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Valoraciones hacia un acercamiento Gobierno – E.L.N.

Por Carlos Meneses Reyes

INTRODUCCIÓN. Lo de Valorar, implica opinar. Un juicio de valor o de opinión involucra el ejercicio de sustentación de una idea o concepción sobre la percepción de “algo”. Ese “algo” es objeto de atención por parte de un analista que explora en el universo de sus ideas, acorde con sus experiencias, conocimientos de la materia, concepciones y visión del mundo en particular sobre el objeto en análisis. Un juicio de valor no parte de presupuestos irrebatibles o irrefutables y materialmente sustentables con la realidad, que es variable, cambiante. En un juicio de valor predomina la subjetividad. El esfuerzo mayor en ese ejercicio es ajustarse a la verdad o en coherencia con la verdad, evitando su alejamiento. Hace parte de una metodología dialéctica; pero no de una sustentación científica. Se diferencia de la creación imaginaria literaria, como ficción, puesto que el objeto de análisis es material y concreto.

POR QUÉ BUSCAR UN ACERCAMIENTO

Mediante Resolución 473 del 28 de diciembre de 2016, el presidente Santos designó al exministro Juan Camilo Restrepo “para que se reúnan con representantes del ELN con el fin de encontrar formulas de entendimiento que conduzcan a la apertura de la mesa pública de conversaciones prevista en el Acuerdo de Diálogos para la Paz de Colombia entre el Gobierno Nacional y el Ejercito de Liberación Nacional de marzo de 2016”. Se planteó que la reunión se llevaría en Quito, Ecuador, el 12 de enero de 2017, reuniéndose el sábado 14 de enero de 2017, Ibarra, Ecuador. El 18 de enero de 2018, salió a la luz pública el Comunicado Conjunto de las Delegaciones de Plenipotenciarios, en Cotachi, cerca de Ibarra, Ecuador, dando inicio al primer ciclo de las Conversaciones, siendo reconocido como jefe de la Delegación del ELN el comandante Pablo Beltrán. La falta de fe, de ambas partes, constituyó la característica de las iniciadas conversaciones por las imágenes expresadas por vocerías gubernamentales de ser el ELN duro para negociar por su radicalismo ideológico y fomentar la especie de carencia de unidad de mando en la organización y acatamiento de todos los frentes a las decisiones de la cúpula y consideraciones del Jefe de la Delegación del ELN: “Tenemos un problema con el interlocutor , en la mesa hay quienes apuestan por la paz y otros que no lo desean”.

En el primer ciclo de conversaciones las partes establecieron como referente el Derecho Internacional Humanitario, buscando acciones dinámicas para disminuir la intensidad del conflicto, llegando a un Acuerdo sobre desminado. Tales artefactos han dejado unos 2000 fallecidos y 11.500 víctimas en los últimos veinte años. El gobierno impuso la condición de dialogar en medio del conflicto, pese al reitero permanente del ELN a la urgencia del cese al fuego bilateral, avalado por personalidades y organizaciones tanto del país como del exterior. El elemento constante de rechazo de la contraparte gubernamental al uso del ELN a la práctica del secuestro, que mantiene la inmodificable decisión, sobre el argumento: “Como lo hemos dicho en diferentes momentos, somos una fuerza alzada en armas, que ejercemos el derecho a la rebeldía; así mismo tenemos nuestra propia legislación por la cual nos regimos en nuestras actividades y cuando unos o unos de nuestros miembros trasgreden esta legislación interna se someten a sanciones establecidas en nuestros códigos disciplinarios”. Este primer ciclo finalizaría el 7 de abril de 2017.

Durante el lapso del primer ciclo la Dirección del Frente de Guerra Occidental, ríos y costas del occidente colombiano, denunciaron que, para reponer bajas, los oficiales del ejército estatal ofrecían hasta 10 millones de pesos a pobladores del Norte del Chocó y a ex guerrilleros de las farc-ep para que se engancharen en las diezmadas bandas paramilitares. Era de conocimiento público que en las zonas de donde salieron las farc-ep llegaban los paramilitares, arreciando sus ataques en territorios de operación del ELN y como la tónica era la búsqueda de un cese al fuego bilateral, el interrogante de Pablo Beltrán era: “Quién detendría las operaciones paramilitares”, anunciando que en esa región existía un plan único entre militares y paramilitares en esa región y lo demostraba la no existencia ni de un solo combate entre ellos.

El segundo ciclo de negociaciones con el ELN inició el 17 de mayo de 2017 y terminó el 30 de junio de 2017. El panorama enrarecido por la no existencia de una reforma electoral, acordado en la Mesa de la Habana con las Farc-ep y jamás implementado, deterioro el ambiente de las conversaciones y sobre la insistencia en descartar el ELN un Acuerdo con el gobierno Santos antes de las elecciones de 2018. “No está dentro de nuestros cálculos, aunque así lo quisiéramos”. La impronta, en esta fase enmarcó en el enunciado del fascista partido CD en “hacer trizas” los Acuerdos de La Habana entre las antiguas Farc-ep y el Gobierno nacional. El enunciado de los intelectuales de plazo en el tiempo; el apresuramiento o carrera contra reloj expresado por el cuestionado Cambio Radical, quien, en boca del director de esa colectividad, expresaba: “que aprovechen y saquen rápido la negociación, porque si ganamos en el 2018 no habrá mesa de negociación con ellos. No podemos sentarnos con ellos otros cinco años”. Efectivamente- gracias al corrupto sistema electoral imperante- “ganaron” las elecciones como Bloque de Poder Oligárquico Anti insurgente (Cambio Radical, Partido Conservador, de la U, Partido Liberal, Centro Democrático, junto con los aliados objetivos Humberto de la Calle Lombana, Sergio Fajardo, el orondo senador Robledo y las iglesias evangélicas). Los comicios de 2018 dificultaron los diálogos con el ELN. Finalizado el segundo ciclo las conversaciones entre ambas contrapartes quedaron situadas en las condiciones para el cese al fuego bilateral y la investigación de asesinatos a lideres sociales. Además de la creación de un equipo conjunto de pedagogía y comunicación para la paz, se conformo la integración de un grupo de países de apoyo, acompañamiento y cooperación a la mesa de conversaciones.

