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Las alertas que no duelen / 8M Costa Rica

Allison Quintanilla Hernández
Planificadora Económica y Social
Colectiva Voces Violeta y Me Pasó En La UNA

En Costa Rica hemos entrado en la fase de alertas. Por un lado, en el espacio político del Estado, y otra de salud pública, las dos responden a hechos que constituyen una coyuntura compleja para los últimos acontecimientos en la región, hablamos de una crisis democrática y la poca transparencia política que viene desde los principales poderes de la república, hasta la praxis de manipulación en los titulares de medios de difusión que venden a conveniencia de los poderes fácticos.

Por otro lado, se activaron todas las alertas de salud pública en el país luego de que las autoridades de salud confirmaran los primeros casos de coronavirus en el país, estas dos últimas alertas han sido noticia rápidamente, generando no solo una gran expectativa en la sociedad costarricense, sino que plantea cambios en la coyuntura y las dinámicas cotidianas. Por supuesto, parece bastante vendible en los medios y hasta traumatizante para esta sociedad, ver una casa presidencial allanada o una persona que permanece delicada por COVID-19.

Sin embargo, parece que hay unas alertas que duelen menos, trauman menos y generan menos expectativa que estas últimas, y es que pese a que desde el 2007 al 19 de febrero de este año llevamos contabilizados 353 femicidios en Costa Rica, las alertas rojas no calzan en la constante guerra contra los cuerpos feminizados. Con esto, es preciso apuntar que ninguna de las alarmas anteriores es comparable o que son menos importantes, por el contrario, las alarmas que se encienden para atender una crisis política o de salud pública son totalmente necesarias, y por lo tanto no hay excusa en no plantear como urgente una alerta roja contra los femicidios en este país.

Recientemente, las redes sociales se llenaron de denuncias públicas sobre intentos de secuestros o agresiones sexuales hacia mujeres, hoy 9 de marzo seguimos a la expectativa de encontrar con vida a una joven de Cartago desaparecida la noche del miércoles anterior, y pese a esto las respuestas del Estado, y del Ministerio Público siguen siendo insuficientes y complacientes con la violencia, esto último les convierte en cómplices de cada uno de los femicidios que hemos registrado como país, donde solo el 26% de los casos son sentenciados.

Estas alertas parecen no doler en la sociedad, no remuerden, mucho menos responsabilizan, y la impunidad pareciera ser la respuesta de facto que muchas mujeres cargan ante la falta de justicia de género transversalizada a las políticas públicas del país. Una sociedad altamente machista y conservadora, que responde con violencia estructural, no nos deja más arma que la organización con nuestros cuerpos, y es por eso que las alertas que nos duelen a nosotras son las 353 compañeras que no están con nosotras, las alarmas de las mujeres trabajadoras de una empresa textil en 1857 iniciando la huelga de mujeres que hoy nos conmemora como el Día Internacional de la Mujer.

Seguimos luchando por las mismas desigualdades, unas más acentuadas que otras, donde hemos alcanzado algunos derechos políticos, sociales y económicos, pero no hemos alcanzado la plena libertad sobre nuestros cuerpos, pues aún sigue siendo satanizado el discurso que defiende nuestros derechos sexuales y reproductivos, es la violencia a nuestros cuerpos lo que declara una guerra de género. Ante esto, muchas mujeres en el mundo siguen construyendo desde la resistencia, la organización y la autonomía de los cuerpos feminizados, pero la guerra no ha terminado, no se detiene.

Por eso, nosotras acordamos nuestras propias alertas, esas que alertan sobre las violencias que pasan por nuestros cuerpos, es nuestra organización y denuncia la que tiene que estar dentro de la discusión coyuntural del país, nuestras agendas también son importantes. Las mujeres somos la mitad de la población mundial, y por lo tanto, no vamos a permitir que nuestras agendas sigan quedando en segundo plano, ni mucho menos que se conviertan en monedas de cambio. Somos una alerta morada, una alerta verde, y con o sin permiso del Estado vamos a seguir alertando que nos están matando.

