Ir al contenido principal

CCSS no cuenta con estados financieros del IVM, SEM y RNC desde hace 14 meses; Junta Directiva mantiene pendiente la aprobación de los del 2024

Auditoría Ciudadana de la Seguridad Social

CROWE HORWATH CR Sociedad Anónima asumirá un panorama financiero de alta complejidad

Aunque parezca increíble, la insigne institución que maneja un presupuesto superior a ₡7,3 billones anuales y reservas por otro tanto similar aportados por sus asegurados, patronos y el Estado, se maneja sin estados financieros desde hace 14 meses.

La Auditoría Ciudadana de la Seguridad Social (ACSS) preguntó a la presidente ejecutiva de la CCSS Mónica Taylor Hernández una fecha tentativa para la disponibilidad de tan esenciales instrumentos para la gestión adecuada de nuestros seguros. Nuestro oficio fue trasladado a la Gerencia Financiera; el Gerente Financiero Gustavo Picado Chacón contestó con oficio GF-1786-2026 del 19 de junio de 2026, indicando: “no resulta técnicamente procedente establecer una fecha definitiva hasta tanto se concluyan determinadas actividades críticas asociadas a los procesos de cierre, conciliación y validación que actualmente se encuentran en ejecución”. El Jerarca -quien estuvo suspendido con goce de sueldo por la Junta Directiva de la CCSS durante un año por “presuntas irregularidades en la presentación de los estados financieros de la entidad” siendo reinstalado en su puesto porque presuntamente no se encontraran pruebas en su contra- (Ver Despertar.cr) argumenta en su oficio GF-1786-2026, que “La Presidencia Ejecutiva de la Institución oficializó la entrada en operación del sistema ERP-SAP a partir del 02 de junio de 2025, instruyendo su uso obligatorio a nivel institucional, con el propósito de asegurar la continuidad de los servicios y la correcta implementación del nuevo sistema financiero, entre otros aspectos”.

Así mismo, Picado Chacón indica textualmente en su oficio: “En este sentido, es importante contextualizar que la Institución ha venido desarrollando un proceso de transformación estructural de la gestión financiera institucional, el cual constituye uno de los cambios más relevantes en la modernización financiera de la CCSS en las últimas décadas. En ese marco, la entrada en operación del ERP-SAP ha implicado, de manera inevitable, un período de estabilización operativa, así como ajustes en los mecanismos de integración de la información y el fortalecimiento de los controles de validación contable, particularmente en un entorno en el que convergen múltiples sistemas institucionales que alimentan la contabilidad financiera. En este contexto, ha implicado un proceso institucional de estabilización, conciliación, depuración y validación de información financiera de alta complejidad, el cual ha requerido la ejecución de actividades técnicas adicionales para garantizar la razonabilidad, integridad, consistencia y trazabilidad de los registros contables.”.

Presuntamente para el Gerente Financiero no ha sido suficiente que desde hace más de una década la CCSS ha usado dinero de los asegurados para implementar un ERP y lograr transparencia en la gestión de tantos billones de colones. Recordemos que el mismo gerente presentó en la sesión N° 8754 de Junta Directiva de la Caja, celebraba el jueves 4 de diciembre de 2014, lo siguiente (Ver Acta 8754):

Con base en la presentación efectuada por el Lic. Gustavo Picado Chacón, en su calidad de Gerente Financiero, así como, los criterios y recomendaciones, incluidos en el oficio GF-22.830-14 del 02 de abril de 2014, cuyo contenido principal es una evaluación del estado del Proyecto de Modernización del Sistema Financiero de la CCSS y la propuesta del “Plan de Innovación para la mejora de la gestión financiera-administrativa de la CCSS basado en soluciones tecnológicas”; el oficio GF-23.343-14 del 30 de abril de 2014, relacionado con los productos contratados en la Licitación Pública 2007 LN-000022-1142, y el oficio GF-24.590-14 de fecha 14 de octubre 2014, relacionado con la definición de una fuente de financiamiento del Plan de Innovación y su mecanismo de gestión”.

En esa sesión la Junta Directiva acordó lo siguiente, entre otros acuerdos:

ACUERDO SEGUNDO: dado su impacto en la eficiencia, eficacia y mejora de la gestión institucional, la producción de información integrada para la orientación y conducción estratégica, así como el desarrollo de un sistema de costos robusto y de alto grado de especificidad, aprobar la propuesta presentada por la Gerencia Financiera para la ejecución de la fase de diseño e integración (denominada fase cero) del “Plan de Innovación para la mejora de la gestión financiera-administrativa de la CCSS basado en soluciones tecnológicas”, cuyos principales componentes son la implementación a nivel institucional de un Enterprise Resource Planning (ERP) o Goverment Resource Planning (GRP), en las áreas financiera, administrativa y logística, así como el Proyecto de Modernización del Sistema Centralizado de Recaudación (SICERE).”

Dos años después la Auditoría Interna de la CCSS, en documento ATIC-185-2016 de fecha 01-12-2016 (Ver ATIC-185-2016) recomendó lo siguiente, entre otras:

A LIC. GUSTAVO PICADO CHACÓN, EN SU CALIDAD DE GERENTE FINANCIERO Y PATROCINADOR DEL PLAN DE INNOVACIÓN PARA LA MEJORA DE LA GESTIÓN FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y LOGÍSTICA BASADO EN SOLUCIONES TECNÓLOGICAS”

3) Instruir al Director del Proyecto para que en coordinación con la Dirección y Administración de Gestión de Personal, se establezca un plan con plazos, responsables y actividades orientados a establecer una estrategia que permita determinar la suficiencia del recurso humano requerido para el Modelo de Administración del Portafolio de Innovación así como la totalidad de los proyectos y acciones cuya ejecución son responsabilidad directa de la CCSS. En este sentido, es significativo que se valoren aspectos como:

  • Definir para los proyectos P1.01 Implementar y consolidar el ERP, P1.06 Preparar inventario y valuación de activos fijos y P1.11 Preparar los auxiliares de cuentas contables, el tiempo de dedicación que requiere los 104 recursos humanos, es decir, si son requeridos en forma completa o parcial.

  • La habilitación de las plazas requeridas a tiempo completo y parcial para los recursos de administración del Portafolio de Innovación.

  • Identificación de las alternativas para la asignación de plazas o reclutamiento de personal (interno o externo) en caso de ser necesario.

  • La definición concreta de los funcionarios y puestos que son necesarios sustituir durante el tiempo estimado de ejecución del proyecto.

  • Evaluación de los costos sobre el recurso humano requeridos para la ejecución del proyecto.

  • Otros elementos que la Dirección del Plan y la DAGP considere necesario contemplar. Plazo de la recomendación: 6 meses”

Por lo anterior, nos resulta extraña la respuesta emitida por el Sr. Picado Chacón, quien fue nombrado por primera vez como Gerente Financiero en el año 2012, sin que en tantos años que ha ocupado tan poderoso puesto haya cumplido lo que todos los asegurados esperan, transparencia en los estados financieros y costos de tan importante institución. Esto a pesar de tener a su disposición abundantes recursos financieros y humanos, incluyendo un jugoso salario mensual de ₡7,323,339.00, que es el que reciben los seis gerentes de la CCSS y el Auditor Interno Olger Sánchez Carrillo. Estos salarios compiten con el de la presidente ejecutiva Mónica Taylor Hernández, quien recibe jugosos ₡7.684.270,5 mensuales (Ver https://www.ccss.sa.cr/datos-abiertos).

