El pasado jueves, a eso del mediodía, el Ministro de Hacienda Rodrigo Chávez anunciaba desde el Museo de los Niños, convertido en Sede de la Asamblea Legislativa como algo muy simbólico, que el Gobierno de Carlos Alvarado enviaría al Primer Poder un proyecto de ley para crear una “contribución solidaria” pagadera por quienes ganaran más de 500.000 mil colones al mes, bien fuera en el sector público o privado, porcentaje que iría subiendo según fuera el monto del suelo. PERO ESO NO ERA LO MAS IMPORTANTE, sino que adelantó que TAMBIEN LAS GANANCIAS DEL CAPITAL serían objeto de la contribución solidaria y ahí, al proyecto le sucedió lo que, según el dicho popular… ¡le pasó a Tere!
¡Todo era soportable, menos tocar al sacrosanto capital!, ¿cómo se le ocurría eso al imberbe que nos gobierna? ¡De inmediato tocaron a rebato!, es de imaginar al representante plutocrático en el gobierno don André Garnier, recibiendo las llamadas de los miembros de los Panamá Paper reclamando semejante desaguisado, que los obligaría a repatriar algunos de sus “cinquillos”.
Así y antes que el cura ñato terminara de santiguarse, la Ministra doña Pilar lee el aguerrido Tweet del Presidente: ¡Mentira!… el gobierno no presentará ningún proyecto, pobrecitos los trabajadores de 500.000 colones!…como mampara para ocultar la verdadera razón de la baja de piso, nada menos, que al Ministro den Hacienda. Y para que no quedara duda, el Ministro Jefe de la Tombería Nacional, que supuestamente ninguna vela tenía en el entierro (¿del Ministro de Hacienda?), ratificaba lo mandado a decir por don Carlos Presidente, como recordando que él tenía la Seguridad en sus manos!
Hoy nuevamente en el marco informativo del Corona Virus, ya más calmados y obedientes, el Presidente y su Ministro de Hacienda de poca autoridad y vergüenza, aclaraban que si habrá ley de aporte solidario para trabajadores del sector público y privado, con salarios de un millón en adelante y escalonado cada medio millón, y de feria, sin temblarles la barbilla, dijeron que lo justo era que, quien ganaba más fuera más solidario y que en eso iban los salarios desde el Presidente para abajo, pero… ¿Y LAS GANANCIAS DEL CAPITAL? Qué cosa… ¡A NINGUN PERIODISTA SE LE OCURRIÓ PREGUNTAR!, ni a Don Ignacio desde el estudio, ni a nadie… qué “extraño” ¿verdad?; omertá o ley del silencio, lo llama la mafia italiana.
Por supuesto que estoy de acuerdo con colaborar solidariamente, pero creo que se debe tomar en cuenta una serie de condiciones antes de poner en difícil situación a muchas personas. Este 27 de marzo, por ejemplo, el Diario Extra trae un editorial infame propio de ese pasquín, donde dice que el 80% de los empleados públicos están en la casa “de vacaciones o haciendo teletrabajo” y que se “echan más de un millón a la bolsa” como si fuera robado. Nada más falso, manipulador y aberrante de un periodismo de baratija, que junto con sus colegas de La Nazi-On y Canal 7, se han dedicado en los últimos años a hacer una sociedad de odios hacia los empleados públicos y los pensionados, que justamente pagaron sus pensiones y LES ROBARON CINCO BILLONES DE COLONES, pero eso no lo dicen… ¡manipuladores!
Así terminó esa historia, con los costarricenses asalariados solidarios, las ganancias de capital ganando intereses en Panamá, Bahamas e Islas Vírgenes y el Presidente, su Gabinete, sus colegas de la prensa todos obedientes…muy bien, muchas gracias.
Esta historia me hizo recordar la película El Gendarme Desconocido de Cantinflas cuando, cuadrado y mano en la visera de su quepis decía… ¡¡A SUS ORDENES…JEFE!!
M.Sc. Fernando Rodríguez Garro – M.Sc. Roxana Morales Ramos – Dr. Henry Mora Jiménez – M.Sc. Greivin Salazar Álvarez Observatorio Económico y Social de la Escuela de Economía (UNA)
La medida anunciada por el Gobierno de la República el día de hoy, relacionada con la introducción de un impuesto temporal sobre los salarios, abre una discusión importante acerca de posibles medidas de naturaleza solidaria y progresiva que deberían adoptarse ante los efectos económicos y sociales del COVID-19. Consideramos que una iniciativa de modificación de impuestos debe construirse tomando en cuenta la capacidad financiera de los distintos grupos y su resiliencia ante la situación que estamos viviendo; además, debe ser progresiva, con el menor impacto macroeconómico posible y tratando de obtener un aporte de aquellas personas y empresas que puedan resultar gananciosas de la crisis.
En ese sentido, proponemos lo siguiente:
1. Si se quiere introducir un aporte adicional, temporal, en el impuesto sobre la renta que pagan las personas asalariadas, este debería ser creciente, empezando con un porcentaje más bajo sobre los salarios menores -por encima del segundo tramo del impuesto que inicia en 1 233 000 colones mensuales-, y aplicando un porcentaje mayor sobre los salarios más altos. Esto permitiría minimizar el impacto en el consumo de las familias, daría progresividad a la medida (que paguen más los que más tienen) y ayudaría a obtener recursos para ser destinados exclusivamente a la entrega de ayudas a las personas que están perdiendo su empleo.
2. Debe incrementarse también el impuesto a las rentas de capital para aquellos casos en los que las mismas no se vean afectadas por la actual situación. Nos referimos aquí sobre todo a las rentas recibidas por el pago de intereses y dividendos.
3. Se podría incluir un tramo adicional de 30% en el impuesto sobre la renta de las personas físicas con actividad lucrativa, por encima de ₡22 millones de renta neta anual. Para aquellas personas que siguen con actividad independiente, debe pensarse también en pedirles su aporte solidario a esta situación.
4. La idea de capturar la diferencia de valor entre el precio internacional de los combustibles y el precio local, dado que en el transcurso del año el primero ha disminuido en alrededor del 68% y el segundo un 10%, por medio de cualquier figura, es una idea que debe valorarse pero permitiendo que la reducción en el precio llegue a los combustibles usados por la industria, el transporte de carga y el transporte público, a fin de que ese beneficio también lo perciban esas actividades y los consumidores de esos bienes y servicios.
5. El país debe buscar la manera en que los sectores ganadores de esta crisis, que claramente los hay, den un aporte adicional y temporal, a fin de darle una ayuda a los sectores perdedores, en particular al sector turístico y los servicios relacionados con el entretenimiento. Inclusive, aunque esto implique pedir un aporte temporal a las empresas de zonas francas y a las grandes empresas del sector cooperativo.
6. No podemos perder de vista que se requerirá un esfuerzo fiscal adicional de largo plazo para poder encauzar al país en una senda de sostenibilidad de la deuda pública. En ese sentido, desde ahora debemos pensar en cómo gravar las mayores expresiones de riqueza y a aquellos sectores que generan externalidades ambientales negativas, para generar los recursos necesarios para resolver los problemas que enfrentaremos más adelante y empezar a trabajar por garantizar que esos recursos estén disponibles una vez que salgamos de la crisis.
El programa Observatorio Económico y Social de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional, reitera su disposición de aportar en la construcción de una salida a la crisis económica derivada de la atención del COVID-19.
La intervención en Casa Presidencial con el decomiso de las computadoras y hasta el teléfono personal del Presidente, fue un punto de debilitamiento extremo de la autoridad del Poder Ejecutivo y preludio de una anomia social muy peligrosa para la institucionalidad.
Cuando se llega a estos extremos tiende a producirse la reacción contraria: la concentración de la autoridad (yan). Este paso, cuando se da, tiene el riesgo de conducir las estructuras políticas al autoritarismo y a una debacle política.
La reacción Yan se ha producido, pero por suerte no por una medida de respuesta del Ejecutivo al debilitamiento de su poder, sino por una amenaza externa el coronavirus, que ha aglutinado a la población alrededor de las autoridades de gobierno especialmente el sector salud.
Hasta el momento las reacciones han tendido a aglutinar la opinión pública alrededor de las autoridades del gobierno, pero las aguas están revueltas y las corrientes anárquicas tipo “m’porta a mi” afloran por doquier, como lo hemos visto en los éxodos a las playas, reuniones en bares y otros sitios públicos, contraviniendo las disposiciones oficiales de manera retadora.
Esta emergencia ha sido aprovechada por el Ejecutivo para consolidar su liderazgo y autoridad en lo inmediato, y aunque se han tomado medidas radicales como sacrificar al turismo el problema sobrepasa sus capacidades y propuestas.
