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Detrás del discurso decolonial se esconde la mercantilización de cuerpos indígenas

Desde el Movimiento Indígena Interuniversitario nos sentimos sumamente indignadas (os) y molestas (os) con las actitudes de cierta persona, cuyas publicaciones y posicionamientos, según ella antiracistas e indigenistas, se han vuelto virales en los últimos días. Es a partir de esta preocupación, que la compañera Yanory Rojas nos comparte el siguiente comunicado, el cual esperamos aclare un poco la realidad como en verdad es, y que logre desmentir los «argumentos» planteados por esta persona, los cuales consideramos carecen de todo tipo de fundamento.

Detrás del discurso decolonial se esconde la mercantilización de cuerpos indígenas

Yanory Rojas Morales, indígena de la comunidad de Boruca y antropóloga.

El racismo es una de las múltiples formas de opresión, manifestado de diversas maneras; claramente los cuerpos de mujeres indígenas, históricamente, han sido presa de este problema social y político. Es un problema estructural, que personas escondidas detrás de bambalinas blancas tergiversan en beneficio propio.

Entre ayer y hoy recibí capturas de pantalla donde Stephanie Chaves hace referencia a una serie de afirmaciones y posicionamientos, dejando en claro por qué el racismo y lo que pasa en Estados Unidos tras el cruel asesinato de George Floyd no es un evento reciente, ni aislado.

Como yo, hay cientos de mujeres indígenas en Costa Rica quienes tenemos un legado ancestral, el cual trasciende nuestro color de piel (dicho sea de paso, la “piel café” no existe). El llamarse indígena no se autoimpone, es el resultado de todo un bagaje cultural construido por años, transmitido de generación en generación. Es un proceso colectivo complejo. Si bien es cierto que muchas (os) hermanas (os) indígenas han crecido fuera de los territorios originarios, siempre hay un ancla firme que les remonta a sus madres, padres o abuelos (as).

Al leer las publicaciones de Stephanie Chaves solo puedo ver la burla sin mesura a los pueblos originarios, reproduciendo un discurso sumamente peligroso y violento, detrás de un “le puedo educar”. Solo esa afirmación ya establece una superioridad. Cobrar dos dólares por “educar” o autoproclamarse “especialista” no sólo a costa de mujeres indígenas, sino de mujeres afrodescendientes, es una total contradicción con lo que usted misma profesa. Es caer en apropiación cultural, y lo hace porque ciertamente es una mujer con privilegios.

Cuando usted menciona que es la única mujer feminista indígena de Costa Rica en el spotlight, ignora las verdaderas luchas de mujeres indígenas que están colocando sus cuerpos en la recuperación de tierras al sur del país, invisibiliza el ímpetu de doña Luisa Bejarano, mujer ngäbe que encabeza la lucha por la cedulación. Ofende a las hijas, nietas, sobrinas de Paulina Leiva, hablante fluida del idioma brunca, quién no cobró un solo colón para difundir su conocimiento. Lo importante para estas mujeres no es el dinero, es el bienestar colectivo, es la lucha por mantener vivas las raíces. Desde su spotlight resulta muy cómodo lucrar con las luchas de otras mujeres. Eso es racista, colonial y mercantilizar cuerpos. Eso no es feminismo.

Así, la invito cordialmente a dos cosas:

1) LEER. Los términos con los que se refiere a población racializada son sumamente despectivos y obsoletos. Ejemplos: nativas, lengua nativa, indianismo, gente negra. De paso puede aproximarse a discusiones epistemológicas de mujeres indígenas, le menciono una: el feminismo comunitario.

2) Desde este colectivo la invitamos a una conferencia virtual para discutir acerca de estas realidades de las que usted se ha apropiado, desde luego, en compañía de mujeres indígenas con años de trayectoria desde distintas trincheras.

Publicado en https://www.facebook.com/218212191590385/posts/3002862643125312/

Enviado a SURCOS por Movimiento Indígena Interuniversitario de Costa Rica -miintù-

La autonomía universitaria y el dictamen de la Comisión Legislativa sobre el FEES

José María Gutiérrez (*)

El dictamen de mayoría de la Comisión Especial de la Asamblea Legislativa en relación con la administración del Fondo Especial de Educación Superior (FEES) contiene diversos aspectos de índole presupuestario que requieren ser atendidos por las universidades, particularmente en lo que se refiere a los cambios en la estructura salarial, de manera que se favorezca la equidad en esta materia y la sostenibilidad económica de las instituciones en el mediano y largo plazos. Estos cambios son urgentes y deben gestarse por las mismas universidades, en lo que tienen responsabilidad la dirigencia y las comunidades de estos centros de educación superior.

Pero este dictamen contempla también una serie de propuestas y recomendaciones que ponen en entredicho fundamentos esenciales del concepto de universidad pública. Este informe requiere ser analizado de manera crítica por parte de la misma Asamblea Legislativa, las comunidades universitarias y la sociedad en general, dada la importancia de estas instituciones de educación superior en la vida del país. En este contexto, es conveniente primero reflexionar sobre los conceptos de universidad pública y de autonomía.

¿Qué es una universidad pública?

Una universidad pública es una institución de educación superior dedicada a la generación de conocimiento y a la formación de profesionales en muy diversas áreas del saber, así como a la proyección de estos saberes a la sociedad. Las universidades son nichos donde se desarrollan nuevas ideas, se estudian temas de muy diverso tipo y se cultivan las ciencias, las artes, las letras y las tecnologías desde perspectivas que van más allá de su impacto inmediato. También son espacios de pensamiento crítico y de reflexión permanente sobre la realidad. Por ser centros de creación de nuevo conocimiento, inciden decisivamente en las sociedades que las amparan. Por su misma naturaleza, deben ser centros de tolerancia y de respeto a la diversidad en todas sus formas. Se basan, por ende, en una sólida libertad académica y en una visión amplia del conocimiento y sus aplicaciones.

Por su carácter integral, crítico y humanista, las universidades públicas son esenciales para las sociedades. Estas requieren de estos centros de pensamiento diverso y de creatividad permanente, los cuales atienden temas y problemas urgentes del presente, pero también apuntan sus luces hacia el futuro, contribuyendo a buscar y marcar senderos por donde se forje un mejor porvenir para la colectividad. Además, tienen la misión de formar profesionales que sean no solo competentes técnicamente, sino también personas integrales, humanistas, críticas y socialmente responsables.

Por ello, la universidad pública no puede estar al servicio de grupos de poder y de sectores económicos o políticos particulares. Sus rumbos se definen en un continuo diálogo con la sociedad, pero deben tener la suficiente amplitud y autodeterminación para garantizar que sus fines se enmarquen en las necesidades de la sociedad toda y no de grupos de interés puntuales. Estos centros de educación superior tienen la misión de ser un espacio de pensamiento y acción que no se supedita a los poderes fácticos, lo cual es garantizado por la autonomía universitaria. Esta incluye la libertad académica, la autodeterminación en el establecimiento de planes, programas, presupuestos y organización interna, y la plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones, así como para darse su organización y gobierno propios. La autonomía, en suma, procura dar a estas instituciones todas las condiciones jurídicas requeridas para que desarrollen con independencia su misión.

La autonomía de las universidades públicas se encuentra asediada en el mundo y, en particular, en América Latina. Hace poco más de un siglo, el movimiento estudiantil de la Universidad de Córdoba, en Argentina, gestó un cambio profundo en su universidad, lo que se denominó la Reforma de Córdoba, que luego se extendió por todo el continente. La autonomía universitaria en América Latina surgió, en buena medida, a partir de este hito. En Costa Rica la autonomía tiene rango constitucional, lo cual ha sido clave para defenderla de quienes pretenden que estas instituciones estén al servicio de sus intereses.

