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Reclamo contra regidor Kenneth González

Escrito en . Publicado en Derechos.

La Organización Interseccional pro Derechos Humanos manifiesta su repudio por las ofensas inferidas por el regidor suplente Kenneth González y pide que esta protesta sea leída en el la próxima reunión de ese Concejo.

Creemos que la falta de respeto y ofensas proferidas son de un calibre tan grande que sólo una persona llena de odio y desconocedora de la diversidad humana puede ser capaz de semejante exabrupto.

Ofende a toda persona que se precie de respetuosa de los derechos humanos y de los más sentidos de amor y respeto.

Como ese Concejo se manifestó a favor de declarar el cantón libre de homofobia, lesbofobia y transfobia creemos que ese Concejo debe reprender a señor González y así pedimos que se haga.

San José 30 de marzo de 2020.

Marco Castillo Rojas
Presidente de la Junta Directiva de la OIDH CR

ACLARACIÓN PÚBLICA

El Concejo Municipal de San Carlos quiere aclarar que ante la publicación del regidor suplente Kenneth Gonzalez en su perfil de facebook donde se refirió a la población LGTBIQ de manera despectiva y violenta, queremos expresar lo siguiente:

1- Condenamos cualquier acto de violencia ante cualquier segmento de la población, sean por sus creencias, raza, preferencias sexuales o cualquier tipo; nuestra función como regidores y síndicos es buscar mejorar la calidad de vida de las personas y no motivar a deteriorarla de ninguna manera.

2- Nuestra posición como Concejo Municipal siempre ha sido la NO discriminaión e incluso hemos actuado y trabajado en esa línea con políticas de no acoso y no discriminación en aras de tener cada vez más una cultura de paz en la sociedad. Por tanto, lamentamos mucho la posición PERSONAL del regidor Gonzalez, y nos apenamos de dicha situación como grupo colegiado, y nos duele que se manche nuestra institución y cantón por esta imprudencia de un funcionario público.

3- A solicitud de nuestro Presidente del Concejo Municipal, tomamos el acuerdo unánime de solicitarle al señor Gonzalez una disculpa pública ante sus publicaciones y realizar la denuncia al Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica y al Partido Republicano Social Cristiano; (bancada política del señor Gonzalez, ya que no contamos con renuncia o comunicado contrario)para que procedan a realizar los procedimientos correspondiente bajo su legislación. Sobre la disculpa pública el señor Gonzalez confirmó que no la realizaría.

4- El día de ayer dimos lectura a nota enviada por FASDI CR, donde externaron su disgusto justificado sobre la publicación del regidor, a la cual muchos compañeros y compañeras apoyaron. De nuevo nos disculpamos como grupo colegiado, aclarando de nuevo que nunca ha sido nuestra posición y fue de índole personal.

Por último, hacemos un llamado a la población motivando a seguir con nuestros lazos de solidaridad, los sancarleños y sancarleñas siempre hemos sido personas amables y de mucha cordialidad, no nos juzguen por criterios personales; les deseamos un fraterno abrazo de paz!

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El reto de arrinconar dos males: el virus y el hambre

Escrito en . Publicado en Análisis, Derechos.

La Rectoría UCR Informa, 30 de marzo de 2020

Desde inicios de marzo, nuestro país tomó medidas rápidas para abordar la pandemia del COVID-19. El 13 de marzo, con 26 casos detectados, el Poder Ejecutivo y, específicamente, el Ministerio de Salud Pública, instaron a la población a quedarse en casa, a sabiendas de que, para hacerle frente a esta pandemia, es imperativo interrumpir la cadena de contagios.

En estas circunstancias, es muy importante que la población tenga tranquilidad en dos sentidos. Primero, debe saber que no dejará de recibir servicios básicos (agua, electricidad e internet), aunque no tenga condiciones económicas para pagarlos. Segundo, debe tener seguridad de que contará con un ingreso básico para atender sus necesidades prioritarias, principalmente alimentos. Esta tranquilidad se alcanza mediante el respaldo del Estado y la solidaridad colectiva de todos los sectores sociales.

