Viene a Panamá el Papa Francisco, y su visita hace aflorar con singular claridad el estado y carácter de la religiosidad de nuestro pueblo, de la institucionalidad eclesiástica aquí vigente, y de las afinidades y contradicciones de esa institución con la sociedad que la sostiene. Esto no es de extrañar, si consideramos la peculiar circunstancia de la visita.
En este caso, el Papa más progresivo desde Paulo VI, que ha puesto en la agenda eclesial de manera abierta temas como los derechos de los emigrantes, de los pobres y de los ancianos, la vileza de la corrupción y la agonía de la naturaleza es recibido por una sociedad conservadora y timorata en materia cultural y moral. La iglesia católica de esta sociedad ha sabido eludir el carácter progresivo del pontificado de Francisco, convocando a su grey a partir de la invocación de valores tradicionales, y de una actitud hacia el Pontífice que linda con el culto a la personalidad.
La visita, como sabemos, ocurre en el marco de la Jornada Mundial de la Juventud, un evento periódico creado por aquel adalid del anticomunismo que en vida se llamó Karol Wojtyla, hoy canonizado por Francisco como San Juan Pablo II, en imitación de los Festivales Mundiales de la Juventud y los Estudiantes que en su momento promovió con notable empeño la hoy extinta Unión Soviética. En un país en el que la juventud está cada vez más expuesta a males como la pobre educación, el desempleo, la inseguridad y la lumpenización, el debate en torno a esta edición de la Jornada ha sido de una extraordinaria pobreza.
Algunos sectores populares y de capas medias han cuestionado el costo de la inversión pública en el evento, que hasta donde se sabe ronda los 70 millones de dólares – incluyendo 14 mil en una alfombra roja para la llegada de Su Santidad al aeropuerto. Esos cuestionamientos han encontrado una enérgica respuesta de funcionarios públicos y comerciantes, que calculan un retorno de 250 millones de dólares para el comercio local a cambio de esa inversión estatal, en el más puro espíritu mercantil que caracteriza a los grupos hegemónicos en nuestra sociedad.
La Iglesia local, por su parte, no ha abierto ningún proceso de debate público sobre el contenido social, político y ambiental del pontificado de Francisco, y sus implicaciones para la sociedad panameña. Aquí se vive una situación marcada por un crecimiento económico incierto, una inequidad persistente, una degradación ambiental constante, y una institucionalidad amenazada por graves problemas de corrupción, ineficiencia y conflictos entre los poderes del Estado. Tanto la Exhortación Apostólica Evangelii Gaudium, de 2013, como la Carta Encíclica Laudato Si’, de 2015, ofrecen un valioso marco de referencia para debatir esos problemas en una sociedad que constitucionalmente ha sido definida como mayoritariamente católica. En ausencia de ese debate, la visita ha sido cuestionada por intelectuales liberales anticlericales y defendida por conservadores vinculados al establecimiento eclesiástico a partir de una agenda que alguna vez estableció la Ilustración.
Así la cosas, lo mejor que la Jornada puede ofrecer a Panamá, además de la presencia del propio Francisco, es la llegada al país de una importante cantidad de jóvenes creyentes de nuestra América, Europa y África. Es muy probable que esos jóvenes, llamados peregrinos por los organizadores, tengan un nivel promedio educativo y cultural superior al de sus pares panameños, y un espíritu de compromiso con la transformación social que los lleve a ser vistos por algunos de nuestros compatriotas como casi comunistas, y como levadura peligrosa.
Aun así, queda la esperanza de que todo esto haga resaltar aún más el carácter conservador y reacio al cambio dominante en nuestra sociedad, y anime en año electoral un debate – así sea soterrado – sobre la necesidad de transformarla. La Jornada y Francisco podrían contribuir así a la creación de condiciones que faciliten la lucha por salir de la situación de “putrefacción de la historia” (Engels dixit) en la que estamos empantanados cuatro millones de panameños. Eso, aquí, sería una ganancia muy superior a la que esperan nuestros comerciantes de la visita Papal.
Compartido con SURCOS desde Panamá por Nils Castro.
SURCOS comparte este importante texto de Gisela Zaremberg, profesora investigadora de FLACSO México e integrante de la Red de Politólogas. Fue originalmente publicado en la revista mexicana Oraculus y sugerido a SURCOS como un texto importante por Patricia Salgado Muñoz. Sin duda ofrece muchas luces acerca de la realidad política latinoamericana y costarricense y el papel de los movimientos evangélicos y neopentecostales.
Un nuevo fenómeno recorre la política latinoamericana: las iglesias evangélicas se han convertido en actores políticos influyentes. Cualquier persona formada en una educación medianamente laica que escuchara los alegatos de los diputados brasileños en nombre de Jesucristo votando por el desafuero de Dilma Rousseff la tarde del 17 de abril del 2016, se habría pellizcado para confirmar que aún estaba viviendo en el siglo XXI. No extraña entonces que el actual presidente, Jair Messias Bolsonaro, haya conmemorado su victoria electoral con misa evangélica.
