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Naturalistas idos en mayo

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Luko Hilje Q.

Desde que Cristóbal Colón descubrió el Nuevo Mundo, éste se convirtió en un provocador tesoro que tentaba a los naturalistas ávidos de selvas colmadas de flora y fauna insólitas. Dos de estos exploradores llegarían hasta nuestras costas, según lo ha documentado en detalle por el Dr, Jorge León, ilustre botánico. El cronista español Gonzalo Fernández de Oviedo estuvo en 1519 en la península de Burica y en Nicoya y, tan lento era todo, que habría que esperar más de dos siglos y medio para que apareciera el segundo, el botánico mexicano Mariano Mociño. Éste, junto con el dibujante Vicente de la Cerda, formaron parte de la Real Expedición Botánica de Nueva España, por ahí de 1797, y viajarían desde Puntarenas hasta Cartago.

En ambos casos, sus exploraciones estuvieron vinculadas con las necesidades económicas y políticas de la Corona Española. Esto se mantendría como una constante histórica, pues los que les sucederían, tanto aquí como en el resto de América —salvo la dupla Alexander von Humboldt y Aimé Bonpland, que autofinanciaron su periplo por largos cinco años— lo hicieron como parte de expediciones promovidas por los afanes expansionistas de las potencias que representaban. A este rasgo se sumó el hecho de que todos eran itinerantes, por lo que permanecieron en nuestro país por períodos cortos, de pocas semanas o meses.

Aunque, tras la breve estadía de Mociño, habría que esperar medio siglo para que otros dos naturalistas arribaran a nuestro país —el botánico danés Anders Sandoe Oersted en 1846 y el jardinero polaco Josef von Warscewicz en 1848—, menos de un decenio después de esto la situación cambiaría. A inicios de 1854, tras un penoso viaje desde Berlín en el bergantín Antoinette, sumado a una accidentada travesía de dos semanas por la ruta montañosa de Sarapiquí desde Greytown o San Juan del Norte, llegaban por cuenta propia a la capital los alemanes Karl Hoffmann, Alexander von Frantzius y Julián Carmiol.

Por fortuna, los tres se establecerían en el país. Médicos los dos primeros, ejercerían su profesión para vivir y ambos participarían en diferentes episodios de la Campaña Nacional de 1856-1857 contra los invasores filibusteros encabezados por William Walker, al punto de que Hoffmann sería nombrado Cirujano Mayor del Ejército Expedicionario, cumpliendo labores muy destacadas durante la batalla de Rivas y la epidemia del cólera que surgiera tras ésta en nuestro territorio.

De hecho, como naturalistas residentes, los tres fueron los primeros en estudiar nuestra fauna que, con la ayuda de taxónomos especialistas en el exterior, pudo ser debidamente identificada y catalogada. De ello resultaron descritas numerosas especies nuevas para la ciencia y, como reconocimiento a su labor, varias fueron bautizadas con sus nombres.

Contemporáneo y amigo de ellos, el inglés Enrique Twight —director de la Oficina de Telégrafos, traductor oficial del Estado— se casaría con Manuelita Dengo; uno de los padrinos fue von Frantzius. De su hija Carlota nacería su único nieto, Clodomiro Picado Twight quien, formado como biólogo en Francia, no solo fue nuestro primer naturalista experimentador, sino que también realizó una labor científica sin parangón en nuestra historia, además de una fecunda labor cívica.

Para retornar a los tres alemanes llegados a mediados del siglo XIX, el grupo animal sobre el cual hicieron aportes comunes, con el apoyo de los taxónomos Jean Louis Cabanis en Berlín y George N. Lawrence en los EE.UU., correspondió a las aves.

Y de tan rico conocimiento se habría de nutrir un acucioso muchacho estadounidense quien, tras realizar su tesis de doctorado en Costa Rica, desde 1941 decidió instalarse en una finca boscosa que compró en el bello poblado de Quizarrá de Pérez Zeledón, la cual denominó Los Cusingos, que es el nombre local del tucán Pteroglossus frantzii, bautizado en honor de von Frantzius, curiosamente. Desde allí, en las casi 100 hectáreas de su finca, el joven Alexander Skutch profundizaría en el conocimiento de la historia natural de nuestras aves, a la vez que emprendería un inusitado esfuerzo de meditación y pensamiento, plasmado en sus muy numerosas y originales obras filosóficas.

Pero, ¿qué une a Hoffmann, Picado y Skutch, aparte de su interés en el estudio de la naturaleza? Quizás, de manera fortuita, el hecho de que —aunque muy distantes en el tiempo— los tres murieran con pocos días de diferencia, el 11, el 16 y el 12 de mayo (de 1859, 1944 y 2004), respectivamente, pero, más importante, por supuesto, su vocación humanista o humanitaria, que les permitiría dejar una profunda impronta en nuestra vida ciudadana. De hecho, los tres supieron, cada uno a su manera, trascender su campo científico o disciplinario para proyectarse y actuar como notables pensadores y auténticos ciudadanos, ya fuera en lo cívico o en el campo de la conservación ambiental.

Puesto que sería extenso describir sus aportes aquí, recomendamos a los lectores consultar el libro Alexander Skutch: la voz de la naturaleza, de Carlos Luis Abarca, así como nuestra obra Karl Hoffmann: naturalista, médico y héroe nacional. Ambos son los dos primeros textos de la Serie Naturalistas Pioneros, publicada por el Instituto Nacional de Biodiversidad (INBio); eventualmente se espera publicar una biografía de Picado, aunque existe Vida y obra del Dr. Clodomiro Picado, del Dr. Manuel Picado Chacón.

Pero cabe resaltar que, además de su vocación humanista, los tres mostraron una inusitada habilidad literaria, evidente en la prosa descriptiva de sus excursiones y vivencias como naturalistas. Si bien Skutch tuvo la inmensa fortuna de vivir en total lucidez aún una semana antes de alcanzar su centenario, Picado murió relativamente joven —de 57 años— y Hoffmann aún más joven, con apenas 36 años, con lo que se malogró la gran oportunidad de convertirse en el primer cronista de nuestra naturaleza; von Frantzius nos legaría extraordinarios textos, pero con menos de botánica y más de etnografía y geografía.

Tras sus ricas travesías vitales, hoy los restos de Skutch reposan al lado del cuarto que fuera su estudio en Los Cusingos, mientras que —por pura coincidencia—, los de Hoffmann y Picado están separados por apenas cinco tumbas en el Cementerio General, en San José. Vidas con algunas coincidencias y paralelismos, fueron esencialmente ejemplares, por ser ellos modelos de científicos y de ciudadanos, cuyo legado y recuerdo nos siguen alentando en nuestra lucha por la conservación de la naturaleza, así como por la preservación de los más altos valores de la especie humana.

Por eso, con profundo respeto y veneración los evocamos en este mayo tan emblemático de nuestros trópicos, cuando los insistentes cantos de los yigüirros anuncian torrenciales lluvias, reafirmando así la infalibilidad de los ciclos de la naturaleza, pródiga y maravillosa. Cuando, grávidos los ríos y rezumante de humedad el suelo, intuimos y sabemos que es tiempo de rebrotes y semillas, de hermosa e íntima renovación, porque, incesante y portentosa, la vida continúa.

Biografía-Alexander-SkutchDescarga
Biografía-Karl-HoffmannDescarga

Foto de cabecera: Alexander Skutch

Compartido con SURCOS por el autor. Publicado también en Informa-tico No. 99, 15-V-06

Vea también del mismo autor: Clorito Picado como modelo de vida. En SURCOS: https://wp.me/p6rfbZ-bmQ

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Cuál choque de trenes ni que carajo…

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Carlos Meneses Reyes

INTRODUCCIÓN. Corresponde aclarar que la Corte Constitucional de Colombia, en fallo normal de ajuste del ordenamiento jurídico interno, ha reconocido la obligatoriedad de Colombia, como Estado Parte, en el concierto internacional, de garantizar la segunda instancia a todo quien haya sido condenado en única instancia, así sea funcionario aforado.

Andrés Felipe Arias Leyva, fungió como Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural en 2005, durante el primer mandato del narcoparamilitarismo en Colombia. Durante su gestión estuvo salpicado en el escándalo de la hacienda Carimagua, de 17.000 hectáreas, propiedad de la nación, ubicada en el municipio colombiano del Departamento del Meta, en Puerto Gaitán, una de las regiones petroleras por excelencia y escenario del paramilitarismo, como política oficial contra insurgente que aplica el ejército colombiano. Hizo los trámites para que el predio fuera entregado a los latifundistas y ante el escándalo suscitado reculó. Por no tratarse de un gobierno popular, los predios se destinaron a la explotación de la producción de bio combustibles, sembrando Palma africana y maíz con capital lavado del narcoparamilitarismo; la asistencia internacional y bajo el ropaje de legalidad de la estatal Ecopetrol. Los campesinos fueron despojados de sus tierras en Carimagua, condenados a ser peones o apareceros de uno que otro patrón. Una grosera copia del modelo malayo de exportar lo agrícola e importar alimentos agrícolas.

En otro descalabro del exministro Arias, el cual le costó su libertad, aplicó el programa Agro Ingreso Seguro (AIS). Su gestión buscó consolidar la producción de biocombustibles en Colombia para auto abastecer al país a base de caña de azúcar y palma africana. Esto con relación a la crisis alimentaria mundial (2007-2008) y al debate que generó la destinación de alimentos para abastecer la demanda por combustibles más baratos. Hacia la extranjerización de la tierra y la consolidación de la gran plantación habría favorecido a acaudaladas familias del Magdalena y del Valle del Cauca.

Agro Ingreso Seguro (AIS) fue una línea de crédito FINAGRO- Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario – o del gobierno colombiano, para entregar préstamos con bajas tasas de interés con destino a desarrollos agropecuarios, a agricultores colombianos, víctimas de despojos y de la violencia paramilitar substituido por Desarrollo Rural con Equidad (DRE).