El Ministro de Salud Pública, don Daniel Salas, ha señalado claramente que no hemos alcanzado todavía el pico de contagio, lo cual ocurrirá posiblemente a inicios de mayo. Si no logramos aplicar sistemáticamente el distanciamiento físico, con el fin de detener o ralentizar la propagación del virus, pagaremos, como país y colectividad, un alto precio: un aumento del ritmo de personas contagiadas; mayor demanda de servicios de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), por encima de su capacidad de atención; colapso de un sistema de salud que necesitamos fortalecido, no debilitado, para que pueda hacerle frente a las demandas durante y después de esta pandemia; y más vidas perdidas, quizá de personas que apreciamos y queremos.

Al mismo tiempo, la prolongación del distanciamiento físico extiende y profundiza la crisis social y económica. Peor aún, es evidente que esta medida, indispensable en una emergencia sanitaria como la que vivimos, debe ir acompañada de garantías básicas para la vida. De no ser así, atentaríamos contra la ética de la solidaridad y provocaríamos la desobediencia de quienes deben elegir entre el distanciamiento y algún mínimo ingreso. Debemos actuar solidariamente con quienes sufren las consecuencias de una disposición sanitaria que beneficia a todas las personas.

Para garantizar el distanciamiento físico y lograr que dure el menor tiempo posible, es imperioso hacerle llegar a toda la población un mensaje claro y sencillo: puede quedarse en casa con el apoyo del Estado y de toda la sociedad.

La mayor parte de los servicios básicos se encuentran en manos de empresas públicas. Estas empresas deben garantizar los servicios y estimar los costos que esta garantía supondrá para aquellas personas y hogares que no puedan pagarlos, de manera de asegurar que no sufran interrupción.

Además, debemos crear un fondo de solidaridad para garantizar un ingreso básico único durante tres meses para toda la población que no lo tiene asegurado. ¿Por qué un ingreso básico único y no transferencias diferenciadas? Porque una transferencia diferenciada requeriría de algo que no tenemos: tiempo.

Antes de la crisis había en Costa Rica 1,7 millones de personas en condiciones de pobreza y 600 mil personas auto-empleadas, muchas en condiciones de precariedad. Además, había en el país 300 mil personas desempleadas. Ahora hay miles de personas viviendo suspensión de contratos de trabajo (más del 9000 al 27 de marzo) así como siendo despedidas. La lista de personas vulnerables es muy larga y va desde choferes de taxi y trabajo doméstico hasta personal de restaurantes, vendedores ambulantes, productores agrícolas y madres con hijos/as que dejan de recibir su pensión alimentaria. Identificar una por una a las poblaciones vulnerables nos llevará a correr detrás de los acontecimientos: muchas personas que hasta ayer tenían su sostenibilidad económica resuelta, hoy no la tienen más. Mañana, quienes estarán en esa situación, serán aún más personas. Por eso, en vez de agregar poblaciones, el criterio debería ser alcanzar a toda la población menos la que aún está en la planilla que mensualmente recibe la CCSS.

Este ingreso básico durante tres meses se puede financiar de manera solidaria y con criterios de progresividad. con impuestos temporales a la actividad de grandes empresas que no han dejado de trabajar; a empresas y personas que en 2019 se beneficiaron de una amnistía tributaria; y por supuesto también a los salarios altos en trabajos formales y seguros, tanto públicos como privados. La emergencia requiere, además, considerar nuevo endeudamiento.

Las posibilidades son diversas, pero lo más importante es que hay opciones para financiar un ingreso básico garantizado a toda la población que lo necesita.

