Conflictividad y violencia contra los pueblos indígenas en la Zona Sur de Costa Rica y en Latinoamérica, es el tema del programa Voces y Política de este miércoles 4 de marzo en Radio Universidad.

SURCOS recibió este “Posicionamiento de organizaciones y grupos de Derechos Humanos, Movimientos Sociales, colectivas feministas y autoconvocadxs”. Se invita a leer el comunicado, y si está de acuerdo, firmar y compartir. Para ello siga el enlace que se encuentra al final del texto que transcribimos.

El pasado 24 de febrero la violencia racista nos arrancó a otro líder indígena y defensor de derechos humanos, esta ocasión fue Jerhy Rivera Rivera en su territorio ancestral Brörán, sumando dos asesinatos políticos cubiertos en impunidad por un Estado racista y omiso a lo establecido en el Convenio 169 de la OIT referente a los derechos humanos de los pueblos indígenas y tribales. El asesinato de Jerhy ocurrió al ser las 10:30 p.m. del lunes 24 de febrero del 2020, en China Kichá en Térraba y en el marco de una legítima recuperación del territorio originario.

El asesinato de Jerhy fue a escasos días del primer aniversario de completa impunidad de la muerte del líder Bribri Sergio Rojas Ortiz miembro fundador del Frente Nacional de Pueblos Indígenas (FRENAPI) y del Consejo Ditsö Iriria Ajkonük Wakpa (CDIAW/Defensores de la Madre Tierra). Ambas ausencias jamás podrán ser sanadas pero nos recuerda a las personas que luchamos por el respeto y vivencia de los derechos humanos, ¡no podemos permitir más impunidad ni tampoco más víctimas!

El Estado y el Gobierno de Costa Rica son responsables del irrespeto del uso de las tierras ancestrales, violentando el Convenio 169 de la OIT. La somnolencia del Poder Legislativo para la creación de una Ley de Autonomía Indígena se ha mantenido por décadas permitiendo solapadamente la usurpación y violación de derechos humanos de estos pueblos. Por eso, es que los grupos de recuperadorxs indígenas hacen valer su legítimo derecho no solo consuetudinario sino desde instrumentos internacionales como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales. Asímismo, la violencia institucional se prolonga desde los gobiernos locales, Fuerza Pública y otras instancias que han amedrentado a las recuperadoras y recuperadores con acciones tan sensibles como no procesar denuncias de la misma violencia que viven o la dudosa imparcialidad del sistema judicial en la Zona Sur.

El Gobierno de Carlos Alvarado Quesada, y su antecesor Luis Guillermo Solís Rivera, son responsables directos de los asesinatos de ambos líderes indígenas por su inoperancia en la aplicación de las Medidas Cautelares (MC-321-12) establecidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos desde el 30 de abril del 2015 en los territorios de Salitre y Térraba, áreas geográficas donde acontecieron los crímenes. Ambos gobiernos, a sabiendas del peligro de corren lxs defensorxs indígenas, han hecho caso omiso de sus denuncias en las instituciones respectivas.

Tampoco debemos ignorar el papel de los medios de comunicación comerciales que han puesto en duda o deslegitimado el derecho de los pueblos indígenas a sus tierras ancestrales, promoviendo un discurso racista y falaz ante una población poco informada sobre la lucha y resistencia, en un contexto en que el cerco mediático está completamente controlado por los intereses económicos, sin hacer prevalecer el derecho humano a la comunicación e información en el uso del espectro radioeléctrico el cual falta hacerlo democrático en Costa Rica. Vale señalar los reportajes malintencionados y parcializados de Teletica que se transmitieron semanas antes y que, a pesar de que grupos organizados de recuperadorxs y de líderes y lideresas indígenas solicitaron derecho de respuesta, este fue negado. Ignacio Santos como director de Telenoticias y todo su equipo de producción son co-responsables de la muerte de Jerhy Rivera Rivera, líder indígena Bröran y defensor de la Tierra y el mundo entero debe saberlo.

También, denunciamos la violencia que viven las mujeres recuperadoras, quienes por amenazas de violencia sexual y contra sus vidas no pueden salir a trabajar sus tierras para comer, ni enviar a sus hijxs a la Escuela o al Colegio; como en el caso de Térraba, por el acoso que viven por parte de peones y terratenientes quienes se hacen presentes en el trayecto. Las recuperaciones han sido exitosas gracias a las mujeres indígenas, quienes son las que se mantienen defendiendo su cuerpo-territorio y su autonomía con valentía y compromiso. De ellas también se olvidan, y son ellas quienes ponen su existencia entera para defender cada una de las recuperaciones realizadas.

