La política del Estado costarricense de no cumplimiento de las Medidas Cautelares 321-12 y las reiteradas excusas para justificar el retraso en la efectiva y oportuna ejecución de los desalojos ya aprobados por parte de las instancias gubernamentales competentes, muestra la negligencia del Estado/Gobierno y la ausencia de la voluntad política para la observancia activa de los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas.