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Bloque Verde: ministro reconoce que decreto de plaguicidas es perjudicial

  • Criterio ante la Sala Constitucional es claro en señalar que estudios toxicológicos son fundamentales para el registro de plaguicidas

  • MAG “embarca” al presidente Carlos Alvarado por firma de ampliación de decreto 39995

  • Decretos provoca aumento de las importaciones de plaguicidas llegando a 19 millones de kilogramos de ingrediente activo

(Bloque Verde, 27-2-2019) Ministerio de Salud respalda al MINAE y señala posible inconstitucionalidad de Decreto 39995. Mediante el oficio DM-FR7196-2018 la cartera de salud respalda los argumentos planteados por las organizaciones ambientales, agricultores orgánicos, apicultores y académicos al señalar la importancia de que el registro de plaguicidas sea respaldado por estudios toxicológicos.

El médico Daniel Salazar en su condición de Ministro de Salud señala que: “el alto consumo de plaguicidas ha traído como consecuencia problemas en la salud humana de los trabajadores agrícolas, la salud de los consumidores, salud ambiental y problemas agroecológicos”

El ministro Salazar señala también que: “… el Ministerio de Agricultura y Ganadería no toma en cuenta para al criterio de información toxicológica del Ministerio de Salud, existe el riesgo de que haya perjuicio en la salud humana y/o del ambiente. Por lo que dichos estudios toxicológicos son de suma importancia para evaluar el riesgo a la salud que generan los plaguicidas a la población y/o al ambiente…”

Los análisis que no se les está realizando a los plaguicidas debido al decreto 39995 firmado en 2016 el MinSa señala: toxicidad aguda, toxicidad subcrónica, toxicidad crónica, mutagenicidad, intoxicación, metabolismo, estudios de eficiencia y evaluación de riesgo de la población.

Pese a estos señalamientos que son discutidos en la Sala Cuarta el ministro del MAG, Renato Alvarado, amplió los plazos de validez de los registros mediante otro decreto ejecutivo (N.º 41481), mismo que reforma parcialmente al DE 39995. Entre las reformas se puede señalar: ampliación del tiempo a cinco años para que empresas presentar información; disminuye el tiempo de respuesta para SFE de meses a unos días; la información química es una simple verificación y sumado a lo anterior las empresas pueden pedir homologación de plaguicidas sin presentar pruebas de eficacia agrícola.

Producto de estos decretos, los plaguicidas han ingresado al país de forma descontrolada y sin la participación exigida por MINAE y Ministerio de Salud. Este crecimiento es señal de que la apertura de los registros produjo un aumento considerable en el ingreso de plaguicidas al país y no como argumentan los defensores de los venenos que se iba a reducir la aplicación de estos peligrosos productos.

Coincidentemente con la entrada en vigor de los decretos de plaguicidas firmados por la administración Solís Rivera para finales de 2016, Costa Rica se abrió a la mayor importación de agroquímicos en su historia, llegando alcanzar 18,6 millones de kilogramos, casi una tonelada más que el año anterior.

Contacto: Fabián Pacheco 8826 2270

 

Foto: Semanario Universidad https://semanariouniversidad.com/pais/costa-rica-es-el-consumidor-mas-voraz-de-plaguicidas-en-el-mundo/

Enviado por Bloque Verde.

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UCR: Presentaron coadyuvancia a acción de inconstitucionalidad por rebajo del FEES

Alejandra Amador Salazar

Periodista

El recorte al FEES constituye un perjuicio en el acceso a la educación pública superior universitaria. (Foto: Karla Richmond).

Miembros del Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica (UCR), en su condición de ciudadanos costarricenses, presentaron esta mañana una coadyuvancia a la acción de inconstitucionalidad promovida por los rectores de las universidades públicas, en contra de la Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico del 2019, debido al recorte de ¢10,000 millones del Fondo Especial para el Financiamiento de la Educación Superior Estatal (FEES).

En el documento le solicitan a la Sala Cuarta declarar inconstitucional el rebajo aplicado por el Poder Legislativo al FEES, por considerar que se invadieron competencias constitucionales y se transgredió el alcance de lo que establece el artículo 85 de la Constitución Política, dado que la intervención de la Asamblea Legislativa solo puede darse cuando se presente un diferendo, supuesto que no ocurrió en este caso.