La ACSS también consultó a la CCSS el motivo por el cual los estados financieros auditados del año 2024 del Seguro de Salud (SEM), de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) y del Régimen No Contributivo de Pensiones (RNC), no están disponibles en la página web de la institución (https://www.ccss.sa.cr/financiero). Sobre este punto Picado Chacón contestó que en la sesión N° artículo 5° de la sesión ordinaria N.º 9583, celebrada el 17 de febrero de 2026, la Junta Directiva de la CCSS conoció y dio por recibidos los Estados Financieros Auditados del SEM, IVM y RNC de 2024 y acordó “Instruir al Gerente Financiero Lic. Gustavo Picado Chacón y al Lic. Jaime Barrantes Espinoza Gerente de Pensiones, la emisión y remisión de un informe certificado, con los documentos probatorios de rigor, sobre cada una de las salvedades señaladas por la firma Auditora Externa Deloitte & Touche S.A en los Informes de los Estados Financieros Auditados 2024. Lo anterior a más tardar el 05 de marzo de 2026.” Así mismo, señaló que en el artículo 2 de la sesión 9590, celebrada el 12 de marzo de 2026, la Junta Directiva acordó dar por recibidos los documentos certificados presentados por las Gerencias Financiera y de Pensiones solicitados en la sesión N.º 9583 y que también acordó lo siguiente:

ACUERDO TERCERO: Posponer la aprobación de los Estados Financieros Auditados sobre el SEM, IVM y RNC; para luego de conocer y analizar el informe que debe rendir la empresa Auditora Externa Deloitte & Touche S.A.

ACUERDO FIRME” (Lo subrayado no forma parte del original)” (Negrilla y subrayados son del original).

En el mismo oficio el Gerente Financiero señala que “En este contexto, es importante señalar, que de conformidad al artículo 14, inciso g), de la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, que establece como atribución expresa de la Junta Directiva la aprobación de los balances generales de la institución; quedando su eventual aprobación supeditada al análisis de la información complementaria requerida mediante los acuerdos antes indicados. En virtud de ello, dichos documentos se encuentran pendientes de la resolución definitiva que adopte la Junta Directiva sobre su aprobación, y en el tanto dichos estados financieros no sean aprobados por el máximo Órgano Colegiado, no procede su publicación en el sitio web institucional.” (Destacado suplidos)

Así mismo, la ACSS preguntó a la CCSS el nombre de la empresa que auditará los estados financieros de la Caja de diciembre de 2025 y el costo de los servicios. En respuesta, el Gerente Financiero indica que la empresa auditora será “CROWE HORWATH CR SOCIEDAD ANONIMA” y que el costo del servicio es de ₡228,75 millones, que obviamente saldrá del dinero aportado por los asegurados de la CCSS, sus patronos y el Estado. No queda claro si ese monto es por uno o por más años, pues Picado no lo aclara en su oficio. Lo que sí queda claro es que CROWE HORWATH CR SOCIEDAD ANONIMA deberá asumir un panorama financiero cuyas verdaderas dimensiones son desconocidas por todos los asegurados que fielmente pagan las contribuciones a la benemérita institución, esperando a cambio una atención de la salud de calidad y oportuna, así como una pensión digna y con tiempo para disfrutarla. Pero también vemos en riesgo esos fondos de todos los asegurados si la Caja no logra entregar a la empresa auditora los estados financieros para su revisión debido a las dificultades que menciona Picado Chacón; o bien, si entrega información incompleta o fuera de plazo.

La Auditoría Ciudadana de la Seguridad Social le dará seguimiento a este asunto de interés público nacional.

Las personas lectoras pueden ver el oficio GF-1786-2026 en este enlace:
https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2026/07/GF-1786-2026.pdf

Por Auditoría Ciudadana de la Seguridad Social

Dr. Alfredo Ramírez Montero
Lic. Carlos Eduardo González Arroyo
M.Sc. Rodrigo Arias López
Lic. Jorge García Araya

Los sigo “odiando”

Por Memo Acuña
Sociólogo y escritor costarricense

Es que el odio es algo estructural que cede el respeto, la escucha, la distancia. Se odia por aquello que se considera razón de duda. Yo odio porque tengo motivos para hacerlo.

Odio porque tengo razón. Toda la razón.

Se dedicaron a patear, escupir, insultar. Se dedicaron a burlarse. A ver a los otros en el suelo y allí dejar ir todo el despropósito que estaba por conocerse. No los ayudaron nunca a levantarse. Ni porque fueran simplemente seres humanos.

Se concentraron en aplicar una normativa muy suya. Muy hecha a su estilo y necesidades. Se esmeraron porque todos como yo les odiáramos. Porque les favorecieron siempre. Porque sus signos externos representaron supremacía, estatus, poder.

Se encargaron de saltarse la ley. De hablar un lenguaje ininteligible cuando millones les entendíamos su narrativa: soy el poder y el poder habla de tal forma: “Estoy con el poder”.

Se escudaron en una historia que les asignaba un lugar falsamente preponderante. Se pusieron sin ninguna reflexión un uniforme que dijeron defender con el corazón. Ese mismo corazón con que patearon, escupieron. insultaron y se burlaron del otro en el suelo.

Los sigo odiando.

En estas últimas semanas mientras transcurría el mundial de futbol, se dedicaron a mancillar al otro. A la otra.

Si.

No hablo de nadie más que de los agentes del ICE que continuaron sus vergonzosos actos violentos y racializados contra migrantes en varias ciudades de Estados Unidos.

Asesinatos incluidos.

A esos los sigo odiando.

¿O a quién esperaba usted que odiara con toda la rabia genuina e importante que se puede odiar en estos momentos?

Más allá de los indicadores: el verdadero valor de la educación superior pública

Erika Henchoz Castro, periodista

En momentos en que el debate sobre la educación superior pública suele reducirse a cifras presupuestarias, indicadores de gestión o resultados de corto plazo, conviene recordar una realidad fundamental: el mayor valor de las universidades públicas no puede medirse únicamente en números. Su verdadera contribución reside en el conocimiento que generan, las oportunidades que crean y el desarrollo que impulsan para todo el país.

Uno de los mayores desafíos que enfrenta la educación superior pública no es únicamente generar más conocimiento, formar mejores profesionales o ampliar su impacto social. El verdadero desafío consiste en lograr que ese aporte sea comprendido y valorado en toda su dimensión.

Con frecuencia, el diálogo con algunos sectores del Gobierno se concentra en acciones particulares, indicadores aislados o resultados inmediatos. Esa perspectiva, aunque necesaria para la rendición de cuentas, resulta insuficiente para apreciar la verdadera magnitud de la labor que realizan nuestras instituciones de educación superior.

Cada día, las universidades públicas forman profesionales que sostienen los servicios esenciales del país; generan investigación para responder a los problemas nacionales; impulsan la innovación; acompañan a las comunidades; fortalecen la cultura; protegen el patrimonio; promueven la sostenibilidad ambiental y contribuyen a la construcción de políticas públicas basadas en evidencia. Estos aportes no son hechos aislados, sino la expresión de una misión permanente al servicio de la sociedad. Así fueron concebidas y así han contribuido al desarrollo nacional durante décadas.