Fuente: Observatorio de Género Poder Judicial

ALERTA TEMPRANA AMENAZAS DE MUERTE

SURCOS recibió el siguiente comunicado;

A LAS AUTORIDADES, MOVIMIENTOS SOCIALES, COMUNIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL

«Recibimos este 8 de Marzo del 2020, fecha en la que se conmemora la lucha incansable y pujante de nuestras compañeras mujeres a nivel mundial desde sus trincheras feministas, con el testimonio de Clarita Quiel Torres, Bribri de Cabagra, Buenos Aires, Puntarenas, Zona Sur de Costa Rica, miembro del Concejo de Mayores/as Iriria Jtechö Wakpa y miembro del Frente Nacional de Pueblos Indígenas (FRENAPI).

En su testimonio, Clarita evidencia la lucha histórica de los Pueblos Indígenas, de las mujeres indígenas, contra todas las formas de control, dominación y discriminación. Hoy está al frente del movimiento de Recuperantes indígenas, en el Proceso de Afirmación Territorial Autónoma (PATA), esta es la causa por la que ella y sus compañeras/os están asediadas/os, amenazadas/os por personas Usurpadoras No indígenas.

Desde hace 15 días, terratenientes y sus matones a sueldo, que siguen armados libremente dentro de los Territorios indígenas, envalentonados por la reciente ola de violencia racista, criminal, y la débil presencia policial. Ante este escenario, un Poder Judicial lento y omiso, que reafirma más la Impunidad.

En Buenos Aires estos actos delictivos violentos, cuentan con el respaldo de empresarios, comerciantes, autoridades municipales y líderes religiosos de diferentes iglesias, así como con funcionarios de otras instituciones. Ello se dejó ver el día de ayer, 07 de marzo del 2020, en la convocatoria realizada por la Municipalidad de Buenos Aires, Iglesia Católica, Iglesias Evangélicas y Organizaciones Comunales de Campesinos del Cantón, quienes bajo un discurso engañoso de Marchar por la “Paz” dejaron claro el repudio hacia las recuperaciones de Tierra/Territorio, su odio hacia los Pueblos Indígenas en el Cantón, y principalmente quedó demostrado que la violencia en esta zona NO es producto de nuestro Movimiento. El Testimonio de Clarita es un clamor actual y fuerte de la consigna VIVAS NOS QUEREMOS:

“Anoche fue una noche muy tensa, escuchamos cuatro detonaciones de bala como a las 10 de la noche y ni una sola patrulla se asoma por acá, donde estoy no hay cobertura. No pude salir a buscar cobertura hasta ahorita. […] tenemos que luchar, la lucha continúa […] nuestra lucha sigue, tenemos que hacer justicia por los que nos han quitado […] tenemos que seguir […] He recibido amenazas en la calle, me han dicho que me quieren matar […] aquí estoy, sigo en pie de lucha y seguiré hasta donde nuestro Sibú lo permita.” -Clarita, 8M2020.

¡QUEREMOS JUSTICIA PRONTA Y CUMPLIDA! ¡NO MAS IMPUNIDAD! SERGIO Y YERI VIVEN LAS MUJERES INDÍGENAS RESISTEN ¡LA LUCHA SIGUE Y SE EXTIENDE!