Asimismo, piden que la Sala dimensione los efectos de la sentencia y prevenga, tanto al Poder Ejecutivo como a la Asamblea Legislativa, la inclusión de un presupuesto extraordinario para las universidades públicas en el año 2019, por un monto igual al rebajado.

Además, los miembros del Consejo Universitario solicitaron que se advierta, a esos dos poderes de la República, la obligación constitucional que tienen de abstenerse de realizar acciones u omisiones que incumplan durante el proceso de formulación, discusión y aprobación del presupuesto de egresos de la República, lo establecido en el artículo 85 de nuestra Carta Magna.

La acción de inconstitucionalidad presentada por los rectores alega un irrespeto a una norma técnico-presupuestaria de rango constitucional, lo cual atenta contra el derecho a la educación en el contexto del Estado Social de Derecho, debido al perjuicio que causa en los presupuestos de las universidades estatales y que tiene un efecto exponencial que, en su proyección hacia el futuro atenta contra los servicios que prestan esas instituciones.

 

Información generada desde Consejo Universitario, UCR.

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UNA realiza taller sobre prohibición de ensayo de armas de pruebas nucleares

Este 29 de febrero del 2019 se llevó a cabo en el hotel Radisson, el Taller Latinoamericano y Caribe Infra sonido, en el cual se contó con la participación de representantes de 17 países.

Se contó con la participación el Sr. Lassina Zerbo Secretario Ejecutivo de la CTBT (Comprehensive nuclear-test-ban treaty), el Dr. Alberto Salom Echeverría, Rector de la Universidad Nacional y el Dr. Manuel Morales Ovares, representante del Ministerio de Relaciones Exteriores, entre otros funcionarios de la Universidad Nacional y del OVSICORI.

El Dr. Manuel Morales resaltó la importancia de dicha actividad, para fortalecer las capacidades nacionales de cada Estado, para compartir datos y promover aplicaciones de verificación tecnológica en particular importancia del uso de infrasonido.

El CTBT (Comprehensive nuclear-test-ban treaty) es un tratado que tiene como fin la prohibición de cualquier ensayo de armas de pruebas nucleares. Costa Rica depositó su instrumento de ratificación del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares, lo que elevó el total de ratificaciones en la región de América Latina y el Caribe a 14.

Costa Rica alberga una estación sismológica auxiliar (OVSICORI), que forma parte del Sistema Internacional de Monitoreo (IMS). Esta red global de 337 instalaciones de monitoreo se está estableciendo bajo los términos del CTBT para verificar el cumplimiento del Tratado.

Las instalaciones de IMS registran datos de cuatro tecnologías complementarias (sísmica, hidro acústica, infrasónica y radionúclido) y son capaces de registrar vibraciones de una posible explosión nuclear subterránea, en los mares y en el aire, así como detectar desechos radiactivos liberados en la atmósfera: “Una de las fortalezas del tratado radica en su verificabilidad y en el hecho de que todos y cada uno de los Estados del tratado están llamados a participar en esta verificación y es por eso que están aquí hoy”, mencionó Zerbo, Secretario Ejecutivo de la CTBT.

El Dr. Alberto Salom Echeverría, Rector de la UNA, rescató la importancia para la Universidad Nacional de dar impulso a aquellas actividades científicas que congregan a cientos de seres humanos en todo el mundo, y que impulsan los objetivos de la paz: “La Universidad Nacional, es una universidad que tiene como uno de sus fines primordiales la lucha por la investigación científica de calidad y junto con ello la lucha por la solución pacífica de todos los diferendos”, indicó el Rector.

Colaboración:

Alejandra Bermúdez Ramírez-Estudiante EDA-UNA

Efraín Cavallini Acuña-Rectoría UNA

Fotógrafo: Eliecer Berrocal Sánchez-Ofic. Relaciones Públicas UNA

 

Enviado por M.Sc. Efraín Cavallini Acuña, Asesor Comunicación, Rectoría UNA.

