Compartimos el resumen y el informe Protesta y Covid-19, realizado por el Proyecto Protestas del Instituto de Investigaciones Sociales de la UCR, y que reporta las acciones colectivas que se suscitaron en el país durante el periodo más fuerte de la pandemia, marzo-julio 2020.

A continuación, reproducimos la Introducción de este documento:

“Pasados más de 7 meses desde que el Ministerio de Salud informó sobre el primer caso positivo de COVID-19 en Costa Rica, el país se encuentra inmerso en un complejo escenario sanitario, social, económico y político.

Si bien, durante los primeros meses de la pandemia, las medidas de restricción sanitaria consiguieron su propósito de frenar los contagios; en los últimos meses se ha dado una tendencia contraria, registrándose una “segunda ola pandémica” cuya intensidad ha sido muy superior a la primera, tanto en número de casos como de muertes.

Sumado a esto, las mismas medidas sanitarias han repercutido críticamente sobre el empleo y la dinámica económica y comercial, ya de por sí frágiles en la coyuntura pre-COVID, registrándose cifras inusitadas en materia de desempleo y decrecimiento económico.

Como era de esperar, los efectos de la pandemia no se han distribuido de manera uniforme; por el contrario, los sectores de más bajos ingresos son los que más han sufrido, no sólo en términos de la enfermedad, pues son los que presentan mayor cantidad de contagios (Ávalos 2020: 6)2, sino sobre todo en relación a la pérdida de ingresos y el empeoramiento de sus condiciones laborales, sociales y económicas.

En este escenario, la protesta social, frenada en un inicio por el peligro de contagio y el efecto de las restricciones a la circulación, ha iniciado a mostrar una tendencia creciente, particularmente desde la segunda quincena de julio, en concordancia con el incremento en el malestar y la presión social de sectores tales como el laboral, el empresarial y el comunal, frente a las medidas del gobierno de Carlos Alvarado para enfrentar la situación.

El presente informe, elaborado en el marco del proyecto Protestas del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad de Costa Rica (IIS-UCR), tiene como propósito fundamental mostrar las principales tendencias de la protesta social asociadas a la pandemia del COVID-19 en Costa Rica, durante el período comprendido entre el 1 de marzo y el 31 de julio de 2020.

Para esto, el informe se enfoca en presentar los resultados encontrados en materia de repertorios de protesta, actores demandantes, demandas y actores demandados. Para cada una de estas categorías, la información se muestra desagregada según los principales sectores que han desarrollado protestas durante el período, estos son: el laboral, el empresarial, el comunal, el profesional y el estudiantil.

El documento se estructura en cuatro secciones principales. La primera, ofrece un conjunto de elementos relacionados con la situación sanitaria, social y económica en la que se encuentra el país y que se consideran necesarios para comprender el escenario en el que se insertan las protestas. La segunda ofrece el detalle metodológico del trabajo de monitoreo de las acciones de protesta del IIS-UCR. La tercera, discute los principales resultados para el período de estudio. Finalmente, la cuarta sección ofrece una serie de consideraciones finales en relación con el comportamiento de la protesta durante los últimos cinco meses.

ELEMENTOS MÍNIMOS PARA LEER LA COYUNTURA

En Costa Rica, como en prácticamente todo el mundo, la pandemia y las medidas para tratar de contener su propagación, ha tenido repercusiones en todos los órdenes. La economía, la política y, en general, la sociedad han resultado sacudidas por los muchos efectos de la crisis sanitaria, cuyo término no se proyecta en el futuro cercano.

En este marco, diferentes sectores han recurrido a la protesta como una forma de manifestar su disconformidad sea con las restricciones sanitarias o con los efectos que estas han tenido, particularmente sobre la economía nacional.

En esta sección, se ofrecen un conjunto de elementos que pretenden contribuir a una mayor comprensión de la coyuntura, poniendo el énfasis en aquellos de orden político y económico, que permiten entender el escenario en el cual se inscriben las protestas escenificadas durante el período de estudio.

Luego de casi dos años de mandato, el presidente Carlos Alvarado, que había llegado a la presidencia de la República tras triunfar en segunda ronda electoral con un escaso capital político, mostraba signos importantes de deterioro constatados en la percepción de la población hacia su gestión.

Según el CIEP, durante todo el 2019, las opiniones negativas sobre el gobierno mostraron cifras muy superiores a las positivas, llegando las primeras a un pico de 65% a mitad de año (CIEP 2020b).

Dicha tendencia mostró un cambio importante en la primera medición de 2020 (CIEP 2020a) cuando las opiniones positivas superaron por tres a las negativas debido, sobre todo, al manejo sanitario que hasta ese momento había dado el gobierno a la pandemia y que se reflejaba en cifras de contagio y mortalidad entre las más bajas de todo el mundo.

No obstante, este comportamiento resultó de carácter pasajero, pues el mismo CIEP (2020b) da cuenta de un retorno a la “normalidad” en términos de la percepción de la población sobre el desempeño del gobierno, situándose las opiniones positivas en torno a un 25%, mientras las negativas lo hacen en torno a un 50%.

En su conjunto, la continuidad de las medidas de restricción sanitaria y, particularmente, las consecuencias de las mismas sobre la economía y el empleo han sido centrales para entender la lectura de la población sobre el gobierno.

