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Comunidad Boruca despide al líder comunitario Hugo Dennis Fernández

Con mucho pesar, el día 1 de julio se dio la noticia del fallecimiento de Hugo Dennis Fernández González. De parte del Programa de Gestión Local de la UNED y de parte del equipo de SURCOS expresamos las más sinceras condolencias a su familia y a toda la comunidad Boruca.

Hugo fue un líder comunitario y egresado del Técnico en Gestión Local de la UNED. Él deja un legado invaluable en la lucha de los pueblos originarios. Como una muestra de la huella que dejó Hugo con su trabajo, hoy la comunidad de Boruca se reunió en un acto emotivo para despedirlo.

Foto: UNED

Asociación ecologista solicita a la Sala Constitucional valorar oficio clave del CONAVI como prueba en recurso de amparo sobre rotondas en Ruta 32

La Asociación para el Desarrollo de la Ecología solicitó a la Sala Constitucional valorar un oficio clave del Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI) del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) como prueba en un recurso de amparo interpuesto contra la institución pública. El recurso tiene que ver con la colocación de rotondas en la Ruta 32, situación la cual varios vecinos y comunidades organizadas de la zona han manifestado su molestia.

Esto se dio a conocer a través de la carta a la Sala Constitucional suscrita por Marco Levi Virgo, vecino de Limón. En esta carta, Levi le solicita a este órgano judicial incluir en el recurso de amparo el oficio CARTA-CONAVI-UE32-09-2025-0459 (0563).

La carta, suscrita por el ingeniero Ronald Alfaro Fernández, menciona algunos puntos importantes. Alfaro menciona en el oficio que está buscando estudios funcionales que demuestren o justifiquen la implementación de obras no contempladas originalmente en el proyecto. Levi de esta manera menciona que “esta afirmación implica que las rotondas actuales no cumplen plenamente con las necesidades de funcionalidad y seguridad de la Ruta 32”.

Otro punto a destacar del oficio es que reconoce que la implementación de las rotondas obedece a que quedan pendientes expropiaciones que permitan hacer el paso a desnivel, siendo estas una medida temporal y no una solución. Levi menciona que esto compromete la seguridad vial y contradice las Normas de Diseño Geométrico de Carreteras del MOPT.

Entre otros puntos mencionados en el recurso están que la institución se compromete a mejorar los diseños en un futuro. Además, Levi menciona que los puntos del oficio donde se mencionan las medidas de participación ciudadana son ambiguos en su gran mayoría. Por otra parte, menciona que tienen un acuerdo con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) para la elaboración de estudios técnicos y la planificación de obras complementarias.

Además de la inclusión del oficio como prueba del recurso de amparo, otras medidas solicitadas por Levi a los magistrados judiciales en su carta son: ordenar la realización de estudios técnicos y obras complementarias, la instalación mecanismos efectivos de participación ciudadana, y que la Sala Constitucional designe un plazo razonable para el cumplimiento de las medidas ordenadas.

El recurso de amparo tiene como propósito salvaguardar el derecho fundamental a la seguridad vial y a un ambiente sano, derechos constitucionales consagrados en los artículos 21 y 50 de la carta fundamental.

Emergencia en Mata Redonda: deslizamientos amenazan 25 familias por inacción municipal

Los vecinos de Barrio La Salle en Mata Redonda, San José, enfrentan una grave emergencia habitacional debido a deslizamientos de tierra y riesgo estructural en sus viviendas, situación que ha sido agravada por las recientes lluvias. Un total de 25 viviendas se encuentran en peligro. La comunidad ha convocado a la prensa para visibilizar esta problemática urgente.

Antecedentes y situación actual

Desde 2019, los vecinos han presentado denuncias formales ante la Municipalidad de San José sobre los deslizamientos y el incumplimiento en los trámites por parte de la constructora del proyecto «Torres de Valencia». A pesar de que las denuncias fueron entregadas y selladas, no han recibido respuesta, lo que ha empeorado la situación. Entre los puntos denunciados se encuentra la eliminación de gaviones en el lado este del barrio, cerca de la entrada de la torre del ICE, donde se realizaron movimientos de tierra fuera del tiempo autorizado.

Actualmente, 25 viviendas están en riesgo por el constante socavamiento y los deslizamientos que afectan el talud sur de sus propiedades. Se observa un deterioro visible en las casas, colapso parcial de estructuras, deficiencias en los muros de contención y desplazamiento de materiales.