Estalló un escándalo por corrupción alrededor de AIS, siendo beneficiadas, en la práctica, con donaciones oficiales, familias de latifundistas como los Vives Lacoture, Lacoture Dangond y Lacoture Pinedo, Davilo Jiménez, (subsidios de $2.200.000.000 de pesos colombianos) hasta la reina de belleza, Valerie Domínguez Tares. Todas familias de amplia trayectoria política en el Caribe Colombiano. En el Valle del Cauca, María Mercedes Sardi de Holguín, prima del exministro del interior Carlos Holguín Sardi recibió más de 200 millones de pesos por el mismo concepto. Que la mayoría de los beneficiados fueron aportantes a la campaña de reelección del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Fue tal el festín que los titulares segregaron las tierras a nombre de familiares, para así obtener mayores montos de subsidios. Tal desfalco, en su equivalente en cientos de millones de dólares, no fueron recuperados por el erario público. Todos los hechos de corrupción ocurridos durante el programa Agro Ingreso Seguro (AIS) conllevaron a que el 03 de julio de 2014 la Corte Suprema de Justicia lo halló culpable por los delitos de celebración de contratos sin cumplimiento de los requisitos legales y peculado a favor de terceros, por lo cual se le condenó a 17 años y 4 meses de prisión.

LO DECIDIDO POR LA CORTE CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA

Habíamos anticipado que procedería la Tutela interpuesta por Uribito alegando-como condenado y por el régimen de aforado- que tenía derecho a impugnar la sentencia en su contra, por ser de única instancia y no haberle concedido el derecho universal de la doble instancia o “doble conformidad” acorde a la expresión técnico-jurídica. Lo sucedido no es un triunfo para la “democracia” en Colombia, en donde no existe tal, en tanto se imponga la actual legislación electoral, corrupta, clientelista y de casino, que permite que un sub presidente- que no es mi presidente- permanezca, con avalada legalidad, pese al fraude de la ÑEÑE política. Pero Sí es un triunfo para el Estado de Derecho, en Colombia.

Al darse el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) del 30 de enero de 2014, condenando al Estado de Surinam a conceder la revisión de sentencia condenatoria de un ciudadano que había sido condenado en única instancia, corresponde a todos los Estados Asociados acogerse a ese efecto, que en en el caso colombiano se dio con el Acto Legislativo 01 de 2018, por medio del cual se modifican los artículos 186, 234 y 235 de la Constitución Política y se implementa el derecho a la doble instancia y a impugnar la primera sentencia condenatoria. Ese, ni lo actual, constituye un logro de la secta o partido político centro democrático (CD). El Innombrable, en su ego idolatra, utilizó la dictadura mediática para que la llamaran en cita a su pupilo “y buen” muchacho “la ley Arias” y así la tramitó, con parafernalia publicitaria, el Congreso, con mayoría de derecha narco paramilitar.

El artículo 3° de ese Acto Legislativo, modificó el artículo 235 de la Constitución Política de 1991 (CP91) el cual quedará así: “.5. Juzgar, a través de la Sala Especial de Primera Instancia, de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, previa acusación del Fiscal General de la Nación, del Vicefiscal General de la Nación, o de sus delegados de la Unidad de Fiscalías ante la Corte Suprema de Justicia, al Vicepresidente de la República, a los Ministros del Despacho, al Procurador General, al Defensor del Pueblo, a los Agentes del Ministerio Público ante la Corte, ante el Consejo de Estado y ante los Tribunales, Directores de los Departamentos Administrativos, al Contralor General de la República, a los Embajadores y Jefe de Misión Diplomática o Consular, a los Gobernadores, a los Magistrados de Tribunales y a los Generales y Almirantes de la Fuerza Pública, por los hechos punibles que se les imputen.  6. Resolver, a través de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, los recursos de apelación que se interpongan contra las decisiones proferidas por la Sala Especial de Primera Instancia de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia”.

La suerte del Uribito está echada desde que huyó a USA y fue extraditado, a pagar la condena en Colombia. Al interponer la Tutela, pidieron medida de excarcelar y no les prosperó. ¡Aja!, prueba que no la pedirán en el alegato de la doble conformidad, por que como sede de instancia la Corte Suprema puede decidir que no continué pagando la pena en un casino de oficiales milicos, sino en La Picota, como corresponde. Pidieron que la segunda instancia-en forma personalizada y prepago- se cumpliera ante un Tribunal Especial y la Corte Constitucional no les otorgó tal abuso y exabrupto jurídico.

La Corte Suprema de Justicia de Colombia falló conforme a derecho y en sustento a las pruebas. Si es sólida y los nuevos magistrados en Sala Penal-que son diferentes- no se tuercen ante el dios mercado y dinero, pues obvio que la sentencia condenatoria se confirma. Si no resulta, pues queda la instancia de la Justicia Popular en Colombia. Desde ya aclaro, que no se trata de la Justicia Insurgente, puesto que a este actor político le importa un bledo la suerte moral del Establecimiento constitucional que por principio rebelde ataca y busca destruir. Déjese de pensar en justicialismos guerrilleros. Si fuera así hubieran aplicado el “ojo por ojo” ante el genocidio de la Unión Patriótica (UP) y ante el actual del asesinato selectivo y sistemático de líderes y lideresas sociales.

Corolario de lo anterior: 1. La aplicación de la doble conformidad, reitera el valor del Derecho Internacional y el acatamiento de lo dispuesto en sus actos e instancias; por lo cual coloca al régimen del sub presidente actual a la ineludible exigencia de otra conducta, respecto a respetar los Protocolos, asentados en Ginebra, de garantías para que la Delegación del Ejército de Liberación Nacional de Colombia (ELN) pueda regresar al país y se respete la soberanía de la gloriosa Cuba Libertaria. 2. Cese la conducta de perjurio contra el ELN, contra Cuba y consecuencia diplomática con los países garantes y acompañantes (Noruega, Venezuela, etc.); en la búsqueda del fin del conflicto armado en Colombia. 3. Se defina la competencia de la Corte Penal Internacional (CPI) respecto a los delitos radicados contra el Innombrable.4. Cuéntese como un golpe político al Innombrable y su aspiración fascista a la creación de una Sola Corte en Colombia.

 

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Personas jubiladas plantean recurso de amparo

Escrito en . Publicado en Análisis, Derechos.

Comunicado de prensa

“Ley 9796 es defectuosa, contradictoria y regresiva”

Un grupo de más de 190 jubilados y jubiladas plantearon un recurso de amparo ante la Sala Constitucional contra la Ley 9796, dado que dicha legislación es una amenaza al marco jurídico nacional, al Estado Social de Derecho*, contiene graves errores, contradicciones internas y la aberración de pretender rebajar más a las pensiones más bajas.

De acuerdo con las y los jubilados, la Ley para rediseñar y redistribuir los recursos de la contribución especial solidaria N° 9796, es regresiva porque basta aplicar una fórmula para darse cuenta que las personas más afectadas son quienes reciben pensiones brutas (aún sin rebajos de ley) más bajas –menores a ¢5 millones—Esto sucede porque esta ley plantea una tabla de rebajos que en lugar de propiciar progresividad, subiendo la cotización conforme aumenta la pensión, hace lo contrario, y así, terminan contribuyendo más las pensiones más bajas.

Además, esta ley genera superposición de rebajos, cuando se trata de pensiones entre ¢2,2 y 4 millones. La razón de este grave error es porque al modificar el artículo 71 de la ley 2248, se traslapa con el artículo 70, que establece un porcentaje escalonado de cotización al régimen.

De acuerdo con el economista Francisco Esquivel, uno de los firmantes, “estas situaciones se dan, en parte, porque el proyecto no tuvo un estudio actuarial, tal como exige la ley. Tampoco se aplicó un test de impacto para saber cómo afectaría la ley a cada una de las pensiones. El resultado fue una ley con errores graves que afectan desproporcionadamente a las pensiones menores a 4 millones. La Comisión de Asuntos Sociales solo contó con un cálculo –remitido por la Superintendencia de Pensiones en setiembre de 2019–, de lo que sería el gasto en pensiones por parte del Régimen Transitorio de Reparto y de las pensiones otorgadas por la Dirección Nacional de Pensiones. Y eso es absolutamente insuficiente para tomar una decisión tan importante como la modificación de miles de pensiones”.

Por otra parte, el historiador José Salas, otro firmante del recurso, mencionó que “contrario a lo que se ha dicho hartamente por parte de medios y políticos costarricenses, nosotros sí aportamos a nuestra pensión, no solo cuando estábamos activos (entre 10-16% de nuestro salario, hasta cuatro veces más que los del IVM), sino que seguimos aportando como pensionados en una proporción mayor”. El RTR a diferencia de otros regímenes continúan rebajando cotizaciones a la pensión.

Además, según expresaron, lejos de ser un grupo de pensionados de lujo como falazmente se les llama con fines políticos, más del 80% de los jubilados de este régimen recibe una pensión bruta menor a ¢1,500.000, menos que el tope establecido por el IVM de la CCSS. Solo 0,41% de los 43,500 pensionados de ese régimen reciben una pensión bruta (sin tener los rebajos aún) mayor a 6 millones (datos de JUPEMA, 2019).

Para este grupo, el carácter discriminatorio de esta ley, que se aplica solo a un grupo de contribuyentes, resulta violatorio de un estado de derecho social como se dice del costarricense, e irrespeta la Constitución Política (artículo 34 – A ninguna ley se le dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna, o de sus derechos patrimoniales adquiridos o de situaciones jurídicas consolidadas).

Las personas jubiladas firmantes esperan que la Sala Constitucional analice las consecuencias de dar curso a una ley que plantea tales defectos, descuidos y contradicciones, y por ende, atenta contra el bienestar de numerosas familias costarricenses, que lejos de “enriquecerse”, como dice el Presidente de la República, viven con pensiones menores a la de la Caja, lo cual está muy lejos de ser enriquecimiento.

