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Parlamento Cívico Ambiental alerta sobre riesgos del proyecto de “Armonización Eléctrica” y llama a rechazar expediente 23.414

Foro ciudadano advierte riesgos para el ICE, el modelo solidario y los ecosistemas del país.

San José, Costa Rica. — El Parlamento Cívico Ambiental, foro adscrito al Departamento de Participación Ciudadana de la Asamblea Legislativa de Costa Rica e integrado actualmente por 41 organizaciones sociales, ambientales, académicas y ciudadanas, aprobó por decisión unánime un pronunciamiento de oposición al texto sustitutivo del proyecto de ley expediente 23.414, denominado “Ley de Armonización del Sistema Eléctrico Nacional”.

El Parlamento, espacio cívico ambiental activo más amplio del país, advirtió que la iniciativa legislativa representa “uno de los cambios estructurales más importantes de las últimas décadas” para el sistema energético costarricense.

Las organizaciones señalaron que el proyecto debilita el papel histórico del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y de la planificación pública del sistema eléctrico nacional, favoreciendo procesos de fragmentación, mercantilización y apertura del mercado energético.

“El modelo eléctrico costarricense ha sido fundamental para garantizar electrificación rural, acceso universal y una matriz renovable reconocida internacionalmente. Este proyecto amenaza con sustituir una visión de interés público por una lógica crecientemente mercantil”, señala el acuerdo aprobado.

Su pronunciamiento advierte además que una apertura desregulada del mercado eléctrico podría generar mayores presiones sobre ríos, cuencas hidrográficas y ecosistemas estratégicos del país, promoviendo proyectos guiados principalmente por criterios de rentabilidad económica.

“El país necesita una discusión seria, participativa y transparente sobre el futuro energético nacional, no una reforma acelerada que podría debilitar la planificación pública y aumentar las presiones ambientales sobre nuestros territorios”, afirmó Alejandro Muñoz Villalobos presidente de la Comisión de Energía y Minas.

Las organizaciones insistieron en que Costa Rica sí requiere avanzar hacia una transición energética, pero señalaron que esta debe ser “justa, democrática y ambientalmente responsable”, fortaleciendo la institucionalidad pública y garantizando protección ambiental y equidad territorial.

El Parlamento Cívico Ambiental hizo un llamado directo a las diputadas y diputados de la República para rechazar el expediente 23.414 y abrir un proceso amplio de diálogo nacional sobre el futuro energético del país.

“El futuro energético de Costa Rica no puede definirse únicamente desde criterios de mercado. La energía debe seguir siendo entendida como un bien público esencial para el desarrollo humano, la justicia social y la sostenibilidad ambiental”, indicaron representantes del foro.

“Defender el modelo eléctrico público y solidario es defender la soberanía energética, la justicia social y los ecosistemas estratégicos de Costa Rica” señaló Victoria Rudín Vega, vicepresidenta de la organización.

“El país necesita una discusión seria, participativa y transparente sobre el futuro energético nacional, no una reforma acelerada que podría debilitar la planificación pública y aumentar las presiones ambientales sobre nuestros territorios”, señaló Bernado Aguilar González, presidente del Parlamento.

El pronunciamiento también anuncia la disposición de múltiples sectores sociales, sindicales, comunales y ambientales para articular acciones conjuntas en defensa del modelo eléctrico solidario costarricense y de los bienes comunes nacionales.

Temas clave señalados por el acuerdo del Parlamento Cívico Ambiental:

  • Riesgo de debilitamiento del ICE y de la planificación pública.

  • Posible avance de procesos de privatización y mercantilización eléctrica.

  • Amenazas sobre ríos, cuencas y ecosistemas estratégicos.

  • Riesgos para la electrificación rural y la equidad territorial.

  • Defensa de una transición energética justa y democrática.

  • Protección de la soberanía energética y de los bienes comunes nacionales.

Puede descargar desde SURCOS el manifiesto del Parlamento Cívico Ambiental, así como el acuerdo completo.

https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2026/05/Acuerdo-2026-018-Exp.-23414-Ley-Armonizacion-del-Sistema-Electrico-Nacional.pdf

https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2026/05/Manifiesto-sobre-el-proyecto-23414-Ley-de-Armonizacion-del-Sistema-Electrico.pdf

La Universidad de Costa Rica y su posición frente al proyecto de “Ley de Armonización del Sistema Eléctrico Nacional”

La Universidad de Costa Rica manifestó oficialmente su oposición al proyecto de ley expediente 23.414, denominado “Ley de Armonización del Sistema Eléctrico Nacional”, al considerar que la iniciativa implicaba una transformación estructural del modelo eléctrico costarricense y generaba riesgos para el carácter público, solidario y planificado del sistema eléctrico nacional.

La posición institucional fue acordada por el Consejo Universitario en la sesión ordinaria n.° 6809 del 6 de junio de 2024, cuando la Universidad comunicó a la Asamblea Legislativa su recomendación de no aprobar el proyecto de ley. El criterio se sustentó en análisis técnicos y académicos elaborados por distintas unidades de la UCR, entre ellas la Escuela de Ingeniería Eléctrica, la Escuela de Administración Pública, la Escuela de Ciencias Políticas y la Escuela de Trabajo Social.

Según el acuerdo universitario, el proyecto, aunque presentado bajo el concepto de “armonización”, proponía una reorganización profunda del sistema eléctrico nacional orientada hacia esquemas de mercado, competencia y apertura comercial, incluyendo una mayor integración al Mercado Eléctrico Regional (MER).

Entre las principales observaciones planteadas por la Universidad de Costa Rica se encontraban:

• La fragmentación del modelo eléctrico integrado históricamente alrededor del ICE, mediante la separación de funciones estratégicas de planificación, operación y control del sistema eléctrico nacional.

• La falta de claridad sobre las razones técnicas para trasladar el Centro Nacional de Control de Energía (CENSE) fuera del ICE. La Universidad advirtió que no existía un análisis integral sobre las consecuencias institucionales, operativas y económicas de dejar al ICE sin un centro de control propio, ni sobre los eventuales costos que esto podría trasladar a las personas usuarias.

• La concentración de funciones en el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), que asumiría simultáneamente tareas de rectoría, planificación y evaluación ambiental, lo que, según el criterio universitario, convertiría al ministerio en juez y parte, debilitando los contrapesos institucionales históricamente existentes en el sector eléctrico.

• El fortalecimiento de mecanismos de competencia y participación privada en generación y comercialización eléctrica sin estudios concluyentes que demostraran beneficios concretos para las tarifas o para la población consumidora.

• La valoración de que el proyecto no necesariamente modernizaba el Sistema Eléctrico Nacional (SEN), sino que lo reorganizaba en función del mercado y en beneficio de grandes consumidores y generadores privados, sin garantizar condiciones equitativas para el ICE, las cooperativas, las empresas municipales y las personas usuarias medianas y pequeñas.

• La creación de nuevas estructuras y figuras institucionales, como el ECOSEN, que podrían introducir costos adicionales al sistema eléctrico mediante cánones, servicios auxiliares y nuevas cargas operativas que eventualmente terminarían reflejándose en las tarifas eléctricas.

• La apertura del mercado eléctrico nacional mediante la creación de “agentes de mercado”, lo que implicaría un cambio profundo en el modelo eléctrico solidario costarricense. La Universidad consideró que una transformación de esta magnitud debía ser discutida de manera amplia, transparente y participativa.

• La preocupación por el aumento de exportaciones eléctricas hacia el Mercado Eléctrico Regional (MER), al considerar que esto podría comprometer cuencas hidrográficas y bienes estratégicos vinculados con la soberanía energética futura del país, en un contexto de creciente presión sobre el agua y los territorios.

• La advertencia de que la eventual derogatoria de la Ley 7200 eliminaría límites históricos a la participación privada en generación eléctrica, abriendo mayores espacios a grandes empresas y capitales transnacionales dentro del sector energético nacional.