Discusiones recientes en Costa Rica sobre el concepto de autonomía han llevado a banalizar este precepto, al caricaturizarse este valor fundamental y hacerlo ver como un interés de estas casas de estudio de ser ‘repúblicas independientes’ y de no dar cuentas a la sociedad. Aunque esto está lejos de ser cierto, dicha banalización ha contribuido para que sectores no aquilaten la relevancia de la autonomía como requisito para que la universidad pueda cumplir el papel estratégico que tiene en la sociedad.

El ejercicio de la verdadera autonomía universitaria puede desnaturalizarse en el interior mismo de estas instituciones, cuando se emplea para defender privilegios, para generar zonas de confort que no responden a las necesidades de la sociedad, y para evadir la rendición de cuentas de lo que se hace y se deja de hacer. En este sentido, la autonomía no puede ser autarquía irresponsable. Por el contrario, la autonomía es un valor fundamental que garantiza que las universidades puedan desarrollar sus actividades esenciales de creación y transmisión de conocimiento, y de aporte diverso a la sociedad, en un marco de libertad, pluralidad y autodeterminación.

La autonomía bajo acecho: el presupuesto

Debido al enorme potencial académico, cultural, económico y social de las universidades públicas, su autonomía siempre ha sido una piedra en el zapato para los grupos de poder en América Latina. Las universidades en la región están sufriendo embates que procuran cooptarlas para los intereses de grupos particulares, y conducirlas por la lógica mercantil que domina nuestras sociedades. Hay diversas formas de debilitar la autonomía, y con ello reducir el espacio de amplitud académica y social de estas instituciones.

La autonomía pierde vigor cuando se cuestiona el financiamiento de las universidades públicas. La forma más sencilla de desnutrir a estas instituciones es debilitando su presupuesto, al que tienen derecho constitucionalmente, lo que trae como consecuencia la reducción de su contribución a la sociedad; hay múltiples ejemplos de lo anterior en América Latina. Hemos visto con enorme preocupación el ataque violento al financiamiento de las universidades federales brasileñas. El año pasado fuimos testigos de un hecho sin precedentes en nuestro país, cuando el Ministerio de Hacienda modificó la asignación de las partidas del presupuesto de las universidades. No son hechos casuales, se trata de una tendencia en toda la región.

El estrujamiento presupuestario tiene otro corolario: dirige las universidades hacia la lógica del mercado, es decir, a violentar aspectos esenciales de su carácter público para centrar muchas de sus acciones en la búsqueda de financiamiento mediante el vínculo remunerado con el sector externo. Se plantea con frecuencia en nuestro medio la idea de desarrollar modelos universitarios de carácter mercantil que han sido fuertemente criticados en universidades del primer mundo donde se han implementado, por haber contribuido a una privatización solapada de estas instituciones y a un deterioro del ethos universitario.

Si el presupuesto universitario se centrara, cada vez más, en estos vínculos remunerados externos, ello conduciría indefectiblemente al fortalecimiento de ciertas áreas y al debilitamiento de aquellas que, por su naturaleza, no puedan generar recursos por esa vía. Se quebraría entonces la integralidad del desarrollo universitario, para detrimento no solo de la academia, sino del país. Las universidades, como una de sus formas de relacionarse con la sociedad, pueden establecer estos vínculos que promueven el desarrollo económico del país y a la vez le generen recursos frescos. Pero esta no puede ser la ruta por la cual procuren su estabilidad financiera de cara al futuro. El presupuesto de las universidades públicas ha de tener fundamentalmente origen público.

Las universidades no deben centrarse en una visión economicista del desarrollo

Otro ingrediente que gravita con fuerza en las discusiones actuales sobre las universidades públicas se centra en una visión del desarrollo de los países y de las personas, y de cómo las universidades pueden aportar al mismo. Existe una visión predominante de carácter economicista y reduccionista. Se hace equivaler el desarrollo y el bienestar al crecimiento económico y, para ello, se conmina a las universidades a establecer fuertes vínculos con el sector privado como un eje central del quehacer institucional.

Se trata de una visión que se ha convertido en una especie de ‘sentido común’ para los sectores políticos y económicos hegemónicos en la región y en Costa Rica. Se asume que la relación de la universidad con su entorno societario debe priorizar ese contacto con el sector productivo privado, perdiendo de vista que estas instituciones tienen una amplísima gama de relaciones en diversos ámbitos. El bienestar de un país es mucho más que el crecimiento económico, ya que tiene un carácter multidimensional. Esta priorización se observa en la forma como se visualiza la formación profesional, concibiéndose como capacitación principalmente técnico-académica. No se da la importancia que merece a la formación de personas integrales, forjadas en el pensamiento crítico y la responsabilidad social.

Esta visión reduccionista desmerece el aporte de disciplinas que no tienen directamente que ver con el desarrollo económico y las necesidades del mercado. Al hacerlo, desvirtúa un elemento esencial del desarrollo de las sociedades y de la universidad como centro de pensamiento y formación integral, cual es la importancia del cultivo de una gran cantidad de disciplinas, independientemente del impacto económico de las mismas. Es precisamente la autonomía universitaria la que permite que estas casas de estudio mantengan un desarrollo integral de variadas ramas del conocimiento, resistiendo las corrientes que tratan de cooptarlas para intereses estrechos.

Vale decir, además, que no es correcto afirmar que las universidades aportan poco al desarrollo económico del país, lo cual no tiene un sustento válido. Podemos citar múltiples ejemplos de vínculos fuertes entre los grupos universitarios y el sector productivo; la información que sustenta lo anterior es fácilmente accesible. Se puede hacer más en ese ámbito, pero se hace bastante. Fomentar este prejuicio por diversos medios tiene un efecto negativo en la percepción que de las universidades tiene la comunidad.

Un peligro de estos planteamientos es que los mismos sirven de base para sugerir que la asignación de presupuesto a las universidades esté condicionada a que estas se ajusten a lo que se considera que son ‘las prioridades del país’. Cabe preguntar, ¿cuáles prioridades?, y ¿cómo se establecen? Existen visiones variadas de las rutas que puede seguir el país, y no necesariamente lo que plantean los sectores políticos y económicos dominantes es la única salida al futuro. Es ahí donde la autonomía de las universidades les permite discutir alrededor de las propuestas que se plantean y sus aspectos benéficos y perjudiciales para el colectivo social, y tomar así sus propias decisiones en cuanto a su quehacer.

Es claro que las universidades deben tener la capacidad de detectar las necesidades de la sociedad, y así ajustar en lo que corresponde sus planes de estudio y desarrollo, y sus agendas de investigación y acción social. Autonomía no es autarquía y las universidades requieren responder a la sociedad y a sus requerimientos de manera dialógica. Pero es erróneo pensar que las necesidades de la sociedad son las que establecen los sectores políticos y económicos dominantes. Esos sectores tienen sus prioridades, pero existen muchos otros actores sociales, comunitarios, productivos e institucionales a los que las universidades se deben con su trabajo.

El informe y las recomendaciones de la Comisión Legislativa sobre el FEES

Con base en estas reflexiones generales acerca de la naturaleza y esencia de las universidades públicas, caben las siguientes consideraciones con respecto al dictamen de mayoría de la Comisión Especial Legislativa que estudió la administración del FEES.