* Organización estatal basada en el respeto en las normas jurídicas establecidas, y el respeto por las personas de la sociedad.

Para mayor información comunicarse con los pensionados José Antonio Salas, tel. 8810-0104 o Jorge García 8380-0799.

Acerca del Régimen Transitorio de Reparto (RTR)

En 1958 se promulgó la Ley 2248, Ley de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional, que unificó las pensiones de la educación. El régimen era tripartito, con cargo al fondo de pensión que se creara al efecto, y sus trabajadores, aún pensionados, seguirían cotizando al seguro de enfermedad y maternidad de la CCSS. El Estado no creó el fondo con su parte –patrono y Estado—pero sí recogía las cuotas de los trabajadores, y ese dinero se destinó a gasto corriente. Luego se dan cambios en el sistema –los más importantes de 1991 y el de 1995 con la ley 7531–. Este última dividió el régimen en el Régimen de Capitalización Colectiva (RCC) administrado por JUPEMA y el Régimen Transitorio de Reparto, que se acaba con el último pensionado que ingresara a trabajar antes de 1992 (esto lo hace cerrado, finito, transitorio y sustitutivo del IVM). El RTR se cargó entonces al presupuesto nacional (pues el Estado no creó el fondo que le correspondía –como lo establece incluso el art. 73 de la Constitución Política–y debió hacerse garante hasta el último adscrito o descendiente).

Información enviada a SURCOS por Ricardo Carballo.

Conferencia: Introducción general a la Revolución Francesa

Escrito en . Publicado en Aportes para el desarrollo, Formación.

Este jueves 28 de mayo a la 10 a.m. la Sede Regional del Pacífico de la UCR le invita a la conferencia: «Introducción general a la Revolución Francesa», con el Dr. Yván Pozuelo Andrés de la Universidad Laboral de Gijón IES, España.

La transmisión podrá verla en vivo en YouTube por el canal UCR Sede Regional del Pacífico.

El enlace para ingresar a la transmisión es el siguiente: https://www.youtube.com/channel/UCawTCIm1zjuKQZYf6hlKU1g

 

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¡Los derechos sexuales y reproductivos no esperan! y Espiritualidades en tiempos de crisis – DEI

Escrito en . Publicado en Aportes para el desarrollo, Formación.

Les presentamos varias actividades organizadas por el DEI:

Jueves 28 de mayo a las 5 p. m.
En Facebook Live / Colectiva por el Derecho a Decidir
Dentro del marco del Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres
«Café cómplice virtual» ¡Los derechos sexuales y reproductivos no esperan!
Abordaje socio-teológico feminista
Participan:
Laura Fuentes Belgrave
Silvia Regina de Lima Silva
Invita: Colectiva por el Derecho a Decidir

Viernes 29 de mayo y otras fechas, a las 7 p. m. (Centroamérica)
En Zoom / ID: 386 661 0855 / contraseña 2020 – Espacios gratuitos-
Instagram: @teammisionerospanama
Conversatorio para construir presentes y puentes desde una Espiritualidad Liberadora
«Espiritualidades en tiempos de crisis»

  • Espiritualidad Bíblica / viernes 29 de mayo
  • Comunidades Eclesiales de Base / Domingo 07 de junio
  • Justicia y Paz e Integridad de la Creación / miércoles 17 de junio
  • Justicia Restaurativa / 24 de junio
  • Casa Común con Economía Solidaria y Soberanía Alimentaria / miércoles 01 de julio

Coordina: Eric Obaldía

 

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Costa Rica, dime tu Estado y te diré el estado de tu Covid-19

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

SILVIA ROJAS HERRERA*

Frente a la Pandemia por Covid-19, queda evidencia más claramente cómo se materializa la recesión económica a nivel global, con deterioros sistémicos del mercado y colapsos de los Estados que se consolidaron en función del modelo económico neoliberal. Esos países hoy están enfrentando graves impactos en la salud pública, la vida humana y la atención de los sectores sociales más vulnerabilizados y excluidos del bienestar social. Estos Estados se quiebran, se arrodillan ante la pandemia del Covid-19, y van demostrando cómo el mercado es incapaz de sostener una expansión masiva y descontrolada de la enfermedad, sumando en su camino problemas de ingobernabilidad, desempleo, hambre y muertes.

En Costa Rica la situación pareciera estar en una condición pendulante entre el reiterado llamado a proteger y fortalecer el Estado Social de Derecho mediante el apoyo a la institucionalidad pública y una mayor cobertura poblacional de sus programas sociales y por otro lado, la tendencia al debilitamiento y privatización del Estado como parte de las medidas de pago de la deuda externa que solicita implementar el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM), un deber moral que el gobierno se juega frente al crisis sanitaria y económica a nivel nacional.

A finales de mayo, con la identificación de más de novecientos casos de positivos por Covid-19, son 10 las personas fallecidas y se han procesado más de 20.000 muestras a nivel nacional. No ha quedado duda del papel protagónico de la institucionalidad pública en el control de su propagación, considerando además, lo favorable de ha sido por muchos años invertir en una mayor educación y sensibilidad en la población sobre aspectos vinculados a la salud pública.

Frente a este panorama, el fantasma del Plan Fiscal reaparece constantemente, a pesar de que públicamente se ha dejado de lado la discusión sobre los posibles recortes presupuestarios a diferentes instituciones del Estado y áreas estratégicas como es la educación pública y la salud, condición que se traduce en una amenaza en cualquier momento.

La importancia de fortalecer la institucionalidad pública

Esta crisis de la pandemia por Covid-19 se somete a prueba el Estado Social de Derecho y la efectividad de la institucionalidad pública. El Estado y sus redes solidarias formales e informales construyen alternativas para enfrentarla, se han venido aprobando leyes en el Poder Legislativo con una rapidez y un consenso histórico, como también han firmado decretos desde el Poder Ejecutivo en los que se demuestra qué tan importante es la solidaridad, el control y el fortalecimiento de los servicios esenciales del Estado.

Cobra vital importancia el papel de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), el Instituto Costarricense de Electricidad (ICT), el Instituto de Acueductos y Alcantarillados (AyA), la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE), entre otras, las cuales fueron creadas a partir de los años cuarenta, cincuenta y sesenta, con el fin primordial de promover el bienestar y el servicio del bien común.

Sin embargo, fue a partir de la década de los años 1980, como efecto de la aplicación de los Programas de Ajuste Estructural (PAE I, II y III) y posteriormente las implementaciones de los Tratados de Libre Comercio (TLC), aunado a las medidas de pago de deuda externa en el marco de una política fiscal, cuando se dio inicio con el debilitamiento del Estado, como por ejemplo el sufrido desde el sector agroalimentario.

Es aquí cuando hay una disonancia frente las estrategias para lograr mantener a flote la economía del país durante y después de la pandemia, una intencionalidad económica marcada por favorecer algunos sectores económicos a costa de la institucionalidad pública, por ejemplo, las presiones manifiestas por la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (UCAEP) y el Ministerio de Hacienda.

Sus recomendaciones hacia el Poder Ejecutivo y Legislativo han pretendido cargar sobre la espalda del sector público la responsabilidad del desempleo actual, por ejemplo, proponiendo que este sector aporte el 10% de su salario, como también, se han venido cuestionando los espacios limitados de comercialización de la producción nacional, así como el que se eleve el impuesto sobre el valor añadido (IVA) de una 13% a un 15%.

El Ministro de Hacienda Rodrigo Chaves, al igual que varios sectores económicos del país, han apelado en insistir en la urgencia de atender el problema fiscal aplicando medidas como la reducción del gasto público, la disminución de los incentivos salariales e inclusive, la disminución de la planilla laboral de este sector.

Apuestan a la apertura de los monopolios del Estado y se logre la apertura total del mercado, por ejemplo, el año pasado Fernández (2019) publicaba en la prensa nacional que “no hay nada en la economía que justifique la existencia de empresas públicas”.

“Evidentemente, no tenía idea que la institucionalidad pública vendría a ser quien asuma el rol de salvamento no sólo de la población sino también, de la economía nacional”.

Por otro lado, recientemente se anunció la aceptación de Costa Rica como estado miembro No. 38 de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), sin embargo se cuestionan los pocos espacios de comunicación transparente hacia la población nacional, para conocer, debatir y decidir colectivamente con respecto a los montos contributivos que el país tendrá que asumir por mantenerse como miembro activo; conocer a fondo qué modificaciones desean realizarse en la legislación costarricense para favorecer la atracción de inversión extranjera, de qué tipo, así como las medidas a favor de la privatización de activos estatales. Estos temores se unen a los relacionados con las medidas económicas internas con posibles afectaciones en la producción alimentaria nacional, dado que claramente hay una dependencia alimentaria de importaciones que ronda el 70% (Boeglin.2020) (Picado.2020)

Miedos que mutan

Este contexto socioeconómico incrementa los temores, miedos e inseguridades en la población, una clase media que ve amenazado su salario y capacidad de consumo, sentido peor aún en la población que forma parte de los estratos socioeconómicos más bajos. Miedos que tienden a fusionarse con la violencia estructural e institucional principalmente ligada al racismo, a la xenofobia y a la pobreza tres casos se refieren a este fenómeno:

— A más de un año del asesinato del líder indígena Sergio Rojas Ortiz, la impunidad parece perpetuarse, se mantienen los conflictos territoriales entre la población indígena en calidad de recuperadores de tierras y no indígena, inclusive se denota un incremento de la violencia racista dentro del territorio Brörán de Térraba, quedando las comunidades indígenas expuestas a la violencia al no tener existir una verdadera estrategia de protección por parte del Estado. Este tipo de conflictos con gran componente racista, en medio de la pandemia, parece convertirse en el caso de los olvidados.