• La ausencia de mecanismos robustos de participación social en la toma de decisiones del sistema eléctrico, dejando con poca representación a comunidades, personas consumidoras, organizaciones sociales, sindicatos, grupos ambientalistas y otros sectores ciudadanos interesados en el futuro energético del país.

Asimismo, la Universidad señaló que el proyecto carecía de estudios técnicos suficientes sobre excedentes eléctricos, necesidades futuras de demanda, costos de implementación, impactos tarifarios y consecuencias ambientales y sociales derivadas de una mayor mercantilización del sistema eléctrico.

El acuerdo del Consejo Universitario concluyó recomendando a la Asamblea Legislativa no aprobar el proyecto de ley expediente 23.414 y manifestó la disposición de la Universidad de Costa Rica de colaborar técnicamente mediante el aporte de personas expertas y criterios académicos especializados para la discusión del futuro del sistema eléctrico nacional.

Cabe señalar que algunos elementos del proyecto pudieron haber variado durante el proceso legislativo y las discusiones posteriores al acuerdo universitario; sin embargo, este pronunciamiento recoge la posición institucional expresada oficialmente por la Universidad de Costa Rica respecto al texto dictaminado consultado en ese momento.

SiUNED: En defensa del ICE y del modelo eléctrico solidario ¡la movilización es urgente!

El Sindicato Unitario de la Universidad Estatal a Distancia (SIUNED) manifiesta su firme oposición al proyecto de Ley de Armonización del Sistema Eléctrico Nacional, expediente legislativo 23.414, y llama a la movilización de la comunidad universitaria por considerar que representa un grave retroceso para el modelo eléctrico solidario construido por el pueblo costarricense durante décadas y una amenaza directa contra el bienestar del país. Este proyecto solo busca el desmantelamiento del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) para favorecer a las élites económicas y al gran capital.

Defensa de la educación pública y de las poblaciones rurales vinculadas a la UNED

Desde el SIUNED afirmamos que la defensa del modelo eléctrico solidario también constituye una defensa de la educación pública y del derecho humano a la educación superior.

La Universidad Estatal a Distancia (UNED) tiene una extensa presencia en territorios rurales, costeros, fronterizos y en muchísimas comunidades alejadas, donde miles de estudiantes dependen de servicios eléctricos estables y accesibles para sostener sus procesos educativos.

Cualquier aumento tarifario, deterioro del servicio o abandono del servicio eléctrico en las zonas menos rentables por su lejanía y dificultad de acceso, afectará directamente a las poblaciones históricamente excluidas que la UNED atiende y acompaña.

Debilitar el modelo eléctrico solidario implica aumentar las desigualdades territoriales y sociales que afectan a las poblaciones que la UNED históricamente ha buscado incluir.

Por esta razón, el SIUNED considera indispensable defender un sistema que garantiza igualdad territorial, inclusión social y acceso a servicios esenciales.

El acceso a la electricidad es un servicio público que no puede depender de criterios de rentabilidad privada ni del interés comercial de grandes empresas.

Debilitamiento del ICE y fragmentación del sistema eléctrico nacional

El proyecto de ley usa los disfraces de la armonía y la modernización del sistema eléctrico nacional, pero es todo lo contrario.

La iniciativa arrebata al ICE su función de planificación, ejecutada actualmente por la División de Operación y Control del Sistema Eléctrico (DOCSE), cuyas potestades pasarían a manos de una nueva entidad llamada Ente Coordinador del Sistema Eléctrico Nacional (ECOSEN), en cuya Junta Directiva estarían sentados los propios generadores privados.

Esta estructura permitiría que las grandes empresas actúen como juez y parte, y que influyan directamente en las decisiones energéticas del país y del sistema eléctrico nacional.

Así, la propuesta reduce las tareas históricas del ICE y traslada sus funciones estratégicas hacia un esquema de mercado que solo favorece intereses privados nacionales y transnacionales.

Con ello, el proyecto debilita las capacidades técnicas, operativas y de planificación del ICE y desconoce la capacidad institucional acumulada durante décadas. Además, pone en riesgo la estabilidad y la confiabilidad del sistema eléctrico, así como la seguridad energética del país.

El ICE ha sido pieza fundamental en la construcción de un sistema eléctrico público, solidario y con cobertura casi universal. Debilitarlo significa poner en riesgo uno de los principales pilares del desarrollo costarricense.

Alza inminente de las tarifas eléctricas

Este proyecto es sinónimo de tarifazos y apagones constantes. El expediente 23.414 impone un modelo de mercado de subastas entre grandes empresarios que, según múltiples experiencias internacionales, provoca el aumento de las tarifas para la población, la especulación financiera y la concentración del mercado, todo ello por la colusión entre generadores privados para inflar los precios de la electricidad.

De esta forma, la electricidad dejaría de concebirse como un servicio público y un derecho social, para pasar a tratarse como una mercancía sujeta a intereses lucrativos.

Además, el proyecto permite que actores privados participen en la exportación de electricidad, lo que reduciría los ingresos que actualmente utiliza el ICE para aplicar rebajas tarifarias.

Nos preocupa profundamente que las ganancias derivadas de la exportación de electricidad producida con nuestros ríos, ingresos que actualmente contribuyen a reducir las tarifas para la población costarricense, queden en manos privadas.

Esta situación afectaría directamente a las familias trabajadoras, a los sectores populares y a las comunidades más vulnerables del país. Con esta reforma, los beneficios quedarían en cuentas privadas y las pérdidas las asumiría el pueblo.

Amenazas a la estabilidad y seguridad energética del país

Costa Rica ha logrado construir uno de los sistemas eléctricos más estables de América Latina, donde gozamos de precios altamente competitivos y cuya matriz se fundamenta en fuentes renovables, todo esto gracias a la planificación pública centralizada y a la experiencia técnica del ICE.

El proyecto 23.414 debilita esa planificación y sustituye criterios técnicos por dinámicas de mercado. Esta transformación genera riesgos de inestabilidad, problemas de abastecimiento y deterioro en la calidad del servicio eléctrico.

La seguridad energética del país debe responder al interés público y no a intereses comerciales particulares. El proyecto de ley es sinónimo de tarifazos y apagones eléctricos.

Privatización encubierta y beneficio para los grandes grupos económicos

El proyecto favorece la participación de grandes empresas privadas nacionales, regionales y transnacionales en un mercado eléctrico altamente rentable que, desde hace décadas, distintos grupos empresariales buscan saquear.

Bajo el discurso de la “armonización y modernización”, se impulsa una privatización progresiva del sistema eléctrico costarricense.

Mientras el país enfrenta dificultades económicas y sociales, esta iniciativa traslada recursos estratégicos hacia grupos empresariales que buscan convertir el servicio público de electricidad en una fuente leonina de ganancias privadas.

La energía eléctrica debe mantenerse como un bien público y no como una mercancía controlada por élites económicas.

Riesgos ambientales y pérdida de soberanía energética

La apertura indiscriminada del mercado eléctrico puede incentivar nuevos proyectos extractivistas en ríos y territorios rurales, sin responder necesariamente a las verdaderas necesidades energéticas del país.

Lo anterior porque el proyecto permite que empresas privadas instalen represas en nuestros ríos con la única finalidad de exportar electricidad a otros países.

Costa Rica ha alcanzado reconocimiento internacional por su matriz eléctrica renovable y por la planificación pública de sus recursos energéticos. El debilitamiento del modelo solidario amenaza esa soberanía energética y puede incrementar conflictos socioambientales en distintas comunidades.

Posicionarse en contra de este proyecto también significa defender los bienes comunes y el patrimonio natural del país.

Llamado a la movilización y a la defensa del modelo eléctrico nacional y solidario

El SIUNED hace un llamado a la comunidad universitaria, a los movimientos sociales, a las organizaciones sindicales y al pueblo costarricense a defender el carácter público, solidario y estratégico del sistema eléctrico nacional.

Costa Rica necesita fortalecer al ICE, proteger la soberanía energética y garantizar que la electricidad continúe al servicio del bienestar común y no del lucro privado.

