El sistema de salud proyecta un faltante de al menos 50 000 hisopos actualmente, cifra que podría aumentar de manera exponencial con el paso del tiempo
La idea es crear los hisopos mediante impresoras 3D especiales que usan un tipo de resina biocompatible. Foto Anel Kenjekeeva.
El examen médico para identificar si una persona padece de Covid-19 se realiza mediante un dispositivo que se llama hisopo, un instrumento delgado y alargado cuya punta es porosa, y que se introduce profundamente en las dos fosas nasales hasta llegar a la nasofaringe, en donde se raspa y se obtiene la muestra necesaria para confirmar o descartar el diagnóstico mediante un análisis de laboratorio posterior.
El problema está en que los hisopos escasean en todo el mundo debido a las restricciones y a la alta demanda, por lo que una solución es que se produzcan localmente. Precisamente, esa es la propuesta que impulsan en conjunto las facultades de Ingeniería y Microbiología de la Universidad de Costa Rica (UCR), en alianza con laboratorios privados y con el acompañamiento de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
El proceso, que por el momento todavía está en desarrollo y en continuo perfeccionamiento, incluye los siguientes pasos: un equipo de expertos de la Facultad de Ingeniería diseña varias opciones de hisopos que luego son enviadas a dos laboratorios dentales privados, XYZ Soluciones y Cleo Dental, que se han unido de manera solidaria a esta idea, para que por medio de impresoras 3D especiales elaboren los hisopos; una vez hechos, son enviados al Laboratorio de Virología y a la Sección de Servicio de Laboratorio de la Facultad de Microbiología para que sus especialistas realicen las primeras pruebas y se elijan los diseños que más se adecúan a las exigencias médicas.
Una vez que se obtengan los diseños finalistas, se enviarán a la CCSS para que sean sometidos a las pruebas correspondientes (ensayos preclínicos y clínicos) y las autoridades de salud puedan decidir cuál es el más idóneo.
Las primeras muestras de los hisopos están siendo probadas en la Facultad de Microbiología de la UCR. Foto Anel Kenjekeeva.
Al llegar a esa última etapa, el país cuenta con la ayuda de varios laboratorios privados que ya le informaron a la UCR que están dispuestos a colaborar para masificar la producción de estos instrumentos. Esta sinergia entre el sector público y el privado es producto del trabajo de la Agencia de Promoción de Inversiones en Costa Rica (Cinde).
A la fecha el proceso se encuentra en el análisis de laboratorio que realiza la Facultad de Microbiología, por lo que todavía resta al menos un mes más para queinicie la producción masiva de los hisopos.
“Nosotros evaluamos que los hisopos sean lo suficientemente ásperos para raspar el epitelio (capas compuestas por células) en la nasofaringe, pero que no la lastime. Además probamos la capacidad que tienen para poder empacarse y esterilizarse antes de ser utilizados, por lo que medimos su resistencia al calor. Asimismo, estos dispositivos se quiebran una vez que se obtiene la muestra, para poder introducir su cabeza dentro de un tubo que contiene una solución con sales y proteínas para que se mantenga en buen estado hasta llegar al laboratorio, por lo que entonces evaluamos su flexibilidad y el límite de fractura que deben cumplir”, explicó el Dr. Norman Rojas Campos, decano de la Facultad de Microbiología y quien tiene una especialidad en bacteriología médica del Instituto Karolinska, en Suecia.
Por su parte, el estudiante de Ingeniería Eléctrica Jose Pablo Carballo Gómez, miembro del equipo técnico envuelto en este proyecto que incluye a la Ing. Cindy Torres de Ingeniería Química, Ing. Diego Dumani de Ingeniería Eléctrica y la Dra. Mavis Montero de la Escuela de Química, indicó que hicieron un estudio para identificar cuáles hisopos podían funcionar adecuadamente y llegaron a la conclusión de que la mejor opción son los que se pueden crear en impresoras 3D que usan un tipo de resina biocompatible, y que usualmente se utilizan en laboratorios dentales.