Sin embargo, cuando el análisis se limita a algunos casos específicos o a una visión predominantemente financiera, se invisibiliza una enorme cantidad de acciones que generan bienestar, desarrollo y oportunidades para toda la población. El valor de la educación superior pública no puede medirse exclusivamente por el costo de su financiamiento, sino por el extraordinario retorno social que produce para el país.

Conviene recordar que gran parte de ese conocimiento, esos servicios y esas soluciones llegan a la sociedad gracias al compromiso institucional de las universidades públicas. Son contribuciones que se brindan con vocación de servicio, muchas veces sin una retribución equivalente a su verdadero valor económico y social.

Por ello, el llamado en los próximos meses es a construir un diálogo sustentado en una visión de Estado, capaz de reconocer que invertir en educación superior pública no constituye un gasto, sino una de las decisiones más inteligentes para asegurar el desarrollo sostenible, la competitividad, la equidad y el bienestar de las futuras generaciones.

Las universidades públicas no piden reconocimiento por complacencia. Lo que solicitan es que su labor sea evaluada en toda su dimensión, por la amplitud de su impacto y por su capacidad para transformar vidas, fortalecer las instituciones y generar oportunidades para todas las regiones del país. Porque cuando una nación comprende el verdadero valor de sus universidades, no solo fortalece su sistema educativo; fortalece también su democracia, su desarrollo y su futuro.

Pronunciamiento de la Asociación Costarricense de Pediatría sobre la prevención de la delincuencia juvenil

La Asociación Costarricense de Pediatría (ACOPE), comprometida con la promoción del desarrollo integral de la niñez y la adolescencia costarricense, expresa respetuosamente su preocupación ante la propuesta de que estudiantes de secundaria visiten centros penitenciarios como estrategia para prevenir la delincuencia.

Como organización científica, consideramos que las políticas dirigidas a niños, niñas y adolescentes deben sustentarse en la mejor evidencia disponible y no únicamente en iniciativas que, aunque puedan resultar intuitivas, no han demostrado ser efectivas.

Diversas revisiones sistemáticas y metaanálisis, que representan los más altos niveles de evidencia científica, concluyen de manera consistente que los programas basados en visitas de jóvenes a cárceles o en la exposición directa a personas privadas de libertad con el objetivo de generar temor no reducen la delincuencia juvenil y, en algunos casos, pueden incluso aumentar la probabilidad de conductas delictivas posteriores.

De igual forma, una revisión sistemática publicada posteriormente encontró que estos programas no producen una reducción significativa de la conducta delictiva, a pesar de que puedan modificar algunas actitudes de los participantes, lo que confirma que el cambio de percepciones no necesariamente se traduce en cambios reales de comportamiento.

La prevención de la violencia y la delincuencia juvenil es un desafío complejo que no puede abordarse mediante estrategias basadas en el miedo. El conocimiento científico acumulado durante décadas demuestra que los factores que verdaderamente protegen a los niños y adolescentes incluyen:

  • una educación de calidad que favorezca el desarrollo de habilidades para la vida y que brinde mayores oportunidades de empleo digno;
  • programas deportivos permanentes y accesibles;
  • el acceso a actividades artísticas, culturales y recreativas;
  • espacios seguros para la convivencia familiar y comunitaria;
  • oportunidades de participación social y liderazgo juvenil;
  • el fortalecimiento de la salud mental y el acceso oportuno a servicios de apoyo psicológico;
  • programas de mentoría y acompañamiento para adolescentes en condición de vulnerabilidad;
  • políticas públicas orientadas a disminuir la desigualdad social, la exclusión y la violencia.

Estas intervenciones fortalecen los llamados factores protectores, ampliamente reconocidos en la literatura científica como elementos esenciales para disminuir conductas de riesgo y favorecer trayectorias de vida saludables.

Como pediatras sabemos que la adolescencia constituye un período de extraordinaria plasticidad cerebral y emocional. Las experiencias positivas, el acompañamiento de adultos significativos, las oportunidades educativas y el sentido de pertenencia tienen un impacto mucho mayor sobre el desarrollo futuro que las intervenciones basadas en la intimidación o el temor.

Desde ACOPE reconocemos y compartimos la preocupación nacional por el incremento de la violencia y la necesidad urgente de proteger a nuestra juventud. Sin embargo, precisamente por la magnitud del problema, las decisiones públicas deben sustentarse en evidencia científica sólida y en intervenciones cuya efectividad haya sido demostrada.

Costa Rica necesita invertir en estrategias preventivas que construyan oportunidades para nuestros niños y adolescentes, no únicamente en aquellas que buscan disuadir mediante el miedo.

La prevención efectiva de la violencia comienza mucho antes de que un joven tenga contacto con el sistema penitenciario. Comienza en la familia, en la escuela, en la comunidad y en una sociedad que garantice oportunidades reales para desarrollarse plenamente.

La Asociación Costarricense de Pediatría reitera su disposición para colaborar con las autoridades nacionales en el diseño e implementación de políticas públicas de prevención fundamentadas en la mejor evidencia científica y orientadas siempre al interés superior de la niñez y la adolescencia costarricense.

Dr. Santiago Batalla Garrido
Presidente
Asociación Costarricense de Pediatría
18 de julio de 2026.

Referencias:

  • Petrosino, A., Turpin-Petrosino, C., & Buehler, J. (2003). Scared Straight and other juvenile awareness programs for preventing juvenile delinquency: A systematic review of the randomized experimental evidence. The Annals of the American Academy of Political and Social Science, 589(1), 41–62. https://doi.org/10.1177/0002716203254693
  • Petrosino, A., Turpin-Petrosino, C., Hollis-Peel, M. E., & Lavenberg, J. G. (2013). Scared Straight and other juvenile awareness programs for preventing juvenile delinquency. Cochrane Database of Systematic Reviews, 2013(4), Article CD002796. https://doi.org/10.1002/14651858.CD002796.pub2
  • van der Put, C. E., Boekhout van Solinge, N. F., Stams, G. J., Hoeve, M., & Assink, M. (2021). Effects of awareness programs on juvenile delinquency: A three-level meta-analysis. International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology, 65(1), 68–91. https://doi.org/10.1177/0306624X20909239

Augusto César Sandino – 47 aniversario del triunfo de la Revolución Sandinista en Nicaragua

San José, 19 de julio de 2026
Partido Vanguardia Popular

Augusto César Sandino fue un líder guerrillero nicaragüense que encabezó una rebelión armada contra la ocupación estadounidense entre 1927 y 1933, convirtiéndose en un símbolo de la resistencia antiimperialista en América Latina.

Nacido el 18 de mayo de 1895 en Niquinohomo, departamento de Masaya, Nicaragua, era hijo ilegítimo de un cafetalero y una campesina. Su juventud estuvo marcada por el trabajo en el campo y en minas de Honduras y México, experiencias que forjaron su conciencia social y política.

El punto de inflexión en su vida fue la firma del Pacto del Espino Negro (1927), que puso fin a la Guerra Constitucionalista de Nicaragua bajo condiciones que consideró una traición a la soberanía nacional. Al negarse a aceptar el acuerdo, se alzó en armas contra las fuerzas estadounidenses y sus aliados locales, formando el Ejército Defensor de la Soberanía Nacional (EDSN).

