La Agenda Cantonal de Mujeres Desamparadeñas ACAMUDE quiere aportar al impulso de la economía en esta crisis.
Desde 1996 ACAMUDE desarrolla un programa de capacitación técnica con más de 30 carreras, las cuales, están a la disposición en la modalidad virtual.
Un comunicado de ACAMUDE señala: “Esta labor nos mereció el premio Por la igualdad y la equidad de género 2019 otorgado por la Unión Europea. Se nos reconoció por haber logrado graduar a más de 30 mil personas de escasos recursos”.
En este momento ACAMUDE renovó su compromiso y ofrece a la población la posibilidad de capacitarse por 750 colones la hora de clase.
Se ofrece modalidad virtual, y en cuanto se levante la cuarentena para el sector educación, las opciones presencial o dual.
Pará mayor información puede comunicarse mediante el WhatsApp 8918 1798.
El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) desea aclarar a la opinión pública varias aseveraciones realizadas en la noticia “Esparzol con derecho al agua de vez en cuando”, publicada en el medio Surcos Digital el 29 de mayo.
En esta zona se ubica una urbanización de bienestar social de 240 hogares y un asentamiento informal con 800 casas, para una población estimada de 4472 habitantes.
Por la situación jurídica de las propiedades, el AyA no puede dar servicios regulares con medidores a la comunidad de Esparzol. Sin embargo, con el fin de garantizar el derecho humano al agua, se aprovecha un pozo y un tanque exclusivamente para este asentamiento.
Este pozo producía 3 litros por segundo, pero se vio muy afectado por la época seca de este año y el déficit acumulado de lluvias de los últimos años.
Es importante apuntar que la comunidad de Esparzol se ha interconectado de manera ilegal a las tuberías del AyA y ha suprimido las fuentes públicas instaladas para su abastecimiento, con lo que se ha puesto en riesgo la salud pública y compromete el acceso al agua de toda la comunidad.
Asimismo, en anteriores ocasiones han manipulado los sistemas del AyA, afectando el servicio en la urbanización aledaña. Inclusive, en marzo anterior, rompieron los candados donde se encuentra el pozo, por lo que hubo necesidad del acompañamiento de la Fuerza Pública de parte de los funcionarios del AyA.
Finalmente es imprescindible apuntar que la atención y solución a problemáticas como la que observa el asentamiento de Esparzol, sobrepasan las capacidades del AyA, pues si bien la institución trabaja para garantizar el derecho humano al agua, no es sino con el concurso necesario de la actuación interinstitucional que situaciones como estas se pueden resolver.
Desde el AyA trabajamos y hacemos los esfuerzos para que esa vía de la interinstitucionalidad se active y encuentren los mecanismos para que se pueda brindar el servicio en forma legal y con la sustentabilidad del uso del recurso hídrico.
La Alianza por una Vida Digna es un espacio de lucha cultural que busca contribuir con la generación de pensamiento y de propuestas alternativas a los modelos de desarrollo dominantes, las cuales surjan de amplios procesos de base social en Costa Rica. Procura aportar para que nuestro país se enrumbe por senderos de equidad, solidaridad, respeto a la diversidad y el cuidado y defensa del ambiente, en fin, por senderos de bien común.
La Alianza busca crear un espacio y un clima en el cual los sectores subalternos y que están en lucha por defensa de sus derechos se empoderen, al sentir que sus vivencias y anhelos son compartidos por otros sectores en el país, y que sus afanes a nivel local se enlazan con procesos similares en otros territorios y espacios. Ese clima fortalece la convicción de que, en medio de las dificultades y las crisis actual y pasadas, otro mundo es posible. Al hacerlo, se crean condiciones subjetivas para la organización y la articulación. La ausencia de esa lucha cultural, por el contrario, transmite el mensaje de que no hay alternativas a las visiones dominantes, limitando la esperanza.
