Les compartimos el libro “Ese ojo extraño” de Pablo Merino, el cual puede despertar una manera diferente de ver el audiovisual, como medio masivo, como arte , como boomerang y su trayectoria en Costa Rica y el comportamiento de los medios estatales. Perteneciente a la Editorial EUNED.
Enviado a SURCOS por el autor.
Arnoldo Mora
Las crisis que afectan al sistema financiero suelen tener terribles repercusiones en el campo político, pues engendran regímenes fascistas, como se dio en Europa en 1929. A esos regímenes y a sus ideologías se les califica de fascistas. El fascismo surge en Europa en la primera posguerra: Italia con Mussolini, Alemania con Hitler, España con Franco y Portugal con Salazar. Con frecuencia, esos regímenes recurrieron a manipulaciones de inspiración religiosa; Hitler encabezaba en Nüremberg sus multitudinarios e histéricos desfiles con una gigantesca manta que decía: Gott mit Uns (Dios está con nosotros). Franco acuñó la moneda (peseta) con su efigie y a su alrededor decía: Caudillo por la gracia de Dios. Acabar con el fascismo le costó a la humanidad la más sangrienta conflagración de su historia: La II Guerra Mundial y sus 50 millones de muertos.
Frente a esa barbarie surgieron hombres y mujeres heroicos de todas las latitudes, tradiciones culturales y credos religiosos pero con convicciones antifascistas, que se organizaron en redes clandestinas de resistencia, arriesgaron sus vidas; muchos murieron o sufrieron vejaciones y torturas en campos de exterminio. Los testimonios de estos heroicos resistentes no cesan de aparecer. Un intelectual de origen belga radicado en nuestro país, el Dr. Víctor Valembois, acaba de publicar el diario de una compatriota suya anciana que vive en las faldas del Volcán Poás. En ese impactante libro, la autora muestra con dureza y lucidez, pero sin perder el amor a la vida, los horrores que vivió por dos años en campos de concentración nazis siendo una jovencita. El libro se titula: Esmerlada. Crónica de mi supervivencia. Su autora se llama Luisa Hermans (Esmeralda fue el de su clandestinidad), Editorial Promesa, San José, 2013.
Experiencias similares han sufrido innumerables víctimas de las tiranías de Nuestra América. Leer estos escalofriantes relatos debe servirnos para hacer que nunca olvidemos de lo que es capaz el ser humano (¿?), sobre todo ahora que no pocos compatriotas, desengañados con la corrupción imperante en los medios políticos tradicionales abogan por un gobierno “autoritario” (¡!). Estas lecciones, extraídas de la historia reciente, deben servir para reforzar nuestras convicciones democráticas.
Enviado a SURCOS por el autor.
Los controles en la descarga de los muelles públicos han demostrado su inoperancia, pues en 1200 km de costa pacífica se pueden descargar sacos llenos de aletas sin que sean detectados. ¡Es tan fácil! O como se denunciara hace más de un año, “parcialmente” adheridas al espinazo, como se plantea en este “refrito” de noticia.
Lo cierto es que sin importar la forma en que se descargan, las aletas son luego transportadas a las plantas de las compañías exportadoras que son las que hacen el gran negocio al reportar un precio de exportación menor a los $16 el kilo, mientras el precio de compra en los mercados orientales es de unos $600 el kilo. Desde Costa Rica con la bendición de algunos grupos “preservacionistas” se exportan millones de dólares anuales en aletas de tiburón… que fueron descargadas “adheridas” al cuerpo del tiburón o, como es más común, clandestinamente.
POR TANTTO, mientras se siga permitiendo la EXPORTACIÓN irrestricta de aletas producto del desaleteo, jamás se podrá detener tan brutal práctica pesquera. Así se ha propuesto, así ha sido aceptado en ciertas oportunidades (el presidente Arias y su ministro de Ambiente don Jorge Rodríguez así lo manifestaron en su oportunidad) pero los que se dicen defensores de los tiburones, hacen causa común con el INCOPESCA para oponerse a una medida que ha resultado exitosa en, por ejemplo, las islas Bahamas.
En otras oportunidades se ha dirigido la atención hacia la pesca de tiburones donde no medie el DESALETEO, lo que no es más que una medida sin sentido que no resuelve el grave problema del desaleteo y que más bien desvía la atención cual cortina de humo. Igual a como sucediera con la emisión de un decreto ejecutivo que, ¡además de mal redactado!, no prohibía la importación y mucho menos la exportación de aletas, pese a que fue así demagógicamente anunciado por el gobierno en el Parque Nacional Manuel Antonio. O como en un caso reciente (ya resuelto judicialmente en Costa Rica) en la forma en que vienen las aletas adheridas.
¡”Dejémonos de varas”!, decía un amigo puntarenense. “Prohibamos la exportación y veremos cómo, de un día para otro, se acaba esa criminal práctica pesquera”. ¿Por qué será que no se sigue su consejo desinteresado? ¿Qué intereses ocultos lo impiden?
Caben las preguntas pues ya llevamos más unos 10 años de costosas “campañas” sin que se vean resultados positivos (por lo menos) para los tiburones.
Freddy Pacheco León.
Biólogo
Enviado a SURCOS por el autor.
En el Frente de Acción Unitaria (F.A.U.) no estamos satisfechos con la actual campaña electoral; mas esta no es una insatisfacción gratuita: es porque ningún partido ha planteado los cambios necesarios para transformar las obsoletas estructuras institucionales y políticas vigentes en nuestro país. Nos referimos a los tres Poderes del Estado, a instituciones tales como la Contraloría General de la República, el Servicio Civil y otras instituciones autónomas, así como el urgente cambio en diversas leyes que, como el Código Electoral, están entorpeciendo el ejercicio democrático e impiden la existencia de verdaderos procesos de renovación estructural e ideológica en los propios partidos políticos.
Los cambios en esas estructuras estatales y políticas son requisito necesario para la creación de condiciones políticas suficientes para hacer frente a los grandes y graves problemas nacionales, tales como la persistencia de la pobreza, la creciente desigualdad, la ineficiencia en la prestación de los servicios públicos, la baja productividad del sector privado, las relaciones internacionales sesgadas, los abusos contra la Caja Costarricense del Seguro Social, la pérdida de pertinencia y calidad de la educación, los tremendos rezagos en la infraestructura y el transporte públicos, los problemas en el suministro y calidad del agua, el costo de la energía, la escuálida investigación científica y tecnológica y, sobre todo, el claro recortamiento de nuestra Democracia. En general, estos cambios son necesarios para rectificar el rumbo del país.
