentar alianzas internacionales: La ciencia hoy día funciona con base en emprendimientos de carácter inter- y trans-disciplinario alrededor de temas complejos. Debemos avanzar hacia formas de trabajo colectivas donde las fortalezas de los grupos compensen las debilidades. Así mismo, se requiere fortalecer una política de alianzas académicas internacionales, que permitan a nuestros grupos acceder a proyectos y facilidades con las que no contamos en el país, así como a financiamiento compartido. Para esto, debemos depurar cada vez más la calidad de nuestro trabajo científico y tecnológico. Conviene también fomentar los nexos con la diáspora científica costarricense ubicada en muchas instituciones en el mundo, la cual ha mostrado una excelente disposición por vincularse con los esfuerzos científicos del país.
  • Fomentar la participación ciudadana en el fortalecimiento de CTI: La propuesta economicista de CTI únicamente concibe a los sectores productivos empresariales como los beneficiarios del conocimiento científico-tecnológico. Esta visión reduccionista requiere ser sustituida por la concepción de que la CTI debe permear a todos los sectores de la sociedad, no solo en el plano económico, sino también en los planos social, cultural, ambiental y otros. Y entender que la ciencia, como forma de comprender la realidad, es parte de la cultura. Para ello se requiere fomentar la educación científica y los vínculos de la comunidad de investigación con amplios ámbitos de la sociedad, así como promover el conocimiento científico de la realidad como un auténtico insumo para mejorar la calidad de vida. Además, es necesaria la creciente participación ciudadana en las discusiones y tomas de decisión sobre temas relativos a la CTI.

A manera de conclusión

Costa Rica está inmersa en procesos políticos en los que se deciden aspectos esenciales para el futuro del país, incluyendo cuál será el papel de la CTI en el desarrollo nacional. Las visiones que subyacen detrás del proyecto de la Promotora Costarricense de la Innovación y la Investigación no son muy halagüeñas para la ciencia del país. La comunidad nacional, incluidos los sectores de investigación en ciencia y tecnología, debe reflexionar críticamente sobre los rumbos que lleva y debería llevar la CTI nacional. Solo una decidida y activa participación de la comunidad de ciencia y tecnología, y de la ciudadanía en general, podrá garantizar que la CTI se consolide integralmente, reciba el apoyo político que requiere y aporte a un desarrollo centrado en la prosperidad, la equidad y la solidaridad, el cual beneficie a toda la sociedad y no solo a algunos sectores.

Fotos: UCR

Después del susto

Óscar Madrigal

Pocos días después de la segunda vuelta de las elecciones donde resultó electo presidente Carlos Alvarado, me encontré a un compañero con el cual habíamos coincidido en varias luchas estudiantiles, que había sido alto dirigente del Partido Socialista y luego dirigente del PAC. Casi sin saludarnos me dijo:

—¡Qué susto!

—Si, le contesté

—Estuvieron tan cerca.

Efectivamente celebramos el triunfo de Alvarado y del PAC. El país había estado a punto de caer en manos de los sectores pentecostales más conservadores y retrógrados. Esa posibilidad había sido derrotada y se podía mantener el Estado de Bienestar a salvo al menos 4 años. Se llamó la Revolución de las Crayolas porque, pensábamos, el futuro Gobierno serviría para mejorar las condiciones del pueblo, y quizás tratar de medio volver la tortilla para que los grandes capitales contribuyeran más para reducir la pobreza y la desigualdad.

Fabricio representaba un enorme retroceso en muchos derechos humanos, tales como los sexuales por ejemplo, y reunía a grupos de los económicamente más neoliberales. Estos últimos grupos también estaban en el PAC que se habían fortalecido con la llegada de Rodolfo Piza y su equipo económico. Sin embargo, también pensábamos, podían ser mejor neutralizados por las corrientes progresistas que casi unánimente se agrupaban con Alvarado.

El gobierno de Unidad Nacional ayudó a conservar alguna posibilidad de una gestión equilibrada y en beneficio de los grupos económicamente más desfavorecidos.

¿Quién nos iba a decir 3 años después que todo aquello fue una gran maniobra fraudulenta?

El Gobierno de Alvarado no solo ha gobernado para los sectores económicamente más poderosos sino que ha eliminado derechos humanos tan importantes como el de huelga o las convenciones colectivas, congelado salarios por 10 años, aumentado las cargas impositivas a los asalariados y creado un régimen de terror contra las organizaciones sociales. Esencialmente ha sido un fiasco desde su política internacional hasta la social.

Durante muchos años el movimiento estudiantil luchó por otorgarle un presupuesto justo y necesario para el desarrollo de las Universidades. Entendíamos los estudiantes de aquellas épocas que sin presupuesto las universidades no podían avanzar ni asegurar su autonomía. Que sin un presupuesto asegurado no había la suficiente libertad frente a los políticos de turno; que quien controlara el presupuesto podía controlar las políticas universitarias y con ello su autonomía.

¡Quién hubiera dicho a dos viejos dirigentes estudiantiles que en aquel momento se mostraban satisfechos de que no hubieran ganado los pentecostales, que el Gobierno que acaban de elegir consumaría el mayor atentado contra la autonomía de las universidades y condujera la mayor contrarreforma neoliberal de la historia patria!

Solicitud al presidente de la República Carlos Alvarado Quesada y a la Fracción Legislativa del Partido Acción Ciudadana

Los riesgos de lesionar el principio constitucional de la Autonomía Universitaria

Costa Rica y el mundo en general, son escenario del avance de corrientes de pensamiento conservadoras que han permeado la economía, la política, la ciencia y la cultura. Los avances del pensamiento retrogrado en momentos de crisis sanitaria, económica, financiera y ambiental afectan como un todo el Estado social de derecho, y, de modo particular, a las universidades públicas. Es desde esta óptica que debemos valorar el riesgo que se cierne sobre la Autonomía Universitaria en el proyecto de ley 21.336, Ley marco de Empleo Público.

La Constitución de 1949, en el artículo 84, recoge una de las reivindicaciones más significativas de la modernidad y del pensamiento universal humanista: la independencia de la ciencia, la creación y la cultura, del poder político. Con sabiduría, el texto constitucional, tal y como lo ha señalado la Sala Constitucional (Sentencia No. 001313 de 1993), otorga a las universidades públicas independencia para el desempeño de sus funciones y plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones, así como para darse su organización y gobierno propio.

Transferir decisiones del régimen laboral o de la planificación institucional hacia instancias del Poder Ejecutivo contraviene seriamente esta autonomía y la Constitución Política. El texto de la Ley Marco de Empleo Público es esencialmente fiscalista. Más allá de las partes introductorias de la ley, no hay una preocupación real por el valor público que deben generar las instituciones estatales –razón sustantiva de la reforma del Estado que debe impulsarse, con un amplio diálogo nacional–.

Los nudos del debate dejan ver con claridad la intencionalidad real del texto de ley: reducción del gasto público a través de los salarios como medida para paliar la crisis fiscal, dicen sus promotores y propagandistas. Sin embargo, poco o nada interesa en el debate legislativo la calidad del trabajo público, la pertinencia de los procesos de trabajo, productos o resultados institucionales, el reto de la multidimensionalidad y articulación territorial de la gestión pública. Todos ellos temas sustantivos en la calidad de la gestión del trabajo humano en el seno del Estado.