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Junta de Salud de Montes de Oca atenta a traslado de servicios

La Junta de Salud de Montes de Oca informa:

Traslado físico de las siguientes instalaciones del Área de Salud de Montes de Oca

  • Núcleos de EBAIS de Lourdes y de San Pedro
  • Farmacia, Odontología, Toma de muestras (Lourdes y San Pedro), Contraloría de Servicios de Salud
  • Equipo de Apoyo: Nutrición, Psicología, Trabajo Social, Promoción de la Salud y Medicina Familiar y Comunitaria
  • Coordinación: Dirección Médica y Administración del Área de Salud de Montes de Oca

A partir del próximo lunes 04 de marzo de 2019

Las instalaciones de los EBAIS de Lourdes y de San Pedro, Farmacia, Odontología, Toma de muestras (Lourdes y San Pedro), Contraloría de Servicios de Salud, Equipo de Apoyo y la Coordinación del Área de Salud de Montes de Oca se trasladarán al Edificio Veraguas, en San Pedro, detrás del Más x Menos de La Granja (por el Higuerón), 100 metros Sur y 50 metros Este de la Panadería Simar.

La decisión del traslado fue tomada por el proveedor del servicio EBAIS UNIBE en conjunto con la Dirección Regional de Servicios de Salud Central Sur de la CCSS, esta dirección es la encargada de la fiscalización del Contrato EBAIS UNIBE/CCSS y por tanto está encargada de la fiscalización de este traslado.

Ambas dependencias están coordinando estrechamente por lo que esperamos que no haya ningún impacto para la persona usuaria y que en estas nuevas instalaciones usted obtenga los servicios con calidad.

La Junta de Salud de Montes de Oca como coadyuvante de ambos en procura de la calidad (eficacia y eficiencia) de la atención que deben recibir los y las usuarios del servicio se pone a sus órdenes para cualquier consulta estamos para servirle.

Correo electrónico: juntasaludmontesdeoca.2018@gmail.com

Junta de salud de Montes de Oca atenta a traslado de servicios

Imagen ilustrativa tomada de www.ebaisunibe.com

Compartido por Adriana Laclé en redes digitales.

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VII Encuentro Latinoamericano y del Caribe de Economía Social Solidaria

En la portada de la Red Intercontinental de Promoción De La Economía Social Solidaria, RIPESS se encuentra el anuncio para que se pueda seguir la retransmisión en directo del evento, así como el programa de las sesiones que se retransmitirán.

Se puede ver en la portada: http://www.ripess.org/?lang=es

O en la página específica: http://www.ripess.org/el-vii-encuentro-lac-de-economia-social-solidaria-directo/?lang=es

 

Enviado por Carlos Hernández Porras.

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40 Aniversario del Programa de Posgrado en Sociología

El Programa de Posgrado en Sociología fue fundado en 1979 y está reconocido como Programa Regional por el Consejo Superior Universitario Centroamericano (CSUCA).

El programa tiene su sede en la Escuela de Sociología de la Universidad de Costa Rica y forma parte del Sistema de Estudios de Posgrado de la Universidad de Costa Rica.

Por su carácter regional, la Maestría Académica en Sociología está dirigida a estudiantes del Istmo Centroamericano y la temática de la región se inserta en los diversos cursos. Actualmente, cuenta con el apoyo del Servicio Alemán de Intercambio Académico (DAAD), para estudiantes de la región centroamericana y República Dominicana, excepto Costa Rica.

 

Enviado por Nancy Piedra Guillén.

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UCR aclara: Medio CRHoy hizo aseveraciones erróneas sobre compra de terreno para el Recinto de Guápiles

La Universidad de Costa Rica analizó la compra de un terreno para el Recinto de Guápiles con el fin de que este cubra las necesidades actuales y futuras de la región.

En una nota del diario digital CRHoy.com, escrita por el periodista Luis Valverde, se informa que el Dr. Henning Jensen Pennington, rector de la UCR, promovió la compra de un inmueble más caro que el avalúo, sin que mediara gestión alguna de otra dependencia. Sin embargo, esta afirmación es falsa ya que el jerarca de la institución actuó según las funciones que se le encomiendan al ser el representante legal de la misma, y una de ellas es enviar la solicitud de autorización de compra directa a la Contraloría General de la República (CGR), que fue lo que sucedió en este caso específico.