Como se ha mostrado en muchas ocasiones, la lucha cultural es la llave de procesos sociales emancipatorios de diversa índole. La misma, sin embargo, debe ajustarse a los contextos y particularidades de territorios y sectores. Los problemas que convocan a la organización han variado y los sectores de la sociedad que muestran mayor dinamismo en lo organizativo también han cambiado. Además de sectores comunitarios, campesinos y sindicales, hoy asumen un papel protagónico la juventud, las mujeres, la población sexualmente diversa, los pueblos indígenas, los sectores ambientalistas y defensores del patrimonio biológico y cultural, y los grupos de intelectuales comprometidos, entre otros.
Este enorme dinamismo que se mueve en las bases de nuestra sociedad genera continuamente planteamientos, propuestas, críticas y soluciones, con una enorme creatividad. Se hace indispensable, en la coyuntura actual y en los tiempos por venir, estrechar lazos y buscar unidad en medio de esta rica diversidad. Se debe buscar la confluencia y comprender que, en medio de las particularidades, hay espacios comunes que le darían una gran fortaleza a estos procesos. La lucha cultural procura generar esos ámbitos de encuentro y articulación.
Hay en marcha una disputa por las ideas. A las visiones dominantes, que han mostrado su decadencia e incapacidad para generar bienestar en esta crisis del COVID-19, se debe anteponer la frescura de visiones de mundo que alimenten la justicia, la equidad y la solidaridad. La Alianza por una Vida Digna procura abrir espacios para que esas visiones alternativas tengan voz, se potencien, se encuentren y se enriquezcan. Esa voz y ese accionar colectivo contribuirán, sin duda, a gestar una sociedad más justa y digna.
Familias de Medio Queso de Los Chiles requieren el apoyo solidario.
Puede ver los detalles en el siguiente afiche:
La recolección se extenderá hasta esta sábado en dos puntos distintos. Igualmente puede coordinar mediante los números de celular que se indica en el afiche para hacer su aporte mediante transferencia de efectivo.
Compartimos esta iniciativa, que tiene como propósito conocer las implicaciones comunitarias, familiares, laborales y socioproductivas para los territorios indígenas, campesinos y costeros, así como poblaciones en condiciones de vulnerabilidad, en el marco de la pandemia por el virus Covid-19.
“Persiste riesgo al estar en confinamiento por la pandemia pero sin agua, y se suma la amenaza de desalojo por parte de la municipalidad y la Fuerza Pública en Jardines Dos, Ángeles de San Ramón”. Así dice el aviso que recibió SURCOS de las familias de esta comunidad que, por su condición de precario, no logran que la institucionalidad les de agua potable. La Sala Constitucional rechazó el recurso de amparo presentado por las personas “que no tienen título de propiedad”.
Este viernes 22 de mayo las familias resistieron la intención de desalojo y se presentó un conato de violencia como puede verse en el video que fue enviado a este medio.
Entre las consideraciones de la Sala Constitucional están las siguientes:
“Los amparados no han demostrado ante el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados que son los propietarios de los inmuebles para los cuales se solicita el servicio de agua potable ni han aportado una autorización de los dueños registrales para ese mismo efecto”.
“Los tutelados residen en estructuras para vivienda que no cuentan con las condiciones sanitarias necesarias para ser habitadas y fueron construidas al margen de los lineamientos correspondientes”.
“Los dueños registrales de tales inmuebles iniciaron acciones para contrarrestar dicha invasión ilegal ante las autoridades de la Municipalidad de San Ramón, del Ministerio de Salud y del Ministerio Público. En este último Ministerio se tramita el expediente No. 18-001040-0332 por la presunta comisión del delito de usurpación”.
Médicos del Ministerio de Salud, al analizar la situación planteada no recomendaron la instalación de una fuente pública de agua potable en el mencionado asentamiento. En tal ocasión, se manifestó lo siguiente: ‘(…) la instalación de una fuente de agua pública motivaría al (sic) aumento de la población de poseedores en el precario”.
“… el carácter de derecho fundamental (de acceso al agua) no implica un acceso irrestricto a los servicios de agua, ya que la administración puede establecer requisitos generales de necesario cumplimiento por cada solicitante para valorar su particular requerimiento”.
