La Unión de Trabajadores de Golfito, la UCR y la UNED le invitan al encuentro – taller: Vidas y Luchas, reflexionando y decidiendo para la acción, este próximo sábado 1 de diciembre de 8:45 a.m. a 1:45 p.m. en Finca de Enrique Beita.
Para más información e inscripción:
Este lunes 19 de noviembre a las 4 p.m. se llevará a cabo en el Auditorio del APSE el ciclo de foros: “Pensando sobre la huelga contra el Combo Fiscal. Retos y aprendizajes”, con la participación de los siguientes panelistas: Manuel Hernández, Eugenia Román y Ariane Grau.
Enviado por Manuel Hernández Venegas.
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La Universidad Nacional en su 45 aniversario invita al Encuentro Regional: UNA huella con esencia, en la Región Pacífico Central a llevarse a cabo este viernes 16 de noviembre de 10 a.m. a 4 p.m. en el Anfiteatro Cultural La Concha Acústica en Puntarenas.
Se realizarán las siguientes mesas de diálogo y talleres, presentación de proyectos UNA e iniciativas comunitarias y actividades lúdico-recreativas y académicas.
Enviado por Rebeca Quesada.
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Uno puede sorprenderse al confirmar que aún estamos en huelga de empleados públicos y el Ejecutivo, ni el legislativo, buscan una negociación seria con los sindicatos y demás sectores involucrados.
Puede ser que la juventud gobernante se considera iluminada por algún fenómeno mágico, o porque sus asesores de agencias internacionales les han lavado el cerebro, diciéndoles que si no lo hacen, sin dar tregua a quienes exigen mayor participación y discusiones, van a caer por defecto en el abismo de endeudamiento internacional sin poder superarse, como el caso de Argentina. Desde luego, no esperamos mucho de algunos altos ejecutivos de quienes sabemos las escuelas de pensamiento de donde se originan, particularmente la coordinadora del gabinete económico, la dirección del Banco Central y otros. Su liberalismo a ultranza es obvia. Pero hay algunos cuadros del PAC que nos empujan al desengaño, después de haber creído en otro perfil de sus personalidades mientras estaban en la Asamblea.
Los líderes sindicales también deben reflexionar sobre la lucha que se libera sin tomar oxígeno. Esto apenas está en una etapa inicial. Ahora vienen otras contiendas que requerirán de mucha energía, participación ciudadana, del sindicalismo y de toda persona informada y racional. No cabe dudas que los conservadores y asesores internacionales neoliberales tienen preparado el paquete de leyes para reducir al mínimo a nuestras instituciones de Estado, pasando la responsabilidad de los servicios rentables a la empresa privada.
Esto nos llevará el 2019 en fuertes discusiones. Huir de esa discusión sería irresponsable. Solamente hay que ver lo ocurrido en los países vecinos, para saber sus consecuencias. Se le quitan servicios esenciales a la ciudadanía, se reducen los derechos de las personas retiradas, se cierran y privatizan hospitales, los servicios educativos se convierten en centros de negocios, se imponen mayores impuestos indirectos y se invierte lo mínimo en el sector social por parte del Estado.
La juventud que ahora se queja porque siente haber envejecido varios años en éste 2018, debe saber que los «buitres» internacionales de la economía de nuestros países, están a la espera de las defunciones institucionales y la decaída económica nuestra. Ahora, los evangélicos politizados, conservadores y ultra derechistas se sienten exitosos en Brasil, Colombia, Ecuador, Argentina, Honduras, Guatemala y otros países. A excepción de los Demócratas de los Estados Unidos, los demás países del continente estamos viviendo una embestida sin precedentes de la ultra-derecha. Así que Costa Rica no puede quedar afuera, según ellos.
Enviado por el autor.