Comprendemos que esos cambios no pueden hacerse de la noche a la mañana. Pero, para empezar por algún lado, hay que proponer la necesidad de cambiarlas y la posibilidad de realizarlo, y así animar el debate. Los partidos, por su parte, eluden el tema, ya sea porque no lo piensan o porque consideran que no les daría réditos electorales. De esta manera, la campaña actual, como las anteriores, degrada el nivel político de nuestra sociedad y se convierte en una rebatiña de puestos a ser llenados por personas que, en su mayoría, no saben a lo que van, pocas estarán dispuestas a trabajar para el pueblo, algunas lo hacen solo para satisfacer sus egos y la mayoría piensa solo en sus intereses particulares de diversa índole.
Las nuevas estructuras políticas que proponemos como necesarias deben, fundamentalmente, hacer realidad el artículo nueve constitucional, que establece como calidad fundamental del gobierno la participación ciudadana, no como un acto cosmético sino absolutamente protagónico y decisorio. Este mandato obliga a buscar métodos que permitan a la ciudadanía tener acceso a la información, a promover el debate y a definir criterios en torno a las decisiones nacionales. También implica, por ejemplo, que el plan nacional de desarrollo debe dejar de ser un oscuro documento que pocas personas conocen y nadie aplica; que las diferentes regiones del país deben contar con mecanismos para hacer valer sus opiniones y demandas concretas; que “cuatro” burócratas no puedan definir el futuro de instituciones primordiales como la CCSS; que los partidos deben dejar de ser tramos electorales estacionales y aspiradoras del poder ciudadano.
Pensadas las cosas desde una perspectiva que rompa la inercia y derrote la indolencia mental es necesario revisar, entre otras situaciones, si es conveniente que el Poder Ejecutivo siga recayendo sobre una sola persona, o que la Contraloría y el Ministerio Público no sean colegiados, así como que las instituciones hayan renunciado prácticamente a la autonomía en materia de administración, o que el Servicio Civil siga dependiendo de la Presidencia de la República.
Al discutir estos temas lo que estaríamos decidiendo es si, a diferencia de la realidad de hoy, queremos costarricenses más libres, si queremos construir una ciudadanía con capacidad para entender los graves peligros que la acechan y las buenas cosas que juntos podríamos construir. En pocas palabras, estaríamos discutiendo si queremos que la Gente VIVA CON DIGNIDAD o sigan cayendo en las aguas cenagosas de las destrucción personal, la agresión a la naturaleza y la pérdida de la identidad nacional.
Es lamentable, pero en esta campaña nada de lo anterior se discute, por eso podemos afirmar que, con independencia de los resultados, nada diferente a lo que se ha venido imponiendo en las últimas décadas saldrá para nuestro pueblo de las próximas elecciones. Esto será así salvo que este mismo pueblo empiece a reflexionar y a demandar, con una nueva conciencia y voluntad política, el país que quiere.
Por consiguiente, si bien el FAU no se pondrá al margen del proceso electoral como lo atestigua el presente editorial, tampoco asumirá un compromiso con partido alguno. Desde luego que esta posición estará atenta al desarrollo de los acontecimientos y si estos lo ameritan será revisada. Nuestro trabajo seguirá concentrado en generar una nueva conciencia social para transformar la cultura socio- política prevaleciente en Costa Rica.
Información enviada a SURCOS por Juan Félix Montero.
Rodrigo Salas Conejo
Potenciales cambios electorales para diputaciones están programados intencional y matemáticamente por un sistema de elecciones legislativas complejo y desigual, establecido para obtener objetivos ocultos. Los objetivos potenciales son: privilegiar a partidos mayoritarios adicionándoles diputaciones ilegítimas (sin el aval requerido de votos), a costa de sustraerles a partidos nacionales minoritarios curules legítimamente conferidas por sus electorados. Esto violenta la voluntad colectiva del electorado, los derechos fundamentales de elegir y ser electos, el principio de igualdad, la proporcionalidad y el derecho de representación de las minorías.
El sistema es tan desigual y absurdo, que a la provincia de San José asigna 19 diputados, independientemente de la voluntad y decisión colectiva del electorado. Esto es, se declararán 19 diputados electos sin importar el número de votos válidos, ya sean 1.000.000 o un único voto válido. Eso aunque esta provincia es la menos inequitativa, ya que requiere un 5,26% de los votos válidos emitidos para elegir una diputación, y 2,63% para participar en la asignación. En Guanacaste, en cambio, se requiere el 25% de votos válidos para elegir un diputado, y el 12,5% para poder pelear por una plaza. En un sistema justo se requeriría el 1,75% de los votos válidos para elegir un diputado por cociente, y el 0,88%% para participar en la etapa de asignación de escaños por mayores cifras residuales.
Este parcializado sistema de asignación de diputaciones fue establecido y se mantiene en funcionamiento intencionalmente, mediante la siguiente serie ordenada de operaciones aritméticas, denominada algoritmo:
1°Asignar las 57 plazas disponibles a las 7 provincias, en proporción a sus poblaciones, de acuerdo con el último censo de población, conforme dispone el artículo instrumental 106 de la Constitución Política (http://www.pgr.go.cr/scij/busqueda/normativa/normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=871&nValor3=74424&strTipM=TC ). Su objetivo y efecto real, comprobable teórica y empíricamente, es fraccionar por provincias los votos obtenidos por los partidos, para dificultarles a los partidos nacionales minoritarios alcanzar los cocientes y hasta los subcocientes. Este artículo constitucional instrumental violenta los supremos principios, valores y artículos constitucionales político-conceptuales, que establecen el enfoque conceptual que acatarse e implementarse mediante los artículos instrumentales constitucionales y legales. Se trata, por lo tanto, de un verdadero Fraude de Constitución Electoral, establecido para legitimar y dar impunidad a la alteración intencional de los resultados electorales y violación de artículos constitucionales de la más alta jerarquía.
2° Asignar a los partidos las diputaciones de cada provincia, mediante los 7 desiguales cocientes provinciales.