  • Más allá de la urgencia de hacer reformas en los sistemas salariales universitarios, lo cual debe ser efectuado con urgencia al interior de estas instituciones, el informe tiene grandes limitaciones en las concepciones que maneja de lo que es una universidad pública, a lo cual se suma una percepción muy estrecha de las visiones de desarrollo y bienestar. Se agrega a lo anterior una carga de estereotipos con respecto a las universidades públicas, reflejados en descripciones muy sesgadas, parciales e infundadas de lo que aportan estas instituciones al país. Como consecuencia, el diagnóstico global que se hace en el documento es deficitario.
  • La comisión propone una reforma constitucional que asegure que la autonomía universitaria esté supeditada a las finanzas públicas. El presupuesto universitario se establece mediante negociaciones en la Comisión de Enlace, donde participan ministras y ministros del gobierno junto con rectoras y rectores, y se toma en cuenta la situación fiscal del país. Supeditar constitucionalmente el presupuesto universitario a las finanzas públicas pone a estas instituciones al vaivén de decisiones en política económica que son difíciles de predecir y que, con certeza, las debilitarán. Este sería un paso muy peligroso para la educación superior pública costarricense.
  • A lo largo del documento se percibe una concepción particular de lo que la comisión entiende por desarrollo y bienestar. Se trata de una visión de carácter predominantemente economicista, la cual asume como verdades establecidas aspectos que han sido cuestionados en muchas latitudes, ya que pierden de vista la multidimensionalidad del concepto de bienestar. En buena medida, el informe concentra el aporte universitario a su relación con el sector productivo privado y deja de lado un amplio espectro de proyecciones de estas instituciones a la sociedad. Cuando estas visiones limitadas se traducen en condicionamientos para el otorgamiento de presupuesto, como se desprende del dictamen, se está afectando directamente la autonomía universitaria.
  • El informe de la comisión hace énfasis en la necesidad de apoyar el desarrollo de las regiones y de las sedes universitarias ubicadas en ellas, lo cual es claramente pertinente, pero ese desiderátum debe transcender el estrecho marco que aplican también a este tema, para enfocarse en visiones más integrales de desarrollo. La comisión se aventura incluso a sugerir cuáles serían las regiones en las que se requiere priorizar el desarrollo universitario, indicando que en ellas hay que concentrar el grueso de la inversión futura del FEES y que de estas inversiones debería depender la nueva distribución de recursos. Esta sería otra transgresión de la autonomía universitaria. Los destinos de los fondos del FEES se establecen, por precepto constitucional, en el seno de las mismas universidades y no pueden estar condicionados por el gobierno. Se puede discutir y consensuar al interior de la Comisión de Enlace, pero no condicionar.
  • La comisión enfatiza en la importancia de que las políticas de educación superior estén alineadas con el plan nacional de desarrollo. Se critica fuertemente al Plan Nacional de Educación Superior (PLANES) y se dice que está “desconectado de las necesidades del país y de las regiones”, lo cual es una generalización que no contribuye a un análisis objetivo de los hechos. Es claro que debe haber una coordinación entre las universidades y el Plan Nacional de Desarrollo. Pero, por su naturaleza autónoma, las instituciones públicas de educación superior no pueden enmarcar sus líneas de acción en función de un plan nacional de desarrollo. Las universidades requieren tomar en cuenta estos planes, pero tienen que ir mucho más allá en sus labores permanentes de reflexión, investigación y proyección a la sociedad; los planes de desarrollo no pueden ser una camisa de fuerza para estas instituciones.
  • La comisión legislativa también señala la conveniencia de que las personas titulares de los ministerios de Educación, Hacienda y Planificación formen parte del Consejo Nacional de Rectores (CONARE). Este consejo es una instancia de coordinación de las universidades estatales y su funcionamiento debe tener la garantía de la autonomía, al igual que lo tienen las instituciones que lo conforman. El CONARE requiere estar en permanente coordinación con las instancias del gobierno y los ministerios, pero sus decisiones deben ser autónomas del poder político de turno, cualquiera que este sea. Esta recomendación, por ende, no cabe.
  • Igualmente, la comisión plantea que el Ministerio de Educación Pública ejerza la rectoría de la educación superior pública, lo cual tampoco es aceptable. Obviamente se requiere una estrecha coordinación entre el ministerio y las universidades, y dicha coordinación existe en gran medida. Pero las decisiones y el rumbo de las universidades se deben definir al interior de estas, en diálogo con el ministerio y otros sectores, pero con autonomía para marcar los destinos. Estos dos puntos que plantea la comisión pretenden establecer una relación inaceptable, de carácter jerárquico, entre el Poder Ejecutivo y las universidades públicas.

En conclusión

Pese a que en el dictamen de mayoría de esta comisión las diputadas y los diputados insisten en que no pretenden afectar la autonomía universitaria, el documento trasluce concepciones, que culminan en propuestas, las cuales claramente ponen en entredicho aspectos claves de la autonomía, como los discutidos anteriormente. Las comunidades universitarias y la sociedad en su conjunto deben estar muy claras del peligro que muchas de estas recomendaciones entrañan para estas casas de estudio y, dada la relevancia de estas instituciones, para el país en general.

La ‘universidad del futuro’, para usar un término presente en el informe legislativo, sería aquella que mantenga su capacidad de desarrollo integral en una gran cantidad de campos del saber, que genere profesionales competentes, y a la vez críticos y socialmente comprometidos. Que sea centro de reflexión crítica permanente, y que se proyecte a la sociedad ofreciendo respuestas a los problemas del presente, pero atisbando los senderos futuros por los que transitemos hacia formas de convivencia más equitativas y justas, en el marco de una autonomía fortalecida. La ‘universidad del futuro’ debe responder a las necesidades de toda la sociedad y no solo de algunos sectores. En estos momentos de crisis es indispensable defender a ultranza los fundamentos esenciales de las universidades públicas y, muy particularmente, su autonomía.

(*) José María Gutiérrez, profesor emérito, Universidad de Costa Rica
(jose.gutierrez@ucr.ac.cr)

 

Imagen de portada: Semanario Universidad.

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¿Quiénes aportan y quiénes se agachan?

Gerardo Hernández Naranjo

Con cierta rimbombancia, un medio publicó hace unos días que empresas de zonas francas han hecho donaciones por 650 millones de colones para atender crisis del COVID-19.

Parece mucha plata, pero comparen con otra noticia sobre los 75.000 millones que aportará el Instituto Nacional de Seguros (empresa pública) para contribuir a las políticas públicas, frente a la misma crisis del COVID-19.

Este sencillo ejemplo muestra cómo los medios hacen bulla por cualquier peso que venga del sector privado y tienden a restarle atención al inmensamente más grande aporte y rol que está jugando la institucionalidad pública en esta crisis.

Pero más allá de la crisis actual, la gran brecha entre el aporte de la institucionalidad pública y los privilegios de algunos sectores privados se ha convertido en un problema político medular de nuestro país. Veamos algunos datos que lo evidencian:

– En el 2019, a partir de las utilidades del INS y en cumplimiento de diferentes disposiciones legales, esa institución hizo aportes por 33.500 millones de colones a diferentes áreas de nuestra seguridad social (CCSS, riesgos del trabajo, CNE, etc.) y a las finanzas públicas. Además pagó 8.691 millones de colones en impuesto sobre la renta.

– Del otro lado ¿saben cuánto NO PAGARON de impuesto sobre la renta las empresas de zonas francas gracias al privilegio de la exoneración que disfrutan? En el 2018, según datos del Ministerio de Hacienda, ese sector no pagó 349.857 millones de colones, equivalentes a un 1.01% del PIB.

Les invito entonces a que hagan un gráfico para comparar las siguientes cifras (todas en millones de colones) y sobre todo, a tener muy presente quiénes las aportan y quiénes las dejan de aportar: 650, 8.691, 33.500, 75.000 y -349.857.

Pero, como son las grandes empresas y sus aliados mediáticos quienes construyen el marco de opinión pública, seguirán tratando de hacernos creer que los villanos de la historia son el Estado Social de Derecho y las personas trabajadoras del sector público, mientras que los héroes (o víctimas según convenga) son las grandes empresas y sus cámaras porque… “producen libertad”.