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Durante más de 60 años, desde la promulgación del Código de Trabajo, las huelgas en Costa Rica NO fueron un derecho de los trabajadores. En todo ese periodo, si acaso 1 ó 2 fueron declaradas legales, porque la legislación imponía tantos obstáculos que incluso las penalizaba. Gloria, mi esposa, junto con otras trabajadoras y trabajadores fueron llevados a un juicio penal por participar en la huelga de Adaptación Social allá por los 80, siendo defendidos por la licenciada Ligia Arce y finalmente un juez (de los vilipendiados ahora) las salvó de ir a prisión, las absolvió. La penalización de las huelgas fue derogada hasta los años 90.
El trabajador nunca pudo hacer efectivo el derecho a la huelga que está consagrado en la Constitución Política y era un derecho fundamental, como tanto otros, que solo significan papel mojado. La Reforma Procesal Laboral recogió en el derecho positivo algunos aspectos que ya venía sosteniendo de antaño la Sala Constitucional, tales como que a los trabajadores que participan en una huelga, se les debe rebajar los salarios a partir de la firmeza de la ilegalidad de la misma. Asimismo, la definición acerca de los servicios públicos ESENCIALES que se incluyó en la RPL es la misma que había sostenido la Sala Constitucional. En ese Reforma se recogen, además, las posiciones del Comité de Libertad y los convenidos de la OIT o los más modernos avances de la legislación laboral.
Algunos expresan con gran preocupación, los grandes daños que causa y ha causado la huelga contra el proyecto fiscal. Lo primero que hay que tener en cuenta es que toda huelga produce pérdidas. No conozco ninguna huelga en alguna parte del mundo que se realice generando beneficios para el patrono; si ese fuera el caso las promoverían. El segundo punto es que si bien esta huelga ha durado mucho tiempo, diría que demasiado, ello se debe a dos razones: porque se pensaba que las huelgas serían como en el pasado, es decir, que eran un derecho inexistente, sin entender que la legislación había cambiado. Por esta razón, el Gobierno se orientó a matarla por hambre, siguiendo el consejo del expresidente Rodríguez. Como no comprendieron que la huelga es un derecho constitucionalmente asentado, no creyeron en su prolongación, porque en el pasado todas eran ilegales y se liquidaban por hambre o represión. Fundamentado en este criterio, el Gobierno nunca aceptó sentarse a negociar seriamente con el movimiento sindical sino que mandó a mandos medios a darle largas al asunto. Y un Gobierno que no dialoga con seriedad, acaba enredado en sus propias truculencias.
Algo había cambiado en el país. A pesar de la feroz campaña del Gobierno, de los medios de comunicación y de algunos incondicionales, denigrando a los sindicalistas, a sus dirigentes o creando un miedo atroz, la mayoría de las y los docentes se han mantenido firmes en sus posiciones. La prolongación de esta huelga es única responsabilidad del Gobierno que no ha mostrado flexibilidades ni espíritu de diálogo. En 1970 estalló la gran huelga bananera del Pacífico Sur que rápidamente se declaró ilegal. La Nación, las cámaras patronales y los sectores más reaccionarios exigían al Presidente José Figueres reprimirla. De allí es su famosa frase de, “Huelga es Huelga” y obligó a la Yunai a sentarse a dialogar con la UTG, el sindicato.
Un gobierno que se diga representante del pueblo, tendría que dialogar con un grupo importante de trabajadores y no simplemente segregarlos mediante la ofensa o el matonismo.
El PLN y el PUSC (nada extraña de ellos) en conjunto con el PRN y el PAC (del que se esperaba algunas distinciones) se aprestan a derogar el derecho de huelga y el derecho de sindicalización. Y pretenden darle un trámite expedito mediante la aprobación de la aplicación del artículo 208bis.
La libertad sindical seguirá siendo motivo de lucha.
*Imagen ilustrativa.
Enviado a SURCOS por Juan Carlos Cruz Barrientos.