3° Distribuir a los partidos las curules que quedaren disponibles, de conformidad con las mayores cifras residuales de los partidos que eligieron diputados por cociente y de los votos válidos de los que no habiendo elegido representantes superaron las barreras de los subcocientes, pero excluyendo a los partidos que no superaron tales barreras, y
4° Asignar a los partidos los escaños que aún pudieran quedar disponibles, siguiendo el orden de asignación en el ítem anterior. En este caso se utiliza como criterio para asignar curules el orden de asignación de curules seguido en el ítem anterior, ya que en este caso las cifras residuales son de 0 votos, por haber sido ya utilizadas las cifras residuales en el ítem precedente. Esto permite asignar escaños con 0 votos.
Este sistema vigente tan complejo, desigual, disperso (artículo 106 de la Constitución Política y artículo 205 del Código Electoral http://www.tse.go.cr/pdf/normativa/codigoelectoral.pdf y poco comprensible, tiene como objetivo adicional ocultar sus programadas distorsiones o fraudes potenciales.
Debería debatirse el tema y considerarse opciones democratizadoras, como la posibilidad de establecer un sistema lógico, respetuoso del mandato del electorado, transparente, sencillo y comprensible, que comprenda:
1° Asignar el total de plazas a los partidos en proporción a la totalidad de los votos que obtengan, para conformar legítimamente una Asamblea equilibrada, que represente a los partidos en proporción a sus caudales electorales.
2° Asignar las diputaciones obtenidas por los partidos a sus papeletas provinciales, en proporción a los votos obtenidos en las provincias, para lograr equidad geográfica.
3° Asignar las diputaciones obtenidas por los partidos en sus papeletas provinciales a sus candidaturas de los primeros lugares, respetando la paridad y alternancia de género, para garantizar la equidad correspondiente.
4° Podría incluirse el voto preferente, marcando en azul la representación preferida, en una lista anexa con los nombres de candidatos, para incrementar la participación de los electores en la elección de sus representantes y mejorar la calidad de las representaciones. Estos votos se utilizarían para reordenar las candidaturas en las papeletas, acatando el mandato del electorado en las urnas.
5° Igualmente podría incluirse el voto de rechazo, marcando en rojo la candidatura objetada, para que el electorado decida respecto a candidaturas cuestionadas pero no juzgadas formalmente.
6° Finalmente, podría considerarse la conveniencia de establecer la revocatoria de mandato, mediante referéndum (elecciones), para que el electorado tome esas medidas cuando así se justifique legalmente.
El parcializado sistema vigente de elecciones legislativas no podrá ocultar las alteraciones de resultados que ocasionará en las elecciones de febrero del 2014 ni las violaciones del mandato que colectivamente exprese el electorado en las urnas. Tampoco podrá atenuar el disgusto de los electores y candidatos burlados, ni el de los partidos a los que injustamente se les deniegue su derecho a deuda política, porque el sistema les sustrajo sus diputaciones y no alcanzaron el 4% de los votos válidos. Tampoco compensará ni material ni moralmente a aquellos diputados electos legítimamente por el voto popular, pero cuyas curules les sean sustraídas por el institucionalizado sistema de alteración de resultados.
Lo anterior revela la importancia de debatir y corregir la injusticia electoral vigente, optando por una democracia verdadera, en la que el pueblo soberano pueda elegir a sus representantes sin manipulaciones que desvirtúen sus decisiones. La gestión de estos asuntos corresponde en primera instancia al TSE, pero después al Congreso y la Sala Constitucional, y finalmente al pueblo soberano.
Información enviada a SURCOS por el autor.
Primera Parte.
Rogelio Cedeño Castro
Sociólogo y catedrático de la Universidad Nacional de Costa Rica (UNA).
I
Fue mi recordado amigo y compañero de mil batallas, don Luis Alberto Jaén Martínez (1925-2011), quien tuvo la virtud de poner en el primer plano de nuestro horizonte sociopolítico la profunda y radical ilegitimidad de los gobernantes de nuestro país, evidenciada a través del cínico, criminal e irresponsable manejo de los fondos de la seguridad social destinados a la medicina curativa y a las pensiones de la gran mayoría de los trabajadores costarricenses, de una manera tal que, en cada caso, el régimen imperante actuó durante varias décadas, al margen de la constitución política(artículo 177) y de las disposiciones de la ley constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social(CCSS). Dicho de otra manera, es a partir del análisis de ese manejo fraudulento y delictivo de la seguridad social de Costa Rica, llevado a cabo por don Luis, como puede establecerse, de manera precisa y bien fundada, la ilegitimidad del régimen imperante en este país, al negarse sus jerarcas o agentes más visibles a garantizar siquiera la protección a la vida y a la salud de la mayor parte de la ciudadanía. No se trata de simples problemas técnicos, de fácil o difícil solución, sino de las actuaciones delictivas de una clase gobernante que se olvidó hace mucho rato de servir a la población, para pasar a servirse con cuchara grande, con los recursos aportados por los costarricenses. Tampoco se trata de problemitas de gobernabilidad, como acostumbra a hablarse en el lenguaje propio de una ciencia política light y de unos políticos, por lo general incultos y mediocres, aquí de lo que se trata es de problemas de legitimación que no pueden seguir siendo tomados a la ligera. La gran paradoja de hoy, en medio de esta campaña electoral, previa a las elecciones para escoger al nuevo Presidente de la República y los 57 diputados de la Asamblea Legislativa, es que mientras hasta hace poco solo la voz (solitaria) de Luis Alberto Jaén y de otros ciudadanos pugnaba por abrirse paso, para plantear los graves hechos que estaban ocurriendo con la Caja del Seguro Social, hoy casi todos los candidatos a la presidencia hablan de buscarle una solución al tema del seguro social en Costa Rica, sin darse cuenta que no es un problema sólo de la seguridad social sino de la imposibilidad del régimen, dada su naturaleza rapaz y depredadora, de darle una solución justa y adecuada al conjunto de problemas que afectan a nuestra sociedad en este cambio de siglo.