Tras liderar una larga guerra de guerrillas, la victoria electoral de Franklin D. Roosevelt y el consiguiente cambio en la política exterior estadounidense propiciaron la retirada de las tropas y la llegada al poder de Juan Bautista Sacasa en 1933. Ese mismo año, Sandino firmó la paz. Sin embargo, el 21 de febrero de 1934, fue capturado y ejecutado por la Guardia Nacional, bajo las órdenes de Anastasio Somoza García.

Breviario de resistencia popular

El Estrecho Dudoso (Ernesto Cardenal) no es un lugar común en la narrativa de las cartas y relaciones. Es, por el contrario, un interés permanente en la utopía de los conquistadores y los diferentes imperios que han querido tener a su disposición y antojo un canal interoceánico que, aprovechando las aguas del río San Juan y el Gran Lago de Nicaragua, conecte a los dos océanos. Las pretensiones de Inglaterra sobre el Caribe escriben su propio capítulo al respecto.

En 1903, los Estados Unidos, movido bajo esos mismos intereses y con el fin de asegurarse una ruta interoceánica, segrega a Panamá de Colombia, bajo los mismo lineamientos que se desprenden de la doctrina Monroe, ahora bajo la nueva política intervencionista del “Big Stick”.

Las ocupaciones militares yanquis serán así, la constante de las doctrinas de dominación imperial, bajo esos pretextos se ocupa a Haití, Santo Domingo, Cuba, Honduras, México, Nicaragua. La nueva doctrina de dominación conocida como la Diplomacia del Dólar, es la mejor justificación para que los marines y el Departamento de Estado legitimen su accionar de violencia sostenida contra la autodeterminación, soberanía e independencia de nuestros Estado/nación.

Augusto César Sandino, en uno de sus documentos firmado en las Segovias, manifestó respecto al canal interoceánico, lo siguiente:

El mundo sería un desequilibrio permitiendo que solo los Estados Unidos de Norte América sean dueños de nuestro Canal.” Además, agregaba que…” la civilización exige que se abra el Canal de Nicaragua, pero que se haga con capital de todo el mundo y no sea exclusivamente de Norte América, pues por lo menos la mitad del valor de las construcciones deberá ser con capital de la América Latina y la otra mitad de los demás países del mundo que desean tener acciones en dicha empresa…” (Sandino: Mineral de San Albino, Nueva Segovia) (135).

Sandino y la resistencia histórica

En el año de 1849, el Comodoro Cornelius Vandervilt, uno de esos personajes con garra y sin escrúpulos que forman el coro de padres fundadores del capitalismo moderno, obtiene del gobierno de Nicaragua una concesión para operar a través de su territorio, por aguas de la disputada ruta canalera, un servicio de transportes para carga y pasajeros /…/ Byron Cole (quien perdería luego la vida mientras huía del campo de batalla, colgado de un árbol por campesinos nicaragüenses) hace la contratación con los leoneses y recluta en New Orleans a la falange que encabeza el sureño William Walker. (Ramírez,1978: 17-18 y19).

Nuevamente el autor citado refiere sobre el interés de un canal interoceánico por parte de los norteamericanos en Nicaragua, de la siguiente forma:

“…en 1914, cuando el General Emiliano Chamorro, embajador de Adolfo Díaz en Washington, firma con el secretario de Estado, Mr. Jennis Bryan, un tratado que permite al gobierno de los Estados Unidos la construcción del canal interoceánico, con ejercicio de soberanía sobre las áreas necesarias de territorio y con facultad de construir bases navales en el Golfo de Fonseca y en las Islas de Maíz” (Ramírez,1978:29).

Sandino hombre, Augusto César héroe

De una pequeña estatura física, pero de un gran talante moral y humano, Sandino desempeñó múltiples labores como obrero. Trabajador de plantaciones de banano, en Guatemala; obrero en los ingenios de azúcar y guardalmacén en Honduras, trabajador en los centros petroleros de México. Minero en su país.

“…trabajando como peón, como tornero mecánico, como cuadrillero de limpieza urbana, como artesano, como obrero agrícola, había llegado por fin a México junto con otros jóvenes latinoamericanos que iban en busca de

mejor fortuna, y en el año de 1926, /…/ las doctrinas anarcosindicalistas, del socialismo galopante de la revolución bolchevique, del agrarismo mexicano de Zapata” (Ramírez,1978:38).

Todos estos factores incidieron para que Augusto César Sandino, con solo 31 años de edad, decidiera regresar a Nicaragua y enfrentar la nueva invasión yanqui que sufría su pueblo justo ese mismo año.

Internacionalismo y primer manifiesto de Sandino

En su primer manifiesto político dijo Sandino:

El hombre que de su patria no exige más que un palmo de tierra para su sepultura, merece ser oído, y no solo ser oído sino también creído”.

Sobre esa vocación de arraigo nacionalista y antimperialista, al ejército de Sandino adhirieron muchos internacionalistas. Leemos:

Existió también una brigada internacional, compuesta por intelectuales y estudiantes principalmente, que llegaban de distintos puntos de América Latina hasta las Segovias, a prestar servicio militar; los hubo de México, Argentina, El Salvador, Guatemala, Costa Rica, República Dominicana, Venezuela, Colombia, Honduras. Algunos pelearon como soldados de línea, otros sirvieron en el estado mayor, como secretarios de Sandino; varios allí murieron” (Ramírez,1978:59).

En su lucha Sandino no abandona nunca su ideario. En pleno combate contra las fuerzas gringas, recuerda:

Le dije (al presidente Moncada) que yo consideraba un deber morirnos o libertarnos. Que con ese fin yo había enarbolado la bandera Rojo y Negro simbolizando libertad o muerte… Moncada sonrío sarcásticamente y dijo:/…/No hombre… ¿Cómo se va a sacrificar usted por el pueblo? El pueblo no agradece…Esto se lo digo por experiencia propia…La vida se acaba y la patria queda…El deber de todo ser humano es: gozar; y vivir bien sin preocuparse mucho…” (Sandino, 97).

Lo anterior podemos ratificarlo en un parte de guerra (Revista Ariel, 2 de noviembre de 1927), Leemos respecto al internacionalismo lo siguiente:

Como hemos dicho, el área que ocupaban era de 32 kilómetros; y difícilmente el enemigo hubiera salido de allí sin dejar algunos centenares de muertos. Así fue cuando se dirigían a Ciudad Sandino, los coroneles Juan Gregorio Colindres y Simón González, y el mayor Marcial Salas hicieron una marcha forzada para salir al encuentro, a fin de obligarlo a pelear, eligiéndose el punto denominado La Conchita para castigarlos sangrientamente. El efectivo de traidores e invasores se componía de 450 hombres.” (Sandino,1978: 176).

Ante una pregunta insidiosa, de si su ejército está formado por aventureros de México y otros países, Sandino le contesta al periodista con gran vehemencia:

No. Tengo oficiales de Costa Rica, de Guatemala, de El Salvador, de Honduras, y aun dos o tres de México, que llegaron atraídos por la justicia de mi causa, pero están en minoría. La médula de mi ejército es nicaragüense y los oficiales que más tiempo han permanecido a mi lado son nicaragüenses. He recibido muchos oficiales de afuera, pero en la mayoría de los casos los he despedido” (Sandino,1978:209)

Termina por decirle a la prensa que lo entrevista:

Tantas batallas nos han hecho duro el corazón, pero han fortalecido nuestro espíritu”

Su legado perdura como precursor de la lucha contra las dictaduras. El Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) retomó su ideario y derrocó a la dinastía Somoza el 19 de julio de 1979.

El imperialismo yanqui ha conspirado contra el sandinismo desde su fundación

Lo único peor que ser enemigo de Estados Unidos

es ser aliado de Estados Unidos”. (Kissinger, 1994)

En el marco del 47 aniversario del triunfo de la Revolución del Frente Sandinista de Liberación Nacional-FSLN, saludamos y abrazamos revolucionariamente a los Copresidentes Daniel Ortega Saavedra. y Rosario Murillo Zambrana, a los miles de héroes y mártires y al valiente pueblo de nuestra hermana República de Nicaragua que, bajo la guía espiritual de Benjamín Zeledón y Augusto César Sandino, fueron artífices de la derrota de la dictadura de los Somoza y del imperialismo norteamericano y sus políticas injerencistas.

En este pequeño saludo, tomamos como punto de partida la siguiente posición que ha definido históricamente al Partido Vanguardia Popular, respecto al proceso revolucionario de Nicaragua:

Nuestra lucha contra el imperialismo y por la autodeterminación de los pueblos es un principio inalterable de los comunistas costarricenses”.

Asimismo, declaramos que los yanquis son enemigos jurados de todos los pueblos que aspiran a vivir libres y en justicia.

Lo dicho anteriormente en el párrafo precedente, no es una simple consigna, es el valor agregado que nos ha caracterizado históricamente respecto a los grandes procesos revolucionarios de América Latina y, en especial, al compromiso que desde nuestro Partido hemos brindado a nuestros hermanos sandinistas, a la hermana República de Nicaragua, a sus mártires y héroes y al pueblo valeroso de Sandino, Darío y Carlos Fonseca Amador.

Como es sabido, el Partido Comunista de Costa Rica-Partido Vanguardia Popular, por las mismas razones señaladas, optamos por apoyar al Frente Sandinista de Liberación Nacional y a su gobierno, presidido por los copresidente comandante Daniel Ortega y la compañera Rosario Murillo, ante la conspiración de la derecha y del imperialismo norteamericano. Lo hicimos en compañía de otras organizaciones y personas que sumaron su capacidad, su sacrificio y su talento a favor de la solidaridad e internacionalismo con el pueblo hermano de nicaragua.

Esta actitud concitó los ataques de quienes, por diversas razones, no compartían nuestros criterios. Nos atacaron los mercenarios al servicio de la Embajada de los Estados Unidos. Otros en razón de su condición de clase y de sus intereses económicos y políticos y los más, porque no han logrado crear los imprescindibles filtros críticos frente a las campañas del monopolio mediático, dirigidos por el Departamento de Estado y por la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de los Estados Unidos.

La tarea revolucionara, en tales circunstancias es mantenemos nuestra posición. La vida nos ha enseñado que las campañas del monopolio mediático permiten conocer, casi exactamente, la medida del involucramiento del imperialismo norteamericano en cualquier asunto de carácter político, no solo contra Nicaragua, hoy, descaradamente en todos los procesos independientes y democráticos de América Latina.

La guerra de cuarta generación, la embestida cibernética, el monopolio mediático son los nuevos instrumentos de dominación; garantiza el poder de lo falso y el ocultamiento de la verdad. Van acompañados siempre de campañas de miedo y de amenazas, de lenguaje agresivo orientado al odio

y con un gran contenido de populismo de derecha. Así logran manipular la conciencia política y logran así inducir conductas ajenas a los intereses nacionales o de un grupo humano determinado.

El enfrentamiento entre la verdad y la mentira es un capítulo decisivo en el nuevo marco de la lucha de clases, entre los explotadores y los explotados, entre el sátrapa extranjero y los intereses nacionales.

En los acontecimientos de Nicaragua, nosotros optamos por la verdad, es decir, la solidaridad con el pueblo y su gobierno; mientras otros tomaron el camino de la complicidad con los imperialistas y con la derecha explotadora.

Resulta importante que se conozca, sucintamente, algunos momentos importantes del carácter de las relaciones de los Estados Unidos y Nicaragua, después del triunfo de la Revolución Popular Sandinista, el 19 de julio de 1979.

A partir de ese momento se inició el despliegue de una brutal intervención de los imperialistas contra el gobierno revolucionario y, obviamente, contra su pueblo. Esta nueva intervención imperialista se inscribe en el Plan Cóndor I.

Vale la pena recuperar las palabras del Padre Miguel D´Escoto, expuestas en el Coloquio Ecuménico: “Nicaragua tierra digna, de reconciliación y paz”, cuando se indica lo siguiente:

No podemos, como cristianos que anuncian y construyen el Reino, aceptar una espiral de violencia que solo beneficia, irresponsablemente a la promoción del caos -contra Deum-. Nos rebelamos cuando ciertas instancias religiosos, día a día desde los púlpitos pregonan no reconciliación ciudadana, sino que instan inescrupulosamente a la feligresía a protestar y movilizaciones violentas que terminan en enfrentamientos que hieren el alma del pueblo nicaragüense. Es lo que vemos y escuchamos, si prejuicios, desde este fraternal encuentro de Memoria y diálogo para la Paz, esa misma paz por la que tanto luchó y sufrió nuestro Hermano Misionero y Canciller Miguel D´Escoto”

El gobierno del norte y otros, cómplices descarados, iniciaron un agresión de tal envergadura, que según los organismos legales internacionales, los daños causados, calculados en términos monetarios, eran al menos de 17 mil millones de dólares ($17.000.000.000).

El 26 de julio 2017, “La Nación”, órgano informativo de Costa Rica, publica una nota en que se refiere a un comunicado de la presidencia de Nicaragua que fue leído por la copresidenta compañera Rosario Murillo Zambrano, en que se dice que “Nicaragua exigirá a Estados Unidos el pago de la indemnización ordenada por la Corte Internacional de Justicia (CIJ) tras una condena en 1986 por

financiar la guerra contra el gobierno revolucionario sandinista”. Y agrega la nota: “La decisión fue anunciada tras conocer que el Comité de Relaciones Exteriores del Congreso Estadounidense aprobó este jueves una “Ley de Condicionalidad de las Inversiones Nicaragüenses, conocida como Nica Act y que supondría sanciones económicas “si el Presidente Daniel Ortega no efectúa cambios políticos”.

En el documento citado, leído por la copresidenta, según la publicación de “La Nación”, se dice: “Rechazamos y condenamos la Nica-Act como la continuidad de políticas históricas de injerencia imperial de los Estados Unidos en Nicaragua, señala el comunicado y advierte que Managua continuará “con su política de diálogo y fortaleciendo un modelo y proyecto inclusivo donde todos son protagonistas de la democracia”.