Acciones y omisiones institucionales

Las acciones municipales han sido consideradas insuficientes y fragmentadas. Una inspección del Comité Municipal de Emergencias valoró únicamente hasta la vivienda número 11, negándose a continuar por otra entrada que daba acceso al resto de las propiedades afectadas.

Los informes municipales han omitido información crucial, como la existencia de la avenida 24A, una calle pública detrás de las viviendas cuya canalización y mantenimiento son responsabilidad de la Municipalidad de San José. Esta omisión ha contribuido al deterioro y deslizamiento del terreno, y la Municipalidad ha intentado trasladar la responsabilidad a los vecinos. Además, no ha habido comunicación oficial ni seguimiento por parte de la encargada de la Oficina Municipal de Gestión de Riesgo, Lorena Romero Vargas, a pesar de múltiples solicitudes y denuncias.

El Ministerio de Salud, en su informe técnico MS-DRRSCS-DARSHMR-EZA-IT-145-2025, con fecha 16 de junio de 2025, atendió la denuncia 116-2025 relacionada con problemas de desplazamiento de terreno y la inestabilidad en varias viviendas en Sabana Sur, Barrio La Salle, Avenida 16B. La inspección realizada el 12 de junio de 2025 encontró que el terreno inestable se orienta hacia el Río María Aguilar, causando daños estructurales en las viviendas. Se constató que la mayoría de las casas tienen tuberías que vierten aguas pluviales hacia un potrero en la parte trasera, debido a que la pendiente del techo no permite el drenaje hacia la Avenida 16B. Además, se identificaron episodios de deslizamiento en el terreno que se dirige al Río María Aguilar, lo que indica una alta saturación del suelo. También se confirmó la existencia de una naciente de agua en la zona del potrero.

El informe del Ministerio de Salud menciona que un proyecto constructivo denominado «Torres de Valencia» no pudo concretarse en el terreno propenso a deslizamientos (Plano Catastro SJ-638519-2000) debido a rechazos de instituciones pertinentes. Sin embargo, los vecinos afirman que se realizaron trabajos de movilización de tierras en esa zona.

Llamado urgente

Los vecinos requieren una intervención inmediata en las viviendas más afectadas, una inspección técnica integral de toda la zona, la inclusión de la avenida 24A en las soluciones técnicas, la asunción de responsabilidad institucional por parte de la Municipalidad, y una investigación de las omisiones de los funcionarios municipales.

FRENASAPP organiza encuentro con personas afectadas por la producción piñera con el fin de conocer y tomar acciones frente a las problemáticas

El 30 y 31 de mayo de 2025 el Frente Nacional de Sectores Afectados por la Producción Piñera (FRENASAPP) realizó un encuentro con diferentes organizaciones, sindicatos y asociaciones de la Zona Norte, Zona Sur y el Caribe Norte para imaginar un futuro más allá de la piña.

En las actividades, donde también participaron miembros de la Universidad de Costa Rica y la Universidad para la Paz, se hizo un análisis en conjunto sobre la situación problemática que vive cada territorio a causa del monocultivo y la expansión del mismo. Aunado a ello, se construyeron acciones y estrategias conjuntas para incidir políticamente y enfrentar la contaminación ambiental y el abuso de los derechos humanos en las plantaciones.

Del mismo modo, se presentaron alternativas de agroecología y turismo rural frente a la piña.

Investigaciones demuestran, con evidencia empírica, violaciones a los derechos humanos en piñeras de Costa Rica

Las consecuencias negativas, para las zonas aledañas, del monocultivo en condiciones de explotación no son nuevas. En noviembre de 2022, la organización no gubernamental (ONG) Oxfam de Alemania publicó una investigación que confirmó que existen violaciones a derechos humanos y laborales en la agroindustria de piña en Costa Rica.

Resaltan que encontraron casos de explotación laboral, salarios que están por debajo de una remuneración digna, problemas de contaminación con químicos e incluso que existían represalias contra los trabajadores que deciden sindicalizarse o exigir sus derechos.

Tim Zahn, asesor político de Oxfam Alemania, manifestó que no es algo nuevo, pues en el pasado ya se han comprobado estos hechos y se mantienen las mismas irregularidades. Consideran que existe un doble discurso, cuando la industria asegura que cumple con una política de responsabilidad social empresarial, que incluye el respeto al medio ambiente y los derechos laborales; sin embargo, en la práctica no se cumplen estas disposiciones.