II
Dentro de lo que fue una estrategia de largo plazo, difícilmente percibida por la gran mayoría de la población, la que dio inicio en la segunda mitad de la década de los 1980, durante la primera administración de Óscar Arias Sánchez, fue que se produjo el saqueo sistemático de los fondos de la seguridad social y la toma de un conjunto de medidas, entre ellas los fraudes en la compra de equipos médicos, como sucedió en los casos de los préstamos español y finlandés, la negativa en otros casos a comprar equipos médicos y la contratación de servicios privados que conducirían, tarde o temprano, a la privatización de los servicios de salud en este pequeño país centroamericano, con graves consecuencias para la gran mayoría de sus habitantes. Las denuncias constantes de don Luis Alberto Jaén, a lo largo de muchos años, fueron respondidas con el más ominoso de los silencios que se pueda imaginar, en especial por parte de los integrantes de los distintos poderes del estado, los medios de comunicación y muchas instancias de la sociedad civil.
En su libro EL GRAN ASALTO DEL PLUSC AL SEGURO SOCIAL (San José Costa Rica 2011), un texto testimonial y esclarecedor elaborado a partir de sus experiencias de lucha, a lo largo de más de una década, que vino elaborando como el fruto maduro de su persistente, insobornable e incansable voluntad de combatir hasta la muerte a quienes procuran dejar en el mayor de los desamparos, a la mayor parte de nuestros compatriotas, don Luis Alberto Jaén, utiliza un lenguaje directo, fuerte y bastante alejado del que acostumbran a emplear los cortesanos del régimen imperante, bautizado hace unos pocos años por el propio Óscar Arias Sánchez como una dictadura en democracia. De esta manera don Luis nos indica que: ”Este libro es el producto de un cuidadoso estudio y la comprobación de la existencia de UNA DOBLE REALIDAD DANTESCA, en relación con el funcionamiento y la aplicación de los seguros sociales en nuestro país, primero por la autoría y complicidad de todos los poderes del Estado en su ejecución y tolerancia, incluyendo en ellos al Tribunal Supremo de Elecciones, La prensa en todas sus formas y la Academia y segundo, por la indiferencia, el conformismo y cierta forma de complicidad de las organizaciones de la sociedad”(Jaén,2011,contraportada del libro).
III
Entre las conclusiones más importantes que pueden extraerse del texto de este libro, están dos que constituyen todo un apartado que debería conducir hacia la reflexión y el estudio sistemático de estos temas de vital importancia para todos los habitantes del país: En primer lugar, la forma en que fue creado el Seguro Social en Costa Rica, a partir del 31 de octubre de 1941, durante la administración del doctor Rafael Ángel Calderón Guardia, poniendo a Costa Rica a la vanguardia en esa materia social tan importante diez años antes que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) tomara decisiones similares en esa materia, a partir de 1952, dentro del Convenio 102, Relativo a la norma mínima de Seguridad Social. Es decir, que las administraciones de los presidentes Calderón y Picado tuvieron en mente la necesidad de otorgarle recursos suficientes a esa naciente institucionalidad, habiéndolo hecho en términos tales que la dotaban de rentas y tributos que le dieran sustento a los regímenes de enfermedad y de invalidez, vejez y muerte (referido a las pensiones y jubilaciones), una previsión que por desgracia no fue respetada por muchos de los gobiernos posteriores, dando inicio a la malversación y el saqueo de esos recursos. Sólo por esas sabias y solidarias decisiones políticas ambos gobernantes merecen y continuarán mereciendo un lugar de respeto en la memoria de los costarricenses. Una vez creada la Caja, se dispuso al mismo tiempo el establecimiento de una cotización básica tripartita, destinada al financiamiento inicial de ambos regímenes, así en el reglamento aparecido en el diario La Gaceta del 7 de enero de 1942 se estableció que los patronos aportaban el 5.5%, el asegurado el 3.5% y el estado el 3.0%, lo que fue mejorado en 1947, durante la administración de Teodoro Picado al definir que tanto los patronos como los trabajadores y el estado aportarían cada uno el 2.5%, dentro de la misma forma de cotización tripartita.
En segundo lugar, Luis Alberto Jaén hace notar que la destrucción de la institucionalidad de seguridad social en Costa Rica no empezó en la era neoliberal sino que se remonta al año de 1971, todavía en los tiempos del estado benefactor y las políticas keynesianas, poco antes de que la Caja Costarricense del Seguro Social(CCSS) tuviera que abocarse a la universalización de los seguros sociales establecida en su Ley Constitutiva y que se produjo, a partir de 1975, cuando la institución debió asumir la totalidad de los hospitales, entre ellos algunos de los más importantes que hasta entonces eran administrados por la Junta de Protección Social de San José, entre ellos el Hospital San Juan de Dios. Fue así como durante la tercera administración de José Figueres Ferrer (1970-1974) la Junta Directiva de la Caja acordó rebajar los aportes del estado a una suma si se quiere insignificante, sobre todo teniendo en cuenta las crecientes responsabilidades que la Caja del Seguro Social habría de asumir durante esa década. En el capítulo 3 de este volumen que don Luis Alberto titula DE LA VANGUARDIA SOCIAL A LA VANGUARDIA CRIMINAL, el autor afirma lo siguiente: “Es casi seguro que el PLUSC (la fusión encubierta entre el Partido Liberación Nacional y la Unidad Social Cristiana) se vino incubando desde mucho tiempo atrás, pero podría ser que el momento en que se rompió la cáscara y emergió como ave de rapiña feroz, fuera en el año 1971, última administración de José Figures Ferrer, y con motivo del nuevo reglamento del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte de la Caja, promulgado por la Junta Directiva de la Institución, de la que notoriamente formaban parte el yerno de Figueres, Danilo Jiménez y el hijo del caudillo Calderón Guardia, el joven Rafael Ángel Calderón Fournier…En este nuevo reglamento, la cuota del Estado como tal, que venía siendo de 2.5% desde hacía 24 años, fue rebajada a solamente 0.25 por ciento sobre todos los salarios (ibid. p.p.18-19). Apenas un año después de la muerte de su padre, ocurrida en junio de 1970, Calderón Fournier junto con Danilo Jiménez Veiga, calderonista de los años cuarenta y funcionario de la OIT, durante más de dos décadas, le daban ese golpe a la seguridad social del país, contrariando lo establecido por la constitución y la leyes de la república, de tal manera que la cuota estatal quedó reducida a un décimo de lo que había venido pagando (ibid. p19). Razón tenía don Luis Alberto Jaén al afirmar que el PLUSC estaba naciendo allí, dentro de lo que una estrecha alianza, de larga duración, entre los partidos Liberación Nacional y la Unificación Nacional, que a partir de 1982 pasó a ser la Unidad Social Cristiana, para ir socavando juntos las bases del Estado de Bienestar Social, aun antes del inicio de la era de los reaganomics estadounidenses y las despiadadas políticas neoliberales-neoconservadoras de la Dama de Hierro, allá en el Reino Unido.
