La medida afecta de forma grave el funcionamiento de las universidades estatales
En el caso de la UCR, la medida obligaría a trasladar ¢39 900 millones del FEES a gastos de capital, lo cual generaría graves implicaciones para su operación. Foto: Karla Richmond.
El Ministerio de Hacienda realiza una interpretación equivocada del artículo V, en el acuerdo del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) 2020, lo cual afecta gravemente el funcionamiento de las universidades estatales, afirmó el Consejo Nacional de Rectores (Conare).
El artículo V, del acuerdo del FEES 2020, indica que “Las instituciones de Educación Superior Universitaria Estatal en su conjunto realizarán en el 2020 una inversión de capital estimada en 70 000 millones de colones”. Sin embargo, la cláusula no determina una suma, sino una estimación, tampoco indica que son fondos del FEES 2020, sino que, según lo acordado en la Comisión de Enlace, serían fondos del presupuesto total de las universidades.
Los presupuestos universitarios presentados ante la Contraloría General de la República, han considerado en su conjunto inversiones de capital por una suma que supera los 104 mil millones de colones, de los cuales 12 mil millones provienen del FEES y el resto de otras fuentes, con lo cual se ha aportado más que el debido cumplimiento a ésta cláusula.
Sin embargo, en el proyecto del presupuesto nacional, el Ministerio de Hacienda desvía la suma de 70 mil millones de gasto corriente de las universidades estatales, destinándolos a inversión de capital, lo que representa un serio perjuicio en contra de las instituciones universitarias.
La inversión de capital que las universidades públicas han realizado históricamente, se ha financiado principalmente con otras fuentes, como el empréstito para el fortalecimiento de la educación superior del Banco Mundial, fideicomisos o créditos, con destinos específicos, y superávit libre. Esos recursos no pueden ser direccionados para atender gastos de operación, como sugiere el Ministerio de Hacienda, en su comunicado de prensa del 14 de octubre.
Elaborar el presupuesto para el cumplimiento de los compromisos que se han incluido en los diferentes acuerdos del FEES, es potestad de las universidades, nunca resultado de un condicionamiento de un ente externo, esto por cuanto violentaría lo establecido en el artículo 84 de la Constitución Política, referente a la autonomía de administración, de organización y de gobierno de las universidades estatales y representaría comprometer de previo los recursos, por parte de una instancia gubernamental, en este caso el Ministerio de Hacienda.
El Consejo Nacional de Rectores exhorta al Gobierno de la República, a los diputados y a la Contraloría General de la República, a cumplir con los artículos 78, 84 y 85 de la Constitución Política, respetando la autonomía y garantizando el financiamiento a la educación pública, incluida la educación universitaria estatal, así como respetar el acuerdo del FEES 2020 tal y como fue negociado en la Comisión de Enlace, caso contrario se pone en riesgo el futuro de la juventud costarricense.
Actividad se realizará del 16 al 20 de octubre del 2019
UNED será sede de un taller y un concierto del prestigioso festival
La agenda incluye conciertos abiertos a todo público, conciertos con impacto social y talleres educativos
Costa Rica será la sede de la edición número IX del Festival Dándole Cuerda a la Canción de Autor, que llegará por primera vez a Centroamérica. El encuentro, que reúne a cantautores y cantautoras latinoamericanos, en ediciones anteriores se ha realizado en distintas ciudades del Cono Sur. Este año el festival se llevará a cabo del 16 y 20 de octubre en San José y Guápiles, con una agenda que incluye conciertos abiertos a todo público, conciertos con impacto social y talleres educativos.
Precisamente, unos de los talleres y un concierto se llevarán a cabo en la UNED el día jueves 17 de octubre. El taller será a las 06:15 p.m., durará 30 minutos y se titula Victor Jara “Yo no canto por cantar”: Breve conversatorio biográfico sobre Victor Jara y el canto como una herramienta de lucha social. Después seguirá un gran concierto con la presentación de todos los artistas invitados, a partir de las 07:00 p.m. Esta actividad se realiza con la colaboración del Programa de Promoción Cultural de la Dirección de Extensión Universitaria de la UNED.
Los cantautores y cantautoras que serán: Paula Ferré, Daniela Trovati de Argentina, Cecilia Concha Laborde y Vicencio Navarro de Chile, Américo Martínez de Perú, Fernando Salazar de Colombia, Yoan Zamora de Cuba, Diego Zarat de Guatemala, Carlos Vallarino de Panamá, Elsa Basil de Nicaragua, y Luis Diego Solórzano y Elena Zúñiga de Costa Rica.