Otras escenas repiten el estupor. En Colombia en el plebiscito por los acuerdos de paz, en octubre del 2016, se observaba la intervención directa de agrupaciones evangélicas a favor de la opción del No. En febrero de 2018 en Costa Rica, un candidato del partido evangélico Restauración Nacional, Fabricio Alvarado, tras aglutinarse en torno a la oposición a la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a favor del matrimonio igualitario, pasó inéditamente a la segunda vuelta electoral. Aunque fue derrotado, obtuvo el 39% de los votos. En tanto en Guatemala, el presidente Jimmy Morales apoyado en agrupaciones evangélicas locales denostaba como contaminada por la “ideología de género” a la Comisión Internacional Contra la Impunidad (CICIG) que prosigue casos de corrupción en su contra.
Estos son sólo algunos ejemplos, suficientes para preguntarnos: ¿Qué semejanzas y diferencias encontramos entre estos y otros casos de interferencia religiosa en la práctica política? ¿Hasta qué punto resultan un factor insoslayable con el que la política latinoamericana deberá lidiar? ¿Qué aspectos habría que tener en cuenta para enfrentar a estas coaliciones religiosas? Lo que sigue es una serie de deslindes y reflexiones que procuran ir más allá de estupores -y miopías- iniciales.
Ni tanto, ni tan poco: evangélicos en América Latina
Comencemos por constatar una tendencia general: mientras la feligresía católica decrece sostenidamente, la evangélica aumenta en América Latina. De manera interesante también crece el número de personas que declaran no profesar ninguna religión, tal como muestra el siguiente gráfico:
Evolución católicos, evangélicos, protestantes y ninguna religión 2000-2017 (porcentajes)
Fuente: Latinobarómetro (2000 a 2017).
En 17 años, la población católica decreció 17 puntos porcentuales. Mientras, los evangélicos casi se duplicaron.
En 17 años, la población católica decreció 17 puntos porcentuales. Mientras, los evangélicos casi se duplicaron. Si a las cifras del 2017 (13%) sumamos a quienes se declaran protestantes (4%) esta población ronda el 17% en la región. También es significativo el crecimiento de quienes no profesan ninguna religión, pues pasan del 6% al 16% en este período. Este es el segundo grupo en crecimiento en la región, apenas por debajo de la suma de evangélicos y protestantes. El asunto clave es que estos últimos grupos han crecido no sólo en tamaño sino también en organización, mientras que este rasgo no es visible dentro de los no creyentes.
Más allá de esta foto general, observamos diferencias importantes entre casos nacionales. En países como Guatemala y Honduras, las feligresías evangélicas junto a las protestantes representan prácticamente el 40% de la población. En cambio, en el otro extremo, Uruguay muestra uno de los porcentajes más bajos de católicos (37.5) y evangélicos (4%), acompañado de una alta proporción (31%) de personas que no pertenecen a alguna religión. Casos como el brasilero muestran una reducción constante del catolicismo mientras que México se mantiene atípicamente fuera de la tendencia, muy por encima del promedio regional para 2017 con un 80% de católicos (véanse mediciones nacionales para consultar variaciones por región).
Antes de proseguir, importa entender que el mundo evangélico es variado, abarcando una serie de sub-divisiones que van desde agrupaciones más tradicionales como los presbiterianos, bautistas y metodistas, hasta las nuevas modalidades ‘evangelicales’, pentecostales, neo-pentecostales e iglesias libres. Estos subgrupos constituyen una ‘gran familia protestante’
Entre estas subdivisiones, importa especialmente analizar el pasaje del predominio de iglesias ausentes de lo mundano (fuera de la política) a otro, protagonizado por neopentecostales, que abiertamente incursionan en dicho ámbito.
Neopentecostales: la conquista política
El fenómeno evangélico no es nuevo en la región. Las misiones datan, al menos, de finales del siglo XVIII. Lo que sí es novedoso es su directo y creciente involucramiento en asuntos político-estatales. En este proceso es fundamental la aparición y éxito organizativo de iglesias pentecostales, y especialmente neopentecostales, pues buena parte de las candidaturas electorales exitosas y de las dirigencias que acceden a cargos de gobierno provienen de estas vertientes.
Buena parte de las candidaturas exitosas provienen de iglesias pentecostales.
La creciente incursión política de las iglesias neopentecostales se debe a tres transformaciones. En primer lugar, el desplazamiento de las ‘iglesias de garaje’ ubicadas en áreas marginadas hacia modernas mega-iglesias ubicadas en zonas de clase media o alta. De esta forma, la población que acude desde sectores populares y medios encuentran en esta ubicación y tipo edilicio un símbolo aspiracional de estatus y movilidad social.
Estas iglesias constituyen empresas trasnacionales relacionadas (segunda transformación) con la aparición de la “teología de la prosperidad”. La misma predica que la pobreza es símbolo de insumisión a Dios porque los verdaderos creyentes disfrutan de los bienes de la creación divina en esta mismísima tierra. La doctrina persigue el empoderamiento individual y la felicidad del pueblo de Dios (sí: “pare de sufrir”). La fidelidad férrea a la doctrina (expresable en donaciones y en discurso positivo) aumenta la posibilidad de recompensa divina.