Cabe resumir lo planteado bajo la idea de que se debe actuar de manera urgente para que, mientras se observan los resultados de las medidas de distanciamiento físico, toda la población tenga capacidad básica de compra, en particular de alimentos, así como de servicios básicos. Ello permitirá concretar el distanciamiento físico y atender simultáneamente el cuidado de la vida, la necesidad de volver a poner en marcha la economía, y preservar el orden social. No es, en realidad, solo la curva sanitaria la que debemos aplanar, sino también la curva del acatamiento mayoritario, si no total, al distanciamiento físico como único escudo protector contra la pandemia.

Foto: UCR

Colegio de Trabajadores Sociales ante propuesta de más impuestos a la clase trabajadora

Escrito en . Publicado en Derechos, Trabajo.

El Colegio de Trabajadores Sociales de Costa Rica, la Comisión de Realidad Nacional y las personas profesionales que atendemos cotidianamente las manifestaciones de la pobreza y la desigualdad. Hoy 28 de marzo de 2020, hacemos un llamado vehemente a la sensatez por parte de las esferas de poder políticas y económicas del país, considerando que:

  1. El actual Gobierno de la República, firmó el 3 de diciembre del año 2018, la ley 9636, FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS, «LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO», a pesar del llamado de la clase media trabajadora, durante semanas de manifestaciones multitudinarias, a negociar una ley progresiva que no afectara de manera tan significativa sus ingresos.
  2. El 21 de marzo de 2020, se aprueba la ley denominada: «AUTORIZACIÓN DE REDUCCIÓN DE JORNADAS DE TRABAJO ANTE LA DECLARATORIA DE EMERGENCIA NACIONAL». Ley 9832, como medida para las empresas que vean afectados sus ingresos en al menos un 20% en relación al mismo mes del año anterior, provocado por un suceso declarado de emergencia nacional.
  3. El 24 de marzo de 2020, el Gobierno, mediante su página oficial emite un comunicado de prensa que anuncia medidas laborales en el sector público para combatir el Covid- 19, entre ellas: «Creación de un plan básico de funcionamiento y cancelaciones a los aumentos salariales a los funcionarios». Como medida de reducción del impacto de la crisis económica del país.
  4. Las instituciones públicas costarricenses han respondido a la emergencia y han demostrado la responsabilidad en la atención de la Pandemia del Covid-19.
  5. La emergencia nacional ha sido acogida por la mayoría de sectores adoptando la medida de seguridad de quedarse en casa, situación que desmoviliza a las y los trabajadores.
  6. Una gran cantidad de personas del sector independiente y empresarial van a ver sus ingresos reducidos al mínimo, sin poder garantizar la satisfacción de sus necesidades básicas.
  7. El día 26 de marzo, el señor Rodrigo Chaves, Ministro de Hacienda, anunció la propuesta del Gobierno de un impuesto solidado a los salarios mayores de ₵500,000 (quinientos mil colones), para «ayudar» a las personas afectadas por la pandemia de COVID-19. Noticia que fue después reversada por el presidente de la república Carlos Alvarado.
  8. El día 27 de marzo, el señor Carlos Alvarado, Presidente de la República, plantea un impuesto solidario de carácter temporal para salarios que superen el ₵1,000,000 (un millón de colones).
  9. Previo a la pandemia, muchas familias en pobreza y pobreza extrema veían comprometida su salud física y mental debido a la dificultad de cubrir los costos de la canasta básica.
  10. La exclusión económica y la desigualdad en el país son históricas, por lo que impactan derechos básicos para la vida humana como vivienda y salud.