“La esencia de este evento es acercar la música latinoamericana a las comunidades y que las expresiones artísticas sean un instrumento en la construcción de sociedades de paz, por lo que los conciertos serán completamente gratuitos”, menciona Sergio Calvo, cantautor costarricense y coordinador general de Cultura CentroSur, gestora y promotora cultural que realiza la producción del Dándole Cuerda.
El Festival estará dividido en 3 tiempos, con conciertos dirigidos a poblaciones específicas durante la mañana, talleres para cantautores durante la tarde (requerirán inscripción) y conciertos abiertos al público durante la noche. “El Festival no sólo busca difundir la música latinoamericana sino también contribuir al aseguramiento de dos derechos humanos fundamentales: el derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad y el derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure la salud y el bienestar, incluyendo la salud mental” agrega Ceshia Ubau, cantautora nicaragüense y coordinadora de extensión de CentroSur.
Entre las sedes del Festival están los centros penitenciarios CAI Vilma Curling y CAI Luis Paulino Mora, la Asociación Gerontológica Costarricense (AGECO) y el Paraninfo Daniel Oduber de la UNED. El concierto de clausura se realizará el sábado 19 de octubre en el Parque Central de Guápiles, en el marco del Biofestival.
Una primera y muy poderosa razón: el consumo de la gente -la fuerza principal que mueve la economía- está casi paralizado porque: 1) los salarios del sector privado tienen una década entera sin mejoría alguna; 2) el endeudamiento de personas y familias es ya insoportable. Súmele que el plan fiscal en aplicación garantiza que: 3) los salarios del sector público se deterioren, y que 4) se recorte el consumo del sector público, o sea, se reduzca la compra de bienes y servicios por parte de las instituciones públicas.
Una segunda importante razón: las exportaciones que no gozan de los privilegios de las zonas francas, que son también las que más empleos generan, están estancadas y en retroceso.
Otra razón clave: la rentabilidad empresarial está averiada, por razones diversas, incluso por ese fuerte frenazo de las exportaciones y de la demanda de consumo público y privado, pero también por otras causas menos visibles. Esto repercute en una caída de los planes de inversión de las empresas, lo que a su vez frena la creación de empleo, y, enseguida, frena también el consumo de personas y hogares.
En resumen: es un conjunto complejo de fuerzas que empujan hacia abajo, y se alimentan las unas a las otras, generando un peligroso círculo vicioso.
Se debe lograr romper esa espiral descendente y revertir el movimiento.
Nada en lo que se está haciendo permite creer que se logrará, porque esencialmente se ha optado por un camino regresivo y de involución: deteriorar las condiciones de la población trabajadora (privada y pública) para bajar costos y recuperar la rentabilidad.
Pero ello simplemente fortalece las fuerzas descendentes al tirar hacia abajo el consumo, tanto privado como público.
*Texto original en la página de Facebook del autor*.
Es cierto que durante el periodo de globalización posterior a la tercera revolución industrial, se ha dado una magnificación del avance tecnológico, en este sentido los avances tecnológicos en materia de comunicaciones y flujos de la información (educación, noticias, computación) han avanzado estrepitosamente, y las últimas dos décadas han estado marcadas por el proceso de obsolescencia como nunca en la historia.
El surgimiento de las redes sociales (twitter, facebook, instagram) en el mundo occidental ha llevado a la creación cada vez más frecuente de un proceso de consolidación de una realidad virtual-paralela, la cual está mediada por una serie de elementos peligrosos como la aparición de nuevos sujetos como los “influencers” de dichas redes, los cuales logran como su nombre lo dice «influenciar» la opinión de la masa de personas que se ubican e interactúan en dichas redes; es necesario reflexionar de forma clara que el “éxito” dentro de una red social como “Youtube” va a estar determinado por las operaciones que ejecute el algoritmo con el que funciona dicha red, dichos algoritmos lejos de estar desprovistos de “sesgos” y ser “máquinas objetivas”, poseen como ya ha sido señalado por diversos autores, elementos de desviación hacia nociones clasistas, racistas y patriarcales. Los activos “intangibles” de las corporaciones tecnológicas son estos algoritmos, por ende hay un control total de las mismas corporaciones sobre sus activos y un cero escrutinio público sobre sus mecanismos.
