La Universidad de Costa Rica y la Fundación Friedrich Ebert (FES)-Costa Rica le invitan a la propuesta: “Hacia un Sistema Tributario Progresivo para Costa Rica, bases técnicas y entorno político” a realizarse este miércoles 28 de noviembre a las 5 p.m. en la Sala de Audiovisuales de la Biblioteca Eugenio Fonseca Tortós en la Ciudad de la Investigación de la UCR.
Compartido por Gerardo Hernández Naranjo.
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Primera lección.- La sentencia N° 2018-19511 de la Sala Constitucional, tal vez con más rigor, el voto del viernes negro, que declaró que el 20.580 no contiene ningún vicio de inconstitucionalidad, deja a cualquiera pasmado y hará correr, por lo menos, ríos de tinta.
El voto del más alto Tribunal de la República, el máximo intérprete de la Constitución Política, confirma que la independencia de poderes es un mito y desnuda la inocencia de Montesquieu. ¡Y no sólo del barón de Montesquieu!
La proclamada independencia de poderes, no es más que un reparto formal de competencias, una distribución funcional del poder, a conveniencia de la clase política-empresarial hegemónica, que pone presidentes, diputados y magistrados.
¿Al fin de cuentas, qué tenemos? Los tres poderes hechos una sola mancuerna, en franca conjura contra las libertades democráticas de las clases subordinadas y los derechos de las personas trabajadoras.
Segunda lección.- El proceso de lucha social contra el 20.580, advierte que los cauces democráticos y la efectividad de los mecanismos institucionales se están agotando o lamentablemente están agotados.
Tienen arrinconada la democracia.
Estamos metidos en un callejón. ¿La salida? No se ve tan clara dentro del marco de aquellos cauces desvalorizados de la institucionalidad. ¿La salida?
Tercera lección.- La democracia no se puede pensar sin libertad sindical y libertades públicas. Decía Lenin: “sería ridículo pensar siquiera en un verdadero derecho de huelga cuando no existe libertad política”.
A lo largo de tantos días de huelga, las personas trabajadoras recuperaron democracia en las calles, los puentes y plazas públicas.
Estos son los escenarios naturales de poder de la clase trabajadora, donde se defiende y fortalece la democracia.
Se reivindicaron vigorosamente las libertades públicas: libertad de expresión, reunión, manifestación pública y movilización, inescindibles del Derecho de Huelga.
¡La huelga es libertad de expresión. Libertad de presión! Un derecho irrenunciable que le pertenece a la clase trabajadora, sólo por su situación de clase explotada, que no necesita que ningún ordenamiento jurídico, ni juez se lo reconozca.
Reacción: Ahora, los políticos arremeten furibundos contra estas libertades fundamentales, impulsando proyectos de ley, antidemocráticos y reaccionarios, en curso en el primer poder de la República, que criminalizan la protesta social, penalizan la huelga y pretenden disolver los sindicatos por ejercer las libertades políticas.
Anti-lección.- Mitterrand acotaba que los franceses hacen huelga los lunes, porque suben el pan; los martes se manifiestan porque ganan poco, y los miércoles protestan por la falta de libertades. Pero, el domingo, votan por la derecha.
¿El más de 1.200.000 ciudadanos que en la última contienda electoral le apostaron a la ruleta rusa, saldrán de nuevo, el primer domingo de febrero de 2022, a cumplir su deber cívico y votar por las derechas? Cosas veredes.
*Imagen ilustrativa. Fuente: https://www.alainet.org/es/articulo/197214 Enviado por el autor. Suscríbase a SURCOS Digital: https://surcosdigital.com/suscribirse/
Durante el devenir de nuestra historia, la nacional y la global, las protestas sociales han sido catalizadoras y detonantes del cambio. Cuando a las personas se les han negado derechos, sean estos civiles y políticos, económicos y sociales, culturales o ambientales, se han creado movimientos de desaprobación que han surcado nuevos caminos.
¿Cómo han variado los índices y características de la protesta social durante los últimos años en el país? ¿Cuáles son los derechos que tienen las y los ciudadanos en la protesta? ¿Se están atendiendo problemas sociales con respuestas policiales? Estas son algunas de las preguntas que contestaremos en esta nueva #TertuliaDelFarolito.
Fecha: jueves 29 de noviembre
Hora: 7 p.m.