Dado que el Recinto colinda con terrenos que pertenecen al Ministerio de Agricultura y Ganadería y con calle pública, se buscó la adquisición del único lote colindante disponible, que asegure su crecimiento en infraestructura en el corto, mediano y largo plazo.

Al ser un terreno que cumple con lo dispuesto en el artículo 139 del reglamento de la Ley de Contratación Administrativa y siguiendo la legislación correspondiente, se solicita la autorización de compra directa a la CGR.

Antes de solicitar la autorización, distintas unidades de la UCR, como la Oficina Ejecutora de los Planes de Inversión (OEPI), la Vicerrectoría de Administración, la Oficina de Suministros, la Comisión de Planta Física y la Oficina Jurídica, emiten su criterio técnico al respecto.

Entre estos está el avalúo de la propiedad, que se estableció en $454.099,83 y considerando que el estimado del costo de venta puede tener una fluctuación de + ó – 10%, dato aceptado en el ámbito de la evaluación de bienes inmuebles. La opción de compra de la finca se propone en $499.510, lo que corresponde a un 10% más del precio del avalúo, cifra que se ubica dentro del porcentaje de fluctuación indicado por el perito valuador.

En todo momento, la UCR ha cumplido a cabalidad con lo que establece la Ley de Contratación Administrativa y ha respondido las solicitudes de información que la Contraloría ha requerido.

Aunque en esta ocasión se rechazó la autorización para la compra de este terreno, en el documento de respuesta que envía la CGR se dice claramente que una vez atendidos los aspectos a subsanar, se puede remitir nuevamente la solicitud.

Una vez más, la Universidad de Costa Rica le recuerda a la prensa su labor esencial de ofrecer información veraz y confiable, con apego estricto a la ética, profesionalismo, imparcialidad y responsabilidad.

 

Información generada desde la Oficina de Divulgación e Información.

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Por graves «yerros» tribunal anula cárcel para Carlos Andrés Pérez

En una resolución del 2019-0319 el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal anuló «(…) la sentencia impugnada y el debate que le precedió, y se ordena el juicio de reenvío, ante tribunal colegiado, para que se resuelva lo que en derecho proceda (…)». SURCOS comparte el documento completo de la resolución.

 

Imagen ilustrativa.

Enviado por Manuel Gamboa.

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UCR: La Ministra de Hacienda se equivoca al afirmar que 50% del superávit de las universidades es libre

  • Solo 1,87% del presupuesto total de la UCR corresponde a superávit libre

Fachada el Ministerio de Hacienda, San José Costa Rica.

Rocío Aguilar, ministra de Hacienda, señaló el lunes 25 de febrero en la comisión legislativa que analiza el presupuesto destinado para el Fondo Especial de la Educación Superior (FEES), que entre un 40% y un 50% del superávit de las universidades es libre y que este debe incluirse en el siguiente FEES como fuente de financiamiento.

La declaración se da durante la segunda comparencia que reciben los diputados en la comisión legislativa que estudia el uso de los recursos que financian la educación superior pública de Costa Rica. En la primera se recibió a la Contralora Marta Acosta.

Ante el argumento del superávit, el Dr. Henning Jensen Pennington rector de la Universidad de Costa Rica señaló que la institución ha sido transparente y que se ha informado a la Asamblea Legislativa sobre las inversiones que se realizan con esos recursos, que reiteró no son libres.

El pasado 5 de febrero ya se había hecho una reiteración de la posición de la Universidad respecto al superávit institucional. El tema ha sido un punto de conflicto entre la Contraloría General de la República y la institución, la posición de la UCR es sustentar el hecho de que no existe un superávit libre del 50% y que este, en el caso de la UCR, alcanza apenas un 1,87%.

“En ningún momento son recursos ociosos. Son recursos invertidos en obras de infraestructura, tal y como la normativa lo exige. Tenemos más de 90 obras constructivas que se apoyan en eso que se denomina superávit, pero con un fin establecido. Hay contratos y obligaciones financieras que nos comprometen, por eso hablamos de superávit comprometido”, subrayó el rector.

Jensen indicó que las universidades públicas estatales son instituciones comprometidas con el bien común y con el desarrollo del país y que han demostrado (a diferencia de otros sectores de Gobierno) que en poco tiempo se puede hacer una inversión en infraestructura que está a la altura de lo que debe ser una universidad moderna.

“El superávit no es una masa financiera que flota en el aire, es una cantidad de dinero que tiene fines determinados y que responden inclusive al compromiso que como institución tenemos con el desarrollo de la ciencia y tecnología y el desarrollo de nuestras propias funciones académicas y todo ello para beneficio de nuestro país”, concluyó.

Al 31 de diciembre de 2018, la UCR presenta un superávit libre de ¢7 563,7 millones, lo que equivale al 1,87% del presupuesto total. Mientras que el superávit específico corresponde a un monto de ¢71 717.3 millones (17,7% del presupuesto total) y del cual el 45,4% pertenece a los programas de proyectos de inversión y megaproyectos, ambos rubros relacionados a obras de infraestructura.

¿Qué es un superávit libre y qué es uno específico?

En primera instancia los superávits se clasifican en superávit libre y superávit específico. El primero es el exceso que queda de los ingresos y gastos ejecutados al final de un año y los recursos sobrantes se pueden utilizar en distintas áreas según las necesidades de las institución.

Mientras que el segundo se refiere también a ese excedente pero que por disposiciones especiales o legales tiene que utilizarse para un fin ya definido.

Por lo tanto, la diferencia entre ellos, es que el superávit libre se puede utilizar en nuevas necesidades institucionales, mientras que el superávit específico, ya tiene un fin de acuerdo con lo planificado.

En el caso de la UCR, los superávits específicos obedecen a disposiciones de carácter especial como convenios, contrato de fideicomiso, proyectos de inversión, reglamentos y acuerdos, estos dos últimos dictados por el Consejo Universitario.

Además corresponden a recursos de vigencias anteriores, que por diversos motivos, tales como, la plurianualidad de los proyectos, tipo y tiempo del proceso de licitación, consultas, apelaciones y recursos administrativos en contra de los procesos de contratación previstos en la Ley de Contratación Administrativa, entre otras razones, no es posible ejecutarlos en el periodo presupuestario anual.

 

Andrea Marín Castro

Periodista Oficina de Divulgación e Información

Información tomada de: http://www.ucr.ac.cr/

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Movimiento Patriótico por Costa Rica

PARA SALVAR EL ESTADO DE DERECHO Y SERVICIO PÚBLICO

Hacemos un llamado a unir esfuerzos en este Movimiento Cívico, fundamentado en las siguientes reflexiones:

La Costa Rica que tenemos, estamos perdiendo y debemos mejorar

El pueblo costarricense ha conquistado beneficios admirables que le permiten cierta calidad de vida. Eso se puede afirmar sin caer en mitologías al estilo de “el país más feliz del mundo”.

Tenemos logros imperfectos pero importantes; es un imperativo ético defenderlos y mejorarlos. Mencionamos algunos: los ciudadanos de menores ingresos reciben atención médica de calidad en los hospitales de la CCSS, aunque hay largas esperas y la morosidad de patronos y del Estado atenta contra este servicio. Funcionan programas de salud preventiva; la red eléctrica cubre casi todo el territorio; hay agua potable para la gran mayoría de la población; educación primaria hasta en lugares distantes y la secundaria está al alcance de amplios sectores. Muchos jóvenes –con becas– acceden a universidades públicas e institutos tecnológicos.

Un poco de historia reciente

Reconociendo lo alcanzado por los liberales que gobernaron hasta 1940, lo cierto es que el gran cambio comenzó en ese año y se dio en dos etapas: La primera fue empujada por fuerzas políticas conducidas por hombres y mujeres de la talla del presidente Rafael Ángel Calderón Guardia, Manuel Mora Valverde y María Isabel Carvajal (Carmen Lyra), y la Iglesia Católica dirigida por monseñor Víctor Sanabria. Esa combinación de fuerzas disímiles produjo la CCSS, el Código de Trabajo, las Garantías Sociales y la Universidad de Costa Rica, por mencionar unas cuantas importantes conquistas.

La segunda etapa, liderada por José Figueres Ferrer, trajo la nacionalización bancaria, la proscripción del ejército como institución permanente y la creación del ICE, entre otros logros.

La conjunción de ambas etapas formó nuestro Estado social de derecho y de servicio público.  