Información enviada a SURCOS por “el autor.
Dr. Eliseo Valverde Monge
Cuando yo tenía cinco años, papá me dijo: “te voy a regalar un colón” y puso una cajita en mi mano llena de moneditas de cinco céntimos. ¡Qué felicidad! Luego preguntó: y ahora, qué harás con tanto dinero, yo contesté que compraría melcochas de menta. Entonces, me aconsejó comprar una por día y que guardara lo que iba sobrando, así tendría para muchas melcochas más. Al finalizar la escuela primaria a los doce años, conseguí trabajo y ganaba 25 colones por semana. El primer pago lo lleve a papá quien preguntó: “¿qué vas a hacer con tanto?”, contesté que compraría una bicicleta. Sí, dijo, me parece bien, pero te aconsejo una libreta de ahorros con el banco donde guardarás una parte de los pagos semanales hasta completar el valor de ella. Así lo hice. Al finalizar diciembre, me regalé la bicicleta. Aprendí que ahorrar es importante. Ahora mi consejo es que si uno gana cinco colones, debe gastar cuatro y ahorrar uno, no gastar seis, pues es esta y no otra, la única forma de vivir con los propios medios sin solicitar dinero prestado, como viven muchas personas y, hasta el Gobierno que no se queda atrás. Para endeudarse, lo único que vale la pena es para comprar casa propia, claro, siempre respetando el alcance de sus ingresos. Si las personas aceptaran los buenos consejos, seguiríamos toda la vida siendo felices y hasta el Gobierno podría dejar de hacer tortas. Endeudarse mientras la fiesta sigue al paso de cumbia, la verdad, es una tontería que está pasando la factura. Hay quienes quieren vivir al día irresponsablemente, sin siquiera tener un nicho adonde enterrarse, pero sí, todos con carro y detrás de las “bandas roqueras” que vienen al país a hacer escándalos y a llevarse los ahorros.
La juventud, incluyendo algunos viejos, se pasa días y horas a la intemperie esperando ver a estos conjuntos de latas y trompetas. Luego, drogados, embrutecen hasta caer enfermos en los hospitales. Los padres también son responsables por ser permisivos y no ser más estrictos con los hijos a quienes también les permiten los bacanales de guaro y drogas en las fiestas del colegio. El país está colapsando entre los malos gobiernos, el desorden y la desorganización social. Con la irresponsabilidad fiscal y nosotros con el enorme despilfarro, terminaremos todos pagando los platos rotos. Todo lo que está sucediendo en el país es preocupante. La brecha social se cerrará cada vez más y no habrá dinero en el futuro ni para construir infraestructura que tanto necesitamos, con carreteras destrozadas, puentes en mal estado, escuelas y colegios deteriorados, cárceles hacinadas, etc. ¿A cuánto ascenderán las deudas netas del Gobierno y del sector público en este país?, estoy seguro que por ahora, no se sabe ni cuánto significa en el PIB. Se nos está acabando el dinero, no sabemos cómo lo perdemos, porque lo estamos tirando sin saber en qué se gasta. El país organizado, pujante que heredamos, ha comenzado a desvanecerse. Sin buenos consejos y con malos ejemplos, en medio de tanta apatía, nos iremos en el despeñadero junto con los irresponsables que aún siguen aplaudiendo y alabando a los Gobiernos desastrosos de los últimos años. Les pregunto: ¿dónde están los beneficios y la justificación de la deuda de los últimos años? Probablemente vamos a tener que ir a buscarlos. Por ahora, el dinero al mejor estilo de “fuman-chú”, se ha ido sin saber por dónde…
Enviado a SURCOS por el autor.
Esta es una exposición de María Teresa Díaz Colocho que se exhibe en el Museo Tecleño.
Enviado a SURCOS por el autor.
Alejandro Alvarado Alcázar y Gloriana Martínez Sánchez
Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad de Costa Rica
A manera de introducción
Tal como se ha manifestado en los últimos meses, el panorama de la protesta social en Costa Rica muestra una tendencia hacia la reducción en el número de acciones colectivas como resultado de la cercanía del cierre del actual gobierno y el inicio oficial de la campaña presidencial 2014.
En total, durante el mes de septiembre, se presentaron 91 acciones colectivas en las cuales la declaración pública y las protestas callejeras como las huelgas, los paros, las marchas y los bloqueos, fueron las principales formas de protesta social. Igualmente, como ha sucedido en el transcurso del presente año, persisten las y los trabajadores y los distintos grupos organizados locales y regionales como los principales actores colectivos, lo cual también se evidencia en los principales tipos de demanda (Ver Anexo).
En lo que sigue, nos centraremos en reflexionar en torno a tres ejes de conflictualidad de relativa intensidad durante este mes. En primer lugar, la lucha de las y los trabajadores por el pago del ajuste salarial del segundo semestre; segundo, los conflictos relacionados con las malas condiciones en la infraestructura y los servicios públicos en manos del Estado costarricense; y, finalmente, las movilizaciones regionales vinculadas con la defensa de los territorios costeros y fronterizos, por un lado, y la producción nacional de frijoles y maíz, por el otro lado. Cabe mencionar, que ninguno de los ejes desarrollados en este presente informe es “nuevo”, por el contrario, hace a una constante conflictualidad sostenida por distintos actores colectivas frente a la administración Chinchilla.
Conflictos laborales
Durante este mes, la conflictualidad relacionada con la clase trabajadora en el país se centró en el sector municipal, en el cual las y los trabajadores municipales reclamaron el pago del ajuste salarial del segundo semestre. Se registraron distintas medidas de presión, entre ellas el paro de labores y las marchas como parte de las acciones colectivas desarrolladas.
En la Municipalidad de San José, la totalidad de las y los trabajadores, según los reportes de los medios, se declararon en paro ante el impago del ajuste salarial. En este caso, dos días después de iniciada la protesta el concejo municipal votó la aprobación del pago. Cabe señalar, que durante este mes la ANEP se manifestó en contra de la decisión de la Sala Constitucional de eliminar el pago de cesantía sin tope de años laborados para las y los trabajadores de esta municipalidad. En reacción a esto, la organización sindical presentó una denuncian ante la Corte IDH y la Organización Internacional del Trabajo.