La defensa del ICE no puede limitarse únicamente al debate parlamentario. La historia del país demuestra que los grandes derechos sociales y las instituciones públicas se han defendido mediante la organización popular y la movilización social.

Así ocurrió hace más de dos décadas en la lucha contra el Combo del ICE, cuando el pueblo costarricense logró frenar los intentos de privatización mediante la participación activa de comunidades, sindicatos, estudiantes y organizaciones sociales.

Por esta razón, el SIUNED hace un llamado a fortalecer la articulación social y la movilización en defensa del ICE y de todos los servicios públicos estratégicos que hoy enfrentan amenazas de debilitamiento y privatización.

La defensa de nuestros bienes comunes exige organización, conciencia crítica y participación activa. No podemos permitir que sectores económicos privilegiados y los políticos de turno conviertan derechos fundamentales en mercancías al servicio de intereses privados.

Defender el modelo eléctrico solidario también significa levantar la lucha contra quienes pretenden vender nuestros bienes comunes al mejor postor y avanzar hacia la privatización de servicios esenciales para la vida, la igualdad y el desarrollo del país.

¡No a la privatización encubierta de nuestra electricidad! ¡La electricidad es un derecho del pueblo costarricense! ¡Defender el sistema eléctrico solidario es también defender la educación pública! ¡El ICE no se vende, el ICE se defiende!

El honor de “tomar Cuba” y el dilema de América Latina

Gilberto Lopes
San José, 24 de mayo de 2026

“Creo que tendré el honor de tomar Cuba”, dijo el presidente Donald Trump, en marzo pasado. “¡Vea el lugar! Se está cayendo a pedazos, es un desastre”. “Podré hacer lo que yo quiera”.

Dos meses después, el pasado 20 de mayo, cuando los cubanos, en Florida, celebran una fiesta de la independencia, el secretario de Estado, Marco Rubio, de ascendencia cubana, difundió en Youtube un mensaje al pueblo cubano. Ofreció cien millones de dólares en alimentos y remedios, distribuidos por la Iglesia Católica u otras organizaciones no gubernamentales, y una nueva relación con Estados Unidos. Lo único que se interponía en ese camino –aseguró– eran “quienes controlan su país”.

El mismo 20 de mayo, el Departamento de Justicia acusaba al expresidente cubano, general Raúl Castro (94), de asesinato y conspiración para asesinar a ciudadanos norteamericanos. Se trata de una vieja historia, de hace 30 años, cuando la fuerza aérea cubana derribó dos avionetas del grupo opositor cubano “Hermanos al Rescate”, que desde hacía meses operaba desde Florida una campaña contra el gobierno.

La medida, similar a la que antecedió el secuestro del presidente venezolano, Nicolás Maduro, contribuyó a reforzar la presión de la administración norteamericana sobre el régimen cubano.

Para el presidente cubano, Miguel Díaz Canel, no era más que “otra maniobra política, carente de todo fundamento legal”.

Gaesa y los miles de millones

Rubio exhibió ante los cubanos el éxito y la riqueza de algunos estadounidenses de origen cubano en los Estados Unidos, haciéndoles soñar que algo parecido podría ocurrir a todos, con el cambio de gobierno. Habló de una nueva Cuba, donde todos los cubanos –y no solo Gaesa, la empresa del ejército y del gobierno, o el Partido Comunista– tuvieran un banco, una gasolinera, un restaurant, una constructora, una estación de televisión. Un régimen democrático, como en Jamaica, Bahamas o República Dominicana, cuyos ejemplos exhibió ante los cubanos.

Gaesa, la empresa creada por el gobierno para manejar los recursos de una economía sometida a un bloqueo durante más de 60 años fue acusada de manejar miles de millones, mientras el pueblo sufre severa escasez.

“Mienten una y otra vez, sin ningún pudor, con una desfachatez alarmante”, dijo Díaz Canel.

“Elegir a GAESA como enemigo principal es un golpe brillante”, estimó Fernando Ravsberg, periodista de origen uruguayo que hizo de Cuba su lugar de vida. Con eso “ya no hay que enfrentarse a la revolución, ni al gobierno, sino a un misterioso grupo empresarial ‘un estado dentro de otro estado’ que esconde su dinero mientras el pueblo pasa necesidades”.

“El problema es que hoy no se podrá frenar esta campaña mediática sin transparencia”, dijo Ravsberg. “GAESA debería poder brindar información al pueblo sin necesidad de exponer sus operaciones comerciales o sus socios en el extranjero”. “Esta sería una buena forma de desmontar esta campaña de comunicación que pretende enfrentar a cubanos contra cubanos, mientras las tropas de EEUU esperan el momento de entrar como salvadores”, agregó Ravsberg, uno de los más lúcidos periodistas cubanos, al que un par de vividores de la revolución (alguno ya fallecido) logró que le prohibieran el ejercicio del periodismo.

En su opinión, “Rubio necesita desesperadamente que los cubanos residentes en Cuba salgan a las calles de forma violenta, que la policía los reprima, que haya presos, heridos en los hospitales y muchos muertos”. Entonces, todas las opciones, incluyendo una intervención militar, se harían mucho más viables.

Apretando las tuercas o la amenaza de una intervención militar

Resulta difícil imaginar el desenlace de una situación provocada por un bloqueo que priva a Cuba de toda fuente de energía, desatando una presión inimaginable sobre la vida de la gente (como ya se vive hoy), sin que desate eso una rebelión contra el gobierno cubano.

Por ahora, Rubio apuesta por el alzamiento de una población agotada, sometida a una escasez insufrible y a una pobreza generalizada. ¡Por ahora!

Como lo contaba el New York Times el pasado 20 de mayo, “la gente se refería a una búsqueda diaria de alimentos, ya que era imposible mantener el refrigerador funcionando el tiempo suficiente para congelar la carne o conservar los alimentos frescos”. “Compraban comida en pequeñas cantidades diarias, a precios asequibles: cinco huevos un día, medio kilo de cerdo al día siguiente, un kilo y medio de pollo al otro”.

La basura se acumula en las calles porque no hay combustible para que los camiones la recojan. Según informes, hay personas que están muriendo o en muy malas condiciones debido a que los generadores de los hospitales están fallando”, resume Vivian Salama, periodista norteamericana, en entrevista a The Atlantic.

“La trayectoria actual corre el riesgo de desencadenar un período prolongado de deterioro humanitario y un sufrimiento lento, sin cambios reales para la gente”, dijo María José Espinosa, “experta en política exterior y directora ejecutiva del Centro para el Compromiso y la Incidencia en las Américas (CEDA)” a la periodista de origen cubano, Carla Gloria Colomé, que escribe para el diario El País.

Díaz Canel recordó la reiteración de la orden ejecutiva que declara Cuba como una “amenaza inusual y extraordinaria” para la seguridad de los Estados Unidos. Y la aplicación de “aranceles irracionales” a los países que suministren petróleo a Cuba.

Ni Trump ni Rubio mencionan los efectos del bloqueo económico, que se ha aplicado durante décadas, cada vez más radical, produciendo exactamente lo que Trump señala: un desastre.

Si bien una intervención militar parece improbable, una mayor presión parece segura, mientras Washington trata de obligar el régimen a llegar a un acuerdo, decía la página Gzeromedia, el pasado viernes, 22 de mayo.

El artículo especula con la posibilidad de levantar las sanciones económicas a cambio de la apertura de la economía cubana. Y con un acuerdo que podría implicar la permanencia en el poder de muchos de los mismos gobernantes, “en lugar del cambio radical de régimen que las comunidades cubanas en Miami, e incluso el propio Rubio, podrían desear”.

Una opinión compartida por los académicos norteamericanos William LeoGrande y Peter Kornbluh que, en un artículo en la revista Foreign Affairs, afirman que la administración podría aceptar algo menos que un cambio de régimen.

