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En pro de la solidaridad, frenando la desigualdad

Hacemos un llamado vehemente para que se abra un espacio de diálogo centrado en la la participación amplia de la ciudadanía, con miras a impulsar en el país un conjunto de políticas que procuren el bienestar de la mayoría y, particularmente, de quienes sufren en mayor grado el impacto de esta crisis. Firmar petición aquí: https://forms.gle/kheVUuaXqxvgtkWr8

Comunicado:

En esta crisis por la pandemia Covid-19, desde el fondo de nuestros mejores valores como nación (los que celebraremos en el Bicentenario), damos un paso adelante para decir que la gente debe estar primero, y antes que nadie, las personas más vulnerables.

Aplaudimos los esfuerzos sanitarios en curso, con el liderazgo de nuestras instituciones públicas, y subrayamos que estos son tiempos para la solidaridad. Es un momento crítico para fortalecer y nunca debilitar los ejes esenciales de nuestro Estado Social de Derecho y las instituciones que lo sustentan.

Además de lo sanitario, y complementándolo, decimos que los esfuerzos del país, incluidos los del gobierno, deben ser proteger a la población, en lo económico, lo social y lo emocional: garantizar que la cuarentena -requerida rigurosamente para detener la expansión acelerada del coronavirus- sea posible en quienes no tienen un ingreso que les permita satisfacer sus necesidades y servicios básicos (agua, alimentación, luz, vivienda, Internet).

Llamamos a todos los sectores que tienen sus ingresos y necesidades satisfechas, que sí pueden ponerse en cuarentena mientras dure la crisis sanitaria, para que contribuyan solidariamente: grandes contribuyentes, grandes empresas que no contribuyen lo que les corresponde (gracias a amnistías tributarias o declaración de cero ganancias), empresas de zonas francas y empresas exportadoras, comerciantes que están viendo aumentar sus ingresos en estos momentos, personas con salarios y pensiones netas altas de los sectores público y privado, y profesionales liberales.

Los esfuerzos que se despliegan deben enfocarse en esto. No deben reforzar los subsidios para quienes ya tienen ventaja, sino dedicarse prioritariamente a garantizar la cuarentena de quienes no tienen cómo sufragarla y a fortalecer las instituciones que están haciendo gastos extraordinarios al frente de la atención a la emergencia. Debemos priorizar el uso de los recursos en la cuarentena y el apoyo a todas las personas que ven seriamente comprometidos sus medios de subsistencia. En los momentos actuales es imprescindible revertir los procesos que promueven la inequidad y la desigualdad, los cuales han prevalecido en el país en las últimas décadas.

Están sobre la mesa propuestas complementarias que debemos abordar y ejecutar sin dilación, con un espíritu de inclusión solidaria e integración nacional; entre ellas, las siguientes: el diferencial aprovechable por la baja en el precio internacional del petróleo; recargos temporales a los impuestos de renta en sus diversos componentes; impuesto sobre rentas y ganancias de capital; impuestos sobre bienes de lujo; intervención del Banco Central en el mercado secundario de deuda para reducir los gastos por intereses; promoción de un plan nacional de producción de alimentos; impulso de un plan de recuperación económica, adelantando rápidamente una estrategia con el sistema financiero internacional, que ya está proponiendo aplazar el pago de deudas y nuevos recursos no solo para atender la pandemia, sino también para el día después, a la hora de recomponer el tejido económico y social de nuestro país. Estos son tiempos para la solidaridad, no para la mezquindad.

Las organizaciones y personas abajo firmantes hacemos un llamado vehemente para que se abra un espacio de diálogo centrado en la participación amplia de la ciudadanía, con miras a impulsar en el país un conjunto de políticas que procuren el bienestar de la mayoría y, particularmente, de quienes sufren en mayor grado el impacto de esta crisis.

Concretamente, solicitamos al señor presidente de la república una reunión para discutir y analizar los temas aquí planteados.

*Además de las personas y organizaciones abajo firmantes, quienes quieran suscribir este documento lo pueden hacer en el siguiente enlace: https://forms.gle/kheVUuaXqxvgtkWr8