Consideramos, por lo tanto:

  1. Invitar al Gobierno Central y Ministerio de Hacienda a gravar a los grandes capitales y empresas evasoras, con el fin de no aniquilar la economía básica de sectores que deben sobrevivir con ingresos per cápita en vulnerabilidad que no permiten la cobertura de servicios ni la canasta básica. Así como, ofertar deducciones de sus propios ingresos, evitando así recargar en la clase media- baja trabajadora el peso de la crisis económica que enfrenta el país.
  2. Reflexionar que, a pesar del constante aumento en el costo de vida, el sector público brindó su aporte al no percibir el aumento anual. De igual forma, parte de los salarios se encuentran sujetos al pago de impuesto de renta y en calidad de consumidoras, las personas pagan el reciente impuesto al valor agregado. Por ello, recomendamos que la contribución solidaria grave los salarios (públicos y privados) y pensiones de aquellas personas que se ubiquen a partir del quinto decil más alto según los salarios reportados[1].
  3. Recordar a la Asamblea Legislativa y gobernantes del país, que la ciudadanía les escogió como servidores públicos y que las medidas redistributivas solidarias inician cuestionando los propios privilegios.
  4. Solicitar al Poder Ejecutivo que brinde criterios claros de selección de las personas que recibirán subsidios por afectación del COVID-19; así como, habilitar y diversificar los medios de comunicación y espacios de participación accesibles para aquellas personas que no cuentan con recursos digitales para optar por el beneficio.
  5. Instar que las medidas que se tomen por parte del Gobierno sean cuidadosas, solidarias, sostenibles y transparentes; de lo contrario, las acciones pueden vulnerabilizar aún más a quienes disponen de menos recursos para garantizar la reproducción de sus condiciones de vida.
  6. Hacer un llamado de atención a los habitantes del país a dar seguimiento y fiscalizar los actos del Gobierno y las propuestas que después de salir a la luz, sean desmentidas públicamente. La corrupción se gesta, la mayoría de las veces, desde la complicidad y el silencio.
  7. Considerar como un deber ético de nuestra profesión el pronunciarse ante la injusticia y defender los derechos de los sectores en pobreza, pobreza extrema y población vulnerable en torno a su acceso a la salud.
  8. El Colegio de Trabajadores Sociales de Costa Rica pone a disposición la experiencia de personas profesionales en torno al diseño, ejecución y evaluación de Políticas Sociales, que garanticen bajo un enfoque de derechos los criterios y medios más adecuados para la distribución de dichos recursos.

Según la Ley No. 3943 Ley Orgánica del Colegio de Trabajadores Sociales de Costa Rica, en su artículo 1 corresponde a este ente “b. Velar por que se cumplan los principios éticos de la profesión”, “c. Defender el interés particular y de grupo de sus colegiados” y “d. Colaborar con el Gobierno de la República, en las situaciones de emergencia nacional, por medio del organismo correspondiente”.

[1] Según datos a los que se tuvo acceso reportados por la CCSS con base en la Dirección General de Hacienda, el quinto decil se encuentra en un rango entre 2,250,000 y 2,500,000 colones. Para más información consultar sem anarioun iversidad .com/p ais/cuantos-son-y-cuanto-es-el-salario-d e-los-sup erricos/.

Imagen ilustrativa.

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UCR, El reto de arrinconar dos males: el virus y el hambre

Escrito en . Publicado en Derechos.

Un mensaje de la Rectoría de la Universidad de Costa Rica

Se debe actuar de manera urgente para que, mientras se observan los resultados de las medidas de distanciamiento físico, toda la población tenga capacidad básica de compra, en particular de alimentos, así como de servicios básicos. Foto: Laura Rodríguez Rodríguez.

Desde inicios de marzo, nuestro país tomó medidas rápidas para abordar la pandemia del COVID-19. El 13 de marzo, con 26 casos detectados, el Poder Ejecutivo y, específicamente, el Ministerio de Salud Pública, instaron a la población a quedarse en casa, a sabiendas de que, para hacerle frente a esta pandemia, es imperativo interrumpir la cadena de contagios.

En estas circunstancias, es muy importante que la población tenga tranquilidad en dos sentidos. Primero, debe saber que no dejará de recibir servicios básicos (agua, electricidad e internet), aunque no tenga condiciones económicas para pagarlos. Segundo, debe tener seguridad de que contará con un ingreso básico para atender sus necesidades prioritarias, principalmente alimentos. Esta tranquilidad se alcanza mediante el respaldo del Estado y la solidaridad colectiva de todos los sectores sociales.