Lugar: El Farolito – Centro Cultural de España en Costa Rica
Participan:
Modera:
Sergio Pacheco
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Es difícil hacer ver cuáles valores están en juego en el debate sobre el Proyecto de Reforma Fiscal. Es difícil, si no se asume una perspectiva ética y, examinando las discusiones de los últimos dos meses, pareciera que los actores protagónicos en el debate al asumir sus posiciones, no se han fundamentado en argumentaciones propia y directamente éticas. Al menos no de manera explícita. Se ha hablado, eso sí y mucho, de argumentos financieros y contables: por ejemplo, quienes están por la aprobación del proyecto de ley de reforma mencionan la necesidad de que el Gobierno cuente con fondos para compensar el déficit fiscal, cancelar los intereses de deuda pública, transferir las partidas a las universidades y otros compromisos similares, pagar los salarios de los empleados públicos… Quienes están en contra, alegan que el peso de los impuestos va a recaer sobre los sectores menos pudientes, que no se tocan los bolsillos de aquellos a quienes les va mejor —sectores de mayores ingresos, pensionados de lujo… De uno y otro lado pareciera que las posiciones son razonables, y podría afirmarse que detrás de cada una hay valores en juego. Quizás, pero mientras no se saquen a la superficie no hay forma de emitir un juicio ético. ¿Cómo saber, por ejemplo, si se afectan más cosas valiosas al aprobar o al rechazar el proyecto de reforma? ¿Qué es éticamente más importante aumentar el impuesto al valor agregado o no tener cómo pagar salarios a los empleados públicos o financiar programas de investigación e innovación?
Algo parecido sucedió con la discusión en torno a la huelga. Casi siempre las diversas opiniones giraron en torno al derecho a la huelga y sobre la legalidad de la misma, es decir, si cumplía con requisitos legales su convocatoria y realización. Pero también aquí estuvo ausente la consideración de dimensiones éticas. Una cosa es defender el derecho a huelga y otra la decisión prudencial de ejercerlo en un momento y lugares dados. ¿Se tuvo en cuenta si el ejercicio del derecho de huelga chocaba con el ejercicio de otros derechos, por ejemplo, el de los niños y jóvenes a recibir la educación financiada por el Estado, el de los enfermos a recibir los servicios de salud financiados con la cotización de los asegurados?
¿Y el derecho de quienes no apoyaban la huelga, a la libre circulación, al transporte, al trabajo y a recibir servicios por los que directa o indirectamente ya han pagado?
Este tipo de consideraciones escapan al ámbito meramente legal, incapaz de cubrir todos estos interrogantes por completo, y caen bajo el juicio más alto de valores éticos tales como la justicia, la equidad y la solidaridad.
Pero, ¿a quiénes corresponde analizar y decidir este tipo de situaciones? ¿Quiénes son los sujetos de ese juicio ético? ¿Hay otros criterios éticos fundamentales que pueden guiar el análisis de situaciones socioeconómicas y políticas tan complejas como las que se generan en torno a una discusión como la provocada por la ley de reforma fiscal? En el campo de la ética de las políticas económicas hay, al menos, dos criterios fundamentales que nos aportan una respuesta. Primero, todos los directamente afectados por una medida económica tienen el derecho de contribuir a una decisión expresando objetivamente cómo y por qué perciben que sus intereses resultan afectados, de manera positiva o negativa, por la medida, política, ley, o directriz en cuestión. En una democracia representativa, el Gobierno, poderes Ejecutivo y Legislativo, tiene el derecho y la obligación de presentar las propuestas de ley previo análisis y consideración de los diversos efectos sobre cada uno de los sectores afectados. Pero esto no sustituye el contraste de su visión con el que exprese un proceso de diálogo democrático entre representantes de todos los sectores afectados directamente. Ni siquiera un “Consejo Económico social”, indispensable referente para el Gobierno en su quehacer cotidiano, puede sustituir el más amplio e integrador proceso de diálogo participativo en situaciones de medidas extraordinarias de más amplio alcance, como una reforma fiscal. Segundo, partiendo de los intereses expresados transparentemente en un proceso de diálogo verdaderamente democrático, en su realización e integración, —no en un pulso de fuerzas para sacar adelante la posición propia— por parte de los representantes de todos los sectores afectados, se debe generar una aproximación a la definición de un interés común, general. Ambos criterios fundamentales garantizarían el carácter ético en conjunto de la toma de decisión sobre el tema debatido. Valga aclarar algo que debería ser obvio: a lo largo de todo el proceso de toma de decisiones, todos los grupos afectados deberían contar con sus correspondientes asesorías técnica y ética para identificar las implicaciones puntuales de cada uno de los aspectos del tema discutido y del proceso de discusión, para encuadrarlos tanto desde la visión de los intereses propios como desde la visión del bien común. Esto permitirá que, a la hora de una mesa de verdadero diálogo entre representantes de todos los afectados, los aportes cada uno correspondan a una racionalidad técnica y a una racionalidad ética. Y, finalmente, aquí se presenta un proceso deseable, al que hay que ir acercándose en aproximaciones sucesivas.
Reflexión compartida con SURCOS por el Centro Dominico de Investigación:
http://www.cedi2017.cedi.cr/el-impacto-%C3%A9tico-de-la-discusi%C3%B3n-fiscal
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Este pasado 22 de noviembre se realizó el conversatorio “Las mujeres en los movimientos sociales: ¿qué pasó con los sindicatos?”, con la participación de las expositoras Patricia Mora, presidenta del INAMU, María Florez Estrada, periodista Semanario Universidad y Rosemary Gómez, secretaria general del SINDEU.
Compartido por Marjorie Hernández en redes digitales.