No obstante, igual o mayor esfuerzo ponen en ocultar que la crisis fiscal obedece a la baja recaudación de impuestos del país, a contar con una de las deudas más caras del mundo, a la porosidad tributaria que permite la elusión y la evasión fiscal, el contrabando y la expatriación de riqueza generada nacionalmente hacia paraísos fiscales u oculta a través de entramados jurídicos locales e internacionales.

Las mismas fuerzas que hoy atizan los prejuicios contra las universidades públicas y los universitarios, a través de información distorsionada o parcial, cierran trincheras y hacen uso de su capacidad de presión y de amenaza para oponerse a cualquier avance en la ruta de una mayor progresividad y transparencia tributaria.

Es real el riesgo de avanzar en una ruta nefasta, en un entorno y en un momento de posicionamiento de actores y mensajes que satanizan lo público, el disenso y el avance en los derechos de las personas. Surge la amenaza de que a “pellizquitos inconstitucionales” en cadena, estas fuerzas del conservadurismo y la privatización vayan debilitando conquistas logradas en el campo de las políticas públicas que hoy, todavía nos permiten mostrarnos como una nación diferente, pese a la galopante desigualdad.

La autonomía universitaria que ha garantizado la libertad de pensamiento y el avance del conocimiento en función de las transformaciones que demanda nuestra sociedad, es una de las columnas vertebrales de nuestra democracia. La defensa de la autonomía universitaria es consecuente también con profundizar los esfuerzos que ya se están realizando en las comunidades universitarias para revisar el modelo salarial, ser más eficientes con el uso de recursos públicos y eliminar inequidades y abusos existentes.

Por lo tanto, como personas que hemos estado ligadas de diversas formas al Partido Acción Ciudadana, demandamos a nuestra fracción legislativa y al señor presidente de la República excluir a las universidades públicas del proyecto de Ley Marco de Empleo Público.

Olga Marta Sánchez Oviedo
Yamileth González García
Alberto Salom Echeverría
Luis Felipe Arauz Cavallini
Eugenio Trejos Benavides
Alicia Vargas Porras
Elizabeth Fonseca Corrales
Margarita Bolaños Arquín
Grettel Ortiz Álvarez
Olivier Pérez González
Nicolás Murillo Rivas
Fernando Rodríguez Garro
Leda María Zamora Chaves
Gerardo Fumero Paniagua
Cristóbal Granados Mora
Carlos Calvo Pineda
Edgar Gutiérrez Espeleta
Daniel Vartanian Alarcón
Jeannette Cordero Gamboa
Emilia Molina Cruz
Henry Mora Jiménez
Patricia Salgado Muñoz
Javier Cambronero Arguedas
Sarah Salazar Bonilla
Melvin Jiménez Marín
Ana Cristina Briceño Lobo
Eduardo Enrique Solís Portuguez
María Antonieta Camacho Soto
Fabián Solano Fernández
Yanina Soto Vargas
Janina Montero Cabezas

Así es la cosa, se nos fue el trotamundos, Álvaro Fernández Escalante

Vladimir de la Cruz

Conocí a Álvaro Fernández Escalante hace muchos años, primero por la lectura, y el seguimiento que le hacía de sus escritos humorísticos, de su sátira política en los periódicos donde se desempeñó con maestría en ese campo del periodismo humorístico, sarcástico, de crítica política, como pocos lo sabían hacer.

Perteneció a ese grupo selecto de periodistas como Adolfo Herrera García, “Fofa” y Miguel Agüero, “El Machaco”, que tenía espacios similares en los medios de comunicación, complementando en este campo a esos extraordinarios caricaturistas políticos como Hugo Díaz y Zeledón, entre otros.

De Álvaro especialmente me gustaba su “diccionario tridimensional” con el que jugaba con el idioma, con las palabras, para hacernos “pensar” o reír.

Después entablé contacto con él cuando empecé a participar activamente en la política, como candidato presidencial de Fuerza Democrática, y cuando él impulsó un Programa de entrevistas y conversaciones, “Alto Contraste”, en el gobierno de Abel Pacheco, con un joven periodista, que hacía sus primeras armas bajo su amparo, Camilo rodríguez, al cual me invitaron pocas veces.

La primera vez lo sentí, a Álvaro, tenso conmigo, yo representaba para él la izquierda política que él había combatido y criticado por años, él para mí la derecha política, no tanto por él mismo sino también por sus diversos compañeros de escritura en sus páginas de humor y sátira periodista. De esos programas empezamos a tejer una amistad, poco a poco, con gran respeto. Terminamos grandes amigos.

Después le seguí, cada vez que podía, en el Programa radiofónico “Así es la cosa”, cuando lo hacía con Guillermo Villegas Hoffmeister y Alberto Cañas Escalante, su primo. Sabía que él era del Barrio Luján, que también fue mi barrio de adolescente y colegial, y de inicios de la Universidad, Barrio que también lo era de Fernando Durán Ayanegui. Esto nos permitía muchas veces en el Programa Así es la cosa rememorar el Barrio Luján y contar vivencias y anécdotas del mismo escenario.

Admiraba su memoria privilegiada, su conocimiento con detalles de eventos en los que había participado, en el país como fuera de Costa Rica.

Fue personaje de la prensa escrita, de la radio y de la televisión. Escritor, poeta. Esto lo llevó a formar parte de la Primera Junta Directiva de la Asociación de Autores, Escritores y Artistas de Costa Rica, en ese momento compartiendo silla con Carlos Luis Fallas, a inicios de la década de 1960.

En los 80s me tocó compartir silla, como Fiscal, de esa Asociación, con Fernando Durán Ayanegui, a quien ya conocía por haber sido él un dirigente estudiantil, a finales de la década de 1960, de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica, en la que yo me desempeñaba ya como dirigente del Frente de Acción Universitaria, desde 1966, cuando lo fundamos, y él representaba a la Federación en Holanda, en la Conferencia Internacional de Estudiantes, organización internacional alterna a la Unión Internacional de Estudiantes, que tenía sede en Praga, y a la cual se integró la Federación en 1968, cuando viajamos a Praga, con ese objetivo, el entonces Presidente de la Federación, Jorge Gutiérrez y yo. A Fernando le seguí ya en su vida académica, y le apoyé en sus candidaturas rectorales.

Álvaro Fernández hacía su vida de periodista. A parte de la prensa escrita durante 22 años dirigió el Programa Alto Contraste, que lo tuvo en Repretel y en Canal 13. Mantuvo una columna periodística, que la considera “sin importancia”, en el Periódico La Nación, escrita con el seudónimo de PZ, que muchas veces enfrentó a los comunistas y recibió sus respuestas de Adolfo Herrera García, desde su “Columna “Subversiva”. Igualmente mantuvo su página humorística “La Piapia” y “La Purruja”, por bastante tiempo. También hizo comentarios, “Desde mi ventana”, en Canal 9.

Él fue un activista de los medios de comunicación: desarrolló la sátira periodística, la crítica humorística de tipo político siempre con gran respeto a los eventos y personas tratados. Para mí, en lo personal, fue una clase de educador —en el buen sentido de la palabra— en el campo del periodismo radial y el periodismo televisivo, al cual me vinculé con él pues era un experto en eso y contribuyó, en el caso mío, a fortalecer parte de mis áreas en las que yo también colaboro con los medios de comunicación.