El asunto es si los consumidores alemanes saben que el banano y la piña que consumen es producto de explotación laboral. Los investigadores de Oxfam, señalaron que las empresas que venden en Alemania estos productos cuentan con certificaciones de cumplimiento y respeto de los derechos humanos (un tema muy cuestionado), y que deberían saber que entrará en vigor una nueva ley que exige a los grandes supermercados respetar los derechos humanos y laborales.

Hay que visibilizar la problemática”

Entre las personas que participaron de estas actividades existió un consenso: el de comunicar y difundir la situación problemática que está ocurriendo en cada una de las zonas a causa del monocultivo de piña para encontrar soluciones a esta.

“A mí me parece que estos temas hay que darlos a conocer, no solamente a nivel nacional, porque sabemos que las autoridades encargadas de tutelar los derechos de las personas afectadas de las diferentes formas por la violación de los derechos humanos de las piñeras, se hacen de la vista gorda, prácticamente. Por ejemplo, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Trabajo, diferentes instituciones no tienen ni tan siquiera las condiciones mínimas ni el poder político, prácticamente son un cascarón decimos nosotros, por lo menos yo puedo decir que están pintados en una pared y no tienen la más mínima voluntad.

Esto hay que llevarlo a nivel internacional para que se dé a conocer, principalmente en los países donde se está consumiendo la piña y otra agricultura como el banano. Ahí se pueden tomar medidas para que se exija a las empresas y países productores a que se respeten los derechos humanos. También unirnos más las comunidades, las organizaciones sociales, sindicatos para que juntos creemos un músculo social que podamos trabajar fuerte en la defensa de los derechos humanos”, mencionó Didier Leitón, secretario general del Sindicato de Trabajadores Agrícolas (SITRAP).

Por su parte, refiriéndose a la relación entre las agencias de cooperación internacional y las corporaciones, Madeline Kiser y Óscar Beita Quesada, representantes del Movimiento Ríos Vivos, el Frente Nacional de Lucha y FRENASAPP resaltan:

“Del Monte, junto con la Agencia de Cooperación Internacional Alemana, se han formado una alianza. Y esa alianza ha cerrado espacios de conversación sobre qué sigue con la piña y por qué ya no podemos más con este modelo de cosecha y necesitamos otras opciones. Entonces el problema mayor es no poder tener la conversación que más urge.

En este momento creemos que es importante promover el diálogo directo con esas compañías, con esas corporaciones, el diálogo directo con los tomadores de decisiones que nos están llevando en esa dirección. El país tenía muchas cosas excelentes, todavía las tiene y todavía están ahí, pero cada vez están siendo decimadas las instituciones. Pensamos que el diálogo también hay que llevarlo a múltiples espacios internacionales y nacionales para que nos demos cuenta de que el país siempre se vende como un país verde. Y sí es un país verde, tiene muchas maravillas y todo, pero también tiene muchos problemas y desastres ambientales que se están creciendo y creciendo cada vez más. Hay que comenzar a desafiar este modelo que tienen que ser las cooperaciones que controlan la política de las cuencas”.

Este modelo de producción piñera intensivo a gran escala ha generado numerosos problemas socioambientales en la Zona norte, el Caribe Norte y Zona sur del país, según denunciaron las personas participantes. Las precarias condiciones labores, las afectaciones a la salud por el uso de agrotóxicos, malas prácticas de fumigación y la contaminación de fuentes agua figuran como las problemáticas más recurrentes.

“La problemática más grande que tenemos es la expansión piñera. Hasta la fecha tenemos 590 hectáreas que están rodeando el pueblo nuestro en Las Brisas de Upala. Vivimos entre piña 24/7.

Es difícil porque hemos estado tratando de meter recursos de amparo y otras acciones legales para que se termine lo que son los agroquímicos, los riegos aéreos y todo esto que afecta demasiado a la población, no contamos con la seguridad completa que se debería, porque la salud es lo principal en la zona y parece que las empresas, como que no están de acuerdo”, enfatizó Grace Serrano, quien forma parte de la Organización Preservando Ecosistemas, ubicada en la Zona Norte, en el cantón de Upala.

La revista académica AMBIENTICO de la Universidad Nacional de Costa Rica, señaló en uno de sus artículos que la producción piñera, tal y cómo se organiza por parte de las empresas transnacionales, genera altos efectos negativos que no se controlan y afectan de forma directa a la comunidad debido a la degradación de los recursos naturales.