Es necesario reflexionar un momento sobre como actualmente, estos algoritmos, han llevado a la consolidación de elementos reales a partir de la virtualidad como la generación de lo que se ha conocido como la «posverdad»[1] con el ejemplo clave de su operación mediática y política como la autoproclamación de un presidente en la Venezuela Bolivariana; o por otro lado el secuestro de información personal desde las plataformas sociales con fines electorales como es el ejemplo del Cambridge Analytica y su vinculación con Facebook.
A pesar de que lo virtual está influyendo sobre la realidad concreta, no necesariamente viceversa la relación en un sentido bilateral, existen aspectos que no pueden ser modificados por la virtualidad como es el caso de la crisis ecológica que atravesamos, mientras surgen figuras “hipermediatizadas” en rescate de la naturaleza y en combate del establishment ambiental (ONU, COP) como Greta Thunberg, la cual desde su surgimiento ha «logrado» una gran sensibilización (sic) de las personas, sin embargo ningún indicador para la medición de la crisis ambiental ha mostrado una sola cifra positiva, todas continúan en negativo, lo cual tiene un sentido lógico dentro del algoritmo, lo antisistema no puede ser mainstream, y es por eso que los asesinatos sistemáticos de quienes vienen defendiendo el planeta desde el hemisferio sur no existen viralmente en las redes, así como tampoco la crisis humanitaria yemení.
Por Alejandro Alvarado Alcázar, coordinador del proyecto «Protestas. Base de datos de acciones colectivas», del IIS-UCR
M. Sc. Alejandro Alvarado, investigador del Instituto de Investigaciones Sociales, UCR.Foto: Karla Richmond.
Prácticamente, desde el inicio de su mandato, el Gobierno de Carlos Alvarado ha debido enfrentar reiteradas oleadas de protesta social como consecuencia de una serie de políticas y proyectos impulsados durante su gestióni. Las mismas han tenido como protagonistas a distintos actores, desde las organizaciones sindicales hasta los sectores de estudiantes y de transportistas pasando por las organizaciones feministas, entre otros.
A dichas protestas, el gobierno ha contestado mediante la combinación de estrategias de contención que han incluido la negación y postergación de las demandas, la represión de las protestas y la negociación. En el caso de está última estrategia, su uso se ha limitado casi que únicamente a momentos en los que los conflictos han llegado a un punto de confrontación tal que ponen en riesgo, el normal funcionamiento de la economía nacional o la prestación de servicios públicos, como la salud o la educación.
Este artículo pretende contribuir a las discusiones sobre la coyuntura social y política nacional, mediante la exposición de datos referidos a la protesta social generados en el marco del proyecto PROTESTAS del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad de Costa Rica (IIS-UCR). Específicamente, se ofrecen datos registrados para el tercer trimestre del 2019 (julio-setiembre) relacionados con los repertorios de protesta, los actores demandantes, las demandas y los actores demandados.
Costa Rica: la protesta social en el tercer trimestre del 2019
Durante el tercer trimestre del 2019, se registraron un total de 272 acciones de protesta en todo el país. En comparación con los dos trimestres anteriores, el tercero se colocó en el segundo lugar en términos de la frecuencia de acciones de protesta, siendo superado por el segundo trimestre (mayo-junio) en el que se registraron 299 protestas. Por su parte, como es usual, el primer trimestre (enero-marzo) fue el de menor cantidad con 100 protestas (ver gráfico 1).
Gráfico 1. Costa Rica: Distribución de las acciones de protesta según el primer, segundo y tercer trimestre del 2019. Fuente: PROTESTAS base de datos de acciones colectivas en Costa Rica, IIS-UCR.
En términos geográficos, San José fue la provincia con la mayor cantidad de protestas con un total de 73, seguido de Alajuela con 30 y Puntarenas con 21 (ver protestas.iis.ucr.ac.cr).
El mes de julio fue el de mayor cantidad de protestas, sumando un total de 138. Las acciones de estudiantes iniciadas en junio y continuadas en julio, desembocaron en la salida de Edgar Mora como ministro de Educación. Asimismo, el sector de transportistas tomó las calles para denunciar los posibles efectos que la entrada del cobro del Impuesto de Valor Agregado (IVA), implementado como parte de la Ley N.º 9635 de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, tendría sobre el sectorii.