FRENTE NACIONAL DE PUEBLOS INDÍGENAS (FRENAPI)

Acompaña: Comité Nacional de Apoyo a la Autonomía Indígena

8 DE MARZO, 2020″

Alerta AGREDEN A RECUPERADORXS EN EL TERRITORIO CABECAR DE CHINA KICHÁ

SURCOS recibió este comunicado:
ALERTA: EN ESTE MOMENTO AGREDEN A RECUPERADORXS EN EL TERRITORIO CABECAR DE CHINA KICHÁ
7 de marzo
-Alrededor de las 9 a.m. recuperadorxs cabecares de China Kichá son atacados por un grupo de alrededor de 40 personas enviados por el terrateniente Gilbert Fernández.
Sábado 7 de marzo. Al ser las 9 a.m. recuperadores cabecares de China Kichá alertan de un ataque en su contra en el primer territorio recuperado Kerpego, 100 m al sur del salón comunaL en el centro de China Kichá. Lxs recuperadorxs tuvieron que abandonar la recuperación debido a las agresiones. Los agresores quemaron la casa y tiraron piedras a la cabecar Marcela Zúñiga.
Otro ataque se registró en Sekerä Kaska, donde lxs recuperadorxs espacaron para resguardar su vida. En la última recuperación, Sá Ka Duwé Senaglö también se hicieron presentes los agresores, logrando un enfrentamiento con lxs recuperadores. Frente a esa finca se reporta un incendio como manera de intimidación.
De acuerdo al Viceministro Otarolla, hay presencia policial pero no se logró evitar el ataque.
Alertamos que los ataques no han culminado y hay amenazas de continuar la agresión a lo largo del día y de la noche.
Recuperadorxs Cábecares de China Kichá.
Coordinadora de Lucha Sur Sur.

Grupo de vecinos se organiza para recuperar el Río Lagarto

Ante la preocupación que tienen los vecinos de Santa Juana y Las Parcelas de Orocú, en Punta Morales de Chomes, un grupo de vecinos toma acciones y decide dar parte a la policía. La unidad 3395 de La Fuerza Pública es despachada la tarde del jueves 5 de marzo desde Costa de Pájaros hasta el lugar y encuentra reunidos a los vecinos de ambos sectores que estaban presionando para que la cerca de alambre que fue colocada por un ganadero para pastar sus caballos fuera eliminada.

Los oficiales llaman a la calma, explican que en estos casos se debe interponer una denuncia ante el MINAE para que se abra una investigación y que se siente un precedente y evitar así que el ganadero coloque la cerca en el futuro, ya que, al ser una zona de recreo de los vecinos y visitantes, el ganadero no debe impedir el libre paso para su beneficio personal.

Ante esta situación un grupo de vecinos decide ir el viernes 6 de marzo a las oficinas del MINAE en Esparza a interponer la denuncia, ya que, según su queja, esta es la segunda vez que el ganadero coloca la cerca en ese lugar.

Además, cuando se trató de dialogar y negociar con este ganadero, él manifiesta que él no quita la cerca hasta que «las otras personas quiten las que tienen puestas más arriba de donde está esta» dejando en evidencia que hay más. Otra preocupación es el hecho de que exista un tranque en ese lugar; cosa que será investigada por el comisionado del MINAE al momento de llegar a hacer la inspección.

La Universidad de Costa Rica revoca el informe emitido por la Contraloría General

La Universidad de Costa Rica revoca el informe emitido por la Contraloría General

La FundaciónUCR desde 1988 es un ente encargado de gestionar los fondos percibidos por la investigación , a la vez que permite desarrollar la institucionalidad universitaria con un manejo financiero especializado para cada proyecto generado por investigaciones que tienen relación con el sector externo, sea este público o privado. Lo anterior genera flexibilidad en la relación de la UCR con sus públicos. Foto: Karla Richmond.

La Universidad de Costa Rica (UCR) presentó este 2 de marzo a la Contraloría General de la República (CGR) un Recurso de Revocatoria con Apelación Subsidiaria contra los oficios No. 02770 y No. 02773, que comunica el INFORME DFOE-SOC-IF-00002-2020, y los oficios No. 2765 y el informe No. 2768 INFORME DFOE-SOC-IF-00001-2020, sobre la administración de los recursos relacionados con el vínculo externo remunerado entre la UCR y la FundaciónUCR.