Esas victorias se alcanzaron mediante tenaces movilizaciones ciudadanas que comenzaron antes de 1940; siempre con ingentes sacrificios y en algunos casos fue necesario ratificarlas con sangre. Por supuesto, no son perfectas.

Gracias al impulso de Daniel Oduber y los ecologistas de antes y de ahora, un 20% del territorio se dedica a la preservación de los bosques. Sin embargo, las transnacionales de la piña y del banano continúan destruyendo amplias áreas boscosas.

Consecuencias del neoliberalismo

Sin embargo, los triunfos del pueblo vienen siendo deteriorados de manera sistemática por las políticas económicas neoliberales, impuestas por la presión de organismos controlados por los Estados Unidos, como el Fondo Monetario Internacional y la AID, (Agencia para el Desarrollo Internacional), concretados en los Programas de Ajuste Estructural, el primero firmado en 1985.

El neoliberalismo presenta como su éxito más importante la diversificación de la producción industrial, subsidiada por el Estado en las zonas libres de impuestos (no hay que olvidarlo) y la consiguiente apertura de nuevos mercados internacionales. Pero la cantidad de empleos generados en las zonas francas no ha sido tan abundante como lo anunciaba la propaganda y representa una porción pequeña de la fuerza laboral. Tampoco se han dado los prometidos encadenamientos industriales.

Mucha gente vive desengañada de los beneficios del Estado social de derecho y de servicio público. Desde luego, tiene errores, algunos graves, que se pueden corregir. El descrédito se debe en gran parte a las empresas de difusión masiva que mantienen una insidiosa campaña de desprestigio, que ya dura casi cinco decenios, ignorando de modo sistemático sus importantes beneficios, que se pueden resumir en cierta paz social, hoy en peligro precisamente por la paulatina desintegración del nuestro Estado social de derecho y de servicio público.

Mencionamos algunos de los efectos del deterioro de tipo de Estado creado por los verdaderos patriotas costarricenses:

  • La banca nacionalizada perdió su función social y de promoción del desarrollo.
  • El ICE viene siendo saboteado por intereses privatizadores para comprarlo a precio de quiebra; se le obliga a comprar electricidad producida por empresas privadas, más cara que la generada en las propias plantas.
  • El Consejo Nacional de Producción dejó de proteger a los pequeños y medianos productores agropecuarios, quienes van cayendo en el abismo de la ruina, empujados por deudas impagables, a lo que se añade la presión del calentamiento global. De manera irresponsable, se ha puesto en peligro la alimentación sana, nutricia y sostenible. Se les obliga a competir –sin ninguna ayuda estatal– con agricultores subsidiados por el gobierno de los Estados Unidos. Así peligra la seguridad alimentaria.
  • Hay presiones para privatizar el agua, derecho humano tan indispensable como el aire.
  • Se quiere privatizar RECOPE para que sus ganancias se vayan al extranjero.
  • Funcionan empresas telefónicas y de televisión por cable que se diferencian de Kölbi-ICE solo en que exportan las ganancias.
  • Durante los años neoliberales la pobreza ha venido creciendo hasta superar el 21% de la población. Tenemos además unos 99.000 hogares en pobreza extrema, cuyos ingresos mensuales son inferiores a ¢49.999.
  • En la edición 22 del Informe Estado de la Nación se indica: «En los años transcurridos del presente siglo Costa Rica ha visto crecer la desigualdad en la distribución de los ingresos, en un contexto latinoamericano que avanza en sentido contrario.

Cepal, Comisión Económica para América Latina y el Caribe, organismo de las Naciones Unidas, indica que Costa Rica se sitúa, con República Dominicana y Guatemala, como los líderes de la evasión fiscal. Y no menos grave es la elusión fiscal, por cuanto esta guarda una estrecha relación con los paraísos fiscales. Cabe señalar también la inoperancia, ¿casual?, del Ministerio de Hacienda para cobrar a las grandes empresas y su ensañamiento con los pequeños empresarios.

Recalcamos que la corrupción es consustancial al modelo neoliberal globalizante; la IMPUNIDAD continúa siendo el recurso predilecto entre los políticos-empresarios y los empresarios-políticos. La lista de deterioros –todos constatables– puede alargarse pero es innecesario hacerlo aquí.

