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Aquí la gente cuando camina baila… Estreno hoy

Escrito en . Publicado en Comunidad, Formación.

Gabriel González Vega nos hace esta recomendación:

ESTRENO EN LÍNEA DE LA PELÍCULA: Waak an Danz (Aquí la gente cuando camina baila).

Sinopsis: A la orilla del mar un cuerpo germina entre la arena y el cemento. Con su danza nos guía en un viaje a través de la herencia ancestral afromestiza y las diversas formas de vivir la danza en la ciudad de Puerto Limón. Un lugar donde la gente cuando camina baila.

Largometraje de videodanza documental protagonizada por bailarines y artistas limonenses en territorio caribeño.

Realizada por el colectivo Tierra Púrpura con la dirección de Esteban Richmond. Estreno mediante YouTube el domingo 30 de agosto a las 6 p.m. (hora Costa Rica).

Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=H50WuJZmFis&feature=youtu.be

Si van al enlace, pueden activar el «botón de recordatorio» en YouTube para que le avise apenas esté disponible.

Recomendamos activar los subtítulos en español o en inglés, alistar sus bebidas y bocadillos.

Apoyo al Instituto de Investigaciones Sociales

Escrito en . Publicado en Análisis, Derechos.

Isabel Ducca D.

Con motivo de la polémica y acusación a la Universidad de Costa Rica de estar incentivando una guerra entre lo público y lo privado por la difusión de dos videos producidos por la Oficina de Divulgación e Información (ODI), con base en una investigación del Instituto de Investigaciones Sociales (IIS), en los cuales se alude a grandes empresas que se beneficiaron de la amnistía tributaria, a algunas que declararon cero impuestos durante un periodo y a tres empresarios de renombre citados en la revista FORBES, es preciso expresar un reconocimiento a una labor difícil y, por lo visto, riesgosa pues como lo señala dicha revista, fuente de la que surge parte de la problemática:

“Para el equipo de investigación de FORBES, cada año representa un reto documentar y estimar las más cuantiosas fortunas de nuestra geografía, debido a que los principales obstáculos son la falta de transparencia y la poca disponibilidad de las corporaciones para compartir la información de primera mano…”[i]

Lo afirma una revista que está mil leguas de ser analítica y crítica.

Nuestra solidaridad se basa, como debe ser, en los principios que rigen y deben reinar siempre en la institucionalidad pública. Tal y como lo estipula el Estatuto Orgánico de la Universidad de Costa Rica en el artículo 3: “…contribuir con las transformaciones que la sociedad necesita para el logro del bien común, mediante una política dirigida a la consecución de una justicia social, de equidad, del desarrollo integral, de la libertad plena y de la total independencia de nuestro pueblo”.

Si hubiera que hablar de una guerra entre lo público y lo privado, tendríamos que invertir los términos pues esa confrontación la inauguran en nuestros país los sectores neoliberales desde hace más de treinta años pues las universidades públicas, al ser cuna del pensamiento crítico y analítico, han sido acosadas con el fin de recortar sus presupuestos para reducir la investigación y el aporte que realizan para un desarrollo integral de nuestro país y de protección a los sectores más vulnerables. ¡Las acusaciones no son nuevas! Desgraciadamente, con motivo de la pandemia que estamos sufriendo y con el beneplácito de un gobierno que se preocupa más por proteger a quienes más atesoran en lugar de hacerlo con quien menos tienen, ciertas voces han adquirido fuerza y prepotencia que raya, en ocasiones, en lo inhumano.

Como bien sabemos, el déficit fiscal es un problema que adquiere dimensiones gravísimas antes del Covid 19 y que debido a este llegó a proporciones catastróficas. Desde el 2018, los temas fiscales han tomado relevancia en la discusión pública y hoy, precisamente en una crisis histórica, deben ser discutidos más que nunca. La evasión, elusión y mora son problemas que perjudican la construcción del Estado social de derecho y por tanto deben ser problematizados, así como señalados sus responsables.

Las campañas de desprestigio hacia las instituciones o personas que se atreven a plantear el tema de la reforma fiscal progresiva no son nuevas. Ya a inicios del siglo XX, Alfredo González Flores fue víctima de una campaña feroz primero y, posteriormente, un golpe de estado por establecer su proyecto.

Queremos reiterar nuestro apoyo a la autonomía universitaria consagrada en el artículo 84 de la Constitución Política y esperamos que, fiel a los principios con que la concibieron figuras como Rodrigo Facio Brenes, la reflexión rigurosa, académica y comprometida con el bien común continúe por los senderos que le marcan la ética y el compromiso con los Derechos Humanos.

[i] Puede referirse a: https://issuu.com/forbeslatam/docs/forbes_ca_mayo_2019

Ausencia de Estado

Escrito en . Publicado en Análisis, Coyuntura.

Óscar Madrigal

Perú ocupa el primer lugar mundial en tasa de mortalidad por coronavirus. ¿Cuáles son las causas de tan doloroso récord?

Los especialistas peruanos las resumen en lo siguiente: la falta de infraestructura, la ausencia de Estado y la falta de orden social. En síntesis, las causas se reducen a una AUSENCIA DE ESTADO.

La pandemia ha demostrado que los pueblos, las sociedades, no pueden hacer frente con éxito a las calamidades de la naturaleza o de la sociedad, sin un Estado fuerte, presente y vigoroso. Así también quedó patente en la crisis financiera del 2008.

En las naciones donde el Estado es débil en cuanto a instituciones, infraestructura, servicios o legitimidad, los pueblos sufren en demasía las injusticias producidas por el hombre y la naturaleza.

El Estado no debe reducirse a brindar una media salud y educación, como pretenden los neoliberales, sino a tener injerencia en diversos campos de la sociedad.

En Costa Rica gracias a las luchas de las organizaciones sociales, se ha logrado defender y detentar un Estado fuerte y vigoroso que permite influir en una mayor justicia social. Al fin y al cabo, a pesar de los reiterados intentos de los poderosos grupos de los grandes empresarios por empequeñecerlo, aún permanece en nuestro país un Estado que está presente en la vida cotidiana de los costarricenses.