Para la UCR, estos informes de la CGR no reconocen las potestades legales que posee la FundaciónUCR y desconocen su funcionamiento real, e imponen plazos y medidas que no son factibles y de difícil cumplimiento en el plazo impuesto. Los informes del 27 de febrero del 2020 son el resultado de un estudio realizado por la CGR a la FundaciónUCR. Estos retoman temas que ya habían sido evaluados y debatidos con la CGR desde el 2008. Desde entonces, la Administración, el Consejo Universitario y la FundaciónUCR han generado vastas medidas de control, incluyendo el Reglamento de la UCR para la Vinculación Remunerada con el Sector Externo, nuevos procedimientos y una nueva unidad de coordinación.

La Universidad de Costa Rica y la FundaciónUCR han demostrado un efectivo manejo de los recursos que administra la FundaciónUCR, permitiendo la agilidad necesaria para atender las necesidades de proyectos de alcance global como lo son la producción y exportación de los antivenenos producidos por el Instituto Clodomiro Picado (ICP). Una de las disposiciones de la CGR obligaría a la FundaciónUCR a trasladar recursos excedentes de diferentes programas, proyectos y actividades de vínculo externo en ejecución al presupuesto institucional. Esto entrabaría enormemente los procesos y haría imposible gestionar proyectos de impacto para el país, como la labor diagnóstica del Laboratorio Clínico de la UCR en el Hospital del Trauma, la comprobación de la calidad de los hidrocarburos que realiza el Celeq para la Aresep, la verificación de la calidad de los medicamentos que analiza el Layafa, la comprobación de la calidad de las semillas efectuado por el Cigras, la producción de antivenenos del ICP, entre muchas otras. También se afectaría la vinculación que se da con otros sectores como el sector productivo, comunidades y la sociedad en general.

“La Administración universitaria ha explicado reiteradamente a la Contraloría General de la República que la Institución está obligada a realizar las actividades de vínculo externo de largo plazo con presupuestos plurianuales, porque hay proyectos de investigación y de acción social financiados por terceros, los cuales requieren más tiempo para alcanzar sus objetivos y que no se podrían desarrollar en plazos de un año. La afectación de esta disposición alcanzaría no solo a la UCR, sino a las instituciones públicas a las que se les brinda el servicio y cuya vinculación es fundamental por su impacto en la sociedad costarricense”, comentó el vicerrector de Investigación y presidente de la Junta Directiva de la FundaciónUCR Fernando García Santamaría.

Nuevamente, a criterio de la UCR, el acto administrativo que comunica el informe, sobre la administración de los recursos en las iniciativas de vínculo remunerado con el sector externo de la UCR, violenta el artículo 84 de la Constitución Política, puesto que le impone medidas a la Universidad de Costa Rica en materia de Gobierno y Organización propias.

Además, específicamente la medida 4.8 del informe especial de la CGR violenta el artículo 85 de la Constitución Política, al ordenar a las vicerrectorías (Acción Social, Investigación y Docencia) no aprobar nuevas iniciativas de vinculación externa por medio de la FundaciónUCR.

“La UCR nunca ha cedido responsabilidades o potestades a la FundaciónUCR en el manejo de los recursos que genera el vínculo remunerado, pues existe un reglamento aprobado por el Consejo Universitario, un convenio de cooperación y distintos mecanismos de control, como la Junta Administrativa de la Fundación, constituida por propias autoridades de la Universidad. Además, quien aprueba los recursos son las distintas vicerrectorías y quien los ejecuta son las unidades académicas”, aclaró García.

La Universidad de Costa Rica considera que el ente contralor en sus informes sobrepasa la actividad fiscalizadora, al emitir disposiciones contrarias a las medidas tomadas por la Institución para cumplir con el mandato constitucional. Además, la UCR solicita a la CGR la revisión de los informes y, en consecuencia, de sus disposiciones. Igualmente, solicita que sean considerados los argumentos planteados en la revocatoria y los que se remitirán en adelante.