— Por otro lado, frente a la crisis humanitaria y de salud pública del vecino país Nicaragua, se acentúan los sentimientos xenofóbicos de una sociedad costarricense de doble moral, acrecentando un pánico migratorio hacia cualquier persona extranjera especialmente nicaragüense traducido en un “cuerpo sospechoso” (Acuña.2020), que se ve reforzado por discursos xenofóbicos con que se expresan los medios comunicación sobre migrantes enfermos o sospechosos de portar la enfermedad Covid-19. Costa Rica contendrá población migrante afectada por la violación de sus derechos elementos a la salud, la alimentación y el empleo.

— Podría hablarse de una pandemia con cara de pobreza, puesto que la mayoría de los cantones con mayor índice de personas enfermas por Covid-19, también son los que poseen mayores niveles de pobreza y además, mayor hacinamiento poblacional dentro de la Gran Área Metropolitana (GAM).

Otro gallo canta en la realidad nacional costarricense

Estos sueños utópicos keynesianos, de los abanderados de la economía neoliberal quedan cortos cuando aparecen héroes y heroínas salvando la reproducción de la vida en la población.

Al respecto, ha quedado claro, que la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) es líder a nivel nacional e internacional en implementar sistemas de salud exitosos, que en el contexto actual ha asumido con gran sapiencia el control de la pandemia por Covid-19, y pesar de haber sido golpeada por la corrupción, mala administración y la privatización de diversos servicios especializados se mantiene como una de las instituciones más importantes y reconocidas en procura del bienestar social.

El Ministerio de Salud, ha asumido el protagonismo de implementar la estrategia de control de la pandemia mediante medidas como: Aislamiento de las personas enfermas o sospechosas, cierre de negocios, suspensión de eventos masivos, culturales, deportivos, religiosos, restricción vehicular, cierre de fronteras, suspensión de vuelos, clausurar el ingreso a diversos lugares públicos como playas y parques nacionales, como también, realizar investigaciones relacionadas con la identificación de clústers, y contención de la propagación comunitaria.

Por otro lado, el Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud (Inciensa) adscrito al Ministerio de Salud, ha sido fundamental en el análisis de las pruebas del Covid-19. De esta manera recibe las pruebas de todo el país, pero, además, las realizadas por los laboratorios privados, realiza investigaciones que aportan a la comprensión del virus y al respecto cabe destacar un logró importante relacionado con el de culminar la secuenciación del genoma completo del nuevo coronavirus SARS-CoV-2.

Esta y otras investigaciones, como por ejemplo la relacionada con la dotación de ciertas proteínas a caballos para crear un plasma sanguíneo para encontrar el medicamento contra la enfermedad del COVID-19, son realizadas tanto por el Ministerio de Ciencia y Tecnología, junto con laboratorios de la Universidad de Costa Rica.

“Cabe destacar que los aportes de las universidades públicas también son visibles mediante sus aportes en cuento a la creación de respiradores artificiales de bajo costo, creación de mascarillas en 3D para la protección del personal médico, creación de alternativas a los kits de diagnóstico, entre otros”.

La CCSS se beneficia de estas investigaciones, ya que logra bajar los costos y estar prepara para la atención masiva de pacientes portadores de la enfermedad. Sin embargo, la institución requiere robustecerse en todo sentido. En el marco de la pandemia, sale a la luz pública declaraciones del Ministro de Hacienda indicando que el pago de la deuda del gobierno hacia la CCSS no va a ser suficiente para lograr estabilizar el problema financiero de dicha institución, su junta directiva y presidente ejecutivo apuestan entre otras medidas como la aprobación del Reglamento de Contratación de compras a terceros.

Con este tipo de contradicciones, el Frente Nacional por la Seguridad Social (FRENASS), así como diferentes gremios nacionales de lucha por la defensa pública, como por parte de representantes de Juntas de Salud y red de hospitales nacionales han denunciado la poca transparencia al respecto, y poca claridad sobre los impactos económicos y estructurales que tendrá la institución una vez aprobado dicho reglamento.

La CCSS es una institución que pendula entre ser la más vital para la vida humana en el epicentro de la pandemia, y ser una de las más vulnerables por las reformas presupuestarias. Igual problemática enfrentan las universidades públicas, dedicadas actualmente a fomentar alternativas para el mejoramiento de la educación, la salud pública, la seguridad alimentaria, la salud mental de grupos vulnerables, enfrenta la crisis actual de la reducción del su presupuesto designado a las universidades públicas conocido como: Fondo Especial para la Educación Superior (FEES).

A pesar de estas contradicciones, se asumen los retos a nivel interinstitucional

Por ejemplo, la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE) han logrado coordinar con los comités municipales y comunales de emergencia para la entrega de alimentos para reforzar la ayuda humanitaria mediante el programa “Enlace de esfuerzos” y el programa “Con vos podemos”. Así también, el Consejo Nacional de Producción (CNP) incrementó la producción de alcohol antiséptico en la Fábrica Nacional de Licores (FANAL), para la dotación de alcohol y alcohol en gel para usos médicos y para la venta nacional. A pesar de que actualmente se debate la concesión o su venta como paliativo al déficit fiscal, más recientemente reconocido por los legisladores costarricense como el “negocio del guaro” del Estado.

En un contexto donde la salud es más fundamental que nunca, lo correcto es dirigir todos los esfuerzos en garantizar la vida, el bienestar y la estabilidad socio económica, como también ambiental. Es contraproducente que estando en una crisis de recesión económica el Ministerio de Hacienda siga pendiente de hacer los cobros de impuestos a las pymes o mipymes, cuando están a punto de quebrar o ya definitivamente cerraron sus operaciones. Estas contienen el 80% de las exportadoras, así también el sector exportador genera el 30% del empleo nacional. Contrariamente, se abrió el apoyo con fondos no reembolsables mediante el Programa Alivio, impulsado por PROCOMER, Banca para el Desarrollo.

En tiempos de Covid-19, las acciones afirmativas hacia mujeres no parecen ser la norma, según datos del Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU) para el primer trimestre del año “18% de las mujeres se encuentran desempleadas, mientras el porcentaje de hombres en esa condición alcanza el 8.6%. Mientras la ocupación laboral de los hombres es de 68.2%, el de las mujeres es de solo un 42,8%, es decir, menos de la mitad de las mujeres en edad de trabajar se encuentra empleada” (2020).

Como alivio económico temporal al desempleo, el Gobierno implementó el Bono Proteger según Decreto No. 42305-MTSS-MDHIS, extendido a miles de beneficiarios en todo el país por tres meses. Según el Observatorio Ciudadano de Transparencia Fiscal (OCTF), mediante los resultados de la primera medición del índice de transparencia de la información del Bono Proteger, urge la rendición de cuentas de parte del gobierno, así como facilitar el acceso de información presupuestaria sobre los fondos públicos concretos destinados y aplicados por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) y el Instituto Mixto de Ayuda Social. (Delfino.cr.2020).

También existe el temor por la planificación y ejecución eficiente del financiamiento de créditos para la empresa, administrado por la banca pública. El Bono Proteger posee pocos mecanismos que garantizan la transparencia y claridad sobre el uso de una cartera de aproximadamente 900millones de colones cerca un 5% del Producto Interno Bruto (PIB), quedando la duda si el mismo tendrá influencia de decisiones económicas tomadas desde la cámara empresarial (UCAEP), por ejemplo.

El mercado laboral costarricense es altamente informal y se encuentra muy precarizado. Si bien es cierto existen estos diferentes programas sociales para la atención de las personas desempleadas, no han sido suficientes. Por ende, se ha incrementado el empleo en calidad de repartidores a domicilio bajo la modalidad de Uber Eats, Glovo, Rappi. Sin embargo, existe muy poca claridad con respecto a sus derechos laborales, aunado a las ventas ambulantes, ventas por internet que forman parte de la informalidad laboral con salarios muy bajos.

Condiciones que están afectando los núcleos familiares, especialmente a las mujeres, que, en sus roles de género, ha tenido que reinventar el uso del tiempo, han tenido que enfrentar no sólo la carga laboral sino también, los roles de cuido y los educativos, especialmente en el momento en que el Ministerio de Educación implementó la educación a distancia de todos los niveles educativos. Aunado a las brechas económicas y digitales que limitan la accesibilidad tecnológica y conectividad digital, situación que incrementa la posibilidad de que cierta población educativa y familiar esté más expuesta a problemas en su salud mental (mal manejo de la frustración y la ira, depresión, ansiedad y pensamientos suicidas, entre otros) o bien se eleven los casos de violencia doméstica y deserción escolar.

Préstamos del FMI tienen valores y consecuencias

El gobierno recientemente ha solicitado un préstamo de 504 millones de dólares, al FMI para enfrentar la crisis de la pandemia, frente a lo que el Banco Mundial y el FMI han llamado una recesión económica. Dicho préstamo tiene una “tasa de interés de 1,58% anual, según un comunicado de prensa de la Presidencia de la República y el Banco Central (BCCR), con tres años y cuatro meses de gracia, pero, después, deberá ser saldado en cinco año” (Díaz. 2020).

Es cierto el Banco Central de Costa Rica y el Ministerio de Hacienda valoraron positivo este crédito de rápido desembolso permitirá al Gobierno de Costa Rica financiar la atención de la crisis sanitaria y económica en condiciones muy favorables de tasa y plazo. Lo que queda por esperar su pago en los próximos años con cautela de que a cambio no se dé el desmantelamiento de la institucionalidad pública costarricense amparados, por ejemplo, a leyes como la Ley de Venta de Activos Públicos o bien una injusta o agresiva propuesta tributaria.

Comunidades ante/y el Estado

En un contexto incierto a nivel económico, el impacto de la pandemia en Costa Rica ha permitido evidenciar el papel protagónico de la institucionalidad pública. Así como de las comunidades que a nivel nacional se destacaron creando sus propias estrategias de autocuidado reconociendo los esfuerzos se encuentran Isla Venado, Isla Caballo, comunidades del distrito de Paquera de la provincia de Puntarenas en la Región Pacífico Central, así como comunidades indígenas del Cantón de Buenos Aires de la Provincia de Puntarenas, y las comunidades indígenas, costeras y rurales del distrito de Talamanca en la Provincia de Limón en la Región del Caribe Sur del país.