Uno de ellos es la gran cantidad de agroquímicos que se utilizan; los cuales terminan contaminando fuentes de agua cercanas a las plantaciones; el mal manejo del suelo donde no hay control de erosión y reduce la capa fértil. Esto termina disminuyendo la capacidad del ecosistema de autorregularse e irrumpen la vida de las especies de flora y fauna.

¿Vamos a aprovechar esta oportunidad — o a repetir los errores del pasado?

Por Bernardo Archer Moore
Cahuita, 26 de junio de 2025

El éxito o el fracaso de una nación, un pueblo o una familia depende, muchas veces, de la capacidad de sus líderes para reconocer los legados heredados — y actuar con decisión cuando se presentan esas escasas y valiosas ventanas de oportunidad.

Pero cuando el síndrome de “Hombre o Mujer GRANDE “ nos conduce a darlo por sentado, y así olvidar los sacrificios y luchas de quienes nos antecedieron; las oportunidades pierden su sentido y dejamos la puerta abierta: Al abuso, la injusticia e irrespeto de la dignidad de nuestros pueblos.

Y, finalmente cuando llega la cosecha de nuestra negligencia individual y colectiva, caemos en la misma trampa de siempre: Buscar culpables en todas partes (extranjeros, oligarcas nacionales, empresarios o políticos locales corruptos) en todos, menos en nosotros mismos.

A propósito de todo esto: ¿Qué lugar ocupamos los Afro descendientes en C.R.?

Primeros en la fila del castigo, y últimos cuando reparten el dinero. Un país donde el apellido pesa más que el oro, y el color dicta la medida del respeto”.

Un país donde el linaje abre puertas que el mérito ni siquiera toca”.

Quien no entienda esta verdad amarga, no es libre ni rebelde: Solo se miente a sí mismo, con la venda bien atada al alma.”

Hoy, la región Caribe de Costa Ricaincluido mi propio pueblo, Cahuita, Talamanca— atraviesa uno de esos momentos escasos y reales de oportunidad: La posibilidad de recuperar el derecho legítimo a la propiedad privada en zonas costeras, tanto de lo que se encuentra en la superficie de la tierra como en el subsuelo; incluyendo los restos de nuestros antepasados, enterrados con confianza y luego confiscados y profanados por el irrespeto e indiferencia del estado – (nuestro primer cementerio ancestral en Punta CAHUITA).

Si no reaccionamos ahora, esta oportunidad desaparecerá — como tantas otras que dejamos perder en el pasado: El control sobre los ferrocarriles y Puertos Caribeños, dónde los ingresos de ambas actividades económicas, por ley, estaban destinados para el desarrollo socio-económico de la región; los cuales alimentaban nuestras economías locales, y las instituciones que construimos pero no defendimos.

Y ahora que la puerta de la migración hacia Estados Unidos está cerrada (excepto para unos pocos acusados de supuesto narcotráfico internacional), y que la capital de nuestra propia nación se ha vuelto hostil — plagada de crimen, desempleo y la continuidad de un racismo histórico hacia los afrocaribeños¿qué nos queda como comunidades sino levantarnos y defender lo que legítimamente nos pertenece?

Mi pregunta es simple y directa:

¿Vas a quedarte de brazos cruzados viendo cómo se esfuma esta oportunidad, como tantas otras?

¿O estás listo para levantarte — como pueblo, como comunidad — y reclamar lo que por derecho nos corresponde?

Como comunidad, tenemos la responsabilidad moral de defender las tierras que aún poseemos, sino también la legitimidad de lo que nuestros antepasados vendieron para poner alimento sobre nuestras mesas, guiados por el profundo principio cultural de “no morder la mano que nos dio de comer«, cuando el Estado nos abandonó por completo.

Situación actual del Plan Regulador Costero del cantón de Talamanca

El Plan Regulador Costero del cantón de Talamanca, aprobado el 5 de octubre de 2023, se encuentra actualmente paralizado debido a requerimientos legales y administrativos que demandan la actualización de la Certificación del Patrimonio Natural del Estado (PNE).

De acuerdo con la Resolución N°2024-003959 del expediente N°23 014549-0007-CO emitida por la Sala Constitucional, se ordenó al Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) completar, en un plazo de tres meses a partir de la notificación de dicha sentencia, la certificación del PNE en la Zona Marítimo Terrestre del Cantón de Talamanca. Esta certificación incluye la caracterización y delimitación de humedales en el litoral del cantón, lo cual es indispensable para garantizar la protección ambiental y el cumplimiento de la normativa vigente.