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En su sesión 4489-1999, (http://www.cu.ucr.ac.cr/uploads/tx_ucruniversitycouncildatabases/minute/1999/4486.pdf), el Consejo Universitario estableció un límite de 30 anualidades a quienes laboramos en la Universidad de Costa Rica. Este acuerdo determina que las personas tendrían un 90% de anualidades (3% de anualidad multiplicado por 30 años). Esta formulación del 90% se deriva de que el 3% por anualidad entró en vigencia en 1987. Quienes laboraban antes de esa fecha recibían un 2% por anualidad.
Diez años más tarde, el Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica dejó sin efecto el tope de 30 años de anualidades (http://cu.ucr.ac.cr/actas/2009/5376.pdf). En lo sucesivo, el personal de la institución recibirá anualidades durante el total de sus años laborados. Este acuerdo del Consejo Universitario cita varias razones. Se menciona, por ejemplo, el voto 15460-08 de la Sala Constitucional que anuló, por inconstitucionales, la frase “hasta un total de treinta” y la palabra “treinta” del artículo 5° de la Ley de Salarios de la Administración Pública No. 2166 de 9 de octubre de 1957. Desde el punto de vista financiero, se hace referencia a un informe preparado por la Oficina de Recursos Humanos acerca de las consecuencias salariales del cese del tope de las anualidades y la estimación del aumento del número de personas que superarían los 30 años de laborar en la institución.
Si bien la Oficina Jurídica (OJ-1330-2008) le hace saber al Consejo Universitario que el voto de la Sala Constitucional, referido a la Ley de Salarios de la Administración Pública, no es vinculante para la Universidad de Costa Rica, pues en su lugar rige la Convención Colectiva, se toma el acuerdo de derogar el tope de las anualidades. En el acuerdo propiamente dicho, el Consejo Universitario no considera los alcances de las estimaciones financieras aportadas por la Oficina de Recursos Humanos.
Hoy, transcurridos nueve años, este acuerdo debe revisarse. Si en 1999 121 personas tenían 30 años o más de laborar en la Universidad de Costa Rica, en el año 2009 ese número era de 175. De acuerdo con datos proporcionados por la Vicerrectoría de Administración, a finales de este año 2018, son (o somos) 726 (7,33%) de un total de 9911 personas. Si el tope de las anualidades entrara nuevamente en vigencia, la Universidad de Costa Rica ahorraría más de ₡1.000 millones anuales (1 058 996 977), un 23,84% del gasto total por anualidades que se pagan a las personas con más de 30 años de servicio.
En diciembre del año 1999, la Contraloría Universitaria (OCU-R-224-99) ya advertía las consecuencias de largo plazo de esta estructura salarial. Leído este acuerdo del Consejo Universitario del año 2009 en el contexto de crisis fiscal a los criterios jurídicos y financieros se pueden adicionar consideraciones políticas y éticas.
En términos políticos, las pretensiones de debilitar las universidades públicas no pueden ser respondidas ignorando aquello que internamente se debe mejorar y corregir. La legitimidad institucional de la Universidad de Costa Rica no está en discusión; sin embargo, lo mismo no se puede decir de su estructura de salarios. La actual estructura de salarios debilita la legitimidad institucional.
Hay intereses neoliberales y neoconservadores que pretenden socavar a la Universidad de Costa Rica y, en general, a las universidades públicas. Las universidades forman profesionales que toman decisiones en el país y participan en la formación de opiniones. Debilitar a estas instituciones tiene efectos de largo plazo en la sociedad costarricense. Los artículos 84 y 85 de la Constitución Política están en la mira de los sectores más radicales.
Desde el punto de vista ético, la crítica a las profundas desigualdades que se han entronizado en la sociedad costarricense y en la mayoría de las sociedades contemporáneas debe reconocer también las desigualdades salariales internas de la Universidad de Costa Rica. Los salarios más altos del sector docente superan en ocho veces a los salarios devengados por quienes se incorporan anualmente a laborar en la Universidad de Costa Rica.
El Consejo Universitario debe entrar a discutir el tope a las anualidades. La autocrítica es indispensable para la defensa y el fortalecimiento de la Universidad de Costa Rica.
Imagen tomada de la página oficial de la UCR.
Compartido con SURCOS por Carlos Sandoval García.