Con sus formas de auto organización han ideado campañas de recolección y distribución de alimentos a familias y personas afectadas por el desempleo y el estancamiento económico, eventos organizados por iglesias de diferentes tendencias religiosas, colectivos sociales y culturales, sumando a universidades, cooperativas, bancos, entre otros.

El desarrollo hacia adentro sigue siendo una gran alternativa para un alto porcentaje del país desempleado. Reinventar la economía y fortalecer la economía social y solidaria cobra fuerza, por ejemplo, cada vez son más los esfuerzos por lograr los apoyos solidarios entre sectores productivos, pescadores que donan sus productos a agricultores, productores agropecuarios donan sus cosechas a poblaciones sin recursos. La creación de atractivas y más económicas ofertas turísticas para la población nacional, entre otras.

Estas medidas dan una señal al país de que urge mantener vigente y remozado el pacto social de parte del Gobierno y del Poder Legislativo y sin duda, robustecer el Estado Social de Derecho. Y repensar de manera horizontal, participativa y transparente las estrategias para enfrentar la crisis económica que está provocando esta pandemia por Covid-19.

* SILVIA ROJAS HERRERA es doctora en Ciencias Sociales, coordinadora Programa Interdisciplinario Costero-IDESPO, académica en la Escuela de Sociología de la Universidad Nacional de Costa Rica e integrante del Grupo de Trabajo CLACSO “El istmo centroamericano repensando los centros”.

BIBLIOGRAFÍA

Acuña, Guillermo. 12 de mayo del 2020. Movilidades en suspenso. SURCOS.digital.com. Tomado de: https://surcosdigital.com/movilidades-en-suspenso/

Boeglin, Nicolás. 16 de mayo del 2020. Costa Rica, futuro miembro número 38 de la OCDE: algunos apuntes. En opinión. ElPaís.cr. Tomado de: https://www.elpais.cr/2020/05/16/costa-rica-futuro-miembro-numero-38-de-la-ocde-algunos-apuntes/

Díaz, Natalia. 17 de abril del 2020. Covid-19 provoca recesión mundial. Costa Rica tomaría crédito de $506 millones con el Fondo Monetario Internacional por COVID-19. País. Semanario Universidad. Tomado de: https://semanariouniversidad.com/pais/costa-rica-tomaria-credito-de-506-millones-con-el-fondo-monetario-internacional-por-covid-19/

Picado, Henry. 03 de abril del 2020. Comida y pandemia. En Opinión. El País. Tomado de: https://www.elpais.cr/2020/04/03/comida-y-pandemia-en-costa-rica/

Fernández, José Joaquín. 14 de octubre del 2019. Venta de empresas públicas para pagar deuda. En la Riqueza de las Naciones. ElFinancierocr.com.  Tomado de: https://www.elfinancierocr.com/blogs/la-riqueza-de-las-naciones/venta-de-empresas-publicas-como-alternativa-para/MXRPDHM43RCQ5NDV5FSVMCPUEQ/story/. Fecha 19 de mayo del 2020.

Vargas, Luis Paulino. 13 de mayo del 2020. Covid-19 y crisis económica: La propuesta de Carlos Alvarado. Una colcha de retazos. UNED.CICDE.

OCTF. 14 de mayo del 2020. Índice de la transparencia de la información sobre el bono proteger del 30 de abril del 2020. Tomado de: https://delfino.cr/2020/05/observatorio-ciudadano-reporta-bajo-nivel-de-transparencia-en-bono-proteger

Fuente: https://oistmo.com/
Enviado a SURCOS por la autora.

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Contexto del COVID 19 en Guatemala: de las luces a las sombras

Escrito en . Publicado en Análisis, Derechos.

José Pablo Menchú Jiménez

Cada sociedad vive la pandemia del Covid 19 de manera diferente, ya sea por el contexto específico de cada país o por la capacidad y responsabilidad del gobierno de turno, por lo tanto no es lo mismo vivirla en el centro de África que en Islandia. En el caso de Guatemala hay condiciones particulares que hace que la pandemia tenga efectos muy sensibles, por ejemplo tiene la inversión pública más baja en salud de toda Centroamérica (2.1% del PIB cuando lo recomendado es 6%), más del 60% de los guatemaltecos vive de la economía informal (lo que implica que vive al día y no posee protección social) y la mitad de la población vive en condiciones de pobreza, sin mencionar la cultura de corrupción que impera en el Estado. Esto implica grandes desafíos para un gobierno que recién tomó posesión en enero de este año.

El primer caso se registró el 13 de marzo y el gobierno de Alejandro Giammattei (por cierto médico de profesión) tuvo el buen criterio de tomar las acciones correctas de manera pronta, por ejemplo habilitar hospitales temporales, implementar una política de distanciamiento social, imponer la obligatoriedad del uso de mascarillas, la elaboración de programas de apoyo económico (como transferencias a la familias más vulnerables y kit de alimentos) y suspender varias actividades que no resultaban esenciales. Aunado a que se aprobó una ampliación de presupuesto de más de Q29 mil millones financiados con deuda (equivalente el 5% del PIB) para poner en marcha los programas de fortalecimiento del sistema de salud y de ayuda económica para las personas. Pero como todo gobierno tiene sus luces y sombras, y en este caso lo que empezó siendo una luz poco a poco se fue apagando.

Conforme pasan las semanas la pandemia empieza a revelar la realidad estructural de Guatemala y un gobierno que no está preparado para asumir este reto. Lo que empezó siendo luz con la instalación de hospitales temporales se fue apagando con un gobierno que se rehúsa a masificar los test por considerarlo innecesario (de esa manera manteniendo las cifras de contagio en un rango favorecedor a la opinión pública), un sistema hospitalario que a dos meses del primer caso y con más de mil contagios ya se ve superado, al punto de que los mismos médicos alegan no tener equipo suficiente para hacer frente a la situación. Y en el ámbito económico algo común es ver a mujeres y niños en la calle con una bandera blanca indicando que necesitan alimentos para sobrevivir, esperando la ayuda de los ciudadanos ya que a pesar de que el gobierno anunció hace más de un mes sus programas de ayuda estos no han sido bien ejecutados. A esto se suma el interés del gobierno de ocultar información, para mantener sus índices de popularidad, o hacer parecer que todo es un éxito mediante discursos del presidente donde hay más demagogia que realidad.

Hoy la desconfianza en la autoridades va en aumento, se pone en duda veracidad de lo que el presidente dice en sus conferencias de prensa y se cuestiona el uso de la deuda pública ya que estas ampliaciones no se han visto reflejadas en paliar la situación económica de las familias guatemaltecas ni en mejorar el sistema de salud. En esta situación las sombras del gobierno van aumentando y si no cambia esta realidad, la situación futura de Guatemala no se ve muy alentadora.

Guatemala, mayo del 2020

En los siguientes audios el autor da detalles importantes que explican la situación de Guatemala en medio de la pandemia:

 

¿Cuáles son las medidas tomadas por el gobierno? ¿Son consistentes?
¿Cuáles son los tres problemas que afectan la atención de la pandemia en Guatemala?

Foto de cabecera es de La Prensa Libre de Guatemala.

deleFOCO ofrece plataforma Academy para reactivar medio cinematográfico costarricense

Escrito en . Publicado en Aportes para el desarrollo, Formación.

Cada día es más importante el cine y el audiovisual en la vida de los seres humanos, no sólo en la identidad cultural, el entretenimiento y la educación, sino también es una de las industrias más productivas y que genera gran cantidad ingresos y empleos, contribuyendo al desarrollo económico del país. Urge buscar las formas y definir los protocolos necesarios para reactivar la industria audiovisual y destacar ante el mundo a Costa Rica como un país apto para filmaciones y seguro en relación con el Coronavirus, por el excelente trabajo del Ministerio de Salud.

 

Josué Fischel, director de deleFOCO

La Comunidad Audiovisual deleFOCO está emocionada por presentar deleFOCO Academy, la nueva plataforma de formación en cine, producción audiovisual y actuación en línea.

Academy ya está al aire y se puede accesar en el siguiente enlace: academy.delefoco.com

“En estos tiempos de confinamiento, Academy quiere ofrecerle al público una herramienta para aprender desde casa. La plataforma es particularmente útil por la coyuntura actual, pero también es una herramienta valiosa que va más allá de la pandemia. El Internet se ha consolidado como una fuente académica importante y, tras 7 años de ofrecer talleres presenciales, queremos explorar las nuevas posibilidades de la enseñanza en línea”, dijo Josué Fischel, director de la Comunidad Audiovisual deleFOCO, con respecto al lanzamiento.

Clases de A a Z

El catálogo está compuesto por cursos, webinars, tutorías virtuales, clases maestras y conversatorios y el nivel de entrada va desde principiantes que quieren introducirse por primera vez al mundo del audiovisual, hasta profesionales avanzados que buscan especializarse en alguna materia.

La oferta abarca producción, dirección, guionización, edición, montaje, colorización, coproducción internacional, actuación, musicalización y muchos temas más. Actualmente hay 24 cursos, 4 webinars y 4 tutorías virtuales disponibles y en las próximas semanas se sumarán más.

Profesores experimentados en la región

Entre los profesores y conferencistas se encuentran figuras destacadas del medio iberoamericano como Amaya Izquierdo, productora de El despertar de las hormigas, primera cinta costarricense en ser nominada a los premios Goya; Laura Astorga, directora de Princesas rojas, primer filme tico en debutar en Berlinale; Mario Giacomelli, reconocido crítico de cine; Leonardo Fallas, colorista y postproductor de renombre Internacional; Catalina Murillo, premiada escritora y guionista, entre muchos más.