Existe en el país todo un conglomerado de instituciones públicas que se dan fortaleza mutua. En el presente las utilidades acumuladas del INS sirvieron para apoyar a la CCSS en la emergencia, los bancos públicos con una parte de las utilidades apoyan los programas del IVM (pensiones), becas y al cooperativismo, la FANAL contribuyó a abastecer de alcohol a la seguridad social a un costo bajo, Acueductos y Alcantarillados ha brindado agua potable a nuestra población y evitado epidemias, el IMAS y demás instituciones contribuyen a mitigar los efectos de la emergencia sanitaria. El Estado es también salario mínimo, vacaciones, cesantía, seguros sociales, derecho a huelga y mucho más.

Las utilidades de las instituciones públicas, como el INS, Banco de Costa Rica, Nacional, FANAL y muchas otras han servido para ayudar al Estado a enfrentar la epidemia en vez de irse a engordar aún más los bolsillos de alguna gran compañía nacional o internacional. Además, todas las instituciones pagan puntualmente sus impuestos.

En Costa Rica no se puede decir que existe, como en Perú, ausencia de Estado.

Pero existen fuerzas poderosas que quieren desbaratar muchas instituciones públicas de manera inmediata al amparo de un acuerdo con el FMI. Como dice Rodrigo Carazo, no es que quieren venderlas es que quieren comprarlas.

Los créditos con el FMI buscan imponer medidas neoliberales para reducir al mínimo el Estado. El Gobierno ha iniciado una “negociación” con el FMI en total secreto y ya han informado que está lista la propuesta.

Solo está por verse si acabaremos como Perú, sin Estado.

¿Del Consenso de Washington al del Coronavirus?

Escrito en . Publicado en Análisis, Coyuntura.

Luis Andrés Sanabria Zaniboni

No fue, como se creyó durante mucho tiempo, una invención de artistas, una superstición de empresarios, (…). Sí, ha existido en carne y hueso, aun cuando se le dio todas las apariencias de un verdadero fantasma, es decir, de una sombra.
El fantasma de la Opera – Gastón Leroux

Hemos visto en los últimos meses entre una conferencia de prensa y la siguiente, una exposición destellante de simpatías o descontentos de diversos actores políticos, sociales o económicos a la anuencia por los préstamos internacionales. Ante esto sólo podríamos encontrarles algún sentido si los abordamos desde la pregunta ¿Hacia a donde apunta la política post-covid19?

Tal vez pocos recuerden la década de 1980, cuando a través del accionar de dos potencias mundiales Estados Unidos e Inglaterra, lograron posicionar un pensamiento y práctica de la gestión política, que al paso del tiempo se le llamó Neoliberalismo, su acta fundante (no oficial) fueron unas recomendaciones de John Williamson, que se conocieron como el Consenso de Washington.

Este consenso, a su modo y estilo sintetizó el pensamiento económico y político de una generación de profesionales de la política; los tecnócratas. Estos delinearon algunas de las posturas que hoy en nuestros países son casi “dogmas”: Disciplina fiscal, disminución del gasto público, reforma tributaria, liberalización, desregulación, privatización y derechos de propiedad, en cualquier espacio de política pública, estas palabras prácticamente son incuestionables.

¿Por qué recordar esto? Hoy, estas “recomendaciones” son denunciadas por su ineficacia o daño social, por ejemplo la privatización de los servicios de salud que han generado una agudización de la crisis sanitaria, la privatización de la educación ha marcado una brecha socioeconómica que aún no logramos vislumbrar su profundidad o paradojas tales como defender la disciplina fiscal que invoca los recortes, ante una crisis sanitaria donde se requiere un enfoque comprometido con garantizar la atención de las personas desde la salud pública.

Asistimos a un momento crucial en la construcción del sentido del pensar-hacer política para nuestras sociedades, aun cuando observamos resquebrajarse las apuestas neoliberales ante su inoperancia y por la denuncia que desde sus luchas diversos sujetos individuales y colectivos han dejado la evidencia de este fracaso. Hoy se reconfigura un sentido común desde los sectores dominantes, que procuran disputar la legitimidad de esta política.

Si hace 31 años el Consenso de Washington consolidó un tipo de política neoliberal, hoy el Consenso del Coronavirus viene a relanzar esa apuesta por una política aséptica de personas, el traslape intencionado de las medidas sanitarias a su aplicación como gestión del conflicto político es una de sus primeras manifestaciones.

Asistimos a gobiernos que virtualizan y banalizan la participación política reduciéndola a páginas web y formularios, es decir una enajenación de la voz de los sujetos, y el triunfo de esta tecnificación son elementos de cuño de este nuevo consenso.

Este enfoque apuesta por el alejamiento y atomización de las personas en los procesos de toma de decisión. El control de los aportes y la validación de los mismos se despersonaliza, se vuelven matrices de información, que pierden sus elementos de problematización, y quedan como eso que son; meros registros.

Es bajo este escenario, donde surge el interés “filantrópico” de las instituciones financieras por apoyar a nuestro país ante la pandemia, un disfraz más para aprovechar los vacíos de poder que ha generado la actual pandemia ante la incapacidad de movilización y protesta. Un escenario ideal para profundizar la política neoliberal, que tiene en nuestro país como hoja de ruta a la reforma fiscal del 2018 (impuestos, empleo público y regla fiscal).

Con el pretexto del préstamo del Fondo Monetario Internacional, asistiremos a una nueva ingeniera sobre el Estado Costarricense, el replanteamiento de la política social, incluida la educación (educación técnica como único horizonte), la salud (privatización) o la precarización del empleo público con el fin de “optimizar” el gasto, por otro lado la desregulación ambiental para la explotación de los bienes naturales o la venta de activos del Estado son parte de la agenda para promover ingresos “frescos”, estas ideas son parte de lo que se estará disputando en los próximos años.

Bajo el discurso de la inminencia de la crisis y la “inevitabilidad” del sacrificio “necesario” que todos y todas debemos asumir, procuran comprometer la institucionalidad democrática, pero en el fondo lo que más llama la atención es el aplazamiento de la responsabilidad de los sectores ricos por pagar sobre sus ganancias, es decir la legitimación de la evasión y elusión serán la columna vertebral del Consenso del Coronavirus.

Observatorio Ciudadano de Transparencia Fiscal hace cinco propuestas concretas

Escrito en . Publicado en Aportes para el desarrollo, Derechos.