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En novelón entretejido el Fiscal General Néstor Humberto Martínez Neira sale mal librado. Se sabe que, siendo asesor jurídico y representante judicial del Grupo Aval, grabó “a su amigo” Jorge Pizano y en un nada coloquial cruce de palabrotas y lenguaje lumpesco y soez se hace conocedor y receptor de situaciones ad-Valorem, que riñen con lo penal. Para Pizano las coimas de Odebrecht fueron a parar al Clan Char, en el festín del juego electorero en el que el partido político del Fiscal- Cambio Radical- afianza su poder. Surge una supuesta ruta de cosas acomodando situaciones del entonces abogado litigante, quien dos años después sin reato de conciencia asume la Dirección del ente investigador judicial del escándalo de la multinacional brasilera. Coloca como palabras del fallecido Pizano que dizque mencionó que Luis Carlos Sarmiento Angulo era una víctima, sobreentendiéndose que el multimillonario es el representante del consorcio de empresas que lidera el grupo de presión económico y financiero AVAL y que con el principio de “societas delinquiere non potest”: las sociedades no delinquen y responden las actuaciones de sus representantes, se pretenda diluir una tipificación penal. Fuentes también suministradas por el occiso Jorge Pizano, a la periodista María Jimena Dussan, expresan que él decía: “me tiembla el pulso y me van a matar” “me volví incómodo para el Grupo Aval”. Menciona el apremio del exilio. Explicable atar cabos que la retro dirección del Fiscal General -actuando para entonces como un particular- en señalar una “victima” (Don Luis Carlos Sarmiento Angulo) traiga como efecto ocultar la mano peluda de otros directivos, de peso específico de poder en ese consorcio, que aturden a cualquier analista o sabueso investigador, en el método de inducción que su mente recrea, dadas las huellas y circunstancias en la reconstrucción de esas muertes debido a los vestigios de falta de fe pública que las mismas generan y son objeto de esta atípica reflexión.
El Procurador General, expresa: “El principio de transparencia se ha puesto en duda en la presente actuación, debido al fallecimiento de alguno de los testigos y familiar cercano, lo cual se está investigando, y al cuestionamiento por presuntas relaciones profesionales anteriores que afectarían el criterio del actual Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez”
El modus operandi del Fiscal General como persona o individuo conocido, es decir, ciudadano en ejercicio, antes de ostentar ese cargo oficial, establece una pauta de comportamiento al alentar a la fuente de denuncia de un ilícito penal de si debe continuar indagando sobre lo anómalo penal y le aconseja: “No. Quieto” o “estese quieto” o algo parecido. Y ante el conocimiento de un universo de hechos que configuran la potencialidad de actos punibles, argumenta para un país de cafres, menospreciando al cuerpo de abogados(as) estudiantes de derecho y docentes académicos de las disciplinas jurídicas que como él no había detectado las irregularidades ni adelantado una investigación al respecto; así también que lo dicho por Pizano era solo indicios, no daba cumplimiento al “ARTÍCULO 67. Código de Procedimiento penal. DEBER DE DENUNCIAR. Toda persona debe denunciar a la autoridad los delitos de cuya comisión tenga conocimiento y que deban investigarse de oficio”.
Expliquemos: La comisión de un delito obedece a actuación de una conducta. A la acción de cometer. Esa planificación por cometer o realizar un delito es el objeto de investigación para analizar esa conducta, no el supuesto de un hecho. El indicio demuestra la existencia de algo. Por ende, la realización de una acción (expresión de conducta o en el caso analizado un delito) implica el deber de denunciar. Como ciudadano, el actual Fiscal no lo hizo; descartándose el sigilo profesional, como enuncian las grabaciones. Causa coraje juris es la viveza del Fiscal de negarle al indicio un elemento de conducta. Quizá ese gesto brusco pretenda limitar al indicio como medio mecánico de prueba y no como señal de hechos que lleva a conocer lo oculto.
De otro lado, el remolino por las muertes de Jorge Pizano y la de su hijo…dos días después, llevan al imaginario popular a la reconstrucción en la mente de circunstancias más allá de los indicios. Se sabe que el señor Jorge Pizano es encontrado muerto en el baño de su casa. Que su hijo asiste a su funeral desde Barcelona, entra al estudio de su padre, ve una botella con agua en el escritorio, ingiere su contenido; exclama que le sabe a feo y fallece. El líquido de la botella contiene cianuro. Se establece una relación de con causalidad entre la muerte del padre, recreándose que se levanta de su escritorio y se dirige al baño y la llegada del hijo, al mismo lugar de la escena, donde encuentra la botella con agua y con la naturalidad de la confianza manifiesta, apura su líquido que le sabe a feo. El inicio de la investigación de la causa de la muerte de Jorge Pizano por parte de la Fiscalía sobre el presupuesto de un infarto se desvirtúa hacía la de un suicidio y/o envenenamiento. El resultado de exámenes de Medicina Legal hecho público determina que la causa de esa muerte fue un infarto (…). Medicina Legal no es un ente autónomo depende de la Fiscalía. Su director fue ratificado en el nombramiento por el cuestionado Fiscal General. Al albur de la privatización de la justicia, ese dictamen no se origina en equipos o laboratorios de la Medicina Forense oficial- ni de la Universidad Nacional, por ejemplo- sino en dos laboratorios privados contratistas a tales efectos. Sobre la carga de falta de credibilidad publica y afectación a la Fe Publica que generan las andanzas del Fiscal General, explicable el riesgo advocatus, a averiguarse, que esos contratistas hagan parte o tengan relación de intereses con el conglomerado o consorcio de empresas de AVAL.
