El Consejo Universitario, CONSIDERANDO QUE:

1. La Ley Indígena, N° 6172, promulgada en 1977, regula la situación jurídica de los territorios indígenas, y establece en los artículos 3 y 5:

Artículo 3.- Las reservas indígenas son inalienables e imprescriptibles, no transferibles y exclusivas para las comunidades indígenas que las habitan. Los no indígenas no podrán alquilar, arrendar, comprar o de cualquier otra manera adquirir terrenos o fincas comprendidas dentro de estas reservas. Los indígenas sólo podrán negociar sus tierras con otros indígenas. Todo traspaso o negociación de tierras o mejoras de éstas en las reservas indígenas, entre indígenas y no indígenas, es absolutamente nulo, con las consecuencias legales del caso. (…)

(…) Artículo 5.- En el caso de personas no indígenas que sean propietarias o poseedoras de buena fe dentro de las reservas indígenas, el ITCO [Instituto de Tierras y Colonización (ITCO), que luego pasó a llamarse Instituto de Desarrollo Agrario (IDA). Hoy, Instituto de Desarrollo Rural (INDER).] deberá reubicarlas en otras tierras similares, si ellas lo desearen; si no fuere posible reubicarlas o ellas no aceptaren la reubicación, deberá expropiarlas e indemnizarlas conforme a los procedimientos establecidos en la Ley de Expropiaciones. Los estudios y trámites de expropiación e indemnización serán efectuados por el ITCO en coordinación con la CONAI.

Si posteriormente hubiere invasión de personas no indígenas a las reservas, de inmediato las autoridades competentes deberán proceder a su desalojo, sin pago de indemnización alguna.

(…)

2. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), mediante la resolución N° 16/15, emitida el 30 de abril del 2015, dispone la medida cautelar N° 321-12 para el pueblo indígena de Teribe y Bribri de Salitre, tomando en cuenta que (…) los miembros del pueblo indígena Teribe y Bribri de Salitre (…) se encuentran en una situación de gravedad y urgencia, toda vez que sus vidas e integridad personal estarían amenazadas y en riesgo.

3. El Estatuto Orgánico de la Universidad de Costa Rica, en su artículo 3, establece que la Institución buscará la consecución de una justicia social, de equidad, del desarrollo integral, de la libertad plena y de la total independencia de nuestro pueblo, con el propósito de contribuir con las transformaciones que la sociedad necesita para el logro del bien común.

4. El respeto a la diversidad de etnias y culturas de la sociedad costarricense son parte de los principios orientadores del quehacer de la Universidad de Costa Rica, según lo plantea el artículo 4 del Estatuto Orgánico.

5. En las sesiones N°s 5867 y 6000, el Consejo Universitario se refirió a la situación de violencia que se vive en los territorios indígenas en torno a la tenencia, ocupación y recuperación de tierras, así como al papel que debe asumir el Estado costarricense para asegurar el cumplimiento de los instrumentos internacionales, la legislación nacional y los derechos humanos.

6. El jueves 21 de marzo de 2019, el Consejo Universitario, en la sesión N° 6265, artículo 7, se pronunció sobre el homicidio del líder indígena bribri Sergio Rojas Ortiz.

7. El 24 de febrero de 2020 muere el líder indígena Jerhy Rivera Rivera, defensor del río Térraba, de la Cultura Brörán y su territorio, durante un enfrentamiento por la recuperación de territorios indígenas, situación que pone de manifiesto, nuevamente, la necesidad de establecer medidas concretas, que resuelvan los conflictos referentes a la tenencia, ocupación y recuperación de tierras en los territorios indígenas del país.

