La Defensoría de los Habitantes enfatizó que la falta de nombramiento de magistraturas suplentes, al menos de los mínimos necesarios, pone en altísimo riesgo el respeto de los derechos fundamentales de los y las habitantes.
En un informe remitido esta semana a la Presidenta de la Asamblea Legislativa, la Defensoría alertó que la continuidad de la situación actual de parálisis de estos nombramientos implica un quiebre directo al principio de supremacía constitucional, en tanto un Tribunal Constitucional creado pero imposibilitado para ejercer su competencia resta toda eficacia a la Constitución Política, como norma suprema que da garantía a los derechos fundamentales de la población y que es el vértice de la pirámide de la que se nutre el resto del ordenamiento jurídico.
La Defensoría señaló que ha venido dándole puntual seguimiento a la elección de magistrados y magistradas suplentes de la Sala Constitucional, tema que fue objeto de discusión en la reunión de jefaturas de fracción llevada a cabo en la Asamblea Legislativa el jueves 4 de junio del año en curso; y que también fue referido por el diputado Gonzalo Ramírez en la presentación del informe anual de labores llevado a cabo en el Plenario Legislativo el pasado miércoles 24 de junio de 2026.
Del análisis de información solicitada por esta Defensoría a la Corte Suprema de Justicia se identificó que durante el año 2025 las magistraturas suplentes participaron en la votación de aproximadamente 43.144 expedientes, lo que evidencia su relevancia para el funcionamiento ordinario de la jurisdicción constitucional. Asimismo, la ausencia de magistraturas suplentes ya está produciendo afectaciones concretas en la prestación del servicio de justicia constitucional, existiendo al menos 87 asuntos pendientes de estudio y resolución definitiva por la imposibilidad de integrar el Tribunal.
“A nivel de riesgos existentes, valga indicar que esta situación impide la integración del Tribunal ante supuestos de inhibiciones, recusaciones, incapacidades, vacaciones u otras ausencias temporales de magistrados propietarios; provocando atrasos en casos urgentes como resolución de recursos de amparo, hábeas corpus, entre otros”, indicó la Defensoría a la Asamblea Legislativa.
A partir de lo anterior, se compromete el cumplimiento efectivo de una serie de derechos tales como: acceso a la justicia, tutela judicial efectiva y protección oportuna de los derechos fundamentales. Sumado a lo anterior, se estarían generando las condiciones para la vulneración, entre otros instrumentos internacionales de derechos humanos, del artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ratificada por el Estado costarricense e inserta en su ordenamiento jurídico mediante Ley N° 4534, vigente desde febrero de 1970; el cual tutela el derecho de toda persona a contar con recursos judiciales sencillos, rápidos y efectivos y el correlativo deber del Estado de asegurar su libre ejercicio sin obstáculos ni limitaciones.
“No voy a aprender su maldito idioma. No tengo tiempo». Recordarán ustedes esta frase salida del más filósofo de los filósofos de los mandatarios contemporáneos.
Recordarán ustedes también sus indicaciones para exterminar el español en varios Estados de la unión americana, como mecanismo para extirpar el peso simbólico de la comunidad hispana en su país.
Muy por el contrario, el español goza de muy buena salud: se ha convertido en símbolo de resistencia en la misma entraña del país del filósofo en mención.
A cada operativo de ICE en el que la autoridad migratoria ha intentado someter en inglés a las personas detenidas, la mayoría de ellas de origen centroamericano, el español ha sido repuesta y herramienta.
Por otra parte, en un guiño colonial y comercialoide de poca monta, la FIFA industria y mercenaria del inicio Infantino, intentó torcer el brazo de los países hispanohablantes al obligar a realizar las conferencias de prensa en el marco del actual Campeonato Mundial de fútbol, en inglés.
Tuvo que rectificar, obviamente.
Nada más desacertado en un torneo organizado en tres países, dos de los cuales el español es hablado por miles de millones de personas.
Habiendo dicho esto, habiendo aceptado que español si como recurso y estrategia de respuesta, no debe obviarse que en muchos de nuestros países este idioma también ha constituido herramienta de dominación y sometimiento en contra de pueblos originarios.
El balón, decía el Maradona más político que existió, no debe ser manchado nunca. El español tampoco. Pero tampoco debe obviarse los siglos de vasallaje cultural que este idioma ha propiciado contra saberes ancestrales.
Porque Sí el español y los demás idiomas que nos tejen como región.
Esa debe ser la consigna. La política. La resistencia.
Las políticas de cuidado, la organización social de las familias y el fortalecimiento de la democracia fueron el eje de la conferencia «Cuidar, controlar y castigar: las políticas de familia en tiempos de erosión democrática», realizada el lunes 29 de junio de 2026 en la Sala de Audiovisuales de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Costa Rica.
La actividad fue organizada por el Posgrado Centroamericano en Sociología y la Red Interuniversitaria de Estudios sobre los Cuidados y sus Transformaciones, y contó con la participación de la Dra. Juliana Martínez Franzoni, profesora de la Escuela de Ciencias Políticas e investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales (IIS-UCR); la M.Sc. Laura Rivera Alfaro, coordinadora de la Iniciativa Puentes para la Educación de la Vicerrectoría de Acción Social y docente de la Carrera de Trabajo Social de la Sede de Occidente; y la Dra. Nancy Piedra Guillén, directora del Posgrado Centroamericano en Sociología, quien moderó el encuentro.
Durante la apertura, Nancy Piedra destacó que la conferencia forma parte de un proceso sostenido de reflexión impulsado por el Posgrado y por la Red Interuniversitaria para analizar críticamente las transformaciones sociales que atraviesan América Latina. Señaló que el debate sobre los cuidados ha sido impulsado de manera decisiva por los movimientos feministas, así como por organismos internacionales y espacios académicos que han contribuido a colocar este tema en el centro de las políticas públicas.