SURCOS recibió un documento en el cual el Observatorio Ciudadano de Transparencia Fiscal propone cinco medidas, para hacer del Ministerio de Hacienda un espacio que opere con eficacia y bajo el control de la ciudadanía para evitar la evasión y la elusión fiscal.

El Observatorio surge como parte de los esfuerzos impulsados por el Movimiento de Ciudadanía que Construye Territorios Seguros, y específicamente, del Territorio Seguro de Goicoechea.

Compartimos los elementos que fueron expuestos por Amanda Ugalde en representación del Observatorio en Casa Presidencial este jueves 27:

5 propuestas: Observatorio Ciudadano de Transparencia Fiscal

  1. Reorganización de las 3 direcciones (Aduana- Tributación-Hacienda) bajo un esquema de procesos integrados, articulados y coordinados. Se buscará el logro de una estructura aplanada.
  2. Sistema de monitoreo de Hacienda digital en conjunto con la ciudadanía: De acceso público, para controlar el uso óptimo del dinero.
  3. Establecer metas país a mediano y largo plazo: Debe hacerse desde los sistemas de planificación nacional y planificación estratégica del Ministerio de Hacienda, para disminuir la evasión y elusión fiscal.
  4. Índice de la participación ciudadana de la gestión tributaria: que se evalué la apertura de MINHAC hacia la persona ciudadana como primer poder de la república.
  5. Sistema ciudadano de seguimiento y rendición de cuentas al acuerdo FMI: control sobre el nivel de cumplimiento trimestral de las metas que se acuerden entre el gobierno y el FMI.

El elegido popularmente no renuncia. Cumple

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Carlos Meneses Reyes

Innombrable es al que no se puede nombrar porque incita al culto a la personalidad, causa horror o no se debe nombrar por resultar inconveniente. En Colombia ha sido detenido, con medida domiciliaria un expresidente y senador en ejercicio. Como es de marras, aquello de que se habla y del senador, detenido, como sujeto de marras, haré referencia coloquial, en giros propios de conversación corriente, puesto que la conducta social del tal senador, como sindicado de un delito, esta alterada, siendo propio de la psicopatía que padece el que en modo alguno su capacidad intelectual, como memoria, pensamiento creativo y vocabulario, esta mermada.

Al estar el citado personaje detenido, significa que no es libre de locomoción y acción. No tiene nombre de pila, sino que se identifica con el número de detenido 1087985, por proceso penal asignado, en el sistema carcelario colombiano. Su derecho al nombre e identidad está supeditada al Juez que conoce de su caso y está a su disposición para todo lo referente a los Derechos Fundamentales. Como no es un sujeto libre, pues no puede ejercer el derecho de petición, que es el que permite a los ciudadanos realizar peticiones a cualquier autoridad, institución pública o ente de administración estatal. Desde el momento que ese senador fue privado de su libertad, al único que se puede dirigir es al Juez de Conocimiento de su caso investigado. De manera que su petición de que le fuera aceptada la renuncia al cargo de senador que ostentaba en libertad, dirigida a su emulo, presidente actual del Senado, desde todo punto de vista jurídico, legal y constitucional, era totalmente improcedente y el accionar administrativo que se desató con esa petición de un privado de la libertad, genera un acto administrativo totalmente nulo, de nulidad absoluta. De la misma manera la “aceptación” de su “renuncia”, equipara a un acto jurídico inexistente. Para entender esto no es menester ser abogado egresado de la Facultad Nacional de Derecho, de la Universidad Nacional de Colombia. Tanto la despalomada, o el bachiller Macias, como el vendedor de todo tipo de artículos con supermercados, lo han de saber; al igual que la recua de senadores que favorecieron al encantador y embaucador, que desde la prisión, les ordena. La dictadura mediática condiciona a la opinión y sobre la falsedad de su accionar y proyección, aprovecha la falta de cautela, del ingenuo y del crédulo, que se cree cualquier cosa con facilidad.

Un cargo de elección popular es irrenunciable

Al ser detenido y por ende privado de la libertad, el senador innombrable intuyo que tan pronto conociere la directiva del Senado, su situación de recluido, se accionaria un procedimiento administrativo en su contra: la de suspensión provisional del cargo. Conocida su ausencia, que califica como temporal, de las sesiones del Senado, sus comilones asesores, se alejan de conjeturas y proceden a hacer llegar “una petición” personal de renuncia, supuestamente firmada por él, no presentada ante autoridad alguna carcelaria y que acucioso escribano dará fe si ese acto ajusta a los requisitos de medios electrónicos autorizados, de conformidad con el procedimiento penal. Arman la sesión y sin mayor excitación y sí patéticas constancias de voto, de muy a su pesar, aceptan la renuncia, del jefe pluma blanca y proceden a llenar el vacío de su silla, con la que en número de votos le precedía en su lista expuesta al electorado y que precisamente, ese electorado, no ungió con su elección, por falta del número de votos requeridos. Y así como se gradúan, así la posesionaron.

Ante el bochorno asfixiante, el ciudadano corriente, la sociedad civil palpitante, acude a Diógenes, no para que busque al Hombre; sino para que con su lampara busque, en esa cueva, ahora dirigida por un Ali Baba, al jurista y así sea de abogado de oficio, proponga la explicación concreta y solución a tamaño entuerto.

En Colombia aplica la llamada Democracia Indirecta o Representativa. Mediante el voto, el ciudadano en ejercicio elije a sus mandatarios para que los represente; resaltando la preponderancia del derecho a elegir que tienen los ciudadanos, en concordancia a la observancia de soberanía popular. Así se conforma el poder legislativo. Es la forma de materializar la soberanía, que es la voluntad popular, que reside exclusivamente en el pueblo y de donde emana el poder público Artículo 3 de la Constitución Política de 1991(CP91). De manera que todo cargo público designado mediante elección popular, es irrenunciable por parte del escogido; así se trate del más ilegitimo y corrupto sistema electoral vigente como el colombiano. Si resultó electo no puede decidir el escogido, no me posesiono, por ejemplo. O como estoy preso, decido “por motivos personales” renunciar al cargo para el que fui electo por el voto popular. Esta situación ajusta en Colombia aplicando el Derecho Comparado y el Principio Universal de Complementariedad.