En la edición del 26 de julio de 2017, del mismo periódico, se recogen declaraciones de la Embajadora de Estados Unidos en Nicaragua. Dice la nota: “La embajadora de Estados Unidos en Nicaragua, Laura Dogu, confirmó el miércoles que en su país existe gran preocupación por la cercanía del Gobierno del Presidente Daniel Ortega con Rusia y la manera en que este ha defendido en la OEA a la administración de su par venezolano, Nicolás Maduro”. En esa misma nota se dice que la embajadora “precisó que a la nación que representa le interesa la información relacionada con un PRESUNTO espionaje que podría estar realizándose desde territorio nicaragüense por medio de un satélite ruso”.

Aquí se hace evidente el uso de la mentira, que es el método ya tradicional del imperialismo yanqui para justificar sus agresiones y que señalamos anteriormente como parte de la guerra mediática contra las soberanía y la autodeterminación de nuestras repúblicas de América Latina, Centro América y América Insular.

Las mentiras mediáticas y la guerra cibernética de cuarta generación

Es bien conocido que cuando se comienzan a divulgar medias verdades o grandes mentiras contra gobiernos independientes y progresistas es porque se está preparando una agresión. Muchas otras se hicieron contra gobiernos y movimientos antimperialistas, es una constante histórica de su conducta injerencista en el mundo entero.

A menudo no son las bombas yanquis, son sus dólares y sus agentes encubiertos los que cumplen la tarea criminal. Para efectos reales es el mismo crimen contra el pueblo. Este es el modelo, a nuestro parecer, que se ha puesto en juego en Nicaragua en el año 2018, donde bajo la complicidad de la contrarrevolución, algunas ONG, un sector de la iglesia y los oportunistas de siempre, empujaron a un amplio sector del lumpen-proletariado en los famosos tranques.

En el hermano país levantó una consigna relacionada con los servicios del Seguro Social, la protesta fue atendida por el Gobierno inmediatamente: derogó el decreto que contenía los cambios. Pero esa protesta fue apenas un detonador de un proceso injerencista cuyo propósito era dar un golpe de Estado contra el Gobierno Sandinista. Esta estrategia injerencista ni es nueva ni es original, es un modelo de conducta del imperialismo norteamericano de hoy y de siempre.

En Nicaragua fracasaron y, pareciera que inicialmente fracasaron, pero hoy bajo el mandato de Donald Trump, el populismo neofascista, gira violentamente el péndulo de la soberanía hacia una derecha recalcitrante.

Bajo esta amenaza imperial: Cuba, México, Brasil, Colombia y nuestra hermana República de Nicaragua siguen siendo los bastiones de la autodeterminación y la soberanía. Nuestra hermana república de Venezuela está bajo una invasión, Cuba es sujeta de una amenaza constatarte y al Brasil de Lula quieren asfixiarlo de mil formas. Colombia vive un intenso proceso dado que, bajo una elecciones fraudulentas, quieren imponer un cipayo del imperio yanqui.

La invasión militar, el robo descarado de las tierras raras, el oro, el agua y el petróleo asoman en los perversos y sucios intereses del imperio.

En las relaciones con Nicaragua y, obviamente, con muchos otros pueblos, los gobiernos sucesivos de los Estados Unidos pueden ser calificados de delincuentes internacionales.

En el choque de ese delincuente internacional e imperialista con el Gobierno y el pueblo de Nicaragua, es claro que, el Partido Vanguardia Popular, estará siempre con el pueblo, son su Gobierno y con el Frente Sandinista de Liberación Nacional.

Nunca, ni el temor ni los halagos y menos las ambiciones electoreras, han logrado hacer que tomemos el camino de la traición a nuestras convicciones políticas, éticas y filosóficas.

El Gobierno Sandinista de Nicaragua, liderado por los copresidentes Daniel Ortega y Rosario Murillo en estrecha colaboración con el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), ha impulsado políticas revolucionarias en defensa de la soberanía nacional, la justicia social y la independencia económica. Esta democrática tarea lo ha llevado a enfrentar las amenazas y la injerencia imperialista directa y las agresiones externas principalmente de los gobiernos norteamericanos y la comunidad económica europea.

Bajo las premisas anteriormente escritas, y por la larga historia que nos une al Partido Vanguardia Popular y al Frente Sandinista de Liberación Nacional, manifestamos el respaldo incondicionalmente al Gobierno Sandinista de Nicaragua y su lucha por la autodeterminación del pueblo nicaragüense, rechazando toda forma de intervención extranjera, bloqueos económicos y campañas de difamación.

Mantener y fortalecer los lazos políticos y organizativos con el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), promoviendo acuerdos de cooperación en áreas de formación política de toda la militancia, intercambios culturales bajo los principios de reciprocidad y beneficio mutuo.

En el marco del 47 Aniversario del Triunfo de la Revolución Sandinista, condenamos enérgicamente las agresiones mediáticas y políticas contra Nicaragua, reconociendo su derecho a defender su modelo de desarrollo soberano y popular.

Compañeros, camaradas, con las anteriores propuestas reafirmamos el compromiso fraternal con el gobierno de nuestra hermana República de Nicaragua, suscribimos, asimismo, los principios del del internacionalismo proletario, de la paz con justicia social y la lucha contra el imperialismo norteamericano.

Viva el 47 aniversario de la Revolución Nicaragüense,
Siempre será 19 de julio
¡Nicaragua no está sola, Nicaragua vencerá!
¡Viva el Sandinismo!
¡Viva la revolución Popular Sandinista!
¡Vivan los copresidentes,
Daniel Ortega y Rosario Murillo!

«La neutralidad también adoctrina»: se abre proceso de reflexión sobre educación, poder y democracia

El Observatorio de Bienes Comunes y Kioscos Socioambientales de la Universidad de Costa Rica (UCR) convocan al curso-taller «La ‘neutralidad’ también adoctrina. Genealogía de una pedagogía del silencio», un proceso de reflexión de cuatro encuentros orientado a analizar de forma crítica las disputas actuales sobre la educación pública, la libertad de cátedra y la democracia.

Según la convocatoria, la actividad parte de una pregunta central: ¿es posible que la educación sea completamente neutral? El material de invitación señala que la reciente emisión de la Circular DM-CIR-0047-2026 del Ministerio de Educación Pública reabrió ese debate en el país, en torno a interrogantes como quién define qué constituye adoctrinamiento, cómo se protege la libertad de cátedra sin reducir la enseñanza a una transmisión acrítica de contenidos, y qué efectos tienen este tipo de regulaciones sobre el trabajo cotidiano del personal docente.

Desde la perspectiva de la educación popular y la pedagogía crítica, la convocatoria plantea que ninguna práctica educativa es completamente neutral, ya que toda educación transmite formas de comprender el mundo y define qué conocimientos se consideran legítimos. Bajo esa premisa, sostiene que el adoctrinamiento no se limita a la imposición explícita de ideas, sino que también puede expresarse cuando ciertos temas dejan de discutirse, cuando se excluyen determinadas perspectivas del debate, o cuando el temor a sanciones genera autocensura entre quienes enseñan.

Ejes temáticos por encuentro

El proceso se desarrollará en cuatro sesiones presenciales, cada una dedicada a un eje específico:

  • 10 de agosto: ¿Quién define la educación? De la formación ciudadana a la neutralidad educativa.