Los cuidados como derecho humano y como disputa política
En su exposición, Juliana Martínez Franzoni planteó que América Latina atraviesa un momento decisivo para las políticas de cuidado. Recordó que la Opinión Consultiva 31 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos marcó un hito al reconocer el cuidado como un derecho humano autónomo, universal y exigible, estableciendo que los Estados tienen la obligación de garantizar servicios de calidad, proteger a quienes cuidan y corregir las profundas desigualdades que caracterizan la organización social de los cuidados en la región.
Sin embargo, advirtió que ese importante avance normativo convive con una realidad profundamente desigual.
Explicó que la organización de los cuidados continúa descansando principalmente sobre el trabajo no remunerado de las mujeres, especialmente de aquellas que viven en condiciones de pobreza, lo que limita sus oportunidades educativas, laborales y de desarrollo personal.
Para la investigadora, el cuidado debe entenderse no solamente como un componente de la política social, sino como una infraestructura política capaz de distribuir poder dentro de la sociedad.
Desde esa perspectiva, sostuvo que las políticas públicas pueden utilizarse para ampliar derechos y promover inclusión, pero también pueden convertirse en mecanismos de control social e incluso de castigo cuando las democracias experimentan procesos de deterioro institucional.
De cuidar para incluir a cuidar para controlar
Uno de los principales planteamientos de la conferencia fue la necesidad de comprender la evolución reciente de las políticas de familia en América Latina.
Martínez Franzoni explicó que durante los primeros quince años del siglo XXI numerosos países ampliaron la protección social mediante reformas en salud, asistencia social y sistemas de cuidado, incorporando a sectores históricamente excluidos y reconociendo los cuidados como un cuarto pilar de los sistemas de bienestar.
Ese proceso permitió ampliar licencias, fortalecer servicios comunitarios, reconocer el trabajo de cuidados y promover la corresponsabilidad entre Estado, mercado, comunidades y familias.
No obstante, sostuvo que actualmente diversos países enfrentan un cambio de orientación política.
En ese nuevo contexto, afirmó, algunas políticas de familia dejan de orientarse prioritariamente hacia la inclusión y pasan a desempeñar funciones de vigilancia, disciplinamiento y control sobre determinados grupos sociales.
Según explicó, cuando el Estado reduce su papel como garante de derechos y fortalece enfoques autoritarios, se profundiza la división sexual del trabajo y se produce lo que diversos estudios denominan una «refamiliarización forzada» de los cuidados, trasladando nuevamente la mayor parte de estas responsabilidades a las familias y, particularmente, a las mujeres.
El cuidado también es desarrollo económico
La investigadora subrayó que los cuidados no deben analizarse únicamente desde la política social.
Argumentó que constituyen también un componente estratégico del desarrollo económico, ya que generan empleo, distribuyen ingresos y fortalecen la economía de servicios.
En ese sentido, propuso avanzar hacia políticas que integren tres dimensiones complementarias:
consolidar los cuidados como un cuarto pilar del bienestar;
reconocerlos como un sector productivo generador de empleo;
incorporarlos como un estándar transversal en las políticas laborales, sociales y ambientales.
A su juicio, solamente una estrategia integral permitirá convertir el reconocimiento jurídico del derecho al cuidado en transformaciones concretas para la población.
Defender las políticas públicas de cuidado
En los comentarios posteriores a la conferencia, Laura Rivera Alfaro destacó la importancia de comprender que las disputas actuales sobre las políticas de familia forman parte de debates más amplios acerca del papel del Estado, la democracia y los derechos sociales.
Señaló que muchas de las transformaciones recientes buscan reinstalar visiones tradicionales de la familia que trasladan nuevamente las responsabilidades del cuidado al ámbito privado, debilitando la responsabilidad pública en esta materia.
Rivera subrayó que defender las políticas de cuidado implica también defender la igualdad, la democracia y la posibilidad de construir sociedades más justas, capaces de distribuir de manera más equitativa las responsabilidades que sostienen la vida cotidiana.
Un debate necesario
La actividad concluyó con un intercambio entre las expositoras y el público asistente, en el que se profundizó sobre los desafíos que enfrentan Costa Rica y América Latina para fortalecer políticas públicas de cuidado en un contexto marcado por restricciones fiscales, desigualdades persistentes y transformaciones políticas.
Las organizadoras señalaron que este tipo de espacios buscan aportar herramientas de análisis que permitan comprender las relaciones entre democracia, bienestar, políticas sociales y organización de los cuidados, promoviendo una discusión informada sobre uno de los temas centrales para el presente y el futuro de la región.
La conferencia completa puede verse en el siguiente enlace de YouTube:
MBA Lic. Bach. Luis G Martínez Sandoval Académico Universitario Ciencias Económicas y Empresariales, Comercio Exterior, Administración Aduanera Especialista en Relaciones Económicas y Políticas Internacionales, MBA Administrador de Empresas énfasis Mercados Globales y Negocios Internacionales. Exfuncionario Banco Mundial IFC – Ecuador- y, América Latina, Escritor, Científico Social
La Universidad Técnica Nacional (UTN), creada mediante la Ley N.° 8638 en el año 2008, representa uno de los proyectos educativos más importantes impulsados por el Estado costarricense para fortalecer la educación superior técnica, tecnológica y científica. Desde su origen, la institución nació con el propósito de responder a las necesidades de formación del sector productivo nacional y de servir como puente entre la educación técnica y la educación universitaria, contribuyendo al desarrollo económico, social y tecnológico del país.