Así que, por favor, no se ofenda a la inteligencia popular. Existe abundancia de coincidencias como la de agregar que el ente investigador, Fiscalía, encuentra días después un tarro o frasco de cianuro, en el lavadero de la casa de habitación de los Pizano. Sin desconocer el dolor de esa familia por la tragedia, ese hogar es escena de crimen, perdió la sensación de seguridad y calma para esa atribulada familia. Ha debido ser desalojado por las autoridades forenses y de investigación penal para que no fuera manipulado el escenario de dos muertes que tienen un lenguaje de señas a gritos de dos crímenes.
UNA COSA ES DECLARSE IMPEDIDO Y OTRA LO IMPERIOSO DE LA RENUNCIA.
Cero y van tres: ni renuncia el Procurador luego destituido y también premiado; tampoco los magistrados Pretelt y Malo; ni la alcaldesa cuestionada; o el ministro de los bonos de agua, que rumia en el olvido por este escándalo suscitado. No en la Colombia corrupta nadie renuncia. ¡Ah! Eso sí saben hacer uso del tejemaneje santanderista de las inhabilidades o declararse impedidos, o en buscar caducidades para continuar con la sartén por el mango.
Actualmente el Fiscal General se ha declarado impedido para conocer de las investigaciones sobre el escándalo Odebrecht y es tanta la carga de conciencia para la Vicefiscal que se abstiene de asumir la investigación y permite que el presidente Duque entre en acción al pedir a la Corte Suprema de Justicia que designe una terna para un Fiscal ad hoc. Que será para ese caso; pero no para las dos cuestionadas muertes, ni lo que sobre venga a la omisión al deber de renunciar y /o a otros asuntillos pendientes…
Pero que solución existe entonces que no sea diferente a que el movimiento popular y en particular las asociaciones de juristas, los colegios y asociaciones de abogados, los empleados judiciales en ASONAL JUDICIAL exijan la renuncia del actual Fiscal General de Colombia.
Carlos Meneses Reyes. ¡PURO ABOGADO!
Bogotá. DC, 21 de noviembre de 2018.
Enviado por el autor.
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Distintos escenarios internacionales muestran cambios políticos significativos que han conducido, en algunos países, al surgimiento de opciones político-electorales cargadas de prejuicios, discriminación, e incluso odio.
Costa Rica no está vacunada contra esas circunstancias. La ruta trazada por generaciones anteriores en nuestro país muestra una opción que suma la seguridad social como base inclusiva, el debate de ideas que renuncia a las confrontaciones armadas, la educación como anhelo de mejora en la calidad de vida, y ante todo, el respeto a la pluralidad y la diversidad. Sobre estos fundamentos se ha levantado nuestro estado social de derecho.
Algunos desarrollos ocurridos en los últimos tiempos muestran un debilitamiento del pacto social costarricense, lo cual ha generado situaciones de enfrentamiento y de abierta descalificación de grupos con posiciones divergentes. Como comunidad nos hemos alejado del diálogo y de la búsqueda de puntos de encuentro en medio de las discrepancias. Más aún, se ha fomentado, por parte de algunos sectores políticos y sectores de la prensa, un proceso de desprestigio a instituciones públicas que han sido fundamentales en el país.
Es responsabilidad del gobierno de la República, de los partidos políticos, de los medios de información, de las organizaciones sociales, y de toda la ciudadanía, contribuir a crear un clima basado en la reflexión, el disenso constructivo, y el fortalecimiento de nuestras instituciones públicas, que logre contrarrestar las actitudes intolerantes y destructivas que nos alejan como comunidad de las dinámicas esenciales de una democracia realmente participativa.
Nos preocupan en particular las iniciativas de algunas fracciones legislativas y sectores políticos conducentes a la reducción de espacios democráticos y al debilitamiento de baluartes esenciales del estado social de derecho, como son los derechos laborales y las universidades públicas. En particular, estas últimas constituyen un pilar del desarrollo cultural, social, económico y científico-tecnológico del país, el cual debe ser fortalecido y nunca debilitado. Es precisamente en épocas de crisis como la actual cuando Costa Rica debe consolidar sus instituciones públicas, en este caso sus universidades.
Convocantes:
Laureano Albán, cédula 3-0148-0039, Premio Magón de Cultura 1996.
Jorge Amador Astúa, cédula 3-0173- 0779, Premio Nacional de Ciencias Clodomiro Picado Twight 2008.
Walter Antillón Montealegre, cédula 1-0221-0295, catedrático Universidad de Costa Rica, profesor emérito de la Facultad de Derecho de la UCR.
José Manuel Arana, cédula 1-0434-0582, Director Orquesta Sinfónica de la Universidad de Costa Rica.
José Manuel Arroyo Gutiérrez, cédula 1-0399-1073, Premio Alberto Brenes Córdoba 1994, Premio Ulises Odio Santos 1996.
Elías Barquero Calvo, cédula 1-1036-0898, Premio Nacional de Ciencia Clodomiro Picado Twight 2014.
Gastón Baudrit Ruiz, cédula 1-0599-0078, asesor legal del Consejo Nacional de Rectores.