Por su parte, las organizaciones sindicales del sector salud se declararon en huelga contra la misma ley, pero en este caso por las implicaciones de los títulos relacionados con el gasto público. En agosto, este mismo tema generó que dichas organizaciones retomaran las calles.
En cuanto a los repertorios de protesta, la declaración pública, el bloqueo y la concentración fueron los tipos más usados durante el período (ver tabla 1). Tal como ha sido la tendencia desde el inicio del gobierno de Alvarado, la calle ha sido un escenario central para dirimir los conflictos entre los diferentes actores políticos, registrándose un incremento de los repertorios contenciosos, principalmente el bloqueo que fue el formato más usado en julio y el segundo más recurrido en agosto y setiembre.
Tabla 1. Costa Rica: repertorios de protesta para los meses de julio, agosto y setiembre de 2019
Tipo de repertorio
Mes
Total
Julio
Agosto
Septiembre
Declaración pública
47
23
28
98
Bloqueo
53
14
13
80
Concentración
11
4
5
20
Reunión con autoridades
8
8
1
17
Huelga 1/
4
7
5
16
Marcha
8
5
1
14
Denuncia ante entidades
5
2
5
12
Ciberacciones
1
4
1
6
Asamblea
0
4
2
6
Paro
1
0
1
2
Toma de propiedad
0
0
1
1
Total
138
71
63
272
1/ El dato refiere a la cantidad de días huelgas registrados, no a la cantidad de huelgas. Fuente: PROTESTAS base de datos de acciones colectivas en Costa Rica, IIS-UCR.
En el caso de los actores demandantes, destacaron dos: las personas trabajadoras, sobre todo del sector público, y estudiantes de secundaria que, en conjunto, fueron protagonistas en el 79% de todas las acciones de protesta ocurridas en el trimestre.
Durante este trimestre también fueron reiteradas las declaraciones públicas de los sectores empresariales, en la mayoría de los casos representados en la UCCAEP, contra las acciones de protesta de las organizaciones sindicales y los acuerdos entre estas y el ejecutivo en el caso de la huelga en la CCSS. También para apoyar el proyecto de Ley N.º 21049 y las propuestas hechas por algunos diputados en temas como la suspensión en el pago de salarios. Incluso en julio, la UCCAEP solicitó, mediante una carta dirigida a las autoridades del Ministerio de Trabajo, la disolución de la ANEP por su participación en bloqueos. Sobre este último tema, diferentes cámaras empresariales como la CADEXCO, la CNAA y la CICR, entra otras, reclamaron cero tolerancia contra los cortes de calle ocurridos en julio (ver Alvarado, Cortés y Sáenz 2019a). Lo mismo ocurrió en agosto pero contra los acuerdos firmados el 12 de ese mes para poner fin a la hulega en el sector de la salud (ver Alvarado, Cortés y Sáenz 2019b).
Las principales demandas giraron en torno a las disputas ocasionadas por la implementación de la Ley N.º 9635 y sus efectos sobre diferentes sectores. De la misma manera, el impulso a otros proyectos de ley como el N.º 21049 para Brindar Seguridad Jurídica sobre la Huelga y sus Procedimientos y el N.º 20786 de Educación Dual, sacaron a las calles a sectores estudiantiles y sindicales que, en determinados momentos, consiguieron el apoyo de otros actores como los transportistas (ver Alvarado, Cortés y Sáenz 2019a, 2019b y 2019c).
En concordancia con lo anterior, el poder ejecutivo y el legislativo fueron los actores más interpelados durante el período, con el 61% de las protestas dirigidas en su contra.
A manera de cierre
En términos de la protesta social, el tercer trimestre del 2019 presentó una ligera baja en comparación con el segundo trimestre, que se mantiene como el período de mayor conflictualidad social del presente año. No obstante, luego del mes de junio, los meses de julio, agosto y setiembre (en ese orden) han sido los de mayor cantidad de protestas en el transcurso del año.
Las tensiones generadas por la entrada de la Ley N.º 9635 y por los proyectos N.º 21049 y N.º 20786 ocuparon el centro de las agendas de los actores demandantes, los cuales recurrieron a distintos repertorios de acción, institucionales y no-institucionales por igual, para tratar de frenar su tramitación.