Álvaro tuvo una vida pública y política intensa. Fue Embajador de Costa Rica en Honduras y también en Colombia, además tuvo otros cargos diplomáticos en países como El Salvador. Asimismo, fue Secretario General en la Organización de Estados Centroamericanos (Odeca) entre 1972 y 1973; y gerente de la Naviera Multinacional del Caribe.

Fue miembro del Partido Liberación Nacional (PLN), amigo muy cercano de José Figueres Ferrer y Daniel Oduber, pero respetado por el expresidente Mario Echandi, y miembros del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), que se contaron entre sus grandes amigos, y quienes le confiaron también tareas y misiones diplomáticas.

Sus primeras incursiones en política fueron de joven, cuando se vinculó al Centro de Estudios para los Problemas Nacionales, que dirigía rodrigo Facio, siendo parte también de la Juventud Universitaria Cívico Unionista, organización socialdemócrata de ese momento, y donde se desarrollaba su generación de amigos, de juventud y luego de vida política. Luego fue en la muerte de León Cortés, cuando se vinculó al ulatismo y el figuerismo, que lo llevó a los sucesos de 1948 sin haber participado activamente en la Guerra de marzo y abril. Entró en el Desfile de la Victoria a San José, con sus amigos Alberto Martén y el Padre Benjamín Núñez. Durante los sucesos del Cardonazo se desempeñó a cargo de un mortero. En su familia hubo también calderonistas, como había ulatistas y figueristas.

Cuando Figueres impulsó el periódico La República, allí empezó parte de sus experiencias periodísticas. Ricardo “Cacayo” Castro de La Nación también le dio espacio. A los 21 años se casó con Alma Peña, colombiana, quien le sobrevive, con tuvo dos hijos, Álvaro y Gustavo, que le han dado cinco nietos, tres mujeres y dos varones, quienes han sido, como núcleo familiar sus mejores tesoros, sus bienes más queridos, la luz de sus ojos.

En la década del 50 empezó también tempranamente a desempeñarse en puestos diplomáticos y del Servicio Exterior.

Fue diplomático por mucho tiempo, en muchos organismos internacionales, que lo proyectaron a los distintos escenarios, incluidos los europeos. En la Feria Mundial de Nueva York estuvo a cargo del Pabellón de Centroamérica y Panamá. Era un hombre del mundo, en el buen sentido de la palabra, y había recorrido muchos países. Pero esa vida de diplomático le había dado también mucha sensibilidad para ver situaciones en diferentes partes y tratarlas con amenidad, con humor y con sátira cuando veía que podía tratar de esa manera, pero también con análisis serio cuando a él le correspondía hacerlo en sus programas periodísticos.

En Repretel llegó a ser parte de su Junta Directiva, sitio donde le gustaba estar por las mañanas en su Oficina.

Fue un hombre bueno, extremadamente bondadoso, siempre con una sonrisa y que cuando se reía daban ganas de reírse, con una risa altamente contagiosa. Era fraternal, ameno, amigo en el buen sentido de la palabra, abierto no sólo en lo personal, si no en su hogar y tenía muchas cualidades humanas. Álvaro Fernández es un personaje que el periodismo nacional le debe mucho. el Colegio de Periodistas debería hacerle un homenaje.

Acicalado, pulcro, de vestir con elegancia muy típica de él, con esbelta figura, siempre de saco y corbata, a veces con chaleco y tirantes, siempre con sombrero, corbata armónica con su saco, y pañuelito en el saco, eran los elementos que le distinguían. Sus últimos años se hacía acompañar de un bastón.

Era simpático en lo persona, de gran conversación y ameno en su charla, siempre con elementos sorpresa, muy querido por quienes le trataban en su relación personal como laboral.

Cargaba cualquier cantidad de anécdotas que le había tocado vivir, lo que hacía más rica su conversación.

En el buen sentido fue un gran educador, de quienes se relacionaron profesionalmente con él, en el periodismo, como por los programas de radio y de televisión en que participaba. Su objetivo llevar cultura, conocimiento a quienes le escuchaban o veían. Abierto en su conocimiento lo ponía al servicio de sus televidentes y radioescuchas. La Nación, La República y la Prensa Libre fueron sus hogares del periodismo escrito, Canal 6, Canal 9 y Canal 13 de televisión y radio Monumental de su periodismo radial.

Nació un 14 de Julio con los aires de la revolución francesa y casi fallece bajo las trompetas de la Comuna de París, que está por cumplir su 150 aniversario.

Su vida giró en el periodismo escrito, radial y televisivo, como escritor, poeta y diplomático. En radio Monumental y Canal 6 en los últimos años se realizó en el Programa Así es la cosa, donde le acompañaron Guillermo Villegas, Alberto Cañas, Fernando Durán y Vladimir de la Cruz.

Manejó su automóvil casi hasta los 88 años. Sus nietas o nieto lo llevaban al final a la radio. El último año también yo lo llevaba a la radio. Al regreso a su casa lo alternábamos Fernando Durán o yo, gran y riquísima experiencia por su amena conversación.

Profesionalmente quiso se médico, lo que no pudo por razones económicas de su época. Fue abogado y economista. Hizo estudios en la Universidad de Costa Rica, la del rosario en Colombia y en Georgetown en Estados Unidos.

Sus últimos años pasó peleando en la Sala IV su derecho de jubilado que se lo habían disminuido bárbaramente, sin que le dieran la razón.

De memoria prodigiosa, que cultivó desde que niño, infante, aprendió a leer. Limón donde vivió de niño, San José donde estudió y el Colegio Omar Dengo, donde se cultivó de adolescente, estudiando de noche mientras trabajaba de día. Así se formó Álvaro Fernández Escalante.

Como ser humano fue bondadoso, maravilloso, culto, simpático, agradable, llano, conservador en muchos aspectos, pero siempre con mente abierta, un auténtico demócrata, de cultura enciclopédica, buen amigo. Un caballero en su trato, con gran don de gentes. Una buena persona. Nació el 14 de julio de 1930. Falleció el 19 de febrero del 2021.

Sin lugar a dudas, para mí, una gran pérdida para el país, su cultura y el periodismo nacional.

El Colegio de Periodistas debería, en su momento, hacer un acto en su recuerdo.

Encuentro multisectorial contra el Proyecto de Empleo Público. Declaración final

Las instituciones participantes, organizaciones sociales, sindicales, comunidades universitarias, municipales, considerando:

Que los efectos de la pandemia del COVID han profundizado asimetrías sociales y económicas que el país venía presentando como mayor concentración de la riqueza, menor capacidad redistributiva del ingreso nacional, incremento acelerado de la pobreza y de la desigualdad social, incremento desmedido del desempleo afectando principalmente a mujeres y jóvenes, mayor precarización de la inserción laboral, entre otros.

Que, en lugar de ampliar la inversión social y el papel del Estado, para hacer frente a esa realidad, las élites económicas y políticas han venido proponiendo una acción fiscalista y de austeridad presupuestaria, que no sólo pone en riesgo la acción misma del Estado, sino que deja en la indefensión a miles de habitantes.