En Costa Rica se vive la vulnerabilidad del peligro ante la vida de las personas defensoras de derechos humanos. El año anterior, la Asamblea Legislativa no quiso continuar con el texto del proyecto de ley 19.610 “Ley para la Protección de los Activistas a favor de los Derechos Humanos”, despojando a la población de una pequeña protección y reconocimiento del trabajo de las personas defensoras de los derechos humanos dentro del Estado de derecho.

Las organizaciones, grupos, movimientos y autoconvocadxs aquí firmantes, expresamos nuestra indignación, malestar y preocupación, ya que al cumplirse 3 años del gobierno de Carlos Alvarado Quesada la aplicación de las medidas cautelares establecidas por la CIDH y la exigencia de los grupos indígenas organizados que exigen el saneamiento territorial y su plena autonomía. La violencia continúa impune y se siguen sumando muertes de defensores de derechos humanos. Por eso, gritamos con rabia e indignación ¡Basta YA! Basta de racismo, olvido, clasismo y cualquier otra violencia que rodee el legítimo derecho a la autonomía de los pueblos indígenas. ¡Basta ya de medios de comunicación racistas y complacientes a los grandes terratenientes y amistades en el gobierno! ¡Basta ya de asesinatos políticos de defensores de derechos humanos!

¡Justicia para Sergio Rojas, Jerhy Rivera y los Pueblos Originarios! Protección a todas las personas recuperadoras de sus territorios ancestrales. ¡Autonomía Indígena YA!

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSffLnxgNTDPNO1Dj2Z_9Lwova2WxqK-gm8giz9AjB3PwiE7TQ/viewform

Enviado a SURCOS por Alberto Gutiérrez Arguedas.

El Consejo Universitario, CONSIDERANDO QUE:

1. La Ley Indígena, N° 6172, promulgada en 1977, regula la situación jurídica de los territorios indígenas, y establece en los artículos 3 y 5:

Artículo 3.- Las reservas indígenas son inalienables e imprescriptibles, no transferibles y exclusivas para las comunidades indígenas que las habitan. Los no indígenas no podrán alquilar, arrendar, comprar o de cualquier otra manera adquirir terrenos o fincas comprendidas dentro de estas reservas. Los indígenas sólo podrán negociar sus tierras con otros indígenas. Todo traspaso o negociación de tierras o mejoras de éstas en las reservas indígenas, entre indígenas y no indígenas, es absolutamente nulo, con las consecuencias legales del caso. (…)

(…) Artículo 5.- En el caso de personas no indígenas que sean propietarias o poseedoras de buena fe dentro de las reservas indígenas, el ITCO [Instituto de Tierras y Colonización (ITCO), que luego pasó a llamarse Instituto de Desarrollo Agrario (IDA). Hoy, Instituto de Desarrollo Rural (INDER).] deberá reubicarlas en otras tierras similares, si ellas lo desearen; si no fuere posible reubicarlas o ellas no aceptaren la reubicación, deberá expropiarlas e indemnizarlas conforme a los procedimientos establecidos en la Ley de Expropiaciones. Los estudios y trámites de expropiación e indemnización serán efectuados por el ITCO en coordinación con la CONAI.

Si posteriormente hubiere invasión de personas no indígenas a las reservas, de inmediato las autoridades competentes deberán proceder a su desalojo, sin pago de indemnización alguna.

(…)

2. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), mediante la resolución N° 16/15, emitida el 30 de abril del 2015, dispone la medida cautelar N° 321-12 para el pueblo indígena de Teribe y Bribri de Salitre, tomando en cuenta que (…) los miembros del pueblo indígena Teribe y Bribri de Salitre (…) se encuentran en una situación de gravedad y urgencia, toda vez que sus vidas e integridad personal estarían amenazadas y en riesgo.

3. El Estatuto Orgánico de la Universidad de Costa Rica, en su artículo 3, establece que la Institución buscará la consecución de una justicia social, de equidad, del desarrollo integral, de la libertad plena y de la total independencia de nuestro pueblo, con el propósito de contribuir con las transformaciones que la sociedad necesita para el logro del bien común.

4. El respeto a la diversidad de etnias y culturas de la sociedad costarricense son parte de los principios orientadores del quehacer de la Universidad de Costa Rica, según lo plantea el artículo 4 del Estatuto Orgánico.

5. En las sesiones N°s 5867 y 6000, el Consejo Universitario se refirió a la situación de violencia que se vive en los territorios indígenas en torno a la tenencia, ocupación y recuperación de tierras, así como al papel que debe asumir el Estado costarricense para asegurar el cumplimiento de los instrumentos internacionales, la legislación nacional y los derechos humanos.