Las medidas tomadas hasta el momento para reducir el desempleo, como postergar impuestos o reducir cargas sociales a las empresas son acertadas pero incompletas. El teletrabajo puede ayudar, lo mismo que las medidas de mitigación a las empresas. Pero no sustituyen la desocupación y el estancamiento económico en las regiones. A la gente se le puede decir que se recluyan en las casas, pero si no tienen ingresos, tendrán que salir a conseguir alimentación y otros recursos vitales para el pago de servicios y alquileres.
Los países como Taiwan, Corea y China han tomado en consideración estas necesidades en su política de aislamiento de los casos contagiados y de defensa de la población vulnerable. Esto desde luego demanda recursos y un manejo local de la crisis. Nuestra economía no está en las mejores condiciones, para enfrentar esta crisis en todas sus dimensiones, pero debemos hacerlo si queremos ganarle la guerra al Coronavirus, con las menores pérdidas posibles. En primer lugar, es importante recurrir a los fondos internacionales de emergencia, se trata de un problema global y no solo nacional y esto debe reorientar los esfuerzos de nuestra política externa. No obstante, es posible que esto no sea suficiente y haya que recurrir a un esfuerzo especial. Tenemos antecedentes de situaciones de guerra como la de 1856 donde el entonces presidente Juan Rafael Mora puso sus haciendas en garantía y pidió a los otros cafetaleros hacer lo mismo para afrontar los costos de la guerra. Una situación similar, aunque en menor escala, se vivió después de la guerra civil de 1948 donde se impuso un impuesto al capital, para financiar los daños de la guerra.
Estamos en una guerra que exige una gran desmovilización del aparato productivo establecido. No podemos enviar a la gente para la casa sin recursos para sobrevivir, es importante apoyar, por una parte, las iniciativas locales para reorientar la producción nacional como la iniciativa de los productores de hongos que están ofreciendo el producto rechazado por los hoteles a las organizaciones comunales. Por otra parte, asignar recursos, dentro de líneas claramente definidas a las organizaciones y gobiernos locales que son quienes tienen el contacto directo con los problemas, para promover soluciones y apoyar las necesidades más urgentes.
Otra alternativa no existe, el desempleo es terreno fértil para la anarquía y el desorden que está a flor de piel en amplios sectores, al mismo tiempo que un terreno muy fértil para el narcotráfico, que busca consolidar la ruta de la cosa y la creciente economía subterránea.
SURCOS reproduce este texto publicado por Jaime Ordoñez en su espacio de Facebook.
Yo pago casi 39% de impuestos mensuales (25% de renta, 9,5% de CCSS, más otras cargas). Y estaría de acuerdo en pagar más en esta grave crisis, solidariamente. Pero es hora de que todos los sectores exonerados, especialmente los que nunca han pagado impuestos de renta en Costa Rica, también paguen. Las zonas francas, las grandes cooperativas, los distintos regímenes liberados por las 172 leyes o exenciones que tiene nuestro sistema jurídico. Los banqueros y emisores de tarjetas que practican la usura leonina. ¿Por qué ensañarse, una vez más, sólo con los asalariados? Eso no es solidario.
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BANQUEROS Y TARJETAS DE CREDITO. – Empecemos con reducir las descomunales ganancias de los bancos y emisores privados que imponen tasas de usura en tarjetas de crédito (en algunos casos del 59% o 62% de interés efectivo), pues ello impacta directamente a la ciudadanía y su capacidad de consumo o sobrevivencia. En una gran crisis como esta, para salir adelante la gente se endeudará aún más con tarjetas, pues es el crédito más inmediato y disponible. Entonces, pasaremos de 900,000 deudores ya demandados en los tribunales de justicia por créditos de consumo a quizá 1,2 millones en poco tiempo.
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La deuda asociada de las tarjetas y a favor de los bancos y banqueros es 1.4 billones de colones (octubre, 2019) lo cual representa un 4,51% del Producto Interno Bruto (PIB). ¿No sería justo pedirle a esos pobres banqueros un poco de solidaridad?
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Con solo bajar la tasa de interés al 38% (proyecto impulsado por los diputados Welmer Ramos González y David Gourzong Cerdas) se liberarían más de 10.000 millones de colones mensuales a favor de los ciudadanos, quienes podrían usar esos recursos para sobrevivir en momentos de falta de trabajo y de ingresos. Pero con sorpresa, nos enteramos hace una semana que el Poder Ejecutivo sacó de la lista de aprobación el proyecto sobre Usura en Tarjetas de Crédito, después de tantos esfuerzos en los últimos meses que había conseguido, por fin, el consenso esperado por las diferentes fracciones parlamentarias.
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¿Por qué se protege a los banqueros a toda costa, masacrando a la ciudadanía? ¿Qué compromisos políticos o económicos tiene el gobierno con la ABC y esos banqueros? ¿Vienen de la campaña política? ¿Por qué no se impone, además, un impuesto a la renta sobre las ganancias financieras y se les permite, en forma inmoral y abusiva, que se declaren con pérdidas?
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GRUPOS EXONERADOS Y ZONAS FRANCAS vs PYMES. – El beneficio neto de las zonas francas fue de US$ 3.179 millones de dólares anuales en el período 2011-2015 (ver informe PROCOMER, periódico La República, 18 de agosto, 2016), lo cual representa el 6% del PIB nacional. Y sin embargo no pagan impuesto de renta, y despues de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Publicas, tampoco el IVA. – Eso es inmoral
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¿Por qué no empezar por cobrarle algo a las zonas francas, digamos apenas 9% de renta como hicieron Irlanda y Nueva Zelanda en su día y después lo escalonaron a varios años hasta el 18%? La propia OCDE y el FMI lo vienen recomendado a Costa Rica hace más de una década y media pero el lobby descarado de empresarios y los propios políticos (incluso hecho “ex personae” por algunos diputados a favor de esas empresas en la propia Asamblea) impidió que se incluyera en la última reforma fiscal. No solicito que les cobremos el 25%, (lo que pago yo, un simple ciudadano) sino apenas un 9%. Pero que empiecen a pagar algo, como lo hacen en casi todos los países del mundo. Eso sería solidario, me parece a mí.
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¡Qué las Zonas Francas son sacro-santas y no se les puede tocar!, se rasgarán las vestiduras algunos y pegarán el grito en el cielo, con su cantinela usual. ¿Y entonces, significa que las PYMES, los pequeños y medianos productores agropecuarios y empresarios de Costa Rica no lo son?, no son sacrosantos? y a ellos sí se les puede cargar la mano y masacrar como se hizo en la nefasta Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, la cual destrozó a los pequeños negocios, dejando a miles de pequeñas empresas en la calle, quebradas, desde julio del año pasado.
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Las PYMES y el sector agropecuarios son la cintura productiva y humana de Costa Rica: representan el 80% de la población económicamente activa y generan más del 60% del PIB del país, y tienen que pagar todo: renta, IVA, y todas las demás cargas. Cerca de 2.000.000 de personas dependen de las pequeñas y medianas empresas. Y están hoy destrozadas. Por su lado, las Zonas Francas emplean únicamente 115.000 personas y no le dejan al fisco costarricense ni Impuesto de Renta ni IVA, a partir de la última reforma fiscal.
Esas Zonas Francas, repito, ganan US$ 3.179 millones de dólares al año— la friolera del 6% del PIB— y no pagan impuestos de renta. ¿Es eso solidario, pregunto yo?
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Quien escribe este artículo, al igual que millones de costarricenses, apoyamos la institucionalidad en esta enorme lucha contra el COVID-19. Creo que la Presidencia y las autoridades del Sector Salud los han hecho muy bien y hemos cerrado filas a favor de esta importante batalla por la salud de nuestro pueblo.
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Pero, por favor, no borren con el codo lo que han escrito con la mano.
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Sería muy grave que pasáramos de una grave crisis de salud pública a una crisis social y económica de grandes dimensiones. Costa Rica se nos ha vuelto un país brutalmente inequitativo. Estamos hoy en la lista de 10 países más desiguales del planeta (Informe Banco Mundial, 2019). Y, como analizaba hoy en la mañana con un grupo de tres reconocidos economistas, por el camino que vamos podemos despertarnos en noviembre o diciembre de este 2020 con una tasa de pobreza del 35% o 40%.
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Y eso sería una debacle. Sería volver a 1950. Espero que el Presidente Alvarado y nuestra clase política tomen las decisiones correctas.
SURCOS recibió este libro con seis artículos de excelente calidad. Una oportunidad para una mirada comprensiva del momento que estamos viviendo como humanidad.
La editorial Terra sem Amos nos presenta en portugués esta compilación que ojalá podamos compartir en estos días de autocuidado y reflexión.