Por su parte, en la Municipalidad de Coronado, las y los trabajadores declararon otro paro de labores durante dos días, el 16 y 17 de septiembre, para exigir que el concejo municipal reconociera el pago del ajuste salarial. Las autoridades municipales reaccionaron argumentando problemas financieros para responder con el pago, sin embargo, el día 17, el concejo municipal aprobó el pago. Fuera de la Gran Área Metropolitana, en la Municipalidad de Golfito se registró una huelga de una semana, según los medios consultados, por la misma demanda. La protesta de las y los trabajadores generó la renuncia de la alcaldesa Ana Catón a quien le reclamaron el incumplimiento de compromisos relacionados con el pago de anualidades y el ajuste salarial.
En otros municipios, como los de Aserrí y Alajuela, también se presentaron protestas en reacción a despidos y por la mejora de las condiciones laborales. En Aserrí, el día 23, las y los trabajadores se levantaron en huelga ante el despido de un funcionario de la Junta Vial Cantonal, acción, según denunciaron, injustificada. Mientras tanto, en la Municipalidad de Alajuela, se registró un paro de labores por las malas condiciones en la infraestructura del plantel municipal. El mismo día de la protesta, el director municipal se comprometió con el giro de ¢100 millones de colones para mejorar la infraestructura del plantel municipal.
Otras acciones colectivas se desarrollaron en el sector público, específicamente en el sector salud. El día 10, empleados y empleadas del área de cocina del hospital México implementaron un paro de labores ante el mal estado del área y la falta de plazas para cubrir la demanda del hospital. En este caso, las autoridades institucionales se reunieron con las y los empleados para firmar una serie de acuerdos que pusieran fin a la protesta. La UNDECA, organización sindical que participó en esta protesta, también presentó días después una denuncia pública por las anomalías en el proceso de nombramiento de las plazas en propiedad. Concretamente, denunció que la Caja Costarricense de Seguro Social no asigna las plazas vacantes a las y los empleados en condiciones de interinazgo, si no que las somete a un proceso para que “cualquier otro las ocupe”.
En relación con la conflictualidad sostenida por las y los trabajadores durante este mes, se debe mencionar que prácticamente en la totalidad de los casos las medidas de presión ejercidas fueron acciones de hecho, particularmente el paro. Asimismo, en las acciones colectivas, en el sector municipal y en el sector salud, las protestas terminaron en la consecución de la demanda.
Conflictos sobre infraestructura y servicios públicos
En cuanto a las acciones colectivas vinculadas con los conflictos sobre infraestructura y servicios públicos, el panorama durante este mes sitúa distintos nudos de conflictualidad. En primer lugar, persisten las protestas locales y regionales por el mal estado de las calles y la falta de acción municipal. Segundo, incrementan las protestas contra la adjudicación de los EBAIS de Montes de Oca, Curridabat y La Unión, a la Universidad de Iberoamérica. También se debe mencionar que en ambos casos, otras instancias como colegios profesionales y cámaras patronales criticaron la acción estatal.
En el primer eje de conflictualidad, las protestas se concentraron en el cantón de Aserrí y en comunidades cercanas. Se registraron distintos bloqueos en demanda por el mejoramiento de las vías cantonales, los cuales consiguieron el compromiso por parte de las autoridades del Ministerio de Obras Públicas y Transportes para iniciar con la reparación de las mismas. En el mismo cantón, se presentó una importante movilización de vecinas y vecinos, integrados en el Foro Comunitario por el Agua de Aserrí, por el mal manejo en el suministro de agua. También en este caso, la lucha organizada de la comunidad generó que el concejo municipal votara la aprobación de una serie de medidas para proteger el recurso hídrico.
En el segundo eje de conflictualidad, organizaciones comunales, sindicales, profesionales, y otras, denunciaron la política de privatización de los EBAIS por parte de la Caja Costarricense de Seguro Social, luego de que esta decidiera adjudicar los EBAIS de tres cantones ubicados en el este de la GAM a una institución de educación superior privada como la Universidad de Iberoamérica. El día 19, se organizó una marcha en la que participaron empleados y empleadas de los EBAIS, vecinos y vecinas de las comunidades, y otras organizaciones para oponerse a la política de privatización. Pese a esto, la presidenta ejecutiva de la institución, Ileana Balmaceda, negó que se trate de privatización, sosteniendo que es el “mismo seguro social” el que implementa un modelo de gestión desde hace “muchos años con las empresas”.
Conflictos sobre tierra y producción agrícola
-La protesta de las comunidades fronterizas y costeras por sus territorios
La seguridad sobre la tierra para la vivienda rural y la producción agrícola, es un tema recurrente en las agendas de la protesta social del presente año. Como bien se sabe, la tenencia y el derecho sobre la tierra en manos de las poblaciones rurales significa el afianzamiento de los territorios y culturas pesqueras, campesinas, afrodescendientes, indígenas, entre otras. Poblaciones que se enfrentan diariamente a las imposiciones y contradicciones de las lógicas de acumulación de capital en sus territorios, las cuales se traducen en la presencia de monocultivos, latifundios, industrias y proyectos extractivistas. De esta manera, en el mes de septiembre se presentan protestas encabezadas por habitantes de comunidades fronterizas y costeras, en miras de exigir al Estado el reconocimiento de la tenencia y seguridad jurídica de sus tierras.
Así, por un lado, se encuentra el Comité pro-titulación de las tierras -el cual agrupa diferentes comunidades ubicadas en la milla fronteriza norte-, con el planteamiento de exigir la escritura de las tierras en las que habitan. Esto, ante la propuesta del vicepresidente de la República, Alfio Piva, de dar en concesión las tierras a las y los vecinos de la zona. Cabe destacar, que el gobierno argumenta que por razones de “seguridad nacional” no se pueden titular las tierras, sino concesionarlas. No obstante, las y los pobladores, en su mayoría campesinos y trabajadores agrícolas, argumentan que la concesión no les reconoce los derechos legítimos e históricos sobre sus tierras.