Para el tercer ciclo las partes acordaron volverse a encontrar el 24 de julio de 2017 y culminaría a comienzo del mes de septiembre del mismo año. Resalta en este espacio el efecto de la visita del papa Francisco I, el 06 de septiembre de 2017. El acuerdo de un cese al fuego bilateral constituyó lo principal. El tema del secuestro continuó siendo de máxima atención. En la región del Catatumbo fueron retenidos, por parte de la fuerza insurgente, un grupo de jóvenes, díscolos, ociosos, sin ocupación fija. La mediática lo difundió como un secuestro colectivo. El ELN replicó que era una manifestación de ejercicio de autoridad en territorio dominado. Hilando mas fino expresaron: “los jóvenes fueron retenidos para discutir sobre los comportamientos que venían asumiendo en la sociedad”. Que “recibieron buen trato y fueron dejados en libertad si cambiaban el comportamiento que venían desempañando en la comunidad”. Que luego se los entregaron a los padres. Rechazaron lo que titularon de “secuestro” siendo una regulación de la vida comunal, con acuerdo y vigilancia de la misma comunidad. Denunciando que hicieron, lo que el Estado no hace. (24 de agosto de 2017).

El cuarto ciclo de conversaciones se desarrolla entre el 23 de octubre y el 1º de diciembre de 2017. Ya en aplicación del cese al fuego bilateral acordado, satisface el impacto positivo que deja en las comunidades la ausencia de enfrentamientos armados entre las partes. Se implementó el fortalecimiento del sistema de alertas a amenazas tempranas con la Defensoría del Pueblo, que pongan en riesgo la integridad de personas vulnerables.

Para el quinto ciclo de conversaciones, ambas partes se volvieron a encontrar, pero no ya en Quito-Ecuador, sino en La Habana, declarada sede de las conversaciones, luego que el presidente Lenin Moreno anunciara el retiro de ese país como mediador. Funciono del 08 de enero de 2018, hasta el día 15 de junio del presente año. No se logró el cese al fuego bilateral, sin embargo, el ELN decidió aplicar cese al fuego unilateral con ocasión de los eventos electorales para Senado y Cámara y para Presidencia de la Republica. Así concluyó este ciclo, sin materialización al Comunicado Conjunto de Brasil, Chile, Cuba, Ecuador, Noruega y Venezuela: “Exhortamos que en este V Ciclo se asuma como prioridad la negociación de un siguiente cese al fuego, junto con otros temas de la agenda”.

El sexto ciclo de conversaciones estaba acordado para el pasado 25 de junio en La Habana, pero la Delegación oficial del gobierno de Iván Duque fue retirada de la sede de conversaciones y así permanece congelado el proceso, hasta la fecha. La comunidad nacional y opinión internacional permanecen expectantes sobre el tema de la congelación de las conversaciones. Los países Garantes: Noruega y Cuba, junto a los países acompañantes: Chile y Venezuela, piden a las partes reiniciar los diálogos. Ese acercamiento no se ha dado.

EXPLICACIÓN DE LO INSURGENTE

Bajo el presupuesto de existencia y reconocimiento de una fuerza beligerante, rebelde e insurgente- en cualquier parte del mundo- su razón de ser es la toma del poder. Derrocar un estado de cosas, para instaurar otro orden de cosas. Esa es una forma de lucha de carácter militar, en que por ende ha desplazado la iniciativa de lucha política institucional en el Estado- parte afectado por un conflicto armado interno. En Colombia esa manifestación de lucha popular tiene cincuenta años de vigencia, como resultado de la concepción de una “guerra popular prolongada”. La fuerza insurgente concibe la lucha armada por el poder como el ejercicio de la práctica de la política, por otros medios. Pero resulta esencial a su naturaleza la vocación de la salida política. No es asimilable adjudicar la falta de voluntad política a la insurgencia para dar fin al conflicto. Todo por cuanto no cede a la capitulación como previo a conversar. Lo de gestos de paz es un sofisma. Caso contrario sucede a la contraparte estatal en el que burla el mandato constitucional de la paz como un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento. De esa parte si es dable afirmar la falta de voluntad política para no continuar con el ciclo de conversaciones al pretender “desarmar” a la fuerza insurgente bajo sometimiento y capitulación a su accionar como condición para explorar en el escenario de las conversaciones la búsqueda de soluciones. Constituye el apremio del bloque oligárquico contrainsurgente y militarista en el poder, que como clases dominantes dilatan la búsqueda de la paz con el asomo del poder militar estatal. Esas clases dominantes saben que con la insurgencia no vencida militarmente deberán realizar cambios estructurales que les cuesta aceptar. Acuden al gatopardismo de cambiar todo para no cambiar nada. Desean reeditar el engaño de la no implementación de lo Acordado, ante las necesidades esenciales de variar el modelo económico, por efectivas medidas de redistribución de la riqueza que transformen el modelo de acumulación desigual propio del capitalismo salvaje neoliberal. Al orden del día en los temas de conversaciones están los cambios estructurales al stablishment en torno al dominio de las mafias blancas en la privatización de la salud, el mantenimiento de la locomotora minero-energética y el sometimiento a la “justicia”, sin visos de justicia transicional universal, a una insurgencia que desconoce y aboga contra ese andamiaje político-estatal.