Asimismo, la Sala Constitucional instruyó al Departamento de Urbanismo y a la Unidad de Criterios Técnicos y Operativos de Ordenamiento Territorial del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU), así como al Concejo Municipal de Talamanca, a incorporar las actualizaciones del PNE en el Plan Regulador Costero.

El SINAC ha entregado al INVU archivos digitales de sistemas de información geográfica y un documento que certifica los ajustes realizados, sin embargo, se ha identificado que la documentación remitida presenta limitaciones.

El INVU sobre la actualización de la certificación SINAC-ACLAC-DR-PNE-C-011 2017 para realizar los ajustes del PNE al Plan Regulador Costero del cantón de Talamanca, señala que falta información cartográfica completa, solicitan que se les faciliten los catastros de los PNE y el Excel de los ajustes, debido a la ausencia de catastros actualizados, consulta sobre los criterios técnicos claros para ajustar la zonificación en áreas que antes eran bosques, pero que ahora no están clasificadas como tales.

El INVU sobre la actualización de la certificación SINAC-ACLAC-DR-PNE-C-011 2017 para realizar los ajustes del PNE al Plan Regulador Costero del cantón de Talamanca, se dirige señala que:

La paralización temporal del Plan Regulador Costero responde a la necesidad de garantizar un instrumento de planificación que cumpla con los estándares ambientales, legales y técnicos exigidos. Esto incluye la protección de los ecosistemas sensibles, como los humedales, y el aseguramiento de un desarrollo sostenible que beneficie a las comunidades costeras del Caribe Sur.

Se les invita a todos los pobladores, organizaciones locales y actores interesados a mantenerse informados a través de los canales oficiales de la Municipalidad de Talamanca. Una vez se reciban las aclaraciones y documentación requerida por parte de SINAC, se procederá a gestionar los ajustes necesarios la Viabilidad Ambiental del Plan Regulador Costero, garantizando un proceso participativo y transparente.

Fuente: Marco Levy Virgo.

Conferencia «Importancia del rescate del patrimonio subacuático en el Parque Nacional Cahuita»

El Ministerio de Cultura y Juventud, por medio de la Benemérita Biblioteca Nacional y la Escuela de Estudios Generales de la Universidad de Costa Rica, se complacen en invitarle a la conferencia Importancia del rescate del patrimonio subacuático en el Parque Nacional Cahuita, por Maraya Jiménez.

Esta actividad es parte del ciclo «Recuperando nuestro pasado«.

La actividad será virtual el lunes 30 de junio a las 3:00 p.m. y se transmitirá por el Facebook https://www.facebook.com/bibliotecanacional.mcj.cr/

ACUDHECA: Aprobación de ley representa una grave amenaza para los derechos territoriales

La organización ACUDHECA (Asociación Cultural de Desarrollo Humano y Ecológico de Cahuita) expresó públicamente su preocupación ante la reciente aprobación de la Ley 10.727, el pasado 29 de abril de 2025.

Según la agrupación, esta legislación representa una grave amenaza para los derechos territoriales de las comunidades tribales afrocostarricenses que han habitado históricamente la región.

ACUDHECA advierte que la ley abre la puerta para catalogar como “ocupantes ilegales” a familias tribales de la zona, promoviendo un modelo turístico excluyente y sin consulta previa. Desde Cahuita, la organización exige justicia, respeto y dignidad, y rechaza firmemente cualquier política que desplace a los pueblos de sus territorios en nombre de intereses económicos.

Compartido con SURCOS por Marco Palma Leiva.

Lucha comunitaria logra mejora en condiciones de paradas de buses en Ruta 32

El ministro de Obras Públicas y Transportes, Efraím Zeledón Leiva, compareció ante la Sala Constitucional tras la apertura de una audiencia en su contra por el presunto incumplimiento de una sentencia relacionada con la reubicación de paradas de autobús en la comunidad de La Unión de Guápiles, sobre la Ruta 32. El recurso fue presentado por Víctor Manuel Villalta Martell, quien denunció que las autoridades no han respondido de manera clara ni completa, generando incertidumbre sobre la legalidad de las bahías construidas en puntos no autorizados, lo que pondría en riesgo a las personas usuarias.