El estudiante de Ingeniería Eléctrica, José Pablo Carballo, y la Dra. Eugenia Corrales Aguilar, especialista del Centro de Investigaciones en Enfermedades Tropicales de la UCR (CIET), forman parte del equipo que trabaja en la elaboración y prueba de los hisopos. Foto Anel Kenjekeeva.
“Recurrimos a expertos en modelado 3D y programación para crear varios diseños de hisopos para después perfeccionar las propuestas y enviarlas a imprimir, entre ese grupo de personas están Francisco Quesada, Carolina Aguilar y Carlos Jenkins. Ellos además de los dos laboratorios dentales que nos ayudaron a imprimir en 3D, donaron su tiempo, los materialesy la realización deprocesosespeciales,como el lavado y fotocurado con temperatura, por ser un instrumento médico”, manifestó Carballo.
Finalmente, el decano de Ingeniería, Ing. Orlando Arrieta Orozco, aseveró que la UCR realiza el diseño de los hisopos, además de la validación del material y de los prototipos, la CCSS aprueba el diseño y al final empresas externas los fabricarían a mayor escala.
“Todo este conocimiento que genera la universidad pública existe gracias a la inversión que realiza el país en educación y es en situaciones de emergencia como la que vivimos hoy en día, que esta capacidad instalada y la calidad del recurso humano sale a relucirparaenfrentarlos retos que plantea esta crisis sanitaria, con soluciones basadas en la ciencia y mediante equipos de trabajo multidisciplinarios”, acotó Arrieta.
Hay que aclarar que las reuniones y encuentros de los investigadores para discutir los procesos que abarca este proyecto, se han llevado a cabo en su mayoría de forma virtual y tomando en cuenta todas las directrices emitidas por el Ministerio de Salud, para proteger a las personas quienes integran esta iniciativa, pero que continúan trabajando para ofrecer a Costa Rica respuestas ante las necesidades que surgen durante la pandemia del Covid-19.
Otto Salas Murillo Periodista, Oficina de Divulgación e Información Información tomada de: http://www.ucr.ac.cr/
Académicos de la Maestría en Planificación de la UNA brindan aportes para la atención de los efectos del COVID-19
La emergencia del COVID-19 en Costa Rica ha obligado a paralizar la economía del país, como consecuencia de la medida gubernamental de distanciamiento social y la disminución de la circulación de personas, bienes y servicios.
Esta condición tiene efectos positivos y negativos inmediatos, de mediano y de largo plazo. En consecuencia, deben formularse políticas nacionales para cada uno de esos momentos.
El VIGIA, espacio radial de la Escuela de Planificación y Promoción Social -EPPS-UNA, convocó este 15 de abril de 2020 por medio de la plataforma ZOOM (Internet) al equipo de académicos de la Maestría en Planificación, que brindaron sus aportes desde la planificación para atender los efectos inmediatos y posteriores a la emergencia nacional, que enfrenta el país a causa de la pandemia provocada por la enfermedad coronavirus covid-19 en Costa Rica.
En este espacio se conversó en torno a los efectos y las soluciones que puede aportar la planificación, ante la crisis económica inmediata que generó el aislamiento social por situaciones del COVID-19. “(…) Hemos considerado que la situación que hoy se nos presenta nos agrava aún más la temática del país, por lo tanto, hemos querido desde la planificación, hacer en primera instancia un análisis del tema y posteriormente intentar hacer una propuesta de lineamientos de acción. Nada definitivo porque sabemos que esto surge en un momento complicado, con poco conocimiento del virus, de la temporalidad en la cual debemos estar actuando y las consecuencias que un virus como este puede generar en la salud (…)”, expuso el director de la Escuela de Planificación y Promoción Social, M.Sc Ángel Ortega Ortega.
En la propuesta elaborada por los profesores e investigadores: Gonzalo Ramírez Guier, Ángel Ortega Ortega, Giovanni Rodríguez Sánchez, Alejandra Ávila Artavia, Juan Carlos Mora Montero y José Ángel Castro Granados, se expusieron los posibles escenarios en los que se puedan incidir a nivel nacional, con una mirada desde las diversas disciplinas científicas y con una visión a largo plazo, que contribuya a visualizar la sostenibilidad social y económica de Costa Rica.