Renunciar es defraudar

Se trata de un tema de apasionante actualidad, intentando esbozar un análisis de la situación concreta y aplicado al caso concreto colombiano; puesto que está en juego la afectación de la dinámica del juego democrático, al constituir una alteración de la voluntad de los electores e implicar una defraudación a ese mandato conferido, traducido en afectación a los derechos de aquellas personas que lo eligieron y que por ende asoma una consecuencia de responsabilidad en el sujeto capaz de hacer hasta lo indecible con tal de aprovecharse de los incautos.

Tratándose de la composición y de las funciones de la Rama Legislativa los senadores serán elegidos para un periodo de cuatro años. (Artículo 132 CP91). El titular Senador puede dejar de cumplir con sus funciones. Dejar de serlo por renunciar a serlo; pero de hecho, no porque se configure un ocurso administrativo para hacerlo. Ya el Consejo de Estado se ha manifestado al respecto, no desconociendo que el elegido puede optar por esa situación de renuncia fáctica, de hecho. Pero se trata es de entender el compromiso con los electores. De la permanencia y terminación efectivas del mandato que le fue otorgado y no pueda ser utilizado a servir a un interés personal de quien lo recibe. Como por soslayar, el así incurso en la renuncia es sujeto de responsabilidades en acciones populares, por decir lo menos.

Se trata de suplir faltas absolutas o relativas

El artículo 134 de la CP91 al registrar que los miembros de las Corporaciones Públicas de elección popular no tendrán suplentes; tendrán solo reemplazos, en casos de faltas absolutas o temporales que determine la ley. Pero la renuncia justificada es por aspirar a un cargo de mayor relevancia en el estadio electoral, debiendo hacerlo con anterioridad a un año y aceptada, ahí si hay lugar a reemplazo de la misma lista electoral por el que no fue elegido, según el orden de inscripción o votación obtenida. En consecuencia, procedía, o procede, es la suspensión temporal del Senador de marras y facultar a la siguiente de esa misma lista a llenar la vacante provisionalmente. Volveríamos al tema, que sucede si el sujeto endilgado o procesado es condenado; puesto que en ese evento se daría ausencia definitiva.

No existe norma expresa en la legislación colombiana que evite que el elegido popularmente no pueda renunciar; pero el constituyente primario, en su sabiduría, previo situaciones, aplicables, por analogía, al caso de marras, sobrentendiendo que lagunas o insuficiencias jurídicas sean resueltas mediante el principio de complementariedad, para lo cual existe el artículo 23 de la Convención Americana de los Derechos Humanos. Esto por cuanto existe la obligación- como deber constitucional y legal- de ejercer los cargos de elección popular.

Corresponde contribuir a dar claridad que en aras a la democracia representativa, así no abordemos el tema de la democracia directa y su ejercicio en las calles, asomar la procedencia de pedir cuentas, mediante acciones populares, a quienes desconozcan olímpicamente tal mandato. Que no se trata de una simple propuesta el negar a los funcionarios de elección popular la renuncia para no ejercer el cargo conferido, puesto que el cuerpo normativo universal, la jurisprudencia, doctrina y el derecho comparado lo prevean y en el entendido que se dan causa justificativas y legales para obtener licencias, como excepción a la regla planteada, como por ejemplo, la imposibilidad física; pero en modo alguno porque el sujeto así ungido este preso; es decir haya sido privado de la libertad y por ende no goce del derecho fundamental del artículo 28 de la CP91.

También corresponde resaltar que el Senador Innombrable debe cumplir con los deberes de los sujetos procesales: 1. Proceder con lealtad y buena fe en todos sus actos. 2. Obrar sin temeridad en sus pretensiones o defensas. Lo señalan los artículos 145 y 146 del Código de Procedimiento Penal, que lo constriñen a que no acuda a manifiesta carencia de fundamento legal en la denuncia, recurso, incidente o cualquier otra petición formulada dentro de la actuación procesal. Como pretender hacer público el proceso antes del llamamiento a juicio, siendo claro que el régimen de publicidad opera durante el juicio que es público y la investigación será reservada a quienes no sean sujetos procesales. Todo ello extensible al inexplicable pero real uso que los medios de comunicación y periodistas en particular hacen y que en ejercicio de dictadura mediática, le dan o facilitan pleitesía a un privado de la libertad como él, para despotricar contra su juez natural y contra las víctimas de su accionar.

No al malabarismo jurídico de falsa interpretación y aplicación

Dos situaciones apremian diseccionar, en esta especie de clínica jurídica a que el exabrupto politiquero y clientelista, ha conllevado. La primera situación alude a que entre las atribuciones de la Corte Suprema de Justicia está la de Investigar y Juzgar a los miembros del Congreso. Punto. (Artículo 235-3 CP91).

La segunda situación refiere a que son atribuciones del Senado admitir o no las renuncias que hagan de sus empleos el Presidente de la República o el Vicepresidente. No los senadores. (Artículo 173 CP91).

De tal manera que el artículo 186 CP91 dispone que los delitos que cometan los congresistas serán de conocimiento privativo de la Corte Suprema de Justicia. Por ende la orden de captura y/o de prisión de un senador solo puede emitirla esa Corte y la de libertad, pues obvio que también. A la Fiscalía no le corresponde nada de eso, al respecto.

Quede claro que es para los juicios que se sigan en el Senado que opera la competencia para conocer los hechos u omisiones ocurridos en el desempeño de las funciones. Para los que se siguen en la Corte no.

El malabarismo culebrero y de enredadera jurídica pretende ahora sustentar lo insustentable, en el sentido que los delitos investigados por la Corte al senador se refieren a si fueron cometidos con ocasión y ejercicio de sus funciones. Basta de tanto improperio. Resulta un insulto a la competencia de la Corte Suprema de Justicia argumentar esa estulticia, necedad; como si los magistrados de la Corte fueran ignorantes. Es única y exclusivamente atinente a investigaciones surtidas por delitos cometidos por el Presidente de la República que aplica lo de la atención en consideración a los actos investigados con relación a las funciones de su cargo, por cualquier hecho punible que se les impute conforme al artículo 175 numerales 2 y 3, ibidem: “Si la acusación se refiere a delito cometido en ejercicio de sus funciones, o a indignidad por mala conducta”. Ese argumento se cae puesto que al Innombrable Senador no se le aplica el artículo 174 de la CP91, para no entrar en consideración, en estos momentos de cuales delitos conoce el Senado.