¿Cómo en Venezuela? Es difícil imaginar algo así en Cuba. Encontrar algún sector del gobierno, o del partido, capaz de reemplazar a las autoridades actuales. Del mismo modo, cuesta imaginar cualquier cambio de gobierno sin que tropas norteamericanas ocupen el país. Y eso es otra cosa. Los cubanos afirman que no podría ocurrir sin un baño de sangre. Y con costos políticos difíciles de imaginar, tanto en Estados Unidos como en América Latina y en el resto del mundo.

Un creyente en el futuro de la isla

No es nueva la aspiración del gobierno norteamericano de ocupar Cuba. Es una vieja historia, de más de un siglo, una aspiración permanente de incorporar la isla como otro estado norteamericano, o como un protectorado, sometido a controles políticos y económicos. Como en el siglo pasado.

La estrategia con respeto a Cuba está definida, además, en documentos como los anunciados por Jorge Mas Santos y la Fundación Cubano-Americana, que él preside.

Hijo de Jorge Mas Canosa (ya fallecido), un histórico dirigente opositor al que se atribuye particular empeño en la promoción de leyes que han radicalizado el embargo norteamericano a la isla, como la Helms-Burton, Mas Santos es un poderoso empresario de la construcción en los Estados Unidos. Y un referente de la oposición, muy cercano al secretario de Estado, al que calificó de “uno de los nuestros aquí en Miami”.

Mas concedió una entrevista a El País desde Miami, un día después de que el director de la CIA, John Ratcliffe, visitara La Habana, para presentar un ultimátum a las autoridades de la isla. La entrevista fue publicada el pasado 16 de mayo, por Iker Seisdedos, a quien Santos había hecho llegar dos documentos: una “Hoja de ruta para una Cuba próspera, democrática y de libre mercado” y un “Proyecto de Ley Fundamental para la transición democrática”.

Mas explica que la Carta “es un marco legal pensado para responder al gran interés de muchos inversores extranjeros que quieren ayudar a reconstruir. Son sugerencias para lo económico, pero también de derechos humanos, que permitan una transición hacia unas elecciones libres y una nueva Constitución”.

“Soy un gran creyente en el futuro de la isla”, afirma Mas a un periodista que (como Colomé y como la línea general de El País), está alineado con la oposición cubana.

Las dimensiones del negocio son enormes. La reconstrucción de Cuba yo la veo “superfácil”. “Hay que propiciar un marco en el que se incentive la inversión extranjera”. “Si hacen falta 40, 50, 60, 70 u 80 mil millones, sea la que sea la cifra, no será un problema”, dice Jorge Mas. Ninguna cifra será un problema.

Esa es la dimensión de los negocios que Mas y sus socios vislumbran en Cuba. Pero ni un centavo para los cubanos que hoy viven en condiciones dramáticas, como las descritas por el New York Times, por The Atlantic, o por el mismo El País, gracias al bloqueo a que tienen sometida la economía de la isla.

Mas está esperanzado. Nunca lo ha visto “tan cerca como ahora”. Gracias al liderazgo del presidente Trump y del secretario Rubio. “Todos esperamos que este sea el tramo final”.

Restablecer su dominio sobre América Latina

Colomé recuerda que Trump ha hablado de restablecer su dominio sobre América Latina, “de la necesidad de controlar lo que pasa en el patio trasero”, como afirmó el profesor de la Universidad de Miami, Michael Bustamante.

Este objetivo está contemplado en la Estrategia de Seguridad Nacional, que la administración norteamericana publicó en noviembre pasado. Un documento público de 29 páginas disponible en inglés para cualquier interesado.

En lo que se refiere al hemisferio occidental, el documento afirma que “tras años de abandono, Estados Unidos reafirmará y aplicará la Doctrina Monroe para restaurar la preeminencia estadounidense”. Este “corolario Trump” de la Doctrina Monroe –afirma– “es una potente restauración del poder y las prioridades norteamericanas, consistente con los intereses de seguridad de los Estados Unidos”.

Es evidente el desafío que esa visión representa para América Latina. Enfrentados a la coyuntura actual, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, advirtió que la región se enfrenta a la amenaza del retorno de una regla colonial. “No es posible que alguien piense que es dueño de otros países. ¿Qué están haciendo ahora con Cuba? ¿Qué hicieron con Venezuela? ¿Acaso eso es democrático?” se preguntó.

La presidente mexicana, Claudia Sheinbaum, calificó de “injustas” las sanciones norteamericanas a Cuba y defendió el derecho de su país a seguir prestando ayuda humanitaria y a mantener relaciones comerciales con la isla. Qué sentido tiene que se acuse a Castro por un hecho que ocurrió hace 30 años, se preguntó. “Es una visión de que pueden influir en otros países. Nosotros no estamos de acuerdo con esa visión”.

El colombiano Gustavo Petro calificó “la agresión militar a Cuba como una agresión contra América Latina”.

¿Qué América latina?

¿A qué América Latina se refiere Petro? A una América Latina donde la derecha privatizadora de hace muchos años hace eco, desde el sur, del tono prevaleciente en Washington.

En cada país prevalece, con las características locales, una lucha política donde es esa derecha la que tiene la voz más clara, que sabe mejor lo que quiere, mientras el esfuerzo por construir una alternativa aparece todavía enredado en los hilos de un pasado relativamente reciente, que le aniquiló cuadros, pero, sobre todo, desarticuló el discurso alternativo.

Hay un escenario al que deberíamos poner atención: ¿Qué dice la Organización de Estados Americanos (OEA) sobre el ataque a Venezuela y el secuestro de su presidente? ¿Qué dice sobre el bloqueo a Cuba y la amenaza de invasión? ¡Hay que ver lo activa que está frente a la rebelión popular contra las medidas del gobierno de derecha, de Paz en Bolivia! ¿No sería inútil poner a debate el papel de esa institución para América Latina? Yo creo que sí.

El griterío de los Milei, de los Kast, de los Paz, no revela lucidez. Es muestra del desgaste de un argumento, mientras la falta de una respuesta a la altura alimenta una sensación de desconcierto que sobrevuela el escenario político de América Latina. La única región que parece aun ajena a la búsqueda de su lugar en un nuevo escenario multilateral. Un lugar distinto al que nos amenaza la “regla colonial” a la que hace referencia Lula.

FIN

Otra vez contra un pueblo hermano

Rafael A. Ugalde
Periodista, abogado y analista político

El teatro de la mentira está montado. Y el guion es el mismo que en el pasado, cuando cayeron sobre la isla de Granada, Guatemala, Nicaragua, República Dominicana, Panamá, la República Bolivariana de Venezuela o Chile de Allende, etc. La lista es grande y es más fácil enumerar qué pueblo de Nuestra América a quedado al margen de las amenazas primero, luego del invento de una «novela para coeficientes limitados, para después invadirlo, saquear sus riquezas, deponer gobiernos, matar o secuestrar gobernantes – qué parecer ser esto último la nueva moda impuesta por la Casa Blanca, cuando no asesina selectivamente gobernantes, se los lleva como hacían los Imperios decadentes-, como ocurrió el 3 de enero pasado en Caracas. En fin, ningún pueblo está ajeno a la exigencia de sangre fresca. En la nueva farsa contra Cuba, no habían terminado de montar el show de la acusación contra el General de Ejército Raúl Castro Ruz, líder de la Revolución cubana, cuando un grupo de ataque de portaviones encabezado por el USS Nimitz y el Destructor USS Gridley entró en el Mar Caribe, como presión militar contra la Antilla Mayor.!

¡Que equivocados están estos degenerados! Si creen que con ello el valiente y ejemplar pueblo cubano saldrá corriendo, se equivocan de tajo a rajo. Los revolucionarios cubanos, desde hace más de sesenta años, borraron la palabra miedo del diccionario. Hasta el último cubano y cubana morirán defendiendo el socialismo. La trayectoria de lucha viene desde la Colonia primero, y luego, durante todo el periodo de democracia para las minorías de entonces. Junto al comandante Fidel Castro aprendieron desde 1960 que ningún pueblo en el mundo, que ninguna nación en el orbe, ha sobrevivido luego de hacer concesiones a quienes los expolian y son insaciables en su sed por sangre.