SUMÁRIO A crise do coronavírus é um monstro alimentado pelo capitalismo MIKE DAVIS………………………………………………………………… 05 Política anticapitalista em tempos de COVID-19 DAVID HARVEY…………………………………………………………… 13 França: pela socialização do aparato de saúde ALAIN BIHR………………………………………………………………… 25 Coronavírus: a militarização das crises RAÚL ZIBECHI…………………………………………………………….. 31 Sobre a situação epidêmica ALAIN BADIOU…………………………………………………………… 35 Um golpe como “Kill Bill” no capitalismo SLAVOJ ŽIŽEK……………………………………………………………… 43 Sobre os autores……………………………………………………….. 48
El “Plan Proteger”, la moratoria de impuestos, las medidas tomadas por la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), por los bancos públicos y privados, por el Instituto Nacional de Seguros (INS), el Instituto de Desarrollo Rural (INDER) y muchas otras instituciones públicas, buscan, como lo ha declarado el Señor presidente -Carlos Alvarado Quesada-, proteger a las personas, los empleos y las empresas. Y todo eso está muy bien; enfrentamos una emergencia nacional y global y no es tiempo para promover la desunión nacional, el conflicto social o atrincherarse en intereses individualistas.
Pero tenemos otro problema tanto o más grave: más de un millón de costarricenses trabajan en la informalidad, ya sea en microempresas o como trabajadores (as) por cuenta propia. Para estas personas no habrá rescates, ni contratos de trabajo negociables, ni posibilidades de teletrabajo, ni vacaciones pagadas por adelantado, ni seguros de desempleo, ni se han propuesto ayudas estatales adicionales; ya que, hasta el momento, tanto para el gobierno como para el sector empresarial, “salvar la economía” y “salvar el empleo” es sinónimo de apoyar a las pequeñas y medianas empresas, lo cual no objetamos, pero esto deja por fuera a las personas más necesitadas; con la excepción de las ayudas que aporta la CCSS (pensiones del régimen no contributivo), el Ministerio de Educación (MEP) (alimentos básicos) o el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) (becas a estudiantes, por ejemplo), entre otros, que se mantendrán e incluso se aumentarán en esta hora tan aciaga para el país.
Ante este panorama, el Grupo de Trabajo FES-OES[1] sobre la crisis de empleo en Costa Rica, levanta el siguiente desafío: ¿Cómo ayudar a los sectores más vulnerables frente a esta crisis, en especial a los llamados “informales”? El presente documento es un intento de brindar un insumo que, una vez enriquecido y operativizado, permita poner en marcha una estrategia de apoyo solidario para estos sectores de la población.
EL CONTEXTO GENERAL: ¿CUÁL DEBE SER LA ESTRATEGIA MACROECONÓMICA ADECUADA FRENTE A LA CRISIS EN CURSO?
Hasta el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Comisión Europea lo reconocen: no es tiempo de escatimar recursos públicos para enfrentar la crisis[2]; a lo cual hay que agregar dos observaciones fundamentales: i) el endeudamiento privado no parece ser la mejor solución cuando este ya es de por sí alto y los ingresos de algunos sectores están siendo severamente afectados, ii) la gestión de la crisis puede ayudarnos a mitigarla, pero también la puede profundizar.
IMPEDIR EL COLAPSO DE CONSUMO PRIVADO. Desde nuestra perspectiva, evitar el colapso del consumo privado es fundamental, pues lo contrario nos llevaría a una profunda espiral recesiva. Claro, para ello es fundamental que las autoridades de salud y el comportamiento ciudadano logren, en primer lugar, controlar lo más posible la expansión del virus, cercando prioritariamente los principales focos de contagio, pero no poniendo en “cuarentena” a toda la población (a menos que lleguemos a una fase crítica). Costa Rica no cuenta con los instrumentos tecnológicos (inteligencia artificial), con equipamiento médico suficiente (pruebas de contagio para casi todos), ni con bases de datos de última generación (big data), que nos permitan una pronta identificación, aislamiento y tratamiento de las personas sospechosas o contagiadas, como sí ha podido hacerse en países como Corea del Sur. Por eso, cercar y controlar los principales focos de contagio a nivel local es una solución intermedia, sin necesidad de llegar a medidas extremas que paralicen toda la economía. Lo antes posible es necesario restablecer las condiciones para volver al trabajo, generar empleos y estimular el consumo de las familias; para lo cual el Banco Central de Costa Rica (BCCR) cuenta con información relevante sobre cuáles son los sectores con mayores encadenamientos productivos y con mayores elasticidades empleo-producto.
Por lo anterior, aplaudimos la medida gubernamental de no cerrar las ferias del agricultor, extremando medidas de prevención, de higiene y de distanciamiento. Pero también hay “ferias solidarias” que poco se conocen y menos se estimulan, así como campañas de concientización por parte de algunas municipalidades para que la ciudadanía no abandone el comercio local en sus respectivos cantones. Lo importante es evitar las aglomeraciones de gente, por lo que el servicio a domicilio masivo es una opción que permitiría mantener a flote a los pequeños negocios, e incluso, generar nuevos empleos para la distribución de los bienes.
CON TANTAS VIDAS EN RIESGO, NO ES TIEMPO DE AUSTERIDAD EN EL GASTO PÚBLICO. Algunos gobiernos europeos están ofreciendo avales estatales para el endeudamiento privado, pero esta opción es poco viable cuando la incertidumbre ha alcanzado niveles insospechados, o cuando el endeudamiento de las familias ya es demasiado elevado; como sucede en nuestro país. El gobierno no debe detener sus proyectos de infraestructura, eso sí, extremando medidas de prevención. Y lo más importante: para enfrentar la crisis se ocupan masivas ayudas directas (no condicionadas), tanto a trabajadores(as) que pierdan su empleo o vean disminuidos severamente sus ingresos, como para trabajadores (as) autónomos (as) y personas en la informalidad laboral.
El Plan Proteger contempla ayudas directas para personas desempleadas y en condición de pobreza, pero en el mejor de los casos, el mismo no entrará en ejecución hasta mediados de abril. Ante esta realidad, nos hacemos la siguiente pregunta: ¿no sería más efectivo impedir que las empresas despidan trabajadores otorgándoles a estas un incentivo para tal propósito, en lugar de esperar a que los empleos se pierdan para luego subsidiar a quienes se queden sin empleo o pasen a la informalidad? ¿Las medidas implementadas por la cadena hotelera Fifco y por el Grupo Purdy, de no despedir a sus empleados, podría extenderse a otras grandes empresas? El Gobierno de la República debe, de manera inmediata, valorar esta opción, especialmente con medianas y grandes empresas; ya que la iniciativa de nacionalizar empresas si la crisis se profundiza, sería prácticamente inviable para Costa Rica.
Ahora bien, seguramente el Plan Proteger (3% del PIB) no generará tantos recursos como para cobijar a una buena cantidad de ocupados (as) informales, por lo que tendremos que pensar en un fondo especial para estos sectores, sobre lo cual se expondrá más adelante.
MITIGAR EL IMPACTO EN LAS EXPORTACIONES. La economía costarricense depende altamente de sus exportaciones de bienes y servicios, y entre estos últimos, de manera crucial, del turismo. Por tanto, y dado el “cierre de fronteras” para personas no residentes, hay que proteger con especial recelo a aquellas empresas que generan más empleos y evitar una caída pronunciada del tipo de cambio mediante intervenciones oportunas del Banco Central. Con respecto a las empresas de zonas francas, una negociación con algunas de ellas sería, por ejemplo, convencerlas de que no paralicen su producción, siempre y cuando puedan almacenar stocks para cuando la economía mundial manifieste signos de recuperación.
¿QUÉ MEDIDAS SON MÁS EFICACES EN MATERIA DE LIQUIDEZ?
Estados Unidos y Europa disponen de Bancos Centrales que pueden darse el lujo de ofrecer “liquidez ilimitada” y a tasas de interés “cero”. Costa Rica no dispone de esas condiciones, ni está claro que esto sea lo más efectivo. ¿Qué empresas o particulares se van a endeudar en medio de proyecciones económicas tan pesimistas, incluso con tasas de interés reducidas? En este campo, las medidas más pertinentes para particulares y empresas son la suspensión de los pagos de deudas e intereses, por lo menos por toda la primera mitad de 2020, y con actualizaciones de esos pagos de manera fraccionada una vez que pase la crisis, o trasladándolos al principal con alargamiento del plazo de vencimiento de la deuda.
PRIORIZAR LA PRODUCCIÓN INTERNA, ESPECIALMENTE DE PRODUCTOS BÁSICOS
El BCCR dispone de estudios que le permitirían al gobierno priorizar políticas industriales hacia los sectores con mayores encadenamientos productivos y elasticidades de empleo – producto. A continuación, un extracto de su último estudio sobre este tema.
