Clínica de Derechos Humanos Ambientales
IDELA-UNA
Un pronunciamiento regional reúne 137 adhesiones y expresa preocupación por los intentos de abrir paso a la minería en la Comarca Ngäbe-Buglé, donde la Ley 11 de 2012 prohíbe la exploración y explotación minera.
Organizaciones indígenas, ambientales, comunitarias, académicas y sociales, junto con personas de 15 países, expresaron su solidaridad con el pueblo Ngäbe-Buglé de Panamá y su histórica defensa del territorio frente a los proyectos mineros.
El pronunciamiento, titulado Solidaridad con el pueblo Ngäbe-Buglé y contra el avance de la minería en nuestros territorios, reúne 137 adhesiones de al menos 50 organizaciones, redes, colectivos, comunidades e instituciones. Los apoyos proceden de América Latina, el Caribe y otras regiones, y reflejan la diversidad de pueblos indígenas, movimientos sociales, organizaciones ambientales, universidades y personas comprometidas con la defensa territorial.
Entre las adhesiones hay organizaciones y representantes vinculados a pueblos indígenas de Costa Rica, Panamá, Honduras, México, Colombia, Guatemala, Venezuela, Bolivia y otros países, así como personas y colectivos de Argentina, Brasil, Nicaragua, Perú, Estados Unidos, Francia y España.
El pronunciamiento recuerda que la defensa de la Comarca Ngäbe-Buglé es resultado de décadas de organización y resistencia frente a proyectos mineros e hidroeléctricos. Las movilizaciones de este pueblo han estado marcadas por la represión y la pérdida de vidas humanas, pero también permitieron conquistar garantías legales fundamentales, entre ellas la Ley 11 de 2012, que prohíbe la exploración y explotación minera dentro del territorio comarcal.
La preocupación actual se relaciona con actividades de consulta y acercamiento vinculadas a un eventual desarrollo minero en Cerro Colorado. Según el testimonio de Weny Bagama, delegada del Congreso General Ngäbe-Buglé, estas actividades se habrían impulsado mediante una empresa consultora y con recursos vinculados a intereses mineros. El pronunciamiento también cuestiona las condiciones en que se convocó un Congreso Extraordinario en septiembre de 2026 y la participación de las organizaciones de base.
Ante esta situación, las personas y organizaciones firmantes advierten que los mecanismos de diálogo, consulta y consentimiento no deben convertirse en instrumentos para debilitar decisiones colectivas, desconocer las instancias legítimas de gobernanza de los pueblos ni abrir paso a proyectos que estos han rechazado históricamente.
Como expresa Weny Bagama: “Nadie más va a respetar nuestra ley si no somos nosotros mismos”.
Entre las adhesiones destacan mensajes de representantes de los pueblos Bribri, Boruca, Maleku, Lenca, Triqui, Ka’apor y Maya K’iche’, así como de la Nación Indígena Mojeño Trinitario. Sus palabras relacionan la defensa territorial con la identidad, la autonomía y el derecho de los pueblos a decidir sobre su futuro.
El Frente Nacional de Pueblos Indígenas de Costa Rica (FRENAPI) expresa su solidaridad y recuerda los vínculos territoriales que unen a ambos pueblos: “El Pueblo Ngäbe-Buglé es un Pueblo transfronterizo. Su Territorio y el nuestro se encuentran, y su defensa nos concierne”.
Desde Honduras, José Santos Portillo Guzmán, del Consejo del Indígena Lenca de Sazagua de Santiago Puringla, La Paz, llamó a continuar la lucha y defender los derechos, sin dejarse silenciar por las autoridades ni por las redes sociales.
Jacqueline Reyes Gaona, del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), en Colombia, envió “un abrazo de armonía y resistencia” y recordó que “somos un solo territorio, ABYA YALA nos necesita”. Desde México, Palmira Flores García, de la Comunidad Triqui de San Luis Potosí, manifestó: “La fuerza y la resistencia serán siempre infinitas cuando se trate de proteger la vida y el territorio”.
Cuc Uaco Matias Romero, de la Universidad Autónoma Comunal de México, expresó su apoyo a los pueblos en resistencia “contra el olvido, contra los megaproyectos de saqueo, destrucción y muerte”, y recordó que no están solos.
Desde Bolivia, Ramiro Zenteno, de la Nación Indígena Mojeño Trinitario de la cuenca Ichilo-Mamoré, envió un mensaje de unidad: “Yaja tenonde (Sigan adelante) pueblo Ngäbe-Buglé”. También advirtió sobre los efectos de los metales pesados en territorios de su país y llamó a defender el territorio ancestral.
Otras adhesiones refuerzan este llamado. Lorena López Mejía, del Colectivo Jael Be, Maya K’iche’ de Guatemala, expresó su mensaje de “fuerza, unidad y solidaridad”. Pedro Cabezas, de la Alianza Centroamericana Frente a la Minería, manifestó su respaldo a las luchas históricas del pueblo Ngäbe-Buglé con una consigna: “¡Sí a la vida, no a la minería!”. Desde Perú, María Elena Foronda, del Instituto Natura, expresó su reconocimiento a la defensa de los derechos territoriales y los conocimientos ancestrales frente a los intereses extractivos.
Por su parte, Benito Montezuma Montezuma, de la Asociación de Desarrollo Integral de Abrojo Montezuma, en Costa Rica, recordó el papel de este pueblo en la protección de la tierra: “Vamos adelante pueblo ngäbe, los ngäbes son los protectores de está madre tierra”.
Estas voces expresan una dimensión central del pronunciamiento: la solidaridad no se limita a acompañar una lucha ajena, sino que reconoce los vínculos históricos, territoriales y culturales que unen a los pueblos indígenas y sus procesos de resistencia.
El documento sitúa el caso panameño en un contexto regional de expansión minera y de cuestionamientos a derechos y decisiones comunitarias.
En Costa Rica, advierte sobre los intentos de reabrir la minería metálica a cielo abierto en Crucitas. En Honduras y Guatemala señala la extensión de las concesiones mineras y las presiones sobre territorios y fuentes de agua. En Nicaragua destaca las afectaciones a territorios comunitarios indígenas en un contexto de restricciones a la participación social. En El Salvador recuerda que la prohibición de la minería metálica, conquistada en 2017 tras años de movilización social, fue revertida con la aprobación de una nueva ley en diciembre de 2024.
Aunque cada país presenta condiciones políticas y jurídicas diferentes, las organizaciones firmantes identifican un problema común: las conquistas legales y las decisiones colectivas que protegen los territorios pueden volver a ser cuestionadas ante el avance de los intereses extractivos.
El pronunciamiento fue promovido por la Clínica de Derechos Humanos Ambientales del Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad Nacional de Costa Rica (IDELA-UNA), una iniciativa orientada a generar espacios de encuentro, formación, acompañamiento, documentación e incidencia pública en torno a la situación de las personas defensoras de derechos humanos ambientales en Costa Rica y América Latina.
Las organizaciones y personas firmantes solicitan el respeto pleno de la Ley 11 de 2012, rechazan la intervención de empresas con intereses mineros en los procesos de decisión de los pueblos y respaldan a las comunidades que defienden sus territorios frente a la expansión minera. También recuerdan a quienes han perdido la vida y a quienes han sufrido represión y persecución por estas luchas.
Desde Abya Yala, el mensaje es claro: la lucha del pueblo Ngäbe-Buglé no está sola.