En Miami convocaron a la prensa que ustedes ya conocen y tejieron la historia contra Raul con tufo de cadáver, porque los hechos ocurren en 1996, pero los presentan como si fueran en 2026. De Miam no te extrañe nada. Es conocida por albergar y dar refugio a Luis Posada Carriles y Orlando Bosh, quienes en 1976 fueron señalados por el acto terrorista que terminó con la vida de múltiples deportistas que viajaban en un avión de Cubana de Aviación que hicieron explotar en pleno vuelo. Estos grupúsculos han vivido en la máxima comodidad vendiendo eslóganes contra la Revolución.

No dicen que lo sucedido hace 30 años atrás fue un hecho de plena defensa de la soberanía de Cuba ocurrido cuando dos aeronaves controladas por la organización confiesan como terrorista, Hermanos al Rescate, ingresó al espacio aéreo cubano proveniente desde Miami, desoyendo las advertencias legales realizadas por radioperadores de la isla después de ingresar a la jurisdicción cubana. ¿Esperaban acaso que las autoridades de la isla se cruzaran de brazos? ¿O se creyeron sus propias fábulas de una nación en crisis? No hubo ni habrá alfombra roja para estos intrusos. El motivo es sencillo y el momento es inmejorable: Cuba no está sola y no hay un pueblo en el mundo que no esté en deuda con la Revolución por su solidaridad, el respeto por el camino escogido por otras naciones hermanas, por poner el ser humano en el centro de toda decisión social. Basta recordar que, pese a su infernal bloqueo comercial y financiero, fue el primer país que produjo dos vacunas contra el COVID, que puso a disposición de sus vecinos, a pesar, como se dijo, de un feroz bloqueo. Aún con el actual y criminal cerco energético, Cuba sigue haciendo ingentes esfuerzos para dar salud a su acosada niñez, a sus jóvenes universitarios que quieren contribuir con el desarrollo de su país.

Hace esfuerzos sobre humanos para agradecer a los abuelos todo lo que dieron en el pasado, dando ahora dentro de sus limitadas posibilidades, atención médica digna. Cuba no es amenaza para nadie sus únicas armas nucleares producidas en la isla son las ideas y la firmeza. Pueden terminar con hombres y mujeres, pero nunca con sus ideas ni los principios. Estos no se matan, entiendan eso. Cuba nos necesita. El momento no puede pasar inadvertidos en esta región de paz, pero no se equivoquen. A organizarnos ya y a estar listos a luchar en el campo que el enemigo nos quiera probar. Es la hora de Nuestra América. Es la hora de la verdad. Ahora o nunca. Contamos con vos.

Modernizar sin desmantelar: en defensa del ICE y la soberanía energética

Foro Encuentro Democrático
A la Fracción Legislativa del Partido Liberación Nacional

Sobre el Expediente 23.414, Ley de Armonización del Sistema Eléctrico Nacional

Encuentro Democrático se dirige respetuosamente a la Fracción Legislativa del Partido Liberación Nacional ante la próxima votación del Expediente 23.414, Ley de Armonización del Sistema Eléctrico Nacional.

Nos dirigimos a ustedes con preocupación y con sentido de responsabilidad democrática. El país necesita discutir con seriedad el futuro de su sistema eléctrico y avanzar en su modernización con criterios técnicos, institucionales y de interés público.

Precisamente por la importancia estratégica de este tema, consideramos que una reforma de esta magnitud no debe aprobarse sin atender de forma suficiente las observaciones técnicas, jurídicas, institucionales y políticas señaladas por distintos sectores. Entre ellas destacan las advertencias planteadas por la Juventud Liberacionista en su análisis sobre el Expediente 23.414 y la defensa del Instituto Costarricense de Electricidad.

Nuestra posición no parte de una negativa al cambio. Parte de una convicción distinta: el sistema eléctrico costarricense debe actualizarse sin perder su sentido público, su vocación solidaria ni la función histórica que ha tenido en la construcción del desarrollo nacional.

I. Aspectos que preocupan del Expediente 23.414

A partir de los criterios conocidos y de los argumentos expuestos por la Juventud Liberacionista, Encuentro Democrático considera necesario llamar la atención sobre varios puntos de fondo.

En primer lugar, preocupa que el proyecto pueda debilitar la planificación integrada del Sistema Eléctrico Nacional. La electricidad no es un asunto menor ni un simple bien de intercambio. Es una condición básica para la vida cotidiana, para la producción, para la educación, para la salud y para la cohesión territorial del país. Por eso, cualquier transformación del modelo debe asegurar que el Estado conserve una capacidad real de conducción estratégica.

También genera inquietud el posible impacto tarifario para los hogares y para las pequeñas y medianas empresas. Se ha advertido que una apertura mal diseñada podría permitir que grandes consumidores se aparten de ciertos costos comunes del sistema, trasladando esa carga a los usuarios que no tienen la misma capacidad de negociación. Este no es un detalle técnico: toca directamente la economía familiar y la estabilidad de miles de emprendimientos nacionales.

Otro elemento que requiere especial cuidado es la relación entre el ICE y los generadores privados. Los datos citados por la Juventud Liberacionista muestran diferencias importantes en los costos de generación. Por ello, antes de avanzar hacia un esquema de mayor apertura, el país necesita tener certeza de que esa reforma producirá beneficios reales para la ciudadanía, y no únicamente mejores condiciones para determinados actores del mercado.

Preocupa, además, la posible fragmentación institucional. La creación de nuevas instancias y la redistribución de funciones en un sistema tan sensible como el eléctrico no pueden hacerse de manera apresurada. Costa Rica ha construido, durante décadas, una institucionalidad que ha permitido cobertura, continuidad y capacidad de respuesta. Cualquier modificación debe demostrar que mejora esa arquitectura y no que la vuelve más débil, más costosa o incierta.

Resulta igualmente delicado que algunas disposiciones del proyecto puedan reducir el alcance de la electricidad como servicio público, sobre todo en lo relativo a la generación y a la comercialización mayorista. Para Costa Rica, la electricidad ha sido mucho más que una mercancía. Ha sido una herramienta de integración nacional, de justicia territorial y de desarrollo social.

A ello se suman las observaciones jurídicas y constitucionales que han sido planteadas por instancias especializadas. Una reforma estructural de este tipo debe nacer con plena solidez legal. De lo contrario, podría abrir un periodo de incertidumbre que afectaría al Estado, a las instituciones, a los usuarios y al propio sistema eléctrico.

Finalmente, preocupa el efecto que el proyecto pueda tener sobre la capacidad futura de inversión del ICE. El Instituto Costarricense de Electricidad ha sido una pieza decisiva del modelo costarricense. Limitar su posibilidad de planificar, invertir y desarrollar proyectos de largo plazo podría afectar no solo a la institución, sino al país entero.

II. Modernizar sin desmantelar

Encuentro Democrático considera que esta discusión no debe plantearse como una falsa oposición entre pasado y futuro. Costa Rica no tiene que escoger entre inmovilismo y apertura indiscriminada. Hay otro camino: modernizar con prudencia, fortalecer con inteligencia, corregir lo que deba corregirse y preservar aquello que ha sido esencial para el bien común.

El ICE puede y debe mejorar. El sistema eléctrico nacional puede y debe actualizarse. Pero ese proceso no debería hacerse debilitando la planificación pública, reduciendo la capacidad estratégica del Estado ni convirtiendo un bien esencial en un espacio sujeto prioritariamente a la lógica del mercado.

En este punto, la historia del Partido Liberación Nacional tiene un peso particular. La creación del ICE no fue un accidente administrativo. Formó parte de una visión de país. Una visión que entendió que la electricidad debía llegar a todos los territorios, que el desarrollo no podía quedar concentrado en unos pocos sectores y que ciertas áreas estratégicas debían permanecer vinculadas al interés nacional.