El comercio, la enseñanza, la construcción de edificios, el servicio doméstico y los servicios de alimentación son los que presentan los mayores coeficientes de elasticidad empleo – producto, es decir, que estas actividades son las que generan un mayor incremento en la ocupación total de la economía por cada punto adicional de crecimiento en su demanda. Se trata de actividades intensivas en mano de obra, muy vinculadas al ciclo económico; por lo que las medidas anticíclicas pueden contribuir a su dinamismo.
[…]
Los resultados presentados en este documento sugieren el fomento de la inversión pública en infraestructura, tanto de obras fijas como de transporte para el mejor aprovechamiento de los encadenamientos productivos presentes en las actividades económicas relacionadas y el consecuente impulso al empleo que se podría generar. Asimismo, el desarrollo de políticas sectoriales sobre las actividades en el agro, la manufactura y las actividades de servicios identificadas, pueden contribuir a la reactivación económica y al aumento de la ocupación. (Sánchez, 2019, p.26)
En resumen, una política de reactivación, si desea tener resultados en el corto plazo (en producción y en empleo), debe concentrarse en estímulos de demanda para determinados sectores, como los indicados en el estudio. Esto es congruente con las políticas de estímulo al consumo y al gasto público que expusimos previamente. Además, en las actuales condiciones sólo la producción interna podrá garantizar, con los correspondientes estímulos, el abastecimiento a toda la población de los productos básicos.
PROTEGER A LOS SECTORES MÁS VULNERABLES
MEDIDAS DE PLAZO INMEDIATO (MENOS DE TRES MESES)
Respaldamos totalmente la intención del Gobierno de aumentar el monto y ampliar la cobertura para beneficiarios del Régimen No Contributivo de Pensiones.
Nos preocupa el presumible aumento en la informalidad producto de la crisis económica, ya que para las Pymes la moratoria en el pago de impuestos es una medida insuficiente en la medida en que sus ventas disminuyan drásticamente.
La reducción en la Base Mínima Contributiva (BMC) por parte de la CCSS es una medida necesaria, siempre y cuando el Gobierno Central compense los cerca de 22 000 millones de colones que la Institución dejará de percibir. Sin embargo, y de profundizarse la crisis, recomendamos valorar su total eliminación, y que la cotización esté exclusivamente en función de las horas efectivamente trabajadas y los ingresos adquiridos.
La reducción de los costos laborales ya aprobados por la CCSS, es una medida que ayudaría principalmente a las personas trabajadoras del sector formal. Los trabajadores (as) del sector informal no son impactados por estas reducciones de costos, tienen menores ingresos que los formales y son más vulnerables. Se necesitan transferencias no condicionadas de parte del gobierno para mantener niveles de ingreso al menos de subsistencia para este grupo de la población. Las personas trabajadoras informales laboran en algunas de las industrias y ocupaciones que pueden verse más afectadas. Algunas de estas actividades son la agricultura, el trabajo doméstico, la construcción y el comercio; las cuales se espera se vean muy afectadas por la caída tanto en la demanda interna como externa. Por ello es necesario localizar de manera detallada a las personas en estas ocupaciones y actividades de alto riesgo. En el Gráfico 1 se observan las 15 ocupaciones con mayor cantidad de personas en condición de informalidad (según la definición del INEC); las mismas representan el 56% de la informalidad en el país y suman 564 068 al cierre de 2019.
Gráfico 1.
Costa Rica: ocupaciones con el mayor número de personas que poseen empleos informales.
-IV trimestre de 2019-
De especial preocupación es el caso de las personas, en su inmensa mayoría mujeres, que se dedican a “oficios domésticos”. Si bien las familias de clase media-alta y alta seguramente no tendrían problemas en mantenerlas en sus trabajos; ese no será el caso para familias de clase media que con dificultad contratan a estas mujeres a medio tiempo o por horas. Y una situación igualmente dramática podrían sufrir los peones de explotaciones agrícolas, los peones de construcción, las cuidadoras de niños y los peones de jardinería, entre otros. Estamos hablando de no menos de 400 000 personas en situación altamente vulnerable, por lo que, en el plazo inmediato, hay que constituir un fondo de ayuda para esta población, mientras pasa lo peor de la crisis.
Este fondo solidario se podría constituir de diversas formas. A manera de ejemplo, podemos pensar en un impuesto solidario a los altos salarios (públicos y privados) y otros ingresos (consultores, profesionales liberales, personas contratadas por servicios profesionales), y a las rentas del capital. Según cálculos del economista José Francisco Pacheco, y a partir de datos la ENAHO 2019, al menos unos 50 000 costarricenses del sector público y privado obtienen ingresos mensuales brutos superiores a los dos millones de colones. Solo para contar con una estimación inicial, una contribución solidaria, por una única vez, del 10% de estos ingresos brutos, podría generar un fondo cercano a los 13 000 millones de colones. Este fondo podría aportar un subsidio de 130 000 colones, por una única vez, a 100 000 personas. Otra opción sería calcular la contribución solidaria sobre la base de los ingresos netos de impuestos (renta) y de las contribuciones a la seguridad social. En este caso la contribución podría fijarse a partir de una base exenta cercana al millón y medio de colones.
Otro caso especial es el de los pequeños productores agropecuarios altamente endeudados. Si bien algunos bancos han respondido al acuerdo con el gobierno para la readecuación de sus deudas, cerca de 11 000 familias se encuentran en total incapacidad de pago, por lo que se exponen a perder sus propiedades. Así, el llamado más urgente para este sector es un proyecto de mora de los remates mientras se busca una solución más a mediano plazo (condonación, arreglos de pagos).
En lo que corresponde a medidas para mantener, e incluso aumentar, el poder adquisitivo de las familias en condición de mayor vulnerabilidad, recomendamos:
la pronta aprobación del proyecto de ley sobre tasas de usura,
la regulación por parte del MEIC de los precios de los productos altamente demandados en la actual crisis (de prevención e higiene personal, de limpieza de casas y oficinas) y,
garantizar el abastecimiento de los productos de la canasta básica.
Hay que fortalecer las redes de protección social, extendiendo los permisos de maternidad y evaluando la posibilidad de entregar un bono de ayuda a las familias cuyas cabezas de hogar deban seguir trabajando, para de esta forma ayudarles con el cuido de sus hijos.
MEDIDAS PARA EL CORTO PLAZO (TRES MESES A UN AÑO)
En caso de extenderse la situación por más de 2-3 meses, constituir un monotributo para todos los pequeños contribuyentes de actividades que se mantengan activas, con el fin de que colaboren con la recaudación de ingresos, pero sin ser excesivo. El monotributo puede sustituir los impuestos directos y las contribuciones a la seguridad social; esto con el fin de mantener un balance entre reducir costos para las empresas y trabajadores (as) y proveer de ingresos al gobierno como una forma de mantener las acciones solidarias hacia el resto de la población. Desde luego, el gobierno debe comprometerse a transferir a la CCSS y en plazos perentorios, la parte de la recaudación que le corresponda.
Esquemas especiales de contribución a la seguridad social para las personas de bajos ingresos que trabajan menos de la jornada completa, pero no sólo de forma específica para una ocupación, como en el caso de las empleadas domésticas, sino de manera general, de forma que aplique para todas las personas de bajos ingresos que trabajan menos de una jornada completa.
El país no puede seguir postergando la discusión sobre un seguro de desempleo. Los seguros de desempleo sirven como estabilizadores en tiempos de crisis, países como Alemania han probado que son de gran utilidad en tiempos como los actuales. Costa Rica no tiene seguro de desempleo, pero reiteradamente se ha planteado la posibilidad de convertir el Fondo de Capitalización Laboral (FCL) en un seguro de este tipo. Esta es una medida que podría ayudar a estabilizar la economía si se presentaran despidos masivos por causa de una caída en la demanda, tanto interna como externa. Pero en el corto plazo, se puede recurrir al Auxilio de Cesantía y al FCL para paliar la disminución o pérdida de ingresos en muchas familias.
Renegociación internacional de las deudas públicas de los países de renta baja y media. Costa Rica debe unirse a las voces que piden una renegociación y eventual condonación de una parte de la deuda pública externa, con el propósito de redirigir estos recursos a la transformación económica, social y ecológica que demanda urgentemente el panorama de la economía, la sociedad y el clima mundial.
MEDIDAS PARA EL MEDIANO PLAZO: MÁS ALLÁ DE LA CRISIS
En el mediano plazo (uno a tres años) Costa Rica debe impulsar con audacia y energía, innovaciones sociales que le permitan crear nuevas opciones para la generación de empleos. Mencionamos tres especialmente prometedoras.