“El crear un modelo de construcción de escenarios nos permite visualizar, que en este momento estamos muy saturados de información, es decir, la cantidad de información que llena las redes sociales y los grupos de chats es demasiada y esto puede llegar a dificultar la tomar de decisiones. La información juega un papel importante ante el análisis de esta situación, ya que el uso de información falsa o alterada puede hacernos construir escenarios no adecuados, explicó, Juan Carlos Mora, quien indicó que se debe tener en cuenta que los aportes compartidos con el gobierno y la sociedad, tienen como propósito impedir los peores escenarios que podría sufrir el modelo de desarrollo costarricense como consecuencia de la pandemia; como es el caso directo de la generación de más pobreza, el deterioro de la distribución del ingreso y las desigualdades regionales.
Para Mora, en la propuesta se indica que en el sector externo hay que reconstruir los vínculos económicos externos del país, de esta manera, promover más inversiones, con ello, poder unirnos a sus cadenas de valor y beneficiar a las Mipymes locales. También, se propone gravar la renta de las zonas francas con una tasa moderada, la renegociación de nuestra deuda pública y gestionar donaciones o un crédito internacional inmediato para ser pagado a largo plazo.
… “Es como pensar en medio de un incendio que uno anda con los zapatos sucios” … expresó, Gonzalo Ramírez, director de la Maestría de Planificación, al referirse en cuanto a que la preocupación actual no debe ser la estabilidad monetaria, tener la inflación en niveles muy bajos y controlados, en lograr un equilibrio fiscal; porque la realidad en el tema económico actual es diferente, dado que se ha afectado directamente la economía, pero, también la dimensión social y humana a causa de una epidemia inesperada. Lo social es sumamente importante y prioritario, por ello, se ha paralizado la economía nacional para tratar de proteger la salud de la población.
Para Ramírez, es necesario un relanzamiento de la oferta interna, principalmente dar apoyo al desarrollo del sector agrícola y de manufacturas, mediante una inversión nacional privada en el sector y fortalecimiento de centros de generación de valor agregado. Asimismo, expresó que es de suma importancia proteger y fortalecer la infraestructura turística, proponiendo incrementar el consumo turístico de los costarricenses con precios más accesibles. También se hizo referencia a los procesos educativos, en donde se sugieren implementar acciones de corto plazo para darles continuidad, y sobre la necesidad de promover la innovación y emprendimientos en el país.
En temas de relanzamiento de la demanda nacional, se expuso que desde el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) se tomen acciones ante los despidos del personal en el sector público, zonas francas, empresas transnacionales, entre otras: “ Es necesario, mejorar los procesos de administración pública, ampliar la base y aumentar los impuestos sobre ganancias de capital, apoyar la contribución solidaria sobre los salarios superiores a 1,5 millones de colones, congelar la aplicación de la Regla Fiscal por el tiempo que sea necesario”, comentó Ramírez Guier, quien agregó, que sobre la política monetaria y crediticia se está hablando en diversos espacios de abandonar el enfoque exclusivo en la estabilidad monetaria, por lo que la propuesta de EPPS-UNA, busca invertir en la obra pública generadora de empleo para el refuerzo del apoyo social, especialmente, en las zonas costeras por haber disminuido el turismo, asimismo, bajar la tasa política económica y flexibilizar las condiciones para el acceso a crédito desde la Banca de Desarrollo, para ayudar al sector de microempresas de servicios, comercio, turismo y producción.
Alejandra Ávila Artavia, comentó que: “Estamos acostumbrados a identificar las necesidades de los más pobres, pero no necesariamente las necesidades de la clase media, ni siquiera tenemos una institucionalidad para ello. No sabemos dónde ubicar estas familias que están teniendo estas nuevas necesidades y probablemente por eso se están viendo más afectados en sus empleos. Es importante canalizar ayudas a este sector particularmente. El ensanchamiento de la brecha social que se está generando ante esta coyuntura, afecta directamente a la caída de la clase media en el país y se da el nacimiento de los nuevos pobres”.