El Ministro de Salud Pública, don Daniel Salas, ha señalado claramente que no hemos alcanzado todavía el pico de contagio, lo cual ocurrirá posiblemente a inicios de mayo. Si no logramos aplicar sistemáticamente el distanciamiento físico, con el fin de detener o ralentizar la propagación del virus, pagaremos, como país y colectividad, un alto precio: un aumento del ritmo de personas contagiadas, mayor demanda de servicios de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), por encima de su capacidad de atención; colapso de un sistema de salud que necesitamos fortalecido, no debilitado, para que pueda hacerle frente a las demandas durante y después de esta pandemia; y más vidas perdidas, quizá de personas que apreciamos y queremos.

Al mismo tiempo, la prolongación del distanciamiento físico extiende y profundiza la crisis social y económica. Peor aún, es evidente que esta medida, indispensable en una emergencia sanitaria como la que vivimos, debe ir acompañada de garantías básicas para la vida. De no ser así, atentaríamos contra la ética de la solidaridad y provocaríamos la desobediencia de quienes deben elegir entre el distanciamiento y algún mínimo ingreso. Debemos actuar solidariamente con quienes sufren las consecuencias de una disposición sanitaria que beneficia a todas las personas.

Para garantizar el distanciamiento físico y lograr que dure el menor tiempo posible, es imperioso hacerle llegar a toda la población un mensaje claro y sencillo: puede quedarse en casa con el apoyo del Estado y de toda la sociedad.

La mayor parte de los servicios básicos se encuentran en manos de empresas públicas. Estas empresas deben garantizar los servicios y estimar los costos que esta garantía supondrá para aquellas personas y hogares que no puedan pagarlos, de manera de asegurar que no sufran interrupción.

Además, debemos crear un fondo de solidaridad para garantizar un ingreso básico único durante tres meses para toda la población que no lo tiene asegurado. ¿Por qué un ingreso básico único y no transferencias diferenciadas? Porque una transferencia diferenciada requeriría de algo que no tenemos: tiempo.

Antes de la crisis había en Costa Rica 1,7 millones de personas en condiciones de pobreza y 600 mil personas auto-empleadas, muchas en condiciones de precariedad. Además, había en el país 300 mil personas desempleadas. Ahora hay miles de personas viviendo suspensión de contratos de trabajo (más del 9.000 al 27 de marzo) así como siendo despedidas. La lista de personas vulnerables es muy larga y va desde choferes de taxi y trabajo doméstico hasta personal de restaurantes, vendedores ambulantes, productores agrícolas y madres con hijos/as que dejan de recibir su pensión alimentaria. Identificar una por una a las poblaciones vulnerables nos llevará a correr detrás de los acontecimientos: muchas personas que hasta ayer tenían su sostenibilidad económica resuelta, hoy no la tienen más. Mañana, quienes estarán en esa situación, serán aún más personas. Por eso, en vez de agregar poblaciones, el criterio debería ser alcanzar a toda la población menos la que aún está en la planilla que mensualmente recibe la CCSS.

Este ingreso básico durante tres meses se puede financiar de manera solidaria y con criterios de progresividad. Con impuestos temporales a la actividad de grandes empresas que no han dejado de trabajar; a empresas y personas que en 2019 se beneficiaron de una amnistía tributaria; y por supuesto también a los salarios altos en trabajos formales y seguros, tanto públicos como privados. La emergencia requiere, además, considerar nuevo endeudamiento.

Las posibilidades son diversas, pero lo más importante es que hay opciones para financiar un ingreso básico garantizado a toda la población que lo necesita.