CONSULTE Rendición de cuentas de la FundaciónUCR

Sobre la FundaciónUCR

La Fundación de la Universidad de Costa Rica, se creó como un mecanismo para la promoción y gestión de los proyectos de investigación de la Universidad de Costa Rica. Mediante la administración de cuentas financieras, la Fundación UCR, se ha convertido en una entidad facilitadora en el manejo ágil y flexible de los fondos de los proyectos.

A lo largo de los años, la FundaciónUCR ha fortalecido el apoyo a los proyectos, acompañándolos en emprendimientos, fortaleciendo el respaldo a investigadoras e investigadores en la constante capacitación y colaborando en la consecución de los logros de acción social. Este conjunto de funciones, han hecho de la Fundación un instrumento confiable y valioso en la gestión de las actividades de vínculo externo de la Universidad de Costa Rica.

Ley 7169 de Promoción Desarrollo Científico y Tecnológico

ARTÍCULO 94.- Las instituciones de educación superior universitaria estatal quedan habilitadas y autorizadas para la venta de bienes y servicios ligados a los proyectos de investigación, desarrollo tecnológico, consultorías y cursos especiales. Para mejorar y agilizar la venta de bienes y servicios, dichas instituciones también quedan habilitadas y autorizadas para crear fundaciones y empresas auxiliares.

ARTÍCULO 95.- Se deberá establecer un procedimiento para que los recursos recaudados por venta de servicios sean trasladados en forma ágil y efectiva a los propios entes de investigación que los generaron, con el propósito de asegurar la disponibilidad oportuna de estos fondos y la continuidad de las actividades científicas y tecnológicas. Cuando se trate de la venta de servicios en los centros universitarios, los fondos se invertirán según el criterio de las autoridades universitarias, sin detrimento alguno de la autonomía que los caracteriza.

 

Gabriela Mayorga López

Periodista, Oficina de Divulgación e Información

Información tomada de: http://www.ucr.ac.cr/

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Construcción intercomunitaria de planes de acción frente a quemas

La Alianza de Comunidades por la Defensa del Agua y la UNED le invitan este domingo 8 de marzo a las 9:30 a.m. en La Montaña de Coyolito a la “construcción intercomunitaria de planes de acción frente a quemas”.

Se solicita confirmar el número de asistentes por cada organización para calcular los refrigerios y almuerzos.

 

Imagen de portada ilustrativa.

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Geógrafas UCR y mujeres de zonas rurales comparten conocimientos para mejorar prácticas agrícolas

Espacio permitió la búsqueda de soluciones innovadoras a las problemáticas cotidianas de diversas comunidades del país

A partir del uso de aplicaciones móviles gratuitas que no requieren internet y de la programación de diversos componentes electrónicos, las participantes crearon prototipos de proyectos para dar soluciones tecnológicas a problemas cotidianos de su trabajo en el campo. Foto: Anel Kenjekeeva.

Verónica Poveda sabe que el robo de las cosechas es un problema real para los agricultores, Sofía Redondo ha visto como las malas prácticas de riego afectan los cultivos y Yeimy Solís está convencida de que la distribución del agua debe ser más equitativa entre quienes trabajan la tierra.

Las tres jóvenes son agricultoras oriundas de distintas localidades de Cartago y participaron en la segunda edición del Rally Femenino de Tecnologías Geoespaciales, donde compartieron las problemáticas de sus comunidades en la producción agrícola y buscaron soluciones para atenderlas.

La docente de la Escuela de Geografía de la Universidad de Costa Rica (UCR), María José Molina es la creadora de esta iniciativa, que surgió en el 2019 con la intención de capacitar a mujeres de diversas localidades rurales del país en el uso de las tecnologías geoespaciales.

Las tecnologías geoespaciales combinan el uso de componentes electrónicos con el conocimiento geográfico para crear herramientas que mediante la recolección de datos permiten ejercer una mejor toma de decisiones en campos como el ordenamiento territorial o el uso del recurso hídrico.