Ávila explicó, es relevante valorar el fortalecimiento urbano con relación a la gobernanza hacia los territorios, dado que este momento las regiones están siendo particularmente afectadas, por lo hay que atender las necesidades de estas, por ello, el gobierno debe actuar como un gran promotor social: “ En temas de política social se habla que es de suma importancia que el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) continúe atendiendo a todas esas familias en que su condición económica cambió ante esta emergencia del COVID 19”, mencionó la académica, quien agregó, que en la propuesta elaborada, se plantea de la necesidad de una política social muy activa, ya que es un imperativo a la reactivación económica, así como que el Estado priorice garantizar servicios básicos: alimentación, agua y vivienda a la población, así como atención a la población migrante en condición irregular, que en su mayoría son trabajadores en las empresas agrícolas.
Como parte del programa radial, los académicos expusieron, que, en cuanto a la implementación de la estrategia, es necesario tener claridad de que el IMAS cubre una población determinada, la cual es atendida desde su estructura de gestión regular y a través de programas ya establecidos. En este sentido, para que el IMAS pueda contribuir en la operacionalización de la estrategia de emergencia, es necesario separar la población actualmente atendida, de aquella constituida por las nuevas familias que deberán ser cubiertas con la política social temporal. Esto permitirá visualizar con mayor certeza la nueva población a atender y darle servicios específicos más adecuados a sus circunstancias.
Los académicos, reafirman que, para efectos de mayor control y eficiencia del gasto de atención de emergencia, se debe crear el Fondo Nacional para el Manejo de la Emergencia COVID-19, administrado por uno de los Bancos Estatales y en donde ingresen todos los recursos movilizados para la atención de la crisis, incluso las donaciones de origen privado.
Se propone crear una Comisión Nacional para la atención de la crisis, con amplia capacidad ejecutiva (incluso debería considerarse la pertinencia de nombrar un ministro ad hoc), con una estructura operativa descentralizada, para cada uno de los 82 cantones del país, desde donde se detecten, organicen y capaciten todas las familias que por razones de la crisis se encuentran en una condición de vulnerabilidad económica o social. Esto se considera pertinente por cuanto la población que mayor impacto sufrirá a partir de hoy, es aquella informal o autoempleada y pobre, que, dada la disminución o paralización de la liquidez, se ha quedado sin sus fuentes normales de ingresos. Esta es una población identificable por parte de los gobiernos locales, el IMAS, la CCSS o el Ministerio de Hacienda a través de Tributación Directa. El papel de las municipalidades es clave en este ejercicio de descentralización local de las acciones de política social de emergencia.
Las personas académicas de la Escuela de Planificación y Promoción Social, consideran que las repercusiones de esta crisis tendrán efecto en el largo plazo. De ahí, que el país deberá enfrentar grandes retos y un probable deterioro en los ingresos y la calidad de vida de amplios sectores, y para ello contaremos con escasos recursos. La coyuntura socioeconómica aún antes de la crisis no era favorable.
En esas circunstancias, es necesario más que nunca contar con una visión estratégica y un Plan Nacional de largo plazo, porque la asignación de recursos tendrá que ser cuidadosamente orientada a la obtención de objetivos que también deberán ser definidos después de un proceso prospectivo muy riguroso. Esta construcción estratégica no puede lograrse eficazmente si no es con la participación real de amplios sectores de la sociedad. Quienes participaron en la elaboración de la propuesta han ofrecido integrar un grupo de trabajo junto a MIDEPLAN para el propósito señalado.
Según los planificadores de EPPS-UNA, en concordancia con la necesidad de elaborar dicho Plan Nacional; este debe expresar metódicamente intereses y objetivos estratégicos ampliamente compartidos, debe considerarse la necesidad de descentralizar la toma de decisiones y dar énfasis y acompañamiento a las instancias regionales, cantonales y locales de planificación y organización, incluyendo desde las municipalidades y los concejos distritales hasta las organizaciones de sociedad civil más diversas.
Desde la Universidad Nacional, y desde la Maestría en Planificación de la Escuela de Planificación y Promoción Social, sus voceros ratifican su incondicional compromiso con la comunidad nacional, de trabajar sin descanso en la transformación de esta crisis en un futuro de desarrollo, oportunidades y prosperidad para todos y todas.