Cabe resumir lo planteado bajo la idea de que se debe actuar de manera urgente para que, mientras se observan los resultados de las medidas de distanciamiento físico, toda la población tenga capacidad básica de compra, en particular de alimentos, así como de servicios básicos. Ello permitirá concretar el distanciamiento físico y atender simultáneamente el cuidado de la vida, la necesidad de volver a poner en marcha la economía, y preservar el orden social. No es, en realidad, solo la curva sanitaria la que debemos aplanar, sino también la curva del acatamiento mayoritario, si no total, al distanciamiento físico como único escudo protector contra la pandemia.

 

Rectoría
Rectoría UCR

Información tomada de: http://www.ucr.ac.cr/

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Junta de Salud de Montes de Oca: Mantenga la calma… Estamos en Emergencia

Escrito en . Publicado en Derechos, Salud.

28 de marzo 2020

A partir del 23 de marzo de 2020, a causa de la Emergencia Nacional del CORONAVIRUS, el Área de Salud Carmen – Montes de Oca tomó medidas especiales, tómelas en cuenta.

CITAS MÉDICAS EN EBAIS:

  • Los EBAIS del Área de Salud Carmen – Montes de Oca no darán citas nuevas, sólo citas programadas.
  • Las consultas presenciales en EBAIS se mantienen para padecimientos respiratorios, resfríos y sospechosos de CORONAVIRUS.
  • Se suspenden las citas para Electrocardiogramas.
  • Por el momento, no hay una Línea Telefónica para Información y Consultas, las líneas telefónicas habilitadas son para Teleconsulta Médica.
  • Se ha habilitado el correo: as_catedral@ccss.sa.cr para Información y Consultas.
  • Las citas que se reprogramaran de acuerdo con las posibilidades, después de la emergencia se darán las indicaciones para que realice la reprogramación de su cita.
  • Las urgencias serán atendidas en la Sede Clínica Central de manera presencial.
  • Los pacientes de Anticoagulados deben asistir al Laboratorio Clínico el día de su cita asignada, después de las 7 am., la consulta será vía telefónica.
  • Las pacientes con Visita Domiciliar serán atendidos vía telefónica.
  • Se atenderán pacientes de la Clínica de Cesación de Tabaco, vía telefónica al 25390000 opción 1, luego marcan 2210 Ext. 1204 o 1205.
  • Las citas de control de crónicos se realizarán en dos modalidades, TELECONSULTA MÉDICA y PRESENCIAL, dependiendo del EBAIS al que usted asista.
  • Si no puede usar la modalidad de Teleconsulta Médica o Presencial, haga la solicitud de continuación de medicamentos al correo electrónico: as_catedral@ccss.sa.cr
  • Si hace solicitudes por correo electrónico anotar en el mensaje:

-Nombre completo
-Cédula
-Motivo de la solicitud
-EBAIS y Fecha de la cita
-Dirección física donde se enviará su medicamento.

  • Citas de control sólo modalidad TELECONSULTA MÉDICA (Llamada telefónica con su médico).

**Para saber a qué número debe llamar según el EBAIS al cual usted pertenece y demás información importante con respecto a farmacia, enfermería, laboratorio, odontología y demás atención en especialidades, INGRESE EN EL SIGUIENTE ENLACE para informarse:

https://juntasaludmontesdeoca.blogspot.com/2020/03/28-de-marzo-2020-mantenga-la.html

 

Imagen ilustrativa.

Enviado por Marcela Zamora-Cruz.

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PIET-UNA se pone a disposición del Gobierno ante COVID-19

Escrito en . Publicado en Derechos, Salud.

El Programa de Investigación en Enfermedades Tropicales de la Escuela de Veterinaria de la UNA (PIET-UNA), se dirigió al Gobierno para ponerse a su disposición para la colaboración y el apoyo necesario desde cada una de sus áreas de experiencia ante la situación de alerta sanitaria que vivimos.

A continuación, compartimos la carta dirigida por el PIET-UNA al Gobierno de la República.