ACUERDA:

1. Repudiar el homicidio de Jerhy Rivera Rivera, líder indígena Térraba del Pueblo Brörán, perpetrado el lunes 24 de febrero de 2020, en el marco de la inacción por parte del Gobierno de la República, así como por el incumplimiento de los principios institucionales que abogan por el respeto y la protección de los derechos humanos.
2. Reiterar al Gobierno de la República su obligación de intervenir y asegurar la protección de los pueblos ante actos de violencia u hostigamiento, de manera tal que se garantice la vida de quienes forman parte de estos pueblos, el respeto de las medidas cautelares interpuestas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que pretenden salvaguardar los derechos de los pueblos indígenas de Costa Rica.
3. Darle la mayor difusión posible a este pronunciamiento.

ACUERDO FIRME.

Atentamente, Prof. Cat. Madeline Howard Mora, Directora

(Acuerdo firme de la sesión N.° 6355, artículo 6, del jueves 27 de febrero de 2020)

Compartido con SURCOS por Mariano Sáenz.

La noche del 18 de marzo del 2019, es asesinado brutalmente el dirigente del pueblo bribri Sergio Rojas Ortiz, en el Territorio Indígena de Salitre. Sus asesinos no han sido detenidos.

A menos de un año, la noche del lunes 24 de febrero es asesinado brutalmente el dirigente del pueblo brörán, Jehry Rivera Rivera, en el Territorio Indígena de Térraba.

Ambas personas lideraban las acciones de recuperación de las tierras que les han sido arrebatadas durante décadas a las comunidades indígenas.

Además, dirigentes hombres y mujeres indígenas, personas recuperadoras de tierras, son hostigadas permanentemente, heridas de bala, marcadas con fierros candentes, amenazadas directa y públicamente, agredidas e insultadas, incluso niños y niñas, por finqueros no indígenas que usurpan su territorio y actúan casi con total impunidad. Todo esto a vista y paciencia de las autoridades gubernamentales.

¿Cuántos muertos más espera el estado costarricense para cumplir con las leyes que garantizan a las comunidades indígenas sus territorios desde hace más de 60 años y para detener la violencia y el racismo que siguen imperando contra los pueblos indígenas?

El Proyecto Conflictos Territoriales e Interétnicos en Buenos Aires, Costa Rica. Aportes interdisciplinarios para su resolución, UCREA, y el Centro de Investigaciones Antropológicas, CIAN-UCR denuncian ante la opinión pública mundial este nuevo asesinato político, despreciable en cualquier contexto, en especial, en un país que presume de ser uno de los más felices del mundo y de tener una larga tradición pacifista, civilista y democrática, la cual no es accesible para los grupos indígenas. Exigimos al Estado costarricense que:

• Garantice a los pueblos indígenas la vida, la integridad física y cultural y la propiedad de sus territorios y proteja a las personas indígenas recuperadoras de sus tierras.

• Proceda de inmediato a utilizar la Base de Datos del pueblo brörán por todas las instancias del estado y todas las representaciones de este pueblo.

• Realice urgentemente los desalojos que según las disposiciones legales están por ejecutarse en el Territorio de Salitre y que por la negligencia estatal ha esperado años en efectuarse.

• Ejecute con seriedad y celeridad lo establecido en la Ley 6172 de 1977 y en las disposiciones jurídicas internacionales, cumpliendo con un programa de devolución de las tierras indígenas con una real y permanente comunicación con las comunidades. Se realice así, las expropiaciones correspondientes y se ponga fin al robo de tierras.

• Reconozca como interlocutoras legítimas a las organizaciones que representan verdaderamente a sus comunidades y no a aquellas que, en complicidad con los usurpadores, defienden intereses espurios y otorgan o reconocen «certificados de indigenidad», como ha sucedido con el Plan de Recuperación de Tierras del INDER.

• Esclarezca con prontitud los asesinatos políticos y aplique la justicia. Nuestra solidaridad con la familia de Jehry Rivera Rivera y con los pueblos originarios de Costa Rica que luchan por sus derechos.

Compartido con SURCOS por Mariano Sáenz.