Es todo un montaje tragi-cómico que hasta ex presidentes de la Corte o voceros de acreditada fama asomen que como renunció a la investidura de senador, la Corte tiene la disyuntiva si el delito tiene o no relación con la función o el ejercicio del cargo de senador. Perdiendo la competencia si no fuere así y ha de conocer la Fiscalía; o de lo contrario continuará conociendo la Corte. Da vergüenza ajena tanta ignorancia. El artículo 174 CP91 quedó así: “Corresponde al Senado conocer de las acusaciones que formule la Cámara de Representantes contra el Presidente de la República o quien haga sus veces y contra los Miembros de la Comisión de Aforados, aunque hubieren cesado en el ejercicio de sus cargos. En este caso será competente para conocer los hechos u omisiones ocurridos en el desempeño de los mismos”.

Conclusión

Uno. Al definir la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia la situación jurídica del imputado, toma la medida de privarlo de la libertad. Para ello produce una resolución judicial de más de1.500 folios, que sustenta la seriedad y fortaleza de la medida. Esta no fue objeto de recurso alguno. Critican que la resolución afirma que pese a que no está demostrada la comisión del delito por parte del senador, se infiere una conducta delictiva y por ello la decisión de medida de prisión domiciliaria. Es correcto inferir una conducta del sindicado en esa Resolución, aunque no aparezca prueba directa, porque no se trata de una sentencia que defina la conducta punitiva del Innombrable. Apareen indicios, inferencias, que es lo dado al Instructor para tomar tal decisión en ese momento procesal o nivel de investigación del delito. Dos. Respecto a lo de la peligrosidad del sindicado; eso es de resorte o del fuero interno del Instructor. No existe un numerus clausus que indique cuando procede o no la orden de detención preventiva, si obedece a que sea ex presidente o no. En cambio sí pesa lo de la medida de aseguramiento puesto que se trata de un delito contra la administración de justicia por fraude procesal, siendo el sindicado un ex presidente de la República y no cualquier “perico de los palotes”; destacándose lo de la perdida de la libertad por el factor de peligrosidad para la sociedad, por la capacidad de poder en él concentrado. Tres. Es una vergüenza que se haya aceptado, en ocurso administrativo la renuncia del senador sindicado, por ser totalmente improcedente. Cuatro. Al Senado le corresponde es suplir la falta temporal del senador sindicado conforme a los tramites ya enunciados. Cinco. Ahora, como de hecho el senador sindicado toma la decisión de renunciar, mutuo propio, a su investidura, se da una situación de falta definitiva que admite la aplicación del mismo procedimiento. Seis. La posesión de reemplazo por parte de la senadora es nula, de nulidad absoluta y el Nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA) tiene como finalidad la primacía de los intereses generales, la sujeción a la Constitución y demás preceptos del ordenamiento jurídico por parte de las autoridades. Simplemente aplicar que en derecho las cosas se deshacen como se hacen.

Resultados del Foro Agropecuario: alerta roja en el agro costarricense

Escrito en . Publicado en Aportes para el desarrollo, Formación.

German Masís

Se realizó ayer miércoles en el Colegio de Periodistas el Foro Alerta Roja en el Agro Costarricense, con la participación de: Guido Vargas Secretario General de Upanacional, Mainor Cruz, Gestor de la Corporación Arrocera Nacional, Martín González, Presidente de la Corporación Hortícola Nacional, Renato Alvarado, Ministro de Agricultura y Ganadería y Welmer Ramos, Diputado y miembro de la Comisión de Asuntos Agropecuarios de la Asamblea Legislativa.

La moderada ubicó el foro en la perspectiva de la importancia de la actividad agrícola, que genera en la actualidad, 233.500 empleos según el INEC y aporta el 40% de las exportaciones y en la que la pequeña producción representa 93 mil fincas agrícolas de acuerdo al último Censo agropecuario, así como en la urgencia de encontrar soluciones a los tradicionales problemas del agro costarricense.

Guido Vargas, planteó de inicio que la seguridad alimentaria del país está en alerta roja y que los políticos y dirigentes no lo entienden.  Mencionó que los pequeños agricultores son sobrevivientes de las políticas económicas de liberalización y apertura que desde hace varias décadas los han afectado y que los tratados de libre comercio (como el TLC USA-CA) han ido en la misma dirección de poner en peligro la producción nacional.

Indicó que nadie defiende a los agricultores, como los productores de plátano, que al igual de los de otros productos, tienen que vender su producto barato a los comerciantes y empresas.  Dijo que los precios de los productos agrícolas debieran regularse para hacerlos más justos, porque el mercado no se regula sólo.

Recordó que las organizaciones desde hace varias décadas han hecho propuestas de reactivación productiva, para favorecer a los pequeños productores, con políticas de producción, de agroindustrialización y de comercialización, pero no han sido atendidas por los Gobernantes. Además, agregó que a veces se olvida que el deterioro de los productores agrícolas afecta a los consumidores que adquieren los alimentos.

Mainor Cruz de CONARROZ, indicó que en la actividad arrocera participan más de 500 productores, que ésta genera más de 33 mil empleos directos e indirectos y provee el 45% del consumo nacional de este producto, por lo que afirmó que cualquier acuerdo sobre la producción de arroz es fundamental para el país.

Mencionó que los acuerdos a que llegaron recientemente los diferentes actores de la actividad arrocera son muy importantes para el fortalecimiento del sector arrocero, entre ellos:

  1. El mecanismo de regulación del precio es beneficioso para el consumidor porque permite mantener un precio bajo sin fuertes aumentos, como pasa por ejemplo con el precio del frijol que comparativamente tienen un precio liberalizado que ha aumentado considerablemente en los últimos años a diferencia del precio del arroz que se mantiene estable.
  2. Mantener el precio de referencia al productor nacional es fundamental para que éste pueda continuar en la actividad, ya que la liberalización del precio desmantelaría la estructura productiva existente.
  3. Es importante la aplicación del requisito de desempeño vigente para garantizar la compra a los productores nacionales y a partir de ésta definir las necesidades de abastecimiento externo.
  4. Es necesario mantener el arancel consolidado establecido en 1996 para proteger la producción nacional, todos los países tienen aranceles para proteger su producción.
  5. El impulso de algunos proyectos legislativos de apoyo al sector arrocero, entre ellos la posibilidad de que las organizaciones accedan a los fondos de Banca para el desarrollo y la creación de un fondo de sostenibilidad de la actividad arrocera.