Que los medios de comunicación privados en forma homogénea han lanzado una fuertísima campaña orientada a culpar al sector público y principalmente a la clase trabajadora como los responsables de los problemas en las finanzas públicas, actuación que se realiza de manera infundada, tergiversando datos o manipulándolos al presentar solo una parte de ellos, para generalizar conclusiones falaces.

Que el gobierno actual y las fuerzas políticas representadas en la Asamblea Legislativa PLN, PUSC, PAC, Restauración Nacional y Nueva República, vienen desarrollando una agenda legislativa absolutamente regresiva que descarga los costos de la crisis en los sectores medios y la clase trabajadora.

Que la crisis de las Finanzas Públicas no es responsabilidad de los salarios de la clase trabajadora del sector público y mucho menos del Gasto Público, es responsabilidad del fraude fiscal corporativo que sustenta su accionar en la evasión y la elusión continuada. Se deben gravar las grandes rentas de capital, al sector financiero, al patrimonio y principalmente a las grandes riquezas.

Que la estrategia de recorte y austeridad presupuestaria a la institucionalidad pública pone en peligro no sólo el desarrollo de políticas públicas y de servicios públicos, sino la existencia misma del Estado Social que ha garantizado que Costa Rica posea indicadores de desarrollo humano por encima de la media de la región.

Que el Proyecto sobre Empleo Público que actualmente se tramita en la Asamblea Legislativa es una iniciativa sin un proceso real de consulta a las organizaciones sindicales y autoridades de instituciones públicas, que además es un proyecto que atenta contra las autonomías institucionales y autonomías constitucionales, pues tiene un carácter claramente autoritario y antidemocrático que representa el desmantelamiento del Estado Social Costarricense.

Acordamos:

  • Crear un Frente Nacional de Defensa del Estado Social Costarricense que involucre a comunidades universitarias, a organizaciones sindicales tanto del sector público como privado, a organizaciones comunales y de vecinos, al movimiento estudiantil universitario, a organizaciones feministas y de mujeres, a organizaciones de pequeños y medianos productores agrícolas, sector campesino a autoridades municipales, a juntas comunales de salud, y otras.
  • Desarrollar diversas actividades de sensibilización a la opinión pública a fin de evidenciar y demostrar que el proyecto de Empleo Público no busca mejorar la eficacia, ni ordenar al sector público, sino desmantelar el Estado y precarizar condiciones laborales y salariales de la clase trabajadora.
  • Enfrentar en forma conjunta toda la agenda legislativa que en el marco del Acuerdo con el FMI pretende cargar sobre los hombros de los sectores medios y laborales el costo de la crisis económica, por medio de un aumento de la carga impositiva.
  • Desarrollar actividades de sensibilización para el mejoramiento del trabajo dentro de las instituciones a fin de garantizar la defensa del Estado Social Costarricense.

POR LA DEFENSA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

POR LA DEFENSA DEL ESTADO SOCIAL COSTARRICENSE

Organizaciones Sindicales

Asociación Nacional de Educadores ANDE
Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza APSE
Sindicato de Educadores Costarricenses SEC
Bloque Unitario Sindical y Social Costarricense BUSSCO
Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social UNDECA
Central General de Trabajadores CGT
Central del Movimiento de Trabajadores Costarricenses CMTC
Confederación de Trabajadores Rerum Novarum CTRN
Sindicato Patriótico de la Educación SINPAE 7 de Agosto
Sindicato Nacional de Profesionales de la Orientación SINAPRO
Sindicato Industrial de Trabajadores Eléctricos y de Telecomunicaciones SITET
Asociación Nacional de Técnicos y Trabajadores de la Energía y las Comunicaciones ANTTEC
Asociación de Abogados y Profesionales del Grupo ICE ABOGAPROICE
Federación Unión Sindical de Trabajadores del Grupo ICE FUS/ICE
Sindicato de Trabajadores de la UNA SITUN
Sindicato de Empleados de la Universidad de Costa Rica SINDEU
Asociación de funcionarios del TEC AFITEC
Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Universidad Técnica Nacional UTRA-UTN
Asociación de Profesionales de la UNED UNED-PRO
Alianza Sindical del Poder Judicial
Asociación Nacional de Empleados Judiciales ANEJUD
Sindicato del Poder Judicial SINDIJUD
Unión Nacional de Trabajadores y Trabajadoras UNT
Sindicato Nacional de Administradores de Servicios de Salud y Afines del Seguro Social SINASSASS
Sindicato de Trabajadores del INA SITRAINA
Sindicato Independiente de Trabajadores Estatales Costarricenses SITECO
Sindicato de Trabajadores de Acueductos y Alcantarillados SITRAA AyA
Federación Nacional de Trabajadores Agrícolas y de Plantaciones FENTRAP
Sindicato de Empleados del Ministerio de Hacienda SINDHAC

Organizaciones Sociales

Frente Nacional por la Defensa de la Caja y la Seguridad Social FRENASS
Comisión Nacional de Enlace CNE
Coordinadora Popular de Occidente
Diego Miranda Méndez Regidor Municipalidad de San José
Asociación Nicaragüense inmigrantes en Costa Rica-ANICR

Comunidad Universitaria

Rectoría y Consejo Universitario de la Universidad Nacional
Rectoría y Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica
Rectoría y Consejo Universitario de la Universidad Estatal a Distancia
Consejo Universitario del Instituto Tecnológico de Costa Rica
Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica FEUCR
Rectoría y Consejo Universitario, Universidad Técnica Nacional

Por la segunda independencia

Arnoldo Mora

Desde los inicios mismos de su gobierno, el Presidente Carlos Alvarado calificó su administración como la del “Bicentenario de la Independencia”. Es precisamente en el año actual que se cumplen los doscientos años de que tan maravillosa como sorpresiva noticia llegó a Cartago, capital colonial de nuestra provincia. Poco después se esclarecerían los “nublados del día”, que habían obnubilado la mente de nuestros antepasados, pues les resultaba difícil, por no decir, inverosímil, que las cadenas coloniales se hubiesen roto sin que, en tiempos recientes, se hubiese movido un dedo para lograrlo. La noticia de nuestra independencia era algo así como el bíblico maná que bajó del cielo; si bien es cierto no fue un regalo de lo Alto, si auscultamos las amarillentas páginas de la historia patria; nuestros pueblos indígenas, desde los primeros días de la colonización y liderados por Garabito, se habían sublevado contra el yugo colonial; otro tanto y aún más heroicamente, hizo el prócer Pablo Presbere; los josefinos imbuidos de ideas liberales, habían quemado los estancos de tabaco hacía una docena de años, negándose a someterse al monopolio de la Corona en materia de comercio exterior; fuera de nuestro territorio, en Las Cortes de Cádiz, el gran Florencio del Castillo abogó por la total igualdad de los habitantes de ambos lados del Océano, sin distinción de ninguna especie; si bien, estos dos últimos casos no mostraban explícitamente una voluntad de soberanía plena frente a la metrópoli colonial, su posición implicaba un paso hacia la plena independencia política, pues no puede darse independencia en lo económico si no se es independiente en lo político. Pero eso es tan sólo un paso histórico que nos permitió poner los fundamentos de nuestra soberanía, la cual sólo se logró gracias a la construcción del Estado Nacional en el siglo XIX, su connotación de Estado de Derecho en las primeras décadas del siglo XX y del Estado Social en la década de los 40s. Tales son los principales jalones realizados por nuestros mayores en nuestra historia. Es lo que le da sentido a las celebraciones de nuestra independencia en el presente año; pues sólo se es libre cuando se usa de la libertad para configurar nuestra propia soberanía como nación, cuando se ejercita la soberanía popular al decir de Juan Jacob Rousseau, el principal ideólogo de la Revolución Francesa, cuyo ideario inspiró la construcción de nuestra república, incluso en la expresión de los símbolos patrios. La democracia de la que hoy nos ufanamos, es producto de estos procesos políticos que se han escenificado en las etapas históricas que he mencionado. Pero hay que recalcar que esos logros no se han dado sin grandes luchas, a veces teñidas con sangre; pero, también hay que destacarlo, siempre nuestro pueblo ha salido victorioso.