Y peor aún, nos inducirán a que aplaudamos las migajas que, por caridad, filantropía o “responsabilidad social”, caigan del jugoso banquete que disfrutan las grandes corporaciones nacionales e internacionales de zonas francas, gracias a sus privilegios fiscales.

Compartido con SURCOS por el autor, publicado además en su espacio de Facebook.

LA ECONOMÍA AL SERVICIO DE LA GENTE

Guillermo E. Zúñiga Chaves

Guillermo E. Zúniga Chaves.

“Este es el tiempo propicio de animarnos a una nueva imaginación de lo posible…”. (Papa Francisco, Un Plan para Resucitar, en La Vida Después de la Pandemia, 2020.)

Hay un esfuerzo por hacernos creer que existe una sola forma de entender la Economía; es “la pura”, “la científica”. Un interés por vender un pensamiento único, apoyados por las escuelas de Economía y la prensa especializada. Pero el debate y los resultados de la vida real contradicen esa pretensión.

EL EQUILIBRIO. La teoría económica ortodoxa sostiene que los sistemas económicos tienden al equilibrio. Como ese equilibrio no se ve en la vida real, entonces los diseñadores de Política Económica se dedican a buscar los mecanismos para llegar a él. Reducen la Política Económica a la búsqueda del restablecimiento de los equilibrios perdidos, a eliminar “las distorsiones” que los impiden, manejando “con prudencia y austeridad” las variables económicas. Hay que equilibrar la economía a como de lugar, evitando la menor “intervención extraeconómica”.

ES UNA APROXIMACIÓN BASTANTE MECÁNICA. Reducen la política económica a un ejercicio meramente “técnico”, “economicista”. Se le quita el contenido social al estudio de la Economía y a la Política Económica. Se plantea –de esta forma– una dicotomía falsa entre lo económico y lo social, entre lo técnico y lo político e, incluso, se presume que se debe subordinar lo político a lo técnico-económico. Se sataniza lo político, pero no reconocen que detrás de esos enfoques están impulsando proyectos económicos y políticos no confesos.

OTRA FORMA. Desde los clásicos (Smith, Ricardo, Marx) se entendió la existencia de grupos sociales en los procesos de producción, distribución y consumo. David Ricardo dice que “la determinación de las leyes que rigen esta distribución es el problema primordial de la Economía Política”. Identificaba en su época “… tres clases de la comunidad, a saber: el propietario de la tierra, el dueño del capital necesario para su cultivo y los trabajadores por cuya actividad se cultiva”. (David Ricardo, “Principios de Economía Política y Tributación”). Terratenientes, capitalistas, trabajadores.

RELACIONES SOCIALES. Este enfoque permite entender que la Economía estudia las relaciones que se establecen entre los seres humanos para articular las formas de producción, distribución, consumo y la reproducción de las condiciones materiales y sociales que permiten la generación del excedente, la acumulación de capital y el reparto de la riqueza.

LA POLÍTICA ECONÓMICA es también una disciplina social y, por tanto, debe incorporar en su diseño el análisis del poder. La inclusión de la armonía y la contradicción política y social es un componente inseparable del diseño de la Política Económica. Entendida la vida económica como relaciones entre seres humanos, nos ayuda a entender por qué se dan momentos en que hay armonía social y por qué hay momentos en que hay desavenencias que pueden llegar, incluso, a conflictos radicales. Por ello, la Política Económica debe entenderse como la gestión del Estado sobre el ciclo del capital, arbitrando las contradicciones a través del reparto del excedente socialmente producido.

REACTIVACIÓN. Como la Economía y la Política Económica no tienen explicación única, y como el proceso de creación y distribución de la riqueza es social y es contradictorio, se explica por qué ha costado tanto acordar el programa de reactivación, que incluya el período pos-pandemia. Es mejor reconocer que es un tema de poder, un tema de grupos de interés, pues lo que está en juego es el reparto de las cargas y los beneficios. Este arreglo pasa por un acuerdo, un nuevo pacto social, con la participación y convencimiento de la gente, de los grupos; de los actores sociales. Y el tiempo apremia. ¡Luego será tarde!

CONCLUSIÓN: “Espero que los gobiernos comprendan que los paradigmas tecnocráticos…no son suficientes para abordar esta crisis ni los otros grandes problemas de la humanidad. Ahora más que nunca, son las personas, las comunidades, los pueblos quienes deben estar en el centro, unidos para curar, cuidar, compartir.” (Papa Francisco, A un Ejército Invisible, 2020)

 

Imagen ilustrativa.

Compartido con SURCOS por el autor y publicado en su blog personal: https://notasaltema.blogspot.com/

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No faltará un Notario idiota…

Vladimir de la Cruz

En materia de Derecho un Abogado puede negarse a llevar una causa. Por ejemplo, un abogado patronalista puede negarse de llevar un caso de demanda laboral contra patronos. Un abogado laboralista podría negase a llevar un caso contra un trabajador, solicitado por un empleador. Un abogado puede negarse a llevar defensas de acosadores sexuales, de violadores sexuales, de abusadores y violadores de menores de edad, de estafadores al Estado, en fin, de muchos actos en los cuales por las razones que estime no le interese, no quiera o no esté de acuerdo en defender.

Así también hay abogados que solo llevan ciertos casos de Derecho, de la especialidad de la materia que más dominan, o tienen titulada y reconocida, y lo demás lo desechan, no lo llevan, o recomiendan a otros Abogados para que los atienda.

Hay grupos de abogados que actuando conjuntamente, en Oficinas Comunes organizadas como empresas jurídicas, o sociedades para brindar estos servicios, que son Bufetes reconocidos, y que desarrollan sus actividades de acuerdo a sus especialidades y fortalezas, de manera que cuando un cliente, una persona, llega a solicitar su conocimiento y apoyo profesional, se le refiere al “especialista” del Bufete.

En Costa Rica el Notariado lo puede realizar el Abogado, que se graduó como Abogado y Notario, como se hacía antes, y el Abogado que hoy hace cursos especiales de Notariado, como una especialidad, para lograr titularse de Notario Público, e inscribirse como tal, bajo las regulaciones y legislación existente para ejercer el Notariado. Hoy no todos los Abogados son Notarios. Para ser Notario sí se necesita ser Abogado.

No hay en Costa Rica, como sucede en otros países, Oficinas Públicas de Notariado o de Notarios, que son las únicas autorizadas para realizar los actos que notarialmente se deban ejecutar.

En este sentido los Notarios, como los Abogados, y los Abogados Notarios, pueden negarse a realizar ciertos actos jurídicos, pueden renunciar a ellos, con la pérdida económica que les puede significar de cobro de honorarios. Eso a nadie afecta literalmente porque hay un gran mercado de Abogados y Notarios, y de Notarios. Eso solo afecta a quien renuncia a no hacer una escritura notarial de un acto legalmente válido, como es el matrimonio civil de personas del mismo sexo.

En la vida jurídica nacional los ciudadanos pueden ver el escaparate de Abogados y Abogados, y de Notarios existentes, y como en un Supermercado, escoger el “producto” que más les guste, si ya lo conocen, si saben de su calidad, o de experimentar al azar nuevos productos. Igual que en este mercado de productos se puede salir altamente satisfecho o insatisfecho, y hasta enfermo con lo que se contrate. Hay Abogados y Notarios que son verdaderos delincuentes, que hasta la prisión han ido porque estafan a sus clientes, hombres o mujeres, mujeres viudas, y parejas. Hay tal cantidad de Abogados, y Abogados y Notarios, en el mercado jurídico judicial, en el país, que siempre se va encontrar el Abogado y al Notario que se quiere. A muchos Notarios les suspenden su facultad notarial.