6. El jueves 21 de marzo de 2019, el Consejo Universitario, en la sesión N° 6265, artículo 7, se pronunció sobre el homicidio del líder indígena bribri Sergio Rojas Ortiz.

7. El 24 de febrero de 2020 muere el líder indígena Jerhy Rivera Rivera, defensor del río Térraba, de la Cultura Brörán y su territorio, durante un enfrentamiento por la recuperación de territorios indígenas, situación que pone de manifiesto, nuevamente, la necesidad de establecer medidas concretas, que resuelvan los conflictos referentes a la tenencia, ocupación y recuperación de tierras en los territorios indígenas del país.

ACUERDA:

1. Repudiar el homicidio de Jerhy Rivera Rivera, líder indígena Térraba del Pueblo Brörán, perpetrado el lunes 24 de febrero de 2020, en el marco de la inacción por parte del Gobierno de la República, así como por el incumplimiento de los principios institucionales que abogan por el respeto y la protección de los derechos humanos.
2. Reiterar al Gobierno de la República su obligación de intervenir y asegurar la protección de los pueblos ante actos de violencia u hostigamiento, de manera tal que se garantice la vida de quienes forman parte de estos pueblos, el respeto de las medidas cautelares interpuestas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que pretenden salvaguardar los derechos de los pueblos indígenas de Costa Rica.
3. Darle la mayor difusión posible a este pronunciamiento.

ACUERDO FIRME.

Atentamente, Prof. Cat. Madeline Howard Mora, Directora

(Acuerdo firme de la sesión N.° 6355, artículo 6, del jueves 27 de febrero de 2020)

Compartido con SURCOS por Mariano Sáenz.

La noche del 18 de marzo del 2019, es asesinado brutalmente el dirigente del pueblo bribri Sergio Rojas Ortiz, en el Territorio Indígena de Salitre. Sus asesinos no han sido detenidos.

A menos de un año, la noche del lunes 24 de febrero es asesinado brutalmente el dirigente del pueblo brörán, Jehry Rivera Rivera, en el Territorio Indígena de Térraba.

Ambas personas lideraban las acciones de recuperación de las tierras que les han sido arrebatadas durante décadas a las comunidades indígenas.

Además, dirigentes hombres y mujeres indígenas, personas recuperadoras de tierras, son hostigadas permanentemente, heridas de bala, marcadas con fierros candentes, amenazadas directa y públicamente, agredidas e insultadas, incluso niños y niñas, por finqueros no indígenas que usurpan su territorio y actúan casi con total impunidad. Todo esto a vista y paciencia de las autoridades gubernamentales.

¿Cuántos muertos más espera el estado costarricense para cumplir con las leyes que garantizan a las comunidades indígenas sus territorios desde hace más de 60 años y para detener la violencia y el racismo que siguen imperando contra los pueblos indígenas?

El Proyecto Conflictos Territoriales e Interétnicos en Buenos Aires, Costa Rica. Aportes interdisciplinarios para su resolución, UCREA, y el Centro de Investigaciones Antropológicas, CIAN-UCR denuncian ante la opinión pública mundial este nuevo asesinato político, despreciable en cualquier contexto, en especial, en un país que presume de ser uno de los más felices del mundo y de tener una larga tradición pacifista, civilista y democrática, la cual no es accesible para los grupos indígenas. Exigimos al Estado costarricense que:

• Garantice a los pueblos indígenas la vida, la integridad física y cultural y la propiedad de sus territorios y proteja a las personas indígenas recuperadoras de sus tierras.

• Proceda de inmediato a utilizar la Base de Datos del pueblo brörán por todas las instancias del estado y todas las representaciones de este pueblo.

• Realice urgentemente los desalojos que según las disposiciones legales están por ejecutarse en el Territorio de Salitre y que por la negligencia estatal ha esperado años en efectuarse.

• Ejecute con seriedad y celeridad lo establecido en la Ley 6172 de 1977 y en las disposiciones jurídicas internacionales, cumpliendo con un programa de devolución de las tierras indígenas con una real y permanente comunicación con las comunidades. Se realice así, las expropiaciones correspondientes y se ponga fin al robo de tierras.

• Reconozca como interlocutoras legítimas a las organizaciones que representan verdaderamente a sus comunidades y no a aquellas que, en complicidad con los usurpadores, defienden intereses espurios y otorgan o reconocen «certificados de indigenidad», como ha sucedido con el Plan de Recuperación de Tierras del INDER.

• Esclarezca con prontitud los asesinatos políticos y aplique la justicia. Nuestra solidaridad con la familia de Jehry Rivera Rivera y con los pueblos originarios de Costa Rica que luchan por sus derechos.