1. Emprendimiento: No busques empleo, ¡créalo!
El emprendimiento es un factor de empleabilidad cada vez más importante. Además del MEIC, el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) y el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (MICIT), la Universidad de Costa Rica (UCR), el Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU), entre otras entidades, cuentan con proyectos concretos, como INAPYMES, PROPYME y Costa Rica OPEN FUTURE (iniciativa de Telefónica Movistar).
Y si bien al Estado le corresponde una cuota importante de responsabilidad en la creación de condiciones para impulsar el emprendimiento, el sector empresarial ya establecido (público y privado) puede hacerlo también. ¿Cómo? El emprendimiento puede verse como una oportunidad de negocio desde varias perspectivas.
Desde lo laboral: impulso a nuevas profesiones (programadores y diseñadores web, analistas de datos, gerentes de comunidad, gerentes de contenido, especialistas en optimización de motores de búsqueda) y la diversificación de actividades en profesiones tradicionales; tal es el caso de los (as) abogados (as), quienes pueden apoyar a estas empresas en sus ciclos de vida (a veces muy cortos), desde un punto de vista corporativo, fiscal, laboral, de imagen y reputación, privacidad, propiedad intelectual y comercio electrónico. Todo lo anterior, sin impulsar la contratación laboral hacia el precariado.
Desde el emprendimiento individual y social. Hay que tener muy presente que más de la mitad de los empleos informales son autónomos o “por cuenta propia”. El Estado y la sociedad deben ver esta situación como un semillero de emprendedores.
Desde la oferta educativa. La educación técnica, parauniversitaria y universitaria, debe generalizar su oferta de capacitación en materia de emprendimientos.
Estas opciones pueden ser de especial relevancia para las mujeres, ya que son ellas precisamente las que están aumentando su participación en la población económicamente activa. Pero se requiere que toda la institucionalidad del Estado se vuelque a impulsar y fomentar estas opciones.
2. Diversificación de las formas de propiedad y de la gestión empresarial (impulso a la economía social solidaria – ESS)
El sector empresarial suele insistir en demandas de “flexibilización”: del trabajo, de la tramitología, de las reglas de juego, etc. Pero quizás la flexibilización que más puede ayudar a generar empleos es aquella en las formas de propiedad y en los tipos de gestión empresarial. Nos referimos especialmente, a las diversas formas de Economía Social.
La ESS puede contribuir en la generación de empleo decente de varias maneras:
Mediante la pluralidad en las formas de propiedad, con esquemas empresariales y productivos de carácter asociativo y solidarios.
Democratizando la gestión al interior de las empresas y organizaciones, propiciando la participación de todas las personas socias/trabajadoras de la organización.
Comprometiéndose con el desarrollo humano sostenible de manera coherente y consciente.
Involucrando a la comunidad local y regional y propiciando encadenamientos productivos.
Reafirmando que las organizaciones de ESS son empresas “orientadas al empleo”.
Comprometiéndose de forma decidida con el trabajo decente.
Por su mayor flexibilidad para afrontar los retos del futuro del trabajo.
Para cumplir con estos objetivos, que incluso sirven de principios orientadores, la ESS en Costa Rica sólo pide cinco condiciones.
Que se termine con la satanización que ciertos sectores conservadores han hecho de la misma, presentándola como agentes desestabilizadores y con supuestas obediencias a intereses o países extranjeros.
Que se termine con la invisibilización de la ESS, que ciertos sectores empresariales e incluso estatales han propiciado, quizás como una forma de impedir su crecimiento.
Que el Estado promueva, a través de sus diversas instituciones, la creación de ecosistemas de apoyo a la ESS a escala nacional.
Retomar la “Propuesta de la Cámara de Economía Social Solidaria (CANAESS)3 para los candidatos a la Presidencia 2018-2022”.
Incorporación al dialogo social a movimientos como la “Plataforma de Economías para la Vida”, la cual constituye otra expresión de la ESS y aglutina a diversas organizaciones comprometidas con la ESS y otras formas de economía para la vida.
3. Otras formas de economía en ascenso: economía circular, economía colaborativa (sharing economy).
La economía circular busca la imbricación de los aspectos ambientales, económicos y sociales. El sistema lineal de nuestra economía (extracción, fabricación, utilización y eliminación) ha alcanzado sus límites, y se empieza a vislumbrar el agotamiento de diversos recursos naturales y de los combustibles fósiles. Por eso, la economía circular propone un nuevo modelo de sociedad que utiliza y optimiza los stocks y los flujos de materiales, energía y residuos; y su objetivo es la eficiencia del uso de los recursos.
Algo muy importante: la economía circular es generadora de empleo. El sector de la gestión integral de los residuos puede llegar a representar la creación de miles de puestos de trabajo.
La economía colaborativa o “economía del compartir” nació con el conocimiento abierto y el consumo colaborativo, aunque luego se extendió a las finanzas colaborativas y a la producción colaborativa. Sin embargo, el cambio más drástico con respecto a la idea original de “compartir” ocurre cuando empresas como Uber tienden a monopolizar el concepto de sharing economy. Sin embargo, la idea original, no necesariamente vinculada al lucro, sigue teniendo vigencia y representa no una, sino varias formas novedosas de poner en contacto usuarios y oferentes de bienes y servicios.
UNA DISCUSIÓN PENDIENTE
En otro orden de cosas, y como un eventual medio para estimular la transición a la formalidad de las empresas, debe ponerse en discusión la posible eliminación de los impuestos a la nómina que no representan aportes a la seguridad social de la persona trabajadora propiamente dicha (FODESAF, INA, etc.). Pero de manera simultánea, habría que trasladar estos rubros a los impuestos generales (IVA, Renta), de forma tal, que estas funciones y sus instituciones no resulten desfinanciadas. La manera de garantizar esto último es parte de la discusión.
En estrecha relación con lo anterior, es urgente que el país defina de una vez por todas la regulación de plataformas como Uber, Airbnb y otras similares, a fin de formalizar a las personas “colaboradoras” que en realidad trabajan para estas empresas, garantizando el cumplimiento de sus derechos laborales.
Referencias
Gaspar, V. y Mauro, P. (9 de marzo de 2020). Políticas fiscales para proteger a la gente durante el brote de coronavirus. Diálogo a fondo. Blog del FMI. Recuperado de https://blogdialogoafondo.imf.org/?p=12910
Ruiz, M. (2019). Fortalecer apoyo del Ejecutivo a la ESS y otras formas de economía social. Documento de la CANAESS presentado al Grupo de Trabajo UNA/FES sobre la crisis del empleo en Costa Rica. Recuperado de https://drive.google.com/open?id=1vaav6FcDteFG7s8KWGB4r8NN3wDicF2n
Sánchez, E. (2019). Identificación de actividades con potencial generador de empleo a partir del cálculo de encadenamientos productivos y de elasticidades empleo – producto, BCCR. Documento inédito.
[1] Fundación Friedrich Ebert, Observatorio Económico y Social de la Escuela de Economía de la UNA (OES-UNA). En los talleres del Grupo realizados durante el segundo semestre de 2019 participaron activamente cerca de veinte personas de diversas organizaciones e instituciones. Con los insumos resultantes y frente a los nuevos desafíos, una comisión ha elaborado el presente documento bajo la coordinación del Dr. Henry Mora Jiménez (Investigador del OES-UNA). Participantes: Marco Vinicio Zamora Castro (Coordinador del Proyecto Transformación Social Ecológica, Fundación Friedrich Ebert – FES en América Central), Roxana Morales Ramos (coordinadora del OES-UNA), Fernando Rodríguez Garro (Investigador del OES-UNA), Juan Carlos Duran Castro (Secretario de Seguridad Social CTRN), Montserrat Ruiz Guevara (Directora Ejecutiva CANAESS), José Francisco Pacheco Jiménez (Consultor independiente), Martín Murillo Córdoba (Ibtar, Consultor), Margarita Bolaños Arquín (Antropóloga, Colectivo Mujeres x Costa Rica).
[2] Véase, por ejemplo: Políticas fiscales para proteger a la gente durante el brote de coronavirus (Gaspar y Mauro, 2020). También: Bruselas propone una suspensión de las reglas fiscales ante un desplome comparable al de 2009 (Pellicer, 2020).
“El trabajo doméstico es eso que no se nota a no ser que no se haya hecho.”
Manuel Hernández
Una cuestión, de las tantas que surgen a raíz de las incertidumbres e implicaciones que en el mundo del trabajo está causando la pandemia, concierne a la aplicación o no de la recientísima ley que autoriza a las empresas recortar las jornadas [1] y la figura de la suspensión temporal de los contratos, en el ámbito del trabajo doméstico remunerado.