Un comunicado de “Familias Bribris recuperadoras de Nämú Di Kaskë” y de la Coordinadora de Lucha Sur Sur denuncia “amenazas de muerte a recuperadores Bribris en Nima Diköl de Cabagra”.

Al ser las 6:30 de la noche del 25 de febrero de 2020, las familias recuperadoras de la finca Nämú Di Kaskë (tierra de la quebrada del tigre) en Nima Diköl (Palmira) de Cabagra al Sur de Costa Rica fueron amenazados de muerte por un grupo de personas que pasaron en un carro frente al terreno recuperado. La tierra-territorio fue recuperada durante el fin de semana anterior.

“El grupo pasó en un pick up y en el cajón iban miembros de la llamada «guardia negra» o «los negros» un grupo de seguridad” dice la nota enviada a SURCOS.

Los ocupantes del vehículo gritaron a las familias recuperadoras que los iban a sacar de la finca y que los iban a matar.

EL grupo amenazante ha estado apoyando a los terratenientes que ocupan tierras dentro del Territorio Bribri de Cabagra, protegido por los derechos de los pueblos indígenas.

Según la información, el grupo de agresores se encuentran escondido en una finca cercana. El teniente David Mora, de la policía, dijo que aproximadamente a las 6:40 se desplazaba al lugar la móvil 4001. En el comunicado se exige al Estado de Costa Rica “ubicar una patrulla permanente en la finca recuperada y garantizar la vida e integridad de todos los pueblos originarios del país”.

Ilustración de Ditsö

CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN CULTURA Y DESARROLLO

Cada acto de violencia contra los pueblos indígenas es una, y otra vez, un crimen anunciado.

Es una violencia que se perpetúa en el silencio y la invisibilidad, en la indiferencia y la desidia, que encubren y facilitan la agresión.

En la desidia del gobierno, el de Carlos Alvarado y los que lo antecedieron. En la inoperancia de una institucionalidad, para la cual los pueblos indígenas no existen o, en el mejor de los casos, son ciudadanos de tercera categoría.

En el enfoque racista y sesgado de la mayor parte de la prensa –de ello Telenoticias dio recientemente un ejemplo elocuente– cuyo abordaje informativo es tendencioso y sesgado, alimentado por el prejuicio y la ignorancia, y por ello mismo promotor activo de la violencia.

Las tierras indígenas son de los pueblos indígenas. Esa es una discusión que debe darse por definitivamente resuelta: las leyes y los convenios internacionales son contundentes y no dan espacio a la polémica. Insistir en otra cosa es una majadería, que tan solo le hace el juego a la violación de los legítimos derechos de los pueblos indígenas.

El gobierno de la república, y el presidente Alvarado en lo personal, tienen la obligación ineludible de proteger la tranquilidad y la integridad física de las familias indígenas, de cada persona y de cada comunidad indígena. Su inacción y su negligencia son criminales, como tristemente se confirma una y otra vez.

Se incumplen así compromisos internacionales y mandatos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Vergüenza e indignación debería ocasionar a la ciudadanía costarricense en pleno, si es que realmente hubiese un genuino compromiso con los derechos humanos.

Desde el Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo (CICDE-UNED) condenamos enérgicamente el asesinato del joven líder indígena Brörán del territorio de Térraba, Jerhy Rivera Rivera, expresamos el profundo dolor y consternación que esto nos provoca y hacemos llegar nuestra solidaridad a su familia y cada hermana y cada hermano indígena.

Es el segundo asesinato en apenas un año, que suma al recuento trágico que inició con la muerte de Sergio Rojas Ortiz, indígena bribri del clan Uniwak, y que en lo inmediato se vio antecedido por la agresión con arma de fuego contra Minor Ortiz Delgado, joven indígena bribri, del clan Tubölwak, del Territorio de Salitre. Y todo esto en un enervante contexto de permanente asedio y amenaza contra las familias indígenas.