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Frente a las penurias fiscales, el plan que nos ofrece el gobierno de Carlos Alvarado –el proyecto 20.580 más la “hoja de ruta” definida por la Ministra Aguilar– resulta, en el mejor de los casos, un paliativo extremadamente limitado. Es mucho menos que un verdadero “plan fiscal”, aunque, en lo ideológico sí es muy agresivo.
Lo ideológico permea a profundidad la propuesta formulada, especialmente en los apartados de “empleo público” y “regla fiscal”. En el primer caso, se opta por la restricción aplicada en forma indiscriminada, dejando de lado que la institucionalidad pública es un todo complejo, con muchos componentes heterogéneos a su interior. Cierto que la dispersión actualmente vigente en esta materia, propicia incoherencias indeseables. Pero desde ahí se quiere dar un violento salto para imponer irrestricta uniformidad. Esto último solo es comprensible desde lo ideológico –atizado por el odio hacia la gente empleada en el sector público– pero de ninguna manera responde a un compromiso con la mejora, para lo cual es indispensable tener en cuenta apropiadamente la diversidad de funciones y responsabilidades que competen a las diversas instituciones públicas. Se opta entonces por la centralización de decisiones y la generalización de las normas, sin ningún matiz ni selectividad.
Estas propuestas sobre empleo público, así como las atinentes a la “regla fiscal” –cuestiones teñidas de ideología en tonos realmente chillones– resultan inevitablemente polémicas. Quienes las introdujeron en este proyecto 20.580 se dejaron llevar por sus prejuicios ideológicos: contra empleados y empleados del sector público más su indisimulado antiestatismo. Acaso imaginaron –en lo que ha sido un cálculo de perniciosas implicaciones– que las urgencias fiscales podrían servir de cubierta para disimular sus objetivos ideológicos. En cambio, sus propuestas orientadas a atacar en lo inmediato el problema fiscal –que debió ser lo prioritario– quedaron reducidas a un mínimo intrascendente y anodino.
De esta forma se introdujo un factor de disenso y conflicto que ha polarizado la sociedad costarricense, dificultando en consecuencia avanzar en aquello realmente urgente, con lo que, de paso, se bloquea la construcción de los espacios de diálogo y entendimiento que ahora, como nunca, resultan indispensables.
Desde luego, si así lo desean, es legítimo que se ponga en discusión esos dos temas –empleo público y regla fiscal– siendo lo apropiado que ambos se diriman en procesos de debate democrático, amplios y transparentes. En su lugar, se opta por meterlos por la ventana de la cocina, y utilizar la difícil situación fiscal como herramienta de chantaje para forzar su aprobación.
Hablar de chantaje, como acabo de hacerlo, no es exagerar en absoluto. En lo que, en rigor, se ha venido haciendo, lo cual se resuelve en un mensaje catastrofista, que asimismo gira alrededor de un discurso único. Un renacer agresivo del TINA (“there is no alternative”) de Margaret Thatcher. “El caos o yo” nos dice Carlos Alvarado y lo repiten en coro Rocío Aguilar, Rodolfo Piza y un largo etcétera de ecos, incluso, y en forma unánime, los economistas de la ortodoxia y la prensa comercial más poderosa. Dicho de otra forma: “el caos o su 20.580”. El único “Plan B” que se nos ofrece es ese: todos los desastres en un solo paquete.
Eso ha propiciado un nerviosismo generalizado, en mucho mayor grado de lo que el solo problema fiscal –sin duda grave– podría haber provocado. La incontinencia verbal de las altas autoridades de gobierno, la torpeza e irresponsabilidad con que manejan sus estrategias de comunicación, generan precisamente lo que dicen querer evitar: el caos. En economía las palabras importan, sobre todo cuando vienen de personajes políticamente muy encumbrados. Una cosa es que la situación sea delicada, lo que daría lugar, justificadamente, a un sentimiento de duda y vacilación. Otra bien distinta es que tan importantes señores y señoras imprudentemente incentiven la histeria colectiva.