Compartido con SURCOS por Mariano Sáenz.

Un comunicado de “Familias Bribris recuperadoras de Nämú Di Kaskë” y de la Coordinadora de Lucha Sur Sur denuncia “amenazas de muerte a recuperadores Bribris en Nima Diköl de Cabagra”.

Al ser las 6:30 de la noche del 25 de febrero de 2020, las familias recuperadoras de la finca Nämú Di Kaskë (tierra de la quebrada del tigre) en Nima Diköl (Palmira) de Cabagra al Sur de Costa Rica fueron amenazados de muerte por un grupo de personas que pasaron en un carro frente al terreno recuperado. La tierra-territorio fue recuperada durante el fin de semana anterior.

“El grupo pasó en un pick up y en el cajón iban miembros de la llamada «guardia negra» o «los negros» un grupo de seguridad” dice la nota enviada a SURCOS.

Los ocupantes del vehículo gritaron a las familias recuperadoras que los iban a sacar de la finca y que los iban a matar.

EL grupo amenazante ha estado apoyando a los terratenientes que ocupan tierras dentro del Territorio Bribri de Cabagra, protegido por los derechos de los pueblos indígenas.

Según la información, el grupo de agresores se encuentran escondido en una finca cercana. El teniente David Mora, de la policía, dijo que aproximadamente a las 6:40 se desplazaba al lugar la móvil 4001. En el comunicado se exige al Estado de Costa Rica “ubicar una patrulla permanente en la finca recuperada y garantizar la vida e integridad de todos los pueblos originarios del país”.

Ilustración de Ditsö

CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN CULTURA Y DESARROLLO

Cada acto de violencia contra los pueblos indígenas es una, y otra vez, un crimen anunciado.

Es una violencia que se perpetúa en el silencio y la invisibilidad, en la indiferencia y la desidia, que encubren y facilitan la agresión.

En la desidia del gobierno, el de Carlos Alvarado y los que lo antecedieron. En la inoperancia de una institucionalidad, para la cual los pueblos indígenas no existen o, en el mejor de los casos, son ciudadanos de tercera categoría.

En el enfoque racista y sesgado de la mayor parte de la prensa –de ello Telenoticias dio recientemente un ejemplo elocuente– cuyo abordaje informativo es tendencioso y sesgado, alimentado por el prejuicio y la ignorancia, y por ello mismo promotor activo de la violencia.

Las tierras indígenas son de los pueblos indígenas. Esa es una discusión que debe darse por definitivamente resuelta: las leyes y los convenios internacionales son contundentes y no dan espacio a la polémica. Insistir en otra cosa es una majadería, que tan solo le hace el juego a la violación de los legítimos derechos de los pueblos indígenas.

El gobierno de la república, y el presidente Alvarado en lo personal, tienen la obligación ineludible de proteger la tranquilidad y la integridad física de las familias indígenas, de cada persona y de cada comunidad indígena. Su inacción y su negligencia son criminales, como tristemente se confirma una y otra vez.

Se incumplen así compromisos internacionales y mandatos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Vergüenza e indignación debería ocasionar a la ciudadanía costarricense en pleno, si es que realmente hubiese un genuino compromiso con los derechos humanos.

Desde el Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo (CICDE-UNED) condenamos enérgicamente el asesinato del joven líder indígena Brörán del territorio de Térraba, Jerhy Rivera Rivera, expresamos el profundo dolor y consternación que esto nos provoca y hacemos llegar nuestra solidaridad a su familia y cada hermana y cada hermano indígena.

Es el segundo asesinato en apenas un año, que suma al recuento trágico que inició con la muerte de Sergio Rojas Ortiz, indígena bribri del clan Uniwak, y que en lo inmediato se vio antecedido por la agresión con arma de fuego contra Minor Ortiz Delgado, joven indígena bribri, del clan Tubölwak, del Territorio de Salitre. Y todo esto en un enervante contexto de permanente asedio y amenaza contra las familias indígenas.

Causa incluso hastío tener que decirlo, pero una vez más hay que decirlo: exigimos enérgicamente que el gobierno de Costa Rica haga lo que es su obligación hacer. No se les pide un favor, y no es ninguna graciosa concesión ni un gesto de cortesía lo que se solicita. Es su responsabilidad, innegable e ineludible.

Toca cumplir con el deber y la responsabilidad que les corresponde: hagan lo que deben hacer.

Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo (CICDE-UNED)

Dr. Luis Paulino Vargas Solís, Director

25 de febrero de 2020

Enviado a SURCOS por CICDE.