En lo inmediato, la coyuntura del tercer trimestre, como la del segundo, pareciera estar marcada por la decisión de otros actores de sumarse a las protestas sostenidas por las organizaciones sindicales. Tanto el sector de estudiantes como el de transportes fueron dos actores que contribuyeron a incrementar las acciones de protesta, tras un período donde la conflictualidad social estaba siendo determinada casi que únicamente por las y los trabajadores del sector público.
Asimismo, como se mencionó en la introducción, desde el inicio de su mandato, el gobierno de Alvarado ha enfrentado un incremento sostenido de la protesta social, lo cual contrasta con la tendencia detectada durante el gobierno de su antecesor y compañero de partido, Luis Guillermo Solís, quien consiguió reducir la protesta año con año.
Pareciera que son dos los factores que están determinando esta tendencia registrada desde mayo de 2018. En primer lugar, la presencia de un entorno político cerrado para los actores demandantes, lo cual se manifiesta en el “cierre” institucional que experimentan a la hora de colocar sus demandas y en la falta de mecanismos de diálogo y negociación que los incluyan en las discusiones sobre temas prioritarios para el país como el plan fiscal o la reforma en el empleo público. Esto se ha traducido en una mayor confrontación reflejada en el incremento de las acciones callejeras como los bloqueos, las marchas y las huelgas. Indudablemente, la huelga de setiembre-diciembre de 2018 es el acontecimiento reciente que está marcando la dinámica entre los actores de la contienda política en Costa Rica, de lo cual el proyecto de Ley N.º 21049 es una manifestación. Dicho proyecto de ley, lejos de contribuir a crear espacios de interlocución entre los diferentes actores, pretende reducir los márgenes de acción de las organizaciones sindicales, en medio de un clima político-ideológico crecientemente autoritario y antisindical.
El segundo factor, íntimamente relacionado con el primero, es la configuración de un bloque hegemónico de poder compuesto por el poder ejecutivo y legislativoiii, las cámaras empresariales, bajo la dirección de la UCCAEP, y las empresas de comunicación. Dichos actores se han estructurado como un bloque cohesionado y excluyente, a la hora de impulsar los proyectos considerados estratégicos para sus intereses, como fue el caso de los proyectos N.º 20580 y 21049.
Considerando este escenario, la coyuntura inmediata no pareciera indicar un cambio en los patrones de acción de este bloque hegemónico que continúa impulsando sus proyectos, por lo que la determinación de lo que ocurra en los meses siguientes en términos de la protesta social, estará marcado en buena medida por la capacidad que tengan los actores de la protesta, particularmente las organizaciones sindicales, para articular-se con otros actores de cara a resistir los embates de lo que parece una nueva ronda de políticas neoliberales en el país.
i Desde luego, no todas estas fueron formuladas por Casa Presidencial ni por el partido de gobierno. No obstante, todas han contado con el apoyo expreso de Alvarado y los miembros estratégicos de su gabinete.
ii En la provincia de Limón, donde se concentraron la mayoría de bloqueos de los transportistas, se sumaron las demandas de este sector y las de las y los trabajadores portuarios contra la crisis de los muelles estatales de Moín y Limón y la entrada en funcionamiento de la Terminal de Contenedores de Moín, megaproyecto de infraestructura concesionada a una transnacional holandesa.
iii Cabe señalar que en el caso del poder legislativo y los partidos que lo integran, particularmente Liberación Nacional, Acción Ciudadana y Unidad Social Cristiana, se ha conformado un bloque que vota cohesionada los proyectos de ley estratégicos como el 20580 y el 21049. Claro está que algunos diputados y diputadas de los tres partidos se han distanciado en diferentes momentos de sus fracciones, pero siempre siendo una minoría. Por su parte, el resto de las fracciones han mostrado posturas oscilantes en estos y otros temas, con la excepción de José María Villalta, diputado del partido Frente Amplio.
Federación de Estudiantes de la Universidad Nacional – FEUNA
Rechazamos categóricamente más recortes a los presupuestos
universitarios, ya que se afectaría las áreas más sensibles de nuestras
universidades, tales como becas y sedes regionales.
Desde la FEUNA hemos insistido ante la opinión pública en la
necesidad de volver la mirada hacia las diferentes áreas de mejora que como
universidad tenemos. Un nuevo recorte dejaría intactos estos problemas
estructurales.
