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Un gran paso, pero apenas comenzamos

Marco Vinicio Fournier Facio

Marco Vinicio Fournier Facio.

Este 6 de agosto decenas de miles de personas nos manifestamos en defensa de la Democracia, en más de 20 diferentes puntos del país.

Después de varios años de desesperanza, resignación y pasividad, una proporción muy importante del país regresó a las calles a ejercer su derecho a la protesta y a defender la Democracia ante uno de los momentos más peligrosos de nuestra historia.

Debemos agradecer explícitamente a la Colectiva Autónoma por la Resistencia Social la iniciativa y la excelente coordinación del proceso, pero también debemos agradecer al pueblo de Costa Rica por hacerse presente y dar el primer paso al frente en esta nueva lucha.

Nos manifestamos en forma enérgica por nuestro ordenamiento jurídico, por la división de poderes, por el respeto mutuo, el reconocimiento de la diversidad, el diálogo abierto y franco, la cultura de paz y la calidad de vida de toda la población.

Así mismo, nos hicimos presentes por todo el territorio nacional para defender las múltiples instituciones que hoy sufren el embate directo de un gobierno autoritario. A este respecto, es importante mencionar los ataques directos y los recortes presupuestarios, no solo contra el Poder Judicial, sino también contra instituciones claves de nuestro país que por décadas han garantizado mecanismos adecuados de redistribución de la riqueza para asegurar calidad de vida para todas las personas. Entre otras instancias, debemos mencionar al Ministerio de Educación, la Caja Costarricense del Seguro Social, el INAMU, las universidades públicas, el ICE, el IMAS y los CEN-CINAI.

A este respecto, no debemos olvidar que, a la base de la delincuencia, la inseguridad y la violencia en general, siempre está la desigualdad social, la falta de oportunidades y una cultura de odio, codicia y exclusión.

La presión ejercida por este importante movimiento ya produjo la primera victoria con el retiro de la iniciativa para tasar la Canasta Básica con el 13% del IVA.

Pero, es evidente que la lucha apenas comienza, son diversos los signos directos de ataque a nuestra institucionalidad y a nuestros valores democráticos, y es esperable un enfrentamiento prologado tanto para detener y revertir los múltiples embates a nuestro sistema político como para recuperar la cultura que nos ha permitido convivir en paz y democracia.

Va a ser difícil y a menudo cansado, pero tenemos que estar preparados y muy dispuestos para mantenernos permanentemente vigilantes y siempre dispuestos a manifestarnos de nuevo en las calles.

Pero, resulta también muy importante que cada una y cada uno de nosotros adquiera el compromiso de promover los valores democráticos en nuestra vida cotidiana. Es imprescindible recuperar la cultura de paz y respeto mutuo que nos caracterizó en el pasado. Ante el odio y la intolerancia que caracteriza a los dos últimos gobiernos, debemos todos los días hacer el esfuerzo en nuestras vidas cotidianas para promover siempre la fraternidad, como uno de los tres pilares de la democracia moderna. Debemos practicar siempre la solidaridad contra el individualismo imperante, el diálogo respetuoso contra la imposición autoritaria, la ternura frente al odio, la generosidad frente a la codicia y el trabajo en equipo frente a la desidia y la resignación.

Doy un ejemplo simple y directo: no solo debemos evitar botar basura en la calle, debemos estar dispuestos siempre a recoger la que otras personas han tirado y, sobre todo, debemos acercarnos respetuosamente a nuestros conciudadanos y facilitar un diálogo franco y directo, pero siempre respetuoso, razonable y empático para lograr hacer conciencia en las personas interlocutoras sobre la necesidad y la importancia de manejar adecuadamente nuestros deshechos.

Debemos también romper el aislamiento al que nos han llevado las redes sociales. Es fundamental regresar a lo presencial, al contacto directo y afectuoso, y también al diálogo abierto y al trabajo en equipo en la familia, en el trabajo, en el centro de enseñanza y, de manera especial, en nuestras comunidades. Demostramos que somos un bloque muy grande y con mucha disposición y de ahora en adelante la acción solidaria, sistemática y permanente debe ser una constante en toda nuestra cotidianidad.

Un aspecto muy importante del respeto mutuo es la posibilidad de comprender a las personas que han optado por el autoritarismo, un refugio de doble filo al cual acuden las personas cuando han alcanzado un nivel de decepción y desesperanza que les obliga a entregar su autonomía amparados a una figura que les brinda seguridad y les facilita la canalización de las emociones negativas hacia el odio, el desprecio, la vulgaridad y el rechazo a la diversidad.

Es, precisamente, a través de la comprensión de esos profundos sentimientos negativos que debemos acercarnos a las personas chavistas, reconocer su estado emocional y entender el extremo al que han sido llevados por muchos años de abandono y de deterioro en múltiples aspectos de su vida. Una vez comprendidos estos procesos será más fácil establecer un diálogo en donde prive el afecto y el respeto mutuo, y así vencer las fuertes barreras que han establecido a cualquier argumento diferente. Del mismo modo, esta comprensión facilita el reconocimiento de esas personas al precio que están pagando al aislarse y al intensificar aún más sus emociones negativas, porque para nadie es fácil vivir en un ambiente permanente de odio y confrontamiento.

Estoy seguro de que la mayoría de las personas que nos manifestamos hemos sentido en muchos momentos un gran enojo y un rechazo a las actitudes autoritarias, pero debemos comprender muy bien que es precisamente al canalizar esas emociones negativas hacia la lucha y la protesta como logramos no solo enfrentarlas sino sobre todo superarlas y transformarlas positivamente para promover una cultura de paz y respeto mutuo.

Imágenes tomadas de distintas redes:

La soberanía reside exclusivamente en la Nación (artículo 2 de la Constitución Política de Costa Rica) – ACODEHU

6 de agosto, 2026
San José, Costa Rica

Costa Rica se ha consolidado históricamente como uno de los referentes democráticos más estables y respetados de América Latina y del mundo. Este prestigio no es producto del azar, sino el resultado de una construcción cívica e institucional fundamentada en principios inquebrantables que protegen las libertades civiles y garantizan el Estado de Derecho. La salud de la democracia costarricense reposa sobre una serie de pilares constitucionales y culturales que aseguran que el poder siempre esté al servicio del ciudadano y nunca en su contra.

El principio fundamental que rige el sistema político costarricense es que la soberanía reside exclusivamente y esencialmente en la Nación. Este concepto, consagrado de manera explícita en nuestra Constitución Política, establece que el poder supremo no pertenece a ningún individuo, líder mesiánico, élite económica o fuerza militar, sino al conjunto de las personas ciudadanas. Es la Nación, en su totalidad, la única fuente legítima de autoridad.

De este principio se desprende que los gobernantes son meros depositarios de la autoridad, elegidos temporalmente para administrar el Estado, pero carecen de poder propio o absoluto. La soberanía popular significa que las grandes decisiones del país, la conformación de sus leyes y la elección de sus representantes provienen de la voluntad inalienable del pueblo, ejercida a través del sufragio universal, igual, directo y secreto.

Para garantizar que la soberanía popular no sea usurpada, el diseño institucional de Costa Rica se erige sobre la estricta independencia de poderes. El Estado se estructura en la clásica división tripartita: el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial. A estos se suma, con rango de poder de la República en materia electoral, el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).

Esta separación no es únicamente nominal, sino funcional y orgánica. Funciona mediante un sistema de pesos y contrapesos diseñado para evitar que cualquier rama del gobierno acumule una influencia desmedida. El Poder Legislativo debate y aprueba las leyes, el Ejecutivo las implementa y administra el país, y el Judicial vela por su cumplimiento y correcta interpretación. Ningún poder puede delegar sus funciones propias ni invadir las competencias de los demás, lo que crea un equilibrio constante que frena cualquier intento de abuso o concentración de autoridad.

Un pilar innegociable de esta arquitectura democrática es el respeto absoluto a las resoluciones del Poder Judicial. En una verdadera democracia, la ley está por encima de los hombres, y son las personas jueces(as) y magistradas(os) quienes tienen la última palabra en la interpretación normativa. En Costa Rica, la creación de la Sala Constitucional en 1989 reforzó este pilar, permitiendo a cualquier ciudadano defender sus derechos fundamentales de forma rápida y accesible.

El acatamiento de los fallos judiciales, independientemente de si favorecen o contrarían los intereses del gobierno de turno, es obligatorio. Las autoridades gubernamentales, desde la Presidenta de la República hasta la persona funcionaria de menor jerarquía, están sometidas al escrutinio legal y deben obedecer sin dilación lo dictaminado por el Poder Judicial. Este respeto a la judicatura es lo que materializa el Estado de Derecho, garantizando que el país se rija por leyes objetivas y no por arbitrariedades políticas.

El poder político en Costa Rica no es un cheque en blanco; está permanentemente subordinado al control popular. La democracia costarricense entiende que el voto cada cuatro años no es suficiente para garantizar la representatividad. Por ello, existen mecanismos de control político y social que mantienen a los gobernantes bajo el escrutinio público. La movilización nacional del día de hoy, jueves 6 de agosto de 2026, es una exigencia de garantía al respeto de lo resuelto por la Sala Constitucional y la independencia de poderes.

El control popular se ejerce a través de la libertad de prensa, la libertad de expresión, el derecho de petición y la participación ciudadana activa en organizaciones civiles y audiencias públicas.

Los principios detallados anteriormente —la soberanía nacional, la separación de poderes, el respeto irrestricto a los fallos judiciales y el riguroso control ciudadano— conforman un ecosistema político que es diametralmente opuesto y estructuralmente distante de cualquier forma de dictadura, tiranía o autoritarismo.