  1. Alianza por una Vida Digna
  2. José Manuel Arroyo Gutiérrez, cédula 103991073, ex-magistrado y Catedrático UCR.
  3. Jorge Arturo Chaves Ortiz, cédula 1-0413-0957, Coordinador del programa L. J. Lebret de Economía Humana, del Centro Dominico de Investigación (CEDI), y Director de este mismo Centro.
  4. Álvaro Fernández González, cédula 104330981, músico, filósofo, sociólogo, profesor jubilado UCR-UNA.
  5. Héctor Ferlini-Salazar, cédula 104540856, comunicador y docente, director de SURCOS
  6. José María Gutiérrez Gutiérrez, cédula 104610499, Microbiólogo, profesor emérito Universidad de Costa Rica.
  7. Oscar Jara Holliday, cédula 800780568, sociólogo y educador popular.
  8. Nancy Piedra Guillén, cédula 105860455, Directora del Programa de Posgrado Centroamericano y profesora de la Escuela de Sociología de Universidad de Costa Rica.
  9. Francisca Raventós Vorst, cédula 900360482, socióloga, activista, profesora jubilada Universidad de Costa Rica.
  10. Jorge Alberto Rojas Rojas, cédula 105640230, académico Universidad Nacional.
  11. Luis Paulino Vargas Solís, cédula 203270373, economista, director del Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo (CICDE-UNED).
  12. Walter Antillón Montealegre, cédula 102210295, Abogado y profesor jubilado.
  13. Elizabeth Aguilar Aguirre, cédula 401140430, Msc. Salud Pública.
  14. Héctor Hernán Hermosilla Barrientos, cédula 800930507, Sociólogo, pensionado.
  15. Jaime Ordoñez Chacón, Cédula 105370458, Director del Instituto Centroamericano de Gobernabilidad y Catedrático de la Universidad de Costa Rica.
  16. Bernal Herrera Montero, cédula 104530160, Profesor Emérito Universidad de Costa Rica
  17. Edgardo Moreno Robles, cédula 800860006, Profesor Emérito Universidad Nacional
  18. Alexander Jiménez Matarrita, cédula 106070350, Filósofo.
  19. Henning Jensen Pennington, cédula 800410334, Rector, Universidad de Costa Rica.
  20. German Masís Morales, cédula 302250625, Profesor jubilado de la Universidad Nacional y coordinador de Alterdes.
  21. Bernal Monestel Ramírez, cédula 104910937, Productor radiofónico y emprendedor.
  22. Melania Monge Rodríguez, cédula 105370482, Profesora jubilada Universidad de Costa Rica
  23. Ana Lucía Hernández Díaz, cédula 105720842, Politóloga, investigadora jubilada Universidad de Costa Rica.
  24. Edgar Gutiérrez Espeleta, cédula 104530822, Ministro del Ambiente y Energía 2014-2018, Presidente de la Segunda y Tercera Asambleas de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, Catedrático jubilado Universidad de Costa Rica
  25. Alfredo Antillón Montealegre, cédula 103620504, profesor pensionado de Química, músico.
  26. Adrián Pinto Tomás, cédula 109880178, Profesor Catedrático, Escuela de Medicina e investigador, Universidad de Costa Rica.
  27. Víctor Hugo Porras Bolívar, cédula 052040443, Escritor y promotor cultural.
  28. Flora Fernández Amón, cédula 105230903, Empresaria.
  29. Camilo Retana Alvarado, cédula 111900679, Director del Posgrado en Artes de la Universidad de Costa Rica
  30. Manuel Rojas Bolaños, Cédula 102630897, sociólogo, profesor jubilado de la Universidad de Costa Rica, profesor investigador de la FLACSO Costa Rica
  31. Irma Arguedas Negrini, cédula 104830499, Orientadora y docente Universidad de Costa Rica.
  32. Lorena Sáenz Segreda, cédula 104790371, Psicóloga, profesora jubilada de la Universidad de Costa Rica.
  33. Roberto Salom Echeverría, cédula 104430579, Sociólogo, profesor universitario jubilado.
  34. Marcelo Gaete Astica, cédula 800680971, Antropólogo, investigador del Departamento de Estudios e Investigación Educativa, Ministerio de Educación Pública.
  35. Walter Benavides Hernández, cédula 401580292, Compositor, guitarrista, cantautor, gestor cultural, productor, dibujante.
  36. J. Amando Robles Robles, cédula 800520054, Investigador del Centro Dominico de Investigación (CEDI).
  37. Ana Lorena Salmerón Alpízar, cédula 203670966, Bióloga docente de la Universidad Técnica Nacional.
  38. José Antonio Chaves Villalobos, cédula 203960191, Abogado independiente.
  39. Alberto Salom Echeverría, cédula 104430578, Politólogo, Rector Universidad Nacional.
  40. Mariano Sáenz Vega, cédula 302200485, Sociólogo, docente e investigador del Centro de Investigaciones Antropológicas de la Universidad de Costa Rica.
  41. Carmen Camacho Rodríguez, cédula 401100275, Socióloga, académica universitaria jubilada.
  42. Flory Bárbara González Trejos, cédula 104280981, Educadora pensionada.
  43. Manuel Monestel Ramírez, cédula 103880206, Músico, Sociólogo pensionado, Cátedra de Estudios de África y el Caribe, Universidad de Costa Rica.
  44. Ana Beatriz Fernández González, cédula 106250678, Periodista y actriz.
  45. Paulo E. Coto Murillo, cédula 110560998, Sociólogo, investigador y docente, UNED y UCR.
  46. Marco Antonio Quesada Aguilar, cédula 106210600, Músico, compositor, profesor de Etapa Básica de Música de Santa Cruz. Premio Nacional Aquileo J. Echeverría 1988.
  47. Guillermo Acuña González, cédula 401500090, Académico Universidad Nacional.
  48. Esteban Arias C., cédula 113690417, Docente Universidad de Costa Rica.
  49. Daniela Yovann Mora, cédula 107410325, Estudiante.
  50. Alberto Cortés Ramos, cédula 900750815, Catedrático Universidad de Costa Rica.
  51. Ligia María Sanabria Salazar, cédula 105980019, Profesora de Educación Musical.
  52. Rishi Vaccari Mora, cédula 113560182, Especialista en compras y proveeduría.
  53. Anthony García Marín, cédula 112820451, Investigador Centro Agenda Joven, UNED.
  54. Nidia Rivera González, cédula 2334804, Ingeniera Agrónoma, Licenciada en Enseñanza de la Ciencia.
  55. Oscar Fernández González, cédula 103620592, Sociólogo y filósofo, Profesor Catedrático Universidad de Costa Rica.
  56. Roxana Hidalgo Xirinachs, cédula 105970626, Directora Doctorado en Estudios de la Sociedad y la Cultura, Universidad de Costa Rica.
  57. Allan Mauricio Cerna Castro, cédula 800650055, Médico pensionado de la Universidad de Costa Rica.
  58. Francisco J. Enríquez Solano, cédula 104990170, Profesor Emérito Universidad de Costa Rica.
  59. Nuria Sáenz Gómez, cédula 105860416, Educadora retirada.
  60. Sofía Guillén Pérez, cédula 115040735, Economista.
  61. Jorge Zeledón Pérez, cédula 108540279, Profesor Universidad de Costa Rica.
  62. Cristina Araya Umaña, cédula 401400589, Socióloga y Máster en Estudios de Población.
  63. Gustavo Gutiérrez Espeleta, cédula 106600352, Biólogo, Catedrático Universidad de Costa Rica.
  64. Oscar Alpízar, Confraternidad Guanacasteca, cédula jurídica 3102395766.
  65. Eugenia Molina Alfaro, cédula 203700625, Universidad de Costa Rica.
  66. Karol Montero Rony, cédula 111080959, Gestora sociocultural.
  67. Alejandro Navarro Cruz, cédula 304780672, Gestor de proyectos, sector cafetalero.
  68. Rafael Aguilar Chaves, cédula 491350260, Psicólogo clínico.
  69. Verónica Sheehan, 184001211017, Asociación para la Sostenibilidad Rural de Costa Rica.
  70. Verónica Shehann, 184001211017, Comunidades Unidas para un Desarrollo Ecológico Sustentable.
  71. Adriana Monge Arias, cédula 205430266, Trabajadora Social.
  72. Víctor Hugo Acuña Ortega, cédula 103730844, Historiador, Profesor Emérito Universidad de Costa Rica.
  73. Ligia Martín Salazar, cédula 104090849, Antropóloga Social.
  74. Ilka Treminio Sánchez, cédula 800700432, Profesora Escuela de Ciencias Políticas Universidad de Costa Rica.
  75. Henriette Raventós Vorst, cédula 105820312, Profesora universitaria.
  76. Ana Tristán Sánchez, cédula 105130593, Psicóloga y pedagoga, jubilada del Poder Judicial.
  77. William Alvarado Jiménez, cédula 601100026, Profesor Catedrático, Escuela de Matemática, Universidad de Costa Rica.
  78. Adriana Laclé Murray, cédula 103820809, Médico Internista y Catedrática pensionada de la Universidad de Costa Rica.
  79. Javier Contreras Rojas, cédula 502970151, Médico psiquiatra.
  80. María del Carmen Carro Barrantes, cédula 106000363, Socióloga.
  81. Eva Carazo Vargas, cédula 108930621, Investigadora y activista social ecofeminista.
  82. Montserrat Sagot Rodríguez, cédula 203410034, Directora CIEM, Universidad de Costa Rica.
  83. Luis Del Valle Carazo, cédula 104171457, Médico Forense jubilado.
  84. Anacristina Rossi, cédula 104070914, Escritora.
  85. Carlos Sandoval García, cédula 106390524, Profesor Universidad de Costa Rica
  86. Dionisio Jorge Cabal Antillón, cédula 104250831, Músico escritor.
  87. Viviana Carazo Vargas, cédula 109240674, Docente universitaria.
  88. Natalia Dobles Trejos, cédula 110790825, investigadora CICDE, UNED.
  89. Lidieth Garro Rojas, cédula 602270142, Comunicadora y profesora universitaria.
  90. Marielos Giralt Bermúdez, cédula 102980926, Profesora jubilada Universidad de Costa Rica
  91. Backtori Golen Zúñiga, cédula 112920729, Investigadora (CICDE), Trabajadora social y educadora popular.
  92. Juan Antonio Gutiérrez Slon, cédula 112450785, Sociólogo e historiador, investigador CICDE, UNED.
  93. Vania Solano Laclé, cédula 109660507, Docente Escuela de Antropología, Universidad de Costa Rica.
  94. Francis Muñoz Calvo, cédula 114490629, investigador CICDE, UNED.
  95. Dagoberto Núñez Picado, cédula 023330608, Investigador CICDE, UNED.
  96. José María Oviedo Chaves, cédula 105060146, Secretario Nacional Unión Nacional de Productores Agropecuarios Costarricenses.
  97. Jimmy Ortiz Chinchilla, cédula 105540183, Artista, maestro de arte y coreógrafo, varios premios nacionales, docente Universidad de Costa Rica.
  98. Rosaura Chinchilla Calderón, cédula 107260142, Abogada, docente Universidad de Costa Rica.
  99. Saray Córdoba González, cédula 104380311, Bibliotecóloga, profesora jubilada Universidad de Costa Rica.
  100. Arabella Salaverry Pardo, cédula 900290602, Escritora y actriz, Premio Nacional de Literatura Aquileo Echeverría.
  101. Giselle Boza Solano, cédula 302420648, Abogada y periodista, Coordinadora del Programa Libertad de Expresión (PROLEDI) y docente Universidad de Costa Rica.
  102. Ana María Botey Sobrado, cédula 104730692, Profesora Catedrática jubilada Universidad de Costa Rica.
  103. Rafael López Alfaro, cédula 401490119, Presidente de UNEDPRO.
  104. Dany Villalobos, cédula 206430273, por la Alianza de Comunidades por la Defensa del Agua en Puntarenas.
  105. Andrea Alvarado Vargas, cédula 205420230, Periodista, Directora de la Oficina de Divulgación e Información de la Universidad de Costa Rica
  106. Yolanda Bertozzi Barrantes, cédula 103990589, Abogada, teóloga y poetisa.
  107. Ana Marcia Aguiluz Soto, cédula 109280731, Abogada, consultora internacional y exdirectora del Programa para Centroamérica y México del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional.
  108. Gerardo Chavarría Vega, cédula 104000724, Comunicador, Premio Nacional Pío Víquez 2010.
  109. Norman José Solórzano Alfaro, cédula 204050106, Académico universitario.
  110. Arnoldo Mora Rodríguez, cédula 900090046, Doctor en Filosofía, catedrático emérito Universidad de Costa Rica, exministro de Cultura.
  111. María Elena López Núñez, cédula 103410135, Médica pediatra, salubrista, pensionada, exministra de Salud.
  112. Quince Duncan Moodie, cédula 102810201, Escritor y educador, catedrático Universidad Nacional, Premio Nacional de Novela Aquileo J. Echeverría.