Hoy iniciamos un nuevo ciclo de nuestra historia; ya no tenemos cadenas coloniales que romper, pero sí tenemos muchos otros obstáculos que nos impiden sentirnos verdaderamente libres como ciudadanos y soberanos como nación. El mayor de los impedimentos lo constituye la creciente desigualdad social, que se refleja en la exclusión político-social y la explotación económica que han acrecentado la pobreza en cifras enormes, de amplios sectores de la población. Las reformas sociales de la década de los 40s y algunas otras reformas puntuales que se lograron en los años posteriores, han configurado una sólida clase media, base de nuestra estabilidad política de las últimas décadas. Hoy todo ese hermoso y ejemplar edificio se ve seriamente amenazado por las medidas neoliberales, que se han venido imponiendo e implementando de manera inflexible por los gobiernos sucesivos desde 1984; la pandemia provocada por la Covid-19, no ha hecho sino acrecentar de manera intolerable para los más amplios sectores de la población, el abismo de explotación y marginación que esas espernibles políticas han provocado en la mayor parte de nuestra población. Lo que acabo de señalar explica lo que hoy se vive en nuestra vida política, como es el acercamiento entre sectores empresariales y los sindicatos del sector público, los más beligerantes de las últimas décadas, para enfrentar las imposiciones del Fondo Monetario Internacional y apoyadas, de manera rígida, por los sectores oligárquicos del país. Como consecuencia de lo anterior, se da un creciente y cada vez más duro enfrentamiento de clase, el cual ha pasado del campo económico-social al campo político.

No hay duda de que estos hechos marcarán el rumbo de la próxima campaña electoral; la cercanía de las elecciones se hará sentir cada día con mayor fuerza en el panorama político nacional, hasta convertirse en la segunda mitad de este año en el acontecimiento político que marque todas las manifestaciones de los más variados actores de la vida política nacional. Frente a esa realidad, los partidos políticos se muestran particularmente débiles y desorientados; el gobierno cada día se debilita más, hasta el punto de que la figura del Presidente Alvarado es la más desteñida, por no decir, desprestigiada de las últimas décadas; Carlos Alvarado ha sido el gobernante más débil y más oscilante que hemos visto en mucho pero en mucho tiempo, da la impresión de ser un improvisado; su comparecencia ante la Asamblea Legislativa, a la que se vio compelido a pesar de su reiterada reticencia, no hace sino acrecentar ese desprestigio que lo rodea, como la negra boca de un abismo en que se sumerge cada día; en la hora actual no hay posibilidad de que logre evitar verse lanzado en las fauces del desprecio generalizado que se reflejará, sin duda, en las próximas elecciones; los partidos políticos, cada vez más desdibujados ideológicamente y carentes de auténticos líderes, despiertan tan sólo suspicacias en una creciente mayoría de ciudadanos; incluso los medios costarricenses que solían imponer su tiranía ideológica, se ven disminuidos fuertemente en su influencia y poder político debido al auge de las redes sociales. Más allá de nuestras fronteras, el panorama político internacional cambia vertiginosamente con evidentes muestras de decadencia del poder imperial yanqui y el auge de China; Occidente se ve obligado a dialogar o negociar con un Oriente cada día más influyente en todos los campos; los bloques regionales se consolidan como focos de poder que determinan la escena mundial, de manera particular, en nuestra región latinoamericana. Frente a este panorama inquietante, nuestros políticos tradicionales se enconchan en una rígida posición, que demuestra su fosilización en el tiempo y su incapacidad de responder a los retos de la época actual.

En vista de lo anterior, considero que se impone la forja de un nuevo contrato social, que nos permita lograr una segunda y plena independencia que nos dé una base de justicia social y una a los sectores productivos del país. Se requiere acabar con la hegemonía del capital especulativo y de los bancos privados que están vinculados con el lavado. De manera particular, los capitales sospechosos de lavado deben ser investigados; los impuestos deben ser pagados por los sectores de una minoría plutocrática cada día más pequeña y cada día más avara. Los sectores productivos, sobre todo del agro, han sido fuertemente golpeados, por lo que deben unirse con los sectores de clase media y con los sindicatos para formar un frente patriótico que busque profundizar las reformas sociales y consolidar el Estado Social de Derecho. A los partidos políticos que aspiran a conformar el nuevo gobierno, hay que exigirles la elaboración de un programa de gobierno que refleje las posiciones y reivindicaciones de las mayorías. Este gobierno constituye una de las mayores traiciones que se han visto en nuestra historia. Un presidente que se convierte en rehén de algunos grupos económicamente poderosos que gobiernan sin haber sido sometidos al escrutinio popular como es exigencia fundamental de la democracia, no debe repetirse en nuestra historia. Construir una democracia real, una soberanía real, una independencia real, constituye el mayor tributo que den nuestras generaciones a quienes nos dieron la Primera Independencia; porque hoy debemos al Bicentenario y al inicio de nuestra segunda y plena y definitiva independencia ese tributo. Sólo así tienen sentido las celebraciones patrias.

De leyendas urbanas a verdades constitucionales

M.Ed. Francisco González Alvarado, rector de la Universidad Nacional y presidente del CONARE
Dr. Gustavo Gutiérrez Espeleta, rector de la Universidad de Costa Rica
Ing. Luis Paulino Méndez Badilla, rector del Instituto Tecnológico de Costa Rica
M.B.A. Rodrigo Arias Camacho, rector de la Universidad Estatal a Distancia
Dr. Emmanuel González Alvarado, rector de la Universidad Técnica Nacional.

Algunos abogados convierten en tiza y pizarrón la autonomía universitaria, sin sonrojarse siquiera por tan disparatada interpretación. Dicha autonomía no es leyenda urbana. Está creada por la Constitución Política y existen votos o sentencias de la Sala IV que tienen efecto para todo ciudadano (erga omnes), especialmente para los especialistas en la materia, y que no son “disparates” ni “interpretaciones que hacen las altas autoridades universitarias”:

La autonomía universitaria se encuentra establecida en los artículos 78, 84, 85 y 87 de la Constitución Política, que las autoridades de los supremos poderes juraron cumplir y defender. La Sala IV ya ha interpretado dichos artículos por lo que las altas autoridades universitarias únicamente enuncian y reiteran lo que ésta ha establecido.