En su defensa, Zeledón argumentó que tanto el Ministerio como el CONAVI han actuado conforme a la ley y que se han realizado diligencias para atender la situación, incluyendo reuniones con la comunidad, el Concejo Municipal de Pococí y el Consejo de Transporte Público (CTP). Además, señaló que, tomando en cuenta la solicitud de la comunidad, la parada será definida al costado sur de la rampa del puente peatonal del lado izquierdo de la Ruta 32, sentido 1-2 y que actualmente se está trabajando en su señalización para garantizar la operatividad del servicio de transporte público, por lo que dentro de su petitoria solicita que se exima al Estado del pago de costas, daños y perjuicios. Es importante tener presente que el ministro no ha cumplido con todo lo solicitado por la comunidad, que no es solamente el tema de las paradas de buses. Dada esa situación de desacato a la Sala Constitucional, la comunidad seguirá los pasos legales necesarios para que se le inicie causa en la Corte Plena por desacato.

Fuente: Víctor Manuel Villalta Martell, comunidad de La Unión de Guápiles.

Imagen con fines ilustrativos.

El despojo y los conflictos socioambientales asociados a la turistificación aumentan

Playa Pelada de Nosara, Guanacaste más de 17 familias enfrentan juicios, condenas, desalojo y hasta cárcel

Un conversatorio abordará el impacto de los desalojos en los habitantes de Playa Pelada el próximo jueves 26 de junio a las 10:00 a.m., en la Sala 1 de la Biblioteca Luis Demetrio Tinoco, Universidad de Costa Rica. Participarán como expositoras las vecinas de Playa Pelada: Heidy Villegas Murillo, Marielos Grijalba Grijalba y Nadia Alfaro, quienes compartirán sus testimonios y reflexiones sobre la situación que enfrentan.

El evento es organizado por la Unidad de Gestión Ambiental (UGA) y el Programa Kioscos Socioambientales, ambos de la Universidad de Costa Rica, junto con la organización ambiental Unidad Especial de Protección y Rescate Animal (UESPRA).

Una problemática socioambiental en aumento. Las playas Pelada y Guiones forman parte del Refugio Nacional de Vida Silvestre Ostional (RNVSO) desde 1985. Sin embargo, muchas personas residentes están siendo judicializadas, condenadas y enfrentan sentencias de desalojo y demolición de sus viviendas. Todo esto ocurre mientras otros sectores, como el hotelero, amplían y remodelan sus instalaciones sin mayor inconveniente, incluso construyendo piscinas dentro del territorio del Refugio.

Varias personas nacionales llevan entre 20 y 50 años habitando la zona, conviviendo con el Refugio sin afectarlo, y por ello consideran injustas las órdenes de desalojo que enfrentan. Se estima que podrían ser más de 400 familias las afectadas, aunque actualmente no existe un estudio actualizado que determine con precisión el número de personas, ni sus posibles derechos de permanencia.

Además, la situación jurídica del refugio ha sido inestable, oscilando entre ser de propiedad estatal o de régimen mixto.

Desigualdad en la aplicación de la ley. Heidy Villegas, vecina de Playa Pelada, denunció en el programa Voces y Política de Radio Universidad que fue sentenciada a un año de prisión, desalojo y demolición de su casa, por haber construido tres cuartos para sus hijas. En contraste, en el mismo Refugio, hoteles han construido edificios de tres pisos sin enfrentar procesos judiciales similares. Solo 17 familias humildes están siendo procesadas legalmente.

El conflicto legal del refugio se remonta a años atrás. Ante los posibles desalojos, el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) impulsó en 2016 la Ley del Refugio de Vida Silvestre Ostional (Ley N.º 9348), que transformaba la propiedad del refugio en mixta, permitiendo que estuviera conformado por terrenos estatales y particulares, bajo un régimen de concesión.

Sin embargo, a inicios de 2023, la Sala Constitucional anuló esa ley mediante la Resolución N.º 22606-2022, y el Refugio volvió a ser considerado exclusivamente propiedad del Estado, dejando en una situación de extrema vulnerabilidad jurídica a las familias que lo habitan.

Con apoyo de proyecto ED-3526 Geografía y Diálogos de Saberes: Análisis de la conflictividad socioambiental en territorios comunitarios de Costa Rica de la Escuela de Geografía y el Programa Kioscos Socioambientales de la Vicerrectoría de Acción Social Universidad de Costa Rica.