Asamblea abierta este martes 15 de octubre a las 12:00 md en el Deck de Sociales.
Cidea-UNA presenta Cicatriz, un producto artístico que refleja críticamente la violencia de género hacia las mujeres y los femicidios en Costa Rica, desde un proceso artístico interdisciplinario, cuyo punto de partida es la cicatriz que dejan las múltiples violencias que viven las costarricenses y que se transmutan según sus historias de vida y contextos.
Hasta la primera semana de agosto de 2019 el Observatorio de Violencia de Género del Poder Judicial contabilizaba 7 mujeres que perdieron la vida a manos de sus esposos o compañeros sentimentales. De los hechos registrados 6 corresponden a femicidios según el artículo 21 de la Ley de violencia contra la mujer, mientras que uno que se presentó en enero se comprobó como femicidio ampliado, es decir a manos de un hombre con quien no tenía una relación sentimental.
Desde el Centro de Investigación Docencia y Extensión Artística de la Universidad Nacional (Cidea-UNA) y en celebración de su 45 aniversario, se presenta el espectáculo interdisciplinario Cicatriz, el cual busca desarrollar un proceso de sensibilización y activación de los enfoques de género, diversidad y derechos humanos.
Dirigida por los académicos Nandayure Harley y Reinaldo Amién, esta propuesta plantea un proceso colaborativo, que intenta acercarse a la interdisciplinariedad a partir de una conversación abierta entre lenguajes escénicos como la danza, el teatro, la música y la multimedialidad.
“Cada una de las personas creadoras construye a partir de la violencia como eje integrador, disparador de historias, memorias y cicatrices. Pareciera que el germen de la violencia es tan arraigado que podríamos asegurar haberlo cargado desde lo más recóndito de la historia de la humanidad.
Este espectáculo es un grito más para no olvidar, para engordar la memoria y tratar quizá, de no repetir las heridas en el futuro. Cicatriz le da voz a algunos testimonios, no todos. Convierte los corazones victimizados en gritos de resistencia”, comentan los directores.
En el marco de la celebración del año 2019: UNA por la igualdad, la equidad y la no violencia de género, se pretende abordar desde la academia, algunas de las condiciones socioculturales de la sociedad costarricense que limitan el desarrollo integral de las mujeres y que, desde el lenguaje simbólico del arte, se pueden convertir en un espacio de concientización social sobre esta temática.
“Hicimos una valoración sintética y simbólica para identificar ciertos elementos comunes que se presentan en los actos de violencia. Trabajamos con material sensible e historias reales que se trataron con mucho respeto y que nos sirvieron como base, por ejemplo, el círculo de la violencia que, si bien no se representa tal cual, nos ayudar a desarrollar las escenas”, dijo Amién.
Según el codirector, Cicatriz no es una propuesta lineal en el escenario, sino más bien un collage de imágenes unas literales y otras simbólicas, que representa estados y sensaciones. “Abordamos con mucha sensibilidad distintos elementos que se pueden caracterizar con el cuerpo, con texturas o desplazamientos, pero principalmente con la relación entre los cuerpos. Toda esta composición tiene un eje transversal que aparece en una escena final”.
Para Harley, este ha sido un trabajo complejo. “Es bastante metaforizar las situaciones de violencia, abuso y acoso que enfrentan con mucha más frecuencia las mujeres. Queremos darles voz a esos testimonios que no lo han tenido a lo largo de la historia. Este flagelo no podemos ocultarlo, debemos enfrentarlo de frente para generar un cambio en las futuras generaciones, dar esperanza e involucrarnos todos porque la violencia no ocurre solo en un sector de la sociedad, ocurre en todas partes”.
Con 33 bailarines de la Compañía de Cámara de Danza UNA, las escuelas de Danza y Arte escénico en el escenario, y un vasto equipo de producción conformado por estudiantes y académicos de las escuelas de arte se le dará vida a este espectáculo que busca sensibilizar a toda la población.
Nuevo ideario social
Cicatriz, es un producto artístico que refleja críticamente la violencia de género hacia las mujeres y los femicidios en Costa Rica, desde un proceso artístico interdisciplinario, cuyo punto de partida es la cicatriz que dejan las múltiples violencias que viven las costarricenses y que se transmutan según sus historias de vida y contextos.