“… esta Sala estimó procedente analizar si, ante la situación de emergencia que afronta el país a causa de la pandemia del COVID-19, las autoridades recurridas del AyA deberían instalar, aunque sea de forma temporal, una fuente pública de agua potable en el asentamiento donde habitan los amparados. Todo esto, a efecto que se puedan proveer de dicho líquido vital y cumplir con los lineamientos de limpieza e higiene dictados por las autoridades de salud del país. Ahora bien, luego de revisados los informes rendidos bajo juramento, incluido el requerido a las autoridades del Ministerio de Salud como prueba para mejor resolver, este Tribunal Constitucional estima que en este caso en particular no es procedente llevar a cabo dicha actuación, sea, las fuentes de agua pública se pueden instalar ‘(…) únicamente en los casos de suspensión de un servicio a favor del titular de la paja o del inquilino (…)’; condiciones que no cumplen…”
“Bajo dicho panorama es claro que este Tribunal Constitucional se ve imposibilitado de acceder a la instalación de una fuente pública de agua potable, aunque sea de forma temporal o limitada, en el asentamiento donde habitan los tutelados. Esto, ya que, como bien se dijo, dicha actuación conllevaría a perjudicar más bien la salud de los amparados”.
“… las autoridades le ofrecieron a los tutelados ser trasladados a un albergue o bien, solicitarles ayuda a través del IMAS”.
“… los tutelados no se encuentran absolutamente desprovistos de agua potable en este momento. Esto, ya que, según su propio dicho, dicho líquido es suministrado por unos vecinos o bien, es trasladado de otros sitios”.
Ante estos razonamientos de la Sala Constitucional para negar el amparo a estas familias, desde el movimiento social de Occidente surgen estos cuestionamientos:
1) ¿Por qué razón la institucionalidad no puede encontrar una solución integral y no temporal (como la ayuda del IMAS recomendada) para estas familias que por razones estructurales y no individuales no cuentan con salario digno y estable para asegurarse una vivienda saludable?
2) ¿Por qué razón el gobierno local de San Ramón de Alajuela en coordinación con el resto de la institucionalidad del país no cuenta con una política anterior a la pandemia, para encontrar una solución integral al desarrollo humano de todas las personas habitantes del cantón que faciliten empleo, vivienda, agua, atención de la salud?
3) ¿Se ha interesado la institucionalidad que conforma el subsistema de niñez y adolescencia en conocer el estado de los derechos de la niñez y la adolescencia que habita en ese asentamiento?
SURCOS recibió la siguiente carta enviada por las juntas de salud de la Red de Hospitales Nacionales y Centros Especializados al presidente de la República Carlos Alvarado Quesada:
Red de Hospitales Nacionales y Especializados
San Jose,13 de mayo del 2020
Señor PRESIDENTE
Carlos Alvarado Quesada
S.D.
Estimado Señor presidente:
Ante todo, nuestro saludo y solidaridad en este complejo tiempo de pandemia que estamos viviendo.
Los abajo firmantes, en calidad de Presidentes representantes de Juntas de Salud, de la Red de Hospitales Nacionales y Centros Especializados, -siendo hoy estos centros el punto neurálgico ante la crisis de esta pandemia-, nos dirigimos a usted como órgano colegiado amparados a la Ley 7852, legislación que representa a los asegurados de la Caja Costarricense de Seguridad Social, con 139 Juntas de Salud y 973 personas que estamos vinculadas con la CCSS y a los asegurados en forma ad honorem desde hace 20 años. Por lo anterior, en forma atenta y respetuosa le solicitamos al Gobierno que Ud. representa, interponga sus buenos oficios para que a la mayor brevedad posible se inicie el pago de la alta deuda que el Gobierno mantiene con la CCSS, para que así nuestra emblemática institución -uno de los orgullos de Costa Rica- pueda cumplir con el compromiso y sus obligaciones en la atención de la salud, de manera que no se comprometan sus finanzas, y más aún, en esta situación de Emergencia Sanitaria que estamos afrontando todas las personas en Costa Rica.
También queremos hacer de su conocimiento, que no podemos aceptar las declaraciones hechas por el Sr. Ministro de Hacienda, Rodrigo Chaves Robles, ex funcionario del Banco Mundial (BM), y el señor presidente del Banco Central, Rodrigo Cubero Brealey, ex funcionario del Fondo Monetario Internacional (FMI), quienes expresaron «que no se puede hacer nada para resolver el problema financiero», de la institución (Semanario Universidad, 23 de abril de 2020).
Ambos economistas y coinciden en que no se puede pagar dicha deuda; nos preguntamos: ¿acaso será por el «deber moral» de cumplir con el pago de los intereses de los préstamos recibidos de parte del BM y del FMI? Consideramos, ante ello -si es que así fuera-, que una de las más valuables gestiones suyas como Presidente de Costa Rica, seria proponer un diálogo urgente con este tipo de instituciones que bien sabemos que con su accionar terminan de definirle a los gobiernos rutas para nada solidarias ni de bienestar para el pueblo más pobre y olvidado. Hablamos de la posibilidad de que Ud. lidere, si es necesario, una voz que exija a estas instituciones el cese de presiones económicas -al menos por un tiempo- para dar paso a acciones internas en los países para solventar la crisis sanitaria y dar un respiro especialmente a las personas más empobrecidas de nuestras sociedades. Consideramos oportuna esta acción de su parte, en tanto que en algún momento se ha dicho que el Gobierno no tiene la solvencia para pagar la deuda interna que se tiene con la CCSS, pero debe estar pagando los mezquinos intereses de aquellas instituciones.
Sabemos perfectamente que la CCSS ha venido haciendo una excelente labor ante la crisis provocada por el Sarx-Cov-2, mostrando así su importancia en la sociedad actual y por lo mismo es un reto de todas las personas que vivimos en Costa Rica el mantenerla. Consideramos que sí se puede, pues, es claro que donde no hay corrupción alcanza muy bien para generar nueva vida a las instituciones estatales que dan la cara por el pueblo. A pesar de las limitaciones que ha sobrellevado, la CCSS ha manejado la situación con eficiencia atendiendo las disposiciones del Ministerio de Salud; sin embargo, nos preocupa la disminución de sus ingresos ante el necesario y bien justificado gasto actual.
Sobre todo, lo primero (la disminución de sus ingresos) porque amenaza contra la estabilidad y la existencia de este baluarte de los costarricenses. Por eso consideramos a la vez que sin demoras debe iniciarse el pago de la deuda.
Queremos enérgicamente, pero con todo respeto, dejar muy claro, que los asegurados y la población en general no vamos a permitir que se debilite a la CCSS, por una deuda que el estado tiene y que debe de honrar y ser ejemplo.
Quisiéramos que quede claro que jamás se debe contemplar siquiera, lo que los enemigos de la salud pública y de las instituciones públicas en general presentan como privatización o cualquier figura que hacia ello conlleve a la sociedad. Queremos seguir creyendo en el Gobierno que tienen capacidad de administrar honesta y transparentemente las instituciones públicas, por lo mismo esperamos no decepcionen a este pueblo libre, noble y servicial, pero jamás servil.
Consideramos que este mismo ejemplo de responsabilidad, se debe aplicar a las grandes empresas, y hacerlas cumplir con sus obligaciones pendientes, las que siguen evadiendo a la CCSS, tomando en cuenta que a sus empleados ya se les rebajó la correspondiente cuota. Es por ello que se deben tomar acciones inmediatas, con políticas concretas y ejemplarizantes, y así sea honrada su morosidad como una acción responsable y patriótica, sobre todo en estos momentos, donde es prioridad la recuperación de esos recursos.
Finalmente, queremos hacer de su conocimiento que la presente llega a Ud. con copia a la Junta Directiva de la CCSS, para que tengan conocimiento también de esta importante gestión, y puedan acompañar al Gobierno para realizar el pago de la cuota pendiente. Ellos constitucionalmente pueden también adherirse y/o hacer la solicitud por su cuenta según la faculta el artículo 177, párrafo tercero, de nuestra Constitución Política.