Es importante resaltar que a raíz del reavivamiento del conflicto fronterizo entre los gobiernos de Costa Rica y Nicaragua, el Estado costarricense ha fortalecido sus argumentos sobre la “seguridad nacional”, así como en el control y presencia policial e institucional en la zona. No obstante las, y los vecinos de la localidad cuestionan la situación; un vecino e integrante del comité indica que: “quienes hoy trabajamos esos terrenos somos los que mejor podemos cuidarlos, velar por el respeto a la soberanía nacional. Además, el gobierno se contradice al haber cerrado varios puestos de control policial” (Alvarado y Martínez, 2013:10).
Asimismo, habitantes de la zona fronteriza de Paso Canoas, zona sur del país, realizaron un proceso de recolección de firmas, marchas en la capital, así como reuniones con autoridades del gobierno con el fin de solicitar una decisión, por parte del poder ejecutivo, sobre el proyecto de Ley N° 16. 657, el cual permite titular las tierras en la milla fronteriza con Panamá, desde Sixaola, provincia de Limón, hasta Punta Burica, provincia de Puntarenas. Pablo Valle, uno de los dirigentes del movimiento indicó que «el único objetivo es llegar a Casa Presidencial para decirle al gobierno que a este proyecto no se le debe dar más largas y que no nos sigan engañando, porque terminaremos enfrentados en las calles de Paso Canoas» (Alvarado y Martínez, 2013:13).
Cabe destacar que en este caso, el argumento de “seguridad nacional” utilizado por el gobierno está presente, al igual que en las comunidades de la milla fronteriza norte. Carlos Ricardo Benavides, ministro de la Presidencia, señala: «estamos haciendo el mejor esfuerzo para crear condiciones equilibradas de equidad social, seguridad nacional y conveniencia para todos los costarricenses» (Alvarado y Martínez, 2013:19).
Por otro lado, vecinas y vecinos de Manzanillo de Limón y el Foro del Caribe Sur protestaron frente al Juzgado Penal de Talamanca, en la provincia de Limón para rechazar los procesos judiciales iniciados contra 20 vecinas y vecinos que tienen sus casas dentro de la zona marítimo terrestre (ZMT) en el refugio de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo. Por esta razón, se llevó a cabo el martes 17 de septiembre la primera audiencia preliminar contra Selvin Brown Forbes, vecino de Manzanillo, por el supuesto delito de usurpación de la ZMT por poseer dos casas en la zona. Ante esta situación, Brown señaló que «me siento mal porque hemos vivido siempre en esta zona y ahora el gobierno nos quiere sacar» (Alvarado y Martínez, 2013: 14). Asimismo, María Suárez, vocera del Foro de Caribe Sur, indicó “estamos preparando un contencioso, que podría plantear una reconsideración de los casos que están en procesos judiciales”.
La exigencia por el reconocimiento jurídico de las tierras de las y los habitantes de las comunidades fronterizas y costeras, las cuales han sido zonas -en general- olvidadas y aisladas de las políticas sociales del gobierno, ponen en tensión el papel de las autoridades estatales. De esta manera, se visualiza una especial atención por parte de los altos mandos del poder ejecutivo de conciliar los intereses con las comunidades fronterizas, y por otro lado, en el caso de las comunidades costeras, el caso del juicio a los 20 habitantes de Manzanillo, Limón, muestra un lado más represivo y de criminalización de las y los habitantes de las zonas costeras, por medio de las herramientas legales.
-Los productores de maíz y frijol en defensa de su producción
En el mes de septiembre se visualiza la explosión de un conflicto entre las dinámicas de importación de granos básicos (arroz, frijoles y maíz) profundizadas a través de la implementación del CAFTA-EEUU. Por esta razón, productores de frijol y maíz del cantón de Pérez Zeledón, zona sur, realizan una serie de protestas en el centro del cantón, como medida de presión para que el gobierno declare un aumento en el precio de ambos granos. Los montos solicitados por los productores fueron de ¢35 mil colones por quintal de frijol y ¢15 mil colones por quintal de maíz.
No obstante, ante la inacción y falta de respuesta del gobierno las y los productores de la zona se mantuvieron en las calles del centro de Pérez Zeledón, bloqueando la Interamericana Sur, dando como resultado la acción de unidades policiales antimotines, los cuales utilizaron gases lacrimógenos y detuvieron a 43 agricultores, los cuales fueron liberados al día siguiente tras la acción legal de las y los productores de la zona.
Posteriormente a la liberación de los agricultores presos, se inicia la negociación entre estos y las autoridades de gobierno, en donde se acuerda: “la desestimación de las causas penales contra los agricultores detenidos por la protesta, un fondo por ¢250 millones de colones para la compra de insumos y tecnología, la fijación de un piso para el precio del maíz de ¢11.000, el impulso a la reforma de la Ley 8.763, y el arreglo de una calle que facilite la salida de los productos de las comunidades productoras” (Alvarado y Martínez, 2012:5).
A manera de cierre
Pese a que en el mes de septiembre se mantiene la tendencia hacia la reducción en el número de acciones colectivas, los principales nudos de conflictualidad presentes durante el gobierno de Laura Chinchilla, se mantienen. En este mes, el la protesta callejera -huelga, paro, marcha, bloqueo, etc.- fue la principal medida de presión para visibilizar las demandas de los actores colectivos. Asimismo, se denota un incremento en la consecución de las demandas planteadas en las calles y una respuesta “rápida” por parte de las distintas instancias hacia las que se dirigieron.
En términos generales, pareciera que el panorama de la protesta social en el país tiende hacia “estabilizarse” en reacción a los últimos meses del presente gobierno y el avance de la campaña electoral. Los medios de comunicación incrementan la cobertura de informaciones relacionadas con el proceso electoral y las posiciones de los distintos candidatos presidenciales, mientras se reduce el número de acciones colectivas registradas. En este sentido, se combinan la reducción de los movimientos de protesta con el cambio de orientación de la agenda periodística de los principales medios de comunicación del país.
Anexo
Tabla 1. Tipos de acción colectiva, setiembre 2013.
| Tipo de Acción | Cantidad(absolutos) | Cantidad(relativos – %) |
| Declaración pública | 35 | 38,46 |
| Mitin o concentración | 14 | 15,38 |
| Bloqueo | 10 | 10,98 |
| Huelga o paro | 9 | 9,89 |
| Marcha | 8 | 8,79 |
| Reunión con autoridades | 7 | 7,69 |
| Denuncia ante entidades nacionales y/o internacionales | 7 | 7,69 |
| Reunión o asamblea | 1 | 1,09 |
| Total | 91 | 100.00 |
Fuente: Elaboración propia a partir de Alvarado y Martínez (2013). Cronología del Conflicto Social Setiembre 2013. Costa Rica: IIS-UCR.