DEL PREDOMINIO DE LA LUCHA DE MASAS

Pero en el torrente de la lucha popular y social las manifestaciones de lucha no son solo de carácter armado. Concebirlo así incurriría en el yerro del vanguardismo militarista. Contrario a ese paradigma, se concibe es la lucha popular y de masas como la expresión genuina de principal forma de lucha, en el escenario de las contradicciones propias de la lucha de clases. Por ello la lucha política de masas constituye la vanguardia de la lucha popular.

Independiente de los efectos correlativos geopolíticos, la representación del lugar sangriento de la lucha de clases en Colombia reviste esenciales particularidades. Situándonos en el escenario Latinoamericano, la tendencia es la alternativa a modelos económicos post – capitalistas, con una inclinación regresiva a sus alcances por el predomino de la derecha neoliberal.

El escenario político en Colombia- lejos de ser complejo-se mueve sobre parámetros de la combinación de todas las formas de lucha. Erradicando el estigma editado por la inteligencia contrainsurgente estatal y la alienación a la opinión publica nacional por la dictadura mediática, de las formas de lucha; el derrotero de la actividad política colombiana gira en torno al pulso al predominio de la lucha política o de la lucha armada. En Colombia intoxicaron a la opinión pública sobre la afrenta de identificar al dirigente político popular, social y de masas como a un guerrillero, sin armas, vestido de civil. En la mañana como dirigente sindical y en la noche como activo guerrillero. Así en todos los escenarios. Una especie de café con leche. Negación total a la división del trabajo. Toda una campaña de inteligencia contrainsurgente de terrorismo estatal que produjo el genocidio de más de cinco mil cuadros políticos populares y de izquierda y el exilio de cien mil activistas, acorde con la sinfonía de la mediática dictatorial, expresada en esos medios periodísticos “que tienen una deudita con Colombia” como lo expresó el legendario guerrillero Manuel Marulanda Vélez.

Corresponde delimitar el terreno de la combinación de todas las formas de lucha, como tesis originaria del partido comunista colombiano (PCC), para comprender la convulsionada realidad colombiana en el derrotero del movimiento popular y de masas. La fatídica formula del Frente Nacional en que dos partidos genocidas oligárquicos: el Liberal y el Conservador deciden repartirse milimétricamente el Estado desplazando a la izquierda, a los socialistas, comunistas y anarquistas, viró en el despuntar de las guerrillas en Colombia. En la guerra de guerrillas y en la existencia de la lucha armada guerrillera.

Demarcar los límites de una realidad implica expresar que parejo a la lucha popular y de masas- sin orden de dirigencia partidaria alguna- fluye el accionar de la lucha armada expresada en la guerra de guerrillas, el saboteo y boicot económico, el control territorial en amplias zonas de la geografía política, el desconocimiento de cabo a rabo de la Carta Constitucional y por ende el descuaderne del código penal para la no realización del control estatal imperante con la finalidad de desbaratar, deshaciendo o arruinando la de por sí fallida funcionabilidad estatal.

Como corolario de lo anterior se impuso la consecuencia del fortalecimiento estatal predominante, que en el caso colombiano asumió la expresión de barbarie del terrorismo de estado como ejercicio contrainsurgente. En Colombia está proscrita la participación política directa y popular y por ende cualquier protesta pública es calificada de “terrorista” dentro de la dictadura mediática de la guerra contrainsurgente y el “enemigo interno”. Por ello ocultar el rostro resulta un ejercicio directo al habeas data, el derecho a la intimidad e identidad de la imagen ante las medidas militaristas de guerra que pretenden limitar el auge de la protesta política en Colombia, con instrumento de policía militar como el Escuadrón de la Muerte, el ESMAD.

LA OPOSICIÓN POLÍTICA

En cuanto a la lucha popular y de masas corresponde en el ejercicio de la oposición política. Esta expresa dos manifestaciones: una, de ocupación o dedicación en el escenario de la institucionalidad, para lo cual es justo admitir que el reconocimiento del estatuto de oposición corresponde a un aliado de práctica democrática en Colombia. Esto sin renunciar al beneficio de inventario, como aluden los abogados, en tratándose de una reglamentación adocenada por cuanto desvirtúa la tipificación de partido opositor al gobierno al concebir el engendro de “partidos independientes” a la gestión gubernamental. Se adultera la esencia de opositor y semeja el aspecto anormal y deforme de potencial constante clientelista; soporte propio del régimen político-electoral corrupto.

Una segunda expresión de oposición- también dentro de la institucionalidad- aplica a las manifestaciones fácticas o, de hecho, cual protesta de masas. Es lo expresado en otro de mis ensayos sobre La Respuesta Subversiva del Movimiento Popular. Se trata de la manifestación del pensar individualmente considerado ante un estado de cosas denigrante, injusto, alienante; surgiendo la necesidad de cambiar, de transformar de raíz esa anacrónica situación. Ello revierte en accionar social: ese accionar de la ciudadanía que no concibe estar de espaldas a la realidad.

En conclusión, la lucha armada insurreccional y la lucha de masas son correligionarias, pertenecen a la misma ideología política. Pero en esto no existe un punto de inflexión. Categóricamente al darse el auge del movimiento de masas y la protesta publica nacional, indefectiblemente cede el accionar del movimiento armado insurgente. Al darse movilización campesina. Al darse movilización urbana. Los fusiles callan- exista Conversaciones o no- ante el movimiento popular desbordado en las veredas o en las calles como expresión de resistencia de la democracia directa a imponerse en Colombia.

Coletilla. A 100 días, el gobierno del presidente Iván Duque no bajó del bus a los políticos corruptos responsables de las muertes selectivas de dirigentes sociales en veredas y municipios. Su partido fascista, el Centro Democrático (CD), se aleja con el galimatías de “independientes”. La derecha asoma la estrategia del efecto Bolsonaro: si no es con Duque, el golpe militar solapado, dado que el 80% del generalato debe responder por los falsos positivos.

 

Enviado por el autor.