El espectáculo se plantea a partir de la exploración artística de cuatro escenarios en que estas violencias se hacen explícitas: social, cultural, político y económico, pero también se adentra en la reflexión para repercutir en la construcción de un nuevo ideario social costarricense basado en formas de habitar y convivir más solidarias.
Este espectáculo interdisciplinario se presentará del jueves 17 al domingo 19 de octubre en el Centro de Convenciones de San Pablo de Heredia, y el lunes 21 en la Inauguración del VI Encuentro internacional de fiesta, nación y cultura a las 2 p.m. La entrada es libre y pueden asistir personas mayores de 15 años. Para más información puede llamar al 2277-3099 / 2277-3098 o al correo electrónico cicatriz@una.cr
Recuadro
Tome nota
Jueves 17, viernes 18, 8 p.m.
Sábado 19, 4 y 8 p.m.
Domingo 20, 2 y 6 pm
Lunes 21 de octubre: Inauguración VI Encuentro Internacional Fiesta, Nación y Cultura. 2 p.m.
Cambio en transferencia presupuestaria afectaría gravemente el funcionamiento de las universidades estatales
El Ministerio de Hacienda varió la forma en que transfiere los recursos del FEES en el proyecto de presupuesto nacional que presentó a la Asamblea Legislativa. De esta manera, 70 mil millones de colones fueron clasificados como “transferencia de capital”, lo que significa que estos recursos no se podrán utilizar en gastos corrientes, por ejemplo becas, contratación de docentes, proyectos de investigación y acción social, sino solo en infraestructura y equipamiento.
“Esta decisión del Ministerio de Hacienda define unilateralmente los destinos de una parte importante del FEES y violenta la independencia funcional de las universidades para tomar decisiones administrativas, según sus objetivos y programas. Además, pone en peligro su funcionamiento y vulnera en su totalidad la educación superior pública”, denunció el Dr. Henning Jensen Pennington, rector de la UCR.
Al estar condicionado este monto a obras de infraestructura o equipamiento solamente, las universidades públicas tendrán enormes dificultades para ejecutar sus funciones normales y cumplir sus programas de fortalecimiento de la educación superior.
El rector explicó que, en el caso de la UCR, la clasificación de esta parte del FEES como “transferencia de capital” implica que no tendría a disposición la cantidad aproximada de 39 900 millones de colones para realizar las funciones que le son encomendadas por la Constitución Política. “Para entender la magnitud del problema, el programa de becas de la UCR comprende 29 000 millones y el presupuesto de todas las Sedes y Recintos es de 47 mil millones. Es mucho dinero que de esta manera queda destinado solo a un rubro específico y no se puede utilizar en nada más.”
Cabe resaltar que los rectores, al firmar el convenio del FEES 2020, se comprometieron a realizar una inversión de capital por el monto señalado, pero a partir de la totalidad de sus recursos, no únicamente del FEES como lo está imponiendo ahora el Ministerio de Hacienda en el presupuesto para el 2020. En el caso de la UCR, el FEES asciende al 80% de su presupuesto anual por lo que trasladar 39 900 millones a gastos de capital traería graves implicaciones.
Los presupuestos de las universidades estatales ya han sido aprobados por sus respectivos consejos universitarios o institucionales. En conjunto, contemplan una inversión de capital superior a 90 000 millones para el 2020, según datos de CONARE.
El rector Jensen concluyó que “la decisión del Ministerio de Hacienda pone a la universidad estatal en un estado de emergencia general y le provoca un enorme daño al país”, e hizo un llamado a la comunidad universitaria y nacional a defender uno de los más importantes pilares de la sociedad costarricense: la educación superior pública.
Imagen ilustrativa.
Andrea Marín Castro
ODI, UCR
Información de la Oficina de Divulgación e Información de la UCR.
El Ministerio de Hacienda varió la forma en que transfiere los recursos del FEES en el proyecto de presupuesto nacional que presentó a la Asamblea Legislativa. De esta manera, ¢70 000 millones de colones fueron clasificados como “transferencia de capital”, lo que significa que estos recursos no se podrán utilizar en gastos corrientes, por ejemplo becas, contratación de docentes, proyectos de investigación y acción social, sino solo en infraestructura y equipamiento.
“Esta decisión del Ministerio de Hacienda define unilateralmente los destinos de una parte importante del FEES y violenta la independencia funcional de las universidades para tomar decisiones administrativas, según sus objetivos y programas. Además, pone en peligro su funcionamiento y vulnera en su totalidad la educación superior pública”, denunció el Dr. Henning Jensen Pennington, rector de la UCR.