Ronald Bonilla Carvajal, cédula 1-0399-1400, Premio Magón de Cultura 2015.
Gerardo Chavarría Vega, cédula 1-0400-0724, Premio Nacional de Periodismo Pío Víquez 2011 por su carrera dedicada a la formación profesional y la producción televisiva en la UCR.
Rosaura Chinchilla Calderón, cédula 1-0726-0142, Coordinadora Maestría en Ciencias Penales UCR, jueza Poder Judicial.
Saray Córdoba González, cédula 1-0438-0311, Premio Nacional de Bibliotecología Efraín Rojas Rojas.
Eugenia Corrales Aguilar, cédula 1-0995-0701, Premio Nacional de Tecnología Clodomiro Picado Twight 2014.
Jorge Cortés Núñez, cédula 1-0444-0079, Premio Nacional de Ciencia 1982.
David Díaz Arias, cédula 1-0967-0528, Premio Nacional Luis Ferrero Acosta a la Investigación Cultural 2015.
Julieta Dobles Yzaguirre, cédula 1-0312-0144, Premio Nacional de Cultura Magón 2013. Cinco veces ganadora del Premio Aquileo Echeverría en la rama de poesía.
Marietta Flores Díaz, cédula 1-0702-0523, Premio Nacional de Ciencia Clodomiro Picado Twight 2003.
George García Quesada, cédula 9-0107-0687, Premio Nacional de Historia Aquileo J. Echeverría, 2014.
Yamileth González García, cédula 2-0246-0555, ex-Rectora Universidad de Costa Rica.
José María Gutiérrez Gutiérrez, cédula 1-0461-0499, Premio Nacional de Ciencia Clodomiro Picado Twight 1980.
Caterina Guzmán Verri, cédula 1-0765-0862, Premio Nacional de Ciencia Clodomiro Picado Twight 2002.
Ernesto Jara Vargas, cédula 1-0935-0483, Premio Nacional de Artes Visuales Amando Céspedes Marín a mejor producción 2015.
Henning Jensen Pennington, cédula 8-0041-0334, Rector Universidad de Costa Rica.
Alexander Jiménez Matarrita, cédula 1-0607-0350, Premio Nacional de Ensayo Aquileo J. Echeverría 2002.
Tatiana Lobo Wiehoff, cédula 8-0043-0574, Premio Sor Juana Inés de la Cruz (México), Premio Aquileo Echeverría 1993, 2000, 2004.
Bruno Lomonte Vigliotti, cédula 8-0050-0828. Premio Nacional de Ciencias Clodomiro Picado Twight 1986.
Rodrigo Madrigal Montealegre, cédula 1-0340-0168, Profesor Emérito Universidad de Costa Rica.
Patricia Mora Castellanos, cédula 1-0471-0261, Ministra de la Condición de la Mujer
Arnoldo Mora Rodríguez, cédula 9-0009-0046, ex ministro de Cultura, Premio Joaquín García Monge a la Difusión Cultural 2014, Premio Nacional Aquileo J. Echeverría en la rama de ensayo 1991.
Jimmy Ortiz Chinchilla, cédula 1-0554-0183, Premio Nacional de Danza Mireya Barboza 2017 por Mejor Dirección y Coreografía.
Adrián Pinto Tomás, cédula 1-0988-0178, Premio Nacional de Ciencia Clodomiro Picado Twight 2010.
Steve Quirós Barrantes, cédula 1-1060-0117, Premio Nacional de Ciencias Clodomiro Picado Twight 2012.
Arabella Salaverry Pardo, cédula 9-0029-0602. Premio Nacional Aquileo J. Echeverría rama cuento 2016.
Felipe Salazar Hidalgo, cédula 1-1108-0282, Premio Nacional de Danza Mireya Barboza 2017 en la categoría de Mejor Intérprete.
Lizbeth Salazar Sánchez, cédula 1-0586-0294, Premio Nacional de Ciencia Clodomiro Picado Twight 2003.
Alberto Salom Echeverría, cédula 1-0443-0578, Rector Universidad Nacional.
Carlos Sandoval García, cédula 1-0639-0524, Premio Nacional de Ensayo Aquileo J. Echeverría 2002.
Carlos Santamaría Quesada, cédula 1-0992-0493, Premio Nacional de Ciencia Clodomiro Picado Twight 2011.
Eduardo Sibaja Arias, cédula 2-0302-0923, Director de la Oficina de Planificación de la Educación Superior.
Manuel Solís Avendaño, cédula 1-0409-0243, Premio Nacional de Ensayo 2006, Premio Nacional de Historia 2013.
Luis Paulino Vargas Solís, cédula 2-0327-0373, Premio Aquileo J. Echeverría en la rama de Ensayo 2010.
Roberto Villalobos Ardón, cédula 1-0298-0718, ex-rector del Instituto Tecnológico de Costa Rica y Premio Nacional Joaquín García Monge, 2004 a la Difusión Cultural.
Adherentes:
Héctor Ferlini-Salazar, cédula 1-0454-0856, docente Sede del Pacífico UCR, director SURCOS.