“Academy nació para facilitar la enseñanza audiovisual en todo Centroamérica. Aquí el público va a encontrar profesores de alto nivel que conocen de primera mano nuestra región, saben cuáles son los medios con los que cuenta nuestra industria y dónde y cómo aprovecharlos al máximo”, comentó Fischel.

Todos los servicios tienen una modalidad de enseñanza 100% virtual. Las lecciones de los cursos en línea se impartirán semanalmente en vivo con los profesores a través de una videollamada grupal y quedarán grabadas para el repaso de los estudiantes matriculados. La plataforma de Academy también cuenta con un aula virtual donde los estudiantes tendrán material de apoyo y un foro de discusión. Cada materia tiene su propio plan de estudios hecho a la medida de cada tema.

Las tutorías virtuales son las más personalizadas y acompañarán al usuario a enfrentarse a un objetivo en específico. Para los webinars y los conversatorios, el público tendrá la opción de interactuar con el conferencista en vivo o disfrutar de la grabación posteriormente.

Otros cursos que puede encontrar son por ejemplo Realización de Cine Documental con Alejandro Ferlini; Cámara, Luz y Sonido en Acción con Ana Lucía Jiménez; Locución para Cine TV y Radio con Cristibel Leandro.

Para ver la oferta completa puede acceder al sitio web academy.delefoco.com. También puede solicitar más información al correo academy@delefoco.com o al teléfono +506 8682-3430.

 

Proteger la vida para mejor recuperar la economía

Escrito en . Publicado en Análisis, Derechos.

Covid-19 en Costa Rica. A propósito de los controles sanitarios en frontera

Grupo Economía Pluralista*

La pandemia del Covid-19 obliga a establecer un orden de prioridades que no admite vacilaciones: por encima de todo está la protección de la salud y de las vidas humanas. En los países donde esto no ha estado claro –Estados Unidos, Brasil o Rusia, por ejemplo– las consecuencias son devastadoras. Tristemente, es posible que el caso de nuestra vecina Nicaragua sea incluso peor.

Esta emergencia sanitaria, por sus alcances excepcionales, no permite ampliar el funcionamiento de la economía, si para ello se recurre al aflojamiento de las medidas sanitarias. Plantearlo de esa forma es formular una dicotomía falaz. El orden de las cosas es otro: hay que proteger la salud y la vida, para entonces disponer de una base sólida, desde la cual recuperar la economía e impulsar la creación de empleos.

Imaginar que se puede lograr mejoras en el campo económico, descuidando la parte sanitaria, puede ser un peligrosísimo bumerang. Porque si ello conduce a un agravamiento de la pandemia, y, con ello, un incremento en el número de personas enfermas y, dolorosamente, en el número de muertes, es muy seguro que deba recurrirse a medidas de confinamiento de la población, incluso más severas que las que han sido aplicadas.

Es por completo inaceptable incurrir en tal devastación humana, cuando, por otra parte, ello simplemente conduciría, no solo a la agudización, sino a la prolongación de la crisis económica.

Es importante que la población en general, y el empresariado en particular, comprendan esto. Especialmente en esta oportunidad, aplica el dicho popular de “despacio porque precisa”. La impaciencia no solo podría ser una mala consejera, sino, sobre todo, un gravísimo error.

Como país y comunidad nacional, debemos avanzar paso a paso, midiendo con rigor y cuidado, cada movimiento que se haga. Si por intentar apresurar las cosas en lo económico, dejamos la puerta de atrás abierta para que la pandemia entre a nuestra casa, las consecuencias posteriores podrían ser devastadoras: en el plano humano, en primera instancia, pero también desde el punto de vista económico. Debemos así garantizarnos mantener bajo control la pandemia y lograr que, con el transcurso de las semanas, el peligro decrezca de forma gradual pero sostenida.

En la medida en que ese cometido se cumpla exitosamente, podremos avanzar, sobre bases firmes, en el plano económico. Un avance que necesariamente comporta una reinvención de la “normalidad” en que vivamos: hacia una sociedad más justa y solidaria; hacia una economía asentada sobre bases más sólidas; hacia formas de producir y consumir mucho más cuidadosas y responsables con la naturaleza.

Por ello, hemos manifestado que, en una primera etapa, que aún no hemos superado, el énfasis de las políticas económicas, debería estar en aliviar la gravedad de la recesión económica y, sobre todo, aminorar sus impactos sociales y humanos, especialmente en las poblaciones más vulnerables y carenciadas, como las mujeres jefas de hogar, entre otros grupos que requieren una especial atención. Debemos así, crear bases más firmes para poder avanzar, en una segunda fase, con políticas que promuevan de forma vigorosa, la recuperación económica y la creación de empleos.

Reconocemos y aplaudimos el magnífico trabajo que realiza nuestra institucionalidad pública en el combate del Covid-19: la excelencia y compromiso de la Caja del Seguro Social y del Ministerio de Salud, y el amor y el coraje que su personal pone en esta lucha. Asimismo, reconocemos el liderazgo lúcido y enérgico, científicamente fundamentado, que han ejercido los doctores Daniel Salas y Román Macaya, ministro de Salud y presidente de la Caja, respectivamente.

Apoyamos totalmente las medidas de control sanitario que nuestras autoridades han decidido aplicar en fronteras, así como las disposiciones adoptadas para que el comercio de mercancías por vía terrestre se realice en condiciones que protejan la salud de la población. Son absolutamente inaceptables las propuestas que pretenden relajar esos controles. Es importante que el comercio fluya, pero bajo condiciones de estricta protección de la salud.

Nuestro llamado, respetuoso y vehemente, al empresariado, y a los propios trabajadores del transporte, para que comprendan la importancia que esto tiene y lo valioso que resulta su compromiso y colaboración. Proteger la salud beneficia a todos y a todas, sin excepción.

Y al gobierno de la República, nuestra excitativa para que se mantenga firme y no ceda a las presiones. Hacemos nuestras las palabras del ministro Salas: “nadie puede decir que cargas comerciales valen más que la vida”.

Y agregamos: nadie puede decir que priorizar las cargas comerciales a la vida permitirá avanzar en la recuperación económica. Todo lo contrario, más bien.

* El grupo Economía Pluralista reúne a 25 economistas que provienen de diversos ámbitos de la academia y del ejercicio profesional de la economía, tanto en el sector público como en el privado.

(23 de mayo de 2020)

Foto: Presidencia de Costa Rica

Igualdad de oportunidades en la educación en contexto de la pandemia

Escrito en . Publicado en Análisis, Derechos.

Luis Muñoz Varela[1]

En marzo de 2020, de un día para otro la vida cotidiana costarricense amaneció enmarcada en un cuadriculado de emergentes temores, ansiedades, incertidumbres, restricciones. Había llegado una amenaza invisible de la que, según lo apuntaron la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Organización Panamericana de la Salud (OPS), las autoridades sanitarias de diversos países del mundo y los informes de investigación de distintos centros e institutos científicos especializados, nada se sabía. Un virus al que se le dio por nombre Covid-19, originado por zoonosis y cuyas causas se atribuyen a los desequilibrios provocados en la naturaleza por la depredación de los recursos naturales y la destrucción humana de los ecosistemas. A cien años de la “gripe española”, la pandemia del coronavirus Sars Cov-2 se había instalado planetariamente.

En Costa Rica, al tiempo que se establecieron las medidas sanitarias y diversas restricciones dictadas por el gobierno (confinamiento en casa, restricción a la movilización vehicular, cierre de diversos establecimientos comerciales, paralización de múltiples actividades económicas y productivas, el teletrabajo), también llegó, lógicamente, la pérdida de empleos, la reducción de la jornada laboral, la clausura de ingresos para pequeños negocios y empresas; la crisis económica.

La llegada de la pandemia trastocó y puso en estado de quiebra toda la “normalidad” en la que se vivía hasta inicios de marzo. Las primeras reacciones estuvieron determinadas por una ambivalencia entre cuidarse de los contagios y respetar las medidas sanitarias, o si aventurarse a seguir en las mismas dinámicas de la vida cotidiana tal como se hallaban definidas y estructuradas hasta ese momento. Pronto dicha ambivalencia quedó resuelta, al irse tomando conciencia de la gravedad de la situación y, sobre todo, a partir del momento en que las autoridades de gobierno establecieron medidas drásticas cuyo desacato implicaba penalizaciones de diversa magnitud.

Trascurridos poco más de dos meses desde la aparición del primer contagio de Covid-19 en Costa Rica, los acontecimientos ocurridos en este tiempo han revelado con claridad varios aspectos importantes y, por cierto, algunos de ellos también bastante preocupantes.

En primer lugar, seguramente quepa destacar las capacidades de respuesta desplegadas por las instituciones del sistema de salud del país; capacidades de organización hospitalaria, de competencias y solidez profesional del personal médico y de enfermería; de acervo de conocimiento científico y de capacidad tecnológica instalada en materia de salud; la seriedad asumida por las autoridades de salud en el ámbito de la gestión para controlar y contener la propagación de los contagios. La pandemia, en resumen, ha puesto de manifiesto el valor y la importancia de contar con un sistema de salud pública bien articulado y con capacidades de cobertura universal. La sociedad costarricense despertó de una especie de modorra y de indolencia en la que estaba, para empezar de pronto a comprender que hay instituciones a las que se debe proteger, cuidar y defender.

Asociado a este aspecto positivo, la pandemia también vino a transparentar, por otra parte, una realidad nacional de profunda desigualdad social y económica. Aunque ya claramente se percibía esta situación desde hace mucho tiempo, sin embargo, había pasado a quedar marginada de la sensibilidad social e institucional del país; se había normalizado. La pandemia no solo ha venido a poner de manifiesto de manera clara y contundente la magnitud de las desigualdades sociales prevalentes en Costa Rica, sino que, además, las profundiza aún más y las coloca en un plano de incremento y de reproducción en una proyección de largo plazo.