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La salud del migrante, un tema que nos ocupa a todos

Brenda Esquivel

María Gabriela Mora

Dayanne Nájera

La migración es un hecho que ha estado presente en la historia de la humanidad desde sus orígenes, es el factor fundamental que favorece a la constitución de la sociedad tal y como es conocida en la actualidad.

Diversos países han sentados sus bases históricas en los modelos extranjeros implantados por los inmigrantes, que posteriormente dieron forma a sus respectivos sistemas políticos que dan vida a la organización social estatal. Por tanto, las migraciones son un aspecto positivo en el desarrollo de los países.

Según la Organización de Naciones Unidas (ONU)[1], para el 2017 258 millones de personas eran migrantes; asentados respectivamente en Europa 78 millones, en Asia 80 millones, América del Norte 58 millones, África 25 millones, en América Latina 10 millones y en Oceanía 8 millones.

Las personas que deciden movilizarse de un país a otro, principalmente lo hacen por factores ligados a la globalización; en algunos casos este movimiento puede ser temporal como sucede con el turismo, o por motivo de trabajo o de estudio. Así mismo, la decisión de trasladarse a otro país se puede deber a razones de vulnerabilidad, como lo son la desigualdad en la distribución de la renta, la disminución de la oferta de empleo, la desestabilidad en el orden político, entre otros; que presentan a otro país como la mejor opción para encontrar bienestar y estabilidad.

Tomando como ejemplo a Costa Rica, se constata que es uno de los países de América Latina que posee un índice más alto de migración en contraste con la emigración, dando como resultado, un saldo migratorio positivo. Al mismo tiempo, cuenta con uno de los porcentajes más altos de la región centroamericana de inmigrantes, de 9% aproximadamente, acercándose a 400 000 habitantes.

Las cifras oficiales indican que la inclusión social de los inmigrantes es positiva pero requiere de mayores esfuerzos, por ejemplo, la tasa de matrícula en la primaria de los niños provenientes del extranjero y con residencia en el país es de un 91%, por lo cual se evidencia que existe un alto número de niños que no están atendiendo la escolaridad obligatoria en el país.[2]

Según lo anterior, el país cuenta con una población migrante altamente vulnerable: mujeres y niños, los cuales en muchos casos no cuentan con las garantías mínimas de cobertura social y de salud. Y específicamente en el caso nicaragüense éstos perciben aproximadamente un 60% menos del salario que ganan los nacionales.[3]

Por lo general, los empleos a los que se dedican las personas migrantes más el poco acceso a la información por parte de dicha población (falta de información, diferencias culturales que dificultan la comprensión e interpretación efectiva de las campañas preventivas, deficitarias campañas preventivas) producen su vulnerabilidad y la de sus familias con respecto a sus condiciones de salud.

Por otra parte es importante recalcar que la población inmigrante contribuye con el 11,9% del valor agregado nacional. En términos de dicha población que llega al 9%, se denota que la contribución económica es altamente dinámica. [4]

Ahora bien, cualquier tipo de traslado de personas representa una situación de vulnerabilidad para la salud de la población del país receptor, así como la de la persona migrante. Las enfermedades no conocen fronteras, y aunque la persona que emigra no es riesgo para salud el fenómeno de la migración si es un determinante de condiciones adversas, en especial cuando se realiza de forma irregular, pues favorece la convivencia en situaciones precarias que atentan contra el bienestar de la persona.

Algunos agravantes como en Costa Rica[5], es la exclusión por parte de patronos y empresarios a las personas migrantes del derecho a asistir a los servicios de salud, debido a prácticas como partir de prácticas como morosidad, deducciones de los salarios de las cuotas correspondientes pero que no se reportan así como una alta rotación de personal para eximirse del pago de los derechos sociales.

Las afectaciones a la salud más comunes en la población migrante son:

Enfermedades carenciales de tipo nutricional (desnutrición, anemia)

Enfermedades infecciosas (gastrointestinales y respiratorias)

Enfermedades transmitidas por vectores (dengue, malaria) y las derivadas del trabajo (accidentes, intoxicaciones por agroquímicos y envejecimiento prematuro)

 Riesgo de contraer ITS y SIDA.

Es por todo lo anterior, que se deben crear medidas que generen mejores condiciones para toda la población, y que permitan brindar una atención integral, a través de políticas públicas adecuadas que den una respuesta pronta a las necesidades de sus habitantes y de las personas que transitan el suelo nacional, sin distinción de origen.

De igual manera, se deben generar esfuerzos que promuevan la creación servicios de salud inclusivos, que no solamente procuren el bienestar físico, sino que también la salud mental; para esto se requiere de compromiso político y participación de todos los sectores sociales, incluyéndonos a nosotros, evitando conductas que pueden reprimir o discriminar a otros.

Además, no se debe olvidar la coordinación regional y la cooperación como una herramienta disponible para todos los países, que a pesar de su existencia en algunos casos no son completamente eficaces.

Se debe tomar en cuenta que en la escala de necesidades y prioridades que establecen las personas migrantes, la salud es algo que debe ser atendido en el momento, en virtud de los otros apremios a los que se tienen que enfrentar en la sociedad receptora (trabajo, alimentación, remesas, relaciones de pareja, relaciones sociales, no exposición a autoridades, entre otros.).[6] Debemos recordar que la salud es un derecho humano sin importar la condición migratoria. Las personas migrantes traen beneficios a los países receptores, diversifican el intercambio cultural y agilizan la economía.[7]

Por tanto, atender a las personas migrantes desde la prevención, hasta la curación es una estrategia de salud pública, que protege tanto a los migrantes como a la población nacional, y que además fortalece la gestión de la salud en el país.

[1] ONU. (2017). International Migration Report. http://www.un.org/en/development/desa/population/migration/publications/migrationreport/docs/MigrationReport2017_Highlights.pdf.