Tabla 2. Tipos de actor colectivo, setiembre 2013.
| Tipo de Actor Colectivo | Cantidad(absolutos) |
| Vecinas y Vecinos | 18 |
| Trabajadores y/o Trabajadoras | 18 |
| Sectores rurales (campesinos, indígenas, pescadores.) | 10 |
| Comunidades fronterizas y costeras | 8 |
| Grupos de ciudadanos y ciudadanas | 7 |
| Sindicatos | 6 |
| Transportistas (autobuseros, traileros y taxistas) | 4 |
| Empresarios y/o Empresarias | 4 |
| Organizaciones y/o activistas ambientalistas | 3 |
| Madres y Padres de familia | 2 |
| Activistas y Organizaciones LGTB | 2 |
| Grupos de profesionales | 3 |
| Motociclistas | 2 |
| Otros | 4 |
| Total | 91 |
Fuente: Elaboración propia a partir de Alvarado y Martínez (2013). Cronología del Conflicto Social Setiembre 2013. Costa Rica: IIS-UCR.
Tabla 3. Principales demandas, setiembre 2013.
| Principales demandas | Cantidad(absolutos) |
| Infraestructura | 10 |
| Defensa y mejora de las condiciones laborales | 9 |
| Aumento y/o pago de salarios | 9 |
| Tenencia y seguridad jurídica sobre la tierra | 8 |
| Salud | 8 |
| Producción y comercialización de los granos básicos | 7 |
| Agua | 5 |
| Rechazo a proyectos (hidroeléctricos, puertos, mineros) | 4 |
| Asignación de presupuestos y buen manejo de los recursos públicos | 3 |
| Educación | 3 |
| Transporte Informal | 3 |
| Defensa de la vida silvestre y el medio ambiente | 3 |
| Rechazo a las concesiones | 3 |
| Pesca de arrastre | 2 |
| Derechos LGTB | 2 |
| Eliminar la restricción vehicular | 2 |
| Marchamo para los motociclistas | 2 |
| Otros | 8 |
| Total | 91 |
Fuente: Elaboración propia a partir de Alvarado y Martínez (2013). Cronología del Conflicto Social Setiembre 2013. Costa Rica: IIS-UCR.
Cristina Zeledón L.
La reserva indígena Bribri-Cocles fue creada por Decreto Ejecutivo Nº 7267 en 1977. Posteriormente en 1985 por Decreto Nº 16568 se estableció como reserva independiente el área correspondiente al sector ubicado en Cocles.
Sin embargo la delimitación de esta área no fue la más apropiada ya que los responsables de llevar a cabo esa tarea establecieron los límites desde un avión, lo que no les permitió darse cuenta que muchas familias afro-descendiente se habían establecido en esa franja desde principios del siglo XX y en cambio, como está demostrado, los indígenas nunca habitaron la zona costera.
Evidentemente este error ocasionó durante muchos años serios problemas a los habitantes originales y altos costos al Estado, hasta que en 1992 se logró un arreglo amistoso entre las partes, el cual consistió en excluir de la zona problemática los terrenos que ya tenían dueño, compensando con un área similar a los indígenas en los terrenos boscosos al oeste y al sur de la Reserva.
En esa oportunidad y conforme al artículo de la Ley Indígena Nº7316, se consultó a la Comunidad local, la cual manifestó su acuerdo al proyecto de reforma de límites.
Acuerdo que se concreta formalmente en el decreto Nº 25296, con fecha del 24 de junio de 1996 que establece esta modificación, así como atendiendo la solicitud de los indígenas, se modifica el nombre de Reserva Cocles por Reserva Kekoldi.
Sin embargo y a pesar de que lo que en ese momento fue un arreglo inteligente, amistoso y justo, hace algunos meses se inició un proceso que actualmente se está discutiendo en los Tribunales de Justicia.
La demanda que pretenden los interesados consiste en anular los efectos de ese arreglo de 1996, acusando al Estado de usurpar tierras que supuestamente les pertenecen a los indígenas, argumentando entre otras cosas, que es la forma de asegurarles acceso al mar, pese a que éste es un derecho de todas las personas independientemente de donde vivan.
Una pretensión además muy temeraria, ya que la misma acarrearía grandísimos costos al Estado, es decir a todos nosotros, por indemnizaciones a los actuales ocupantes de esos terrenos, sin que por otra parte les represente a los indígenas mayores beneficios, ya que como se señaló, el decreto de 1996, contemplaba mantener la misma área original y además, por la Ley Indígena, están inhibidos de negociar con esas tierras.
Pero esa amenaza a los pobladores de la zona costera de Puerto Viejo es parte de un gran complot donde se mueven intereses muy sospechosos.
¿A qué me refiero?
Hace más o menos 2 años la Contraloría General de la República emitió un pronunciamiento alegando que por carecer las “zonas protegidas” de una legislación específica, éstas estaban sometidas a la ley de Parques Nacionales. Esto supone que todas las personas que viven en el Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca Manzanillo, están ilegalmente ocupando esos terrenos. En base a eso la CGR ordena al MINAE declarar nulo cualquier derecho adquirido y por lo tanto proceder al desalojo de los ocupantes.
Además y también por orden de la CGR, la Municipalidad de Talamanca está procediendo a citar a juicio a algunos pobladores (21 por el momento) que supuestamente están en condición de precaristas, en Puerto Viejo y Manzanillo, ocupando terrenos del Patrimonio Natural del Estado (50 m. inalienables y 200 m. de ZMT), sin tomar en consideración –y procurar una alternativa adecuada- que fueron precisamente los abuelos de esas familias con sus propias manos y cáscaras de coco y troncos de madera, quienes convirtieron en tierra firme lo que eran suampos plagados de lagartos
Es evidente que si se expulsa a los actuales habitantes de la Reserva, se cancelan los derechos de los ocupantes del Refugio y se destruyen las edificaciones en Puerto Viejo y Manzanillo, no es precisamente para favorecer a los indígenas. Tampoco se trata de proteger un ambiente que actualmente está muy bien cuidado por sus habitantes. Entonces ¿qué hay detrás de estas amenazas)
Enviado a SURCOS por la autora.