Al estar condicionado este monto a obras de infraestructura o equipamiento, las universidades públicas tendrán enormes dificultades para ejecutar sus funciones normales y cumplir sus programas de fortalecimiento de la educación superior.
El rector explicó que, en el caso de la UCR, la clasificación de esta parte del FEES como “transferencia de capital” implica que no tendría a disposición la cantidad aproximada de ¢39 900 millones para realizar las funciones que le son encomendadas por la Constitución Política. “Para entender la magnitud del problema, el programa de becas de la UCR comprende ¢29 000 millones y el presupuesto de todas las Sedes y Recintos es de ¢47 000 millones. Es mucho dinero que de esta manera queda destinado solo a un rubro específico y no se puede utilizar en nada más”.
Cabe resaltar que los rectores, al firmar el convenio del FEES 2020, se comprometieron a realizar una inversión de capital por lo menos de ¢70 000 millones, lo cual se cumplió, pues se presupuestó un monto superior a los ¢90 000 millones para ese rubro, pero a partir de sus presupuestos totales, no únicamente de los recursos del FEES como lo está imponiendo ahora el Ministerio de Hacienda. En el caso de la UCR el FEES cubre el 80% del presupuesto anual, por lo que trasladar ¢39 900 millones del FEES a gastos de capital traería graves implicaciones en la operación.
Los presupuestos de las universidades estatales fueron aprobados por sus respectivos consejos universitarios o institucionales. En conjunto, contemplan una inversión de capital superior a ¢90 000 millones para el 2020, según datos del Consejo Nacional de Rectores (Conare).
El rector Jensen concluyó que “la decisión del Ministerio de Hacienda pone a la universidad estatal en un estado de emergencia general y le provoca un enorme daño al país”, e hizo un llamado a la comunidad universitaria y nacional a defender uno de los más importantes pilares de la sociedad costarricense: la educación superior pública.
Las autoridades universitarias han establecido conversaciones con el Poder Ejecutivo, sin que hasta el momento se logre una solución que permita el uso de los recursos.
Frente a la brutal represión por parte del Estado en contra
de pueblos indígenas y sectores populares del campo y la ciudad repudiamos
estos hechos y llamamos a que se inicie un verdadero diálogo atendiendo las
demandas del pueblo movilizado. Nos sentimos profundamente conmovidas y
conmovidos ante las noticias de violación de los Derechos Humanos en el
Ecuador.
El pueblo ecuatoriano ha salido a las calles para impugnar
un paquete de medidas de ajuste fondomonetaristas, haciendo ejercicio del
derecho a la resistencia contemplado en la constitución ecuatoriana.
Denunciamos la muerte confirmada de campesinos indígenas, el
ataque policial a zonas de refugio de manifestantes, poniendo en riesgo la
salud y la vida de menores de edad y bebés.
Todo esto en el marco de falsos llamados al diálogo que han venido
acompañados de ataques a manifestantes -en su mayoría mujeres- desarmadas y con
los brazos en alto.
Conocemos que en estos momentos el país se encuentra
militarizado y se ha decretado un toque de queda en el área metropolitana de
Quito. En distintas declaraciones a los
medios el Ministro de Defensa ha amenazado reiteradamente a toda la población
levantada con el uso de toda la fuerza militar, lo mismo que en las cadenas
nacionales de la presidencia, pese a que al mismo tiempo se habla de un
diálogo, sin detallar en dónde, cómo y bajo qué condiciones. Ninguno de estos
gestos abona la paz social y la restauración de un orden justo y democrático.
Expresamos nuestra profunda preocupación y hacemos un firme
llamado al Presidente Lenin Moreno, al Ministro de Defensa Oswaldo Jarrín, y a
la Ministra del Interior María Paula Romo, a frenar la represión, a deponer la
posición de fuerza instaurada al amparo de un estado de excepción y toque de
queda y a generar las condiciones para ese diálogo que las organizaciones han
venido proponiendo durante los últimos días.
El mundo está observando lo que ocurre en Ecuador y desde
nuestra Alianza nos comprometemos a seguir de cerca los acontecimientos y a
seguir trabajando para romper el cerco mediático con el que se intenta ocultar
los hechos de violencia y represión.