Concluyó que debemos cuidar la producción local, debemos apoyar la producción de granos básicos, porque la producción de alimentos es estratégica para el país.

Martín González de la Corporación Hortícola, manifestó que la agricultura es gran generadora de empleo, de más de 500 mil empleos entre directos e indirectos, por eso en esta pandemia se debiera decretar emergencia nacional la actividad agrícola.

Afirmó que son necesarias varias acciones de apoyo a esta actividad, como respaldar a las organizaciones en sus esfuerzos productivos y por una comercialización más justa de sus productos, reestructurar el PIMA-Cenada que está manipulado por unos pocos grandes comerciantes y permitir más agricultores oferentes, buscar una flexibilización de los seguros agrícolas, con la creación de un régimen especial para los agricultores, facilitar créditos accesibles a los agricultores, permitir la inscripción de nuevos insumos con moléculas mejoradas para ayudar a los productores.

González mencionó que el productor necesita: crédito viable, ventas justas y claras, seguros de cosechas e insumos más efectivos; luego se debe pensar en la agricultura de precisión y en la agricultura con valor agregado.

Recordó que la Corporación ha incluido todos estos aspectos en las propuestas que ha presentado a las autoridades del sector y que ésta organización es un ejemplo como experiencia de manejo postcosecha y comercialización de productos hortícolas.

Renato Alvarado expuso que entiende las desventajas que vive la pequeña producción nacional y que es claro que no ha habido una política que incluya la agenda de necesidades de este sector, y que no se ha dado la discusión sobre los problemas de los productores nacionales para competir con los productores de otros países que reciben subsidios de los Gobiernos, como por ejemplo el programa FARM Bill de los Estados Unidos, que subsidia a los productores de ese país y tiene un subsidio directo al seguro de cosecha de los agricultores.

Mencionó que hay discusiones que tenemos que dar, sobre los subsidios y aclarar que ningún productor nacional recibe subsidios y que por el contrario tiene que vender sus productos por debajo del costo.  También sobre la disparidad en la aplicación de los mecanismos de defensa comercial existentes en los tratados comerciales y sobre los bajos precios que reciben los agricultores de comerciantes y empresas.

Reconoció que hay que dar un debate sobre la situación estructural del sector, sobre el modelo desarrollo agropecuario vigente, sobre los costos asociados a la actividad en seguridad social, combustible, electricidad, etc., que encarecen la producción, en relación a los de otros países con los que compiten los agricultores.

Dijo que el Ministerio de Agricultura ha estado desarrollando actividades de acuerdo a las necesidades del sector, en producción de semillas, tecnología de producción, comercio, acceso al crédito y readecuación de deudas, generación de mercados directos, territoriales e inteligentes.

Según el Ministro, se está trabajando en otros aspecto como el aumento de las compras públicas agrícolas, mediante el fortalecimiento del programa de abastecimiento institucional(PAI) y una mayor participación de los pequeños agricultores en las ventas de ese programa,  el des trabamiento del registro de insumos agrícolas que debe considerar los factores de salud, ambiente y efectividad en el uso(y evitar la compra de insumos no autorizados a altos precios), el establecimiento de un seguro de cosechas que vincule riesgos, seguro y avales, porque el seguro actual del INS es muy caro para los agricultores.

Alvarado concluyó que desde el MAG se ha implementado la transformación del agro y se ha garantizado que el sector siga produciendo a pesar de la pandemia.

Welmer Ramos afirmó que no hay una retribución justa al trabajo del agricultor, que hasta ahora cualquier esfuerzo para aumentar la productividad en las actividades agrícolas, se queda en la comercialización final que está en manos de unos pocos, así por ejemplo el Cenada está tomado por unos pocos comerciantes “tagarotes”, que no permiten el ingreso de más agricultores.

Se preguntó por qué eso no ocurre en las actividades de leche, café o caña de azúcar y dijo que es porque en ellas ha habido un acuerdo de producción y comercialización que garantiza la participación justa de todos los actores, mientras que la “mayor desgracia” está en la producción y comercialización de hortalizas y frutas que están dominadas por unos pocos, reiteró.

Es necesario dijo, juntarnos todos para prohibir pagar a los agricultores por debajo del costo, que haya seguros agropecuarios, fortalecer la asociatividad para aumentar la escala de producción, crear cadenas de comercialización, fortalecer las compras públicas agrícolas a los pequeños agricultores y establecer centros de valor agregado para integrar los procesos de producción.

Según el Diputado Ramos, el problema ha sido que el Ministerio de Agricultura depende del Ministerio de Hacienda que ha impuesto sus políticas neoliberales que no favorecen a la pequeña agricultura.

La moderación del foro, insistió en la urgencia de definir cuándo habrá soluciones para la agricultura nacional, ante lo que el Ministro de Agricultura señaló que la próxima semana se reunirá con las organizaciones agrícolas para identificar soluciones a los problemas del sector.

Al cierre del evento, unos de los productores que también participó de manera virtual realizó un comentario que resume las preocupaciones expuestas, al decir que “los agricultores teníamos problemas y ahora estamos peor”, revelando la cruda realidad de la agricultura nacional y en especial la difícil situación de la pequeña producción.

LOS EMBUSTES DE #FIFCO (tercera entrega y última por ahora)

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Embuste: “mentira disfrazada con artificio” (DRAE)

FIFCO: Florida Ice and Farm Company S.A., más conocida como la Cervecería Costa Rica.

Seguimos con estos comentarios críticos a un video que hace unas semanas publicó #FIFCO con el título “El que nada debe nada teme”.

En la primera entrega señalé el engaño de FIFCO al plantear que todas y todos los costarricenses podemos acceder a las declaraciones de impuesto sobre la renta de sus empresas o simplemente llamar a la central de Ministerio de Hacienda para verificar los montos que han pagado.