En términos políticos (tercera transformación), esto se ha traducido en considerar que, como parte de dicha recompensa, los evangélicos están destinados a ocupar exitosamente cargos públicos. Los neopentecostales reconstruccionistas en particular, van aún por más, se consideran mandatados a reconstruir las democracias en teocracias. Nada más y nada menos.
Esta tendencia ha desarrollado prolíficas redes de colaboración con corrientes de la extrema derecha (republicana) en EEUU, en España y con diversos movimientos político-religiosos post soviéticos. Ello no debe llevarnos a simplificadas teorías conspirativas. No tengo aquí el espacio suficiente para abundar en detalles, pero la identidad de los modelos evangélicos latinos tiene presencia propia en Estados Unidos. La fortaleza organizacional local no es un dato menor. Baste decir, por ejemplo, que la brasileña Iglesia Universal del Reino de Dios (IURD) se ha convertido en un imperio pastoral, comercial, mediático y político de tal envergadura que varias corporaciones evangélicas americanas o europeas palidecerían ante la comparación.
Evangélicos y política electoral
Así como el mundo evangélico es heterogéneo, las estrategias de los evangélicos para incursionar en la política también lo son. De acuerdo a la imprescindible obra de José Luis Pérez Guadalupe, podemos diferenciar entre: a) la construcción de un partido evangélico, b) un frente liderado por evangélicos abierto a otros actores y c) una facción evangélica que participa en partidos o movimientos políticos ya constituidos que no son liderados por evangélicos.
No hay consenso sobre la “disciplina electoral” de los movimientos evangélicos, pero sí han tenido capacidad para aglutinar oposiciones conservadoras en algunos países.
No hay completo consenso acerca del mecanismo preciso por el que las iglesias ligan la lealtad religiosa con la electoral. El mencionado Pérez Guadalupe, centrado en el caso peruano insiste en que no puede darse por sentada la existencia de un voto confesional. Enfatizando el fracaso de la constitución de un partido evangélico y de la candidatura presidencial del pastor Humberto Lay en 2006, argumenta que los evangélicos peruanos no siempre votan por las candidaturas indicadas por sus pastores.
En el otro extremo, se ubicaría el caso brasileño. De acuerdo a Fabio Lacerda y J.Mario Brasilense en un país con candidaturas que pueden definirse en listas abiertas (en un sistema de representación proporcional en distritos de alta magnitud) se favorece un modelo denominado como corporativo por el que las iglesias neopentecostales apoyan candidaturas específicas entre sus feligresías logrando una tasa de éxito de elección de sus candidatos muy superior a la de los partidos políticos. Debido a esta capacidad, políticos evangélicos han sido incluidos en coaliciones tan diversas como las de Lula y Rousseff, o la del actual gobierno de Bolsonaro.
Más allá de la discusión sobre la disciplina electoral o voto confesional, se ha enfatizado la capacidad de las iglesias evangélicas para construir un campo de oposición conservador con base en una agenda moral que define enemigos acérrimos (la ideología de género, grupos LGBT, intelectuales progresistas). Al hacerlo atraerían en la misma ola tanto votos de las propias feligresías como de otras religiones e incluso de sectores laicos. En este sentido, los evangélicos, especialmente en su versión pentecostal, funcionarían como facilitadores de movimientos políticos y candidaturas “atrapa todo” (catch-all) orientadas a la derecha. Una especie de boosters (aumentadores de recarga) para una derecha que había perdido encanto discursivo y arraigo territorial en muchos países de América Latina.
¿Evangélicos flexies?
Con base en el estudio de la elites imperantes en países post-comunistas de Europa del Este y de neoconservadores en Estados Unidos, la sugerente obra de Janine Wedel nos informa sobre un nuevo fenómeno: la consolidación de los flexies, un tipo de miembros de elite surgidos en el contexto posterior a la caída del Muro de Berlín, en medio de la desregulación y ajuste de los estados-nación. A diferencia de los cliqués o los grupos de presión, estos miembros construyen redes de influencia desde posiciones de poder flexibles (de ahí el nombre de flexies) entendidas a partir de cuatro características: a) ocupan roles superpuestos entre los mundos público y privado; b) dada la ambigüedad derivada de lo anterior consiguen eludir controles y procesos de rendición de cuentas; c) ocupan espacios en las burocracias y en las instituciones de los gobiernos representativos; y d) usan esas posiciones para relajar las reglas, no necesariamente rompiéndolas sino creando otras que se adapten a sus fines.
La evidencia biográfica sobre pastores estelares de las principales iglesias pentecostales y neopentecostales en Brasil (IURD, Asamblea de Dios, Iglesia del Evangelio Cuadrangular, Asamblea de Dios Victoria en Cristo y Comunidade Evangélica Sara Nossa Terra) muestran inicialmente que, más allá de las diferencias organizativas, estos rasgos flexibles caracterizan los modos de incursión política de estos liderazgos.