  • 17 de agosto: La cruzada contra el «adoctrinamiento»: conservadurismo y guerras culturales en la educación.

  • 24 de agosto: La fabricación de la neutralidad: dispositivos de control, vigilancia y autocensura.

  • 31 de agosto: Desobedecer preguntando: pedagogías para una democracia crítica.

Cada sesión combinará espacios dialógicos, análisis de materiales, estudio de casos y metodologías participativas inspiradas en la educación popular.

Información general

  • Fechas: 10, 17, 24 y 31 de agosto.

  • Hora: 6:00 p. m.

  • Lugar: Oficina de Kioscos Socioambientales, San Pedro.

  • Modalidad: presencial.

  • Inscripciones: https://forms.gle/PttNRvQaYJiePAg38

La organización invita a las personas participantes a reflexionar, antes del inicio del proceso, sobre qué preguntas resultan hoy más difíciles de plantear dentro de una escuela o un colegio.

Un ajuste que profundiza la desigualdad social

Comunicado de BUSSCO

El Bloque Unitario Sindical y Social Costarricense (BUSSCO) respalda el llamado de la RIETCU y rechaza categóricamente el presupuesto extraordinario que recorta ₡70.000 millones a programas de cuido, votado en primer debate con los votos de la fracción oficialista y con 24 votos en contra de PLN, Frente Amplio, PUSC y la CAC.

Este recorte se suma a una tendencia sostenida de desmantelamiento de la inversión social: solo la inversión del IMAS cayó un 8,5% entre 2021 y 2025. Ahora se golpea a los CEN-CINAI (28,7% de su presupuesto anual) y se deja a 2.400 familias sin acceso al bono de vivienda del BANHVI. No es austeridad técnica: es una decisión política que sacrifica a la niñez, la vejez y las mujeres trabajadoras para sostener un modelo económico que nunca recorta privilegios, solo derechos.

El derecho al cuido es un derecho humano autónomo, reconocido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su Opinión Consultiva 31 de 2025. Recortarlo es un retroceso inaceptable frente al principio de progresividad.

Llamamos a las organizaciones sociales, sindicales y comunales a movilizarse para rechazar este ajuste que carga sobre las poblaciones más desprotegidas el costo de la crisis fiscal.

No al recorte. Sí a la vida y al cuido como derecho.

Carta pública a la Corte Suprema de Justicia – Francisco J. Dall’Anese

Magistradas y Magistrados Corte Suprema de Justicia «Recuperamos el Legislativo y el Ejecutivo. Nos falta el Poder Judicial». Rodrigo Chaves lo dijo ante un foro evangélico y, semanas después, con palabras más crudas lo repitió: bastarían treinta y ocho diputados «patriotas» para «limpiar» el Poder Judicial. No se trata de frases sueltas, ni es lectura malintencionada. Es un programa anunciado.

Desde diciembre pasado, la Sala Constitucional no tiene magistrados suplentes. De acuerdo al procedimiento establecido, la Corte Suprema envió a la Asamblea Legislativa una nómina de dieciocho candidatos a magistrado suplente, tal como ordena el artículo 163 de la Constitución. Once votaciones después, ninguno alcanzó treinta y ocho votos requeridos, porque la bancada de gobierno no logró un acuerdo. La presidenta del congreso devolvió la nómina a la Corte.

Sin embargo, por dieciséis votos contra cuatro, el alto tribunal se negó a abrir un nuevo concurso porque la lista cumple los requisitos legales y repetirlo no tiene sustento jurídico. El argumento oficialista —que no conocen a los candidatos— no resiste un examen elemental. Las actas y los vídeos de las entrevistas ante la Comisión de Nombramientos están disponibles para cualquier diputado que quisiera consultarlos. Y si persiste la duda, nada impide repetir las entrevistas a los dieciocho candidatos ya propuestos. Devolver la nómina es una excusa para no elegir.

El procedimiento establece dos tareas: (i) encomienda a la Corte elaborar la nómina de candidatos y (ii) a la Asamblea Legislativa elegir de esa lista. Son dos competencias separadas, de modo que un órgano está impedido de invadir la competencia del otro; ni la Asamblea puede incidir en la formación de la nómina, ni la Corte puede elegir. Así lo impone el principio de legalidad: los funcionarios solo pueden hacer lo que la ley expresamente les permite y, lo que no les permite, les está prohibido.

La Asamblea debe elegir entre los candidatos recibidos, y no puede decidir —directa o indirectamente— quienes forman la lista de postulantes porque esa es función exclusiva de la Corte. De este modo, devolver la nómina para que se haga de nuevo, es una intromisión solapada de la Asamblea en las funciones de la Corte, pues nada garantiza que tal ilegalidad se repita hasta que en la nómina figuren los ungidos del partido de gobierno. Es una invasión de un poder del Estado en la esfera reservada por la Constitución para otro, en evidente violación de la independencia de poderes.

Los daños ya son identificables: 123 expedientes de la Sala Constitucional están paralizados porque no hay quién sustituya a los magistrados propietarios, inhibidos o ausentes. Si un magistrado titular llegara a enfermar o morir, no podría resolverse ningún expediente y cualquier abuso de poder contra un ciudadano no tendría correctivo de la justicia constitucional; muy conveniente para quienes desean una deriva autoritaria. Cada expediente es —al menos— una persona esperando justicia o alguien que muere sin asistencia médica. Cada día que pasa sin suplentes erosiona la confianza del pueblo en la Asamblea y en la Corte.

¿Qué hacer mientras la Asamblea persiste en bloquear la dinámica del sistema democrático? Vale recordar un antecedente que viví de cerca cuando laboré como letrado de la Sala Tercera de la Corte Suprema.

El lunes 26 de abril de 1993, un comando armado tomó por asalto el recinto de sesiones de la Corte Plena y secuestró a diecinueve de los veintidós magistrados y a otros cinco funcionarios judiciales. Ante la inédita situación, que impedía a la Corte cumplir sus funciones constitucionales, se diseñó una solución no contemplada en las normas escritas, porque ante situaciones no previstas «los jueces deben crear la solución».

Por distintas razones, al momento del secuestro estaban fuera del recinto los Magistrados Daniel González, Luis Paulino Mora, Carlos Arguedas y Rodolfo Piza. El martes 27 de abril, estos titulares convocaron a los magistrados suplentes e integraron una Corte transitoria, que se presentó ante los medios de comunicación y el país como la Corte Suprema en funciones. Esta tomó acuerdos y giró instrucciones para garantizar la continuidad del servicio público de la administración de justicia, al tiempo de defender la independencia judicial. El jueves 29, las víctimas fueron liberadas por el Poder Ejecutivo —que sí respetaba el sistema constitucional—, sin olvidar el arrojo de los magistrados secuestrados Alfonso Chaves y Eduardo Sancho, así como de los Coroneles de la Fuerza Pública Alfonso Ayub y Marino Donato, quienes estuvieron dispuestos a dar su vida por la Patria.

Restablecido el orden, nadie censuró la medida de instalar la Corte transitoria ni se desconocieron o anularon sus acuerdos.

Si un impedimento de pocos días bastó para que la Corte articulara, conforme a sus facultades, una solución de continuidad, con mayor razón tiene el deber de hacerlo frente a un bloqueo que ya lleva siete meses y que, al igual que en 1993, es obra de quienes desprecian el régimen constitucional.