1.- RÉGIMEN LEGAL DEL CONTRATO DOMESTICO REMUNERADO
Lo primero que corresponde destacar es que el trabajo doméstico remunerado configura un contrato laboral, como cualquier otro, con determinadas especificidades.
En la doctrina del derecho del trabajo se considera que es un contrato de trabajo especial.
En nuestro ordenamiento, este contrato especial está regulado en el Capítulo Octavo del Código de Trabajo, denominado “Trabajo doméstico remunerado”.
El primer artículo de este capítulo lo define de la siguiente manera;
“Artículo 101.-Las personas trabajadoras domésticas son las que brindan asistencia y bienestar a una familia o persona, en forma remunerada; se dedican, en forma habitual y sistemática, a labores de limpieza, cocina, lavado, planchado y demás labores propias de un hogar, residencia o habitación particular, que no generan lucro para las personas empleadoras; también pueden asumir labores relativas al cuidado de personas, cuando así se acuerde entre las partes y estas se desarrollen en la casa de la persona atendida.(…)”.
De esta definición legal (lege data) se pueden precisar las principales características del contrato de trabajo doméstico remunerado:
i.- El objeto: la prestación asistencial se brinda directamente a una familia, persona, incluyendo labores básicas de cuidado de personas, a cambio de una remuneración; por cierto, de las peor pagadas en nuestro país.
ii.- Son trabajos domésticos aquellos realizados de manera habitual y sistemática por una persona, que en términos generales corresponden a lo que podríamos decir labores propias de hogar (profesionalidad).
iii.- Locación de la prestación: el trabajo se realiza normalmente en la casa o residencia del empleador.
iv.- La causa: la relación no tiene una causa lucrativa para el patrono, no es fuente directa de ganancia para el empleador.
Se podría decir que esta última característica es la definitoria de esta especie de contrato -aunque no exclusiva-, con base en la cual podemos despejar la incógnita formulada al principio.
Esta característica también nos permite deslindar este tipo de contrato, de cualquier otro que se inserte en el ámbito productivo y organizativo de una empresa.
2.- IMPROCEDENCIA DE LA APLICACIÓN DE LA LEGISLACION DE EXCEPCION QUE AUTORIZA LA REDUCCION DE LA JORNADA Y SUSPENSION DE LOS CONTRATOS DE TRABAJO
Partiendo de esta tipología y caracterización jurídica del contrato de trabajo doméstico remunerado, corresponde resolver, de manera sucinta, la cuestión planteada:
1.- Inaplicabilidad de la “Ley de autorización de reducción de jornadas de trabajo ante la declaratoria de emergencia nacional”, N° 9832, en el ámbito del trabajo doméstico remunerado
El objeto de esta ley, de muy dudosa constitucionalidad[2], consiste en autorizar a las empresas la reducción unilateral y temporal de las jornadas de trabajo, cuando sus ingresos brutos resulten afectados, a consecuencia del hecho generador de la declaratoria de una emergencia nacional.
La ley delimitó los rangos en que se pueden recortar las jornadas de trabajo (hasta salvajemente un 75% de la jornada semanal), y en consecuencia, la disminución proporcional de los salarios, en función de los parámetros definidos de contracción de los ingresos brutos de las empresas (artículo 1, 3 ídem).
La ley autoriza a los patronos reducir las jornadas, a costa del rebajo de los salarios, cuando las empresas sufran una reducción de sus ingresos brutos.
Partiendo de lo anterior, entonces, no resulta pertinente, al amparo de esa perniciosa ley, la reducción de la jornada de las personas que prestan trabajo doméstico remunerado, en virtud que su actividad no se inserta en el ámbito organizacional y productivo de una empresa.
Por tanto, en el trabajo doméstico remunerado resulta absolutamente inaplicable esta gravosa ley.
2.- Inaplicabilidad de la suspensión de los contratos de trabajo sin responsabilidad patronal
La suspensión parcial o total de los contratos de trabajo está regulada en los artículos 73 y siguientes del Código de Trabajo (CT).
El artículo 74 CT define las causas objetivas de suspensión de los contratos de trabajo: a.-) falta de materia prima imputable al empleador, b.-) fuerza mayor o caso fortuito y c.-) la muerte o incapacidad del patrono, siempre que tengan como consecuencia directa, inmediata y necesaria la suspensión temporal de los contratos.
En dos entregas anteriores, sostuve y reitero que las pérdidas económicas que puedan sufrir las empresas a raíz de la pandemia, no son causas que se puedan reconducir al inciso b) del artículo 74 CT [suspensión de los contratos por fuerza mayor o caso fortuito], salvo que se realice una interpretación muy retorcida y maliciosa de la ley, favoreciendo sin justa causa al patrono, en perjuicio de las y los trabajadores.[3]
Ahora bien, si esta norma legal no ampara la suspensión de los contratos, por los motivos económicos que tan creativamente han estado arguyendo los empresarios, mucho menos esta disposición la podrían invocar los patronos del trabajo doméstico para justificar la misma pretensión.
No puede aplicarse esta disposición del Código de Trabajo, porque el trabajo doméstico se desarrolla en el ámbito de la vida del hogar, que no tiene causa lucrativa para la empleadora; por lo que no se podrían invocar pérdidas de actividad económica, a consecuencia de la emergencia sanitaria, para pretender la suspensión de los contratos, con la afectación de los salarios de los y las trabajadoras del servicio doméstico.
Para abundar, las razones por las que no procede el rebajo de la jornada de los contratos de trabajo doméstico, a fortiori, son las mismas por las que deviene inaplicable la figura legal de la suspensión contractual.
El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social le corresponde cerrar todo portillo que facilite el hurto de los salarios de las personas que prestan trabajo doméstico, en su mayoría mujeres, que devengan las peores remuneraciones de “nuestro” país.
¡Los sacrificios no los tienen que seguir soportando las mismas de siempre!
[1] Los alcances e implicaciones de esta ley las les comenté en el artículo “Neoliberalismo en tiempos de pandemia.”
[2] Los cuestionamientos de constitucionalidad se desarrollaron en el artículo “Neoliberalismo en tiempos de pandemia”.
[3] Los dos artículos que abordan este tema son los siguientes: “Pandemia y suspensión de los contratos de trabajo” y “Suspensión exprés y a la carta de los contratos de trabajo.”
La crisis que genera el Coronavirus nos ha hecho valorar la inmensa riqueza de la medicina desarrollada bajo los principios cardinales de la seguridad social, aun cuando como obra humana es perfectible, sin duda los esfuerzos realizados en casi 80 años de medicina social nos permiten enfrentar con confianza la grave crisis que nos afecta.
Una vez más el cuerpo médico, el personal técnico y de enfermería, el personal administrativo, los misceláneos y todos los que trabajan en el ámbito de la salud han salido y se mantienen como héroes en la dura batalla que libran contra el flagelo que nos afecta. Justamente se han ganado el respeto y la gratitud de los costarricenses.
El liderazgo del señor Ministro de Salud, orientando a toda la comunidad nacional y los plausibles esfuerzos del Gobierno, así como la respuesta ciudadana hasta en el último rincón de todo el territorio nacional, nos hacen sentirnos orgullosos por los valores humanistas más nobles y solidarios del ser costarricense.
Una situación como la que vivimos también despierta en algunos una visión de oportunidad mercantilista para pretender que se reduzca el rol del Estado en la seguridad social y prevalezca una visión de negocio en el tema de la salud pública. Los resultados de algunas medidas que reducen los ingresos de las contribuciones se suman a la pérdida de ingresos por la morosidad acumulada del sector gubernamental y del sector patronal, mermando significativamente el flujo de recursos financieros requeridos para que los trabajadores y los centros de salud que están en primera línea afrontando la crisis, respondan con la celeridad necesaria ante las circunstancias críticas que vivimos. La temporalidad de estas medidas debe acompañarse de un compromiso explícito de todas las fuerzas políticas para minimizar los efectos negativos de la crisis.
Esperamos que el Gobierno y la Asamblea Legislativa no sucumban ante las presiones oportunistas y le garanticen al pueblo de Costa Rica que nuestro sistema de seguridad social siga brillando y perfeccionándose, con logros indiscutibles de alcance mundial reconocidos por múltiples organismos internacionales.
Es oportuno pensar que debemos encontrar los equilibrios para que las instituciones no se conviertan en viñas de enriquecimiento, no solo por los negocios que surjan alrededor de la medicina sino también por el costo desmesurado que generan los privilegios y las consideraciones de aumentos en cascada.
