Óscar Madrigal
Durante más de 60 años, desde la promulgación del Código de Trabajo, las huelgas en Costa Rica NO fueron un derecho de los trabajadores. En todo ese periodo, si acaso 1 ó 2 fueron declaradas legales, porque la legislación imponía tantos obstáculos que incluso las penalizaba. Gloria, mi esposa, junto con otras trabajadoras y trabajadores fueron llevados a un juicio penal por participar en la huelga de Adaptación Social allá por los 80, siendo defendidos por la licenciada Ligia Arce y finalmente un juez (de los vilipendiados ahora) las salvó de ir a prisión, las absolvió. La penalización de las huelgas fue derogada hasta los años 90.
El trabajador nunca pudo hacer efectivo el derecho a la huelga que está consagrado en la Constitución Política y era un derecho fundamental, como tanto otros, que solo significan papel mojado. La Reforma Procesal Laboral recogió en el derecho positivo algunos aspectos que ya venía sosteniendo de antaño la Sala Constitucional, tales como que a los trabajadores que participan en una huelga, se les debe rebajar los salarios a partir de la firmeza de la ilegalidad de la misma. Asimismo, la definición acerca de los servicios públicos ESENCIALES que se incluyó en la RPL es la misma que había sostenido la Sala Constitucional. En ese Reforma se recogen, además, las posiciones del Comité de Libertad y los convenidos de la OIT o los más modernos avances de la legislación laboral.
Algunos expresan con gran preocupación, los grandes daños que causa y ha causado la huelga contra el proyecto fiscal. Lo primero que hay que tener en cuenta es que toda huelga produce pérdidas. No conozco ninguna huelga en alguna parte del mundo que se realice generando beneficios para el patrono; si ese fuera el caso las promoverían. El segundo punto es que si bien esta huelga ha durado mucho tiempo, diría que demasiado, ello se debe a dos razones: porque se pensaba que las huelgas serían como en el pasado, es decir, que eran un derecho inexistente, sin entender que la legislación había cambiado. Por esta razón, el Gobierno se orientó a matarla por hambre, siguiendo el consejo del expresidente Rodríguez. Como no comprendieron que la huelga es un derecho constitucionalmente asentado, no creyeron en su prolongación, porque en el pasado todas eran ilegales y se liquidaban por hambre o represión. Fundamentado en este criterio, el Gobierno nunca aceptó sentarse a negociar seriamente con el movimiento sindical sino que mandó a mandos medios a darle largas al asunto. Y un Gobierno que no dialoga con seriedad, acaba enredado en sus propias truculencias.
Algo había cambiado en el país. A pesar de la feroz campaña del Gobierno, de los medios de comunicación y de algunos incondicionales, denigrando a los sindicalistas, a sus dirigentes o creando un miedo atroz, la mayoría de las y los docentes se han mantenido firmes en sus posiciones. La prolongación de esta huelga es única responsabilidad del Gobierno que no ha mostrado flexibilidades ni espíritu de diálogo. En 1970 estalló la gran huelga bananera del Pacífico Sur que rápidamente se declaró ilegal. La Nación, las cámaras patronales y los sectores más reaccionarios exigían al Presidente José Figueres reprimirla. De allí es su famosa frase de, “Huelga es Huelga” y obligó a la Yunai a sentarse a dialogar con la UTG, el sindicato.
Un gobierno que se diga representante del pueblo, tendría que dialogar con un grupo importante de trabajadores y no simplemente segregarlos mediante la ofensa o el matonismo.
El PLN y el PUSC (nada extraña de ellos) en conjunto con el PRN y el PAC (del que se esperaba algunas distinciones) se aprestan a derogar el derecho de huelga y el derecho de sindicalización. Y pretenden darle un trámite expedito mediante la aprobación de la aplicación del artículo 208bis.
La libertad sindical seguirá siendo motivo de lucha.
*Imagen ilustrativa.
Enviado a SURCOS por Juan Carlos Cruz Barrientos.
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