Andrea Alvarado Vargas 2-542-230, Directora Oficina de Difusión e Información UCR.
Sylvia Carbonell Vicente cédula 172400045606, Directora de Radioemisoras de la Universidad de Costa Rica.
Anabelle Leon Chinchilla cédula 1-586-818, directora Oficina de Becas UCR, docente.
Adriano Corrales Arias, cédula 2-0332-0689, escritor y profesor catedrático ITCR.
Luis Guillermo Loría Salazar, cédula 1-0892-0218, Coordinador General PITRA-Lanamme UCR.
Lilly Villalobos Rojas, cédula 1-627-086, profesora Escuela de Arte y Comunicación Visual, Universidad Nacional.
Allan Fonseca Bolaños, cédula 105640194, abogado pensionado de Poder Judicial.
Isabel Ducca Durán 1-0564-0060.
Alejandra Cartín Leiva, 1-0572-0619, psicóloga.
Gerardo Mora Burgos, cédula 1.0364.0085, catedrático pensionado de la Universidad de Costa Rica, Academia Costarricense de Filosofía.
María Pérez Iglesias, cédula 1-0369-0624.
Yolanda Bertozzi Barrantes, cédula 1-399-589.
Sandra Masís Sanabria, cédula 1 -474 -108.
José Montero Peña. 1-1113-0898.
Elsy Vargas Villalobos 1-1026-0527.
Alejandra Amador Salazar, 1-1160-0259.
Esteban Umaña Picado cédula 1-0993-0589.
Josué Hernández Brenes 1-1395-0923.
José Pablo Mora Vargas 2-0581-0912.
Grettel Rojas Vásquez 2-0488-0697.
Diana Acosta Salazar, 2-0413-0995.
Lillianne Sánchez Angulo 7-0113-0629.
Erika Henchoz Castro 1-0570-0927.
Ligia María Delgadillo Solano, cédula 6-0084-0127.
Yolanda Rojas Rodríguez,cédula 9-0012-0762.
Alejandra Espinoza Arias, cédula 1-507-822.
Leda Badilla Chavarría, cédula 1-0409-1151.
Lidieth Uribe Loría, cédula 1-0571-0409.
Virginia Ramírez Cascante, cédula 1-0543-0030.
Melania Monge Rodríguez, cédula 1-0537-0482.
Rubieth Jaén Angulo, cédula 5-0148-0959.
Ana Yency Guzman Castro, 1-0806-0192
Jeison Gutiérrez Araya, 3-0451-0920
Karla Villalobos Vargas, 1-1173-0914
Lupita Abarca Espeleta, 1-0749-0550
María Fernanda Camacho Garro, 3-0448-0808
Marjorie Bonilla Pizarro, 1-0571-0699
Ruth Mora Barrantes, 1-0720-0296
Tatiana Carmona Rizo, 4-0199-0436
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En semanas recientes se habla reiteradamente de la “desaceleración de la economía”, atribuida, con obsesivo y grosero simplismo, a dos factores: el déficit fiscal y la huelga convocada contra el proyecto 20.580 presentado por la administración Alvarado. Propongo en lo que sigue, un examen de estas ideas.
1) ¿En qué se basa esta tesis?
La idea subyacente seguramente nace de ciertas elaboraciones que han dominado la teoría económica neoclásica (o sea: la economía ortodoxa dominante) durante los últimos 40 años, las cuales a su vez beben del trabajo de León Walras en los años setenta del siglo XIX. En su versión “moderna” ha recibido el nombre de “hipótesis de las expectativas racionales”, pomposa sobre todo por el artificioso aparato matemático que la acompaña, aunque de paupérrima significación económica.
Esta teoría nos habla de unos tales “agentes económicos”, especie de alienígenas híper-racionales, con la capacidad de una supercomputadora para manejar y procesar información. Dominan con gran propiedad todos los asuntos relativos al problema fiscal, y toman sus decisiones con base en cálculos precisos e instantáneos. Me refiero a decisiones en materia de compras de consumo por parte de las familias, y sobre inversión (plantas productivas, maquinaria, tractores, etc.) por parte de las empresas. Y como tienen clarísimo que la situación fiscal anda que “mírame y no me toqués”, deciden frenar sus gastos de consumo e inversión, lo cual provoca que la economía se “desacelere”.
Lo cierto es que todo lo antes dicho tendría un pringue de sentido –pero solo eso– en el contexto de la situación, muy peculiar y calificada, de los últimos dos meses, visto que la huelga sacó el debate fiscal de las paredes de la Asamblea Legislativa y lo acercó a un público más amplio, y en virtud de los mensajes catastrofistas y las amenazas muy gruesas que, en metralleta descontrolada, nos lanzan las más altas autoridades del gobierno, incluido el propio Carlos Alvarado. Claro que eso ha suscitado un ambiente de nerviosismo, que ha afectado incluso el comportamiento del dólar y podría agudizar la “desaceleración”. Pero la “desaceleración” no empezó con la huelga en septiembre, sino que viene de mucho más atrás. Y aunque se contestase entonces que el problema fiscal también viene “de mucho atrás”, conservaría plena validez la duda fundamental que suscitan los supuestos –delirantes y alucinados– de racionalidad y capacidad de manejo de información que se le atribuyen a los alienígenas “agentes económicos” de la teoría.