Hoy se convierte en un deber ineludible de las instituciones sociales y hacendarias y del mismo Gobierno de la República, como un imperativo vital para la prosperidad y la solidaridad humana, la determinación de una estrategia técnica-financiera que invoque la cooperación humanitaria internacional y de países amigos para obtener recursos no rembolsables o de largo plazo, que eviten el debilitamiento económico de la Caja Costarricense de Seguro Social, no solo respecto a la medicina sino también en cuanto a la sostenibilidad del régimen de pensiones de los trabajadores.
El Grupo Reflexiones Social Cristianas espera que en el entorno de esta compleja crisis la Fracción Parlamentaria del Partido Unidad Social Cristiana, contribuya a la construcción de propuestas de interés nacional fundamentados en los principios del Humanismo Cristiano y, al mismo tiempo, garantice al pueblo de Costa Rica que no serán lesionados el financiamiento ni la institucionalidad de nuestras entidades de seguridad social en cumplimiento de nuestra razón de ser en política: la salvaguarda de la Caja Costarricense de Seguro Social como columna básica para la vigencia del Estado Social de Derecho. Eso es lo esencial.
Asimismo, instamos al Comité Ejecutivo Nacional del PUSC para que recupere la capacidad propositiva que siempre ha distinguido a los socialcristianos —contribuyendo y marcando los derroteros de nuestro país hacia el bien común y la prosperidad—, convocando de inmediato a los órganos partidarios especializados integrándolos con profesionales y expertos socialcristianos del más alto nivel, para que produzcan soluciones eficaces y concretas a los serios y complejos problemas que enfrentan nuestros empresarios y los trabajadores públicos y privados.
Concluimos, con la cita del parágrafo 89 de la Carta Social Cristiana a Costa Rica, que preveía con claridad y visión de futuro, la necesidad de fortalecer la CCSS colocando al ser humano en primer lugar, para enfrentar crisis como la que nos embarga hoy con la pandemia del COVID-19: “89. La Caja es un medio para lograr el más alto nivel de salud de la población y el pleno goce del derecho a la salud para toda persona que habite en el territorio nacional; de ahí que su eficiente funcionamiento es esencial para el logro de este objetivo.
“La Caja Costarricense del Seguro Social debe estar sometida a un proceso de mejora continua y de actualización científica y tecnológica, humanización, modernización, adecuadas infraestructuras, eficiencia y crecimiento, para seguir cumpliendo con sus objetivos, respondiendo a los cambios demográficos, epidemiológicos, socioeconómicos y ambientales, en el marco de un mundo globalizado, económicamente interdependiente y en constante cambio, en el que tanto la enfermedad y como las crisis económicas se trasmiten de forma rápida impactando los sistemas nacionales. La cooperación internacional es esencial.”
Danilo Chaverri Soto Lineth Saborío Chaverri María del Rocío Sáenz Madrigal Jorge Polinaris Vargas Rosalía Gil Fernández Fernando Gutiérrez Ortiz Bernardo Benavides Benavides Anabelle Lang Ortiz 25 de marzo de 2020. San José, Costa Rica
¿Qué es el amor si no se actúa con ética? Egoísmo, una utilidad vacía, consumo de cuerpos que se apilan uno encima del otro sin que exista siquiera un sentido real en los vínculos más que llenar, llenar, llenar, para no sentir un hueco en el estómago, para no dar espacio a la pregunta.
Hay muchos vínculos que por no ser coitales o amorosos (como si fuera posible establecer una línea perfecta entre ambos conceptos), gozan de impunidad si hieren, violentan, si son vinculaciones anti-éticas, irresponsables con el/la otra, porque no tienen nombre y nos hemos habituado a defender que “lo que no se nombra no existe”. Es decir, actuamos sin apalabrar, sin decir y con eso evitamos las consecuencias implicadas en lo que hacemos.
No es que debamos construir edificios legales para juzgar a diestra y siniestra la legitimidad de los afectos, es que es fundamental en tiempos como los nuestros darle lugar al amor basado en el cuidado mutuo y de sí mismxs. Sin que esto sea excluyente entre sí. Sin que el cuidado de sí devenga en descuido a lxs otrxs. Aun cuando el discurso del autocuido justifica el abandono de la colectividad para salvar el ego, la autonomía no es el contrario de colectividad sino de fusión. No sólo es posible, sino que es indispensable vivir una autonomía desde la colectividad ética, es decir, la que no disminuye la autoexpresión y las necesidades de los individuos, porque sin autonomía no existimos y sin colectividad tampoco.
Los vínculos, pequeños, medianos o grandes, si es que podemos ponerles tamaños, son distintos entre sí y requieren todos ellos de pensarse. Más que pensarse, requieren sentipensarse en conjunto e individualmente. Es importante que en cada vínculo existan preguntas, cuestionamientos como ¿qué estoy haciendo? ¿qué interpreto que el otro o la otra está haciendo? ¿qué aporta lo que estoy haciendo al vínculo? ¿cuál es el sentido de lo que hacemos? (…) Ahora, si hemos creado la fantasía de que efectivamente existen jerarquías en los vínculos, que de acuerdo a los grados de cada uno merecen más o menos atenciones, responsabilidades y que nuestras acciones para con el otro tendrán consecuencias sólo en el caso que el vínculo sea prioritario. Si además desmeritamos el sentir del otro, ridiculizamos sus emociones cuando las consideramos desproporcionadas con lo que nosotros sentimos y todo esto lo hacemos por no tratarse de un vínculo que se haya categorizado, nombrado u “oficializado”, estamos entonces consintiendo y actuando desde la institución violenta de la monogamia matrimonial, que requiere de palabras, de rituales, de contratos para hacerse realidad, para existir, porque de otro modo no es legítima.
Mantenemos entonces la necesidad de un contrato implícito o explícito para responsabilizarnos del otrx. El contrato implícito requiere por ejemplo de ciertas acciones legitimadas socialmente que denotan interés por el otrx, por ejemplo presencia constante. El contrato explícito es la categorización del vínculo: ponerle un nombre o nombrarle “sin nombre” pero con la importancia justa para dotarle de un lugar. Esto último sucede cuando se dice la frase “lo nuestro no tiene nombre”, momento en el cual se entiende que aun cuando el vínculo no tiene categoría, existe y por lo tanto requiere responsabilidad mutua.
Pero ¿qué pasa con los vínculos considerados secundarios? los que del todo no se apalabran y sólo se actuan, por ejemplo con la persona o las personas con las que se tiene algo físico que pareciera excluir lo afectivo, o más aún, con alguien con quien se tiene algo («solo») emocional, por ejemplo algo platónico. Hemos hablado incansablemente de los vínculos («unicamente») sexuales y hemos concluido constantemente que estos requieren de responsabilidades vinculares. Pero ¿qué pasa con aquellos marginalizados al lugar de lo platónico? Por ejemplo aquellxs con quienes hablamos, salimos, compartimos tiempo, palabras y con quienes incluso llegamos a crear expectativas de “algo más”. Sucede que no les damos lugar porque no son suficiente, por eso justamente es necesaria la promesa de lo que pasará en el futuro. Pero ¿no está sucediendo ya en el presente? ¿Qué significa la frase “compartimos pero no ha pasado nada”? Cada vez que nos vinculamos nos afectamos de alguna u otra manera y negarlo es obviar que tenemos parte en todo lo que actuamos. Y es que justamente la libertad implica responsabilidad, de otro modo solo existe el descuido.
Cuando priorizamos vínculos apalabrados, nombrados y categorizados, cuando bautizamos relaciones, cuando establecemos contratos implícitos o explícitos, asumiendo deberes, cuando nos entregamos sólo a emociones legitimadas socialmente e invalidamos todo lo que se salga del intercambio amoroso/sexual que conocemos. Cuando censuramos mutuamente los dolores que sentimos por no ser consecuentes con lo que deberíamos sentir, en el tiempo y en el orden establecido, cuando no asumimos consecuencias sobre nuestras acciones por tratarse de «vínculos platónicos» o vínculos que no son suficientemente formales, no tenemos ética alguna para con el otro, lo que tenemos es una moral y una justificación social-capitalista para hacer con el otro, obtener lo que deseamos del otro, iniciar relaciones con las que no cerramos nunca, porque supuestamente nunca existieron.
Lo que propongo no es establecer un contrato a priori, o categorizar todo lo que tengamos, o racionalizar los vínculos, porque la conciencia en todos los vínculos es imposible. De lo que hablo no es de asumir compromisos a priori, sino más bien a posteri, es decir, de hacernos cargo de lo que hacemos, aun cuando inicialmente no seamos conscientes de ello. Para hacerse cargo no hay que saberlo todo. Para hacerse cargo no hay que establecer culpas, porque la culpa, que tiene un origen judeo-cristiano, sólo busca mantenernos a raya, dentro de un orden establecido. Para hacerse cargo inicialmente hay que conectar con nosotrxs mismxs, identificarnos con lo que hacemos, entendernos, senti-pensarnos.