  113. Mariana Alpízar Guerrero, cédula 114340079, Psicóloga Social, Presidenta Asociación Voces Violeta.
  114. Miguel Ángel Sobrado Chaves, cédula 102940994, Sociólogo e investigador, fundador de la Escuela de Planificación y Promoción Social Universidad Nacional.
  115. Me Pasó en la UCR.
  116. Yasy Morales Chacón, cédula 110410576, Coordinadora Programa de Economía Social Solidaria, Escuela de Sociología, Universidad de Costa Rica.
  117. Mario Devandas Brenes, cédula 103420692, Economista, representante de los trabajadores en la junta directiva de la CCSS.
  118. Manuel Antonio Solís Avendaño, cédula 104090243, Sociólogo, Premio Nacional de Ensayo y Premio Nacional de Historia.
  119. Allen Cordero Ulate, cédula 302170094, Director Escuela de Sociología, Universidad de Costa Rica.
  120. Luis Felipe Arauz Cavallini, cédula 104860636, Ingeniero Agrónomo, Decano Facultad de Ciencias Agroalimentarios Universidad de Costa Rica, exministro de Agricultura y Ganadería.
  121. RedESS Costa Rica (Red de Economía Social Solidaria).
  122. COKOMAL (Consumo y Comunicación Alternativa).
  123. Luisa Paz Jiménez, cédula 801080229, Antropóloga, profesora e investigadora UNED.
  124. Carol Moreira Campos, cédula 111780654, Comunicadora.
  125. Pamela Campos Chavarría, cédula 113450315, Antropóloga y gestora sociocultural, Programa Gestión Local UNED.
  126. Daniela Mora Parra, cédula 114850340, Actriz, educadora no formal y gestora cultural.
  127. Ana Carcedo Cabañas, cédula 800470010, Presidenta de CEFEMINA.
  128. María José Chaves Groh, cédula 110810478, Feminista, socióloga y docente universitaria.
  129. Javier Sánchez Valverde, cédula 106440950, Biólogo FECON.
  130. Agustín Gutiérrez Carro, cédula 112250576, Abogado, defensor público y docente universitario.
  131. Virginia María Acuña Montero, cédula 104490534, JPIC/Claret/Costa Rica (Justicia, Paz e Integridad con la Creación).
  132. Ricardo Jiménez Montealegre, cédula 105930310, Biólogo Marino, Vicedecano de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad Nacional.
  133. Red Costarricense de Agricultura Ecológica
  134. Colectiva Produ Feminista, TEC.
  135. Rotsay Rosales-Valladares, cédula 107410325, Catedrático, Universidad de Costa Rica.
  136. Nora Garita Bonilla, cédula 103820064, catedrática jubilada Universidad de Costa Rica
  137. Roxana Flores Martínez, cédula 602750480, en representación de la Asociación Administradora del Acueducto Rural del Asentamiento Orocú.
  138. Víctor Madrigal Sánchez, cédula 502010030, vecino de San Pablo de Heredia, teólogo de la Universidad Nacional.
  139. Marino Marozzi Rojas, cédula 104500817, catedrático UNA-UCR-UNED, economista, consultor.
  140. Mujeres en Acción
  141. Rodrigo Soto González, cédula 106940205, escritor, Premio Nacional de Poesía.
  142. Gilda Segreda Sagot, cédula 1416662, profesora pensionada Escuela de Arquitectura, UCR.
  143. Jorge Rovira Mas, cédula 800350073, sociólogo, profesor emérito Universidad de Costa Rica.
  144. Ma. Cecilia Romero Agüero, cédula 102600938, socióloga, catedrática UCR.
  145. Emilia Molina Cruz, cédula 104110201, exdiputada, Trabajadora Social, profesora jubilada de la UCR.
  146. Ana Cecilia Escalante Herrera, cédula 103600701, Socióloga y Administradora Publica, profesora Emérita-UCR
  147. Esteban Campos Méndez, cédula 110490153, Planificador Económico y Social
  148. Rodrigo A. Solórzano Soto, cédula 205470814, Profesor de Filosofía
  149. Marlin Óscar Ávila Henríquez, cédula 103340060, Analista Sociopolítico
  150. William Mena Villalobos, cédula 114020167, Estudiante
  151. Juan Carlos Cruz Barrientos, cédula 104160403, Comunicador Social
  152. Rodrigo Campos Cordero, cédula 108560885, Sociólogo, Académico y profesor universitario
  153. Javier Francisco Cambronero Arguedas, cédula 2406127, Educador
  154. Dorisa Ballestero González, cédula 304010908, Administración pública
  155. María Lorena Villalobos Solís, cédula 105320391, Abogada
  156. Rafael Ángel Fernández Mora, cédula 104290552, Abogado y Archivista
  157. Andrea Monge Acuña, cédula 110500470, Ama de casa
  158. Tamara Briceño Escalante, cédula 107120104, Ingeniera Industrial
  159. Hernán Alvarado Ugarte, cédula 601290416, Entrenador
  160. Luis Enrique Soto Vargas, cédula 604240914, Estudiante Informática Empresarial UCR
  161. Raúl Venegas Castro, cédula 502040764, Técnico Farmacia
  162. Isabel Avendaño Flores, cédula 106020245, Decana, Facultad de Ciencias Sociales
  163. Pedro Monge Fernández, cédula 114780314, Sociólogo
  164. Guido Antonio Barrientos Matamoros, cédula 105890096, Agroecólogo
  165. Patricia Salgado Muñoz, cédula 104180050, Antropóloga, Jubilada
  166. José Francisco Alfaro Carvajal, cédula 105180468, Abogado
  167. Rolando Vargas Arrea, cédula 104500610, Médico Pediatra
  168. Sonia Navarro Solano, cédula 104220671, Pensionada
  169. Cindy Alejandra Castro Brenes, cédula 111390258, Administradora de empresas 
  170. Gustavo Enrique Cabrera Vega, cédula 302220901, Activista x DDHH y Abogado
  171. Javier Antonio Torres Vindas, cédula 109040703, Docente e investigador
  172. Ítalo Fera Fallas, cédula 1548350, Sociólogo
  173. Diana Moraga Vásquez, cédula 111450188, Abogada
  174. Madelaine Martínez Rojas, cédula 106020547, Actriz y docente
  175. Álvaro Vega Sánchez, cédula 202841409, Jubilado UNA
  176. María Alejandra Solórzano Castillo, cédula 110700547, Académica Escuela de Filosofía
  177. Ligia Mayela Arce Quesada, cédula 105220971, Abogada y Notaria
  178. Isabel Ducca Durán, cédula 105640060, Jubilada Universidad Nacional
  179. Christian Zamora Dahmen, cédula 800520662,
  180. Marisol Gutiérrez Rojas, cédula 105720906, Profesora Catedrática
  181. Olman Villarreal Guzmán, cédula 502220415, Director Programa de Posgrado en Evaluación de Programas y Proyectos de Desarrollo
  182. Aquiles Jiménez Arias, cédula 401060538, Pensionado
  183. Oscar Madrigal Jiménez, cédula 202560766, Abogado
  184. Gabriel González Vega, cédula 105250121, Académico jubilado de la UNA; crítico y productor de cine
  185. Pablo Díaz González, cédula 205960614, Psicólogo e Investigador
  186. Alfredo Jones León, cédula 104670555, Jubilado
  187. Julia Ardón Morera, cédula 203860415, Comunicadora y Comerciante
  188. Marvin Amador Guzmán, cédula 106730592, Comunicador y Docente de la UCR
  189. Ana Lorena Camacho De la O, cédula 401370180, Socióloga
  190. Yendrily Porras Calderón, cédula 111420468, Derecho
  191. Roberto Antillón Freer, cédula 105700937, Músico y Educador
  192. Carlos Andrés Manavella Cavallero, cédula 103200093017, Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
  193. Juan José Cordero Solís, cédula 113530011, Médico Profesor
  194. María Gabriella D’Arsié Tonon, cédula 401189276, Psicóloga Clínica
  195. Gerardo Mora Burgos, cédula 103640085, Catedrático de la UCR Pensionado
  196. Kyara Sofia Cascante Suárez, cédula 118880719, Activista, Emprendedor y Estudiante
  197. Juan Agustín Salas Rojas, cédula 205460757, Técnico
  198. David Loría Masís, cédula 109520967, Profesor e Investigador
  199. Federico Porras Chavarría, cédula 115560639, Estudiante de Agronomía en la UCR
  200. Gina Sibaja Quesada, cédula 107010863, Politóloga
  201. Rodrigo Alfaro Monge, cédula 202610177, Catedrático Jubilado UNA-UNED
  202. Manuel Jiménez Rodríguez, cédula 111630899, Técnico en Microscopía
  203. Sandra Araya Umaña, cédula 401310102, Profesora Catedrática
  204. Ariel Hidalgo Solano, cédula 1968530, Arquitecto, Profesor y Emprendedor
  205. Vilma Leandro Zúñiga, cédula 303360920, Psicóloga
  206. Ana Nicté Castillo Delgado, cédula 402270830, Socióloga y Gestora Cultural
  207. Ivannia Hernández Ramírez, cédula 108950475, Emprendedora Artística
  208. Shirani Jossué Rojas Castrillo, cédula 110190231, Abogado
  209. Warner Alpízar Alpízar, cédula 205250023, Profesor Universitario
  210. Silvia Arguedas Negrini, cédula 900260740, Profesora Educ. Especial Pensionada
  211. Francisco Cordero Gené, cédula 103320363, Jubilado Relaciones Internacionales
  212. Orlando Amaris Cervantes, cédula 800820603, Investigador Social
  213. Lucía Figueroa Protti, cédula 113570278, Docente y Investigadora Universitaria
  214. Reina Arroyo Quirós, cédula 205940345, Docente y Cantautora
  215. Euclides Hernández Peñaranda, cédula 106360324, Docente
  216. César Moya Aburto, cédula 603720175, Investigador CICDE UNED
  217. Roxana Serban NIO, cédula 112400073702, Coordinadora de Proyectos Socio-Ambientales
  218. Alexander Rojas Parajeles, cédula 107130292, Documentalista
  219. Silvia Arce Villalobos, cédula 111000038, Profesora Universitaria y Artista
  220. Mauricio Penagos Villegas, cédula 800770437, Músico
  221. Óscar Daniel Espinoza Ramos, cédula 204160598, Artista Independiente
  222. Alberto Gutiérrez Arguedas, cédula 113690344, Profesor
  223. Ronald Díaz Vargas, cédula 105870283, Periodista y Productor Audiovisual
  224. Walter Benavides Hernández, cédula 401580292, Músico, Productor y Gestor Cultural
  225. Amilcar Luna Palma, cédula 132000288702, Sociólogo
  226. Ricardo Araya Montero, cédula 202590881, Jubilado
  227. José Hernández C., cédula 111370395, Técnico en Producto y Reaseguro
  228. Ma. Auxiliadora Vega Bustos, cédula 1692037, Docente
  229. Graziella Blanco Coto, cédula 104620007, Juez Tribunal de Flagrancia. Jubilada
  230. Natalia Serrano Álvarez, cédula 113200174, Socióloga y Gestora Cultural
  231. Carlos Campos Rojas, cédula 106050202, Sociólogo
  232. Millaray Villalobos Rojas, cédula 109340412, Antropóloga
  233. Catarina Goldoni Ruiz, cédula 103850510, Jubilada Universidad Nacional
  234. Shi Alarcón Zamora, cédula 112910818, Socióloga
  235. Dagmar Facio Fernández, cédula 103390511, Activista
  236. Tatiana Facio Fernández, cédula 103700960, Psicóloga
  237. Montserrat Salas Segreda, cédula 110020530, Maestra
  238. José Joaquín Marín Mora, cédula 1539231, Pintor
  239. Marielos Aguilar Hernández, cédula 301920768, Profesora Catedrática de la UCR Jubilada
  240. Herbert E. Contreras Vásquez, cédula 601200237, M.Sc.Ing. Ambiental
  241. María Chaves Villalobos, cédula 206400152 Académica de la UNA
  242. Leonidas Villalobos Morales, cédula 103921406, Ing. Agrónomo
  243. Victor Soto Miranda, cédula 107900656, Activista Ciudadano
  244. Isabel Viales Cabalceta, cédula 5501990187, MEP
  245. Marlon Freeman Salazar, cédula 112270189, Estudiante
  246. Dorsyne Caravaca Villegas, cédula 501850756, Coordinadora Judicial
  247. Yerling Ruiz Vásquez, cédula 603040331, Comunicadora Social
  248. Sara Villegas Villarreal, cédula 602180471, Estudiante
  249. Casilda Sancho Barrantes, cédula 202410142, Jubilada
  250. Roberto Zeledón Arias, cédula 106000540, Asesor legislativo
  251. Alejandro Navarro Cruz, cédula 304780672, Sociólogo
  252. Hannia Franceschi Barraza, cédula 601230166, Trabajadora Social.
  253. Elizabeth Rodríguez Jiménez, cédula 203850652, Economista
  254. Ana Lorena Hidalgo Solís, cédula 104680075, Psicóloga
  255. Maricela Morales Mora, cédula 104800252, Profesora
  256. Sandra Cartín Herrera, cédula 203430634, Socióloga Jubilada
  257. Graciela Villalobos Mora, cédula 115850560, Diseñadora
  258. Roxana Gómez Zúñiga, cédula 1646922, Antropóloga
  259. Gerardo Lazcares Jiménez, cédula 1376797, Ex Subdirector OIJ
  260. Milena Grillo Rivera, cédula 103410303, Especialista Derechos de Niñez y Adolescencia