La actividad intelectual constituye la base del quehacer universitario en todos sus ámbitos y requiere de la riqueza de un talento humano que las universidades puedan planificar, requerir, reclutar, remunerar, evaluar, promover, administrar, capacitar y dirigir con plena independencia de gobierno. La independencia constitucional de administración, organización, gobierno, política, planificación, presupuestaria, económica y patrimonial que protege la autonomía universitaria, tiene como eje central y supone la existencia de dicho talento humano. Como consecuencia, poseen estatutos de personal propios derivados de la potestad constitucional de decidir libremente.

En Actas de la Asamblea Nacional Constituyente consta la intención de proteger a la universidad pública de los vaivenes politiqueros y de las influencias contrarias que puedan predominar en los Poderes del Estado (Acta 160, 4/X/1949, tomo III, pág. 387 a 395). Dicha protección fue garantizada, además, con la libertad de cátedra que permite decidir libremente el contenido de la gestión académica universitaria, sin estar sujeta a lo dispuesto por poderes externos a ella, como también brinda libertad a la comunidad académica para expresar sus ideas, permitiendo la coexistencia de diferentes corrientes de pensamiento (votos 3550-92, 7170-09). Las universidades estatales están fuera del ámbito de dirección del Poder Ejecutivo y la Asamblea Legislativa no puede aprobar leyes que intervengan en las áreas de competencia de las universidades estatales como tampoco restarles ni impedirles cumplir su cometido (voto 1313- 93).

El artículo 84 constitucional también crea independencia universitaria económica pues separa su patrimonio del Estado y en su siguiente artículo 85 establece principios constitucionales y normas especiales que regulan la planificación y el presupuesto universitarios, sobre cuya formulación no pueden tener intervención los Poderes del Estado. El Plan Nacional de la Educación Superior Universitaria Estatal define el contenido del Fondo Especial para el Financiamiento de la Educación Superior y determina los gastos e inversiones necesarias para su adecuado desarrollo. Los regímenes salariales universitarios inciden en la sostenibilidad de dicho Fondo y se cargan a su propio presupuesto y patrimonio, constitucionalmente separados. La inversión pública en educación es constante y corresponderá siempre al menos a un 8% del PIB (artículo 78 constitucional), por lo que cualquier ahorro presupuestario quedará siempre en beneficio de las propias universidades, sin impacto fiscal alguno en favor del Estado. Estas normas y principios no pueden quedar sin efecto por normas de inferior jerarquía, como es la Ley Nº 9635 (Regla Fiscal). Estas normas constitucionales tampoco requieren de interpretación, sino que son de aplicación directa e inmediata (voto 3035-96).

La alta calificación del talento humano universitario es resultado de rigurosos procesos de selección y evaluación, conformes a los principios constitucionales de empleo público e incluso superan los existentes en el régimen de Servicio Civil.

Contrario a lo que viene siendo afirmado, el artículo 191 sí autoriza la exclusión de su cobertura, tratándose de excepciones derivadas de la propia Constitución. La autonomía universitaria es una clara excepción constitucional, no sólo por el contenido de los artículos 84, 85 y 87 citados, sino por voluntad del constituyente al haber establecido que, a diferencia de las Instituciones Autónomas creadas en los artículos 188 y siguientes, las universidades públicas no están sujetas a la ley en materia de gobierno (voto 1313-93), la cual comprende la autorregulación de su propio Estatuto de Empleo Público universitario, como sistema, tal y como lo propone el CONARE.

En ejercicio responsable de su autonomía, las universidades rinden cuenta y someten sus presupuestos a la potestad de fiscalización de la Contraloría General de la República, la cual nunca ha sido cuestionada, por lo que tales afirmaciones ponen en tela de duda la objetividad y credibilidad de los artículos redactados en contrario. Los presupuestos universitarios constan aprobados y publicados en su sitio web.

La anualidad, prohibición, dedicación exclusiva, salario escolar, aguinaldo, riesgo policial, entre muchos otros sobresueldos, no han sido creados por las universidades públicas, sino que tienen su origen en normas legislativas y decretos. Eliminar la autonomía universitaria no podrá ser nunca solución a esta coyuntura no universitaria. Esas leyes y decretos son los disparadores del gasto público, no las bases salariales universitarias ni su sistema de escalafones. Además, dentro de los objetivos fundamentales del proyecto de ley de empleo público está la tercerización de puestos no sustantivos en cada institución pública, a criterio de la Dirección General del Servicio Civil y MIDEPLAN, mediante la aplicación de índices homogeneizados de evaluación, lo cual atenta también contra la autonomía universitaria.

La autonomía universitaria, que es ejercida con pleno respeto de los principios constitucionales vigentes, comprende más que la simple “potestad de aprobación de planes y programas de estudio y finalidades”, “determinar estructuras internas” o “administrar personal y recursos”, tal y como erróneamente se viene opinando.

San José, 25 de febrero de 2021

El avance del fascismo en Estados Unidos, ¿Se ha interrumpido con la derrota electoral de Trump?

Vladimir de la Cruz

El fascismo, el nazismo y el nazi fascismo se desarrolla y ubica en tiempo histórico, en términos generales, a partir del inicio de la década de 1920, con el ascenso de Benito Mussolini al Poder en Italia, y luego con el ascenso, desde finales de esa misma década, de Adolfo Hitler en la Alemania.

Su etapa de fortalecimiento, y visión expansionista sobre el mundo, fue la década de 1930 y de avance sobre Europa, proyectado a acabar con la Unión Soviética, entonces la única región que construía un modelo político y económico alterno al capitalismo.

El surgimiento de este modelo político, de este ideario político ideológico, repercutió organizacionalmente, y por simpatías e identificaciones con esos movimientos políticos, especialmente en Alemania, y en Italia, en otros países, continentes y regiones. En Costa Rica, proyectado a Centroamérica, a finales de la década de 1920 se constituyó el Comité Fascista de Costa Rica y de Centro América, bajo el impulso de la Embajada de Italia.

La década del 30, con el desarrollo de la República Española, y la situación causada por las elecciones de 1936, que originan la Guerra Civil Española, con brigadas internacionales en defensa de la República Española, su derrota en 1939, y el ascenso de Francisco Franco al poder, quien fuese aliado estratégico de Hitler y Mussolini, en el desarrollo de la II Guerra Mundial, fortalecieron esos movimientos fascistas en diversas partes del mundo.

Las relaciones diplomáticas entonces existentes con Italia como con Alemania, hacían que sus Delegaciones tuvieran influencia activa en los gobiernos y en los gobernantes, sobre todo cuando con motivo de las relaciones económicas, especialmente con Alemania, habían lazos fuertes, como en el caso de Costa Rica, que Alemania ocupaba el tercer lugar en esas relaciones, y repercutía para que el Gobierno de León Cortés, 1936-1940, fuera en la práctica un aliado, simpatizando con Hitler, y con la Alemania Nazi.

Aparte de estos movimientos fascistas o nazistas, desde 1917, con motivo del triunfo de la Revolución Rusa y luego de la constitución de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, en 1922, surgieron a escala planetaria movimientos y organizaciones anticomunistas, que a los efectos prácticos, se convertían en aliados estratégicos del movimiento ascendente del fascismo y el nazismo cuando sus objetivos se clarificaron en avanzar hacia la Unión Soviética y acabar con su sistema económico político.