Desde una perspectiva Foucaultiana, el “cuido de sí” implica ejercer una libertad individual basada en el autococimiento. Pero esta libertad no es excluyente del otro, por el contrario, es imposible ejercer la libertad sin la otredad. Al ocuparme de mí, me ocupo de lxs otrxs, tengo claros mis límites, mis deseos, mis necesidades, mis responsabilidades sociales.
Puedo construir entonces una ética congruente conmigo y con la colectividad. Conocernos a nosotrxs mismxs, alimentar nuestra autonomía, no vivir a través del otro, no establecer dependencias, fusiones, sino ser consciente del impacto que tienen nuestras acciones, aun si creemos que no estamos haciendo nada.
El trabajo de sí es constante, sistemático y no se hace para obtener reconocimiento, sino para mirar claramente la huella que se deja en el mundo y actuar desde allí. Aprender a escuchar al cuerpo, lo que necesita, sus propias medidas, sus tiempos. Solo desde el autoconocimiento es posible conectar con el otro, no desde un lugar narcisista, pues no se buscar llenar vacíos con la presencia, acallar cuestionamientos, se busca más bien aportar en el otro y que el otro aporte en nosotrxs.
Fluir, por su parte, palabra repetida hasta el cansancio y que se usa como muletilla, no es un borramiento de toda consecuencia, o una carta que se usa incluso antes de actuar, no es un cheque en blanco que se firma para advertir a “la otra parte” que “solo” estamos haciendo y que no estamos pensando. Que si siente dolor, angustia, que si tiene preguntas y requiere respuestas, que si necesita palabras, que si requiere inicios o cierres, debe hacerse cargo de todo cuando experimenta, pues el fluir es un estar sin estar. Es una presencia del otro a medias una disculpa aun antes de cruzar las líneas.
Si fluir no fuera justificación, sería entonces lo que la palabra realmente significa, voluntades que bailan sin necesidad de forzar, imponer o poner en el otro algo que no es posible individualizar. La responsabilidad es entonces inicialmente con unx mismx (es fundamental hacerse cargo de sí), luego con lxs demás y por supuesto con los vínculos, es decir hay responsabilidades que son absolutamente compartidas, no de unx, no del otrx, de ambxs, de todxs.
A partir del trabajo que he venido realizando conmigo y de aprendizajes que he tenido con seres que acompañan los caminos, los irrumpen o los potencian, he sistematizado algunos de los principios básicos que considero importantes en mi ética afectiva, que, por supuesto, no son reglas, más bien son propuestas cambiantes que fluyen y se transforman, pues si fueran estáticas de nuevo estaría intentando imponer reglas. Siempre he creído que la forma de luchar contra lo establecido es colarse en la norma y torcerla. A continuación, para cerrar con este texto y para dar inicio al diálogo enumero algunos de estos principios: -Todo vínculo es importante, lo cual es radicalmente diferente que indispensable. Ningún vínculo en particular es indispensable, pero sí lo es la vida colectiva. La importancia en los vínculos implica que todos requieren responsabilidad.
-Todo vínculo es diferente, tiene particularidades de modo que homogeneizar no solo es un error sino que es imposible.
-Todo vínculo que se actúa, aunque no se nombre, se categorice o se apalabre existe y por lo tanto tiene consecuencias, afecta a lxs otrxs y a nosotrxs mismxs. Amarse es afectarse, no hay modo en que pueda ser distinto.
-Todo vínculo se transforma a lo largo del tiempo, tiene inicios, desarrollos y cierres.
Hacernos cargo de cómo hacemos los cierres es tan importante como hacernos cargo de los inicios. Las rupturas también son parte de las transformaciones vinculares, la muerte es parte de la vida y los finales son parte de la historia.
-En los vínculos existe una mezcla de emociones, sensaciones, pensamientos, ideas, materialidades. No es posible dividir lo físico de lo afectivo, porque el cuerpo es también sensación. Estamos de cuerpo presente en los vínculos aun cuando creamos estar a medias o no estar de lleno.
-La ética afectiva inicia con el cuidado de sí. Sentipensar los vínculos y más que tener respuestas, estar siempre abiertas a establecer preguntas.
Trabajemos Solidariamente por la Vida Plena Cuidémonos los unos a los otros
En estos momentos de prueba para toda la humanidad, la Alianza Interreligiosa por la Agenda 2030 desea hacer llegar el siguiente mensaje a los miembros de las comunidades de fe y a todos los hombres y mujeres de buena voluntad de América Latina y el Caribe:
Somos una red de organizaciones basadas en la Fe que trabajamos por la Justicia, la Paz y la Integridad de la Creación en la Región de América Latina y El Caribe, en vinculación solidaria con redes hermanas que trabajan a nivel global.
Nuestra misión es Impulsar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) adoptados por las Naciones Unidas, aunando esfuerzos y elevando nuestras voces proféticas, para contribuir al cambio transformador que responda a la situación de discriminación, desigualdad y exclusión de los pobres, marginados y excluidos en América Latina y el Caribe.
En medio de estos graves problemas estructurales en nuestra región, se ha sumado la pandemia del COVID-19, que a la fecha viene contagiando a más de 4400 personas y ha causado 65 fallecidos. Esta situación ha llevado a los Gobiernos de la región a tomar diversas medidas de emergencia sanitaria, como el aislamiento social obligatorio, principalmente, con la finalidad de combatir o ralentizar este mal, que podría alcanzar enormes dimensiones como en otras regiones del mundo, en donde los sistemas de salud nacionales están comenzando a colapsar.
Desde nuestra red, llamamos a todos los Gobiernos de América Latina y el Caribe, como ya vienen haciendo algunos de una manera muy efectiva, a profundizar la adopción con responsabilidad y decisión, de las medidas necesarias para proteger y cuidar la vida de todas las personas, principalmente de las poblaciones más vulnerables, y hacer los máximos esfuerzos por combatir esta pandemia que remece la salud pública global.
Reconocemos los notables gestos solidarios que se vienen realizando entre Gobiernos de la región ante esta crítica situación y los animamos a fortalecer los organismos regionales para afrontar de mejor modo y de forma decisiva los desafíos de esta pandemia. Tenemos la esperanza de que la comunidad científica logrará en breve las medicinas necesarias contra el virus. En este sentido, llamamos a reforzar los esfuerzos multilaterales de las Naciones Unidas y su visión de afrontar esta crisis con solidaridad global, superando la tentación de los aislamientos nacionalistas.
También expresamos nuestra consternación por todo el dolor y el sufrimiento que ya están enfrentando hermanos y hermanas en las regiones más afectadas por esta pandemia en Asia, Europa y Norteamérica, confiando que el amor de Dios se transforme en consuelo y solidaridad para las familias y comunidades religiosas que ya cuentan con infectados e incluso fallecidos.
Queremos reconocer y agradecer profundamente los notables esfuerzos de las personas que están en primera línea en esta lucha, como son el personal médico y paramédico de los países, así como los integrantes de las fuerzas del orden que en el respeto de los derechos humanos vienen trabajando con denuedo por salvar vidas. El Señor Todopoderoso les bendiga y los proteja en tan encomiable labor.
También queremos reconocer los enormes esfuerzos de voluntarios y voluntarias que desde las organizaciones solidarias vienen actuando en el cuidado de la vida en las comunidades, especialmente con poblaciones muy vulnerables, como las familias en extrema pobreza, los adultos mayores, los pueblos indígenas y los migrantes. Pedimos a los Gobiernos de la región garantizar la seguridad alimentaria y económica de todas estas poblaciones, así como preservar los derechos sociales, principalmente los laborales, para que el abordaje de la crisis económica profundizada por la pandemia no recaída en las personas en pobreza extrema, ni agudice las desigualdades estructurales.
No cabe duda de que este es el momento en que debemos demostrar en la práctica nuestro cumplimiento de los valores de la responsabilidad, la fraternidad y la solidaridad para velar por la salud del prójimo, velando también por nuestra propia salud y la de nuestras familias y comunidades.
Nos comprometemos a tomar las medidas en nuestras comunidades de fe que permitan salvaguardar la calidad de vida de nuestros fieles y de la sociedad en general, y en igual sentido debemos prever, prepararnos y articularnos para responder a los posibles escenarios posteriores a la pandemia para asegurar el sustento de las poblaciones más vulnerables, y seguramente más empobrecidas, luego de las medidas de contención del virus.
Rogamos a Dios Todopoderoso que este mal termine pronto y convocamos a una jornada de oración unitaria de nuestras comunidades de fe con este ruego y que nos fortalezca en nuestra voluntad de seguir enfrentando con solidaridad y entrega la lucha contra esta pandemia y por la vida plena de la humanidad en esta casa común.