  261. Guiomar del Rocío Martín Tedman, cédula 103550418, Jubilada
  262. Idahyma Barrantes Fernández, cédula 105730729, Dra. Psicología
  263. Neddy Zamora Chacón, cédula 104001406, Socióloga Pensionada
  264. María Teresa Solís Zamora, cédula 1407239, Abogada
  265. Dhariana Cárdenas Guevara, cédula 112670075, Socióloga
  266. Ernesto Lara Carrillo, cédula 103070121, Pensionado
  267. Patricia Carrillo Valverde, cédula 105860900, Psicóloga y Docente Pensionada del MEP
  268. Silvia Salgado González, cédula 104670993, Antropóloga
  269. Alejandra Fernández Bonilla, cédula 105740192, Periodista
  270. Yanury Chaves Solano, cédula 104011495, Educadora Pensionada
  271. Marianela Vargas Acuña, cédula 107010522, Psicóloga
  272. Eddy Hernández Sandino, cédula 109820649, Psicólogo
  273. Walter Hilje Matamoros, cédula 205500659, Sociólogo, Docente e Investigador
  274. Sebastián Coto Murillo, cédula 113900221, Estudiante Maestría Académica de Filosofía UCR
  275. Fernando Lizana Moreno, cédula 800720990, Ingeniero en Electrónica
  276. Ana Lucía Gutiérrez Espeleta, cédula 105610866, Jubilada
  277. José Manuel Cerdas Albertazzi, cédula 501950539, Historiador Catedrático Jubilado
  278. Rosa María Muñoz Varela, cédula 601520211, Docente
  279. Carolina Méndez Araya, cédula 106620439, Ama de casa
  280. Saskia Rodríguez Steichen, cédula 108570902, Docente y funcionaria del Gobierno
  281. Mario Salazar Montes, cédula 111690405, Profesor
  282. Jonathan Acuña Soto, cédula 402020231, Economista
  283. Mónica Bravo Herrera, cédula 110550200, Educadora
  284. Vernor Arguedas Troyo, cédula 900130121, Matemático
  285. Leila Marcela Sánchez Cortés, cédula 107860493, Promotora Política
  286. Sergio Rojas Camacho, cédula 108040259, Exportador PYMES
  287. Yajaira Sibaja López, cédula 701320072, Empresaria
  288. Macarena Barahona Riera, cédula 1526207, Investigadora y Poeta
  289. Gabriela Masís Moya, cédula 302500682, Periodista
  290. Minor Germán Vargas Gutiérrez, cédula 104041058, Juez Penal Jubilado
  291. Hernán Sánchez Guevara, cédula 104190636, Abogado y Notario Jubilado
  292. Omar Arrieta Chavarría, cédula 501431027, Geógrafo
  293. Enid G. Cruz Ramírez, cédula 2318599, Pensionada
  294. Ana Trejos Trejos, cédula 104470409, Consultora Independiente
  295. Víctor Salazar Montes, cédula 112100325, Abogado
  296. Elsa Natalia Artavia Sandí, cédula 114490517, Emprendedora de Servicios de Asesoría
  297. Cindy Umaña Matamoros, cédula 112020090, Ama de casa
  298. Grazia Lomonte Lomonte, cédula 138000127933, Psicóloga, Consultora en Salud y Directora ICOPSI
  299. Yorleny Córdoba Moya, cédula 111830547, Propietaria de Sala de Belleza YRstudio
  300. Fresia Ma. Salazar Campos, cédula 105020378, Docente
  301. Allen Torres Castillo, cédula 1439577, Músico
  302. Orlando Guevara Villalobos, cédula 110450345, Profesor
  303. Elisa Donato Monge, cédula 105140512, Socióloga Profesora Jubilada
  304. Diana Aguilar Chaves, cédula 114020363, Trabajadora Social y Docente.
  305. Leonel Aguilar Castillo, cédula 304780154, Músico
  306. Erasmo Solerti Aguilar, cédula 110910981, Docente
  307. Yadira Matarrita Brenes, cédula 302270778, Editora Académica
  308. César Castro Thames, cédula 302080680, Promotor Socio-Ambiental
  309. Mauricio Gerardo Zeledón Leal, cédula 105690067, Músico
  310. Gerardo Madrigal Aguilar, cédula 105550800, Antropólogo
  311. Alexander Céspedes Solís, cédula 107340468, Ingeniero Industrial
  312. Jaime Enrique Mayorga Robles, cédula 105000936, Tecnología Educativa
  313. Eladio Retana Fallas, cédula 104830574, Pensionado
  314. Élida Mesén Anchía, cédula 104740534, Socióloga
  315. Rafael Arias Ramírez, cédula 203800658, Profesor Universitario
  316. Veneida de los Ángeles Marín Sánchez, cédula 701180937, Estilista y Jefa de Hogar Independiente
  317. Sylvia Mora Zamora, cédula 105500713, Socióloga
  318. Xinia Lemaitre González, cédula 105650150, Lic. Planificación Económica
  319. Francisco Guevara Matarrita, cédula 601170965, Logística Aduanera
  320. Patricia Alvarenga Venutolo, cédula 302220051, Académica
  321. Carlos Bonilla Avendaño, cédula 401210878, Abogado
  322. Gustavo Oreamuno Vignet, cédula 108350921, Consultor
  323. Mario Zeledón Cambronero, cédula 104020707, Profesor
  324. Sebastián Polimeni Solís, cédula 401900061, Músico y Asesor Agrícola
  325. Jenny Susana González Matamoros, cédula 111240204, Artista Independiente
  326. Oscar Artavia Sánchez, cédula 302090100 Músico y Pintor
  327. Susan Campos Ortega, cédula 114170065, Regidora Municipal
  328. María Fernanda Rojas Rojas, cédula 111690014, Antropóloga
  329. Martha Ulloa Zamora, cédula 104320615, Pensionada
  330. Marbella Martin Fragachán, cédula 800650045, Socióloga y Docente.
  331. Miriam Porras Jiménez, cédula 501790100, Educadora
  332. Juan Vindas Leitón, cédula 105820554, Conductor de Turismo
  333. Luis Guillermo Murillo Rodríguez, cédula 700760719, Abogado y Activista en Derechos Humanos
  334. Alfredo Arrieta Quirós, cédula 302070999, Creativo Gráfico
  335. Ester Membreño Valle, cédula 104340673, Socióloga
  336. María de Jesús Arrieta Guadamuz, cédula 501461320, Dra. en Nutrición
  337. Vernor Muñoz Villalobos, cédula 105640548, Escritor
  338. Juan Gabriel Vargas Rojas, cédula 504120604, Estudiante
  339. Jaime Roberto Robert Jiménez, cédula 105230146, Psicólogo Social
  340. Rafael Cuevas Molina, cédula 800710280, Profesor
  341. Carmen Alfaro Murillo, cédula 90440456, Educadora Pensionada
  342. Waltraud Barthel, cédula 104000006408, Microempresaria
  343. María Cristina Zeledón Lizano, cédula 102300339, Lic. Filosofía
  344. Mónica Perea Anda, cédula 800500903, Docente
  345. Esteban Damián Avendaño Soto, cédula 109040803, Físico y Ingeniero
  346. Gustavo Adolfo Jiménez Barboza, cédula 113580886, Docente Universitario
  347. Melissa Rodríguez Ríos, cédula 402130407, Artista Escénica
  348. Suy Wong Ugalde, cédula 105720540, Traductora
  349. Andrea Percich Assenza, cédula 801210541, Estética
  350. David Ricardo Castro Barrantes, cédula 206810124, Sociólogo, Estudiante de la Laurea Magistrale in Sociologia e Ricerca Sociale
  351. Maribel Morales Rojas, cédula 206790111 Administradora Pública
  352. Rafael Rivas Ducca, cédula 106990060, Consultor
  353. Christopher Segura Campos, cédula 603730276, Abogado y Microempresario PYME
  354. German Enrique Montes Guevara, cédula 104050691, Pensionado
  355. Mónica Chinchilla Vargas, cédula 110970814, Empresaria en Turismo
  356. Marta Quirós Mora, cédula 105050491, Ex Pymes y Ama de casa
  357. Marcos Francisco Gutiérrez Alpízar, cédula 203700327, Profesor
  358. Luis Leiva Friedman, cédula 106210013, Docente
  359. Vanessa Smith Castro, cédula 107560416, Psicóloga
  360. Gloria Gavioli Muzzati, cédula 800970237, Hotelera
  361. Ronald Alpízar Martínez, cédula 602360755, Asesor de Microfinanzas
  362. Guadalupe Urbina Juárez, cédula 501830490, Músico
  363. Sofía Salas Monge, cédula 11013804, Abogada
  364. Jose Rojas Camacho, cédula 207670275, Estudiante
  365. Lucía Godínez Rojas, cédula 113980229, Promotora de la salud
  366. Marta Araya Marroni, cédula 107010787, Gerente General
  367. Susan Francis Salazar, cédula 107210975, Docente Universitaria y Catedrática
  368. Danilo Herrera Soto, cédula 401030076, Economista y Productor Agropecuario
  369. Yanín Carranza Chaves, cédula 204820663, Psicóloga
  370. José Ángel Vargas Vargas, cédula 2371866, Profesor Universitario UCR
  371. Ana Lucía Calderón Saravia, cédula 106520347, Antropóloga
  372. Gilbert Villafuerte Mejías, cédula 60971090, Pensionado
  373. Daniel Ortuño Lizano, cédula 112460796, Ing. Mecánico
  374. Lorena Pinto Berrocal, cédula 104530059, Entrenadora
  375. Álvaro R. Ureña Padilla, cédula 106400393, Ing. Agrónomo
  376. Jorge Murillo Medrano, cédula 502390459, Catedrático
  377. Guido Arturo Romero Montes, cédula 105000321, Jubilado
  378. Hannia Franceschi Barraza, cédula 6123166, Trabajadora Social
  379. Luis Alberto Soto Ramírez, cédula 203710970, Trabajador Social
  380. María Elena López Núñez, cédula 103410135, Pensionada
  381. Rafael Esteban Chaves Salas, cédula 107570203, Microbiólogo
  382. Adilia Solís Reyes, cédula 155803301923, Docente Universitaria
  383. María José Ferlini Cartín, cédula 110610439, Editora Periódico Surcos
  384. Manuel Antonio Barahona Montero, cédula 106850904, Sociólogo
  385. Jaime Enrique García González, cédula 105330503, Catedrático
  386. Roxana Lourdes Cedeño Sequeira, cédula 601020645, Trabajadora Social
  387. María Isabel López Ulloa, cédula 304550606, Trabajadora Social
  388. Flavia José Mora Cubero, cédula 205360772, Docente MEP
  389. Jenny Vásquez Vásquez, cédula 204870874, Enfermera UCR
  390. David Gamboa Cervantes, cédula 701970130, Trabajador independiente y estudiante de Gestión de Turismo Sostenible, Instituto Tecnológico de Costa Rica
  391. Anabelle Maffioli Reyes, cédula 105420111, Agrónoma pensionada
  392. Magally González Jarquín, cédula 107550002, Educadora, Patronato Nacional de la Infancia
  393. Guiselle Bolaños Mora, cédula 103910972, Jubilada
  394. Moisés Orias Lezama, cédula 502050160, ingeniero, Sociedad Civil
  395. Elieth Hume Salas, cédula 30246078, jubilada Universidad Estatal a Distancia
  396. Heriberto Araya Céspedes, cédula 601020231, educador pensionado
  397. Roberto Vargas Fallas, cédula 3297736, ciudadano
  398. Alejandra M Cartín  Leiva, cédula 105720619, psicóloga
  399. María Lorena Delgado Figueroa, cédula 105020296, pequeña empresaria
  400. Adolfo Vargas Salas, cédula 111330529, docente
  401. Andrea Ramírez Aguilar, cédula 113730654, socióloga
  402. William Alberto Mendez Garita, cédula 30263096, abogado y politólogo
  403. Lili Fernández González, cédula 1468210, Pensionada
  404. Paulina Mata Monge, cédula 107910223, Ingeniera y Ecologista
  405. Tania Hermosilla Arroyo, cédula 113500545, Administradora
  406. Carlos Camacho Nassar, cédula 202861360, Antropólogo
  407. José Gabriel Rivas Ducca, cédula 105461000, Biólogo /Guía Turístico
  408. Paul Chaverri Gould, cédula 104340688, Abogado
  409. Wálter Benavides Hernández, cédula 401580292, Músico
  410. Mauricio Penagos Villegas, cédula 800770437, Músico
  411. Héctor Morales Jara, cédula 115200014036, E l lmist
  412. Ligia Quirós Gutiérrez, cédula 202760277, Veterinaria
  413. Luis Ángel Castro Jiménez, cédula 105000546, Cantautor
  414. Liliana Quesada Saravia, cédula 105170402, Socióloga Consultora
  415. Óscar Montanaro Meza, cédula 102800391, Profesor emérito de la Universidad de Costa Rica
  416. Luis Meza Ramos, cédula 105470861, Agente de ventas
  417. Wifrido Rodríguez Vargas, cédula 400900863, Jubilado
  418. Alice Miranda Arguedas, cédula 401020708, Jubilada
  419. Hazel Ma. Vargas Zeledón, cédula 103980738, Filóloga
  420. Rodrigo Fernández Vázquez, cédula 103961133, Jubilado
  421. Olga Marta Mena Vincenti, cédula 102890145, profesora  Profesora jubilada
  422. María José Cascante Matamoros, cédula 111660261, Profesora
  423. Marbella Martin Fragachán, cédula 800650045, Socióloga
  424. Juan Carlos Cruz Barrientos, cédula 104160403, Comunicador social jubilado
  425. José Francisco Alfaro Carvajal, cédula 105180468, Abogado
  426. Vanessa Smith Castro, cédula 107560416, Docente Universitaria