Este jueves 23 de abril se llevará a cabo el conversatorio (en línea): «Violencia de género en época de confinamiento» en el cual mujeres expertas en derechos humanos y violencia de género de países de Iberoamérica, debatirán sobre el aumento de violencia durante la época de coronavirus en la región.
La maestra Marjorie Hernández abrió un canal de comunicación para brindar soporte virtual a los estudiantes de los niveles que ella imparte en primaria, sin embargo, éste puede ser útil para cualquier otro estudiante.
En el mensaje enviado por la docente, ella manifiesta que: “Los docentes si estamos ganándonos el arroz y los frijoles dignamente, buscando las herramientas virtuales que tengamos a la mano y mayor acceso por parte de los estudiantes, que en muchos casos no tienen acceso a un dispositivo tecnológico o a Internet.
Estamos haciendo grandes esfuerzos para poder impartir enseñanza en medio de todas las limitaciones y de esta crisis sanitaria que atraviesa el país y el mundo entero”.
¿Cómo se vive el confinamiento y estudiar de forma virtual en Talamanca? Este es uno de los cantones más urgido de políticas que favorezcan el desarrollo. Este cantón tiene es de los menos conectados de Costa Rica.
Ante ello, en una conferencia de prensa Onda UNED consultó al ministro de Ciencia y Tecnología qué se hará para asegurar que el bien demanial o público esté realmente al servicio de las poblaciones, su respuesta fue que están facilitando los espacios tecnológicos del Estado, no obstante, evadió referirse a otros espacios de las redes que son privados y en torno a los cuales no se ha desarrollado una política pública para asegurar el acceso, pues como se comprende, para estudiar de forma virtual se necesitan espacios más allá de los que pertenecen al sector público.
En relación con este tema, y las dificultades de muchas comunidades y personas, UNED solicitó al Ministerio de Ciencia y Tecnología, mediante el viceministro a cargo, que liberalizara el espectro radioeléctrico de los celulares para asegurar el acceso para la educación. No obstante, ONDA UNED señaló a SURCOS que la petición fue evadida.
Le invitamos a ver en el siguiente video de ONDA UNED la realidad de la educación en Talamanca, un cantón urgido de desarrollo.
No me sorprendí con la acción del sector financiero de secuestrar el Bono Proteger, que el gobierno, con el apoyo de la ciudadanía, le está haciendo llegar a algunas personas vulnerables para que tengan con qué comprar alimentos básicos en estos momentos tan difíciles.
Nadie puede alegar descoordinación en el gobierno, si fuera así, el gobierno se caería. Todo está debidamente articulado, toda acción gubernamental cuenta con un soporte social, político y económico para que el gobierno funcione.
En la ingenuidad popular se ha construido la leyenda urbana de que existe un desorden gubernamental. Eso le sirve a la mafia política, para distraernos. Pero todo está debidamente enhebrado, sino la corrupción y la impunidad estarían derrotadas hace rato.
En lo que más coordinación existe, es en la exclusión de la ciudadanía en la toma de decisiones, violentando la Constitución Política, pues somos una República Participativa, el Art. 9 es preciso.
Ahora sabemos para qué, desde Casa Presidencial se está llamando a que depositemos en el sistema financiero parte de los pocos recursos que nos quedan, alegando que debemos demostrar nuestra solidaridad con los que menos tienen. Porque la solidaridad es de abajo para arriba.
Arrebatarles a las personas trabajadoras sus derechos laborales, no ha sido suficiente para la voracidad de los que más tienen. Lo quieren todo, sobre todo en esta pandemia. Ahora que estamos aislados, débiles y desconcertados.
Secuestrarle el Bono Proteger a las personas vulnerables, por sus deudas financieras, solo demuestra lo inhumano a que ha llegado el régimen, porque las reglas las impuso el gobierno.
Mientras los costarricenses nos preocupábamos por socorrer a los más necesitados, los zopilotes se frotaban las manos.
Desde luego que aflorarán las justificaciones inmorales que da el derecho, para eso sobran corsarios en la justicia y el gobierno, sustentados por un sector empresarial carente de responsabilidad social.