En la segunda, cuestioné la supuesta transparencia fiscal del holding (eufemísticamente comparada en su video con una abuelita que no paga impuestos) pues presentan cifras que no se pueden comprobar; cifras engañosas sobre el total de impuesto pagados, donde incluyen tributos que en sentido estricto no son pagados por las empresas sino por las y los consumidores, como es el caso del IVA; y porque omiten datos sobre la última amnistía tributaria.

Podríamos señalar otras inconsistencias y exageraciones contenidas en ese video. De igual forma, reconocer que presentan algunas aclaraciones pertinentes, como la diferencia entre un representante legal de una empresa y el capital de las personas accionarias.

Pero la pregunta es: si se trata de una empresa tan grande, asentada entre otras cosas en la explotación casi gratuita del equivalente tico a un pozo petrolero (nuestras fuentes de agua); que es de las que pagan más impuestos por el volumen de sus operaciones; empresa que se presenta como modelo y seguramente lo es en diferentes aspectos; que le da trabajo a tanta gente y en buena hora si lo hacen con responsabilidad social; que presume de sostenibilidad y transparencia, etc. etc. etc….¿POR QUÉ NECESITA RECURRIR A EMBUSTES PARA “DEFENDERSE”?

He aquí el tercero

  1. LA IDEALIZACIÓN DE LAS EMPRESAS PRIVADAS Y LA IMPRECISIÓN EN DATOS SOBRE EMPLEO

Según FIFCO, la abuelita, sus hijos y sus nietos son parte de algo así como un mundo maravilloso, el de las empresas privadas, del que debemos estar orgullosos y que “en este momento, más que nunca, están cuidando a 9 de cada 10 familias en el país …” !!!

Fantasía, propaganda, mentira descarada, no sé….cada quien póngale el nombre que quiera. Lo cierto es que esa idealización dista mucho de los dramáticas situaciones de desempleo, sub-empleo, precarización del empleo, informalidad, pobreza y pobreza extrema, que ya existían desde antes de la pandemia y que se han agudizado con la misma. Igualmente, son imprecisos los datos en cuanto los segmentos de trabajadoras y trabajadores independientes (no asalariados) y a la distribución entre sector público y privado.

Entonces, sugerencia respetuosa para doña Gisela Sánchez y para #FIFCO: si quieren hablar con la verdad y con precisión sobre empleo en Costa Rica, denle aunque sea un vistazo general a los datos del INEC o del Estado de la Nación sobre el tema. La propaganda sobre este tema está de más y resulta ofensiva en el contexto de la actual crisis social, económica y sanitaria que vivimos.

Y al mismo tiempo preguntarles: ¿de cuáles empresas privadas debemos estar orgullosas y orgullosos?

¿De las piñeras y otras mono-cultivadoras; o empresas de construcción y otros sectores que explotan mano de obra de migrante bajo condiciones precarias y hasta infra-humanas?

¿De las que incumplen derechos laborales básicos que son parte de nuestro Estado Social de Derecho?

¿De las empresas que depredan y contaminan nuestros recursos naturales?

¿De las que evaden, eluden impuestos y/o viven del contrabando?

¿De las que se niegan a una contribución solidaria en el contexto de la actual crisis?

¿De las que tienen grandes privilegios fiscales en zonas francas, operando en gran desigualdad respecto las que trabajan fuera de esos paraísos fiscales locales?

¿De las que participan del lavado de dinero en nuestra economía, actividad que alcanza niveles multimillonarios señalados recientemente por el ex Ministro de Hacienda Rodrigo Chaves?

¿De las que participan en prácticas de corrupción que desangran los recursos públicos? ¿O es que la corrupción en el sector público no tiene una contraparte en el privado?

A ver, si ustedes en FIFCO dicen ser una empresa modelo de sostenibilidad y responsabilidad social, como muchas otras empresas del país, deben por ello tener claro que el mundo de las empresas privadas no es homogéneo ni tan romántico como lo pintan en su video, como tampoco lo es el sector público donde muchas cosas deben mejorar. Es decir, hay empresas modelo y en buena hora. Pero esa característica no es aplicable a la totalidad.

Hay empresas inmensas con grandes ventajas, pero la mayoría son pequeñas o medianas que con costos subsisten.

Pero en todo caso, ¿para qué seguir alimentando esa oposición entre lo público y lo privado a partir de generalizaciones maniqueas donde unos son los buenos (casi héroes) y los otros son los malos (casi villanos)?

En lo personal, participo de una visión de complementariedad entre el sector público y el privado, reforzada con una economía social y solidaria robusta, para dinamizar nuestro desarrollo. Y que bajo condiciones de igualdad y equidad, tenga claras exigencias de responsabilidad social, ambiental y fiscal, para todos pero donde los que más tienen más contribuyan.

Por eso, esa generalización romántica sobre las empresas privadas me resulta ofensiva en un contexto en que, ni desde el mundo privado ni desde el público, se han logrado detener la creciente desigualdad, pobreza, informalidad y desempleo que sufren grandes segmentos de la población, como resultado de un modelo que favorece la acumulación para pocos y ha debilitado los mecanismos de distribución para las grandes mayorías.

Pero bueno, a lo mejor lo que FIFCO quería era hacer propaganda, como la que hacen para vender agua (pura, te-ñida o fermentada) a precios de hidrocarburos o superiores. Pero entonces no presuman verdad y transparencia. Porque con tantos embustes, son ustedes mismos los que ponen en duda su reputación, frente a una ciudadanía cada vez más informada y crítica.

Por eso, a quienes aplaudieron y se creyeron acríticamente el cuento de la abuelita, cabe recordarles un fragmento de otro: “Abuelita ¡que dientes tan grandes tienes!”.

Y como pueden ver en la foto que adjunto como ilustración (tomada del Reporte Integrado 2016-2017), se trata de una “familia” integrada por gente bien acaudalada. La acumulación de riquezas no es un cuento, es una cruda realidad frente una crecientes pobreza y desigualdad. Por eso merece toda nuestra atención, reflexión y análisis como ciudadanos y ciudadanas.

Alternativas: Repensando la educación

Escrito en . Publicado en Aportes para el desarrollo, Formación.