Coronavirus, trabajadores y un mundo en disputa

Por Víctor Báez Mosqueira*

En enero del 2009, formé parte de una delegación sindical internacional de la CSI que fue a Washington a entablar una serie de conversaciones con los directores del FMI y del Banco Mundial. Para ellos, la superación de la crisis del 2008 pasaba por volver a las viejas recetas ortodoxas. No se tomaban en cuenta, ni importaban, las otras dos graves crisis en ascensión, la ambiental y la social, derivadas de la extensión de las políticas salvajes de mercado también a esas esferas.

Nuestra posición sostenía que había que mirar a futuro y apuntar a resolver las tres crisis conjuntamente, con políticas integradas y globales.

No solamente no se hizo nada en ese sentido, sino que las políticas propugnadas por las instituciones financieras internacionales siguieron recetando políticas equivocadas al exigir recortes de gastos y la reducción de la protección social hasta que fuera solo un remedio tímido, tímidamente limitado a los sectores extremadamente pobres, dejando de lado a quienes estaban un poco por encima de la línea de pobreza.

En el ámbito político, sobrevino el ascenso de sectores de extrema derecha a los gobiernos de varios países europeos, de Estados Unidos, algunos (neo) golpes de estado en América Latina, como en Honduras, Paraguay, Brasil y, recientemente, Bolivia. Los culpables de la crisis pasaron a ser los sectores populares, los migrantes, trabajadores y trabajadoras que tenían contratos colectivos o querían hacer valer sus derechos como ciudadanos y ciudadanas.

Si bien, aunque sea en forma simbólica, la creación del G 20 fue una admisión tácita de que era necesaria una conducción más participativa del mundo, porque el divorcio entre el pretendido liderazgo del G 7 y la realidad ya era explícito, del otro lado, las grandes empresas seguían su tarea de minar el multilateralismo, al iniciar una ofensiva dentro de las Naciones Unidas que tiene como colofón, entre otras cosas, la firma de un acuerdo entre la ONU y el Foro Económico Mundial para la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, lo que, a nuestro entender, socava aún más los fundamentos del multilateralismo, tan necesario para la gobernanza del mundo.

No se volvió a la “normalidad” previa a la crisis de los subprime de 2008. Mucho menos se resolvieron las crisis preexistentes. Lo que se hizo fue aplicar algunos remiendos que ayudaron a empeorar las cosas. Creció la desigualdad, se continuó depredando la naturaleza (ascenso del número de gobiernos que niegan la propia existencia del calentamiento global) y se multiplicaron los gobiernos (con apetencias autoritarias) enemigos de la inclusión.

Los resultados están a la vista. El coronavirus no viene a caer en el vacío. Llega y se propaga en un mundo dominado por políticas elitistas y excluyentes ya conocidas.

Hace ya varios años se habla de que menos del 10 por ciento de la población retiene la misma cantidad de riqueza que lo que posee el 50 por ciento de la población más pobre del mundo. El 28 de noviembre de 2019, Jeffrey Sachs, uno de los tres principales economistas del planeta en la actualidad, dio cifras estremecedoras en un evento llevado a cabo en la OIT, en Ginebra, sobre financiamiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Dijo que el PIB mundial es estimado en 100 billones de dólares, de los cuales 10 billones (10 por ciento del PIB mundial) están en manos de 2.000 personas, los billonarios del planeta.

Por otra parte, un informe de la ONG Global Financial Integrity, de fecha 3 de marzo de 2020, muestra que debido a sobrefacturaciones o subfacturaciones en el comercio internacional, 8,7 billones de dólares (8,7 por ciento del PIB mundial) han dejado de ser recaudados por el fisco de 148 países en vías de desarrollo del mundo, entre 2008 y 2017. ¿Para dónde se han dirigido esos recursos? Probablemente, para los paraísos (guaridas) fiscales. No se toman ahí las otras fugas por otros conceptos. Y pensar que siguen insistiendo en que el sector público es la causa de todos los males del orbe. ¡Caras de piedra!

Son solamente dos ejemplos de muchos que pueden darse, que vienen al caso porque ahora, con el coronavirus, en la medida en que el epicentro se va desplazando hacia las Américas, surgen sectores liderados por Donald Trump, Jair Bolsonaro y otros que insisten en instalar un debate sobre si se prioriza la salud económica o la salud pública. Dicen que no hay que parar la economía, que hay que seguir trabajando y que es lamentable, pero natural, que se pierdan “algunas” vidas. La extrema derecha está llegando más lejos que en la crisis subprime. Entonces exigían que renunciáramos a nuestros derechos, ahora nos demandan que, además de entregar nuestras conquistas, ofrezcamos nuestras vidas en holocausto para defender “su” economía, la economía que les sirve solamente a ellos.

Ahora todo se centra en volver a la normalidad, o sea, al estado de las cosas previo a la aparición y propagación del Covid-19. Hay esfuerzos loables de encontrar una vacuna, de testar a la mayor cantidad de gente, de que los sistemas de salud sean adaptados, en la medida de lo posible y en forma urgente, para hacer frente a la emergencia.

Debemos hacer notar, como lo propone el José Robles, del Instituto Mundo del Trabajo, de Argentina, que todos estos esfuerzos se dirigen a resolver el enorme problema mundial creado por esta pandemia. Y se pregunta: ¿Qué pasaría si dentro de un tiempo corto surgiera otro virus y otra crisis? ¿Soportaran nuestros países? ¿Aguantará el mundo? Claro que no.

Hay algunos cambios de posición que son positivos. No es común ver al FMI recomendando a los gobiernos gastar más en salud y estimular el consumo interno. Un chiste ronda por América Latina, que dice que el miedo a la muerte convierte a muchos neoliberales en keynesianos. Pero discursos llamativos prometiendo cambios después de estallar la crisis de 2008 también fueron pronunciados. Entre ellos, recuerdo el de Sarkozy. No hubo ulterioridades y hoy estamos como estamos.

Por tanto, queda meridianamente claro que la solución no está solamente en superar esta pandemia asesina y volver, a lo largo de los próximos meses, a nuestra pretendida normalidad diaria. O se supera este modelo neoliberal o perecerá gran parte de la vida del planeta, incluyendo miles de millones de seres humanos. O se recupera el rol de los Estados y se coloca a la política y a la vida por encima del antojo de los grandes capitales o no tendremos sostenibilidad.

O se impone una tasa tipo Tobin a las transacciones financieras y se redistribuye el resultado y se establece “un impuesto al bienestar” a esos dos mil billonarios de los que hablamos o no lograremos financiar los ODS.

O exigimos enérgicamente que el embargo a Venezuela, Cuba y otros países sea levantado o veremos una hecatombe por efecto de las políticas activas de unos gobiernos y la complicidad silenciosa e insolidaria de otros.

O los gobiernos imponen robustas bancas públicas de desarrollo para sostener y promover las pequeñas y medianas empresas, los verdaderos generadores de empleo, y acelerar la necesaria transición hacia un modelo de producción centrado en innovaciones sociales y ambientales o seguiremos siendo rehenes del sector usurero de las finanzas.

La atracción de inversión extranjera directa es importante para los países en desarrollo pero apenas es capaz de promover transformaciones cuando articulada con las pequeñas y medianas empresas locales e integrada a una política industrial centrada en la innovación.

O volvemos a insistir en la integración real en los continentes, en este caso en América Latina, y reactivamos UNASUR y CELAC o seguimos nuestra reciente trayectoria de creciente pérdida de relevancia en las decisiones globales sostenida en un adefesio como PROSUR. El periodista Mariano Vázquez sostiene acertadamente que dicho esperpento debería mejor llamarse PRONORTE porque es totalmente funcional a las políticas de Donald Trump.

O establecemos sistemas fiscales que posibiliten la inclusión social o seguiremos expulsando compatriotas hacia el exterior. Seguimos insistiendo en que la solución no es solamente igualdad de derechos de los/as migrantes en los países de destino, sino igualdad de oportunidades en los países de origen. Derecho a no migrar.

O defendemos y reforzamos el multilateralismo, donde los gobiernos de países pequeños y grandes interactúen o permitiremos que el “multistakeholderismo”, liderado por las grandes empresas, dirija el accionar de las Naciones Unidas.

Aquí pueden faltar muchas cosas y puede ser necesario priorizar los puntos, pero lo cierto es que, si queremos un mundo sostenible, no podemos contentarnos con volver a los meses anteriores al Covid 19. Cada uno de los países y la comunidad internacional deben estar preparados para contener cualquier otro virus y cualquier otro tipo de crisis, porque la inestabilidad es la nueva normalidad en el mundo que se viene.

*Secretario General Adjunto de la Confederación Sindical Internacional (CSI)

Fuente: https://www.alainet.org/es/articulo/205587

Ilustración: https://www.alainet.org/es/articulo/187517

Confinando el hambre en los estómagos (VII)

Manuel Hernández

En una entrega que realicé ayer, titulada “Día Internacional de las Trabajadoras de Hogar, en el ojo de la pandemia”, comentaba la situación tan vulnerable que sufren las trabajadoras del servicio doméstico, que a consecuencia de la pandemia, han sido despedidas, sin ninguna indemnización, o que sus solidarios patronos simplemente les dijeron que regresen a su actividad laboral hasta cuando se normalicen las cosas, suspendiéndoles indefinidamente el pago del salario.

Asimismo, planteaba la imperiosa urgencia de adoptar medidas de compensación social, que aseguren a estas trabajadoras obtener un subsidio económico para satisfacer sus necesidades básicas.

No obstante la urgencia de estas indiscutibles e impostergables medidas, las mismas están todavía en el aire, “a mitad del camino, entre ninguna parte y el olvido”, como dice la frase de la película Million Dollar Baby, dirigida por Clint Eastwood.   

Por contrario a esta indolencia social de nuestros gobernantes y políticos, interesa destacar que en algunos países se están adoptando medidas tendientes a proteger socialmente a las trabajadoras de hogares.

Al respecto, importa destacar que la reunión del Consejo de Ministros del Estado Español, celebrada el mismo día de hoy, acordó otro Real Decreto-Ley –aun no publicado en el Boletín Oficial del Estado-, que reconoce un subsidio extraordinario a las empleadas de hogar, que hayan dejado de prestar servicios total o parcialmente, en uno o varios domicilios, a raíz de la crisis sanitaria.

El Real Decreto ampara a todas las trabajadoras despedidas o hayan renunciado a sus empleos, a partir de la declaratoria de emergencia.

El subsidio extraordinario aprobado por el Consejo de Ministros equivale a un 70% de la base reguladora, hasta un máximo equivalente al salario mínimo interprofesional.