Por eso apelamos, respetuosamente, a esa memoria. No para impedir el debate ni para cerrar la puerta a las reformas, sino para recordar que la modernización solo tiene sentido si conserva el horizonte de justicia social que dio origen a nuestras mejores instituciones.

III. Una decisión con consecuencias políticas

La votación del Expediente 23.414 no será leída únicamente como una decisión técnica. Tendrá también una dimensión política e histórica. En ella se juega una señal sobre el papel que tendrá la oposición legislativa en la defensa de la institucionalidad pública, del Estado Social de Derecho y de los equilibrios democráticos que el país necesita.

La ciudadanía ha pedido contrapesos, responsabilidad y defensa de las instituciones. Esa demanda no debe entenderse como una consigna partidaria, sino como una preocupación profunda por el rumbo del país. En ese contexto, la Fracción Legislativa del Partido Liberación Nacional tiene la oportunidad de actuar con prudencia, escuchar las distintas advertencias y evitar una decisión que pueda resultar irreversible.

También consideramos importante que las voces jóvenes del liberacionismo sean tomadas en cuenta. La Juventud Liberacionista ha hecho un planteamiento serio, fundamentado y coherente con una tradición partidaria que históricamente defendió el papel social del Estado. Escuchar esa voz no debilita al partido; al contrario, honra su tradición deliberativa.

Llamado final

Por las razones expuestas, Encuentro Democrático solicita respetuosamente a la Fracción Legislativa del Partido Liberación Nacional votar en contra del Expediente 23.414.

Formulamos esta solicitud con firmeza y respeto, desde la preocupación legítima por el futuro del sistema eléctrico nacional y desde la convicción de que aún es posible abrir una discusión más amplia, transparente y segura para el país.

Costa Rica necesita modernizar su sistema eléctrico, pero no a costa de debilitar al ICE. Necesita eficiencia, pero no al precio de perder soberanía energética. Necesita reformas, sí, pero reformas que fortalezcan el interés público y no que generen incertidumbre sobre uno de los pilares de nuestro desarrollo nacional.

En un asunto de esta trascendencia, la prudencia es una expresión de responsabilidad histórica.

A continuación, presentamos una síntesis puntual de algunos de los principales cuestionamientos técnicos, institucionales y jurídicos asociados al Expediente 23.414:

Perjuicios al país del Expediente 23.414

Síntesis elaborada a partir del documento de la Juventud Liberacionista: “El Expediente 23.414 y la defensa del Instituto Costarricense de Electricidad”.

  1. Debilita la soberanía energética y rompe la planificación estatal. El proyecto fragmenta el Sistema Eléctrico Nacional, sustituye funciones del ICE y crea un mercado mayorista que “compromete la soberanía energética del país” y convierte la electricidad en un commodity sujeto a especulación.
  2. Aumentará las tarifas para familias y PYMES. La propia CEDET advirtió que la apertura permitiría que grandes consumidores evadan los costos fijos del sistema, trasladándolos al resto de usuarios:

“Los costos se tendrán que trasladar al resto de los usuarios con graves aumentos a las tarifas de las familias y PYMES”.

3. Favorece estructuralmente a grandes generadores privados. El ICE genera energía más barata que los privados:

Según los datos citados, el ICE generó energía a 42,65 colones por kWh en 2023, mientras que los generadores privados bajo la Ley 7200 lo hicieron a 52,90 colones por kWh y los de la Ley 7508 a 69,38 colones por kWh. En ese contexto, el proyecto fortalecería a actores cuyos costos de generación serían entre un 24% y un 63% superiores.

4. Riesgos técnicos severos por fragmentación del control del sistema. La creación del ECOSEN implica duplicidad de funciones, pérdida de economías de escala y debilitamiento del despacho unificado. El documento advierte que esto “destruiría la capacidad de respuesta integrada del sistema eléctrico nacional”.

5. Elimina la naturaleza de servicio público en la generación. El Artículo 3 inciso v) excluye la generación y comercialización mayorista del concepto de servicio público, debilitando la capacidad regulatoria del Estado y priorizando la rentabilidad privada.

6. Riesgos jurídicos y constitucionales. La Procuraduría General y Servicios Técnicos de la Asamblea han advertido vicios de razonabilidad, legalidad y posibles afectaciones a competencias constitucionales del ICE.

7. Desfinancia y limita la inversión futura del ICE. Nuevas plantas del ICE deberán competir en subastas, eliminando certeza regulatoria y afectando su capacidad de planificar proyectos de largo plazo.

Más allá de las objeciones técnicas y jurídicas señaladas, este expediente también plantea una definición política de fondo sobre la defensa del Estado Social de Derecho, el modelo de desarrollo, la institucionalidad pública y la responsabilidad histórica de quienes hoy deben votar.

Autoría:
José Solano-Saborío , Tatiana Herrera Ávila

Mesa Coordinadora
Encuentro Democrático
Alfredo Chocano Dobles, Jiddu Rojas Jiménez

“La luz de Costa Rica no se vende: se defiende”

Welmer Ramos González, economista

Defender el modelo eléctrico es defender a Costa Rica

Hay cosas que un pueblo construye con dinero. Otras con trabajo. Otras con sacrificio. Y hay unas pocas que se construyen con generaciones enteras creyendo en un mismo sueño. El sistema eléctrico costarricense pertenece a esa última categoría.

No nació de la casualidad ni apareció por la mano invisible de un mercado. No fue un regalo de inversionistas extranjeros ni una oportunidad de negocios para unos pocos. Fue una obra colectiva levantada durante décadas por miles de costarricenses que entendieron algo profundamente simple: hay servicios tan esenciales para una nación que no pueden quedar sujetos únicamente a la lógica de la ganancia.

Mientras otros países preguntaban cuánto dinero se podía ganar llevando electricidad a una comunidad, Costa Rica se hizo otra pregunta: ¿cómo hacemos para que la electricidad llegue a todos? Y esa diferencia cambió nuestra historia.

Gracias a esa visión hoy Costa Rica posee algo extraordinario: prácticamente el 100% del territorio nacional cuenta con acceso a electricidad. La luz llega a barrios, montañas, comunidades indígenas, zonas rurales y costas alejadas. Llega a lugares donde un modelo guiado solo por la rentabilidad probablemente nunca habría llegado.

Porque una empresa puede ver una zona aislada y pensar: “no es rentable”. Pero una nación verdadera ve personas, ve familias, ve ciudadanos. Esa es la diferencia entre un negocio y un proyecto país.

Nuestro modelo eléctrico fue diseñado para servir a la población y no para extraer la máxima rentabilidad posible. Por eso existen subsidios cruzados. Por eso una familia en Guanacaste paga lo mismo que paga una familia en San José. Por eso quienes consumen más aportan más. Porque Costa Rica entendió algo que algunas sociedades olvidaron: la solidaridad no es una debilidad económica; es una fortaleza nacional.

Los datos hablan por sí solos. Costa Rica produce más del 98% de su electricidad con fuentes renovables. Tenemos cobertura prácticamente universal. Mantenemos altos niveles de calidad y confiabilidad. Y nuestras tarifas residenciales compiten favorablemente con muchos países desarrollados cuyos ingresos per cápita duplican o triplican el nuestro.

La siguiente tabla ilustra cómo se compara nuestro modelo con el de algunos países de la OCDE, considerando modelo de distribución, precio al consumidor residencial, cobertura y equidad territorial:

País

Modelo eléctrico

Precio hogar (USD/kWh)

Cobertura

Tarifa rural = urbana

Costa Rica

Estatal + cooperativas + ARESEP

~US$0.20–0.21

~100%

Sí (subsidio cruzado)

España

Privadas reguladas

~US$0.28–0.32

~100%

Alemania

Mixto privado-regulado

~US$0.44–0.48

~100%

No completamente

Francia

Predominio estatal

~US$0.30–0.32

~100%

Irlanda

Privado regulado

~US$0.69

~100%

Parcialmente

Italia

Privado regulado

~US$0.66

~100%

Parcialmente

California EE.UU.