Al respecto, valga la ocasión para hacer una pequeña exposición de las cifras que dan cuenta de las desigualdades sociales en Costa Rica. Según informa el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), al año 2019, la tasa de pobreza en el país abarca al 20,98% de los hogares, distribuida en 15,14% de hogares en condición de pobreza no extrema y de 5,84% en pobreza extrema. La zona rural es la que presenta la mayor tasa de hogares en pobreza: un 24,17% frente a un 19,77% en la zona urbana. Por regiones de planificación, la distribución de las tasas de pobreza es como se presenta en la siguiente tabla:

Tabla 1: Tasas de pobreza de los hogares en Costa Rica, año 2019

Región de planificación

No pobres

Pobres

Total

Pobreza no extrema

Pobreza extrema

Central

83,01

16,99

12,68

4,32

Chorotega

79,74

20,26

14,84

5,42

Pacífico Central

70,21

29,79

20,67

9,11

Brunca

69,65

30,35

21,11

9,24

Huetar Caribe

70,76

29,24

20,34

8,90

Huetar Norte

72,41

27,59

18,70

8,89

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos. Encuesta Nacional de Hogares, 2019a.

El término pobreza indica que los hogares están en una situación tal “cuando su ingreso per cápita es menor que el costo per cápita de una canasta de bienes y servicios, requeridos para mantener un nivel mínimo de subsistencia”. (INEC, 2020, p. 35). Se trata de una canasta básica de bienes y servicios de necesidad elemental para la subsistencia: alimentación, salud, agua potable, energía, vivienda, educación. Por su naturaleza básica, esta canasta no incluye bienes y servicios tales como dispositivos tecnológicos, computadoras, tabletas, conectividad a internet.

El término pobreza extrema, por su parte, salvando la obviedad, indica un estado socioeconómico en el que los hogares se encuentran en una situación de carencias múltiples que les impide el acceso a vivienda, alimentación, salud, higiene, servicios de agua potable y electricidad. Se trata de hogares en los que, lógicamente, el acceso a la educación y a la permanencia en el sistema educativo presentan serias y ostensibles limitaciones.

La población tipificada como no pobre, por otra parte, está conformada por hogares que, en general, cuentan con una solvencia económica al menos suficiente para tener cubiertas las necesidades básicas de alimentación y salud, vivienda, educación. Sin embargo, esta es una población altamente heterogénea, desigual en la disposición de ingresos y en el acceso a bienes de índole tecnológica como una computadora o la conectividad de internet, así como a los diversos servicios que hoy son indispensables para solventar los requerimientos de la vida actual.

Por diversas razones (monto de los ingresos, lugar de residencia, estabilidad del empleo), el hecho de tipificar como un hogar no pobre no significa que se cuente con suficientes bienes y servicios. En este mayoritario grupo social de los hogares no pobres está incluida una importante cantidad de ellos en los que las probabilidades de pasar a formar parte de los hogares en condición de pobreza son bastante altas.  

De conformidad con las cifras expuestas en la tabla 1, las regiones más afectadas por la pobreza y la pobreza extrema son, en orden de mayor a menor, la Brunca, la Pacífico Central, la Huetar Caribe y la Huetar Norte. Todas estas regiones se caracterizan por ser mayoritariamente rurales y, salvo en el caso de la Huetar Norte, por ser también costeras. Con las obvias diferencias, puede decirse que, en general, en estas regiones, las actividades económicas están básicamente definidas por la agricultura, la ganadería, la agroindustria de monocultivo, la pesca, el turismo y los servicios.

Sobre la base de los principios de igualdad de oportunidades, calidad de la educación, inclusión y no discriminación, establecidos en las políticas educativas costarricenses del último cuarto de siglo, puede decirse que, en general, en todo el territorio nacional se hace necesario desarrollar acciones de política, institucionales y programáticas, para que la aplicación de estos principios conduzca, en efecto, a crear las capacidades que se requieren para reducir las desigualdades sociales y avanzar en el establecimiento de condiciones para el logro del bienestar social y el buen vivir.

Las anteriores diferencias por regiones de planificación indican que las acciones y esfuerzos por emprender no pueden ser desarrollados por medio de políticas, programas y estrategias de aplicación homogénea. Cada región amerita la atención que de manera específica demandan las propias realidades sociales, económicas, culturales e institucionales que les caracterizan. Esto también vale de manera especial para la educación.

A fin de complementar la información anterior y contar con un panorama un poco más amplio acerca de la situación socioeconómica en que se encuentran los hogares en Costa Rica, en la siguiente tabla se presentan las estadísticas sobre ocupación, desempleo, subempleo y de empleo informal.

Tabla 2: Tasas de ocupación, desempleo, personas ocupadas con subempleo, personas ocupadas con empleo informal, por regiones de planificación, año 2020.

Región de planificación

Tasa de ocupación[2]

Tasa de desempleo[3]

Porcentaje de personas ocupadas con subempleo

Porcentaje de personas ocupadas con empleo informal[4]

Central

58,7

12,3

11,4

45,8

Chorotega

46,8

15,2

12,8

44,6

Pacífico Central

52,4

9,1

16,3

54,1

Brunca

45,7

16,1

15,0

53,9

Huetar Caribe

50,9

12,0

9,9

43,4

Huetar Norte

54,7

11,7

18,6

53,7

            Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos, Encuesta Nacional de Hogares 2020.

Tal como se puede observar, estas cifras develan, aún con mayor claridad, la magnitud crítica de la desigualdad social y de la precariedad e inestabilidad socioeconómica en la que se encuentra una significativa proporción de los hogares costarricenses.

La región Brunca sigue siendo la que presenta la situación más desfavorable, al exhibir la menor tasa de ocupación y la mayor de desempleo. Sin embargo, en este caso, la región Chorotega, que en los datos de la tabla 1 ocupaba la segunda mejor posición, registra ahora como la segunda de las regiones más afectadas por los bajos niveles de ocupación y los mayores de desempleo. La explicación de esta diferencia puede que resida en el hecho de que, al ser las tasas una representación de magnitudes promedio, no pueden dar cuenta de la intensidad específica en la que se distribuyen las desigualdades sociales al interior de cada región.

En general, incluso en un caso como el de la región Central, que en todos los aspectos considerados en las estadísticas del INEC aparece siempre ocupando las mejores posiciones, cabe presuponer que la magnitud de las desigualdades sociales intrarregionales es aún mayor y más intensa de lo que reflejan las cifras estadísticas.

En el actual contexto de la pandemia y de la crisis económica devenida y agudizada por ella, en materia de empleo, desempleo, pobreza y pobreza extrema, la información difundida por distintas fuentes oficiales señala la configuración de una situación que pasa a ser dramática en todo el territorio nacional. Las repercusiones económicas de la crisis sanitaria vienen a incrementar la crítica situación en la que ya de por sí se estaba antes de que ella apareciera y, en este momento, se incrementan por miles los hogares que afrontan múltiples dificultades para poder agenciarse la subsistencia del día a día.

En su informe anual 2019, Unicef- Costa Rica señaló que 470 mil niñas, niños y adolescentes viven en condición de pobreza en nuestro país. La crisis económica que ya enfrentábamos se agrava ahora por los efectos del COVID- 19 ante el aumento drástico del desempleo. (Guardia, 2020).

Según es obvio, se trata de una situación que, al mismo tiempo, desencadena afectaciones múltiples en lo que concierne a la educación. Una vez declarada la pandemia, las autoridades del Ministerio de Educación Pública (MEP) tomaron la decisión de suspender el curso lectivo presencial en todos los centros educativos del país, para pasar a implementar la modalidad de educación virtual a distancia.

A tal efecto, a fin de identificar de manera aproximada cuáles son las posibilidades que tienen las distintas poblaciones estudiantiles del país para hacer frente a los requerimientos que plantea la dinámica de la educación virtual a distancia, se presentan en la tabla 3 los porcentajes de viviendas que, por regiones de planificación, cuentan con disposición de tecnologías de la información y la comunicación (TIC) de necesidad básica para atender la educación virtual a distancia.

Tabla 3: Porcentajes de viviendas que cuentan con diferentes TIC, por regiones de planificación, año 2019

Región de planificación

Con teléfono residencial

Con teléfono celular

Computadora

Tableta

Servicio de internet en la vivienda

Central

39,1

96,2

55,1

21,9

88,3

Chorotega

20,7

95,8

38,0

9,2

82,5

Pacífico Central

20,0

96,1

36,0

9,8

88,1

Brunca

15,5

96,3

37,9

6,8

83,6

Huetar Caribe

11,6

96,4

29,1

8,3

82,8

Huetar Norte

16,1

96,1

29,9

7,7

80,3

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos. Encuesta Nacional de Hogares 2019b.

Tal como refieren las estadísticas, el teléfono celular es el dispositivo TIC que en mayor proporción existe en los hogares de Costa Rica. Todas las regiones de planificación registran una tasa de más de 95% de las viviendas que cuentan con al menos un teléfono celular. Caso contrario lo es el de la telefonía residencial o fija, cuyas tasas son muy inferiores y la más alta de ellas ocurre en la región Central (39,1%), siendo ésta prácticamente el doble de la que presentan las regiones Chorotega y Pacífico Central, las dos regiones que, en este aspecto, ocupan la segunda y tercera posición.

Las estadísticas sobre la disposición de internet en las viviendas, por su parte, indican que, en todas las regiones de planificación, más del 80% de los hogares cuenta con acceso a este servicio. Las mayores proporciones las tienen la región Central y la Chorotega. Sin embargo, este dato es inespecífico; no refiere si la conexión es por la vía del servicio celular de datos móviles, o por la de la conexión fija. Es muy probable que sea lo primero.