En el trabajo de la Abogacía y el Notariado, hay Abogados, y Abogados y Notarios, que se han especializado en Derecho de Familia.

Desde 1888 cuando se estableció el Divorcio los Abogados y Notarios, de aquella época, podían llevar juicios de divorcio, de acuerdo a las causales de la época, que se presentaban ante los juzgados, que se mantuvieron casi intocables hasta 1970 cuando se separó del Código Civil la materia de Familia, y se ampliaron y mejoraron cualitativamente las causales, incluso se establecieron situaciones de igualdad entre los cónyuges. No conozco casos, ni he oído de ellos, que abogados de esos años se opusieran a realizar divorcios por razones de conciencia religiosa, que sería lo único que podría alegarse en contra del divorcio, considerando al matrimonio un Sacramento… hasta que la muerte separe, o divorcie, o disuelva el vínculo matrimonial, por el acto del fallecimiento, al conjugue sobreviviente para que pueda volverse a casar…

Conocí casos de abogados idiotas que mal aconsejaban a sus clientes cuando estaban de acuerdo ambos de divorciarse, y al no existir la causal de mutuo acuerdo, en la legislación de la época, tenían que “inventar”, como real, una de las causales existentes, para gestionar el divorcio. Y… Hubo abogados que aconsejaron al hombre, como generalmente se hacía, para que se le acusara de intento de homicidio de su mujer como causal de divorcio. El divorcio procedía y así se fallaba, y de inmediato el Juez trasladaba al hombre a la jurisdicción penal por el intento de homicidio. Lo más usual era acusar al hombre de infidelidad como causal de divorcio, cuando había mutuo consentimiento, razonabilidad y entendimiento familiar, para hacerlo… cuando no eran “casos peleados”, como se decía.

Los Abogados especializados en Derecho de Familia, que son los que atienden hoy los aspectos de matrimonio y de divorcio, entre otros asuntos, generalmente hacen esfuerzos importantes por tratar de convencer a la pareja que demanda su servicio para divorciarse, para que no lo hagan precipitadamente, que se tomen más tiempo…

La verdad es que cuando una pareja ya no quiere vivir junta, ni se les debe, ni se les puede obligar a convivir… Debe procederse a facilitar de la manera más expedita su divorcio, la disolución de su matrimonio. Se divorcian nada más las personas que están casadas jurídicamente.

Nuestra legislación debería avanzar a establecer la causal de divorcio por “voluntad de una de las partes”, que es la mejor forma de decirlo, cuando una de las dos personas de la pareja matrimonial ya no quiere continuar en el matrimonio.

Desde el 26 de mayo Costa Rica ha dado un enorme paso en materia de Derechos Humanos, de Familia y de Matrimonio, al reconocer el Estado costarricense que en Costa Rica pueden casarse las personas independientemente de su raza, de su condición social, de su condición económica, de su nacionalidad, de su credo religioso, filosófico o político, de su sexo, permitiendo, que en igualdad de condiciones, el matrimonio civil, que es el único reconocido y validado por el Estado, lo puedan realizar indistintamente parejas constituidas por hombre-mujer, hombre-hombre y mujer-mujer.

El matrimonio que se realiza en la Iglesia Católica tiene validez y reconocimiento dentro de la Iglesia, y solo tiene reconocimiento estatal cuando se inscribe en el Registro Civil, porque a los sacerdotes se le autoriza la realización del acto matrimonial, para los efectos de reconocimiento estatal y civil del acto realizado en la Iglesia, actuando ellos como Auxiliares del Registro Civil.

A nadie afecta que unas personas se casen por la Iglesia, como a nadie afecta que unas personas se casen por la vía civil, ni la Iglesia se afectada con los matrimonios civiles. Si el Estado no le impone a la Iglesia prohibición alguna para realizar y reconocer los actos matrimoniales de conformidad a sus principios y rituales religiosos, la Iglesia no puede imponerle al Estado la forma de realizar y reconocer los matrimonios autorizados legalmente. Si en la Iglesia solo se permite el matrimonio de hombre mujer, la Iglesia no puede impedirle a Estado reconocer también los matrimonios de hombre mujer y de hombre hombre o mujer mujer.

Con esta decisión jurídica de reconocer esta igualdad hemos crecido como sociedad. A los Abogados y Notarios, y a los Notarios, el Estado los ha autorizado para realizar matrimonios y procesos de disolución matrimonial, escrituras de divorcio, que se validan en las Oficinas del Registro Civil y ante los jueces, según corresponda el trámite respectivo.

Con la nueva legislación que permite el matrimonio de hombre hombre y mujer mujer, se ha dicho e informado que hay Notarios que se negarán a casar, a realizar actos matrimoniales de hombre hombre, mujer mujer, aduciendo razones de conciencia.

Honestamente creo que es pura paja lo de “su conciencia”, en esta materia. Pero aceptemos que así podría ser, porque son muy religiosos y desde sus valores religiosos no están de acuerdo con ello. O porque son muy “moralistas” y creen que el matrimonio válido es únicamente el que se realiza entre hombre y mujer y nada más.

Lo único que estos Notarios pierden en ese acto, de negarse a realizar un matrimonio de dos personas del mismo sexo, es la pérdida del cobro de sus Honorarios Profesiones por el trabajo que se les solicita de hacer una escritura matrimonial. Lo que pierden además del cobro de sus Honorarios de la Escritura del Matrimonio Civil que se le solicita, es la pérdida de potenciales clientes, no solo para asuntos de familia, sino para otros asuntos como suele suceder cuando se tienen abogados de referencia personal o familiar a quien acudir. Negarse a hacer matrimonios civiles de personas del mismo sexo es negarse a recibir a esas parejas para otros asuntos que les puedan llevar profesionalmente. Si una pareja rechazada por un Notario para casarlos, como permite la ley, lo que hace es buscar otro Notario para casarse y a ese otro notario le depositarán su confianza futura para otros asuntos jurídicos.

Así como podrá haber Notarios que no quieran realizar estos nuevos matrimonios, aparecerán otros Notarios y Bufetes especializados en “matrimonios civiles del mismo sexo”, con toda una organización empresarial para realizarlos, con toda la pompa, como se realizan en general los matrimonios que pueden pagar sus fiestas y fiestones. Porque en matrimonio hay como sucedía en el pasado, “entierro de rico” y “entierro de pobre”, hay “matrimonios con fiesta” y “matrimonios sin fiesta”.

Hace algunos años a un Ministro de Salud, le oí decir, que en Costa Rica, en su vida, el 10% de la población había tenido alguna experiencia homosexual, desde niño hasta adulto. Supongamos que ese porcentaje siga siendo el mismo, hablamos de medio millón de personas, niños y adultos. Jurídicamente es un conglomerado muy importante para atenderlo, profesionalmente, con la nueva legislación. No es un mercado a despreciar profesionalmente con los réditos económicos que puede significar. Ya la hotelería y gastronomía nacional habían avanzado mucho reconociendo espacios y exigiendo respeto para las parejas del mismo sexo que los visitaran. Esto se va a incrementar…

Obviamente nadie va a ir buscar al Notario que se niega a realizar una escritura matrimonial de personas del mismo sexo si se sabe que hará problemas diciendo «objeción de conciencia».

Si así fuera, con toda honestidad, posiblemente, ese Abogado y Notario, tendría que negarse a dar consejos profesionales y realizar ciertas escrituras frente a actos que él mismo como Notario podría considerar que no se deben hacer, o que él mismo no está de acuerdo en que se realicen.