Es claro que este gobierno ha permitido la participación ciudadana y la ayuda de personas capacitadas, sin importar su color político. De las que han surgido una serie de propuestas que merecen ser analizadas y darles respuestas, pues es válido y necesario encontrar los medios que beneficien a todo el país.
Antes de concluir debemos aclarar, que debido a la situación de emergencia que vivimos y de no poder hacer reuniones presenciales, este acuerdo se tomó por mayoría y de manera virtual.
Esperando su valiosa y oportuna intervención para que se encuentren soluciones a corto plazo, nos suscribimos,
Atentamente por la Red de Hospitales Nacionales y Centros Especializados:
Licenciado Olmedo Castro Rojas, Presidente Junta de Salud, Hospital Geriátrico Dr. Raúl Blanco Cervantes y presidente de la Red de Hospitales Nacionales y Centros Especializados.
Raúl Borge Blandón, Presidente Junta de Salud Clínica Integrada de Tibás y Asesor de la Red de Hospitales Nacionales y Centros Especializados.
c.c./ Junta Directiva de la CCSS.
Información enviada a SURCOS por Mario Devandas Brenes, representante de las trabajadoras y los trabajadores en la junta directiva de la CCSS.
¡Continuamos conversando sobre la resistencia de los pueblos indígenas de América Latina!
El próximo martes 19 de mayo a las 2:00pm hora Centroamérica tendremos nuestro segundo foro virtual sobre las distintas formas de resistencia de los pueblos indígenas en el marco de la pandemia por COVID-19. En esta ocasión, líderes y lideresas indígenas, así como personas defensoras que les acompañan, abordarán y compartirán estrategias de lucha para la defensa de la tierra y el territorio.
En este espacio nos acompañarán:
Alberto Curamil – Defensor y ganador del Premio Goldman, pueblo mapuche del lof Radalko de Curacautín, Chile
Elizabeth Ramírez – Defensora, pueblo Qom de Cerrito, Chaco, Paraguay
Mario Erazo – Dirigente territorial, pueblo siona, Colombia
Lina María Espinosa – Abogada, Amazon Frontlines
Pedro Faro – director, Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, México
Frente a la emergencia de salud por el COVID 19, los pueblos indígenas de nuestra región enfrentarán impactos desproporcionados. Aunado a ello, estas poblaciones continúan enfrentando violencias históricas: exclusión, discriminación, extractivismo, amenazas, ataques y asesinatos, que impactan gravemente el derecho de los pueblos indígenas a la alimentación, al agua, a la salud, a su derecho a consultas previas, libres e informadas, a sus territorios ancestrales, a su integridad y a sus vidas.
Frente a este complejo contexto, y ante las respuestas estatales que han fallado en garantizar la salud y vida de estas poblaciones e incluso profundizado sus riesgos, las comunidades indígenas de la región latinoamericana se han organizado para resistir, tanto a los retos históricos como a los actuales.
Esta serie de webinars busca ser un espacio para el encuentro y el compartir de los pueblos indígenas en la región latinoamericana, con el fin de abordar los impactos diferenciados de la pandemia, pero también conocer las diversas formas en que estas comunidades resisten a esta crisis y a las históricas, al tiempo que se abordan las obligaciones que deben asumir los Estados de la región para garantizar la salud y vida de estas poblaciones.
En estas Visitas de Solidaridad se están entregando diarios a pescadores del Golfo de Nicoya, mediante el Programa Transformando Comunidades
En total se estarán realizando entregas en 9 comunidades de 7 cantones en 5 provincias de nuestro país, impactando con ello a más de 1.900 familias
San José, 13 de mayo 2020. Esta semana el Banco Nacional inició la entrega de diarios a 329 familias de pescadores vulnerables en la zona del Golfo de Nicoya mediante el Programa Transformando Comunidades, iniciativa con la que se está beneficiando a más de 1.600 personas de esta zona.