En nuestro país, las discusiones políticas van y vienen, de un lado hacia otro, mientras que las personas trabajadoras del servicio doméstico, permanecen confinadas en sus hogares, encerrando el hambre de sus hijos en los estómagos.

 ¡Los sacrificios no los tienen que seguir soportando las mismas de siempre!

Coronavirus y Crisis Sistémica del Capitalismo

Wim Dierckxsens y Walter Formento

El Departamento Ecuménico de Investigaciones (DEI) envió a SURCOS el siguiente análisis de coyuntura:

Con el gobierno de Trump no solo se manifiesta claramente la crisis agónica, turbulenta y conflictiva del capitalismo, sino que se evidencia con la actual Gran Depresión la imposibilidad de salir de la misma.

Expresando un nacionalismo industrialista, anti-oligarquía financiera, Trump está en una confrontación total con las fuerzas del esquema de poder globalista (representadas en EEUU por el establishment financiero-político globalista en la cúpula del Partido Demócrata). En forma secundaria se enfrenta con el esquema continentalista (el establishment financiero-político del Partido Republicano, específicamente el Tea Party con el que no tiene su enfrentamiento principal y pudo acordar una coalición de gobierno para garantizar un mínimo de estabilidad).

Las empresas estrellas del globalismo en inteligencia artificial, informática, internet, robótica, supercomputadoras, telecomunicación, etc. (Facebook sino también a Twitter, Netflix, Alphabet, Google, Apple, Instagram, Amazon y Microsoft), muy a menudo con fuertes inversiones en China (Hong Kong, Shanghái, Taiwán), son atacadas a su vez por Trump, quien ha comenzado una guerra económica no tanto contra China como país, sino en primer lugar contra dichas empresas trasnacionales angloamericanas con fuertes inversiones fuera de EE. UU., con la finalidad de que se “relocalicen” nuevamente en territorio estadounidense.

La crisis bursátil de 2008 afectó a los ´valores estrella´ de la Bolsa esta manifestación ha hecho bajar las esperanzas de un nuevo ciclo tecnológico productivo dirigido por el capital financiero globalista. Con ello se manifestó en primer lugar que el capitalismo actual no estaba en condiciones de generar un ciclo expansivo en el ámbito de la producción. Lo que observamos desde entonces es la baja en las tasas de interés de los grandes bancos centrales para que los grandes consorcios obtengan crédito prácticamente gratuito para la recompra de sus propias acciones que no dejaron de subir, generando grandes beneficios para el 1% de la población acentuando una profunda desigualdad en la sociedad.

Al estar lo nacional subordinado al capital transnacional desprovisto de soberanía efectiva, tiene pocas posibilidades de mejorar las condiciones de vida de las poblaciones si no se entronca con una visión y política de soberanía popular. La imposibilidad de salir de la crisis capitalista en esta Gran Depresión obliga en última instancia una nueva racionalidad económica a escala global.

En la Gran Depresión el capital se verá obligado prolongar el ciclo de reproducción del capital para bajar el costo tecnológico a transferir al producto final y podrá sacar en el corto plazo a las empresas menos competitivas. Lo anterior es más factible al cerrar las fronteras, o sea con más proteccionismo, hecho que a su vez lleva la espiral de acumulación hacia abajo y agota la racionalidad económica capitalista.

En la Gran Formación Social Emergente (con potencialidad de estar integrada por diversos países con soberanía nacional recuperada) estas dinámicas ya han cobrado un claro tinte de “desconexión”, con marcados rasgos antiimperialistas como es el caso de China y Rusia.

De cualquier forma, es muy probable que el mundo del capital que hemos conocido hasta ahora, comandado por el Eje Anglosajón desde 1700, con sus sucesivas expansiones globalizadoras unipolares que han abortado cualquier clase de soberanía popular nacional, esté llegando a su fin con esta Gran Depresión.

El colapso e implosión de esta última fase de globalización en la actual Gran Depresión afectará también, ya lo está haciendo, la propia existencia de bloques económicos y políticos, basados en el neoliberalismo como la Unión Europea.

Frente a esa decadencia, la Gran Formación Social Emergente (con China como epicentro y el tándem chino-ruso como motor) propone reconectar el capital ficticio a la economía productiva, redes de comercio, inversiones en infraestructuras y aprovechamiento de la energía en curso, de cara a una transición energética. Una Zona de Estabilidad, en definitiva, para posibilitar una alternativa post crisis al mundo con miras a una posible transición posiblemente gradual al postcapitalismo.

Por su parte, el Eje Globalista Anglosajón se resiste a ceder el puesto como hegemón mundial. Socava todos los intentos de construcción de la “autopista de la seda”, y son casi seguramente los responsables de la actual guerra biológica iniciada en China. Trump, por su lado, es consciente del inevitable repliegue del petro-dólar frente al petro-yuan-oro.

Su administración oficialmente no se alinea con la Gran Formación Social Emergente, pero en medio de la Gran Depresión quedará clara su posición al respecto alineándose con el proyecto multipolar y pluriversal.

La crisis del coronavirus como causa pantalla de la Gran Depresión

El coronavirus está siendo usado como excusa para buscar la explicación de la quiebra de los mercados planetarios, cuando esto es algo que empezó mucho antes. La gran crisis económica se anunció mucho antes de la crisis del coronavirus. Desde setiembre de 2019 la Reserva Federal (FED) invertía un billón de dólares al día, creada de la nada o emitida sin respaldo, primero para salvar al megabanco JP Morgan, entre otros bancos, así como diferentes Fondos de Cobertura (Hedge Funds) netamente especulativos y de gran riesgo.

Como hemos señalado durante los últimos años en diferentes publicaciones nuestras, era cuestión de tiempo para que la ¨Madre de todas las Burbujas¨ (la bolsa de valores) explotase y el coronavirus sirvió para “encubrir” a los responsables de la misma y dejarla explotar con toda la fuerza. Han sido los bancos centrales, los megabancos y en primer lugar la Reserva Federal (Fed) de EEUU, los que han creado la gran burbuja bursátil otorgando crédito a tasas de interés bajas a los grandes bancos, a costo (casi) cero, para las grandes corporaciones que solían no invertir en la economía real, sino recomprando sus propias acciones obteniendo de esta forma ganancias sin producción y respaldo alguno.

Hubo una mega-inflación de los precios de las acciones que enriquecieron al uno por mil (0,001%) de la población a costa del 99,999% restante. Estos números son muy gráficos de la situación de los beneficiados, por ello la “confusión” en el seno del gran capital financiero.

El coronavirus, en otras palabras, no es el causante del colapso bursátil sino la cobertura perfecta para los verdaderos responsables de esta gran crisis económica de raíz financiera: la Banca Central, la gran Banca privada transnacional y las grandes corporaciones transnacionales.

Es difícil no dejarse llevar en la lectura de los hechos en este momento, por todo lo que implica el coronavirus, pero dentro de unos meses ya no habrá pánico en torno al virus, pero sí se nos presentará una pesadilla más duradera, una Gran Depresión Económica varias veces más grande que la de los años treinta.

Fragmento del artículo, puede descargar el documento completo aquí:

Un virus para mover buques mercantes

Javier Ureña Picado, director
Dirección de Extensión Universitaria
UNED

El 29 de setiembre de 1848 se promulga el escudo de Costa Rica con una clara imagen de lo que se pretendía visionar como país: buques mercantes, comercio, capacidad de insertarse en la economía mundial… Diríamos hoy, el emblema de la capacidad emprendedora, de vinculación con el mercado, en suma, de un país en el cual el sector privado y nuestra capacidad de hacer negocios forma parte de nuestra idiosincrasia.

Y sin lugar a duda, así lo ha sido. Sin embargo, esa imagen, como la Costa Rica “Esencial” de hoy, es parte de una sociedad de generaciones que han sabido combinar lo mejor de las “dos caras de la moneda”: sector privado y público.

La combinación de ambos lados es lo que nos hace Costa Rica, las dos son el resultado de una forma de ser, fuertemente enraizada en su capacidad organizativa, de aprovechar y potenciar, comparativamente, sus limitados recursos en función de momentos en donde se han establecido consensos, en coyunturas de unidad, de hermandad, de vernos como un solo país ante eventos como:

– La llegada de la noticia de la independencia de España, hace casi 200 años, y las primeras decisiones que fundamentaron un espíritu civilista y basado en normas.

– La declaración de la gratuidad de la enseñanza escolar.

– En medio de la crisis por las guerras mundiales, se establecen tres de los fundamentos de nuestro Estado Social de Derecho: educación superior pública, derecho a la salud y condiciones laborales mínimas.

– Luego de una Guerra civil de 1948: la supresión definitiva del ejército.

– Paralelo a las crisis de 1970, más educación al triplicar las opciones de instituciones de educación superior.

– Con una pandemia en medio de la etapa de mayor interconexión global de la historia de la humanidad: el esfuerzo nacional por desacelerar una “curva de contagio intensivo”.

Estos momentos históricos, y por supuesto muchos otros más, han pasado a serlo porque su generación ha asumido conscientemente su rol protagónico, con medidas que superaron la contingencia, y lograron visualizar las oportunidades, y sobre todo, con la exigencia en términos de desarrollo, de proyectar los cambios para el corto, mediano y largo plazo que propicien la más justa distribución posible de los beneficios en los muy diversos sectores, principalmente de aquellos con limitaciones de acceso a las oportunidades y factores que determinan el bienestar.  Lo anterior, con plena conciencia que aún quedan muchos retos en términos de inclusividad, por ejemplo, en cuanto a la equidad de género y los derechos territoriales de poblaciones indígenas, entre otros.

¿Cuál debe ser nuestro rol como generación? ¿Pasaremos a la historia como aquella que pudo aprovechar esta crisis humanitaria global para, precisamente potenciar una Costa Rica más justa?  ¿Saldrán a flote las condiciones “excepcionales” de Costa Rica? ¿Podremos poner en sintonía las fuerzas del sector privado y público?  ¿Será que afectando al sector público podremos generar la estrategia que todos requerimos para “salir” de la contingencia y la reconstrucción que requeriremos? ¿Será que, a la tica, debemos recuperar esas estrategias que, en medio de las crisis, nuestros antepasados acertaron con el fortalecimiento de la institucionalidad pública y de un compromiso solidario del sector privado de mayores ingresos? ¿Podremos, dentro de un par de años, detener la tendencia del aumento en el desempleo, el subempleo y la desigualdad? ¿Podríamos aprovechar esta crisis para que más habitantes de esta “excepcional” tierra cuenten con acceso a trabajo e ingreso digno y continuo, vivienda, salubridad, educación, recreación, y seguridad?

Cuando en setiembre del 2048 se conmemore el bicentenario de nuestro escudo nacional, y visualicen los factores que para esa época permitieron seguir contando con “buques mercantes” en el mismo, existe la probabilidad que nos identifiquen como la generación que, al mejor estilo a la tica, lograron aprovechar la crisis de la humanidad expresada en un virus, para propiciar una Costa Rica más solidaria, en la cual los “buques” se lograron mantener a flote y ampliaron sus rumbos, porque “excepcionalmente” había una institucionalidad que no solo los potenció, sino que posibilitó que más personas costarricenses fuesen sus propietarios y propietarias.