En Derecho Penal enseñaban que había que defender al criminal como culpable si fuera del caso. En materia de matrimonios civiles del mismo sexo no hay criminales, ni marginados sociales, ni delincuentes de ningún signo, ni enfermos mentales. Hay personas que acuden a la formalidad de la figura legal del matrimonio civil para realizarse en igualdad de condiciones, como todos los ciudadanos, en su derecho al reconocimiento de su matrimonio, de su vida en pareja, de su amor públicamente manifiesto, sin discriminación alguna. La ley es la Ley y se debe respetar y acatar aunque no nos parezca.

Si hubiera solo oficinas de Notariado Público, como sucede en algunos países, donde solo unos pocos funcionarios ejercen como Notarios de Estado, ningún Notario de estas Oficinas podría negarse al acto notarial que por ley, y en concordancia con la ley, se le solicita su gestión de matrimonio. Estaría obligado a aplicar la Ley, en afirmación al Derecho que le asiste a quien así lo solicite. Igual es para los Jueces de Familia, están obligados a casar, de conformidad con la nueva legislación. Si un Juez de Familia no está de acuerdo en aplicar la Ley lo mejor que puede hacer es renunciar a su puesto.

Lo que Costa Rica ha aprobado y ha hecho regir como nueva legislación no es Derecho Canónigo, es Derecho Civil, es Derecho del Estado, es el Derecho que atiende a todas las personas independientemente de su raza, su credo, su sexo, su posición social, en igualdad de condiciones y de situación.

El Derecho Canónigo lo hace la Iglesia y lo aplica la Iglesia en su jurisdicción y con sus feligreses. El que quiera casarse atendiendo su conciencia y su credo religioso que vaya a la Iglesia Católica, donde los curas están autorizados a realizar matrimonios, como auxiliares del Registro Civil, que para estos efectos son. Los curas no hacen matrimonios civiles, hacen matrimonios católicos, de acuerdo con sus ritos y preceptos, que para que tengan validez deben ser inscritos en el Registro Civil, de lo contrario es como si no se hubieran realizado, excepto para los muy católicos que pueden considerar que ese es el único matrimonio válido para ellos.

Los Notarios que no quieran realizar matrimonios civiles de personas del mismo sexo pueden no hacerlo. Es su privilegio el de rechazar clientes y negocios jurídicos.

Esperemos que no volvamos a la Costa Rica de hace unas décadas, parafraseando la situación, en la cual en las oficinas de Notarios podrían aparecer carteles que digan “Aquí somos Notarios católicos y religiosos y no hacemos matrimonios civiles de personas del mismo sexo”. Y hasta podría sumarse a los Notarios católicos, Notarios de otros credos religiosos con la misma canción. No faltará algún Notario idiota que lo ponga.

 

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La vida es primero

“Porque ¿qué aprovechará al hombre
si ganare todo el mundo, y perdiere su
alma (vida)”.
Jesús de Nazaret

Álvaro Vega Sánchez, sociólogo

El Ministro de Salud, Dr. Daniel Salas, a quien el pueblo costarricense le reconoce estar enfrentando la pandemia del COVID19 con gran sensibilidad humana y profesionalismo, ha dicho de manera contundente que “[…] ninguna transacción comercial, ni economía puede estar por encima de la vida y la salud […]”[1].

De esta manera, recoge y expresa el pensamiento social y humanista en que se fundamenta nuestro Estado Social de Derecho; pensamiento que se nutre de diferentes fuentes, siendo una de ellas la Doctrina Social de la Iglesia Católica que antepone la defensa de la vida, la dignidad humana, a cualquier otro valor o principio. El Estado y el mercado deben estar al servicio de la persona humana y del bien común.

Sí, en las circunstancias actuales, tenemos que apostar decididamente por anteponer el derecho a la vida digna y saludable a los intereses mezquinos y egoístas de sectores que solo ven en la pandemia una oportunidad o un obstáculo para seguir acumulando riqueza. Y siguiendo el mal ejemplo de países como Estados Unidos y Brasil, que hoy puntean los índices de mayor mortalidad por causa de la pandemia del COVID19, anteponen los intereses comerciales y económicos a la vida y la salud de las personas.

Buena parte de los ideólogos de la reactivación económica apuestan a salvar la economía aunque la gente se muera. Parten del principio economicista de que si a la economía le va bien a la gente también. La noticia falsa más consumida y publicitada, por los “vendedores de políticas económicas” (Krugman).

Se trata de un añejo discurso que apela a la promesa de un futuro paradisiaco a cambio de un presente de sacrificios, así como a que la riqueza siempre se desborda y nunca se concentra. Es la versión económica de la religión como “opio del pueblo” –religión de mercado–, es decir, que busca la resignación y sometimiento a los sufrimientos, miserias y explotaciones presentes a cambio de la recompensa en un futuro indeterminado. Como alguien ha dicho, en el largo plazo todos estaremos muertos.

Hoy, estamos ante la encrucijada de optar por la vida digna y justa o dejar que la actual pandemia y tantas otras sigan cobrando vidas. Por ejemplo, las pandemias de la pobreza y del hambre, generadas por un sistema tributario injusto que cobra impuestos a los pobres como ricos y a los ricos como pobres, elevando los niveles de desigualdad y endeudamiento público.

Efectivamente, se trata de enfrentar los desafíos que representan las múltiples pandemias, como bien ha señalado el Papa Francisco: “En los primeros cuatro meses de este año 3 millones 700 mil personas murieron de hambre […] Esta oración de hoy para pedirle al Señor que detenga esta pandemia debe hacernos pensar en las otras pandemias en el mundo. ¡Hay muchas! La pandemia de la guerra, del hambre y otras más”[2].

Según, Julio Berdegué, funcionario de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), 900 millones padecen de hambre en el mundo, y es una enfermedad, a diferencia del COVID19, para la que sí existe “vacuna”. Resulta “espeluznante”, señala Berdegué, que nos hayamos acostumbrado a vivir con una tercera parte de la humanidad en condición de inseguridad alimentaria[3].

En el caso de la población en condición de pobreza, en América Latina se incrementará en 20 millones después de la pandemia; alcanzará la escandalosa suma de 90 millones de pobres. Las proyecciones, para Costa Rica son de más de un 30%, es decir, más de millón y medio de pobres.

En una reciente entrevista radial, en el Programa La Lupa, el presidente de la Cámara Costarricense de la Industria Alimentaria (CACIA), aunque reconocía el valioso aporte en materia de política sanitaria del Ministro de Salud, resentía la falta de iniciativa gubernamental para la reactivación económica[4].

Cabe señalar, al respecto, que, en las condiciones actuales, una buena política sanitaria podría ser también una buena política económica y social. Sin embargo, lo que no se vale es utilizar esta política para continuar apuntalando un sistema económicamente injusto y jurídica y éticamente espurio. O sea, que lo bueno que se hace con una mano se borre con la otra.

No se vale aprovecharse de que la gente esté en casa y utilizar el discurso del miedo para apuntalar el autoritarismo gubernamental y empresarial, lesionando intereses y derechos legítimos de los trabajadores públicos y privados, como ha venido sucediendo, un día sí y otro también, en este país que se precia de ser adalid de la democracia y los derechos humanos, en el concierto de las naciones: “luz en la calle y oscuridad en la casa”.

Un sí a la vida, exige renovar la esperanza en la sensibilidad y el compromiso de un pueblo que, en circunstancias adversas, ha sabido levantar la antorcha de la dignidad para construir su futuro sobre los sólidos cimientos del derecho, la justicia y la paz social. Un tiempo oportuno para la gran tarea de construir con tenacidad el nuevo pacto social post-neoliberal.

[1] https://elperiodicocr.com/ministro-de-salud-ninguna-transaccion-comercial-puede-estar-por-encima-de-la-vida-y-la-salud/

[2] https://www.vaticannews.va/es/papa-francisco/misa-santa-marta/2020-05/santa-marta-papa-francisco-coronavirus-pide-libercion-pandemias.html

[3] https://www.youtube.com/watch?v=hZgjaR_TgoA

[4] https://www.facebook.com/1818672778427731/videos/2952243401563174/

 

Foto: FAO.