Este viernes 28 de agosto en el programa radial Alternativas se estará hablando sobre el tema: “Repesando la educación”, con la participación de Henry Quesada, Pedro Venegas, Luis Angel Salazar, Isabel Román y Claudio Monge.

Podrá sintonizarlo al 1590 AM, o bien a través de Facebook Live.

Mapa de radios de América Latina y el Caribe

Escrito en . Publicado en Aportes para el desarrollo, Formación.

Compartimos el libro: Mapa de radio de América Latina y el Caribe, en el cual se resalta la existencia durante 100 años de la radio y 35.000 emisoras en América Latina y el Caribe.

“Conocer el número de radios en América Latina y el Caribe, sobre todo en el año 2020, cuando este medio de comunicación cumple 100 años desde su primera transmisión, resulta pertinente y necesario para analizar su estado, su existencia, no solo en datos y cifras, sino en su calidad de vida. Las cifras aquí presentadas resultan reveladoras. Por momentos favorecen a un tipo de emisoras que crecen en el tiempo, pero también marcan preocupaciones para otras tantas que se evaporan en el cuadrante.

El deseo de censar las emisoras en la región fue el punto de partida de este ejercicio colaborativo realizado por primera vez en 2012 en el que participaron radialistas de 19 países. El trabajo, publicado en un documento digital, fue coordinado por el comunicador social colombiano Tito Ballesteros López y su blog Radios de América. Los datos recogidos fueron aportados por colegas de México (Claudia Segura), Guatemala (Amalia Jiménez), El Salvador (Guillermo Ramos), Costa Rica (Otto Chinchilla Coto), Nicaragua (Wendy Quintero), Panamá (Eunice Meneses), Colombia (Mónica Valdés), Venezuela (Elvis Castillo), Ecuador (Santiago García), Perú (Carlos Rivadeneyra), Bolivia (Rubén D. Choque), Brasil (Arthur William), Chile (Natacha Gómez), Uruguay (Carlos Castillos), Paraguay (Haydeé Galeano), Argentina (Jorge Arabito), Cuba (Fabio Bosh), y República Dominicana (Ana Bélgica Güichardo).

Para 2014 y 2017, Santiago García Gago, de RadiosLibres.net, se sumó a la iniciativa para trabajar en la diagramación de los mapas, 10 actualización y procesamiento de los datos. Entonces, el texto digital en PDF cambió su diseño, fue actualizado y presentado en sociedad.

Ahora, en 2020, no solo se censan las emisoras, sino que se contextualizan y precisan los datos oficiales con informes de comunicadoras y académicos de 19 países que transmiten el modo de ver y sentir la radiodifusión desde sus territorios. Cada uno de los autores y autoras ha realizado una lectura detallada de los datos del mapa y su evolución desde 2012. Casi después de una década radiofónica, se toma una nueva foto para describir la realidad actual y, a partir de ella, analizar el contexto en el que cada día se habilitan las palabras desde los micrófonos.

El libro avanza de apartado en apartado para ingresar a niveles de análisis cada vez más particulares. Cada autor, desde su visión personal, respondió a los cuestionamientos que le planteaban las cifras oficiales de las radios en su país. Cada mirada local alimentó la visión regional contenida en esta obra.

¿Corresponden los datos citados en los informes con la realidad de cada país? ¿Cómo están clasificadas las radios en cada rincón de nuestro continente? ¿Cuántas son las emisoras de AM y FM en cada uno de los 19 países que aquí se citan? ¿Qué lectura hacer al descender o aumentar el número de emisoras de AM en algún país de la región? ¿Cuál es el estado de salud del medio? ¿Cuáles son sus principales logros y necesidades? En los informes aparecen preguntas, respuestas, provocaciones, temas de discusión, acuerdos y, seguramente también, desacuerdos que usted podrá discutir con el texto. El mapa es un producto inacabado con un sello inconfundible: está en proceso. Es, además, la esencia misma de los datos. Cifras que crecen y disminuyen, que mutan y se mueven, que están vivas, al igual que las radios en América Latina y el Caribe.

Los autores que aportaron su análisis en la presente edición fueron: Adriana Solórzano (México), Edgar Zamora Orpinel (Guatemala), Oscar Pérez (El Salvador), Santos Gálvez Martínez (Honduras), Juan Carlos Duarte Sequeira (Nicaragua), Sebastián Fournier Artavia (Costa Rica), Alfredo Calzadilla (Panamá), Ana Teresa Badía Valdés (Cuba), María Eugenia del Pozo (República Dominicana), Andrés Barrios (Colombia), Javier Barrios (Venezuela), Jorge Guachamín (Ecuador), Alejandro Cornejo Montibeller (Perú), Javier Aliaga (Bolivia), Nair Prata (Brasil), Carlos Montenegro Armijo (Chile), Javier Pérez 11 Seveso (Uruguay), Salustiana Caballero (Paraguay), Francisco Godinez Galay (Argentina).

Les agradecemos enormemente su esfuerzo, mucho más cuando el estudio estuvo atravesado por la pandemia del coronavirus (COVID-19). Una situación que evidenció, una vez más, el trascendente papel que ha desarrollado la radio para ayudarnos a sobrellevar las medidas de confinamiento impuestas en la mayoría de países alrededor del planeta. Situación que, sin duda, será profundamente estudiada en los próximos años y que nos plantea nuevos retos y renovados interrogantes.

La democratización de cualquier ecosistema de medios pasa por la tenencia de los mismos y no solo por la recepción de mensajes. Entonces, ¿en manos de quiénes están las más de 35.000 emisoras extendidas en nuestros pueblos? ¿Quiénes son sus propietarios? ¿Es suficiente el número de radios en un país? ¿La mayoría de emisoras en la región son universitarias, comunitarias o comerciales? ¿Cómo es la evolución de las dos bandas principales de radiodifusión, AM y FM? Estas son algunas de las preguntas planteadas en el texto y que se intentan responder con este estudio.

Les invitamos a examinar los datos del Mapa de Radios de América Latina y el Caribe y hacer un análisis pormenorizado para nutrir la discusión radial”.

Ingrese en el siguiente enlace para descargar el libro.

mapa_de_radiosDescarga

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