Estados Unidos no fue la excepción a este tipo de movimientos y organizaciones, amparados a una tradición de organizaciones racistas que venían desde el siglo XIX, como la sociedad terrorista Ku-Klux-Klan.

En vísperas de la II Guerra Mundial ya actuaban en Estados Unidos las organizaciones fascistas Camisas Plateadas, el Bund Germano Norteamericano, el Frente Cristiano, que dirigía el pastor Cougling, y la organización America First, que dirigía Gerald Smith, éste muy similar al movimiento que impulsó Donald Trump.

Al iniciar la II Guerra Mundial hubo en Estados Unidos quienes plantearon la posibilidad de establecer una “dictadura fascista disfrazada”.

Este fascismo estadounidense tendría sus propias características y particularidades.

En 1962 el periodista norteamericano Mike Newberry enfatizaba que eso había surgido con el fortalecimiento de los militares en la política norteamericana, con “guerras de guerrillas racistas”, avaladas por el Gobierno y la CIA, por el fortalecimiento del Poder Ejecutivo de poder declarar la guerra de manera unilateral, por la eliminación, en ese momento, de ciertas prerrogativas del Congreso, las medidas que se tomaron de restricción de libertades públicas, como la de expresión, y de las libertades civiles, como las establecidas en las leyes Smith y McCarran, la famosa Comisión de Actividades Antinorteamericanas, del Senador McCarthy, que originó la persecución más grande de ciudadanos norteamericanos, en la década de 1950, llevándolos incluso a la pena de muerte, estableciendo de esa manera un régimen dictatorial vestido de democracia, lo que sigue siendo una clave para entender mucho de lo que sucedió bajo el gobierno de Donald Trump, con el apoyo tácito que daba a organizaciones racistas y a actuaciones policiales altamente represivas en ese sentido, estimulando las acciones salvajes y desmedidas de sus seguidores, de calificar negativamente y como delincuentes a quienes se le oponían o criticaban.

En la década de 1930 hubo tendencias en Estados Unidos de interrumpir las relaciones internacionales, y las de tipo cultural, así como Trump tendió a sacar a Estados Unidos de instituciones internacionales, y de romper su presencia en la globalización económica que también habían impulsado a construir.

Como en la década del 30, Trump concentró su interés en fortalecerse en los Estados más atrasados políticamente de los Estados Unidos, con población bastante analfabeta en lo político, conservadora por su militancia en el Partido republicano y por la influencia de las corrientes religiosas no católicas, especialmente las pentecostales.

Trump a diferencia de Hitler ya tenía un Estado, el de la Unión, unificado en todo sentido, en cierta forma un Estado Autoritario, militarizado, policialmente fuerte, con mecanismos aptos para desarrollar formas terroristas y despóticas del ejercicio de Gobierno. Desde 1961, cuando el Presidente Eisenhower, dejó el Gobierno, advirtió del surgimiento del llamado complejo industrial militar, advirtiendo en cierta forma el peligro que eso podía contener para el Estado norteamericano, en cuanto a la alianza de los sectores productivos para el Ejército y las guerras con los grupos o camarillas gobernantes en Estados Unidos. El Senador Ralph Flanders, en esa época, llamó la atención sobre el sacrificio que se estaba haciendo de “perder” la libertad y de convertir el modo de vida norteamericano en un “modo de vida de un Estado cuartel”.

A los radicales políticos de la derecha en Europa y en otras partes del mundo les llaman fascistas, mientras en Estados Unidos, tan solo radicales de derecha, o la derecha. Lo vimos en las últimas campañas electorales, desde Hillary Clinton, usando el término de derecha para acusar a Trump o al Partido Republicano, mientras Trump acusaba fuertemente al Partido Demócrata de Socialistas y a los demócratas hasta de “comunistas”, procurando construir ese escenario de guerra fría interno y de revivir esas tradiciones fascistas en los Estados Unidos.

Para Trump socialista o comunista, en esta campaña electoral, fueron aquellos que se oponían a su ideal de americanismo, de Estados Unidos Primero, de los que podían amenazar la integración y la inviolabilidad de la Suprema Corte, de allí su urgencia de nombrar la última magistrada electa, de los que cuestionaban la salida que había hecho de organismos internacionales de la ONU, de los que se oponían a las formas despectivas y racistas de referirse a comunidades de personas, de trabajadores, de inmigrantes, de los que se oponían a la construcción de Muro en la frontera, de los que se oponían a la forma de denigrar a quienes no eran norteamericanos blancos, a los que defendían los programas sociales, especialmente el de salud, que se había tratado de impulsar desde la Administración Obama, o los que reclamaban la mala política seguida por el gobierno Trump para atender la pandemia del COVID 19, que de alguna manera su desinterés era a la vez una forma de llevar una limpieza étnica, en el interior de los Estados Unidos, por la afectación hacia los grupos más vulnerables para contraer el virus, latinos, negros, afrodescendientes, inmigrantes, pobres, personas excluidas en la realidad de sistemas y asistencias de salud.

Quienes así actuaban, desde el pasado hasta Trump, habían copado también las estructuras de la economía y de los negocios en Estados Unidos, lo que les daba presencia, legitimidad y hasta respetabilidad. Por ello la presencia de Trump, y su continuismo, era no solo un grave peligro sino una gran amenaza a la propia dinámica de la vida democrática en Estados Unidos.

Con Trump el extremismo racista cobró fuerza, se avivó. El odio y la intolerancia se izaron con fuerza, se metieron en toda la sociedad norteamericana, en todos los Estados, con distintos grados de intensidad, resquebrajando la estructura del edificio político e institucional de los Estados Unidos. Por ello no son tan casuales los discursos, desde la toma de posesión, que ha hecho y ha venido haciendo el Presidente Biden, para enfrentar esta tendencia y estos movimientos fascistas y racistas en la sociedad norteamericana.

Con la decisión del Senado norteamericano, negándose a enjuiciar a Trump, le envalentonó, lo fortaleció en su liderazgo personal sobre la masa de 70 millones de personas que votaron por él, más que por el Partido Republicano, convirtiéndolo en un líder, que no ha dejado de valorar la posibilidad de seguir actuando en política para volver a luchar la Presidencia en el 2024, salvo que los juicios, al margen de los escenarios políticos del Congreso y del Senado, le puedan causar algún grado de inhabilitación política.

El extremismo político trumpista es la nueva forma del neonazismo y del neofascismo en Estados Unidos. Las repercusiones de su movimiento tendrán sus alcances en otras latitudes y países. Este no es un movimiento exclusivo de los Estados Unidos, mientras Donald Trump lo aliente. La amenaza fascista sobre Estados Unidos nos amenaza a todos, especialmente a los que estamos más cerca, como países, de los Estados Unidos. Ya en Europa hay movimientos fascistas bien desarrollados, en distintos países. La tendencia peligrosa en este sentido es la constitución de una Organización Internacional neofascista que impulse esos movimientos a nivel mundial, cuando las fuerzas democráticas mundiales, y sus partidos políticos principalmente, están dispersas y desunidas en ese mismo sentido.