Este asalto a la solidaridad costarricense solo demuestra la importancia del valor de cada colón que genera la ciudadanía, en la economía nacional. Somos los que sostenemos el país. Para que haya extrema riqueza, tiene que haber extrema pobreza, somos el país más desigual de América. La mafia política ha demostrado que no tiene escrúpulos.
Todo tiene, solución en el diálogo. El que necesita el país, no es a la distancia y en una sola dirección, como propagandísticamente se pretende hacer. Debe ser en el marco constitucional, respetando y reconociendo a la ciudadanía como el Primer Poder de la República, como El Soberano que es.
Compartimos la conferencia Virtual “El Lado Positivo de la Crisis”, impartida por Tanny Cascante Espinoza para la Universidad de Nuevo León, México, en el contexto de la crisis provocada por el Covid-19.
Para el SEC es de profunda preocupación la ruta por la que ha llevado la discusión del Presupuesto Extraordinario en la Asamblea Legislativa.
Es inaudito que en las actuales circunstancias de crisis sanitaria y económica provocada por la Pandemia del COVID-19, pretendan aprobar ese presupuesto donde casi el 70% será destinado al pago de Deuda Externa.
Consideramos que la prioridad debe ser única y exclusivamente hacer frente a los gastos que genera nuestro sistema de salud pública y solventar las necesidades apremiantes de los sectores más pobres del país, incluyendo aquellas familias que ciertas empresas retrogradas conservadoras dejaron en abandono al reducir jornadas, suspender contratos y despedir personal ¡Es injusta y repugnante esa conducta!
Alertamos que en ese presupuesto extraordinario se establece un recorte de ¢11,3 mil millones, que provienen del no pago de anualidades a los trabajadores del sector público, esto sin estar en discusión el proyecto de ley 21917 sobre las anualidades.
Basta de tanta persecución, represión y amenazas contra el Sector Público, de pretender arrebatarle los componentes salariales de ley que con justo derecho y dignidad se han ganado (dedicación exclusiva, carrera profesional. salario escolar, aguinaldo y otros).
Es el momento de que el Poder Ejecutivo recurra a los entes internacionales para que busque financiamiento que ayude a resolver el problema estructural de la economía nacional sin tener que arrodillarnos ante el yugo opresor del condicionamiento, que además pone en riesgo nuestro Estado Social de Derecho, dicho en otras palabras: “No entregarnos a las políticas neoliberales de la privatización y recorte del Estado”, no debemos aceptar este chantaje.
La crisis que enfrentamos debe ser atendida con la solidaridad de todas y todos, aportando proporcionalmente de acuerdo con nuestras posibilidades sin egoísmos y sin intereses particulares, sin intereses neoliberales salvajes.
Costa Rica somos todas y todos, el sector público está en la primera línea de defensa ante esta pandemia, no lo desgasten más, ya que mantener este ataque podría aumentar el detrimento social de miles de familias.
“Evasores y Elusores YA ES HORA DE que aporten a esta crisis, en vez de escudarse en el SECTOR PÚBLICO”
Compartimos las siguientes consultas enviadas a diputados, diputadas, ministro de Hacienda y presidente del Banco Central en cuanto a la situación financiera de amplios sectores laborales y de pequeñas empresas afectadas por la crisis económica provocada por el COVID-19. Las cartas son firmadas por Juan Carlos Durán Castro, Secretario de Seguridad Social de la Confederación de Trabajadores Rerum Novarum (CTRN).
El Sindicato de Trabajadores de JAPDEVA y Afines Portuarios (SINTRAJAP) envió a SURCOS un documento en el cual se denuncia “cobros irregulares en JAPDEVA faltando al deber de probidad”.
La dirigencia sindical se pregunta si lo que busca la presidencia ejecutiva y otras instancias del gobierno es desaparecer a JAPDEVA.
“Denunciamos formalmente a la Administración de JAPDEVA, representada en la figura de la Licda. Andrea Centeno, como responsable de la pérdida de recursos de la institución en lo referente a los servicios portuarios, le indicamos que en reiteradas ocasiones nuestra organización ha enviado notas y presentado alternativas para cobrar todos los servicios que brindamos, sin embargo, hasta el día de hoy los seguimos regalando”.