El remedio no exige a la Corte usurpar la función electiva de suplentes a cargo de la Asamblea —eso sería tan inaceptable como la devolución de la nómina de candidatos que hizo el Poder Legislativo—.

La solución se encuentra en el artículo 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que faculta a la Corte para decidir acerca del trabajo y competencia de sus Salas cuando no exista ley expresa, como en este caso en que no prevé ley alguna el incumplimiento de deberes de otro poder, cuya consecuencia afecta a la administración de justicia. De este modo, la Corte puede y debe acordar que los actuales magistrados —titulares y suplentes— de las Salas primera, segunda y tercera, todos investidos con la mayoría calificada de votos en su elección, concurran como suplentes a la Sala Constitucional cuando esto sea necesario. Es la forma de evitar que la mora legislativa, traducida en bloqueo político, se convierta —de facto— en la desaparición del control de constitucionalidad.

La Constitución no previó que un poder incumpliera su deber de completar una lista de suplentes, al igual que no previó un secuestro armado de la Corte. Así como en 1993 no se hizo esperar la respuesta del Poder Judicial, en esta hora tan difícil para la democracia los magistrados están en la indiscutible obligación de defender la independencia judicial y de tomar las decisiones necesarias para la continuidad del Estado y del servicio público.

Si hoy es la Sala Constitucional, mañana pueden ser las otras Salas o el Tribunal de Corte Plena.

Firma: Francisco Javier Dall’Anese Ruiz. Abogado. Lic. 2602.

FECTSALUD alerta sobre control de poderes judiciales y regresión democrática en Costa Rica

Juan Carlos Durán Castro
Secretario de Prensa FECTSALUD
Julio 17, 2026

Dice la Santa Biblia:

… «La verdad, os hará libres»…

Entonces hay que decir las cosas, desde una mirada que aspire a colocar una versión que arroje luz, entre tanta oscuridad.

Lo cierto es que está en desarrollo y se ha acentuado una táctica y una estrategia de corte neofascista en todo el mundo, corriente que presenta sus características en el continente americano, zona del mundo que representa una gigantesca tabla de salvación para el hoy altamente comprometido y riesgoso hegemón del norte en el contexto del desarrollo de la geopolítica actual y los posibles escenarios de desenlace, que ojalá no terminen con una hecatombe nuclear que arrastre al mundo a una crisis mayor a la actual.

Ahora bien, situémonos en nuestro continente, la reunión a la que asistió Rodrigo Chaves Robles, antes de las elecciones 2026, a Mar-a-Lago, residencia del señor Trump, a la cual se hizo acompañar por la hoy presidenta Laura Fernández Delgado, sin duda alguna debió formular como un eje de trabajo la aspiración de impulsar y gestionar localmente en cada país el control de los poderes judiciales o bien profundizarlo en aquellos en los cuales ese tipo de procesos han avanzado.

En esa ruta el desarrollo de la nueva política de seguridad de los EEUU, que es un documento público, retoma y refresca la doctrina Monroe y la eleva a lo que algunos han denominado su versión 2.0.

Así las cosas, tenemos de regreso una versión tecnofascista del antiguo macartismo para todo el continente, el cual se revela en la cumbre convocada por el señor Marco Rubio, este 15 de julio de 2026 en los EEUU, y se refuerza con la narrativa de este mismo personaje, cuando propone hacer implosionar la Corte Penal Internacional (CPI) y refuerza un marco jurídico internacional favorable a los EEUU, que parte de meter en un solo compartimento a todas las fuerzas antihegemónicas bajo dos palabras de comunicación política, tales como terrorismo y comunismo.

Esto sin duda es una alerta/señal de que el derecho internacional debe ser debilitado al máximo y estar sometido a la doctrina de los EEUU, siendo que detrás de esa gestión política se aspira a obtener impunidad internacional ante el genocidio en Gaza, Irán y un largo etcétera, y los evidentes crímenes de guerra documentados por relatores de la ONU, el más reciente para el caso de Gaza.

Siendo esto así, no es entonces casual que, en el plano local/nacional, el oficialismo rechace sin argumentos válidos las nóminas de las suplencias para la Sala Constitucional, ya que es evidente que se aspira a garantizar la posible impunidad de don Rodrigo Chaves Robles y su estructura paralela en las elecciones pasadas del 2022 y, de paso, «cuidar» al menos 16 curules del oficialismo que presentan denuncias en trámite por presuntos actos de corrupción.

Expuesto de manera general lo anterior, vale la pena reiterar tres elementos que hemos venido formulando desde hace algún tiempo:

1- El país entró en una fase de regresión democrática que tuvo un punto de inflexión a partir del año 2018, en la administración Alvarado Quesada.

2- Ese proceso se profundizó evidentemente a partir de los resultados de las elecciones del 2022 y las señales están más que claras, siendo evidente que el continuismo de doña Laura Fernández Delgado aspira a profundizarlas y

3- Resaltar por último, desde nuestro modesto análisis, que el país está inmerso dentro del desarrollo de esa lógica neofascista actual, recargado ese enfoque con el tecnofascismo de redes y la construcción de posverdades incesantes que distorsionan y atrofian la verdad a cada instante.

Razón por la cual las diferentes resistencias patrias deben realizar el mayor esfuerzo humano posible por construir consensos políticos básicos urgentes.

Teniendo claro eso sí, que en el hoy patrio al menos casi todos los actores y sectores que nos decimos demócratas, patriotas, progresistas, ecologistas, defensores de derechos humanos, católicos, evangélicos o cristianos con enfoque de una opción preferencial por los más pobres, sindicalistas, socialdemócratas y socialcristianos verdaderos, líderes estudiantiles, de grupos de mujeres, colectivos LGBTQ+ y hasta grupos empresariales excluidos por el sistema capitalista y un enorme etcétera, nos han metido en el hoy en una habitación común y compartimos la misma suerte en el plano político por tener un pensamiento crítico antihegemónico, y tal condición creemos, con humildad de rigor, debe ser una condición humana que nos debe impulsar a reforzar las tareas de defensa para aspirar a que Tiquicia siga siendo un país inclusivo y solidario.

Academia Nacional de Medicina invita a conferencia virtual sobre la neuroprotección del ejercicio físico

La Academia Nacional de Medicina de Costa Rica, en el marco de la conmemoración de su 30.º aniversario, invita a participar en la conferencia virtual «La Neuroprotección del Ejercicio Físico», que será impartida por el Dr. Orlando Quesada Vargas, miembro fundador y honorario de ACANAMED.

La actividad se realizará el jueves 30 de julio de 2026, a las 7:00 p.m. (hora de Costa Rica).

Las personas interesadas en participar mediante Zoom deben confirmar su asistencia escribiendo al correo info@acanamed.com o comunicándose al teléfono 2296-7615, con el fin de recibir el enlace de acceso. La organización informa que el cupo es limitado.

La conferencia también será transmitida en Facebook Live a través de la página de ACANAMED – Academia Nacional de Medicina de Costa Rica.

La Academia Nacional de Medicina invita a profesionales de la salud, personas investigadoras, estudiantes y público interesado a participar en esta actividad dedicada a analizar los efectos neuroprotectores del ejercicio físico.