Según Molina, se trata de un campo novedoso pero además, poco abordado por mujeres y fue por estas razones que surgió su interés en colocar este tipo de herramientas a disposición de jóvenes vinculadas a la producción agrícola en diversas localidades del país.

Las hermanas, Fabiola y Verónica Poveda crearon un sensor de movimiento que podría alertar a los finqueros sobre el ingreso de personas a sus tierras y de esta forma, reducir el robo de las cosechas. Foto: Anel Kenjekeeva.

“El objetivo final de este esfuerzo es llevar el conocimiento a la ciudadanía de una manera sencilla y que permite a chicas sin conocimiento técnico apropiarse de la tecnología y generar datos para favorecer a sus comunidades. Pero además, conforme lo hacen se sienten capaces y transmiten esa confianza a otras mujeres”, enfatizó la docente.

El espacio tuvo lugar del 24 al 28 de febrero en las instalaciones del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), donde Molina y estudiantes avanzadas de la carrera de Geografía intercambiaron conocimiento con las 20 participantes, mujeres entre 18 y 35 años con diversos niveles académicos.

El especialista en proyectos del IICA, Jonathan Castro, quien también acompañó el desarrollo de la actividad, reconoció el valor de la “fórmula” de trabajo propuesta por la Escuela de Geografía como un camino disruptivo para llevar a la eficiencia del agua y la mejora de la agricultura.

“Este espacio permitió a las participantes conocer y perder el temor a hacer las cosas. Las he visto armar y desarmar circuitos electrónicos, poner tuberías, romper cajas y hacer soldadura con estaño por primera vez en su vida, las veo apropiadas de toda la parte electrónica y digital” enfatizó el experto.

A partir del uso de aplicaciones móviles gratuitas que no requieren internet como my maps o kobo toolbox y de la programación de diversos componentes electrónicos de bajo costo, las participantes crearon prototipos de proyectos que intentar dar soluciones tecnológicas a problemáticas cotidianas en el trabajo del campo.

Sofía Redondo y Grettel Garita crearon un sensor para medir la humedad que presentan las tierras que ayudaría a los agricultores a determinar la cantidad de agua y los momentos de riegos que requiere cada cosecha. Foto: Anel Kenjekeeva.

Tecnología al servicio de las comunidades

El encuentro dio lugar a la creación de 10 iniciativas por parte de las propias participantes, quienes además, ahora deberán compartir con los agricultores de sus comunidades a fin de valorar las posibilidades de implementarlas en sus dinámicas cotidianas de producción.

Verónica trabajó junto a su hermana Fabiola Poveda en la creación de un sensor de movimiento que podría alertar a los finqueros sobre el ingreso de personas a sus tierras y así reducir el robo de las cosechas y mermar la afectación económica que este fenómeno genera a las familias productoras.

Sofía y Grettel Garita crearon un sensor para medir la humedad que presentan las tierras y de esta forma, determinar la cantidad de agua y los momentos de riegos que requiere cada cosecha. Esta herramienta ayudaría a los agricultores a evitar la propagación de placas, la pérdida de productos y el desperdicio del agua.

Por su parte, Jeimy y María Eugenia Aguilar diseñaron un sistema que a partir de sensores podría monitorear la distribución del agua que se realiza en su comunidad y de esta forma, facilitaría la toma de decisiones para lograr una asignación equitativa del recurso hídrico que muchas veces escasea.

A estas iniciativas se suman las propuestas de otras participantes que abordan campos tan diversos como el monitoreo del consumo de pasturas en las fincas e incluso, permiten dar seguimiento a los procesos de transporte y comercialización de productos que se envían desde las comunidades.

Jeimy Solís y María Eugenia Aguilar diseñaron un sistema para monitorear la distribución del agua que se realiza en su comunidad. Foto: Anel Kenjekeeva.

El director de la Escuela de Geografía, Pascal Girot reconoció el valor de la cocreación entre la academia y las comunidades a partir del uso de tecnologías, pues considera que este intercambio de conocimiento abre importantes oportunidades para la innovación.