Después de casi dos décadas de existencia, la UTN ha logrado consolidar una presencia nacional significativa mediante sus sedes regionales y una oferta académica orientada a la empleabilidad y al fortalecimiento de sectores estratégicos de la economía. Su ubicación geográfica, particularmente en la provincia de Alajuela, le otorga ventajas competitivas extraordinarias debido a la cercanía con zonas francas, parques industriales, centros logísticos, el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría y corredores de comercio internacional que la conectan con los principales mercados del mundo.
Sin embargo, los desafíos de la segunda mitad del siglo XXI exigen una transformación más profunda. La acelerada evolución de la ciencia y la tecnología, la digitalización de la economía, la inteligencia artificial, la automatización, la sostenibilidad ambiental y la competencia global por el talento obligan a replantear la visión institucional. La meta ya no debe limitarse a ser una universidad nacional exitosa, sino convertirse progresivamente en una universidad tecnológica de referencia para América Latina y, eventualmente, en una institución de rango mundial.
Para alcanzar ese objetivo, la UTN debe orientar su crecimiento hacia áreas estratégicas de alta demanda internacional. Entre ellas destacan la Ciencia de Datos, la Inteligencia Artificial, la Computación Cuántica, la Ciberseguridad, las Energías Renovables, la Biotecnología, la Tecnología de Alimentos, la Industria 4.0 y 5.0, la Logística Inteligente y las Cadenas Globales de Suministro. Estas disciplinas constituyen la base de las economías más dinámicas y representan oportunidades reales para que Costa Rica fortalezca su competitividad internacional.
La internacionalización debe convertirse en un eje transversal de toda la estrategia institucional. Esto implica fortalecer el bilingüismo, promover programas de doble titulación, impulsar intercambios académicos, establecer convenios con universidades líderes del mundo y desarrollar una cultura universitaria orientada hacia estándares globales de excelencia. La capacidad de atraer profesores visitantes, investigadores internacionales y estudiantes extranjeros será un indicador clave del avance institucional.
Un componente fundamental de esta transformación es el fortalecimiento de la investigación, el desarrollo y la innovación. La investigación universitaria debe responder prioritariamente a los problemas nacionales y regionales, contribuyendo a generar soluciones en áreas como sostenibilidad ambiental, salud pública, educación, productividad empresarial y desarrollo social. Más allá de la publicación de artículos científicos, la universidad debe enfocarse en generar impacto real mediante la transferencia tecnológica, la creación de patentes, la incubación de empresas, el emprendimiento innovador y la vinculación efectiva con los sectores productivos.
La sostenibilidad financiera constituye otro de los grandes desafíos institucionales. El financiamiento proveniente del Fondo Especial para la Educación Superior seguirá siendo esencial, pero resulta necesario complementarlo mediante alianzas público-privadas, cooperación internacional, fondos de investigación, convenios con organismos multilaterales y mecanismos innovadores de captación de recursos. Instituciones como el Banco Mundial, la Corporación Financiera Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Centroamericano de Integración Económica y los programas europeos de investigación representan oportunidades relevantes para financiar proyectos estratégicos.
Asimismo, la universidad debe avanzar hacia una transformación digital integral. La implementación de plataformas inteligentes de gestión, sistemas de gobierno digital, analítica de datos institucionales y automatización de procesos permitirá mejorar la eficiencia administrativa y académica. La incorporación de tecnologías emergentes fortalecerá tanto la experiencia estudiantil como la capacidad institucional para responder a las demandas de una sociedad cada vez más digitalizada.
El desarrollo del talento humano será igualmente determinante. La calidad de una universidad depende en gran medida de la excelencia de sus docentes, investigadores, directivos y personal administrativo. Por ello, es indispensable fortalecer los procesos de selección basados en competencias, promover la capacitación continua, garantizar condiciones laborales competitivas y fomentar una cultura organizacional orientada a la innovación, la calidad y la rendición de cuentas. El liderazgo institucional deberá caracterizarse por una visión estratégica, capacidad de gestión y compromiso permanente con la excelencia académica.
La consolidación de la calidad requiere además sistemas rigurosos de evaluación, acreditación y mejora continua. La UTN debe medir su desempeño mediante indicadores internacionales, comparar sus resultados con universidades líderes y participar activamente en rankings académicos globales. No se trata únicamente de mejorar posiciones, sino de utilizar esos referentes para impulsar procesos permanentes de aprendizaje institucional y fortalecimiento de capacidades.
Una visión de largo plazo también exige proyectar el crecimiento de la infraestructura física y tecnológica. El desarrollo de ciudades tecnológicas sostenibles alrededor de las sedes universitarias, en alianza con empresas de alta tecnología y sectores productivos estratégicos, podría convertir a la UTN en un ecosistema de innovación capaz de integrar educación, investigación, emprendimiento y desarrollo regional. Esta visión permitiría atender una población estudiantil creciente y consolidar espacios para la experimentación tecnológica y la transferencia de conocimiento.
Convertirse en una universidad de clase mundial implica responder preguntas estratégicas fundamentales: cuál será su identidad diferenciadora, cómo se financiará su crecimiento, cuáles serán sus áreas prioritarias de especialización, cómo medirá el éxito institucional y qué alianzas nacionales e internacionales serán necesarias para alcanzar sus objetivos. La claridad en estas definiciones permitirá construir una hoja de ruta sólida y sostenible para las próximas décadas.
En conclusión, la Universidad Técnica Nacional posee condiciones excepcionales para convertirse en un referente regional de educación superior tecnológica. Su origen, cobertura territorial, cercanía con los sectores productivos y orientación hacia la formación técnica constituyen fortalezas significativas. No obstante, alcanzar estándares internacionales requerirá una estrategia integral basada en innovación, investigación aplicada, internacionalización, transformación digital, sostenibilidad financiera y excelencia académica. El verdadero reto no consiste únicamente en ascender en los rankings mundiales, sino en formar profesionales altamente calificados, bilingües, innovadores y comprometidos con el desarrollo sostenible de Costa Rica. Si logra consolidar esta visión estratégica, la UTN podrá posicionarse como una universidad tecnológica líder en América Latina y proyectarse exitosamente hacia el escenario global.
La Asociación Confraternidad Guanacasteca informó que interpuso un recurso de amparo ante la Sala Constitucional contra la presidenta de la República, Laura Fernández Delgado, al considerar que no recibió respuesta a una gestión presentada el pasado 16 de mayo, mediante la cual solicitó la adopción de medidas para atender la mora que enfrenta el Tribunal Ambiental Administrativo (TAA).
De acuerdo con el comunicado emitido por la organización, el recurso quedó registrado bajo el expediente 26-020694-0007-CO, actualmente en conocimiento de la Sala Constitucional.
Según Confraternidad Guanacasteca, la gestión presentada a la Presidencia planteaba tres solicitudes principales: reforzar los recursos humanos del Tribunal Ambiental Administrativo; establecer métricas de rendimiento y plazos máximos para la resolución de expedientes; y garantizar el nombramiento permanente de jueces titulares y suplentes para evitar la parálisis institucional.
La Asociación sostiene que el despacho presidencial trasladó la gestión al Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), pero que no emitió una respuesta directa respecto de las solicitudes formuladas a la Presidencia en el ejercicio de sus competencias. Sobre esa base, el recurso plantea una presunta omisión de respuesta y solicita la intervención de la Sala Constitucional.
Señalan mora en el Tribunal Ambiental Administrativo
Como parte de los argumentos del recurso, la Asociación cita un oficio emitido por el propio Tribunal Ambiental Administrativo, en el cual se describe la carga de trabajo que enfrenta ese órgano.
De acuerdo con ese documento, el Tribunal mantiene más de 4.560 expedientes administrativos en trámite, además de 317 expedientes en etapa de seguimiento de ejecución, situación que, según las juezas del Tribunal, incide en el cumplimiento de una justicia ambiental pronta y cumplida. El oficio también señala las limitaciones de personal con que actualmente opera la institución.
En su recurso, la Asociación solicita que la Sala Constitucional ordene a la Presidencia emitir una respuesta formal a la gestión presentada en mayo y que, en el ejercicio de sus competencias, instruya al MINAE para elaborar un plan de fortalecimiento del Tribunal Ambiental Administrativo que contemple recursos, modernización tecnológica, digitalización, fortalecimiento del personal y metas verificables para reducir la mora.
Antecedentes
SURCOS ha informado anteriormente sobre las gestiones impulsadas por la Asociación Confraternidad Guanacasteca en torno al funcionamiento del Tribunal Ambiental Administrativo y al seguimiento del expediente relacionado con el caso Hotel RIU Guanacaste.
En esas publicaciones se dio cuenta de la preocupación manifestada por la organización respecto de la mora acumulada en el Tribunal y de la solicitud dirigida a la Presidencia de la República para promover medidas orientadas a fortalecer la capacidad institucional del órgano encargado de conocer denuncias por daño ambiental.
Corresponderá ahora a la Sala Constitucional determinar la admisibilidad y resolver el recurso presentado conforme al procedimiento establecido por el ordenamiento jurídico costarricense.
El Consejo Universitario advierte que reformas sin base técnica causarían un ‘daño irreparable’ a la Caja Costarricense de Seguro Social.
La Universidad de Costa Rica (UCR) instó a las autoridades del Estado a analizar con detenimiento el contexto, las causas estructurales de la situación actual y los efectos que cualquier transformación pueda tener sobre los principios de universalidad, equidad y solidaridad que han caracterizado históricamente a la seguridad social costarricense.
La preocupación de esta Casa de estudios superiores surge luego de que trascendieran las intenciones del diputado Nogui Acosta Jaén, de impulsar «cambios profundos» en la gestión de la salud pública.
Para la UCR, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) constituye la columna vertebral de la institucionalidad democrática surgida tras la guerra civil de 1948, por lo que su fortalecimiento y preservación son fundamentales para reducir las desigualdades sociales.
En ese sentido, considera que la persistencia de la deuda estatal con dicha institución es motivo de preocupación permanente la, ya que supera los cuatro billones de colones, afecta la sostenibilidad financiera del sistema y genera tensiones sobre la capacidad para garantizar la universalidad de sus servicios.
A esto se suman los datos de la Auditoría de la CCSS, que advirtió que el presupuesto estatal previsto para el próximo año apenas cubriría el 1,9% de la deuda pendiente. Para el Consejo Universitario, esta situación evidencia una marcada brecha entre las necesidades financieras de la Caja y el respaldo que recibe por parte del Estado.
Para la UCR, toda reforma debe basarse en un análisis riguroso de las tensiones estructurales del sistema, así como en criterios técnicos, científicos y jurídicos, para evitar medidas que puedan profundizar los problemas existentes y agravar la situación del sistema de salud.
Dos desastrosos terremotos (magnitudes 7.2 y 7.5) localizados en la región más populosa del país (Estados La Guiara, Miranda, Carabobo, Falcón, Aragua y Distrito Capital). En la zona epicentral las personas fallecidas, lesionadas, heridas y desaparecidas ascienden a miles. Familias y mascotas dignificadas se cuentan en decenas de miles, igual centenares de pacientes de hospitales trasladados de emergencia a centros médicos fuera de riesgo, dada la secuencia de centenares de réplicas sentidas en extensos territorios y ciudades.
La infraestructura dañada y colapsada es cuantiosa. Las personas y animales atrapados bajo escombros son buscadas y está siendo rescatada con monumentales esfuerzos sobrehumanos.
Queremos unirnos a los pueblos del mundo con nuestras muestras de energía, emociones y consternación por el dolor y sufrimiento que sufre la nación Bolivariana y la comunidad familiar de Venezuela, en este trance difícil.
Nos sentimos profundamente conmovidos por la movilización unida del pueblo bolivariano, en atención y salvamento de su grey en las zonas afectadas. De igual forma por la rápida y eficaz ayuda multilateral de muchos país y pueblos hermanos.
Especialmente por aquel respaldo y solidaridad internacionalista de naciones como Cuba, Rusia e Irán que enfrentando adversidades indecibles, bloqueos, cercos y guerras despiadadas e impuestas por la barbarie irracional e inmoral de las fuerzas demenciales del peor oscurantismo de la historia; están en la Patria de Simón Bolívar, Manuelita Sáenz, Ezequiel Zamora, Simón Rodríguez, Fabricio Ojeda y Hugo Rafael Chávez Frías entregando sus valiosos recursos humanos, técnicos, médicos, científicos, materiales y a riesgo de la vida, sin pedir nada a cambio y desde sus apremiantes necesidades propias.
Cuba un faro de asombroso amor por la humanidad y decoro demuestra una vez más, como lo ha hecho por más de 60 años de internacionalismo martiano y fidelista, estar ahí primera con sus brigadas de especialistas y profesionales, pueblo voluntario con sus mochilas cargadas de equipo médico, trabajo metódico, insumos, cultura, alfabetización, conocimientos, valor, pundonor, convicción, esperanza, colaboración incondicional, amor y vida.
Cuba un pueblo movilizado en batallones de mujeres y hombres con batas blancas, overoles y camisas de faena armados de estetoscopio, mascarilla, bisturí, lápiz, libreta, pincel, guitarra, azada, barreno, cooperación incansable, brazos y manos fraternales profunda fe en el triunfo de la vida y cubanía desbordante; que ha llevado y sigue llevando la solidaridad y la hermandad por todos los continentes para vencer las tragedias humanas y la violencia del analfabetismo, la desnutrición infantil, la insalubridad pública, la escasez de médicos, la miseria y el abandono de los derechos fundamentales, los desastres naturales y sociales, las pandemias y epidemias como el apostolado martiano de «patria es humanidad».
Hacemos nuestra la verdad versada por José Martí: «Amor con amor se paga» y «Honrar honra».
Nuestra fuerza emocional con el pueblo de la República Bolivariana de Venezuela. Óscar Barrantes Rodríguez Circulo Bolivariano Yamileth López Miembros del Equipo de Intelectuales: Mujeres y Hombres de Ciencias de la Red Latinoamericana y Caribeña de Solidaridad con Cuba y Causas Justas.
El miércoles pasado fui a una cita de la especialidad de otorrinolaringología al Hospital Calderón Guardia a las tres de la tarde. La cita me la habían dado hacía como dos años antes. El papelito que portaba ya amarillento por el tiempo donde apenas se leía presentarse 15 minutos antes y el lugar, Clínica Central, segundo piso.
Disciplinadamente me presenté en la ventanilla respectiva 20 minutos antes; la respuesta de la señora que la atendía fue que ya en esa Clínica no se atendían pacientes de Oto porque todos se habían trasladado al Hospital Calderón Guardia. Mi reclamo fue que por qué no me habían avisado, con la consabida respuesta: No lo sé, pero vaya al Hospital en el segundo piso, edificio histórico.
Hacia allá me dirigí, ilusionado que en ese lugar me atenderían. Después de buscar por varios lugares dónde se encontraba el sitio, me presenté ante otras dos señoras o señoritas a la cuales les trasmití que había sido enviado por la señora de la Clínica. Mostré mi papelito amarillento de más de dos años. La señora casi ni quiso tocarlo, probablemente lo vio como un documento ajado y destartalado porque el paciente lo había andado quien sabe por dónde, sin comprender que su estado se debía exclusivamente al paso del tiempo y fruto de que las letras también se van borrando. Inmediatamente me lo devolvió. No, me dice. Para atenderlo aquí usted necesita una referencia del Ebais. Ante lo cual, le respondo: pero por qué otra referencia, dado que si yo ya tengo una cita en la especialidad de Otorrinolaringología en la Clínica Central y de ahí transfirieron todos los pacientes al Hospital es porque ya habían sido referidos por el Ebais. Entonces, ¿ahora tengo que ir al Ebais pedir cita para que me den una nueva referencia y que ustedes me den cita, dos años después? ¿No le parece absurdo? ¿Las diferentes instancias -le dije- no se hablan entre sí, no hay un solo expediente? Yo solo soy una empleada, responde. La verdad es que sí, me digo para mis adentros; habría que mover toda la estructura inmensa, gigantesca de la Caja, para cambiar algo tan sencillo, pienso. ¿Pero quién podrá hacerlo? ¿Las personas individualmente no, los sindicatos, las juntas de salud, las autoridades de la Caja?
Bueno, le digo ya rendido. Si traigo otra referencia ¿me atiende? No, contesta. Tiene que llevarla a la oficina que recibe las referencias que queda100 metros después de pasar la línea del tren y me señala el oeste. Luego ellos la estudian y días después usted debe pasar a recogerla para venir a sacar la cita. De donde me encontraba tenía que caminar como 300 metros, cerca de la Cancillería, para llegar, después de haber peregrinado por todo el edificio histórico del Hospital.
— ¡Ah!, pero hay algo más. Que allí atienden hasta las 3 de la tarde.
¡Casi me desmayo!, entre el calor, la ofuscación, la cólera y la incomprensión de cómo una institución de salud se había convertido en una Institución tan poco “amigable con el usuario”, como dicen ahora. La verdad no me salió del alma ni un gracias, porque hubiera sido muy hipócrita.
Ya me retiraba del Hospital derrotado, cuando pensé.
Hombre, cómo me voy a ir así. Y se me ocurrió la gran idea de que en ese lugar debía existir una Contraloría de Servicios. Me voy para allá, al fin y al cabo, esta experiencia podría ser una oportunidad de mejora.
Pregunté a los guardas, dónde estaba la oficina, estos no sabían y consultaron por radio. Al rato me informaron que quedaba frente al Corazón de Jesús, siguiendo ese pasillo. Al fin logré ubicarla, pero no había nadie. Esperé y esperé. Al rato vi una puerta con un rótulo de Contraloría de Servicios y toqué. Pregunté si nadie atendía en la ventanilla; se asomó la muchacha y dijo que probablemente el señor andaba en el baño. Que esperara. Al buen rato, llegó el señor, arrastrando los pies, con un andado que mostraba que estaba cerca de su hora de salida y que no quería que ya nadie lo importunara o que lo jodiera con mierdas de reclamos. Volví con mi cuento, enseñé el papelillo amarillento con mi cita dada hace dos años que el señor vio como con asco y ni siquiera tocó. En síntesis, vengo a poner una queja puede ser que estas cosas se puedan corregir.
—Yo lo más que puedo hacer, me dice, es darle una nota dirigida al director de Oto para que usted la lleve y ver si él le resuelve algo.
La verdad es que ese fue el tiro de gracia. Había sido liquidado, totalmente derrotado y aniquilado por el entramado hospitalario. Ni siquiera recibió mi queja, que es su obligación y darle trámite a la misma.
— No gracias, le contesté, y me fui.
¿Por qué hacen al usuario pasar por este calvario?
No estamos ante el asunto de las listas de espera, de los especialistas, de la saturación de emergencias y de otros problemas mucho más complejos. Son cosas más pequeñas, elementales, que aliviarían el trajinar de los asegurados, que pueden resolverse si se dan a la tarea de organizar de mejor manera las cosas, al servicio de los asegurados y no al servicio de los trabajadores de la Caja.
En la época de la tecnología hay cosas que me pregunto si no pueden ser corregidas y mejoradas sustancialmente, agregando un ahorro financiero para la Institución.
¿Pueden las referencias que remiten los Ebais ser enviadas directamente a las oficinas respectivas por correo electrónico, con un solo clic, sin que sea el asegurado el que tenga que hacer el trámite?
Además, las oficinas que reciben referencias tienen horarios diferentes para recibirlas, creando una dificultad más al asegurado, una pérdida de horas trabajo a los trabajadores.
Siempre me he preguntado por qué el Hospital no concentra en un solo lugar todo lo referente al otorgamiento de citas. Los hospitales nacionales tienen kilómetros de pasillos que para el asegurado es difícil transitar y orientarse.
Las personas tienen que deambular, ir de un lugar a otro por todo el Hospital y sus alrededores para concretar una cita: si es rayos X, ir a ese lugar, si es laboratorio ir ahí, si es cardiología y todo el resto de las especialidades, ir a cada una de ellas. Un único centro de citas ahorraría tiempo y fuerzas al asegurado y habría menos personal en estas tareas.
En la época tecnológica es absurdo esa organización del trabajo. Tal vez con un poquito de buena voluntad y pensando primero en el asegurado, se podrían resolver muchos problemas, pequeños pero que fastidian la vida de las personas.
Por mi parte, tendré que iniciar todo el procedimiento para que dentro de 2 años me vea el especialista en Oto. Claro si no cambian nuevamente el lugar de atención.
Observatorio de Futuros-OdF de la Maestría en Pensamiento Estratégico y Prospectiva de la Escuela de Planificación y Promoción Social de la Universidad Nacional-UNA (EPPS-UNA), llevó a cabo un análisis comparado desarrollado en la Universidad de Alcalá de Henares-España, el cual propone transformar la política pública costarricense, pasando del asistencialismo a la acción anticipada para combatir la informalidad y potenciar el desarrollo local.
El diseño de las políticas públicas suele adolecer de un mal bastante común: responder a las condiciones del presente con herramientas del pasado, frente a esto, una reciente investigación internacional titulada “Análisis prospectivo de la política pública de apoyo a la microempresa de España y Costa Rica;un análisis comparado”propone transformar el sistema. Para ello, se apoya en los postulados de la prospectiva estratégica del Dr. Michel Godet (Economista francés, titular de la cátedra de prospectiva estratégica) y el Dr. Francisco José Mojica (Docente Investigador – Consultor en Prospectiva Estratégica), el estudio parte de una premisa poderosa: “El futuro no está predeterminado y es la acción anticipada de hoy la que puede salvar o condenar al sector productivo más grande del país, la microempresa”.
Bajo el lema: “Observar hoy, Visionar mañana, Construir futuros posibles”, el Observatorio de Futuros-OdF (EPPS-UNA) se constituye en una iniciativa académica que se enfoca en la investigación con visión prospectiva, la reflexión crítica y el análisis estratégico con miras al desarrollo nacional, regional, local y organizacional.
Dr. Ángel Ortega Ortega. Académico EPPS-UNA
En este sentido, la investigación, realizada por el académico e investigador de la EPPS-UNA, Doctor Ángel Ortega Ortega, durante una estancia académica (2026) en el prestigioso Instituto de Análisis Económico y Social (IAES) de la Universidad de Alcalá de Henares España, cobra una relevancia monumental para la economía costarricense: “No se trata de una simple comparación académica; sino que marca una hoja de ruta que utiliza la experiencia de un país desarrollado y adaptado a los estándares de la Unión Europea para desnudar las carencias estructurales de Costa Rica y ofrecer líneas de política pública para el largo plazo”, indicó el académico Ortega, quien describe tres criterios dignos de tener presentes:
Dos realidades un mismo motor
Dentro de los hallazgos de la investigación se resalta una asimetría profunda pero un punto de encuentro crítico. España es una economía diversificada con apenas el 2,2% de informalidad laboral. Costa Rica por su parte, arrastra un 37% de empleo informal y un 18% de hogares en condición de pobreza (INEC), el cual tiene alguna relación con el desarrollo de este sector.
Sin embargo, en ambos países las microempresas son el corazón del parque empresarial.
En Costa Rica, según datos analizados, representan al menos el 81% del tejido productivo (y supera las 435.000 unidades si se consideran las no registradas). En España, el sector representa poco más del 90% del parque empresarial. En ambos contextos, el sector funciona como un gigantesco colchón social de autoempleo, pero con una diferencia fundamental: mientras la microempresa española opera en un mercado ampliado y formalizado, la costarricenses sobrevive invisibilizada y condenada a sobrevivir en pequeños espacios territoriales.
La radiografía del dolor:
Según los datos del INEC citados en el estudio, el 80.1% de las microempresas costarricenses no tienen registros contables, el 98,3% carecen de cédula jurídica o registro en Hacienda y el 45.9% nacieron estrictamente por necesidad o falta de empleo formal, estas condiciones dejan en desventaja a este sector para asegurar su inserción en el mercado formal e internacional, cosa muy distinta se visualiza en la microempresa española.
Sobre lo estratégico:
El estudio desarrolla un análisis exhaustivo del estado del arte como base para la identificación de hechos portadores de futuros, señales débiles y factores de cambio que están configurando las áreas estratégicas clave para potenciar la contribución del sector al desarrollo de la economía costarricense.
Para este académico y Miembro del Observatorio de Futuros-OdF de la Escuela de Planificación y Promoción Social-EPPS (Costa Rica), entre los principales factores portadores de futuro identificados destacan la exposición de PYMES a tensiones geopolíticas, nivel de apoyo del Estado al sector MYPIME, la contribución de la microempresa al empleo nacional, la efectividad de los programas de financiamiento, los niveles de productividad, el aporte de la microempresa a la economía, el grado de informalidad del sector, la prevalencia de enfoques asistencialistas en los programas de apoyo, entre otras.
Cabe indicar que la prospectiva estratégica es una disciplina que analiza y anticipa los futuros posibles y deseables para iluminar la acción presente y tomar decisiones estratégicas más acertadas, tanto Michel Godet (Francès) como Francisco Mojica (Colombiano), quienes son referentes de la Escuela Francesa o Voluntarista, esta corriente sostiene que el futuro no está predeterminado, sino que se construye activamente mediante las decisiones de los actores sociales, de esta manera, el Dr. Ángel Ortega (Costarricense) agregó que, en seguimiento a la prospectiva estratégica, el análisis efectuado (microempresa de España y Costa Rica),conduce a la construcción de cuatros escenarios posibles de evolución del sector: “El primero corresponde a un escenario crítico o catastrófico, asociado a la ausencia de acciones enfocadas a mejorar la tendencia actual. Los otros dos intermedios combinan factores favorables y desfavorables que podrían materializarse en función de las decisiones adoptadas y de las dinámicas del entorno. Finalmente, se plantea un escenario deseable, caracterizado por la convergencia de condiciones positivas que permitirían maximizar el aporte del sector MIPYME al desarrollo económico y social del país”.
Universidad Pública de Alcalá España (UAH) ubicada en Madrid-Alcalá de Henares
Para el señor Ángel Ortega, académico, investigador y ex director de la Escuela de Planificación y Promoción Social-EPPS-UNA, la investigación realizada describe sus propias dimensiones, componentes, criterios y evidencias: “ la narrativa de este último escenario plantea un contexto en el que el Estado fortalece al sector mediante la formulación de políticas públicas y marcos normativos claros, complementados con programas y proyectos orientados a la formación, la asistencia técnica y el acceso a financiamiento efectivo. Estas acciones se enfocan principalmente en el desarrollo de capacidades de anticipación y respuesta ante cambios, acontecimientos y disrupciones tanto favorables como adversas.
De manera paralela, el sector asume un papel activo en su propio desarrollo, aprovechando los instrumentos de apoyo disponibles, promoviendo la asociatividad y la conformación de clústeres según sus actividades económicas, fortaleciendo sus competencias mediante procesos continuos de capacitación e incorporando avances tecnológicos que impulsen la innovación permanentemente en sus procesos y modelos de negocio.
Como resultado, las microempresas logran mejorar significativamente sus niveles de productividad, competitividad y resiliencia, incrementando su aporte al desarrollo económico y social del país. Todo esto se sustenta en una estrategia sectorial clara, articulada y de largo plazo, capaz de orientar los esfuerzos de los distintos actores y la institucionalidad pública y privada afín, hacia objetivos comunes de desarrollo económico y social.
Con base en los resultados del estudio, se concluye con una serie de lineamientos para el diseño de política pública más efectiva. Entre ellos destacan dos propuestas innovadoras: la conformación de núcleos de formación y el diseño de un observatorio nacional de futuro, destinado al análisis de tendencias estratégicas que generen insumos tanto para la toma de decisiones del sector como para el diseño de programas y proyectos de apoyo”.
Los núcleos de formación constituyen una estrategia para articular a las microempresas según sea su ubicación geográfica y actividad productiva, permitiendo el desarrollo de programas de capacitación diferenciados y pertinentes a las características de cada grupo. Estos programas incluyen formación técnica, gestión empresarial, mercadeo, fianzas y otras áreas estratégicas. De manera complementaria, se promueve el acceso a instrumentos de financiamiento y recursos tecnológicos que impulsen la innovación, la productividad y el crecimiento sostenible de las unidades productivas”.
Ortega considera pertinente el trabajo de un Observatorio de Futuros del sector, que se oriente a la conformación de un equipo interdisciplinario encargado de monitorear de manera permanentemente los acontecimientos del mercado y del contexto, que puedan representar oportunidades o amenazas para este sector. Este observatorio emitiría informes de forma continua y retroalimentaría los contenidos de los procesos de formación y asistencia técnica dirigidos al sector: “El estudio concluye que, considerando las diferencias entre los sectores de la microempresa de ambos países, estas dos propuestas son viables y necesarias para fortalecer la generación de capacidades tanto en España como en Costa Rica. Además, ambos países cuentan con la institucionalidad y las capacidades necesarias para su ejecución, requiriendo únicamente de la articulación interinstitucional y el diseño del proyecto correspondiente”, concluyó el Dr. Ángel Ortega, académico de EPPS-UNA, para quien, a partir de las particularidades de cada contexto sectorial, la investigación formula además una serie de recomendaciones adicionales para la formulación de políticas de apoyo al sector en Costa Rica.
Pensar en el futuro no es un lujo, es una responsabilidad. La universidad pública juega un papel esencial, como institución estratégica del Estado, promoviendo el desarrollo integral y movilidad social ascendente. Por un lado, dando oportunidad a estudiantes que a futuro serán graduados, de poder cambiar la perspectiva del mundo y las aspiraciones, no solamente individuales, sino también familiares y comunales. Y, por otro lado, construyendo conocimientos científicos y humanísticos para contribuir con la búsqueda de soluciones al desarrollo del país.
El Observatorio de Futuros -OdF- de la Maestría en Pensamiento Estratégico y Prospectiva de la Escuela de Planificación y Promoción Social de la Universidad Nacional-UNA (EPPS-UNA), seguirá impulsando desde varios ámbitos el planeamiento estratégico y toma de decisiones, la innovación académica y pertinencia social, el fortalecimiento de la investigación interdisciplinaria, la contribución al desarrollo nacional y la proyección internacional y liderazgo.
La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y el Programa Mundial de Alimentos (PMA) solicitaron fondos para enfrentar el posible impacto del fenómeno meteorológico de El Niño, indica hoy una nota.
En un LLamamiento Conjunto de Acción Anticipatoria, la FAO y el PMA demandan un aporte de 202 millones de dólares, para proteger a casi nueve millones de personas en 22 países prioritarios de alto riesgo, ante los graves efectos en la agricultura y la alimentación de ese evento, que se prevé en el segundo semestre de este año.
Se trata de una de las variaciones climáticas naturales más poderosas del planeta relacionada con un sobrecalentamiento del océano Pacífico oriental ecuatorial que modifica los vientos, las lluvias y las temperaturas en distintas zonas del mundo durante meses, el cual se presenta en ciclos de tres u ocho años.
Ambas entidades solicitan financiación urgente y flexible ante los impactos climáticos previstos, que podrían amenazar la seguridad alimentaria, los medios de subsistencia y la producción agrícola en las regiones más vulnerables del mundo durante este año y el próximo, indica el llamado publicado por la oficina de prensa de la FAO.
Las intensas condiciones de El Niño en la segunda mitad de 2026, según subrayan, podrían aumentar la probabilidad de sequías, inundaciones y tormentas en partes de África, Asia, el Pacífico y América Latina y el Caribe, con graves afectaciones agrícolas, en un momento en que millones de personas ya enfrentan una grave inseguridad alimentaria.
La FAO y el PMA indicaron que ya cuentan con los recursos para brindar atención preventiva a 1,2 millones de posibles afectados por El Niño, pero se requiere de una inversión adicional de al menos 167 millones de dólares para ampliar el apoyo a otros 7,6 millones de personas en 22 países prioritarios.
Entre esas naciones se encuentran Camerún, Etiopía, Kenia, Madagascar, Malaui, Mozambique, Nigeria, Somalia, Sudán del Sur, Sudán, Uganda, Zimbabwe, Afganistán, Paquistán, Filipinas, Timor Oriental, Colombia, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras y Venezuela.
Beth Bechdol, subdirectora general de la FAO señaló al respecto que “la experiencia demuestra sistemáticamente que la acción temprana es más eficaz y menos costosa que responder una vez que la crisis se ha agravado”.
“Contamos con los datos, las herramientas y la evidencia para identificar los riesgos antes de que se conviertan en emergencias, y el reto consiste en garantizar que la financiación esté disponible con la suficiente antelación para actuar” apuntó Bechdol.
La financiación apoyará un conjunto de acciones preventivas, incluidas la asistencia monetaria, la distribución de semillas resistentes a la sequía, medidas de protección del ganado, sistemas de captación y el almacenamiento de agua,
También se destinarán a infraestructura de protección contra inundaciones, asesoramiento agrícola y difusión de información de alerta temprana, agrega la fuente.
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