Esa “operación chantaje” se ha aplicado incluso al Poder Judicial. Sin ningún disimulo se le está exigiendo que dé luz verde al proyecto 20.580 independientemente de cualquier irregularidad que pudiera tener. Buena ilustración nos la aporta las reacciones suscitadas ante lo resuelto por la Corte Plena, cuando, con arreglo al artículo 167 de la Constitución, hizo ver (con toda razón) que sí hay una afectación a la organización del Poder Judicial. Efectivamente la hay, pero eso fue invisibilizado totalmente a favor de un ataque bastante vulgar centrado en los elevados sueldos de magistrados y magistradas. Esto último puede ser todo lo cuestionable que queramos. Pero la cuestión de fondo era otra, y eso fue totalmente acallado.
Hoy el mismo procedimiento de chantaje –“20.580 o caos”– le es aplicado a la Sala Constitucional, como también a los tribunales que deben decidir sobre la legalidad de las huelgas. La división de poderes y todo el juego de pesos y contrapesos –base fundamental de cualquier orden institucional que se precie de democrático– es entonces puesto en tensión. La cuestión adquiere entonces una tonalidad abiertamente antidemocrática, la cual queda vea bien sintetizada en las bravatas de “hombre fuerte” a las que el presidente Alvarado se ha hecho tan aficionado.
La democracia, siendo el menos malo de los sistemas políticos que la humanidad ha logrado inventar, sin duda tiene limitaciones y puede incurrir en vicios. Los presupuestos públicos pueden dar testimonio de ello, cada vez que, ante la presión de algún grupo en particular o propiciados por objetivos electorales, se toman decisiones que de alguna manera implican ineficiencias, despilfarros e, incluso, corrupción.
El neoliberalismo es una ideología que desconfía mortalmente de la democracia, precisamente porque ésta propicia intervenciones y limitaciones sobre los mecanismos del mercado capitalista, y, sobre todo, porque conlleva el “peligro” de que quienes en esos mercados carecen de voz, puedan tenerla en el territorio de la deliberación política. Los automatismos mercantiles que pueblan el imaginario ideológico neoliberal, y que se alimentan de las teorizaciones –al cual más alucinada e incoherente– de la economía neoclásica, no admiten el juego político que la democracia promueve y, sobre todo, la injerencia que propicia por parte de las clases menos favorecidas. Es algo inserto en el genoma del liberalismo económico, que, agudizado, sobrevive en el neoliberalismo. De ahí que resulte tan esclarecedora la lectura de “La gran transformación” –magna obra de Karl Polanyi– no obstante haberse publicado en 1944.
La “regla fiscal” recoge esas incomodidades ideológicas e intenta implantar en la institucionalidad pública de Costa Rica todos los mortales equívocos derivados de la fallida teorización neoclásica.
Primero, restringe a priori la capacidad de la propia Asamblea Legislativa, para decidir en materia presupuestaria y de gasto.
Segundo, propicia un alto grado de centralización del poder de decisión en instancias burocráticas, señaladamente el Ministerio de Hacienda (en materia de personal, el 20.580 concede también enorme poder al Ministerio de Planificación). Seguramente se trata de cuadros técnicos muy calificados, y de seguro bienintencionados. Pero carecen de la legitimidad democrática que nace del voto popular, no obstante lo cual se les entrega un enorme poder de decisión sobre asuntos que podrían afectar amplia y significativamente, las políticas en materia social y económica.
Tercero, se limita severamente el ejercicio de las políticas económicas. Incluso las “cláusulas de escape”, que el 20.580 introduce en relación con situaciones de emergencia nacional o recesión económica, quedan definidas dentro de parámetros sumamente astringentes.