Podremos capitalizar la crisis actual si visionamos un futuro que parta de potenciar lo que nos ha hecho estar donde estamos, de fortalecer los “virus” que han movido nuestros barcos mercantes: la institucionalidad pública y la vocación por el trabajo y el esfuerzo de nuestras familias en la búsqueda de la mayor democratización económica posible.

 

Enviado por Martha Verónica Herrera Pérez.

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COVID-19: Proteger a los trabajadores en el lugar de trabajo

El COVID-19 revela con crudeza las desigualdades; y podría agravarlas
Por: Patrick Belser, Economista de la OIT

La pandemia del COVID-19 está exacerbando las desigualdades ya existentes: desde enfermar del virus, hasta mantenerse vivo o padecer las dramáticas consecuencias económicas. Las respuestas políticas deben
garantizar que el apoyo llegue a los trabajadores y a las empresas que más lo necesitan.

Opinión | 30 de marzo de 2020
Publicado en OIT Noticias

Desde los años 1980, la desigualdad de los ingresos se ha disparado en muchos países, lo que ha tenido graves repercusiones sociales y económicas. Hoy, la pandemia del COVID-19 pone crudamente de manifiesto esas desigualdades, tanto a la hora de contraer el virus, como de mantenerse en vida o de enfrentarse a las dramáticas consecuencias económicas. Algunos grupos, como los trabajadores migrantes y los trabajadores de la economía informal, se ven particularmente afectados por las consecuencias económicas del virus. Y las mujeres, que predominan en el sector público, están especialmente en riesgo.

El alto nivel de pobreza e informalidad, y la desprotección de algunos puestos de trabajo dificultan más la contención del virus.

Las respuestas deben asegurarse de que la ayuda llegue a los trabajadores y a las empresas que más lo necesitan, incluso a los trabajadores cuyo salario es bajo, las pequeñas y medianas empresas, los trabajadores autónomos y las numerosas personas en situación de vulnerabilidad.

Todos en situación de riesgo

Si bien hay trabajadores que pueden reducir el riesgo de contagio trabajando a distancia o beneficiándose de medidas de prevención, muchos otros no tienen esa ventaja pues ya están en situación de desigualdad.

A nivel mundial, 2.000 millones de trabajadores y trabajadoras (el 61,2 por ciento de la población mundial en el empleo) trabajan en el sector informal. Tienen más probabilidades de estar expuestos a riesgos de seguridad y salud al carecer de la protección apropiada, como mascarillas y desinfectante de manos. Muchas de estas personas viven en viviendas abarrotadas y en ocasiones carecen de suministro público de agua.

Ello no solo pone en peligro su salud, también reduce la eficacia de las medidas de prevención destinadas a la población en general.

La enfermedad como factor de mayor pobreza

Las desigualdades también se manifiestan de forma dramática si se contrae el virus. Para algunas personas, caer enfermo equivale a pedir una licencia por enfermedad, acceder a los servicios de salud y continuar percibiendo el salario, pero para quienes están en el extremo inferior de la cadena salarial, la situación es catastrófica. Muchos carecen de la cobertura de un seguro de salud y quedan expuestos al riesgo de morir. Es posible que ni siquiera tengan acceso a servicios de salud.

Incluso si en última instancia se recuperan, la ausencia de prestaciones de sustitución de los ingresos los expone a una situación de mayor pobreza. Se estima que, cada año, 100 millones de personas caen en la pobreza a consecuencia de gastos de salud desmesurados.

El dilema de “trabajar o perder los ingresos”

Los gobiernos y los bancos centrales han adoptado medidas de envergadura para preservar los puestos de trabajo y las empresas, y a proporcionar a los trabajadores ayuda a los ingresos. Desafortunadamente, no todos los trabajadores o las empresas se benefician de estas medidas. Para los trabajadores de la economía informal, la reducción de las horas de trabajo impuestas por la pandemia es sinónimo de pérdida de ingresos sin la posibilidad de percibir una prestación de desempleo.

Las microempresas y las pequeñas empresas informales, que constituyen el 80 por ciento de las empresas del mundo, suelen quedar fuera del alcance de las políticas públicas. Los trabajadores a tiempo parcial, muchos de los cuales son mujeres, los trabajadores temporales, o los trabajadores con un contrato de trabajo de corta duración y en la economía digital de ocupaciones transitorias, no suelen tener derecho a una prestación de desempleo o de ayuda a los ingresos.

Como trabajadores de la economía informal, muchas de estas personas afrontan el mismo dilema de “trabajar o perder sus ingresos”. Para pagar los alimentos y otros gastos básicos, siguen trabajando hasta que las medidas para limitar el contagio del virus los obligan a dejar de hacerlo. Ello agrava la inseguridad económica en la que ya se encuentran.

Se necesitan respuestas de política justas e inclusivas

La adopción de medidas a corto plazo ante la crisis no debe perder de vista la protección de las familias de bajos ingresos. Así, las medidas de ayuda a los ingresos deberían ser suficientemente amplias para cubrir a los trabajadores vulnerables y a las empresas que los emplean. Valga el ejemplo de Italia, que hizo extensiva la ayuda a los ingresos (80 por ciento del salario bruto) a los trabajadores de empresas con dificultades financieras, a todos los sectores de la economía y a las empresas con menos de 15 empleados, que normalmente no tienen derecho a ella. Además, se está pagando una compensación única a los trabajadores independientes y a los colabores externos.

España está proporcionando ayuda a los ingresos a los trabajadores autónomos, los socios de cooperativas y los trabajadores cuyo empleo ha quedado suspendido temporalmente, incluso si no les correspondía percibir una prestación de desempleo.

En los países en desarrollo, la informalidad y el espacio fiscal limitado se añaden a las dificultades. Sin embargo, la ayuda a los ingresos podría ampliarse mediante un plan de seguridad social no contributivo o con los programas de ayudas de efectivo vigentes. También podría prestarse asistencia temporal a las empresas informales.

https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_740184/lang–es/index.htm

 

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La pandemia de la insolidaridad

Los recursos que hagan falta para la atención de la emergencia deben ser cobrados a las grandes fortunas, al sector financiero, a las zonas francas, a los evasores fiscales y a los beneficiarios      de la amnistía tributaria del 2018. Porque ellos no han sido      solidarios con Costa Rica.

Carta pública al señor Presidente de la República y señoras y señores Diputados. Foro de Presidentes y Secretarios Generales del Magisterio Nacional.

Álvaro Vega Sánchez, sociólogo

La pandemia de la insolidaridad de los ricos, que genera escandalosa desigualdad en el mundo y en nuestro país, es el azote que cobra más vidas que cualquiera otra. La misma se venía incubando desde hace cuatro décadas, y el gobierno actual la ha conducido al pico más alto, lo que significa elevar el porcentaje, ya de por sí endémico, de pobreza, para salvar a las minorías que han venido amasando riquezas a costa del desfalco bancario, la evasión y la elusión del fisco.

Hoy el poder muestra el rostro de la frialdad y dureza que caracteriza a los regímenes autoritarios e inquisitoriales, quienes entre más dolor infligen a sus víctimas más lo celebran. Hay una dosis importante de sadismo gubernamental, al aprovecharse de una situación de emergencia nacional para hundir a una clase media precarizada, utilizando el comodín de “contribución solidaria”, con la idea de salvar a los pobres y desempleados, eximiendo de esa “contribución”, con descaro y desvergüenza, a los sectores más poderosos que hoy tienen al país en la quiebra.

Causa más que indignación la escena dantesca que se sucede cada día: se anuncia el avance de contagiados por el coronavirus y para contener la debacle económica se receta la medicina milagrosa de imponer una “contribución solidaria”, exclusivamente a los asalariados.

Estamos asistiendo a algo más que un golpe de Estado. Se trata de la clausura del Estado Social de Derecho costarricense.  Así, está terminando la historia de uno de los países más solidarios del mundo, que cimentaba su ejemplar régimen de seguridad social, tanto en salud como en pensiones, en el aporte compartido del Estado, del patrono y del trabajador.  El Estado se ha declarado en quiebra y los grandes empresarios y el sector financiero también, reportando cero ganancias.

Por eso, tenemos una institucionalidad social debilitada y un Estado policía que vela por los intereses del capital y, como si fuera una financiera usurera, garrotea a sus trabajadores tratando de convencer al pueblo que se trata de una invitación a la solidaridad en tiempos críticos. Hace poco cargaron sobre las espaldas del pueblo el déficit fiscal y ahora vuelven a doblegarlo para que pague las consecuencias económicas producidas por el COVID-19. ¿En quién cabe tal desfachatez?

Llegó la hora de pasarle la factura a un Estado indolente e inconstitucional, que se ha hecho de la vista gorda cuando algunos grandes empresarios de este país han vaciado sus arcas estafando a los bancos públicos y la mayoría evadiendo y eludiendo el fisco. Asimismo, demandarle que restituya las cotizaciones que no ha pagado, ni a los regímenes de pensiones ni a la Caja, sino que, al margen de la ley, los ha trasladado a su caja única.

Llegó la hora de decirle al gobierno que deje de jugar con la dignidad de un pueblo trabajador, noble y solidario. Hasta ahora, solo ha mostrado el rostro de uno más de los gobiernos insolidarios, frívolos e injustos de la historia política reciente de este país.

Ilustración: https://vocesprofeticas.blogcindario.com/2014/01/00193-insolidaridad.html

COVID-19: encrucijadas y respuestas humanas

Andrey Pineda Sancho,
sociólogo e investigador CICDE-UNED

La grave crisis pandémica que actualmente tiene en vilo al planeta entero nos ha hecho regresar a viejas preocupaciones antropológicas, constitutivas de nuestra especie, y a debates sociopolíticos y filosóficos de largo, más bien larguísimo, recorrido en nuestras sociedades. Ha potenciado, por un lado, nuestro ya de por sí perenne, aunque no siempre consciente, terror al desorden, al caos y a la finitud, y por el otro, nos ha obligado a tratar de encontrar respuestas aptas tanto para conjurar la amenazante situación, como para hacerla asimilable o llevadera a nivel cognitivo-emocional. De este intento participan, en distintos grados, las instituciones que conforman y modelan la vida sociocultural de los distintos países, los agentes sociopolíticos con mayor poder dentro de ellos, y por supuesto, las personas que con su accionar día a día contribuyen a mantener a flote los mundos socialmente construidos.