Dos de los propósitos de sostenibilidad que se ha fijado la entidad financiera en estos tiempos de crisis, es el apoyo humanitario, así como la reactivación de las economías locales de las comunidades más vulnerables donde se opera. De esta forma, se han destinado 160 millones de colones, de los cuales 70 millones son para la asistencia social mediante la entrega de diarios a poblaciones vulnerables y 90 millones para la generación de proyectos productivos, además de emprendimientos, con lo que se estará beneficiando en total a más de 8 mil personas.
En esta primera entrega de alimentos, llamadas “Visitas de solidaridad” se está apoyando a los pescadores del Golfo de Nicoya y sus familias, en las siguientes comunidades:
Martes 12 mayo Colorado de Abangares: 18 diarios San Buena: 11 diarios Níspero: 6 diarios
Miércoles 13 mayo Puerto Moreno: 5 diarios Pochote: 30 diarios Copal: 8 diarios Puerto Jesús: 29 diarios Puerto San Pablo: 31 diarios
Jueves 14 mayo Puerto Thiel: 24 diarios Isla Chira: 40 diarios La Red del Golfo: 9 diarios Son Zapote: 12 diarios
Viernes 15 mayo Costa Pájaros: 106 diarios
Posteriormente, se estarán entregando más comestibles a familias vulnerables de estas comunidades:
Santa Juana (cantón de León Cortés) Peralta (cantón de Turrialba) Palmar Sur (cantón de Osa) Caño Negro (cantón de Los Chiles) Parismina (cantón de Siquirres) Playa Bandera (cantón de Parrita) Pueblo Nuevo (cantón de Parrita) Isla Venado (cantón de Puntarenas)
Es importante destacar que, en una segunda etapa, a los pescadores del Golfo de Nicoya y sus familias se les estará apoyando mediante la creación de un proyecto productivo comunal, que les permita la creación de fuentes de trabajo y la generación de recursos directamente en la zona.
“Antes del COVID-19 ya era complicada la situación para las familias que se dedican a la pesca y ahora aún más, sabemos que dependen del turismo, sus ventas han disminuido considerablemente por la ausencia de la actividad en hoteles y restaurantes, lo que repercute en que no haya demanda de productos pesqueros además está el tema de la veda. Procuramos atender un problema apremiante para muchos pescadores costarricenses y sus familias que se encuentran desprotegidas, por eso queremos asegurarnos primeramente de que tengan la alimentación de todos sus miembros y seguido a ello dirigimos nuestros esfuerzos hacia la creación de pequeñas empresas propiedad de asociaciones de base, específicamente Asociaciones de Desarrollo Integral (ADI). Desarrollar y adquirir productos y servicios de pequeñas empresas de las localidades beneficiadas permite generar nuevos empleos y reconvertir algunos negocios que se han visto afectados con la crisis actual. Así buscamos el bienestar y la mejora en la calidad de vida de la población costarricense”, indicó Silvia Chaves, jefa de Sostenibilidad del Banco Nacional.
Si bien es cierto la entidad financiera aporta directamente los recursos económicos para la compra de los alimentos, en el caso del recorrido del Golfo de Nicoya se trabaja en conjunto en alianza con la Fundación Mar Viva quien brinda su colaboración en la parte de la logística además de otros aliados para la entrega en las comunidades tal es el caso de la Municipalidad de Nicoya, el Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca), la Distribuidora Barrantes, el Recibidor don Chino-La Oriental y Camapez.
Adicionalmente, desde hace varios años se ha hecho una labor coordinada con la Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad (Dinadeco), para poder mapear e identificar donde están las mayores necesidades en las comunidades, y a su vez por parte de esta entidad se brinda apoyo en la estructuración técnica de los proyectos en las diferentes zonas del país y otra aliada es la Fundación Dejando Huella, con quien se ha trabajado sobre todo en la Zona Atlántica con la finalidad de identificar las zonas más vulnerables a quienes poder brindarles una mano amiga.