UNA-PIET-OFIC-14-2020Descarga

 

Enviado por M.Sc. Efraín Cavallini Acuña, Asesor Comunicación, Rectoría UNA.

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Familias Sancarleñas Diversas protestan por regidor ofensivo

Escrito en . Publicado en Comunidad, Derechos.

SURCOS recibió copia de la carta enviada por Jennifer Campos Guzmán, coordinadora del Colectivo Familias Sancarleñas Diversas, al Concejo Municipal de San Carlos. En la nota se protesta por expresiones del regidor Kenneth González, quien se refirió a la población sexualmente diversa como “enfermos sexuales” y dijo que espera que “se las lleve el COVID 19”.

La siguiente es la carta compartida con SURCOS por al abogado Marcos Castillo Rojas:

Señores
Concejo Municipal de San Carlos

Con el fin de darle la importancia que el tema requiere, solicitamos que a esta misiva se le dé lectura ante el Concejo Municipal en pleno y no sea enviado a comisión.

Nosotros y nosotras somos integrantes del Colectivo Familias Sancarleñas Diversas (FASDI), integrada por personas sexualmente diversas, familiares y amigos, pero ante todo somos ciudadanos de este territorio, cumplimos con nuestros deberes y obligaciones, y como personas tenemos el derecho a ser tratados con el mismo respeto que el resto de la población.

Por este medio quisiéramos externar nuestro sentir con respecto a unos desafortunados, irrespetuosos y sumamente ofensivos mensajes publicados por el señor Kenneth González, actual regidor de este cantón, en su perfil de Facebook el día viernes 28 de marzo del presente año, en los cuales llama a la población sexualmente diversa “enfermos sexuales”, y posteriormente afirma que espera que nos lleve el COVID 19.

Al afirmar que somos enfermos sexuales, el señor Keneth desconoce que, desde hace 3 décadas, en 1990 la homosexualidad y por ende la atracción hacia personas del mismo sexo fue eliminada de la lista de enfermedades mentales por parte de la Organización Mundial de la Salud. Además, al expresar que espera que nos lleve el COVID 19, pareciera desconocer la gravedad de la actual crisis mundial generada por la pandemia, y nuestra condición de seres humanos con la misma dignidad y derechos que el resto de la población.

Queremos que se marque un precedente, porque no se puede permitir que personas en el ejercicio de un cargo público insulten, denigren, o discriminen a personas por su condición independientemente de la que sea. Estamos en una época en la que urge la inclusión y la unidad en busca del bien común, las actitudes que excluyen y discriminan no construyen ni aportan nada positivo.

En el artículo dos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos se nos recuerda que: Toda persona es sujeto de derechos, sin distinción alguna, ni por raza, ni por religión, ni por nacionalidad, posición económica o cualquier otra condición. No estamos entonces inventando derechos, estamos solicitando el trato respetuoso e igualitario que nos merecemos por el simple hecho de ser personas.

Apelamos además al Código municipal que en el artículo 4 establece lo siguiente: “La municipalidad posee la autonomía política, administrativa y financiera que le confiere la Constitución Política”. Dentro de sus atribuciones se incluyen las siguientes:

h. Promover un desarrollo local participativo e inclusivo, que contemple la diversidad de las necesidades y los intereses de la población.

i. Impulsar políticas públicas locales para la promoción de los derechos y la ciudadanía de las mujeres, en favor de la igualdad y la equidad de género.

Es entonces responsabilidad del Concejo Municipal el velar por la realización de acciones en las que se asegure un desarrollo inclusivo que tome en cuenta a todas las personas sin hacer distinciones, además de promover políticas públicas que aseguren la equidad de género y la no discriminación. A propósito de ello el actual Concejo Municipal aprobó un acuerdo de declaratoria del cantón como libre de toda forma de discriminación.