[2] OCDE (2010). Los 12 datos más importantes sobre los inmigrantes en Costa Rica, según la OCDE.  www.oecd.org/countries/costarica/45660735.pdf

[3] OCDE (2010). Los 12 datos más importantes sobre los inmigrantes en Costa Rica, según la OCDE.  www.oecd.org/countries/costarica/45660735.pdf

[4] PNUD. (sf). Segundo Informe sobre Desarrollo Humano en Centroamérica y Panamá. https://estadonacion.or.cr/files/biblioteca_virtual/centroamerica/002/Salud_Edgar_Barillas.pdf

[5] Acuña, G. (2005).  La Inmigración en Costa Rica; dinámicas, desarrollo y desafíos. https://www.ministeriodesalud.go.cr/gestores_en_salud/derechos%20humanos/migracion/inmigracr.pdf

[6] Acuña, G. (2005). La Inmigración en Costa Rica; dinámicas, desarrollo y desafíos.  https://www.ministeriodesalud.go.cr/gestores_en_salud/derechos%20humanos/migracion/inmigracr.pdf

[7] Organización Mundial de la Salud. (OMS) (2003). https://www.paho.org/cor/index.php?option=com_content&view=article&id=143:publicaciones&Itemid=221

Fuente de fotografías:

  1. USA Hispanic PRESS, 2018
  2. ACNUR, 2018
  3. ACNUR, 2018

Enviado a SURCOS por Dayanne Nájera Matarrita.

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UNA: Envejecimiento de la población costarricense: un reto para el futuro

Fabiola Quirós Segura (*)

Las discusiones en torno al envejecimiento de la población, a nivel Latinoamericano, se vienen gestando con fuerza desde hace algunos años, ello debido a las transformaciones económico-sociales que traerá consigo la inversión de la pirámide poblacional.

Según datos publicados en el informe Panorama de envejecimiento y dependencia en América Latina y el Caribe a inicios de 2018, por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), actualmente, un 11 % de la población de esta región supera los 60 años; mientras que las proyecciones indican que en el 2030 llegará a un 17 %, y en 2050, al 40 %.

En el caso costarricense, el crecimiento de la población adulta mayor se debe, en gran medida, al aumento de la esperanza de vida al nacer y al descenso de la tasa de la natalidad, cuyas tasas, en el 2018, se ubican en 4,5 % y 14,5 % respectivamente. Se estima que, en el 2025, dichas tasas se ubicarán en un 5,0 % y un 12,7 %, según los datos de la Estrategia nacional para un envejecimiento saludable, documento publicado a inicios de 2018 por el Ministerio de Salud, en coordinación con la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Lo anterior, supone un aumento en la población adulta mayor y una disminución en la población joven; en este sentido, los datos del documento en mención, sostienen que para el 2040 la cantidad de adultos mayores será igual a la de menores de 15 años y, se estima que en 2045 los adultos de más de 70 años se encontrarán en la franja más notoria de la pirámide poblacional costarricense, por lo que para el 2050 una cuarta parte de la población estará compuesta por adultos con más de 60 años. Aunado a lo anterior, se sostiene que el índice de envejecimiento (relación entre la cantidad de personas adultas mayores y la cantidad de niños y jóvenes) variará entre el 2000 y el 2025 en un 220,8 %.

Según los resultados de la Encuesta Continua de empleo (ECE), para el tercer trimestre del 2018, Costa Rica cuenta con un total de 792 511 personas de 60 años o más, de las que sólo una pequeña parte (206 873, equivalente a un 26%), se encuentran insertas dentro de la fuerza de trabajo. La tasa promedio de desempleo abierto para dicho grupo poblacional es de un 4,8 %, (para los hombres dicha tasa es de un 4,6% y para las mujeres es de 4,9 %).

A su vez, la tasa promedio de empleo formal es del 26 % (por sexo, esta es del 28 % para los hombres, y de 20% para las mujeres). Mientras que la tasa promedio de empleo informal para este mismo grupo, es del 74 % (una tasa muy alta; entre los hombres ronda el 72 %, y entre las mujeres el 80 %). Adicionalmente, es importante señalar que del total de ocupados informales de 60 años o más, el 61 % posee un empleo independiente, mientras que el 39 % trabaja de forma dependiente.

Lo anterior indica que, si bien, la participación de las personas adultas mayores en el mercado laboral es baja, lo cierto es que los que se ven obligados a trabajar, lo hacen en su mayoría dentro de la informalidad y con empleo independiente. A su vez, las estadísticas indican que las mujeres son las que se encuentran en mayor vulnerabilidad, ya que la tasa de desempleo y de informalidad son más altas con respecto a las de los hombres.

En resumen, resulta prioritario para el diseño de las políticas públicas del país, a mediano y largo plazo, considerar el envejecimiento de la población, debido a las implicaciones que esto tiene para los sistemas de seguridad social. Además, a nivel familiar el envejecimiento también implica cambios, ya que estas personas cada vez demandarán más tiempo de cuidado y gastos en manutención (muchas personas no han cotizado para la seguridad social), lo que obliga a las familias a estar preparadas y a tomar las medidas pertinentes.

 

(*) Observatorio Económico y Social, Escuela de Economía UNA.

Imagen con fines ilustrativos tomada de la nota: Estudio identifica afecto positivo alto en costarricenses con envejecimiento saludable

Enviado UNA Comunicación.

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Encuentro – taller Vidas y Luchas

Reflexionando y decidiendo para la acción

La Unión de Trabajadores de Golfito, la UCR y la UNED le invitan al encuentro – taller: Vidas y Luchas, reflexionando y decidiendo para la acción, este próximo sábado 1 de diciembre de 8:45 a.m. a 1:45 p.m. en Finca de Enrique Beita.