La compra y consiguiente control de empresas de difusión masiva por capitales extranjeros se puede agravar con el proceso de digitalización que se ejecutará a partir de 2019. Ese proceso puede acarrear una pérdida de soberanía y disminuir la presencia de nuestros artistas y tradiciones, con detrimento de la cultura nacional. Excepciones dignas son el Semanario Universidad y Canal 13, así como modestas pero eficientes radioemisoras, televisoras y periódicos regionales.

¿Y a mí qué me importa?

Si en un futuro próximo privatizan la CCSS, y usted necesita una cirugía de alto costo, le va a importar, porque podría tener que vender o al menos hipotecar su casa de habitación para financiarla. Si usted se ve obligado a comprar las medicinas que ahora otorga la CCSS, tal vez se vea en la necesidad de reducir la calidad de su alimentación diaria. Si se privatiza el ICE, la factura por electricidad, le “comería” una buena tajada de su ingreso mensual. Libres de la competencia de ICE-Kölbi, las telefónicas y cableras extranjeras harán fiesta con su costumbre de usar su teléfono celular cada quince minutos y tener el televisor encendido para que alguien de su casa lo disfrute. Si usted no es hijo o hijita de un hogar millonario, olvídese de hacer una carrera universitaria. Cuando el agua sea privatizada, podrá bañarse a lo sumo tres veces por semana. Ya ha comenzado un proceso de militarización de la policía, que sería, entonces, un ejército camuflado. Ya ciertos empresarios están diciendo que la educación que brinda el Ministerio de Educación Pública no compensa la inversión (como si a pagaran ellos); siendo así se vislumbra el cierre de escuela y colegios.

En resumen, sí le importa. Sí nos importa.

La urgencia de una organización patriótica

El pueblo costarricense se ha movilizado contra la política neoliberal. Derrotó la pretensión de privatizar el ICE (el detestado combo) en el año 2000. Hubo una organización heroica, para oponerse a Tratado de Libre Comercio, que finalmente fue aprobado en 2007. La nuestra fue la única nación centroamericana que dio esa batalla. En esa ocasión se luchó contra irregularidades empujadas al unísono entre el gobierno de Arias y la embajada de Estados Unidos. El combate más reciente fue la huelga de los sindicatos de trabajadores de entidades estatales, cuyos resultados y consecuencias aún están por verse.

Sin embargo, esas y otras luchas no se han materializado en una organización sociopolítica permanente. Así se ha desperdiciado mucho de sus frutos.

Ciudadanos: estamos a tiempo de defender los logros del pueblo costarricense, de corregir las deficiencias de las instituciones estatales, tantas veces causadas por intereses político-partidarios. Asimismo, es posible trazar nuevas metas de beneficio social y económico. Pero se requiere organización. No hay que temerle a la organización. El tiempo se acaba. Podemos organizarnos mediante esquemas de verdadera democracia, con respeto hacia todas las partes. Podemos idear nuevas formas de coordinación entre los movimientos sociales.

Advertimos de antemano que NO proponemos la organización de un partido político. Lo que se propone es una organización descentralizada y a la vez coordinada, en la que cada comisión posea auténtica autonomía, pero manteniendo una comunicación ágil con las otras y sin cerrarse a acciones conjuntas. Los detalles operativos y el programa de trabajo se irán construyendo conforme se necesiten.

Barboza Soto, Mainier

Picado Gatjens, Miguel

Boza Cordero, Juan

Quirós Jiménez, Gerardo

Cordero Gené, Francisco

Sánchez Rojas, Rafael Á.

Montero Mejía, Álvaro

Soto Soto, Francisco

Oviedo, José

Villalobos, Fabio

Mora Rodríguez, Arnoldo

 

AVISOS

  1. Las personas que deseen comunicarse con el Movimiento Patriótico por Costa Rica pueden escribir al e-mail movpatcr19@yahoo.com
  2. Se convoca a una reunión el sábado 2 de marzo a las 9 AM en el café Don Juanito, situado 75 mts. al este de la esquina sur del Correo Nacional.

 

Imagen ilustrativa tomada de http://www.vocesnuestras.org/2016-02-08/hora-movimientos-sociales/manos-tierra-agroecologia-autonomia

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