En una dictadura, el poder se concentra en una sola figura o cúpula; en Costa Rica, el poder se dispersa y equilibra. En un régimen autoritario, los tribunales de justicia son herramientas subordinadas a la persona dictadora para perseguir opositores; en Costa Rica, es deber del Poder Judicial proteger al ciudadano incluso frente al propio Estado. Mientras que las tiranías desprecian la voluntad popular y censuran la crítica, la democracia costarricense se nutre del debate abierto y reconoce que la autoridad emana únicamente de la Nación.

En conclusión, el modelo de Costa Rica demuestra que el verdadero poder de un Estado no radica en la fuerza o la imposición, sino en el respeto a la ley y en la firme protección de las garantías institucionales, asegurando así un clima de paz, libertad y dignidad para todas las personas habitantes. Que la Presidenta de la República llame «golpe de Estado», por el resultado de una resolución de la Sala Constitucional, es un peligroso irrespeto al artículo 2 de la Constitución Política de Costa Rica, un atentado contra el orden Constitucional y una muy mala señal de autocracia, en tanto hace tal calificativo porque no le gusta al Poder Ejecutivo ese resultado de una resolución Sala Constitucional o porque no les favorece.

JUNTA DIRECTIVA
ACODEHU

¿Cuánto vale la vida de un niño o una niña Ngäbe-Buglé?

Por Zeidy Brukwä Rodríguez
Parte de la coordinación del Frente Nacional de Pueblos Indígenas y del Pueblo Ngäbe-Buglé

Escuchar sobre la muerte de niñas y niños Ngäbe-Buglé durante la temporada cafetalera me llevó inevitablemente a recordar mi propia infancia.

Fui una niña Ngäbe-Buglé que junto a mi familia viajamos para cosechar café. Conocí el frío de la madrugada, la falta de acceso a la educación, los largos caminos, los albergues en malas o pésimas condiciones (hacinamiento), el cansancio y la incertidumbre que acompañan a miles de familias cada año. Muchas de las situaciones que hoy se denuncian no las conozco por informes ni por estadísticas. Las viví en carne propia. Hoy también soy madre. Y quizás por eso me duele aún más que el centro del debate deje de ser la vida de los niños y las niñas para convertirse en una discusión sobre fondos, seguros, inversiones y modelos de gestión.

En los últimos días se ha insistido en que la historia sobre las familias Ngäbe-Buglé “se cuenta a medias”. Coincido. Pero no por las mismas razones.

La historia que falta no comienza con la creación de programas sociales ni con la implementación de mecanismos de aseguramiento. La historia completa comenzó mucho antes, con generaciones de familias Ngäbe-Buglé que han sostenido, con su trabajo, una de las actividades económicas más importantes de Costa Rica, sin que ese aporte histórico se tradujera en el pleno reconocimiento de sus derechos.

Nadie puede negar que existen avances institucionales que deben reconocerse, en buena hora. Pero también tiene que reconocerse que ha sido gracias a las denuncias y presión que se han hecho desde hace años para cambiar esta situación.

Toda medida que contribuya a proteger la salud, la seguridad y la niñez merece ser valorada. Sin embargo, esos avances no pueden utilizarse para desplazar el debate sobre las condiciones que siguen enfrentando muchas familias ni para responder a denuncias de derechos humanos como si la existencia de programas bastará para resolverlas.

Los derechos no se compensan con programas sociales. Los derechos se garantizan.

Las personas Ngäbe-Buglé no somos un costo de producción ni una población vulnerable cuya dignidad dependa de la solidaridad o caridad del sector cafetalero. Somos un Pueblo Indígena transfronterizo, con derechos colectivos reconocidos por la Constitución Política de Costa Rica, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y otros instrumentos internacionales de derechos humanos.

Nuestra existencia no comienza ni termina con la cosecha del café. No somos mano de obra estacional. Somos un Pueblo con historia, identidad, cultura, idioma, espiritualidad, autoridades propias y derechos colectivos. Nuestra presencia en las cosechas no puede analizarse únicamente desde una perspectiva económica o asistencialista; debe comprenderse desde el reconocimiento de nuestra dignidad y de nuestros derechos como Pueblos Indígenas, como sujetos de derechos.

La salud, la seguridad laboral, una vivienda digna y la protección de la niñez no son actos de generosidad. No son favores. Son obligaciones jurídicas, éticas y políticas del Estado y de quienes obtienen beneficios económicos del trabajo de miles de familias Ngäbe-Buglé.

Durante décadas, la historia de la migración cafetalera ha sido contada principalmente por instituciones, empresas y sectores productivos. Con demasiada frecuencia, las voces de las propias familias Ngäbe-Buglé han quedado relegadas. Se habla sobre ellas, pero pocas veces se habla con ellas o desde ellas.

La historia completa también incluye la discriminación, el racismo, la explotación laboral, las barreras para acceder a servicios públicos, las condiciones precarias que aún persisten en algunos albergues y el dolor de familias que han visto vulnerados sus derechos más fundamentales. También incluye la muerte de niñas y niños, una realidad que debería interpelarnos mucho más que cualquier balance financiero.

Las organizaciones que denuncian estas situaciones no debilitan al sector cafetalero ni al país. Por el contrario, cumplen una función esencial en toda democracia: recordar que el desarrollo económico no puede construirse sobre la vulneración de derechos humanos.

El café costarricense no se cosecha solo. Se cosecha con las manos de miles de hombres, mujeres, personas mayores, jóvenes y familias Ngäbe-Buglé. Detrás de cada cosecha hay historias de esfuerzo, de sacrificio y también de profundas desigualdades que Costa Rica aún tiene la responsabilidad de enfrentar.

La dignidad de un Pueblo no se mide por los programas que recibe, sino por los derechos que efectivamente se le garantizan.

Mientras la vida de un solo niño o una sola niña Ngäbe-Buglé siga estando en riesgo durante la migración cafetalera, ninguna cifra, ningún fondo y ningún comunicado podrán responder a la pregunta que realmente importa: ¿cuánto vale la vida de un niño o una niña Ngäbe-Buglé?

UCR presentará el libro «Rescatando la memoria: dos encuentros históricos afrocostarricenses 1978-1996»

La Cátedra de Estudios de África y el Caribe y la Comisión Rescate de Nuestra Memoria Histórica realizarán el próximo jueves 13 de agosto, a las 9:00 a. m., en la Sala de Audiovisuales de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Costa Rica, una jornada académica dedicada a la memoria histórica, la identidad afrodescendiente y la divulgación del patrimonio cultural afrocostarricense.

El eje central de la actividad será la presentación del libro Rescatando la memoria: Dos encuentros históricos afrocostarricenses 1978-1996, una publicación que recupera, mediante documentos históricos, fotografías, archivos personales, notas periodísticas y otras fuentes primarias, la memoria de dos encuentros que marcaron un antes y un después en la organización y el reconocimiento de las comunidades afrodescendientes en Costa Rica.

La publicación rescata la memoria del Seminario Nacional sobre la Situación del Negro en Costa Rica (1978) y de la II Reunión Internacional de la Familia Africana (1996), espacios que promovieron el reconocimiento de los aportes de la población afrodescendiente, la reflexión sobre el racismo y la discriminación, así como la reivindicación de la identidad, la cultura y los derechos de las comunidades afrodescendientes.

Además de documentar estos acontecimientos, el libro pone en valor el legado de personas y organizaciones que impulsaron estos procesos, evidenciando cómo sus aportes contribuyeron al fortalecimiento de la conciencia histórica, la organización comunitaria y la construcción de una sociedad más inclusiva. La publicación constituye un importante aporte para la preservación de la memoria histórica y para el estudio de la presencia y las contribuciones de la población afrodescendiente en Costa Rica. La presentación estará a cargo de reconocidos académicos especialistas en la africanidad costarricense.

La actividad también incluirá una conferencia del destacado microbiólogo Dr. Joy Robleto Quesada, activista por el reconocimiento de los derechos de las personas afrodescendientes. Durante su intervención abordará temas relacionados con la africanidad biológica, entre ellos las diferencias entre etnia y genética, la diversidad de los grupos étnicos y su relación con los países de origen, así como otros aspectos de interés para comprender la riqueza y complejidad de la herencia africana.

Como cierre de la jornada, se realizará una presentación en la que se darán a conocer los resultados de las pruebas de ancestría africana de algunas de las personas participantes, en un espacio orientado a promover la reflexión sobre la identidad, la memoria, la pertenencia y el legado de la diáspora africana.

Esta actividad constituye una oportunidad para acercarse a una parte fundamental de la historia nacional, fortalecer el conocimiento sobre los aportes de las poblaciones afrodescendientes a la construcción de Costa Rica y promover el diálogo académico sobre memoria histórica, diversidad cultural, justicia social y reconocimiento de las contribuciones afrodescendientes al desarrollo del país.

Un correo electrónico EXTRAÑO e inesperado

Por: Luis Paulino Vargas Solís

Hace 15 o 18 años para mí aquello era frecuente. Eran tiempos en que las redes sociales, cuya influencia hoy es determinante, apenas nacían. El correo electrónico era, por entonces, el medio más expedito de comunicación y por esa vía –de alguna manera conseguían mi dirección– me hacían llegar sus mensajes.

El caso es que no me había vuelto a ocurrir. Las redes sociales sustituyeron al correo y amplificaron exponencialmente el efecto, convirtiéndolo en algo mucho más tóxico y de muchos mayores alcances.

Cierto: no me había vuelto a ocurrir. Pero hace pocos días, después de años, me ocurrió de nuevo. No es en absoluto casualidad puesto que vivimos los tiempos del chavesato.

El correo electrónico viene de un hombre de apellidos Céspedes. Incluye copia a un grupo de más de 20 destinatarios incluido un expresidente de la República y actual ministro y una exdiputada y actual asesora presidencial.

El contenido no da margen a la interpretación. Es intencionada y directamente homofóbico. El objetivo es igualmente claro: insultar y herir.

No me había vuelto a ocurrir en el correo electrónico, pero en las redes sociales es cosa de todos los días. En Twitter –que no volví a utilizarlo– era realmente brutal. En Facebook es pertinaz. Aparece en los comentarios públicos a mis publicaciones y, con multiplicada furia e incrementada frecuencia, en los mensajes privados por Messenger.

Yo, en general, veo pasar esas como veo pasar la lluvia.

Sé que no es conveniente decir que “me he acostumbrado” pero tampoco es asunto de tomarse a la tremenda cada ataque que recibo. Que, si así lo hiciese, ya probablemente estaría yo en un manicomio…

Hay que saber blindarse y establecer distancias para poder sobrevivir.

A lo largo de los años lo he vivido como siguiendo un patrón cíclico, o sea, con momentos de relativo apaciguamiento y momentos más violentos e intensos.

Recuerdo, por ejemplo, cuando, en 2010, las jerarquías religiosas se aliaron con algunos sectores políticos para impulsar un referendo que pretendía cerrar todas las puertas a la regularización de las relaciones de parejas del mismo sexo. Aunque las redes sociales solo ocupaban entonces un lugar muy marginal, la cuestión fue muy intensa.

La Sala Constitucional puso fin a aquel violento pugilato con una sabia resolución: “los derechos de las minorías no pueden ser decididos por las mayorías”, fue, en lo esencial, su dictamen. Y, por cierto, era la misma Sala que, durante los 10 años anteriores, desde inicios del nuevo siglo, una y otra vez negó a las parejas del mismo sexo el acceso incluso a los más elementales derechos.

En los años siguientes continuó la lucha. Hasta llegar a 2018. La opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos cambió todo de un plumazo y la reacción subsiguiente, por parte de los sectores conservadores, fue absolutamente feroz.

De nuevo fui parte de esa pelea. Aporté lo mejor que estuvo a mi alcance, según mis posibilidades, y aguanté la artillería que me tocó en suerte recibir.

La Sala Constitucional quedó atrapada en un zapato. Su propia jurisprudencia reconocía el carácter vinculante de las resoluciones de la Corte Interamericana, lo que la obligaba a pronunciarse a favor de algo que, a lo largo de tantos años, había sentenciado negativamente en forma reiterada.

El matrimonio igualitario –igual para parejas heterosexuales que para parejas del mismo sexo– se hizo realidad. Aunque rodeados de ácidas polémicas y frases infamantes, luego vinieron diversos avances a favor de las personas trans.

Y, entonces, el chavesato.

El boicot contra la marcha del orgullo, la supresión de los programas de educación para la sexualidad y la afectividad y la eliminación de los protocolos contra el acoso en ambientes escolares, son el signo de los nuevos tiempos. Empezó con Chaves y es evidente que encuentra “continuismo” con Fernández, al extremo, realmente ridículo, de tomarlo como pretexto para desbordarse en infundios contra la Agenda 20-30.

Todo esto ha propiciado que el discurso contra las minorías LGBTIQ escale y se vuelva mucho más purulento.

Chaves y Fernández comparten muchísimas características con los gobiernos de ultraderecha que hoy infestan el mundo. Construyen una narrativa alimentada por el odio y, por insólito que resulte, es el odio el que les proporciona el combustible que les energiza. De ahí que su signo sea el signo fascista.

Uno de los rasgos, comunes a todos esos gobiernos y proyectos políticos, es la agenda anti-LGBTIQ+.

Una agenda virulenta y encarnizada.

Los colectivos LGBTIQ+ deben tenerlo presente. Es nuestra obligación tenerlo presente.

El silencio no es opción. Decir “presente” y levantar la voz, con respeto, pero con energía, es algo absolutamente ineludible.

Foro analizará la situación actual y los desafíos en la recuperación de territorios indígenas en Costa Rica

Representantes de los pueblos Maleku, Brörán de Térraba y Bribri de Salitre compartirán la situación actual de tres procesos de recuperación territorial que evidencian la persistencia de la violencia, la impunidad y el incumplimiento de las obligaciones del Estado costarricense.

La Alianza por una Vida Digna, SURCOS Digital, el proyecto Geografía y Diálogo de Saberes de la Escuela de Geografía de la Universidad de Costa Rica y el Programa Kioscos Socioambientales de la Vicerrectoría de Acción Social realizarán el foro «¿Qué está ocurriendo en las comunidades indígenas de Costa Rica? Violencia, recuperación territorial y derechos de los pueblos indígenas», un espacio para analizar algunos de los conflictos más relevantes que enfrentan actualmente los pueblos indígenas del país.

La actividad contará con la participación de Lesner Figueroa, integrante de la organización Ditsö Iriria Ajkonuk Wakpa de Salitre; Byron Reyes, representante de la recuperación de San Andrés en el territorio Brörán de Térraba; Marcony Lacayo, de la organización Maleku Lí Úroteca; y María José Cabezas, psicóloga con experiencia en trabajo con pueblos originarios. El foro se realizará el jueves 6 de agosto a las 6:00 p. m., mediante Facebook Live de SURCOS Digital.

El espacio ofrecerá un panorama actualizado sobre la situación que enfrentan estos pueblos, caracterizada por agresiones contra personas recuperadoras, amenazas, procesos judiciales cuestionados, retrasos en la restitución de tierras y el incumplimiento de las obligaciones nacionales e internacionales asumidas por el Estado costarricense en materia de derechos de los pueblos indígenas.

Aunque la Ley Indígena establece que los territorios indígenas son de uso exclusivo de los pueblos originarios y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo reconoce su derecho al territorio y a la autodeterminación, la recuperación efectiva de estas tierras continúa dependiendo, en gran medida, de procesos impulsados por las propias comunidades, muchas veces en contextos de violencia e inseguridad.

Pueblo Maleku: La lucha por la recuperación de sus tierras

El proceso de recuperación territorial Maleku ha cobrado fuerza desde la pandemia, particularmente gracias al liderazgo de mujeres indígenas que han recuperado varias fincas ocupadas históricamente por personas no indígenas. Actualmente el pueblo Maleku administra cerca de 150 hectáreas recuperadas, mientras las organizaciones recuerdan que aproximadamente el 72 % de su territorio continúa en manos de ocupantes no indígenas, en abierta contradicción con la legislación vigente. Estas luchas han ocurrido en medio de manifestaciones de violencia, como las ocurridas recientemente contra mujeres indígenas.

San Andrés de Térraba: aumenta la tensión en la recuperación territorial

El foro también analizará la situación de la Finca San Andrés, en el territorio Brörán de Térraba, donde las familias recuperadoras denunciaron recientemente la intención de la Asociación de Desarrollo Integral Indígena de Térraba (ADII) de ingresar a las parcelas recuperadas para realizar mediciones y otras actuaciones sin el consentimiento de quienes las habitan y trabajan. Ante esta situación solicitaron medidas preventivas a la Fuerza Pública y presentaron denuncias ante diversas instituciones públicas.

Aunque el ingreso finalmente no se concretó, las familias mantienen el estado de alerta debido a las amenazas y presiones registradas durante las últimas semanas. Las organizaciones indígenas advierten que persiste el riesgo de confrontación y han solicitado al Estado garantizar el cumplimiento de las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al pueblo Brörán de Térraba.

Salitre: continúa la incertidumbre sobre las recuperaciones

Otro de los casos que será analizado corresponde al territorio indígena Bribri de Salitre, donde un juzgado ordenó recientemente el desalojo de cuatro familias recuperadoras de la recuperación territorial Kapliña, decisión que posteriormente fue suspendida de manera temporal mientras se resuelven diversos procesos administrativos y judiciales.

Las organizaciones recuperadoras sostienen que la orden de desalojo contradice la Ley Indígena, el Convenio 169 de la OIT y las medidas cautelares emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para proteger este territorio. Además, advierten que cualquier intento de desalojo incrementaría el riesgo para las familias recuperadoras y profundizaría un conflicto marcado por años de violencia e impunidad, incluido el asesinato del líder indígena Sergio Rojas Ortiz, cuyo caso continúa siendo un símbolo de las deudas del Estado con los pueblos indígenas.

El foro busca contribuir al debate público sobre la situación que viven las comunidades indígenas de Costa Rica y reflexionar sobre los desafíos que enfrenta el país para garantizar la recuperación efectiva de los territorios, la protección de las personas recuperadoras y el respeto pleno de los derechos de los pueblos originarios.

Con apoyo de proyecto ED-3526 Geografía y Diálogos de Saberes: Análisis de la conflictividad socioambiental en territorios comunitarios de Costa Rica de la Escuela de Geografía y el Programa Kioscos Socioambientales de la Vicerrectoría de Acción Social Universidad de Costa Rica.

Investigación de la UCR demuestra que el impacto del clima y la contaminación sobre la salud respiratoria puede aparecer semanas después

Mag Olga Marta Ramírez Hernández
Comunicadora
Sistema de Estudios de Posgrado (SEP) 

  • Estudio examinó datos entre 2000 y 2019 para identificar riesgos y apoyar la prevención en salud pública.

  • Investigación determinó que enfermedades no siempre son inmediatas como reacción al clima y a la contaminación.

Un estudio desarrollado en el Sistema de Estudios de Posgrado (SEP) de la Universidad de Costa Rica (UCR) revela que la relación entre el clima, la contaminación del aire y las enfermedades respiratorias en el país es compleja y no inmediata, con efectos que pueden manifestarse semanas después y variar según la región, lo que aporta evidencia clave para anticipar riesgos y fortalecer la planificación en salud pública.

El estudio, titulado Modelo de la influencia de los factores climáticos y la contaminación del aire en la incidencia de enfermedades respiratorias en las regiones y subregiones climáticas de Costa Rica, fue realizado por el estudiante de maestría Emanuelle Parra Rodríguez, como parte de su trabajo final de investigación.

“El objetivo fue entender cómo interactúan el clima y la contaminación con la salud respiratoria. Se logró determinar que los efectos no siempre son inmediatos y pueden manifestarse semanas después, dependiendo de la región”, explicó Parra.

Uno de los principales hallazgos del estudio es que los factores climáticos y ambientales influyen de manera no lineal y con efectos rezagados en los egresos hospitalarios por enfermedades respiratorias. Esto significa que ciertos niveles de contaminación o combinaciones específicas de variables climáticas pueden aumentar o reducir el riesgo de hospitalización tiempo después de ocurrir estos factores.

La investigación abarcó el período comprendido entre los años 2000 y 2019 e integró información satelital con registros oficiales de salud. Se analizaron variables como temperatura, precipitación y humedad relativa, junto con un indicador de contaminación del aire basado en la profundidad óptica de aerosoles.

Estos datos se examinaron en siete regiones climáticas y 27 subregiones del país, lo que permitió capturar la variabilidad territorial y temporal del fenómeno, así como las diferencias entre zonas con condiciones ambientales distintas.

Además, la investigación permitió identificar umbrales de riesgo a nivel subregional, información que puede utilizarse para anticipar brotes estacionales y apoyar una mejor planificación de los recursos en el sistema de salud.

“Este trabajo refleja la calidad en la investigación que se desarrolla desde el SEP de la UCR y su aporte al análisis de problemas complejos con impacto directo en la salud pública y la toma de decisiones”, señaló el Dr. Eldon Cadwell Marín, decano del SEP.

El estudio también destaca por su aporte metodológico, al combinar modelos estadísticos avanzados con datos satelitales internacionales y registros nacionales de salud, lo que abre la posibilidad de replicar el análisis en otras regiones del país o aplicarlo a distintos problemas ambientales y sanitarios.

Les compartimos la investigación: https://ucr.cr/r/kRKfJ

En el video siguiente el investigador da detalles importantes:

Carta abierta a la señora presidenta de la República

Licda. Leonor I. Antillón Sargent
Abogada

“Atesoro casi cuatro décadas de ser libre y vivir en un país pacífico, por favor, guarde el equilibrio no deje que perdamos eso”.

Leonor I. Antillón Sargent.

Señora Presidenta:

Sobre la invocación reiterada de la «mayoría»

Con la consideración que merece su investidura, me dirijo a usted con motivo de una retórica que ha sido constante en su discurso público desde antes y después de asumir el cargo: la afirmación de que, por haber sido usted electa por la «mayoría» del país, a esa “mayoría” le asiste la razón, y que el resto de la ciudadanía debe simplemente acatar y respetar sus decisiones sin cuestionarlas. Pero esa premisa no resulta numéricamente exacta. Usted obtuvo un 48% de los votos válidamente emitidos, cifra que equivale a apenas un 33% del padrón electoral total. En consecuencia, existe un 67% de la ciudadanía costarricense que optó por otras propuestas políticas o por el abstencionismo, a quien también se le debe respeto, gobernanza y rendición de cuentas, y cuya voz no puede subordinarse a la de quienes sí la eligieron.

La injerencia del Poder Ejecutivo en un asunto de resorte legislativo

Resulta sumamente improcedente que el Poder Ejecutivo abandere, mediante una comparecencia pública rodeada de la bancada oficialista, la vocería sobre un trámite de nombramiento de magistraturas suplentes que atañe, por mandato constitucional, exclusivamente a la Asamblea Legislativa. Esa actuación transforma un asunto propio del sistema de pesos y contrapesos en un acto de confrontación político-partidaria, y compromete la investidura presidencial en una disputa que corresponde dirimir a otros poderes de la República.

Una retórica que evoca precedentes autoritarios

Escuchar calificativos de «golpistas» dirigidos a la magistratura constitucional, y ver que se promueve una acción penal por prevaricato contra quienes suscribieron una sentencia con la que el Poder Ejecutivo simplemente discrepa, evoca la peligrosa retórica de deslegitimación e injerencia judicial empleada históricamente por regímenes autoritarios de la región: Fidel Castro, al disolver en 1959 la independencia del Tribunal de Garantías Constitucionales cubano; Hugo Chávez, quien en 2009 calificó públicamente en cadena nacional de «bandida» a la jueza María Lourdes Afiuni y exigió su condena a treinta años de prisión por una resolución judicial que le resultó incómoda, lo que derivó en su encarcelamiento arbitrario; Nicolás Maduro, al desconocer en 2017 al Tribunal Supremo de Justicia legítimamente constituido y promover instancias paralelas; y Daniel Ortega, con las purgas y destituciones masivas de jueces independientes ejecutadas en 2023. Se trata, en todos los casos, de una misma línea de confrontación que erosiona el Estado de Derecho al criminalizar el disenso judicial.

El contraste con las democracias consolidadas

En contraste, en democracias sólidas como los Estados Unidos, cuando la Corte Suprema dictó fallos contundentes contra el Poder Ejecutivo liderado por Donald Trump —como la anulación, en 2020, de la decisión de poner fin al programa DACA, o la orden de entregar sus registros financieros a la fiscalía de Nueva York en el caso Trump v. Vance ese mismo año—, dichas resoluciones se acataron dentro del marco legal a pesar de las públicas discrepancias del entonces mandatario, y en ningún momento se planteó declarar ineficaces, nulas o carentes de validez las sentencias del más alto tribunal.

La premura de la acción penal y su fragilidad procesal

La gravedad institucional se profundizó cuando, inmediatamente después de las actividades religiosas del 2 de agosto en Cartago, Usted se apersonó con su comitiva a interponer una querella penal por presunto prevaricato contra los cuatro magistrados que suscribieron la sentencia, sin que para ese momento se conociera aún el texto íntegro y la fundamentación técnica del fallo, según lo reconoció públicamente uno de los propios magistrados señalados. Promover una acción penal contra una resolución cuya fundamentación jurídica —incluidos los tratados internacionales y el control de convencionalidad eventualmente aplicables— todavía no ha sido conocida en su integridad, resulta procesalmente precipitado y constituye, respetuosamente, un uso inapropiado de la logística y los recursos estatales con fines de proyección política.

Una contradicción que la propia acción penal revela

Esta actuación incurre, además, en una tensión lógica evidente: se pretende que responda penalmente ante la Corte Plena precisamente la magistratura que, por virtud de la recusación de los magistrados propietarios implicados, debería integrarse con los magistrados suplentes cuya permanencia en el cargo el propio oficialismo cuestiona. Las resoluciones de la Sala Constitucional son vinculantes erga omnes; si el sector oficialista no comparte ese marco jurídico, el camino que corresponde en derecho es plantear las reformas legales o constitucionales pertinentes y asumir sus costos institucionales, pero nunca sugerir el desconocimiento de los fallos ni la descalificación de la magistratura mediante etiquetas que no encuentran sustento jurídico.

Un llamado respetuoso

Le insto respetuosamente a optimizar los recursos públicos, a moderar el uso de la función presidencial en controversias que corresponden a otros poderes de la República, y a gobernar para la totalidad de la ciudadanía con estricto apego a la Constitución Política, a la independencia del Poder Judicial y a la paz social que ha caracterizado a Costa Rica.

O sea, a guardar el difícil pero necesario equilibrio del Poder que ostenta, para que este país, suyo y mío también, siga siendo libre, pacífico y democrático.

Con toda consideración,

Licda. Leonor I. Antillón Sargent, abogada, carnet 1744

Foro en vivo analizará la situación de las comunidades indígenas de Costa Rica

La Alianza por una Vida Digna, la Escuela de Geografía, el proyecto Geografía y Diálogo de Saberes, Kioscos Socioambientales y SURCOS Digital invitan al foro en vivo ¿Qué está ocurriendo en las comunidades indígenas de Costa Rica?, que se realizará el jueves 6 de agosto a las 6:00 p.m. mediante Facebook Live de SURCOS Digital.

El espacio contará con la participación de:

  • Lesner Figueroa, integrante de la organización Ditsö Iriria Ajkonuk Wakpa, Salitre.

  • Byron Reyes, representante de la Recuperación de San Andrés, territorio Térraba.

  • Marcony Lacayo, Operación Maleku Ií úroteca.

  • María José Cabezas, psicóloga con enfoque social y trabajo con pueblos originarios.

La actividad busca propiciar un espacio de diálogo sobre la situación que viven las comunidades indígenas de Costa Rica.

Plantón por la justicia y la democracia convoca a encender una luz en cada sede judicial del país

Diversos sectores convocan a realizar un Plantón por la Justicia y la Democracia el próximo jueves 6 de agosto, a partir de las 4:30 p.m., en circuitos judiciales de todo el país, con el propósito de expresar respaldo al Poder Judicial y a la institucionalidad democrática.

La convocatoria plantea como mensaje central: “¡Que la luz de la justicia se encienda en cada sede judicial del país!”, e invita especialmente a las personas de las zonas alejadas del área metropolitana a organizar plantones de reflexión en cada circuito judicial después de las 4:30 de la tarde.

Las personas participantes son llamadas a llevar una vela como símbolo de la actividad y a promover expresiones de arte y cultura durante las concentraciones. Asimismo, se les invita a compartir fotografías de la jornada en redes sociales utilizando las etiquetas #Ningúngolpedeestado y #ApoyoalPoderJudicial.

La convocatoria destaca que la actividad se desarrollará en todo el país de manera simultánea y concluye con el mensaje:

“La justicia nos une. La democracia nos pertenece.”

El plantón se presenta como un llamado ciudadano a favor de la justicia, la democracia y la defensa de las instituciones judiciales.