Un ejemplo paradigmático es el caso de la ya mencionada IURD en Brasil y su creador, el obispo Edir Macedo, actualmente uno de los hombres más ricos del mundo. Desde que fundó en 1977 la IURD, su juego desde posiciones múltiples ha redundado en constante empoderamiento tanto público como privado. Mientras consolidaba su rol de pastor religioso, en 1989 adquiría la segunda cadena televisiva más importante de Brasil (Rede Record) desde la que suele aparecer como el respetable defensor de la moralidad familiar. En tanto, aunque no se ha presentado como candidato, en 2005 consolidaba el Partido Republicano Brasileño (PRB), con especial control político de Río de Janeiro, una plaza electoral clave para desempatar elecciones. Hoy en día el alcalde de esta ciudad (Marcelo Crivella) pertenece a esta iglesia y a este partido. Mientras tanto, junto a miembros de la bancada evangélica pertenecientes a otras iglesias exitosas y en coalición con la bancada ruralista y la de inspiración militar (llamadas bancadas BBB: Biblia, Bala y Buey), detenía dentro del Congreso brasileño los proyectos de reformas impositivas que amenazaban con obligar a las iglesias a pagar impuestos y transparentar sus finanzas al control estatal.
La hipótesis acerca de la flexibilidad de las elites religiosas pentecostales se muestra plausible también para otros casos en lo que respecta a un rasgo central: la capacidad pragmática de aprovechar múltiples posiciones y alianzas. En México, evangélicos se han aliado eficazmente a grupos católicos en torno a coaliciones conservadoras. Tal como muestra Jairo Antonio López, comparando la contra-movilización frente a la institucionalización de los derechos de grupos LGBTI en Colombia y México, en ambos casos se han presentado estrategias similares que incorporan tanto al activismo callejero-electoral como al institucional-legislativo.
En este mismo sentido, desde el campo de los estudios de género y feministas se está detectando cómo estas coaliciones han logrado ocupar en ocasiones las propias instituciones impulsadas por los movimientos a favor de los derechos de las mujeres (como los institutos de las mujeres estatales y municipales en México) vaciándolas de contenido, para suplantarlas por políticas a favor de causas familistas. Como expusimos en Aborto, movimientos y femocracias: un análisis relacional la medida en que estas instituciones estén ocupadas por miembros de coaliciones religiosas conservadoras implica un factor importante en el avance de legislación contraria a los derechos de las mujeres. Para sorpresa de muchas, al ocupar las instituciones, los miembros de estas coaliciones han sabido moldear los marcos del lenguaje de género, resignificando términos y alineándolos con sus objetivos. Por ejemplo, se utiliza el término “empoderamiento” surgido en el campo de los estudios de género, vaciándolo de cualquier referencia al marco de derechos humanos e igualdad de género, para remitirlo (en línea con la teología de la prosperidad) a contenidos de superación individual que, paradójicamente, defienden la continuidad de roles maternales de cuidado familiar tradicionalmente asignados a las mujeres.
Lo dicho indica que los nuevos políticos evangélicos no son (sólo) fundamentalistas del medioevo, títeres manejados por simples conspiradores o ignorantes desesperados por la pobreza. Por el contrario, la evidencia muestra como plausible la figura de elites influyentes que han aprendido a utilizar para provecho propio y de sus redes de pertenencia, los ambiguos y sofisticados intersticios existentes entre lo mundano y lo religioso, deteriorando con ello las capacidades democráticas de control de los estados laicos y los derechos de igualdad e inclusión de amplios sectores de la ciudadanía. Analizar cómo oponerse al desembarco religioso en las instituciones políticas es tarea pendiente. Lo cierto es que para comenzar este análisis conviene salir del estupor para conocer, y no subestimar, las nuevas habilidades y fortalezas que estos actores han desarrollado.
Aprestándome a cumplir con estudiar la Demanda de Acción de Nulidad presentada por juristas colombianos (De justicia y la Comisión Colombiana de Juristas) contra la elección del Fiscal NHMN, según lo a mi solicitado por el Ejecutivo de la Rama Colombia de la Asociación Americana de Juristas (AAJ); ya dispuestos los arreos para su impulso me sorprende la noticia que la Sección Quinta del Consejo de Estado decretó el rechazo in limine de la demanda, por motivo de caducidad para la presentación de la acción, puesto que habían transcurrido más de treinta días desde la publicación del acto administrativo de elección del Fiscal General.(Artículo 164-a del Código de Procedimiento Administrativo).
La juiciosa y ponderada redacción de la demanda previo la situación de CADUCIDAD. La sustentación a la pretensión única y argumento central de la demanda expone que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia tuvieron una falsa motivación para elegir a Martínez Neira, ya que estaba afectado por el conocimiento previo que tenia de conductas delictivas (reserva mental); lo cual lo obligaba a declararse impedido para desempeñar el cargo de Fiscal General. Que al no hacerlo incurrió en que el acto de su nombramiento estuviera viciado de falsa motivación. Dado que el asunto de la trama de injerencia del Fiscal General en el escándalo de Odebrecht se dio a conocer a la ciudadanía por parte de Noticias UNO el 13 de noviembre de 2018, para contar el termino de caducidad en días es necesario explicar que “no se tomarán en cuenta los de vacancia judicial ni aquellos en que por cualquier circunstancia permanezca cerrado”.
Esta defensa interpretativa frente al tema de la caducidad que hicieron los abogados demandantes no fue tenida en cuenta por el magistrado sustanciador de la Sección Quinta del Consejo de Estado. En casos como el analizado no se da un pronunciamiento de fondo, sino que se detienen en el requisito sine qua non de presupuesto de vigencia de la acción (caducidad) en la presentación de la demanda, esgrimiendo que las normas procesales son de orden público y que ante el caso no se habilita un término legal de conteo de manera diferente al establecido en la norma citada del Código De Procedimiento Administrativo y Contenciosos Administrativo (CPACA). Por ese motivo no fue declarada inadmisible (para corregir defectos) sino rechazada, quedándole solo a los abogados demandantes interponer un recurso de Súplica, como en efecto hicieron. “Le corresponderá a los demás magistrados que integran la sala decidir el recurso de súplica. Contra lo decidido no procede recurso” (Articulo 332 Código General del Proceso).
SE TRATA DE UN CASTIGO LEGAL
De manera que el plazo para impugnar la elección del Fiscal se convirtió en lo conocido en la doctrina jurídica como “castigo legal” al administrado (ciudadano) para que no se duerma, o sea pasivo en el reclamo de sus derechos. Pero el efecto santanderista de esto radica en sobrado leguleyismo, puesto que no se compadece que la presentación de una falsedad sea material en un documento, por ejemplo, o en la actitud de reserva mental del Fiscal, que contribuyó a la elección del funcionario fraudulento, termine beneficiándose de su propio dolo. Esta aberración se da para los delitos que prescriben. Engalana el entorno de corrupción en la estructura judicial del país. Alienta al reto a las formas de participación democrática como la revocatoria del mandato, coinvertida en letra muerta. El cabildo abierto, que ante la potencialidad de su implementación desvía en el asesinato de líderes populares como organizadores naturales de formas de participación de democracia directa. Coloca al orden del día el compromiso del movimiento popular por la imprescriptibilidad y no caducidad en delitos de elección popular y de actos de nombramiento que expidan las entidades y autoridades públicas de todo orden. Elevar a delito de lesa humanidad el desvío de dineros para la salud y para sostenimiento de la niñez en todos los órdenes.
QUEDA LO DEL FRAGMENTO PERDIDO Y LAS ACCIONES DE MASAS
En el fallido estado colombiano todo está preparado para que la impunidad y la corrupción reinen. El debate a lo interno del Senado contra el manejo de la Fiscalía General derivó en la presencia ilegal e inconstitucional del titular sin ser citado, puesto que en ese momento no se enfrentaba a un juicio de su juez natural, sino un debate público autónomo. ¿A dónde quedó la palestra de la lucha publica del Senado? Pues manipulada por el bachiller Macías. Continúa sumando al estado de cosas inconstitucional -e c i- la no implementación de los Acuerdos de La Habana, incluido lo de la reforma radical del sistema corrupto electoral en Colombia.
Correspondería alegar que no corra la misma suerte de la demanda de nulidad contra el nombramiento del Fiscal General la denuncia del periodista de apellido Coronel contra el mismo Fiscal General, resumido en el Informe de 11 páginas que este cuestionado titular remitió para la responsabilidad de Luis Gustavo Moreno (su pupilo) en el “Cartel de la Toga” que sirvió para compulsar copias ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes contra el magistrado de la Corte Leónidas Bustos y también contra el magistrado de la misma Corte Gustavo Malo, en su sede de instancia. Que no se quede simplemente en que “la Fiscalía lo que hizo fue segmentar” la información hecha por la DEA en territorio norteamericano; para eludir cualquier responsabilidad penal del Fiscal en ese que él pretende sea un almibarado y suave asunto. Ya son cero y van tres las perlas contra el Fiscal General que se ha dado el lujo de derogar el principio de fe pública en el Imaginario de la Nación colombiana, por el yerro del constituyente de 1991 que esa dependencia llamada Fiscalía hiciera parte de la rama judicial con autonomía administrativa y presupuestal.
De manera que pareja a la acción judicial sin reserva contra la permanencia del Fiscal General, corresponde la solidaridad militante del activismo social, político y popular en las manifestaciones de masas contra el fiscal General para que renuncie, uniéndose el pueblo de Colombia a ese clamor unánime. ¡La Renuncia No Caduca!
(Parafraseando a Francisco de Goya, el gran pintor español de hace dos siglo)
Rogelio Cedeño Castro
Desde que el profesor Juan Bosch(1909-2001), el insigne político y escritor dominicano, quien fuera probablemente uno de los hijos más ilustres de ese país, publicó en 1966 su libro LA CRISIS DE LA DEMOCRACIA DE AMÉRICA EN LA REPÚBLICA DOMINICANA, la supervivencia misma de la precaria institucionalidad democrática de nuestra región no se había visto tan amenazada por la presencia del autoritarismo, la insensatez, el delirio y la pérdida de contacto con la realidad de que están dando muestras buena parte de las élites políticas latinoamericanas: los países del Grupo de Lima al desconocer la legitimidad del gobierno venezolano han dado un paso muy peligroso, el que puede llegar a tener las proporciones de un alud de desgracias para toda la región por el nefasto precedente que han sentado.
El hecho de que 43 diputados de la pacífica, y presuntamente democrática Costa Rica, hayan decidido desconocer la legitimidad del gobierno de otro país latinoamericano, en este caso el de Venezuela, nos sitúa en medio de una escena surrealista, y nos retrotrae a los peores tiempos de la guerra fría, con su nauseabunda dualidad entre un presunto comunismo-socialismo que nunca pasó de ser un capitalismo de estado autoritario y unas autoproclamadas democracias, tan raquíticas como autoritarias en lo que al respeto a los derechos humanos se refiere, además de ser excluyentes en cuanto a la satisfacción de las necesidades de las mayorías populares de la región, con unos gobernantes, no importa si civiles o militares, que valiéndose de un grotesco y mal articulado discurso anticomunista, que casi lindaba con el fascismo, justificaron la comisión de los peores crímenes y llevaron a cabo un sistemático exterminio de disidentes políticos, el que alcanzó proporciones dantescas en los casos de Guatemala, Argentina, El Salvador, Chile, Nicaragua, Paraguay y otros en los que las violaciones a los derechos humanos eran el pan cotidiano.
No podemos olvidar que fue en aquel entonces, y cuando acaba de ser invadida la República Dominicana, en el mes de abril de 1965, para impedir el regreso del único presidente democrático que tuvo ese país durante el siglo anterior, que la guerra fría estaba en todo su esplendor, llevando al profesor Juan Bosch a tomar distancia con las posiciones complacientes, de la llamada izquierda democrática de la región, hacia los cada vez más audaces y cínicos desmanes imperiales de la Casa Blanca de Washington, desde donde se miraban de reojo las políticas reformistas o redistributivas de la riqueza de algunos países. Hoy en cambio, el viraje a la derecha es de tal magnitud que, el sólo hecho de hablar de políticas sociales y beneficios para las mayorías de la región es un delito, cuando no un signo de ser una creatura delirante, un partidario del maldecido populismo que se cultivaba por entonces, como reflejo de la modalidad rooselveltiana de las políticas económicas keynesianas de entonces, las que llevaron a crecer la economía y el bienestar de grandes sectores de la población, lo que para la derecha de hoy, sin vocación democrática alguna, y arrepentida de sus veleidades reformistas o socialdemócratas, constituye una abominación. La hora de la ofensiva final contra los derechos de las mayorías ha llegado, casi sin darnos cuenta, siempre con la resistencia de las organizaciones populares, la única herramienta con que cuentan y que tendrán de preservar de múltiples asechanzas».
El Secretario General de la Central General de Trabajadores (CGT) en horas de la tarde fue atendido por la Comisión Permanente de Asuntos Sociales, para abordar el proyecto de ley “Ley de declaratoria de Servicios Públicos Esenciales N°21.097, expuso el rotundo rechazo a esta iniciativa que al igual que del resto de Centrales Sindicales es considerada que lesiona la democracia, pues intenta extender el concepto de servicios esenciales casi como sinónimo de servicios públicos aun cuando en la jurisprudencia de la OIT hay suficiente información para comprender la diferencia.
Le recomendó a los diputados desechar el proyecto y en su lugar recuperar los artículos que no fueron aprobados con la reforma de ley procesal laboral, donde se plantearon que la determinación de los servicios esenciales sea mediante el acuerdo entre empleador y sindicato, obligándose a las partes a dar un servicio mínimo que garantice la prestación.
A pesar de la insistencia de nuestra organización para que se comprenda que cualquier lista que hagan los diputados será superada por la realidad, la percepción que nos dan sus intervenciones es de que tratan de ampliar la prohibición de huelga a todos los servicios posibles, incluso delegando al poder ejecutivo algo que le corresponde a la ley, poniéndose en evidencia la diferencia entre el discurso de no está en discusión el derecho la huelga con la práctica concreta del proyecto de ley. Una pretensión por dejar la huelga como instituto decorativo sin efectos en la vida ciudadana.
Intentaron confrontar los demás derechos contra el derecho de huelga, cuya línea de pensamiento parece apuntar de algunos miembros de la comisión consideran que todos los derechos estarían por encima del derecho a huelga.
Con el “pecado” de que este proyecto está carente de un estudio técnico, la discusión de los diputados girón más sobre opiniones personales que por conceptos del derecho laboral, criterios no muy educados denotándose incluso carencias en lo constitucional. Para la CGT no es un problema que un obrero, campesino o ama de casa pueda llegar a ser diputado, ministro o presidente, pero está en la obligación de construir dentro de su acervo una cultura básica del marco de legalidad que rige en las democracias.
Los magistrados de la Sala II, en su audiencia anterior, coincidieron con muchas de nuestras posiciones e incluso se vieron obligados a explicarle a los diputados conceptos muy elementales de temas constitucionales y convenios del Organización Internacional del Trabajo como parte del marco de legalidad de cumplimiento obligatorio de nuestro país.
Algunos diputados creen firmemente que el dialogo social es darle audiencia a muchas organizaciones o partes interesadas en el proyecto, algo que tan solo es un requisito a cumplir con el procedimiento, tal y como se le consulta a la Organización Internacional del Trabajo, desconociendo que el verdadero dialogo social implica la negociación, el debate nacional.
Tenemos claro que si los diputados insisten transitar por este camino tendremos atender con todas nuestras herramientas, para hacer prevalecer los derechos de los trabajadores frente a las posiciones arbitrarias y violatorias del Estado de derecho.
Los invitamos a leer La Carta número 599 la revista mensual del CEAAL. En este número lleno de solidaridad, de información sobre el Encuentro de Formación Política y Asamblea Intermedia vivida en Buenos Aires, así como sobre acciones, pronunciamientos, y otras actividades del CEAAL y de la membresía en América Latina y el Caribe, y el mundo.
Los países integrantes del grupo de Lima actuando, de manera ilegítima, en contra de la soberanía de Venezuela y de la legitimidad que se desprende del funcionamiento de su institucionalidad, en tanto nación soberana, que como bien sabemos se rige por la normativa de su ordenamiento jurídico interno, nos han conducido a un escenario que recuerda los peores tiempos de guerra fría(no sabemos si estos gobernantes tienen conciencia de la gravedad de estos hechos), cuando la OEA se limitaba a obedecer los mandatos de Washington, con los alegatos del tan cacareado y cínico anticomunismo de entonces, especialmente en relación con la invasión mercenaria a Guatemala, ocurrida en 1954 y el desembarco de cuatro mil infantes de marina estadounidenses en la República Dominicana, con el propósito de impedir el restablecimiento de la democracia en ese país, tarea que había sido emprendida por los militares constitucionalistas de 1965, quienes buscaban revertir el golpe de Estado de septiembre de 1963 con el que se había derrocado al profesor Juan Bosch, el único presidente democrático de verdad que tuvo la República Dominicana, a lo largo de todo el siglo XX. Ningún país está autorizado a desconocer los mandatos de la constitución política de otra nación latinoamericana.
La Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela carece de un mandato específico para destituir al presidente de esa nación, lo que pretendieron hacer los diputados opositores, en enero de 2016, cuando después de haber obtenido la mayoría, en las elecciones parlamentarias de diciembre de 2015, como un hecho esencial que se convirtió en el error estratégico de una oposición, cada vez más controlada por sectores de la ultraderecha que sólo responden a decisiones foráneas, y han demostrado carecer de propuestas políticas sólidas como para lanzarlas como alternativa, a las del gobierno de Nicolás Maduro. Se farrearon el capital político ganado entonces y perdieron la iniciativa frente al poder ejecutivo y el judicial que declaró en desacato a la Asamblea Nacional, a partir del momento en que los integrantes de la mayoría opositora se negaron a la realización de elecciones parlamentarias en el estado Amazonas, donde se habían registrado irregularidades, en los comicios de diciembre de 2015, han pasado casi cuatro años y estos nunca tuvieron lugar, entrabando todo el proceso legislativo al ir disminuyendo las posibilidades de un mayor pluralismo y ejercicio democrático efectivo en una sociedad, que por sus graves problemas, así lo requiere, de manera imperativa.
La convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente, aprobada por amplia mayoría por los electores en unos comicios convocados, a mediados de 2017, acabó de deslegitimar a una Asamblea Nacional como la actual, cuyo período vence a finales de este año 2019 y terminó de empañar toda su gestión al desconocer el mandato de las elecciones presidenciales de mayo del año anterior, en las que la mayor parte de la oposición se negó a participar, resultando electo Nicolás Maduro Moros para un nuevo período presidencial que se inicia este 10 de enero y hasta el año 2025.
El reconocer estos, y otros hechos recientes ocurridos en Venezuela, ni siquiera implica una toma de posición sobre la política interna de ese país, sin embargo así será asumido pues ese gobierno fue condenado a su derrocamiento desde hace veinte años, por lo tanto quienes no asumamos el rol de repetidores de lo que diga la gran mayoría de la prensa y el secretario general de la OEA, Luis Almagro, ya recibimos nuestra sentencia: se nos condena a ser chavistas ad perpetuam, no importa lo que aleguemos, debiendo aceptar todas las altisonantes admoniciones que se nos lancen, ya sea desde la llamada izquierda con todas sus sectas, o desde la poco democrática derecha, como también del limbo del llamado espectro político regional.
Pese a esto, debo insistir en que carece de toda legitimidad y legalidad la descalificación sistemática que algunos medios de comunicación, y comentaristas oficiosos de todo pelaje, han lanzado sobre esas elecciones venezolanas, las que han sido mucho más democráticas, en términos de garantías para todos los participantes, que las han tenido lugar recientemente en países como Paraguay, cuyo gobierno de dudosa legitimidad afinca sus raíces en un golpe de estado parlamentario, ocurrido en junio del año 2012, contra el presidente Fernando Lugo; Honduras, con un régimen que surgió del golpe de estado, militar y parlamentario, de junio de 2009, contra el entonces presidente Manuel Zelaya, donde el fraude electoral de noviembre de 2017 aseguró la continuidad del dictador Juan Orlando Hernández (JOH); Argentina donde la derecha se aseguró el poder ejecutivo mediante una truculenta campaña de prensa en un país donde casi todos los medios están bajo su control; Colombia, donde mediante la intimidación el uribismo impuso a su candidato Iván Duque, un país donde se han saboteado los acuerdos de paz y han continuado los asesinatos de dirigentes sociales y opositores; el Perú, donde casi todos los expresidentes del régimen se encuentran en la cárcel, o sometidos a juicio por graves actos de corrupción, un país que es la sede del grupo de Lima y cuyo presidente Martín Vizcarra se encuentra en una precaria posición. Podríamos seguir con la lista y no quedaría un solo gobernante en esta parte del mundo…el caso de Brasil es el más insidioso de ellos con los manipulados comicios de octubre, los que llevaron a Jair Bolsonaro a la presidencia de la república, un connotado enemigo de los bosques de la amazonía, cuya protección ya ha reducido y hasta de los derechos que la legislación laboral le otorga a los trabajadores brasileños, amén de otras desgracias ya anunciadas.
Los parlamentarios, ya sean diputados o senadores en cualquier nación latinoamericana o europea, carecen de un mandato y de una legitimidad suficiente como para desconocer la de los gobernantes de otro país. El caso de los 43 diputados de Costa Rica es patético por la ignorancia e incondicionalidad hacia los mandatos de la ultraderecha que sus integrantes han mostrado. Si en Venezuela las sectas ultraderechistas como Primero Justicia y Voluntad Popular han suplantado a los viejos partidos como Acción Democrática, de filiación socialdemócrata y COPEI, socialcristiano llevándolos a cometer las insensateces más grandes, en Costa Rica el Partido Liberación Nacional(PLN), que renegó de la socialdemocracia hace mucho tiempo, y el Partido Unidad Socialcristiana(PUSC), que tuvo esa ideología como su norte, ahora se han convertido en meras sectas ultraderechistas, las que marchan sin rumbo cierto de futuro alguno, dentro de un presunto gobierno de unidad nacional, encabezado por el fallido Partido Acción Ciudadana (PAC), que en algún momento trató de retomar la ruta de la socialdemocracia, y finalmente terminó en una dramática conversión religiosa hacia los mandatos del credo neoliberal/neoconservador, los que observa fielmente desde el inicio la gestión del presidente Carlos Alvarado, hace unos pocos meses. La democracia de América Latina se encuentra hoy más amenazada que nunca, en medio de una oleada neofascista que busca aprovechar esta coyuntura para barrer, hasta los cimientos, las conquistas sociales y políticas que las grandes mayorías latinoamericanas habían obtenido durante el siglo anterior. La hora cero para la democracia en la región ha llegado…
Voces Nuestras publica Guía de Comunicación Popular para la Defensa de las Autonomías.
San José, 17 de enero, 2019.- La Asociación Voces Nuestras, Centro de Comunicación Educativa, publicó el manual “Comunicación Popular para la Defensa de las Autonomías, Guía Metodológica para la Incidencia Pública y Política”, para facilitar talleres de comunicación.
Esta guía metodológica sistematiza dinámicas y herramientas construidas colectivamente por el equipo de la Asociación Voces Nuestras y agrupaciones aliadas. Nuestra propuesta fue aplicada y validada en procesos de formación, a partir del año 2017, en el trabajo con organizaciones de comunicación y defensoras de territorios mesoamericanos en resistencia. El contenido de esta guía es resultado de esos procesos de fortalecimiento de capacidades informativas, articulación e incidencia en la región.
Voces Nuestras se caracteriza por actualizar constantemente sus metodologías, a partir de las experiencias que desarrolla en los procesos de comunicación participativa.
Esperamos que nuestro aporte sea útil para realizar diagnósticos participativos de comunicación, nuevas estrategias, campañas y acciones de incidencia ante la amenaza colonialista, capitalista y patriarcal, que sigue explotando los distintos territorios con sus proyectos de muerte.
La guía busca apoyar la facilitación de talleres de comunicación y por lo tanto, las ideas que aporta son de uso libre, pues así tienen que ser los conocimientos, los ríos, los bosques y los medios: ¡Siempre libres!
La conferencia regional «La desinformación en la era digital y su impacto en la libertad de expresión y los procesos electorales» se llevará a cabo el próximo 30 de enero a las 5 p.m. en la Universidad de Costa Rica. Se contará con la participación de Edison Lanza, relator especial para la libertad de expresión (CIDH).
Este viernes, 1 de febrero de 9 a.m. a 2 p.m. se realizará el taller «Herramientas Legales para Luchas Ambientales», el cual será impartido en el Salón de reuniones de la Asociación de Desarrollo Integral de La Fortuna – Adifort.
Dicho taller cuenta con un cupo limitado de 50 personas.
La entrada a la actividad es gratuita, se estará cobrando ₡5000 por alimentación (almuerzo y refrigerio). La confirmación del espacio estará sujeta a la cancelación del monto mencionado anteriormente.