Esta no es la primera ocasión en que realizamos un comunicado al Concejo Municipal, por razones similares y nos veremos en la necesidad de seguirlo haciendo en caso de que algún funcionario o funcionaria vuelva a realizar comentarios de índole discriminatorio, y si fuera necesario también estamos dispuestos a realizar los procesos legales necesarios para que esto no vuelva a suceder.

Sin más que agregar,

Jennifer Campos Guzmán, coordinadora

En medio de la pandemia, la UCR garantiza la producción de sueros antiofídicos para salvar vidas

Escrito en . Publicado en Derechos, Salud.

El Instituto Clodomiro Picado de la Universidad de Costa Rica continúa proveyendo los antivenenos que requiere el país

Foto: Laura Rodríguez Rodríguez.

Cerca de 35 funcionarios del Instituto Clodomiro Picado de la Universidad de Costa Rica (ICP-UCR) trabajan fuertemente para seguir supliendo al país de antivenenos. El único propósito: garantizarles el tratamiento a todos aquellos pacientes que sufran envenenamientos por mordeduras de serpientes.

“Si bien Costa Rica está viviendo una pandemia por la enfermedad del COVID-19, la Universidad no puede detener la producción de antivenenos. Es muy importante que se entienda que el suero antiofídico es un medicamento esencial. No hay otro producto que pueda hacer lo que hace el antiveneno. Los accidentes por mordeduras de serpiente son un problema de salud pública que no puede dejarse desatendido por la pandemia. Hay personas que podrían sufrir un accidente y los hospitales deben tener los fármacos necesarios para atenderlos”, afirmó el Dr. Andrés Hernández Bolaños, regente farmacéutico del ICP-UCR.

Actualmente, en el ámbito internacional, la administración intravenosa de un antiveneno específico es el único tratamiento eficaz (científicamente validado) para salvar la vida de las personas que han sufrido algún envenenamiento ofídico.

Por lo tanto ese aporte, que es crucial para el país, se está dando de la mano con las rigurosas medidas preventivas comunicadas por el Ministerio de Salud y las autoridades universitarias. Todas esas acciones están orientadas a asegurar la salud de los colaboradores, y que al mismo tiempo Costa Rica no experimente desabastecimiento de un medicamento que puede definir si una persona sigue con vida.

“Las personas con algún factor de riesgo no están trabajando en el Instituto de manera presencial. Además, tres están haciendo trabajo remoto y los otros 32 se turnan para hacer mitad trabajo remoto y mitad trabajo presencial. Esto, junto con las constantes medidas de limpieza, nos ha permitido cumplir de forma segura con las labores en todas las secciones de producción”, amplió el Dr. Hernández.

Los envenenamientos por mordeduras de serpientes son un problema de salud pública que causan un gran sufrimiento humano y un fuerte impacto socioeconómico.

Se calcula que los accidentes ofídicos afectan a más de 2.5 millones de personas del mundo que viven en poblaciones rurales bajo condiciones de pobreza; por lo general, en países que están en vías de desarrollo. A nivel nacional, se contabilizan cerca de 600 casos anuales.

El ICP-UCR es el único que abastece Costa Rica, al resto de la región Centroamericana y a algunos territorios de América del Sur. También, exporta sueros a África, ante una realidad global en la cual las grandes farmacéuticas internacionales no producen antivenenos debido a la baja rentabilidad económica.

“La eficacia de los antivenenos producidos en el ICP ha sido demostrada en estudios preclínicos y clínicos. Se estima que, durante sus 50 años de existencia, los antiveneos del ICP han salvado la vida a más de 350 mil personas. Por ese motivo, en medio de la crisis actual el ICP continuará sus esfuerzos para seguir abasteciendo antivenenos y salvar las vidas de las personas más vulnerables”, enfatizó el Dr. Alberto Alape Girón, director del ICP-UCR.

 

Jenniffer Jiménez Córdoba

Periodista, Oficina de Divulgación e Información

Información tomada de: http://www.ucr.ac.cr/

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