Privadas concesionadas

~US$0.30–0.33

100%

No

Fuentes: Eurostat, Agencia Internacional de Energía (AIE), ARESEP. Precios convertidos a USD (tipo de cambio 2025).

Mientras países europeos con ingresos cercanos a los US$60 000 o US$70 000 por habitante pagan electricidad mucho más costosa, Costa Rica, con un ingreso cercano a US$20 000 por persona, ha construido un modelo eficiente, limpio y profundamente humano.

La tabla siguiente permite apreciar con mayor detalle la diferencia de precios residenciales e industriales, así como la relación entre el costo de la electricidad y el nivel de desarrollo económico de cada nación:

País

Residencial (USD/kWh)

Industrial (USD/kWh)

Veces más caro que CR

PIB per cápita (USD)

Irlanda

~0.69

~0.30–0.35

3.3x

130 000

Italia

~0.66

~0.26–0.32

3.1x

43 000

Bélgica

~0.61

~0.24–0.29

2.9x

61 000

Alemania

~0.44–0.48

~0.27–0.28

2.0x

60 000

Dinamarca

~0.39–0.41

~0.22–0.26

1.9x

77 000

California EE.UU.

~0.30–0.33

~0.20–0.24

1.5x

90 000

España

~0.28–0.32

~0.18–0.21

1.3x

38 000

Costa Rica

~0.20–0.21

~0.12–0.15

referencia

20 000

Fuentes: Eurostat, Agencia Internacional de Energía (AIE), FMI, 2025.

Eso no ocurrió por accidente. Fue producto de planificación pública, instituciones fuertes, visión de largo plazo y una decisión histórica: poner el interés nacional por encima del interés particular.

Y precisamente porque funciona, algunos quieren cambiarlo.

Debemos decirlo con claridad. Cada cierto tiempo reaparecen discursos que hablan de modernización, apertura, eficiencia y competencia. Las palabras cambian. El libreto casi nunca.

Se presenta la privatización como una receta inevitable, como si la historia empezara hoy y como si Costa Rica no hubiera demostrado ya que otro camino era posible.

Pero el país tiene memoria.

Recordamos épocas donde ciertos generadores privados vendían electricidad en condiciones extraordinariamente favorables, con contratos que garantizaron ganancias desproporcionadas. Recordamos privilegios construidos alrededor de un mercado cautivo. Recordamos cómo algunos pocos ganaron mucho mientras el país asumía costos que nunca fueron realmente discutidos.

Y hoy esos intereses vuelven a tocar la puerta. No llegan diciendo que quieren un negocio. Llegan hablando de eficiencia. No llegan diciendo que quieren rentas privilegiadas. Llegan hablando de competencia. No llegan diciendo que quieren capturar un mercado construido con inversión pública. Llegan diciendo que vienen a modernizar.

Pero Costa Rica tiene derecho a hacer una pregunta sencilla:

¿Modernizar para beneficiar a quién?

Porque cuando un sistema funciona, la carga de la prueba corresponde a quien quiere cambiarlo.

Y nuestro sistema funciona. Funciona porque fue construido con una lógica distinta. La lógica de país. El ICE, las cooperativas, la regulación y los mecanismos solidarios no son obstáculos para el desarrollo. Son precisamente las herramientas que permitieron construir uno de los sistemas eléctricos más exitosos del planeta.

Muchos países ricos todavía intentan resolver problemas que Costa Rica resolvió hace décadas: cómo electrificar zonas rurales, cómo universalizar el servicio, cómo impulsar energías limpias y cómo evitar que vivir lejos de las ciudades signifique pagar más.

Nosotros ya lo hicimos. Y lo hicimos juntos.

Por eso esta discusión no trata únicamente de kilovatios, tarifas o modelos regulatorios. Habla de algo mucho más profundo. Habla del tipo de país que queremos ser.

La electricidad costarricense no es solamente infraestructura. Es una decisión moral. Es la expresión de una idea profundamente democrática: que el progreso de una nación debe llegar hasta el último hogar, hasta la última familia y hasta la última comunidad.

Y hay cosas que una generación recibe no para venderlas, sino para protegerlas. Porque hubo costarricenses antes que nosotros que construyeron esta obra pensando en personas que nunca conocerían.

Nos toca hacer lo mismo. Porque la luz que hoy ilumina nuestras casas no nació en los mercados. Nació en una visión de país. Y los pueblos que olvidan el valor de lo que heredaron terminan pagando dos veces: primero con indiferencia y después con arrepentimiento.

La electricidad de Costa Rica no es un privilegio. No es una mercancía. No es una oportunidad de negocios. Es una conquista nacional.

Y las conquistas nacionales no se negocian: se defienden.

Porque la luz que llega a cada hogar costarricense no pertenece a unos pocos: pertenece a generaciones enteras. Y lo que un pueblo construyó unido, ningún interés particular debe arrebatárselo.

Convocan a movilización contra proyecto 23.414 y alertan sobre privatización del sistema eléctrico

Diversas organizaciones agrupadas en el Movimiento por el Derecho a la Electricidad y la Liga Cívica Nacional convocaron a la ciudadanía a participar en acciones de presión y movilización frente a la Asamblea Legislativa para exigir el rechazo del expediente 23.414, iniciativa que consideran una amenaza para el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), las tarifas eléctricas y el modelo solidario del sistema energético nacional.

Las actividades anunciadas incluyen presencia en barras legislativas los días 25 y 26 de mayo a las 3:00 p.m., así como una vigilia el 26 de mayo a las 6:00 p.m. en las afueras de la Asamblea Legislativa.

La convocatoria se realiza bajo la consigna:

“No al expediente 23.414. ¡Ayer, hoy y siempre, el ICE se defiende!”

En los materiales divulgados por las organizaciones se sostiene que el proyecto abriría el camino a un proceso de privatización eléctrica mediante un mercado de subastas que beneficiaría a grandes generadores privados y empresas transnacionales.

El Movimiento por el Derecho a la Electricidad recordó que en mayo de 2024 el país estuvo “a punto de quedar a oscuras” debido a decisiones políticas relacionadas con el sistema eléctrico nacional. A partir de ese antecedente, advirtió que el expediente 23.414 debilitaría al ICE y aumentaría las tarifas eléctricas para la población.

Según el pronunciamiento, la propuesta permitiría que generadores privados y empresas transnacionales tomen decisiones estratégicas sobre el sistema eléctrico mediante un modelo de mercado diseñado “a su medida”.

Las organizaciones cuestionan especialmente la creación de una nueva entidad denominada ECOSEN, en cuya estructura podrían participar representantes de empresas privadas de generación eléctrica. A juicio del movimiento, esto generaría conflictos de interés y una situación de “juez y parte” en la regulación del sistema eléctrico nacional.

El pronunciamiento también afirma que actualmente los ingresos obtenidos por el ICE mediante exportación de electricidad hacia Centroamérica ayudan a reducir las tarifas eléctricas nacionales, mientras que con el nuevo modelo esos beneficios serían trasladados a empresas privadas.

“Eso es privatizar las ganancias y socializar las pérdidas”, sostiene el documento del movimiento.

Por su parte, el dirigente César López Dávila, vocero de la Liga Cívica Nacional, criticó tanto al gobierno como a sectores políticos que —según indicó— mantienen respaldo a una agenda neoliberal en materia energética.

En particular, López Dávila interpeló al diputado Álvaro Ramírez Bogantes, jefe de fracción del Partido Liberación Nacional, señalando que organizaciones del movimiento enviaron consultas formales a su despacho sin haber recibido respuesta.

El dirigente calificó el proyecto como “un adefesio” y “un mamotreto” que podría causar “estragos en el sistema eléctrico nacional”.

Durante los últimos días, distintos sectores sociales y políticos han incrementado las críticas contra el expediente 23.414. Entre ellas destacan las advertencias formuladas por la exdiputada Sofía Guillén, quien señaló que el proyecto podría provocar aumentos tarifarios, debilitamiento institucional del ICE y mayor concentración del negocio eléctrico en manos privadas.