Para más información e inscripción:

  • Marcos Castro: 8605 0922
  • Rafael López: 8368 3214
  • Marvin Amador: 8335 3070

Ciclo de Foros: “Pensando sobre la huelga contra el Combo Fiscal. Retos y aprendizajes”

Este lunes 19 de noviembre a las 4 p.m. se llevará a cabo en el Auditorio del APSE el ciclo de foros: “Pensando sobre la huelga contra el Combo Fiscal. Retos y aprendizajes”, con la participación de los siguientes panelistas: Manuel Hernández, Eugenia Román y Ariane Grau.

 

Enviado por Manuel Hernández Venegas.

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Encuentro Regional: UNA huella con esencia

La Universidad Nacional en su 45 aniversario invita al Encuentro Regional: UNA huella con esencia, en la Región Pacífico Central a llevarse a cabo este viernes 16 de noviembre de 10 a.m. a 4 p.m. en el Anfiteatro Cultural La Concha Acústica en Puntarenas.

Se realizarán las siguientes mesas de diálogo y talleres, presentación de proyectos UNA e iniciativas comunitarias y actividades lúdico-recreativas y académicas.

Enviado por Rebeca Quesada.

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Falta Más

Marlin Óscar Ávila

Uno puede sorprenderse al confirmar que aún estamos en huelga de empleados públicos y el Ejecutivo, ni el legislativo, buscan una negociación seria con los sindicatos y demás sectores involucrados.

Puede ser que la juventud gobernante se considera iluminada por algún fenómeno mágico, o porque sus asesores de agencias internacionales les han lavado el cerebro, diciéndoles que si no lo hacen, sin dar tregua a quienes exigen mayor participación y discusiones, van a caer por defecto en el abismo de endeudamiento internacional sin poder superarse, como el caso de Argentina. Desde luego, no esperamos mucho de algunos altos ejecutivos de quienes sabemos las escuelas de pensamiento de donde se originan, particularmente la coordinadora del gabinete económico, la dirección del Banco Central y otros. Su liberalismo a ultranza es obvia. Pero hay algunos cuadros del PAC que nos empujan al desengaño, después de haber creído en otro perfil de sus personalidades mientras estaban en la Asamblea.

Los líderes sindicales también deben reflexionar sobre la lucha que se libera sin tomar oxígeno. Esto apenas está en una etapa inicial. Ahora vienen otras contiendas que requerirán de mucha energía, participación ciudadana, del sindicalismo y de toda persona informada y racional. No cabe dudas que los conservadores y asesores internacionales neoliberales tienen preparado el paquete de leyes para reducir al mínimo a nuestras instituciones de Estado, pasando la responsabilidad de los servicios rentables a la empresa privada.

Esto nos llevará el 2019 en fuertes discusiones. Huir de esa discusión sería irresponsable. Solamente hay que ver lo ocurrido en los países vecinos, para saber sus consecuencias. Se le quitan servicios esenciales a la ciudadanía, se reducen los derechos de las personas retiradas, se cierran y privatizan hospitales, los servicios educativos se convierten en centros de negocios, se imponen mayores impuestos indirectos y se invierte lo mínimo en el sector social por parte del Estado.

La juventud que ahora se queja porque siente haber envejecido varios años en éste 2018, debe saber que los «buitres» internacionales de la economía de nuestros países, están a la espera de las defunciones institucionales y la decaída económica nuestra. Ahora, los evangélicos politizados, conservadores y ultra derechistas se sienten exitosos en Brasil, Colombia, Ecuador, Argentina, Honduras, Guatemala y otros países. A excepción de los Demócratas de los Estados Unidos, los demás países del continente estamos viviendo una embestida sin precedentes de la ultra-derecha. Así que Costa Rica no puede quedar afuera, según ellos.

 

Enviado por el autor.

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De nuevo las huelgas

Óscar Madrigal

Durante más de 60 años, desde la promulgación del Código de Trabajo, las huelgas en Costa Rica NO fueron un derecho de los trabajadores. En todo ese periodo, si acaso 1 ó 2 fueron declaradas legales, porque la legislación imponía tantos obstáculos que incluso las penalizaba. Gloria, mi esposa, junto con otras trabajadoras y trabajadores fueron llevados a un juicio penal por participar en la huelga de Adaptación Social allá por los 80, siendo defendidos por la licenciada Ligia Arce y finalmente un juez (de los vilipendiados ahora) las salvó de ir a prisión, las absolvió. La penalización de las huelgas fue derogada hasta los años 90.

El trabajador nunca pudo hacer efectivo el derecho a la huelga que está consagrado en la Constitución Política y era un derecho fundamental, como tanto otros, que solo significan papel mojado. La Reforma Procesal Laboral recogió en el derecho positivo algunos aspectos que ya venía sosteniendo de antaño la Sala Constitucional, tales como que a los trabajadores que participan en una huelga, se les debe rebajar los salarios a partir de la firmeza de la ilegalidad de la misma. Asimismo, la definición acerca de los servicios públicos ESENCIALES que se incluyó en la RPL es la misma que había sostenido la Sala Constitucional. En ese Reforma se recogen, además, las posiciones del Comité de Libertad y los convenidos de la OIT o los más modernos avances de la legislación laboral.

Algunos expresan con gran preocupación, los grandes daños que causa y ha causado la huelga contra el proyecto fiscal. Lo primero que hay que tener en cuenta es que toda huelga produce pérdidas. No conozco ninguna huelga en alguna parte del mundo que se realice generando beneficios para el patrono; si ese fuera el caso las promoverían. El segundo punto es que si bien esta huelga ha durado mucho tiempo, diría que demasiado, ello se debe a dos razones: porque se pensaba que las huelgas serían como en el pasado, es decir, que eran un derecho inexistente, sin entender que la legislación había cambiado. Por esta razón, el Gobierno se orientó a matarla por hambre, siguiendo el consejo del expresidente Rodríguez. Como no comprendieron que la huelga es un derecho constitucionalmente asentado, no creyeron en su prolongación, porque en el pasado todas eran ilegales y se liquidaban por hambre o represión. Fundamentado en este criterio, el Gobierno nunca aceptó sentarse a negociar seriamente con el movimiento sindical sino que mandó a mandos medios a darle largas al asunto. Y un Gobierno que no dialoga con seriedad, acaba enredado en sus propias truculencias.