Causa incluso hastío tener que decirlo, pero una vez más hay que decirlo: exigimos enérgicamente que el gobierno de Costa Rica haga lo que es su obligación hacer. No se les pide un favor, y no es ninguna graciosa concesión ni un gesto de cortesía lo que se solicita. Es su responsabilidad, innegable e ineludible.

Toca cumplir con el deber y la responsabilidad que les corresponde: hagan lo que deben hacer.

Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo (CICDE-UNED)

Dr. Luis Paulino Vargas Solís, Director

25 de febrero de 2020

Enviado a SURCOS por CICDE.

SURCOS recibió el siguiente comunicado:

-Repudiamos el asesinato de Jerhy Rivera Rivera-

La Escuela de Sociología repudia el asesinato del dirigente brörán Jerhy Rivera Rivera, ayer lunes 24 de febrero del 2020, cerca de las 11:00pm.

En estos momentos la comunidad de Térraba está viviendo momentos de terror, frente a bandas de no indígenas armadas, que se están movilizando por distintas partes del territorio.

Los efectivos policiales que hay en el territorio están siendo ampliamente rebasados por estas bandas desatadas, no se sabe si por pasividad de la policía o porque efectivamente las bandas armadas son más numerosas que la policía.

La vida y pertenencias de otras personas de la comunidad están claramente amenazadas.

Demandamos que se hagan efectivas las medidas cautelares dictadas para Térraba y Salitre por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Demandamos un amplio y urgente plan de ayuda para los pueblos indígenas. Nos deja estupefactos que el INDER aparezca con un superávit cercano a los 17 mil millones de colones, en medio de esta situación humillante para los pueblos indígenas.

Pedimos al Consejo Universitario y Rectoría un pronunciamiento urgente sobre esta situación y un plan de ayuda para estos territorios asediados por el neocolonialismo brutal.

Medios masivos han azuzado la violencia contra los indígenas en las últimas semanas

SURCOS recibió un comunicado de FECON en el cual se informa del asesinato de Jery Rivera en San Antonio de Térraba este lunes 24 de febrero del 2020. “Es un crimen que repudiamos por tratarse de una de muchas agresiones y acciones violentas inspiradas por el racismo que sufren los pueblos indígenas en Costa Rica”, dice el comunicado.

“Este crimen contra el defensor de los derechos indígenas, Jery Rivera, salpica de sangre la hipocresía del Estado costarricense que por un lado dice ser abanderado de los Derechos Humanos pero su política pública deja en el abandono y el olvido a todas las poblaciones indígenas de nuestro país”, agrega FECON.

“Este nuevo crimen se da a menos de un mes de cumplir un año del asesinato de Sergio Rojas Ortiz, quien a pesar de tener medidas cautelares para su protección fue asesinado por personas no-indígenas que usurpan la tierra de los pueblos originarios. Propiedades que por merito histórico reconoce la legislación costarricense pero que los gobiernos de turno no aplican, protegiendo así intereses de grupos racistas que han agredido a las personas indígenas”.

“Desde la Federación Ecologista exigimos el saneamiento de los territorios indígenas y que los usurpadores no-originarios-blancos salgan de estos lugares que le pertenecen a los pueblos indígenas. Además, es urgente que los asesinatos de Sergio Rojas y Jery Rivera no queden en la impunidad, es urgente que se investigue y se encuentren a los actores materiales e intelectuales de estos crímenes. Condenamos el espíritu perverso de reportajes y enfoques periodísticos han usado contra los recuperadores de tierra incentivando la violencia, estos medios de comunicación son cómplices directos de este asesinato debido a que Canal 7 ni siquiera aceptó el derecho a la respuesta”.

“A la comunidad nacional e internacional solicitamos solidaridad con el pueblo indígena que desde hace varios años les ha tocado recuperar sus tierras por cuenta propia en ausencia del aparato judicial que debería ampararlos dejándolos indefensos ante los grupos racistas que usurpan tierra que no les pertenece”, finaliza el comunicado de FECON.

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