El sindicato agrega que “en el pasado nos indicaban que no había espacio para organizar de forma correcta el trabajo en los muelles como se acostumbra a nivel mundial o la competencia más cercana que es APM, sin embargo, una vez que nos quitan la carga ilegalmente nos sobra espacio por la poca carga que estamos manejando, por lo que ya no hay excusa para no implementar un mecanismo operacional que nos permita cobrar por todos los servicios que podemos brindar y no seguir regalando los servicios”.
SINTRAJAP detalla que no se utiliza la disponibilidad de maquinaria, no se pesa la carga a la entrada, se contrata maquinaria privada quedando en desuso la propia de la institución y por tanto se da la imposibilidad de ingreso por este concepto, se omite el uso de conexiones de tomas eléctricas, no se realiza la recepción y adelanto de cargas de exportación previo a la operación de los buques en el patio de almacenamiento”.
La organización laboral expone que “esta situación está afectando gravemente, ya que se impide mejorar los ingresos a JAPDEVA provocando un perjuicio económico por la falta de ejecución del reglamento portuario”.
Si JAPDEVA usa todos los equipos para brindar todo el servicio cobraría $117 dólares, pero solo cobra el uso del muelle o servicio de carga y descarga, que ronda los $17 dólares, perdiendo por cada movimiento de contenedor $100 dólares.
“Lo anterior significa incumplimientos de deberes a la ley orgánica de JAPDEVA (artículos 29, inciso b y conexos) y al reglamento de operaciones portuarias en sus artículos 3, 4, 51, 57, 61 y 72”, dice el comunicado.
“No entendemos como la alta administración puede justificar no cobrar, aun cuando estos servicios están aprobados, y peor aún, estando la institución necesitada de ingresos. Solo una administración que no defienda la ley de JAPDEVA puede estar permitiendo estas cosas”, indica SINTRAJAP.
Otras faltas
A lo anterior, se suman compromisos incumplidos con las personas que se acogieron a la prejubilación. Hay casos de hasta 5 meses a quienes no se aplica lo establecido en la Ley 9764, y por ello, esas familias están a la espera del pago por pensión.
En una nota dirigida a autoridades nacionales y a la ciudadanía, el sindicato llama la atención en torno a “la inseguridad laboral de los trabajadores de JAPDEVA y Limón, al mismo tiempo, que nos afecta la emergencia por la pandemia del COVID-19”.
Otro tema en el cual SINTRAJAP reclama la falta de respuesta es el centro médico, pues no se ha nombrado a la persona profesional en medicina.
Asimismo, “muchos trabajadores operativos no contaban con guantes, mascarillas ni siquiera alcohol en gel. SINTRAJAP repartió alcohol en gel y guantes, así consta en los libros de actas de los guardas de turno del puerto Moín y de la entrada de la administración de desarrollo”, dice la denuncia.
Otras irregularidades se refieren a la situación de personal interino y suplente con más de 1 año laborado sin cumplir la obligación de pagar la cesantía a quienes tienen continuidad de al menos un año. Hay muchas personas que se han ido de la institución sin que se las haya reconocido de forma correcta su trabajo en horas adicionales a la jornada ordinaria, según se explica en el documento recibido por SURCOS.
El documento expone un caso: “Alberto Salas Padilla tiene de laborar en JAPDEVA 35 años y cumplió los 55 años en el mes de vigencia de la ley 9764, o sea en el tiempo para escoger una de las 3 opciones de la ley 9764. Creemos que el que está dentro del plazo, tiene derecho. El señor Salas escogió la opción de prejubilarse, la administración le dio el trámite correspondiente a todo el proceso de la prejubilación. Al final le están rechazando haber escogido prejubilarse, lo que no es de recibo por las siguientes razones: El compañero Salas quedó automáticamente despedido sin que él haya escogido esa opción. Porque el despido no estaba dentro de las 3 alternativas de la ley 9764. No le brindaron la opción de escoger bono o quedarse trabajando lo están despidiendo descaradamente. La administración debió cerciorarse que él reuniera los requisitos de la opción escogida desde el principio, e indicarle claramente que no cumplía, para que él pudiera escoger otra opción que la ley permitiera, situación que no se cumplió. Indicamos que SINTRAJAP tiene planteado un proceso legal, basados en el artículo 136 de la Convención Colectiva, en ese sentido existe una medida cautelar donde JAPDEVA no puede despedir a nadie. Entonces en el caso del señor Salas, él no puede quedar despedido violentando el derecho de defensa y el debido proceso, principios establecidos en la Constitución Política y la Convención Colectiva”.