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Aprovechar la coyuntura del Covid-19 para impulsar la transformación del agro

German Masís Morales

Este lunes el Presidente de la República y el Ministro de Agricultura y Ganadería han efectuado la apertura de la primera rueda virtual de negocios que se realiza por medio de la plataforma La Finca Agropecuaria, herramienta impulsada por el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), donde más de 2.000 productores y 50 compradores han de acercado la oferta de bienes de origen agrícola, pecuario, pesquero y acuícola, a la demanda de las agroindustrias nacionales.

“Esta es la forma cómo la institucionalidad responde para apoyar a los productores en el escenario que nos impone la pandemia por COVID-19. Estas oportunidades son muy valiosas, porque no se trata solo de vender hoy, sino de alcanzar alianzas que nos permitan una relación fortalecida y un mejor conocimiento entre la producción agrícola primaria y la agroindustria para negocios futuros”, declaró el Ministro.

En tanto, el Presidente reafirmó el compromiso de su gobierno de apoyar a los productores al máximo, para lo cual “estamos trabajando duro en mejores condiciones de créditos, acceso a la tecnología y al valor agregado para llegar a mejores mercados”. (ElPaísCr,1-6-2020)

Ante estas manifestaciones de las autoridades del Gobierno actual, nos preguntamos si estas acciones introducen cambios importantes en la producción y en el comercio agropecuario y si se está aprovechando la coyuntura de la pandemia del covid-19 para impulsar una transformación de la actividad agrícola y agroindustrial, de los sistemas de producción o de la participación de los distintos sectores involucrados en dicha actividad, pero la respuesta es que no.

La política sectorial agrícola sigue enfatizando en el crecimiento de la producción, en el mejoramiento de la productividad, en el aumento de la agroexportación y en la adopción de nuevas tecnologías. El monocultivo de exportación en manos de grandes empresas por su aporte a la generación de divisas, sigue siendo el eje del modelo agropecuario nacional.

Por el contrario, una política agraria alternativa, debiera estar dirigida a superar los efectos de las políticas macroeconómicas de liberalización económica y apertura comercial aplicadas en los últimos 35 años, las cuales han afectado seriamente las condiciones de la micro y pequeña producción agrícola y agroindustrial, ha empobrecido a la población rural, ha priorizado en la importación agroalimentaria y ha profundizado el monocultivo de exportación.

Esta política agraria alternativa deberá estar centrada en la promoción de una agricultura más sostenible, en el apoyo a la innovación a partir de los recursos de la finca, en el fortalecimiento de la pequeña producción agrícola y la microempresa agroindustrial familiar, en el impulso de sistemas de comercio de mayor vinculación entre productores y consumidores y en el acceso a una oferta de productos más sanos, saludables y con identidad territorial.

Esta política agraria deberá estar dirigida claramente al mejoramiento de la producción agrícola y agroindustrial para el mercado interno y debe incluir acciones sobre innovación tecnológica, gestión de servicios agrícolas locales, comercialización justa e incluyente, financiamiento alternativo, sistema de riesgo agrícola, desarrollo agroindustrial rural y apoyo a la seguridad y soberanía alimentaria.

El eje central de la propuesta de política agraria alternativa, es el mejoramiento de los procesos productivos y comerciales para el mercado interno, mediante la reactivación de los servicios que ofrece la institucionalidad pública del sector agropecuario con la participación proactiva de los diferentes actores: campesinos, pequeños productores, cooperativas agrícolas, centros agrícolas cantonales y microempresas agroindustriales y agroturísticas.

Los propósitos de la misma serían:

Contribuir a cambiar las políticas agropecuarias y rurales para que respondan a las necesidades del pequeño agricultor, el microempresario agroindustrial y la población de las comunidades rurales

Impulsar una transformación de la actividad agropecuaria nacional, hacia una más sostenible e incluyente, mediante una innovación apropiada y creativa generadora de buenas prácticas y menos dependiente de recursos externos.

Apoyar decididamente la producción agroalimentaria para el mercado interno, que garantice el abastecimiento continuo de productos sanos y de calidad, la ejecución de mecanismos de comercio directo y justo y que favorezca la apropiación de recursos por parte de los productores.

Entre las acciones estratégicas para el cambio estarían:

1.Promover la innovación y el desarrollo de tecnologías sostenibles
2.Mejorar la gestión de servicios de apoyo agropecuario y rural que ofrece el Estado
3.Adecuar y dinamizar el sistema de comercialización de productos agrícolas para el mercado interno
4.Democratizar efectivamente el acceso al crédito de la pequeña producción y la microempresa
5.Establecer un sistema de seguros y de cobertura del riesgo de la producción agrícola
6.Fomentar el desarrollo de la agroindustria rural y del valor agregado de las actividades agropecuarias
7.Apoyar la aplicación de una ley marco de Seguridad y Soberanía Alimentaria y Nutricional

Una política agraria alternativa debe responder a la necesidad histórica de la transformación productiva del agro costarricense, que sea sostenible, equitativa e incluyente y que incorpore el otro eje del desarrollo hasta ahora abandonado, como es la producción para el mercado interno, la cual garantiza la producción de alimentos, el empleo de la población rural, la conservación de la biodiversidad y el arraigo de la población en las comunidades rurales.

Las acciones actuales dirigidas a promover el comercio virtual de productos, el plan anunciado para apoyar la producción de granos básicos y la recomendación del Ministro de Agricultura para que se consuman los productos que el país produce, no vendrán a resolver los problemas estructurales de la producción y el comercio agroalimentario del país. Por lo que no se vislumbran grandes cambios en la realidad de la agricultura costarricense luego de la pandemia.

¿Será capaz nuestra juventud?

Desde un adulto mayor…

Marlin Óscar Ávila Henríquez

Nuestra juventud (18-30 años de edad) nació después de la caída del muro de Berlín y la destrucción de la Unión Soviética.

Nació en la primera fase de iniciarse la consolidación del capitalismo salvaje y la globalización del sistema de libre mercado, con la fuerza ideológica del neoliberalismo, como evolución del liberalismo clásico de los siglos XVIII y XIX, promovido y financiado por los organismos multilaterales regionales y universales.

Aunque las primeras prácticas neoliberales se facilitaron con la dictadura pinochetista, de Chile, a partir de 1974, se inició su instalación ya como sistema, en los ochentas del siglo pasado, 10 años antes de nacer el primer joven, quien ahora, el año del Covid-19, está cumpliendo 30.

Cuando se inició el desmontaje de todo pensamiento sobre estado de bienestar para sustituirlo por la supremacía del individualismo y de reducción del estado, el predominio del individuo sobre lo comunitario y lo colectivo. Estas nuevas generaciones no vivieron y muchos no se enteraron, incluidos quienes ahora están en los 40s, ni por lectura, que sus padres y abuelos habían logrado un buen nivel de vida, con educación, salud, vivienda y, demás servicios públicos de calidad, gracias al Estado de Bienestar que, como sistema predominó después de la segunda guerra mundial, promovido desde Washington.

En nuestra latinoamericana, fue en Costa Rica donde más desarrollo hubo con don José Figueres Ferrer (don Pepe) a la cabeza, en la segunda mitad del decenio de los cuarenta, hasta 1974, pero sostenido hasta inicios del presente siglo, con fuertes luchas del pueblo contra la oligarquía criolla sustentada por las grandes corporaciones y bancos internacionales, que buscan siempre la acumulación de capitales en pocas familias, dejando una secuela de pobreza y miseria en las grandes mayorías.