Las organizaciones invitaron además a la ciudadanía a observar y compartir dos videos: el de la conferencia de prensa relacionada con el tema, así como el que presenta una explicación sintética de la lucha por la defensa de la electricidad.

El debate por los datos sensibles en Costa Rica: Los argumentos que enfrentan al TSE y a la PRODHAB

La Agencia de Protección de Datos de los Habitantes (PRODHAB) y el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) mantienen un fuerte pulso legal tras la emisión de la resolución N.° 029-2026-RF. La PRODHAB determinó que el TSE comercializa datos biométricos de manera ilegal a través de su plataforma de Verificación de Identidad (VID), al cobrar a empresas privadas e instituciones públicas por validar huellas dactilares y fotografías sin el consentimiento expreso y previo de las personas. Ante esto, el Tribunal Electoral ha respondido con firmeza defendiendo la legalidad de sus servicios.

Los argumentos de la PRODHAB: Lucro sin consentimiento

La PRODHAB, creada bajo el amparo de la Ley N.° 8968 para garantizar el derecho constitucional a la autodeterminación informativa (artículos 24 y 28 de la Constitución Política), sostiene que las fotografías faciales y las huellas dactilares son datos sensibles.

Según el órgano regulador, el TSE actúa al margen de la ley al realizar las siguientes acciones de forma comercial:

  • Operar y cobrar una tarifa a bancos y comercios para acceder a la plataforma VID.
  • Validar rasgos físicos únicos almacenados en el Registro Civil para beneficio de terceros.
  • Omitir la autorización previa de las personas para el procesamiento de sus rasgos individuales.

Como medida sancionatoria, la resolución de la PRODHAB ordena la cancelación de la inscripción de la base de datos del Registro Civil.

La defensa del TSE: «No hay venta de datos y las consecuencias serían gravísimas»

Por su parte, el TSE emitió un comunicado oficial donde rechaza tajantemente las acusaciones de comercialización y anuncia acciones legales inmediatas basadas en los siguientes cuatro puntos:

  1. Recurso legal: El TSE presentará un recurso de revocatoria formal en contra de la resolución n.° 029-2026 de la PRODHAB.
  2. Naturaleza pública de la consulta web: El Tribunal defiende que la información disponible en su sitio web (www.tse.go.cr) es de acceso irrestricto y carácter público, un criterio respaldado por la Sala Constitucional en su voto n.° 2008-16852, al referirse a datos vitales y básicos de las personas.
  3. El servicio VID no es venta: El TSE aclara que la plataforma VID no entrega datos biométricos a los contratistas; estos permanecen siempre bajo el resguardo exclusivo del organismo electoral. La institución se respalda en la opinión jurídica PGR-OJ-165-2025 de la Procuraduría General de la República, la cual señala que calificar el sistema como «venta» es una premisa equivocada, ya que funciona como un canal de validación que requiere la participación activa del ciudadano y no realiza transferencias de datos a terceros.
  4. Alerta por parálisis de servicios nacionales: El Tribunal advierte que ejecutar el punto 7 de la resolución de la PRODHAB —que exige cancelar la inscripción de la base de datos del Registro Civil— traería consecuencias gravísimas para el país. Esta medida provocaría una sensible afectación en múltiples plataformas esenciales, paralizando desde los servicios migratorios de nacionales hasta las transacciones del sistema bancario nacional.

El conflicto de competencias y criterios legales entre ambas entidades pone sobre la mesa el debate nacional acerca de los límites entre la seguridad tecnológica, la mitigación del fraude de identidad y el derecho fundamental a la privacidad de los datos sensibles en la era digital costarricense.

Ante esto surgen varias interrogantes:

¿El servicio de verificación de identidad del TSE es una herramienta necesaria contra el fraude o una comercialización encubierta de nuestros datos?

¿Debería la ciudadanía tener el control absoluto y previo sobre cómo las entidades usan sus huellas y fotografías, incluso frente a fines de seguridad bancaria?

TSE afirma que habría un impacto para el sistema bancario y migratorio si se cancela la base de datos del Registro Civil; ¿cómo resolver ese riesgo si se cancela el servicio que se brinda actualmente?

Sofía Guillén alerta sobre proyecto eléctrico y denuncia intento de privatización que elevaría tarifas y debilitaría al ICE

La exdiputada del Frente Amplio Sofía Guillén lanzó un llamado urgente a la ciudadanía para movilizarse contra el proyecto de ley expediente 23.414, impulsado por el gobierno de Rodrigo Chaves, el cual —según denunció— abriría el camino a la privatización del mercado eléctrico, aumentos en las tarifas y debilitamiento estructural del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).

En un audio difundido públicamente, Guillén afirmó que el proyecto podría ser votado en primer debate de forma inminente debido a que las mociones presentadas por la anterior fracción legislativa del Frente Amplio ya no pueden ser reiteradas. Según explicó, esto permitiría acelerar el trámite sin nuevos mecanismos de contención parlamentaria.

La exdiputada sostuvo que la iniciativa “desarma y destruye el modelo solidario eléctrico del ICE”, al sustituir el sistema de planificación estatal por un esquema de mercado de subastas eléctricas.

Guillén advirtió que este tipo de mercados ya ha generado aumentos tarifarios en países como España y Colombia, debido a que pocos grupos empresariales concentran la generación privada y terminan coordinando precios artificialmente elevados.

“Así funcionan los mercados de subasta de electricidad en la práctica, en nuestros países repletos de imperfecciones y de corrupción”, afirmó la exlegisladora, quien aseguró que el resultado sería un incremento en los recibos de electricidad para la población costarricense.

Otro de los principales cuestionamientos planteados por Guillén se refiere al traslado de la División de Operación y Control del Sistema Eléctrico (DOCSE), considerada el “cerebro eléctrico” del ICE, hacia una nueva entidad denominada ECOSEN. Según explicó, en esa nueva institución participarían representantes de generadores privados de electricidad dentro de la junta directiva.

La exdiputada afirmó que este cambio pondría en riesgo la capacidad operativa del sistema eléctrico nacional y podría provocar apagones y deterioro en la calidad del servicio. También sostuvo que la reforma responde al interés de “los mismos de siempre”, en referencia a grupos económicos vinculados a la generación privada.

Los planteamientos de Guillén coinciden con el pronunciamiento divulgado por el Movimiento Costarricense por la Defensa de la Electricidad, el cual sostiene que el proyecto “despedaza el ICE y los ríos” y beneficiaría a grandes grupos empresariales ligados a la generación privada.

El documento denuncia que el expediente 23.414 crea una nueva institucionalidad eléctrica que debilitaría la rectoría del ICE sobre el sistema nacional y trasladaría funciones estratégicas hacia un esquema con participación de actores privados.

Además, el movimiento advierte que la iniciativa habilitaría mayores posibilidades de exportación eléctrica privada, incentivando nuevos proyectos hidroeléctricos “a filo de agua” en ríos del país y generando impactos sobre comunidades y ecosistemas.

Según el pronunciamiento, una empresa transnacional dedicada a generación privada ya habría manifestado interés en instalarse en Costa Rica para exportar electricidad.

La organización sostiene también que cuando el ICE exporta electricidad, la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) aplica rebajos en las tarifas eléctricas nacionales, mientras que una reducción del papel exportador del ICE podría eliminar esos beneficios para las personas usuarias.

En su mensaje, Sofía Guillén llamó a la ciudadanía a organizarse, divulgar información, asistir a barras legislativas y participar en vigilias frente a la Asamblea Legislativa para intentar frenar la aprobación del proyecto.

“Lo poco que nos queda del Estado Social de Derecho, ¿cómo vamos a dejar que nos lo quiten?”, expresó la exdiputada al cierre de su intervención.

El Movimiento Costarricense por la Defensa de la Electricidad compartió además una conferencia de prensa pública sobre el tema y reiteró el llamado a impedir la aprobación del proyecto legislativo.