Los puntos primero y segundo anteriores claramente restringen los mecanismos de la democracia. O sea: frente a las fallas de la democracia, se opta por empobrecerla y limitarla. En cambio pudo optarse por buscar mejorarla: una democracia más participativa e informada; más transparente y deliberativa; en mayor grado asentada en la educación cívica, la responsabilidad ciudadana, la reflexión bien fundamentada. Pero, sin duda, esas son ideas demasiado perturbadoras para el talante neoliberal y el sentido común que éste impone.
El punto tres recoge el imaginario que la teoría económica ortodoxa o neoclásica ha creado alrededor de los mercados capitalistas, con el presunto virtuosismo de sus mecanismos automáticos de ajuste y equilibrio. Aunque la enorme mayoría de economistas de Costa Rica todavía no se enteran, esa es una teorización comprobadamente falaz, incoherente e insostenible.
Y, sin embargo, es sobre esas peligrosísimas bases teóricas e ideológicas que Carlos Alvarado nos propone refundar el sector público de Costa Rica.
(*)Director Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo (CICDE-UNED)
Presidente Movimiento Diversidad Abelardo Araya
Enviado por el autor.
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El catedrático de la Universidad Nacional y profesor de sociología en la Escuela Ecuménica de Ciencias de la Religión de esa casa de enseñanza superior, Alberto Rojas, realizó en el programa Desayunos de Radio Universidad, un análisis de la ruptura que se produjo en la fracción del Partido Restauración Nacional.
Junto a los conductores el politólogo Constantino Urcuyo y el economista Ronulfo Jiménez, AlbertoRojas hizo una amplia y profunda exposición de los elementos sociológicos y doctrinarios implicados en el nacimiento de una nueva fracción independiente afecta a Fabricio Alvarado y la reducción de los votos legislativos del partido que encabeza Carlos Avendaño.
SURCOS recibió de Alberto Rojas el enlace mediante el cual se puede escuchar la conversación, la cual, inicia en el minuto 19 del programa. Siga este vínculo y espere a que cargue el programa:
Cada año y desde tiempos inmemoriales, Boruca no olvida celebrar esta actividad llamada «la mura».
Dicha festividad evoca un recordatorio histórico de la comunidad e inicia desde el 06 de diciembre por la noche y finaliza el 08 de diciembre, precisamente en el contexto de la celebración de las fiestas patronales en honor a la purísima.
Esta tradición consiste en la participación de personas de la comunidad que se pintan su rostro color negro y danzan alrededor de una mula, la cual es una figura creada por ellos mismos a base de madera y semejante a una mula.
Durante el desarrollo de esta actividad, los negritos bailan y beben chicha en las casas que visitan y al final van y le rinden homenaje o serenata a la virgen…
¿Será esto un disfraz para la resistencia?
Imagen tomada de https://www.ballenatales.com/es/baile-de-los-negritos/
Enviado por Uriel Rojas.
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Para conmemorar el aniversario de trabajo del programa Kioscos Socioambientales para la organización comunitaria, se llevará a cabo la presentación del libro con memorias del programa representadas en una galería con un recorrido fotográfico a lo largo de 11 años de trabajo de este proyecto.
La presentación se realizará el 16 de noviembre de 2018 de 2 p.m. a 4 p.m. en el auditorio y cafetería de la Facultad de Arquitectura de la UCR.
La entrada será abierta a todo público.
Compartido por Ítalo Fera en redes digitales.
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Las esferas de piedra del período precolombino encierran en sus entrañas algo más que granodiorita o gabro.
Su enorme simbolismo espiritual para las sociedades indígenas hizo de este artefacto lítico, un ícono de su desarrollo artístico y cultural.
Encierra un conocimiento intangible que para muchos es imperceptible y para otros inadmisible.
Posee un enorme valor espiritual y su enigma seguirá siendo enigma para quienes antes de ver este legado ancestral como símbolo de sabiduría y desarrollo intelectual lo sigan viendo simplemente como un atractivo turístico.
Bienvenido sea el retorno de todo el patrimonio cultural a las tierras ancestrales del Sur.
Enviado por Uriel Rojas.
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