Algo había cambiado en el país. A pesar de la feroz campaña del Gobierno, de los medios de comunicación y de algunos incondicionales, denigrando a los sindicalistas, a sus dirigentes o creando un miedo atroz, la mayoría de las y los docentes se han mantenido firmes en sus posiciones. La prolongación de esta huelga es única responsabilidad del Gobierno que no ha mostrado flexibilidades ni espíritu de diálogo. En 1970 estalló la gran huelga bananera del Pacífico Sur que rápidamente se declaró ilegal. La Nación, las cámaras patronales y los sectores más reaccionarios exigían al Presidente José Figueres reprimirla. De allí es su famosa frase de, “Huelga es Huelga” y obligó a la Yunai a sentarse a dialogar con la UTG, el sindicato.

Un gobierno que se diga representante del pueblo, tendría que dialogar con un grupo importante de trabajadores y no simplemente segregarlos mediante la ofensa o el matonismo.

El PLN y el PUSC (nada extraña de ellos) en conjunto con el PRN y el PAC (del que se esperaba algunas distinciones) se aprestan a derogar el derecho de huelga y el derecho de sindicalización. Y pretenden darle un trámite expedito mediante la aprobación de la aplicación del artículo 208bis.

La libertad sindical seguirá siendo motivo de lucha.

 

*Imagen ilustrativa.

Enviado a SURCOS por Juan Carlos Cruz Barrientos.

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El genoma antidemocrático del plan fiscal de Carlos Alvarado

Luis Paulino Vargas Solís (*)

Frente a las penurias fiscales, el plan que nos ofrece el gobierno de Carlos Alvarado –el proyecto 20.580 más la “hoja de ruta” definida por la Ministra Aguilar– resulta, en el mejor de los casos, un paliativo extremadamente limitado. Es mucho menos que un verdadero “plan fiscal”, aunque, en lo ideológico sí es muy agresivo.

1) Embarrialar la cancha

Lo ideológico permea a profundidad la propuesta formulada, especialmente en los apartados de “empleo público” y “regla fiscal”. En el primer caso, se opta por la restricción aplicada en forma indiscriminada, dejando de lado que la institucionalidad pública es un todo complejo, con muchos componentes heterogéneos a su interior. Cierto que la dispersión actualmente vigente en esta materia, propicia incoherencias indeseables. Pero desde ahí se quiere dar un violento salto para imponer irrestricta uniformidad. Esto último solo es comprensible desde lo ideológico –atizado por el odio hacia la gente empleada en el sector público– pero de ninguna manera responde a un compromiso con la mejora, para lo cual es indispensable tener en cuenta apropiadamente la diversidad de funciones y responsabilidades que competen a las diversas instituciones públicas. Se opta entonces por la centralización de decisiones y la generalización de las normas, sin ningún matiz ni selectividad.

Estas propuestas sobre empleo público, así como las atinentes a la “regla fiscal” –cuestiones teñidas de ideología en tonos realmente chillones– resultan inevitablemente polémicas. Quienes las introdujeron en este proyecto 20.580 se dejaron llevar por sus prejuicios ideológicos: contra empleados y empleados del sector público más su indisimulado antiestatismo. Acaso imaginaron –en lo que ha sido un cálculo de perniciosas implicaciones– que las urgencias fiscales podrían servir de cubierta para disimular sus objetivos ideológicos. En cambio, sus propuestas orientadas a atacar en lo inmediato el problema fiscal –que debió ser lo prioritario– quedaron reducidas a un mínimo intrascendente y anodino.

De esta forma se introdujo un factor de disenso y conflicto que ha polarizado la sociedad costarricense, dificultando en consecuencia avanzar en aquello realmente urgente, con lo que, de paso, se bloquea la construcción de los espacios de diálogo y entendimiento que ahora, como nunca, resultan indispensables.

Desde luego, si así lo desean, es legítimo que se ponga en discusión esos dos temas –empleo público y regla fiscal– siendo lo apropiado que ambos se diriman en procesos de debate democrático, amplios y transparentes. En su lugar, se opta por meterlos por la ventana de la cocina, y utilizar la difícil situación fiscal como herramienta de chantaje para forzar su aprobación.

2) El orden institucional-democrático en tensión

Hablar de chantaje, como acabo de hacerlo, no es exagerar en absoluto. En lo que, en rigor, se ha venido haciendo, lo cual se resuelve en un mensaje catastrofista, que asimismo gira alrededor de un discurso único. Un renacer agresivo del TINA (“there is no alternative”) de Margaret Thatcher. “El caos o yo” nos dice Carlos Alvarado y lo repiten en coro Rocío Aguilar, Rodolfo Piza y un largo etcétera de ecos, incluso, y en forma unánime, los economistas de la ortodoxia y la prensa comercial más poderosa. Dicho de otra forma: “el caos o su 20.580”. El único “Plan B” que se nos ofrece es ese: todos los desastres en un solo paquete.

Eso ha propiciado un nerviosismo generalizado, en mucho mayor grado de lo que el solo problema fiscal –sin duda grave– podría haber provocado. La incontinencia verbal de las altas autoridades de gobierno, la torpeza e irresponsabilidad con que manejan sus estrategias de comunicación, generan precisamente lo que dicen querer evitar: el caos. En economía las palabras importan, sobre todo cuando vienen de personajes políticamente muy encumbrados. Una cosa es que la situación sea delicada, lo que daría lugar, justificadamente, a un sentimiento de duda y vacilación. Otra bien distinta es que tan importantes señores y señoras imprudentemente incentiven la histeria colectiva.