Si el fascismo acarrea la guerra el neofascismo en Estados Unidos es igualmente una grave amenaza para estimular las guerras. El retorno al hegemonismo mundial militar de los Estados Unidos por Biden podría ser una peligrosa manifestación de esos intereses neofascistas incrustados en el aparato militar norteamericano, y el complejo industrial militar que sigue teniendo una gran fuerza y presencia en Estados Unidos. El fortalecimiento de la OTAN y su retorno a ese organismo, por parte de Estados Unidos, presagia posibilidades de conflictos en la disputa por áreas de influencia en Europa, como las disputas con la República Popular China, por su presencia en las relaciones económicas internacionales, por la proyección de su nueva ruta de la seda, por su cada vez mayor proyección en Asia, y en el Mar de China, o las disputas con Rusia que se tratan de estimular, poniendo tensión en las relaciones internacionales. De esa forma el trumpismo tiene sus vasos comunicantes con la actual Administración Biden.

Los bloques militares, las bases militares, las provocaciones militares para crear conflictos artificiales, que favorezcan la industria de la guerra, la presencia militar norteamericana allí donde están, Afganistán, Siria, Irak o Guantánamo, las agresiones de diversa manera a los puntos sensibles existentes como, Corea del Norte, Cuba, Venezuela o Nicaragua, dentro de la óptica de las relaciones de Estados Unidos, seguirán. El rearme nuclear del actual gobierno norteamericano ha obligado a Rusia a mantener la producción de misiles de largo alcance.

Lo más importante es el desplazamiento de los Estados Unidos del escenario internacional, y de las relaciones económicas, que va a ser la clave en la definición de este panorama que empieza a perfilarse hacia los próximos cuatro años.

Con Trump presionando en el interior de los Estados Unidos, se alimentarán estas tendencias fascistas, de derecha y conservadoras, como también gustan llamarlas, en Estados Unidos. Dentro del Partido Republicano la lucha interna de Pro Trump y Anti Trump se agudizará. Por ahora Trump tiene su presencia bien ganada.

Con Biden no se ha acabado el peligro de la existencia de movimientos fascistas importantes en Estados Unidos. Está empeñado en derrotarlos, en golpearlos, en limitarlos, en reducir su influencia. ¿Cuánto? Ya veremos.

Si a Kennedy lo mataron los fascistas y ultraderechistas de su época, su asesinato mostró la forma, en ese momento, de dar un cambio de timón en el Gobierno, de dar un golpe de estado a lo gringo. Algo así quiso hacer Trump con su Marcha sobre Washington, al estilo fascista de la de Mussolini, el pasado 6 de enero.

Ese golpe de estado a lo Trump sigue vigente mientras él mantenga que su triunfo electoral le fue robado y que el gobierno de Biden es ilegítimo por su origen fraudulento. Desde la finalización de la II Guerra Mundial el fascismo en Estados Unidos empezó a desarrollarse y a crecer.

Trump, como un Frankenstein actual, encarna esta figura monstruosa del nuevo líder fascista de los Estados Unidos.

Voraz cerco al Estado Social de Derecho

Luis Fernando Astorga Gatjens

Desde ya hace varios años, un sector minoritario de la sociedad costarricense, colmado de privilegios, ha venido desarrollando distintas acciones que han erosionado y debilitado el Estado Social de Derecho.

Lo que fue un enorme logro de nuestra sociedad en la segunda parte del siglo anterior, lo es cada vez menos, en un país en el cual la concentración de la riqueza y la desigualdad social, han crecido significativamente.

La cuenta regresiva para este logro de Costa Rica, arrancó su cuenta regresiva a partir de la entronización de políticas dominantemente neoliberales, inspiradas en el llamado «Consenso de Washington» y que arrancaron con los Programas de Ajuste Estructural (PAEs).

Tanto el Partido Liberación Nacional (PLN) como la Unidad Social Cristiana (PUSC) arriaron sus banderas socialdemócratas y de humanismo cristiano, respectivamente. Un discurso cada vez más débil y poco convincente, abrió paso a prácticas políticas neoliberales, dirigidas a reducir al máximo las estructuras y funciones del Estado.

Asimismo, el Partido Acción Ciudadana (PAC) que emerge como una fuerza rupturista del bipartidismo, con una propuesta anti-neoliberal y contra la corrupción, cuando toma las riendas del Ejecutivo, particularmente con la administración de Carlos Alvarado, abandona las razones que lo originaron.

De esta manera, la obra que iniciaron el PLN y el PUSC, en el Ejecutivo y Legislativo, la ha asumido en forma devastadora, la administración actual mediante la Ley de Ajuste de las Finanzas Públicas (2018) y, actualmente, con el impulso de la Ley de Empleo Público. Pero para reducir la movilización social ante este tipo de normas regresivas, que afectan a sectores mayoritarios de la población, han echado mano a la aprobación de leyes que limitan significativamente la organización de huelgas.

Asimismo, a estas élites voraces de concentración de riqueza y de poder político, que gozan de un amplio dominio en el gobierno y el Parlamento actual, les ha venido muy bien la pandemia en tanto también ha coadyuvado en la desmovilización social, en virtud de las medidas de bioseguridad dictadas por las autoridades de salud, desde hace casi un año.

Para desarrollar su acción política que ha convertido al Estado Social de Derecho en una sombra de lo que fue, estos grupos minoritarios y en un tono cada vez más autoritario, han utilizado sus medios de comunicación, para desarrollar una sistemática campaña contra el sector público y las distintas expresiones sindicales en este sector.

En su afán arrollador a fin de avanzar en sus propósitos, han querido desacreditar todos los servicios que brinda el Estado (salud, educación, seguridad social, electricidad, telecomunicaciones, entre otros).

Hoy más que nunca hemos podido constatar la importancia fundamental de la medicina social y los servicios públicos de salud, para atender los efectos devastadores de la pandemia. Quienes hemos defendido a la CCSS de las acciones privatizadoras, podemos decir ahora que no sólo es necesario mantenerla sino que también fortalecerla como el mejor instrumento, para asegurar el derecho a la salud para todas y todos los costarricenses, especialmente, los afectados por la pobreza y la desigualdad social.

Eso mismo tiene validez en la educación, que debe avanzar en la inclusión y la calidad, sea presencial, virtual o bi-modal, para asegurar las oportunidades de desarrollo social, en un piso lo más parejo posible.

Es cierto que hay pequeños grupos en el sector público que se han beneficiado de condiciones de desigualdad, que deben ser modificadas. Sin embargo, no representan de ningún modo ni la mayoría y menos, la totalidad de los empleados públicos.

En este contexto, el actual proyecto de ley de empleo público no es una iniciativa que busca llevar justicia y eficiencia, como han argumentado sus promotores. No. Se orienta a reducir el rol que debe tener el Estado en un desarrollo realmente inclusivo y solidario. Igualmente, un derivado inevitable de esta iniciativa que buscan aprobar aceleradamente, sería la precarización del empleo público.

El Estado Social de Derecho merece y urge la movilización de las mayorías en su defensa, al tenor del carácter participativo de nuestra democracia, como lo fija el artículo 9 de la Constitución. En estos días de largas sombras, las fuerzas sociales y políticas progresistas, debemos llevar luz y brújula a una democracia secuestrada por una élite voraz, mezquina y angurrienta.

(21 de febrero, 2021)