Incluso en el tiempo transcurrido después de la convocatoria a huelga (septiembre a la fecha), y en medio de un ambiente sociopolítico tan incandescente, para las amplias capas de clase trabajadora, el asunto sigue siendo una cuestión lejana y básicamente incomprensible. Y aunque entre los sectores medios hay más interés, no necesariamente hay mejor comprensión; posiblemente reaccionan al problema, pero sin mayor claridad acerca de sus implicaciones. Sencillamente es falso que la gente se comporte como esta desatinada teoría quiere hacernos creer. Sin duda, las causas de la «desaceleración» de la economía son otras, cuyo análisis omito en este artículo para no extenderlo en exceso.
2) El déficit fiscal y el “enclochamiento” de la economía
Una mirada panorámica a los últimos diez años –desde el impacto de la crisis económica mundial en 2009 y en los años sucesivos hasta este momento– muestra que el crecimiento de la economía tica ha estado jalado fundamentalmente por el consumo privado, o sea, las compras de consumo de la gente.
¿De qué se alimenta ese consumo? No de los salarios del sector privado, cuyo poder adquisitivo no ha tenido mejora alguna a lo largo de estos años. Resulta, pues, que el factor principal es el crédito, por lo tanto el endeudamiento de personas y familias. Baste remitirse a los datos sobre la evolución del crédito del sistema financiero para constatarlo, pero sin olvidar que las estadísticas disponibles no reflejan lo que podríamos llamar “crédito sumergido”, concedido por importadoras de electrodomésticos, “garroteras” u otras posibles fuentes de financiamiento informal.
Sin embargo, a ello debemos sumar un aporte significativo proveniente de los tan denostados y vilipendiados empleados y empleadas del sector público, cuyos salarios promedio son más altos que el sector privado, y sí han tenido una leve mejora de su poder adquisitivo durante este período. De tal modo, y teniendo presente que en el sector público se emplea alrededor del 13-14% de las personas trabajadoras, es posible que éstas sostengan al menos una quinta parte –posiblemente más– de los gastos totales de consumo en la economía.
Esto último –el consumo de las personas trabajadoras empleadas en el sector público– es una fuente importante por medio de la cual el tan satanizado gasto público y el igualmente demonizado déficit fiscal, contribuyen a sostener el consumo y, por lo tanto, el crecimiento de la economía. Súmese el llamado “consumo público” –compra de bienes y servicios por parte de instituciones públicas– más la lamentablemente pequeña cuantía de la inversión en obra pública. En total, el sector público de Costa Rica aportaría alrededor un 35% -posiblemente más– de la demanda total de la economía.
Más allá de las disparatadas elucubraciones de la teoría económica ortodoxa, lo que esto significa se entendería muy claramente en caso de que se cumpliesen las amenazas del gobierno de Carlos Alvarado de no pagar aguinaldos a empleados y empleadas públicas. Si así lo hicieran, de fijo veríamos al comercio bufando furiosamente, porque sus ventas caerían en picado.
3) ¿Que la actividad empresarial está afectada por expectativas?
Sí, es cierto. De hecho, como con tanta agudeza lo hacía ver Keynes en la Teoría General, esas expectativas tienden a reforzarse entre sí: unas personas intentan adivinar el estado de ánimo de la otra gente, dando lugar a una especie de “efecto imitación”: cuando todo el mundo está pesimista (u optimista), se vuelve prácticamente obligatorio compartir ese pesimismo (u optimismo). Y, por supuesto, no es descartable que el ambiente crispado generado en las últimas semanas alrededor del problema fiscal –sobre todo por el discurso catastrofista con que el gobierno nos asedia– haya afectado esas expectativas, por lo menos las de grupos de poder económico poderosos y bien informados. Pero ese es, como he hecho ver, un fenómeno reciente y muy acotado. Con anterioridad, lo fiscal si acaso atraía la atención de una élite muy reducida. Absurdo pretender que ello impactase significativamente las expectativas empresariales ni menos las de la gente de a pie.
En cambio, el efecto positivo sobre la demanda, proveniente del gasto público es un hecho objetivo, que se hace tangible en las ventas de las empresas, y, por lo tanto, sostiene sus expectativas en terreno más o menos positivo, cuando muchos otros factores (incluso la sobrevaloración del tipo de cambio o las altísimas tasas de interés sobre los créditos bancarios), impactan en sentido negativo.
En otras palabras: durante los últimos diez años, el gasto público y el déficit fiscal han puesto una especie de piso mínimo para sostener el crecimiento de la economía. De otra manera, es bien posible que se hubiese hundido a terrenos cercanos al cero.
Esa es la verdadera historia.
Enviado por Luis Paulino Vargas Solís.
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