Esa “operación chantaje” se ha aplicado incluso al Poder Judicial. Sin ningún disimulo se le está exigiendo que dé luz verde al proyecto 20.580 independientemente de cualquier irregularidad que pudiera tener. Buena ilustración nos la aporta las reacciones suscitadas ante lo resuelto por la Corte Plena, cuando, con arreglo al artículo 167 de la Constitución, hizo ver (con toda razón) que sí hay una afectación a la organización del Poder Judicial. Efectivamente la hay, pero eso fue invisibilizado totalmente a favor de un ataque bastante vulgar centrado en los elevados sueldos de magistrados y magistradas. Esto último puede ser todo lo cuestionable que queramos. Pero la cuestión de fondo era otra, y eso fue totalmente acallado.

Hoy el mismo procedimiento de chantaje –“20.580 o caos”– le es aplicado a la Sala Constitucional, como también a los tribunales que deben decidir sobre la legalidad de las huelgas. La división de poderes y todo el juego de pesos y contrapesos –base fundamental de cualquier orden institucional que se precie de democrático– es entonces puesto en tensión. La cuestión adquiere entonces una tonalidad abiertamente antidemocrática, la cual queda vea bien sintetizada en las bravatas de “hombre fuerte” a las que el presidente Alvarado se ha hecho tan aficionado.

La jefa del equipo económico de C. Alvarado.

3) Poner a la democracia contra la democracia

La democracia, siendo el menos malo de los sistemas políticos que la humanidad ha logrado inventar, sin duda tiene limitaciones y puede incurrir en vicios. Los presupuestos públicos pueden dar testimonio de ello, cada vez que, ante la presión de algún grupo en particular o propiciados por objetivos electorales, se toman decisiones que de alguna manera implican ineficiencias, despilfarros e, incluso, corrupción.

El neoliberalismo es una ideología que desconfía mortalmente de la democracia, precisamente porque ésta propicia intervenciones y limitaciones sobre los mecanismos del mercado capitalista, y, sobre todo, porque conlleva el “peligro” de que quienes en esos mercados carecen de voz, puedan tenerla en el territorio de la deliberación política. Los automatismos mercantiles que pueblan el imaginario ideológico neoliberal, y que se alimentan de las teorizaciones –al cual más alucinada e incoherente– de la economía neoclásica, no admiten el juego político que la democracia promueve y, sobre todo, la injerencia que propicia por parte de las clases menos favorecidas. Es algo inserto en el genoma del liberalismo económico, que, agudizado, sobrevive en el neoliberalismo. De ahí que resulte tan esclarecedora la lectura de “La gran transformación” –magna obra de Karl Polanyi– no obstante haberse publicado en 1944.

La “regla fiscal” recoge esas incomodidades ideológicas e intenta implantar en la institucionalidad pública de Costa Rica todos los mortales equívocos derivados de la fallida teorización neoclásica.

Primero, restringe a priori la capacidad de la propia Asamblea Legislativa, para decidir en materia presupuestaria y de gasto.

Segundo, propicia un alto grado de centralización del poder de decisión en instancias burocráticas, señaladamente el Ministerio de Hacienda (en materia de personal, el 20.580 concede también enorme poder al Ministerio de Planificación). Seguramente se trata de cuadros técnicos muy calificados, y de seguro bienintencionados. Pero carecen de la legitimidad democrática que nace del voto popular, no obstante lo cual se les entrega un enorme poder de decisión sobre asuntos que podrían afectar amplia y significativamente, las políticas en materia social y económica.

Tercero, se limita severamente el ejercicio de las políticas económicas. Incluso las “cláusulas de escape”, que el 20.580 introduce en relación con situaciones de emergencia nacional o recesión económica, quedan definidas dentro de parámetros sumamente astringentes.

Los puntos primero y segundo anteriores claramente restringen los mecanismos de la democracia. O sea: frente a las fallas de la democracia, se opta por empobrecerla y limitarla. En cambio pudo optarse por buscar mejorarla: una democracia más participativa e informada; más transparente y deliberativa; en mayor grado asentada en la educación cívica, la responsabilidad ciudadana, la reflexión bien fundamentada. Pero, sin duda, esas son ideas demasiado perturbadoras para el talante neoliberal y el sentido común que éste impone.

El punto tres recoge el imaginario que la teoría económica ortodoxa o neoclásica ha creado alrededor de los mercados capitalistas, con el presunto virtuosismo de sus mecanismos automáticos de ajuste y equilibrio. Aunque la enorme mayoría de economistas de Costa Rica todavía no se enteran, esa es una teorización comprobadamente falaz, incoherente e insostenible.

Y, sin embargo, es sobre esas peligrosísimas bases teóricas e ideológicas que Carlos Alvarado nos propone refundar el sector público de Costa Rica.

 

(*)Director Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo (CICDE-UNED)

Presidente Movimiento Diversidad Abelardo Araya

Enviado por el autor.

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Alberto Rojas analiza ruptura en Restauración Nacional

El catedrático de la Universidad Nacional y profesor de sociología en la Escuela Ecuménica de Ciencias de la Religión de esa casa de enseñanza superior, Alberto Rojas, realizó en el programa Desayunos de Radio Universidad, un análisis de la ruptura que se produjo en la fracción del Partido Restauración Nacional.

Junto a los conductores el politólogo Constantino Urcuyo y el economista Ronulfo Jiménez, AlbertoRojas hizo una amplia y profunda exposición de los elementos sociológicos y doctrinarios implicados en el nacimiento de una nueva fracción independiente afecta a Fabricio Alvarado y la reducción de los votos legislativos del partido que encabeza Carlos Avendaño.

SURCOS recibió de Alberto Rojas el enlace mediante el cual se puede escuchar la conversación, la cual, inicia en el minuto 19 del programa. Siga este vínculo y espere a que cargue el programa: