Costa Rica ha sido catalogada, históricamente, como una de las democracias más sólidas y estables de Latinoamérica, pero ha venido sufriendo una progresiva y grave erosión desde 2022.
Gobiernos anteriores provocaron desconfianza en la ciudadanía, merced a muchas promesas incumplidas, y junto al desgaste de los partidos políticos tradicionales, crearon el terreno fértil para el surgimiento del discurso antisistema. Dicho descontento fue aprovechado por controvertidos personajes arribistas, del 2022 en adelante, para iniciar una escalada populista que cuestiona la arquitectura constitucional del país, redefiniendo la gestión pública como un choque permanente entre un “pueblo agraviado” y una “casta o institucionalidad corrupta”, y que utiliza reiteradamente un discurso de odio, para lo cual recurre a conferencias de prensa y plataformas digitales, con el propósito de descalificar a todos sus oponentes.
Los organismos internacionales y centros de monitoreo global han activado sus alarmas sobre este fenómeno, que degrada el nivel de la nuestra democracia; así, por ejemplo:
- El Índice Mundial de Libertad de Prensa informó que Costa Rica perdió 33 puntos, del 2021 al 2025, pasando del puesto 5 del mundo al 38.
- Según el Índice de Libertad Global (Freedom House), la puntuación de la Libertad de Prensa pasó de 88.8 a 72.3 puntos en ese mismo periodo.
- Para el Instituto de la Libertad de Prensa y Reporteros Sin Fronteras, los monitoreos en el país revelan un incremento superior al 800% en ataques a la prensa independiente. La mayor parte corresponde a agresiones verbales y a desacreditaciones sistemáticas («sicarios políticos», «prensa canalla») emitidas desde las ruedas de prensa del Ejecutivo.
Pero el atropello más crítico ha sido el ataque directo y coordinado desde la presidencia anterior y la actual, contra las instituciones que tutelan el Estado de Derecho, así, por ejemplo:
- El Poder Judicial y la Sala Constitucional han sido blanco de descalificaciones directas, tras haber frenado decretos u órdenes administrativas contrarias a la ley (p. ej., el cierre de recintos de eventos y ataques indirectos a medios). Se tilda a los magistrados de «obstáculos al desarrollo».
- La Contraloría General de la República ha sido objeto de un acoso verbal inédito. El Ejecutivo ha intentado eludir los controles de contratación pública (proyectos de infraestructura, alianzas público-privadas) y mediante reformas legislativas populistas (como la «Ley Jaguar»), ha querido descalificar la función constitucional de fiscalización.
- El Tribunal Supremo de Elecciones (garante de la pureza del sufragio), también ha sido objeto de ataques a su imparcialidad cuando ha señalado infracciones al deber de neutralidad política de los funcionarios públicos.
Uno de los síntomas más preocupantes es la persecución a la libertad de expresión y al ejercicio de un periodismo libre, mediante estrategias de acoso sistemático a través de troles y redes sociales. Se crean ecosistemas digitales destinados al linchamiento virtual, el ciberacoso y la difamación de voces analíticas. Asimismo, mediante el retiro de la pauta publicitaria oficial a medios independientes, se les pretende asfixiar económicamente, incluso se les persigue judicialmente, haciendo un uso abusivo del aparato estatal.
Se practica la persecución tributaria, administrativa y se amenaza, lo cual ha obligado a algunos incluso al exilio y otros han perdido la visa norteamericana, aparentemente por intervención del gobierno.
Todo esto contrasta con la Costa Rica que ha sido refugio insigne de exiliados latinoamericanos. El uso de calificativos degradantes desde la tribuna presidencial no es mero folclore político; es una señal de validación que impulsa a grupos fanáticos a llevar la agresión del plano virtual al físico.
Finalmente, alimentados por ese clima de violencia verbal y discursos de odio, crecen también la delincuencia, el sicariato, el crimen, el tráfico de drogas y el lavado de dólares, al amparo de acciones gubernamentales que los han terminado favoreciendo, como lo fue el retiro de las policías contra las drogas de nuestras fronteras, puertos y aeropuertos, la reubicación de nuestras policías costeras tierra adentro y los recortes a los presupuestos del OIJ y el Poder Judicial. Como corolario, cientos de funcionarios y de exfuncionarios, de los tres poderes del Estado, se han visto tentados a involucrarse en el lucrativo negocio de las drogas.
Sin embargo, frente a una narrativa de odio, autoritaria y populista, la sociedad civil ha comenzado a articular mecanismos de autodefensa institucional: por ejemplo, la manifestación del Plantón, el pasado 6 de agosto, en la Plaza de la Democracia, una marcha cívica que representa un hito en la historia reciente del país. Este movimiento espontáneo, bajo la consigna de nuestra bandera nacional, reunió a sectores muy diversos, hombres y mujeres patriotas: exmagistrados, estudiantes, sindicalistas, jubilados, profesionales, académicos y ciudadanía en general, para exigir respeto a la separación de poderes, el cese a los ataques a la Sala IV, la Contraloría, el OIJ, el TSE, el Poder Judicial y la defensa irrenunciable de la libertad de prensa y de expresión, baluarte histórico de nuestra democracia.
Esa manifestación, popular y pacífica, evidenció que a pesar de los esfuerzos del Poder Ejecutivo anterior y del actual, por polarizar y dividir la sociedad costarricense, existe una creciente masa crítica ciudadana, dispuesta a resguardar las bases institucionales establecidas en la Constitución vigente, la de 1949 y sus reformas.
En conclusión, todavía el país no enfrenta un colapso democrático, pero sí un ascendente proceso de erosión institucional, en el que tanto la ley como las instituciones que las tutelan son debilitadas intencionada y sistemáticamente.
Es importante, por tanto, no solo detener el deterioro democrático causado por la retórica oficialista, sino procurar una solución a las deudas estructurales (desigualdad, desempleo, infraestructura, salud, educación, seguridad) que el sistema político tradicional no supo atender y que le sirven a los dirigentes de turno como excusa para intentar derribar nuestra democracia e instaurar el autoritarismo tan en boga en Latinoamérica y el mundo.
Hacemos un llamado a la ciudadanía consciente y preocupada de la herencia que le podamos dejar a nuestros hijos y nietos, a defender la democracia y sus instituciones. Esa defensa no se hace con fusiles ni con violencia, sino ejerciendo nuestros derechos ciudadanos a la denuncia y a la manifestación pacífica, no doblegándonos a las exigencias de un gobierno autoritario que no respeta ni la división de poderes ni las instituciones, y finalmente, repensando nuestras decisiones electorales en los procesos de escogencia que se avecinan, en nuestras comunidades y a nivel nacional.
Igualmente hacemos un llamado a las universidades, instituciones, organizaciones, movimientos, grupos de estudio, iglesias, intelectuales, demócratas, etc., a defender la institucionalidad, la democracia y la libertad que todavía disfrutamos, y a proponer proyectos, soluciones y cualquier idea que a través de los diputados y representantes cantonales y nacionales que todavía defienden esta patria, que nos permitan retomar el rumbo perdido, contrarrestar la polarización social y volver a una senda de progreso justa y equitativa, que propicie una convivencia pacífica en nuestra amada Costa Rica. Agosto 27, 2026.
Firmantes:
Gerardo Fumero Paniagua, 301830948
Jorge Blanco Roldán, 103870769
Edgar Porras Thames, 103971236
Juan Gerardo Alvarado Ulate, 104830907
Alejandro Alvarado Induni, 103400452
Felipe Corriols Morales, 103720641
Hernán Sánchez Delgado, 103630887
Luis Bolaños Marín, 103840247
Fernando Fernández González, 104510498
Milton Esquivel Hernández, 103991282
Rodrigo Méndez, 104370959
Germán Murillo Pacheco, 400900601
Manuel Incer Arias, 103990517
Mario Granados Chacón, 103780680
Patricia Barzuna Castro, 105200588
Marina Aguiluz Armas, 102810948
Luis Fdo Chavarría Zannini, 103911334
Habib Succar Guzmán, 203240655
Víctor Mora Black, 601170946
Mercedes Monge Agüero, 104011497
Mario Salas Leal, 103720352
Jorge González Calderón, 107750334
Marco Vázquez Esquivel, 292940397
Luis González Espinoza, 202740104
Elizabeth Aguilar Zeledón, 104170170
Minor Ovares Fallas, 103880138
Xinia Herrera Quirós, 104220059
Mario Vilalta Jiménez, 104390432
José Luis Ocampo Rojas, 103720173
Alba María Muñoz Sibaja, 103960709
José Miguel Quirós Murillo, 202600256
Jaime Rosencwaig Topf, 103860466
Miguel Á. Montero Corredera, 104510398
Rolando González García, 202600476
Alberto Negrini Vargas, 104130248
Sandy Calderón Delgado, 103860628
Rosa L. Tormo Fonseca, 103920917
Rafael Ángel González Arce, 103990124
Víctor Hugo Esquivel Poveda, 104110982
Oscar Cuevas Zamora, 115200024
Carlos M. Villaseñor Brenes, 103530664
Emilia M. Rojas Umaña, 104090831
Azálea Álvarez Torres, 103840399
Víctor Mora Vilalreal, 106280826
Carlos E. Serrano Rodríguez, 202440879
José Pablo Sibaja Brenes, 112000166
Rogelio Zeledón Ureña, 104180816
Marco V. García León, 401300549
Guillermo Alvarado Induni, 105420448
Alexis Solís Marín, 104490703
María Nelly Porras Thames, 105330726
Marcela Guzmán Ovares, 301860044
María Helena Fonseca Mora, 301800640
Carmen Sandoval Jiménez, 103860587
María Elena Fonseca Mora, 301800640
Sergio Valenciano Ulloa, 105040820
Carlos Runebaun Madriz, 301720446
Tannia Oconnor Oconnor, 104060961
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Arturo Pacheco Molina, 301820534
Ismael Mazón González, 104220207
Altagracia Sárraga Cuevas, 700390987