Las teorías y las prácticas exitosas de más de 50 años después de la segunda Guerra mundial, eventualmente, sufrieron una campaña atroz de desprestigio montado a través de los medios en poder de las corporaciones y oligarquías internacionales, endemoniándolas, hasta hacer que las nuevas generaciones crean en tales propagandas, sin siquiera saber diferenciar científicamente sus aciertos y desaciertos.

Es lamentable escuchar a jóvenes (algunos con poco más de 40) con educación superior condenando, de primas a primera, cualquier propuesta de políticas sociales en beneficio colectivo y mucho menos, aceptar una expresión de organización de trabajadores y sus derechos de participación en su propio destino. Su mismo bienestar y seguridad (de esta juventud) ahora con la pandemia, se debe en gran parte, a las políticas social demócratas impuestas en el pasado.

Pero su orgullo gratuito juvenil se infla utilizando palabras «modernas», después de haber sacado de su léxico otras expresiones que les enseñaron que son condenables, entre ellas está cooperativismo, solidaridad, reivindicación, sindicalismo, compañerismo, comunidad y comunitario, intervención del Estado, y otras. En cambio, repiten sin cesar: “emprendedurismo”, privatización, cogestión, austeridad, libre mercado, flexibilización y otros términos propios del neoliberalismo, aunque muchas veces no saben de adonde se originan.

Este cambio de paradigma institucionalizado en toda nuestra sociedad está introducido en los tres poderes del Estado, pero más en los empresarios. Nuestr@s legislador@s salen constantemente a lucir sus «nuevos» conocimientos sobre política del Estado, expresando, como el viernes 29, su preocupación porque un nuevo jerarca del Ejecutivo no se dirija por los dictados neoliberales, y se reúse a reducir el tamaño del Estado, incluso, vendiendo parte de los bienes públicos. Jóvenes, con la cabeza caliente, desarrollados en un ambiente conquistado con la lucha de la clase trabajadora, jóvenes con estudios y salubridad construida por las generaciones pasadas, que su mezquindad y soberbia, no les permite reconocer, ni siquiera agradecer, puesto que son las conquistas del pasado, los sacrificios de sus padres y abuelos, y el sistema predominante les enseñó a no ver el pasado. Sin embargo, están list@s a «vender» al exterior la buena imagen de democracia existente, pero que esta generación novata, podría destruir en una sola legislación, tal como lo ha venido haciendo con leyes antidemocráticas.

Desde luego, comprendemos que estas últimas generaciones han sido presas del sistema neoliberal. Ese sistema actualmente en crisis económica, desde hace varios años y ahora, con un quebrantamiento sanitario global sin precedentes.

Después de la segunda guerra mundial hubo que encontrar un nuevo paradigma al liberalismo clásico. Ahora, nos preguntamos, sí nuestra juventud, particularmente la gobernante, tiene capacidad para encontrar un nuevo paradigma, o piensa seguir en ese mundo ya obsoleto, fracasado y dañino para nuestra ciudadanía y nación, como lo es el neoliberalismo.

Será mucho más desastroso saber que formamos y construimos un mundo, destruido posteriormente por nuestros propios hijos e hijas, porque no les transmitimos lo esencial de la vida, muy lejos del individualismo y del mercado materialista, como es el calor humano, la equidad y solidaridad social. Para qué vamos a querer conquistar el espacio de las estrellas, si no logramos construir un hogar de hermandad, paz y fraternidad en nuestra tierra.

Lo que más nos satisficiera es, que nuestra juventud en cargos pasajeros de poder, nos demostrara lo equivocado que pudiéramos estar con estas ideas y creer que nuestros nietos podrían gozar de seguridad social, equidad y bienestar social, como esa actual juventud que pronto dejará de serlo.

Clases virtuales de teatro

Teatro La Cambusina comunica:

Clase introductoria gratuita este miércoles 3 de junio de 8pm a 9pm.

Inscripción al 859330384

Costo 10.000 colones, 4 sesiones al mes.

Este miércoles 3 de junio a las 8 pm se inicia con una primera clase gratuita. A las personas interesadas y que se comuniquen mediante el número 859330384 se le enviará el enlace para la clase virtual. Es un taller para personas adultas.

Luego de esa clase quienes tengan interés en el taller hacen el depósito por Sinpe al 859330384. 10 mil colones por persona.

El taller consiste en 4 sesiones de 2 horas. PARA PRINCIPIANTES. El objetivo es acercarles a la magia del teatro y explica nuestro proceso en la creación de un personaje.

Con la rodilla en el cuello

Carlos Campos Rojas

Así murió George Floyd, sin aliento, a manos de un policía en Estados Unidos, que por nueve minutos tuvo en sus manos la decisión de la vida o la muerte. La brutalidad y el desprecio de quienes se asumen dueños absolutos del país y pretenden serlo del mundo, apoyados en esquemas y estructuras represivas, encuentran una reacción social inesperada en estos momentos de “pandemia” y de distanciamiento social.

La ciudadanía de nuestro país está igual que George Floyd antes de morir: con la rodilla en el cuello y gritando que no tiene ya aliento. En EEUU la chispa fue el racismo, en nuestro país que no es ajeno, será lo menos pensado. La acción institucional y gubernamental ve con desidia y con la distancia de la tenue burbuja desde donde presumen gobernar, a quienes no solo producimos la riqueza nacional, sino que hacemos ingentes esfuerzos para mantener la paz de que nos ufanamos.

CNN, el dios de pies de barro y emblema transnacional de la comunicación y el control mediático, no pudo contener ni con apoyo de antimotines bien adiestrados, la ira reprimida de una población que se cansó de ser desestimada.

Quienes ostentan el control mediático de la prensa nacional, deben entender que, aunque la mentira puede correr años, la verdad la alcanza en un día. Aunque luchen por arrancarnos nuestra historia y traten de dejarnos sin raíces, los hechos son irrefutables, el periódico La Información dio cuenta de ello por servir a una tiranía. Hoy pueden vestirse con ropa ajena y ponerse otro nombre, pero como dice nuestro pueblo, mona se queda.

La torpeza política demostrada hasta ahora, para que nuestro país pueda encontrarse y construir un nuevo pacto social mediante un diálogo respetuoso, sin exclusiones y con la disposición de escucharnos, solo ha propiciado que se profundice calladamente, la fractura social estructural a que se sometió nuestro país, provocada en la gestión asaz arrogante de sus pretensiones ajenas al interés ciudadano.

El país pierde, todos perdemos. Gana la mafia política, la corrupción, la impunidad, el autoritarismo.

La “pandemia” pudo haber dado a quienes usurparon el poder de la ciudadanía, un respiro para maniobrar transitoriamente en la escalada social y política que se desarrollaba en el mundo y desde luego también en nuestro país, pretendiendo con eso desentenderse de la ira social contenida, pero fracasa a cada paso.

Lo que pasa en EEUU y que se replica en Europa, así como en Brasil, países más castigados por la “pandemia”, enfrenta el miedo institucional que se pretendía establecer para aislar las personas y evitar el encuentro social, justificado en que era la opción a la vida, contra una ciudadanía amarilla, negra, blanca, mestiza, latina, que se da la mano y sale en masa a enfrentar a los gobiernos, convocados por esa ira contenida, contra un sistema que su característica ha sido la desigualdad, la represión brutal y la muerte.

Costa Rica puede hacer la diferencia, a pesar de ser el país más desigual de América, según la CEPAL. Tiene en la ciudadanía una retaguardia moral para construir una propuesta nacional sustentada en un nuevo pacto social, pero debe salir a la luz, una actitud gubernamental que no tenga miedo a los disensos, pues solo así se construyen sólidos consensos.

1 de junio de 2020