En lo que respecta a la disposición de computadoras en los hogares, las cifras son bastante bajas y únicamente la región Central presenta una proporción ligeramente superior a la mitad de las viviendas. En las regiones Huetar Caribe y Huetar Norte, en más de las dos terceras partes de los hogares no se cuenta con una computadora. Y en lo referente a tabletas, que constituye otra herramienta de necesidad básica para atender los requerimientos de la educación virtual a distancia, las cifras son aún menores. Únicamente en la región Central superan levemente el 20% de los hogares, mientras que en las demás regiones se ubican por debajo del 10%.

Costa Rica ha desarrollado legislación, diseñado políticas y establecido programas para asegurar los principios de igualdad de oportunidades, calidad de la educación, inclusión y no discriminación. Las poblaciones estudiantiles cuentan con el acceso a los servicios de los programas de Alimentación y Nutrición (PANEA) y de Transporte Estudiantil (PTE), así como a los apoyos que brindan el Fondo Nacional de Becas (Fonabe) y el Programa de Transferencias Monetarias Condicionadas Avancemos. Asimismo, de más reciente creación, también está la estrategia “Yo me apunto con la educación”, que tiene por finalidad brindar atención especial a los centros educativos de las comunidades que afrontan mayores niveles de pobreza, desigualdad, exclusión y marginación social.

Este conjunto de iniciativas y de acciones está asociado con el principio fundamental de la solidaridad, que junto con los de igualdad de oportunidades y de inclusión y no discriminación es constitutivo de los derechos humanos y, en particular, del derecho humano a la educación. En su enunciado formal, el principio de solidaridad establece que, en su conjunto, la institucionalidad del Estado y de la sociedad tienen el deber y la responsabilidad ineludibles de proporcionar las condiciones y proveer la dotación de los recursos necesarios para garantizar una educación de calidad que cumpla con los principios de “acceso universal”, “no discriminación” y de “igualdad de oportunidades y de trato”. En este sentido, declara la UNESCO (2016): “ningún país que se comprometa seriamente con la educación para todos se verá frustrado por falta de recursos en su empeño por lograr esa meta”.

Más allá incluso de la dotación de recursos, que son imprescindibles, el principio de solidaridad remite esencialmente a la creación y facilitación de las condiciones que permitan el acceso a la educación en igualdad de oportunidades y no discriminación. En situaciones especiales causadas por desastres naturales, guerras, crisis sanitarias, crisis económicas, el principio de solidaridad involucra la creación y sustentación de las condiciones que faciliten a las comunidades y a las poblaciones estudiantiles más afectadas poder protegerse de los daños y pérdidas que acontezcan en el marco de la coyuntura de crisis.

Se trata de afectaciones que, de no atenderse con la prontitud, alcance de cobertura y calidad que se requiere, pueden pasar a convertirse en pérdidas cuyo impacto en el incremento de la inequidad y la desigualdad social tendrá efectos que se proyectarán a largo plazo, con todas las implicaciones negativas que harán derivar para el conjunto en general de la sociedad.

La pandemia llegó de repente y obligó a las autoridades de gobierno a tomar medidas de emergencia. El establecimiento de estas medidas representó una quiebra abrupta de la “normalidad” de la vida cotidiana y de todas las actividades asociadas a ella. En materia de educación, la suspensión del curso lectivo en su modalidad presencial y su conversión a educación virtual a distancia dejó en condiciones claras de desventaja a una diversidad de poblaciones y sectores estudiantiles. Además, al tiempo que se suspendía el curso lectivo, las medidas sanitarias establecidas para contener y frenar la propagación de la pandemia (confinamiento, distanciamiento social, restricción vehicular, cierre de lugares públicos), afectaron diversas actividades económicas y productivas, de la misma manera que una cantidad significativa de familias han visto restringidas o incluso canceladas las posibilidades para agenciarse la subsistencia.

En este momento, aún cuando no existan evaluaciones de por medio respecto del trabajo que se le asigna a la población estudiantil para realizar en sus hogares, lo cierto es que hay un sector mayoritario de estudiantes que, al carecer de las condiciones necesarias para atender los requerimientos de la educación virtual, ha quedado en una clara desventaja en relación con otros sectores que sí cuentan con esas condiciones. Esta es una situación que obliga a hacer un esfuerzo amplio de análisis, en articulación y convergencia interinstitucional y multisectorial, a fin de identificar y definir las acciones inmediatas y estratégicas que permitan dar contención a las afectaciones y allegar los apoyos que contribuyan a atender y solventar en la mayor medida posible las carencias.

Las desventajas no tienen que ver únicamente con la no disposición del equipo y la conectividad. También intervienen en ellas factores como el desempleo de las jefaturas de familia, la necesidad de contribuir con la búsqueda de lo necesario para satisfacer las necesidades básicas; la carencia de una alfabetización adecuada en el hogar, que imposibilita brindar acompañamiento a las hijas e hijos en sus menesteres escolares. Se trata de carencias y desventajas “corrosivas” (Nussbaum, 2012) que, de no tomarse en consideración, inevitablemente repercutirán en un deterioro presente y a futuro del bienestar social para muchas familias y de oportunidades para distintos sectores de estudiantes.

Este panorama crítico plantea la necesidad urgente de que los diversos actores involucrados en el campo de la educación (académicos, institucionales, organizaciones de la sociedad civil, municipalidades, organizaciones productivas, colectivos de mujeres, asociaciones locales) contribuyan a buscar alternativas de atención y respuesta a esta difícil y problemática situación. La academia universitaria, en particular, la comunidad investigadora vinculada al campo de la educación se encuentra interpelada para desarrollar las acciones de investigación, análisis y reflexión sobre lo que acontece, a fin de identificar posibles soluciones y a hacer que éstas se canalicen y se pongan a disposición de las autoridades del MEP y de las demás instituciones que puedan estar convocadas a participar en la articulación y la convergencia de los esfuerzos.

La medida adoptada de establecer la modalidad de educación virtual a distancia requiere ser evaluada de manera urgente. En esta evaluación deben participar estudiantes, docentes y madres y padres de familia. Es preciso realizar consultas localizadas, contextualizadas, en cada una de las comunidades y regiones del país. Es imprescindible conocer de qué manera las poblaciones estudiantiles, la planta docente y las familias han asumido los requerimientos de la educación virtual a distancia; cómo se ha llevado a cabo la dinámica de la “mediación pedagógica” y con qué disposición de equipo se ha contado.

Esta evaluación es necesaria y muy importante, en la medida que sus resultados permitirán identificar las dificultades que se hayan tenido, hacer los ajustes pedagógicos que se requiera, brindar capacitación a la planta docente que se haya visto más limitada para el desarrollo de su trabajo, coordinar con las instituciones y empresas prestadoras de servicios de internet para asegurar la plena cobertura nacional de este servicio.

Según se ha indicado por parte del MEP, la proyección es retornar al curso lectivo presencial a partir del próximo mes de agosto, después de concluido el período de vacaciones de medio año. El cumplimiento de esta proyección, sin embargo, depende de diversos factores y la mayoría de ellos son externos al sistema educativo y a las competencias del MEP. El comportamiento de la pandemia es incierto y el regreso a los centros educativos, además, no se podrá llevar a cabo sin el establecimiento de diversas medidas de control y vigilancia sanitaria. Este es otro aspecto en el que las autoridades educativas habrán de implementar capacitaciones al personal docente y administrativo, para lo cual desde ya se tendrían que estar desarrollando las acciones correspondientes.

De igual manera, la decisión de retornar al curso lectivo presencial, ya sea en agosto próximo o después, es una decisión que requiere de un análisis minucioso acerca de todos los factores implicados, especialmente aquellos que tienen que ver con la disposición de ingresos de los hogares, el empleo, al menos una mínima estabilidad económica de las familias.

Esta es una dimensión de la situación de crisis que no puede ser obviada y que exige una atención cuidadosa. De no tratarse con el cuidado y la atención que amerita, se estaría empujando a una proporción amplia y diversa de sectores estudiantiles a una situación de mayor desigualdad que la que ya existía antes de la llegada de la pandemia. Esta decisión, en último término, debe estar basada en un plan de contingencia y de recuperación que, como ya se indicó, demanda una formulación de políticas que puedan ser ejecutadas por medio del accionar de una plataforma de articulación y convergencia multisectorial e interinstitucional.

Referencias bibliográficas

Asamblea General de las Naciones Unidas. (1989). Convención sobre los Derechos del Niño. Madrid: UNICEF. Recuperado de: https://www.un.org/es/events/childrenday/pdf/derechos.pdf

Guardia Donato, Diana. (2020). ¿Qué pasa con la infancia costarricense durante la cuarentena? Semanario Universidad, 06 de mayo de 2020. Recuperado de: https://semanariouniversidad.com/opinion/que-pasa-con-la-infancia-costarricense-durante-la-cuarentena/?fbclid=IwAR0Iz_GV18pQxGgpiZykAyHZyLQFg_x6B3Wte9RoODJvFGikFZsZMJAtpc0

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Programa Estado de la Nación. (2019). Informe Estado de la Nación 2019. San José: Servicios Gráficos AC. Recuperado de: https://estadonacion.or.cr/wp-content/uploads/2019/11/informe_estado_nacion_2019.pdf

Nussbaum, Martha C. (2012). Crear capacidades. Propuesta para el desarrollo humano. Barcelona: Paidós. Recuperado de: https://es.scribd.com/document/361404680/Crear-Capacidad-Martha-Nussbaum

 

[1] Investigador del Observatorio de la Educación Nacional y Regional (OBSED), Instituto de Investigación en Educación (INIE), Universidad de Costa Rica. Mayo de 2020. C.e.: luis.munoz@ucr.ac.cr

[2] “Porcentaje de la población ocupada respecto a la población en edad de trabajar.” (INEC, 2020). La población en edad de trabajar es la que tiene 15 años y más.

[3] “Porcentaje de la población desempleada respecto a la fuerza de trabajo. (INEC, 2020).

[4] “Porcentaje de la población ocupada con empleo informal respecto al total de ocupados.” (INEC, 2020).

Foto del Semanario Universidad. Estudiante de Sixaola, Limón.