“La transferencia de tecnologías geoespaciales es un medio y un fin, en este caso para darle a las mujeres que trabajan en zonas rurales herramientas para mejorar su productividad, su capacidad de comerciar los productos y adaptarse al cambio climático” afirmó el académico.

La estudiante Eimy Murcia Valverde, fue parte de las universitarias que orientó el proceso de creación delos prototipos por parte de las participantes y se mostró muy satisfecha con la experiencia de trabajo, que describió como un espacio de crecimiento y de aprendizaje mutuo.

“Esta no es la típica forma en que trabaja la academia, nos salimos de la caja y aquí no hay un lado que tenga todas las respuesta o esté en lo correcto, sino que nos nutrimos de las realidades de todas y democratizamos el conocimiento” descató la universitaria.

La segunda edición del Rally Femenino de Tecnologías Geoespaciales fue organizado por la UCR, el IICA y el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), instancias que ahora darán seguimiento y apoyo técnico para la implementación de las iniciativas en las diversas comunidades.

 

Andrea Méndez Montero

Periodista, Oficina de Divulgación e Información

Información tomada de: http://www.ucr.ac.cr/

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Tomaron una franja del río Lagarto y la cercaron

Los vecinos de Santa Juana, en Las Parcelas de Orocú, Chomes, Puntarenas despertaron con la sorpresa de que un ganadero tomó una franja del río Lagarto y le metió alambre para pastar ahí sus caballos. El río Lagarto es un recurso hídrico del que dependen los vecinos de Las Parcelas De Orocú y de Santa Juana para abastecer a todas las familias de agua, ya que en él está la fuente de dónde se abastece el pozo y el tanque del acueducto. No es posible que una persona tome la decisión de impedir el libre paso por un lugar que le pertenece a todos.

La problemática de la zona, viene con la irresponsabilidad de algunos ganaderos que sueltan sus reses y las dejan andar al garete sin importarles el daño tanto a la propiedad privada, como al medio ambiente.

 

Compartido en redes digitales.

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Ante queja de ministro sindicato de Hacienda pide no generalizar

El Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Hacienda y del Sistema Aduanero Nacional, SITRAHSAN, solicitó al Ministro de Hacienda Rodrigo Chaves Robles no generalizar en sus señalamientos relacionados con las fallas que impiden un funcionamiento transparente y efectivo del sistema tributario.

El jerarca se quejó de que no se cumple de forma integrada el funcionamiento de las distintas áreas del ministerio. Ante ello, el licenciado Miguel Ureña, secretario general de SITRAHSAN explicó que el sistema tributario y la propia institución hacendaria “es un complejo de normas jurídicas independientes”.

“El ministro viene de una institución acostumbrada a dar instrucciones y que los países atiendan… él viene con esa idea y olvida que por ley la información tributaria es confidencial y si no se entrega muchas veces es por apego a la misma legislación, la cual, precisó Ureña, establece incluso sanciones penales y administrativas si no se cumple la ley respectiva en cuanto al concepto de confidencialidad. Pero ciertamente hay casos en los cuales una persona funcionaria podría no dar la información por otros criterios no fundados en la norma, pero pedimos que entonces no generalice y de nombres concretos”.

El dirigente sindical indicó que hay casos en los cuales se necesitan reformas a la norma para lograr la efectividad y prontitud que el ministro desea. “Como organización le aplaudimos y apoyamos para que levanten el secreto bancario y eliminen cualquier otra muralla que impida la justicia tributaria, no queremos entorpecer la búsqueda del desarrollo nacional, solo pedimos que no generalice en momentos que es necesario elevar la imagen del personal de Hacienda y darle la remuneración y acreditación necesaria para un mejor desempeño en este esfuerzo por sanear el terreno tributario; necesitamos mejores recursos para ejercer una acción más efectiva”.