En medio del apremio, cada grupo, institución o persona, procurará hacer cuanto esté a su alcance para encontrar las respuestas que les permitan lidiar con la situación y para evitar con ellas el desmoronamiento del mundo que hasta ahora conocían. Las empresas, de distintos tamaños y colores, tratarán de evitar la quiebra o la disminución dramática de sus ganancias, el Estado echará mano de su poder para gestionar la crisis en sus muchas aristas y niveles de complejidad, los y las científicas correrán a ofrecer alternativas para atender lo urgente y resolver el futuro que se dibuja en el horizonte, mientras que la ciudadanía común, en su diferencia constitutiva, oscilará entre la espera de las soluciones externas y la imperiosa necesidad de solventar de forma autónoma sus más acuciantes angustias. Lo que no parece estar para nada claro, sin embargo, es si estos intentos resultarán capaces de cumplir con sus propósitos, si resultarán o no compatibles entre sí, o si serán realmente benéficos, no ya para un sector específico de nuestras sociedades, sino en general para el colectivo. El gran reto que tenemos al frente no reside tanto en encontrar respuestas, pues estas de una u otra forma llegarán y han estado llegando ya, como en hacer que estas respuestas estén inspiradas por criterios que resulten favorables a la consecución del mayor bienestar posible a nivel societal.

Entre los múltiples y multiformes, aunque no siempre creativos, atisbos de respuesta que se han estado proponiendo desde los círculos de poder, y en menor medida desde la ciudadanía, creo poder identificar el retorno y/o a la renovación de viejas discusiones político-filosóficas, así como la revitalización de algunos debates de más reciente data. Todo ello en el fondo no hace más que confirmar que casi todos los problemas que hoy nos estallan en la cara, en realidad nos han venido acompañando desde antes de la emergencia del covid-19 en el planeta. Entre otras cosas, esta crisis ha propiciado que:

  • volvamos a debatir sobre la pertinencia o no de dejar que el mercado colonice y cope los aspectos más esenciales del acontecer y del devenir humano. En la mayor parte del mundo la mano invisible del mercado se ha mostrado francamente incompetente para atender o resolver la crisis;
  • reflexionemos, una vez más, sobre la naturaleza del Estado y sobre su rol tanto en las dinámicas económicas, como en la vida privada de las personas. En este momento tiende a pedírsele, con particular vehemencia, que mantenga viva la economía y que procure la salud y la seguridad de las personas;
  • nos debatamos entre la necesidad de incentivar el control externo (biopolítico) de las conductas y la de apelar a la responsabilidad de cada persona. Aquello que en ocasiones se ha presentado como una dicotomía, en estas condiciones se ha tendido a posicionar más bien como una imperativa complementariedad;
  • se nos presenten con mayor crudeza las injusticias estructurales de nuestros ordenamientos sociales. Hoy se notan doblemente las duras e inhumanas consecuencias del empobrecimiento, de la desigualdad, del desempleo, de la informalidad laboral, del inequitativo acceso a la salud, de la falta de vivienda digna, de la indefensión en la que viven muchos de nuestros adultos mayores y de las desventajas socioeconómicas que padecen millones de mujeres alrededor del planeta;
  • adquiramos nueva o renovada consciencia de nuestra naturaleza eminentemente social. Hoy nos está quedando más claro que dependemos de otros y de otras para subsistir; que el otro y la otra son condición de posibilidad para mi propia existencia. Ello se ha revelado de forma notable en el trabajo realizado por las instituciones públicas, pero también en las cadenas de solidaridad que se han abierto en distintos frentes, ya sea para apoyar a la pequeña y mediana empresa, o para garantizar la sobrevivencia de los sectores más desposeídos y vulnerables de la sociedad;
  • reparemos en el carácter global de las grandes problemáticas que comprometen no sólo nuestra continuidad en tanto especie, sino también la del planeta como tal. Aún cuando hemos corrido a refugiarnos en la aparente, y sólo aparente, comodidad de los estados-nación, es muy obvio que de este tipo de apuros solamente podremos salir a través de respuestas y acciones de alcance global.
  • resurjan en nosotr@s todo tipo de incomodidades y sospechas no ya solamente respecto del funcionamiento del capitalismo en tanto sistema económico de corte mundial, sino sobre todo respecto del modelo civilizatorio que este ha configurado a lo largo de más de 500 años. Ha resultado inevitable preguntarse si dentro de tal proyecto podremos encontrar y tornar viables aquellos valores que requerimos para hacer frente, de forma eficaz, a nuestros problemas y retos comunes;
  • debamos preguntarnos sobre el papel que tendría que jugar la ciudadanía organizada, tanto a escala nacional como transnacional, en la necesaria construcción de un mundo menos devastador y excluyente. En última instancia, son las clases más desposeídas alrededor del planeta las que sufren con mayor dureza ante cualquier crisis de grandes proporciones, ya sea esta de naturaleza económica, sanitaria o ecológica.

La forma en que se “resuelva” la crisis y sus consecuencias posteriores es algo que aún está por verse. Lo cierto del caso es que, con independencia de las respuestas que le demos a la situación, ya no volveremos a ser l@s mism@s; para bien o para mal, ya no volveremos a serlo. Estamos ante lo que la escuela institucionalista llama “una coyuntura crítica”, las decisiones que tomemos hoy marcarán, de forma cuasi definitiva e irreversible, nuestra trayectoria futura. La gran pregunta que se levanta es: ¿cuál rumbo deseamos tomar? Dependerá de todos y todas apuntar hacia la dirección correcta.

Contextos y texturas: COVID19 entre el miedo, egoísmo y la solidaridad

CEP Alforja ha hecho un dossier sobre los desafíos del COVID 19, con hipervínculos a documentos que expresan distintas opiniones. “Se busca contribuir al pensamiento propio crítico y la acción transformadora”, dijo Óscar Jara Holliday a SURCOS.

El documento incluye ideas diversas y documentos para el pensamiento crítico y el debate propositivo. Este es el contenido:

La solidaridad como alternativa
COVID19 en contexto
¿Qué sociedad encontró el COVID-2019?
¿Qué valores imperan en la crisis?
¿Qué nos ensenan y qué nos esconden?
Disputa de sentidos
¿Qué institucionalidad?
Pronunciamientos
Encuentros
Poema
Educación Popular ante la crisis

Como temas a profundizar se sugiere:

– ¿Que sociedades encontramos y qué va a pasar con ellas?
– Miedo como instrumento de parálisis y dominación
– Cuidados o agenda de seguridad
– Solidaridad y cuido colectivo
– Perspectivas y disputas futuras

Puede descargar este valioso documento aquí:

El reto de arrinconar dos males: el virus y el hambre

La Rectoría UCR Informa, 30 de marzo de 2020

Desde inicios de marzo, nuestro país tomó medidas rápidas para abordar la pandemia del COVID-19. El 13 de marzo, con 26 casos detectados, el Poder Ejecutivo y, específicamente, el Ministerio de Salud Pública, instaron a la población a quedarse en casa, a sabiendas de que, para hacerle frente a esta pandemia, es imperativo interrumpir la cadena de contagios.

En estas circunstancias, es muy importante que la población tenga tranquilidad en dos sentidos. Primero, debe saber que no dejará de recibir servicios básicos (agua, electricidad e internet), aunque no tenga condiciones económicas para pagarlos. Segundo, debe tener seguridad de que contará con un ingreso básico para atender sus necesidades prioritarias, principalmente alimentos. Esta tranquilidad se alcanza mediante el respaldo del Estado y la solidaridad colectiva de todos los sectores sociales.

El Ministro de Salud Pública, don Daniel Salas, ha señalado claramente que no hemos alcanzado todavía el pico de contagio, lo cual ocurrirá posiblemente a inicios de mayo. Si no logramos aplicar sistemáticamente el distanciamiento físico, con el fin de detener o ralentizar la propagación del virus, pagaremos, como país y colectividad, un alto precio: un aumento del ritmo de personas contagiadas; mayor demanda de servicios de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), por encima de su capacidad de atención; colapso de un sistema de salud que necesitamos fortalecido, no debilitado, para que pueda hacerle frente a las demandas durante y después de esta pandemia; y más vidas perdidas, quizá de personas que apreciamos y queremos.

Al mismo tiempo, la prolongación del distanciamiento físico extiende y profundiza la crisis social y económica. Peor aún, es evidente que esta medida, indispensable en una emergencia sanitaria como la que vivimos, debe ir acompañada de garantías básicas para la vida. De no ser así, atentaríamos contra la ética de la solidaridad y provocaríamos la desobediencia de quienes deben elegir entre el distanciamiento y algún mínimo ingreso. Debemos actuar solidariamente con quienes sufren las consecuencias de una disposición sanitaria que beneficia a todas las personas.

Para garantizar el distanciamiento físico y lograr que dure el menor tiempo posible, es imperioso hacerle llegar a toda la población un mensaje claro y sencillo: puede quedarse en casa con el apoyo del Estado y de toda la sociedad.

La mayor parte de los servicios básicos se encuentran en manos de empresas públicas. Estas empresas deben garantizar los servicios y estimar los costos que esta garantía supondrá para aquellas personas y hogares que no puedan pagarlos, de manera de asegurar que no sufran interrupción.

Además, debemos crear un fondo de solidaridad para garantizar un ingreso básico único durante tres meses para toda la población que no lo tiene asegurado. ¿Por qué un ingreso básico único y no transferencias diferenciadas? Porque una transferencia diferenciada requeriría de algo que no tenemos: tiempo.

Antes de la crisis había en Costa Rica 1,7 millones de personas en condiciones de pobreza y 600 mil personas auto-empleadas, muchas en condiciones de precariedad. Además, había en el país 300 mil personas desempleadas. Ahora hay miles de personas viviendo suspensión de contratos de trabajo (más del 9000 al 27 de marzo) así como siendo despedidas. La lista de personas vulnerables es muy larga y va desde choferes de taxi y trabajo doméstico hasta personal de restaurantes, vendedores ambulantes, productores agrícolas y madres con hijos/as que dejan de recibir su pensión alimentaria. Identificar una por una a las poblaciones vulnerables nos llevará a correr detrás de los acontecimientos: muchas personas que hasta ayer tenían su sostenibilidad económica resuelta, hoy no la tienen más. Mañana, quienes estarán en esa situación, serán aún más personas. Por eso, en vez de agregar poblaciones, el criterio debería ser alcanzar a toda la población menos la que aún está en la planilla que mensualmente recibe la CCSS.

Este ingreso básico durante tres meses se puede financiar de manera solidaria y con criterios de progresividad. con impuestos temporales a la actividad de grandes empresas que no han dejado de trabajar; a empresas y personas que en 2019 se beneficiaron de una amnistía tributaria; y por supuesto también a los salarios altos en trabajos formales y seguros, tanto públicos como privados. La emergencia requiere, además, considerar nuevo endeudamiento.

Las posibilidades son diversas, pero lo más importante es que hay opciones para financiar un ingreso básico garantizado a toda la población que lo necesita.

Cabe resumir lo planteado bajo la idea de que se debe actuar de manera urgente para que, mientras se observan los resultados de las medidas de distanciamiento físico, toda la población tenga capacidad básica de compra, en particular de alimentos, así como de servicios básicos. Ello permitirá concretar el distanciamiento físico y atender simultáneamente el cuidado de la vida, la necesidad de volver a poner en marcha la economía, y preservar el orden social. No es, en realidad, solo la curva sanitaria la que debemos aplanar, sino también la curva del acatamiento mayoritario, si no total, al distanciamiento físico como único escudo protector contra la pandemia.

Foto: UCR