SINTRAJAP ya presentó a la administración una propuesta de solución a casos como el narrado y espera una respuesta justa de parte de la administración.
Propuesta de SINTRAJAP
– Recaudar ingresos con el objetivo de poder hacerle frente al pago del dinero de la Ley 9764, que se tiene que honrar según lo establecido en dicha ley.
– No tercerizar o cooperativizar las partes más rentables de JAPDEVA.
– Ejecutar acciones para incrementar los ingresos: Corto plazo: a) Cobrar el 100% de los servicios usando todos los equipos y las instalaciones que tiene JAPDEVA en la carga y descarga. b) Hacer la zona de transferencia para el recibo y despacho de las mercancías, si tomamos en cuenta la poca carga que está manejando JAPDEVA no se debería regalar un solo servicio, si corregimos la forma de cobro y de brindar el servicio, con eso estaríamos recuperando un porcentaje alto en los ingresos. Esto si comparamos que hoy casi todo sale a despacho directo o que por alguna razón no se está cobrando el 100% de la tarifa aprobada por la ARESEP por falta de toma de decisiones. c) Se debe hacer usos de las tomas eléctricas, además la carga debe estar anticipadamente en el puerto para que JAPDEVA brinde los servicios portuarios, de acuerdo con el Reglamento de Operaciones Portuarios. Mediano plazo: a) Corregir tarifas portuarias, traerlas a valor presente, tomar en cuenta como mínimo la inflación acumulada y la variación del precio del dólar, corregir tarifas donde se regala el servicio, por ejemplo: montacargas, turismo. Esto debe ser corregido de inmediato. b) Otros servicios desfazados son los remolcadores, ejemplo tenemos tarifas para remolcadores de 30 toneladas de empuje, y recientemente JAPDEVA adquirió un remolcador de 60 toneladas de empuje y se cobra con la misma tarifa de 30 toneladas, se debe corregir de oficio. c) Presentar una fórmula de ajustes portuarias ante ARESEP, con base en la inflación y a la variación del dólar. d) Corregir el cobro de muellaje a RECOPE, hoy solo se le cobra $ 0.15 por TRB (tonelaje de registro bruto) cuando el muellaje en general se cobra $0.97 por tonelada perdiéndose por este concepto $ 0,82. e) Cobro de muellaje de factura histórica a RECOPE por el servicio de muellaje que no se le cobraba y que supera los 17 mil millones.
La propuesta de SINTRAJAP señala con precisión:
“Si JAPDEVA se fija como meta mover 200 mil contenedores en el año 2020 y si hacemos los cobros que como Autoridad Portuaria y con las tarifas actuales corresponde, estaríamos generando más de 32 mil millones de colones, entre otros servicios que brindamos como lo serian: cobro por las tomas eléctricas, almacenaje, consolidación, remolcajes. Como podemos ver solo lo que se ocupa es entrega y hacer lo mejor como funcionarios públicos”.
El sindicato solicita que la presidenta ejecutiva “sea sustituida para detener el gran daño histórico social, económico y legal a la clase trabajadora en la provincia de Limón y el país”. Asimismo, “que se corrijan de forma inmediata todas estas anomalías legales y derechos de los trabajadores para evitar dejarlos en indefensión. Corregir los cobros que afectan la institución JAPDEVA y por consiguiente la economía del país”.
El documento está firmado por el licenciado Antonio Wells Medina, secretario general de SINTRAJAP.
SINTRAJAP entregó al personal guantes, mascarillas y alcohol en gel.
Imagen de cabecera: Semanario Universidad.
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