Asimismo, la presión ejercida por sectores de poder como las cámaras de empresarios, los partidos de oposición como Liberación Nacional, Unidad Social Cristiana y Restauración Nacional, y los medios de comunicación, que han demandado al gobierno un “balance” entre la protección de la salud y la de la economía, pese a los señalamientos de organismos internacionales como la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), en el sentido de que no es posible pensar en la recuperación económica si primero no se controla la pandemia (CEPAL 2020), han creado un complejo panorama social y político para el gobierno.

El desempleo, según el mismo CIEP, es identificado por la población como el principal problema en el país (CIEP 2020b), tema que si bien resulta intensificado por la crisis, se identifica como uno de los de mayor preocupación durante el último tiempo.

En este sentido, el Instituto Nacional de Estadística (INEC) muestra que el desempleo pasó de un 12% en el segundo trimestre de 2019 a un 24% para el mismo período de 2020 (INEC 2020). Sumado a esto el subempleo se calcula en un 20,5%, mientras el empleo informal se estima en prácticamente un 40% (INEC 2020). Dichas cifras resultan incluso más preocupantes en el caso de las mujeres, entre quienes el desempleo se ubica en torno a un 30% frente a un 20% en el caso de los hombres (Valverde 2020).

Este incremento obedece a la misma situación ocasionada por la pandemia que ha supuesto el cese de muchas empresas, particularmente pequeñas y medianas, pero también a las medidas tomadas por el gobierno en materia laboral, entre las cuales se encuentran los procedimientos para facilitar la suspensión temporal de contratos y la reducción de jornadas laborales.

En materia económica, el escenario resulta incluso más complejo. En su Programa Macroeconómico 2020- 2021, el Banco Central (BCCR) estima una contracción de 5% en la economía costarricense, siendo el mayor desplome desde la crisis de 1982 (Villalobos y Alfaro 2020; Alfaro 2020; BCCR 2020). En dicho programa, el BCCR indica que el turismo, la construcción y el consumo serán los más impactados, pero, en general, todos los sectores económicos sentirán los efectos de la pandemia (Alfaro 2020; BCCR 2020).

En las condiciones recién descritas se inscribe la lectura de la protesta para el período en estudio; no obstante, más allá de estos factores de orden inmediato precipitados por la pandemia, se encuentran una serie de factores relacionados con el carácter político-ideológico y económico del gobierno de Carlos Alvarado.

Si bien, una discusión en profundidad sobre este tema merecería un estudio específico, resulta importante ofrecer otros tantos elementos mínimos para comprender el estado de situación en el que se encontraba el país en la coyuntura pre-COVID y que, indudablemente, resultan fundamentales para entender el tipo de manejo político y las propuestas, sobre todo en materia económica, sostenidas para contrarrestar los efectos de la pandemia.

Como se mencionó, el triunfo electoral de Alvarado no se sustentó en la posesión de un importante capital político, sino en la concatenación de un conjunto de circunstancias sociales y políticas que dieron como resultado el enfrentamiento, en segunda ronda, entre dos candidatos que hasta último momento no figuraban entre los posibles ganadores en las encuestas electorales.

Pese a que el PAC nació como un partido que se proponía combatir el bipartidismo, el gobierno de Alvarado recurrió a la estrategia de “gobierno de unidad nacional” como una forma de sumar apoyos electorales de cara al balotaje. Esta decisión se tradujo en la incorporación de figuras de los partidos políticos tradicionales -Liberación Nacional y Unidad Social Cristiana-, entre quienes el más destacado fue Rodolfo Piza, candidato a la presidencia de la Unidad quien posteriormente sería ministro de la Presidencia durante el primer año de Alvarado. Junto a Piza se sumaron otras figuras cercanas a las élites empresariales que terminaron ocupando puestos estratégicos en materia económica y fiscal.

Como consecuencia de esta configuración política resultante, desde un inicio el gobierno de Alvarado mostró una marcada inclinación proempresarial4 , lo cual se retrató durante la huelga contra la reforma fiscal. La huelga generó un intenso debate público no sólo sobre sí misma sino sobre la crisis fiscal y sobre las medidas necesarias para enfrentarla. Pero, sobre todo, colocó sobre la mesa la discusión sobre desigualdad y justicia tributaria, como una manifestación particular de la desigualdad social, en el marco de una propuesta de ley cuyo foco se colocaba en los impuestos indirectos, mientras los directos, particularmente aquellos dirigidos a tasar a los grandes capitales, ocupaban un lugar marginal en el debate.

Esto se tradujo en una ley fiscal cuyo peso mayoritario recayó sobre los sectores trabajadores y medios, para quienes se incrementó su contribución tributaria mediante impuestos al consumo y al salario, mientras para los sectores altos y empresariales la situación prácticamente no cambió.

En su conjunto, el panorama social, político y económico recién reseñado permite comprender mejor el carácter de la protesta en Costa Rica durante los últimos cinco meses, el cual debe interpretarse en términos de los elementos de continuidad, como por ejemplo la mencionada discusión en relación a la justicia tributaria, y discontinuidad introducidos por la pandemia.

En este sentido, la pandemia puede leerse como un acontecimiento crítico en el que muchas de las tendencias que ya se denotaban en el último tiempo, más las resultantes de las circunstancias concretas, tienden a acentuarse, impactando en el comportamiento de la protesta y en las características que esta muestra durante el período de estudio”.