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Urgente nuestra solidaridad con el pueblo panameño – para firmar

SURCOS comparte el siguiente llamado:

El pueblo panameño urge de nuestra solidaridad. Docentes, indígenas, estudiantes, entre muchos sectores, están en pie de lucha en pos de que no les recorten las pensiones, por la defensa del Canal para el pueblo panameño y contra bases militares estadounidenses en Panamá.

El pueblo firme en su legítima lucha es víctima de una brutal represión por parte de cuerpos policiales militarizados. Solicitamos su firma de manera solidaria y urgente.

Fecha límite: domingo 8 de junio 2025

https://forms.gle/yQ6oxS4QM4FC31WC8

Encuentro Estudiantil Intersedes se enfoca en fortalecer el sistema de becas de la UCR

El pasado viernes 23 de mayo se llevó a cabo el Encuentro Estudiantil Intersedes de la Universidad de Costa Rica, un espacio en el cual se discutió la situación actual, las problemáticas y los desafíos del régimen de becas. Durante este evento, las y los estudiantes participantes se reunieron para compartir experiencias y perspectivas evidenciando la importancia de escuchar diversas voces en temas que impactan directamente en la comunidad académica y en el aspecto social de la educación.

El encuentro contó con el respaldo activo de diversas entidades, entre ellas las sedes, la Vicerrectoría de Vida Estudiantil (ViVE) y el Consejo Universitario, cuya colaboración fue fundamental para impulsar un diálogo constructivo. Por medio de la participación se obtuvieron nuevos aportes, ideas y experiencias personales, se enriqueció las conversaciones y ello permitió identificar tanto fortalezas como áreas de mejora en el sistema de becas, subrayando la relevancia de la interacción interinstitucional en la búsqueda de soluciones.

Como resultado del análisis y el intercambio de opiniones, se elaborará un informe final que servirá para alimentar futuras discusiones sobre el régimen de becas. Esta iniciativa fue compartida con SURCOS por la representante de Sedes Regionales en el Consejo Universitario, Esperanza Tasies, reafirmando el compromiso de la comunidad universitaria por transformar y optimizar los mecanismos de apoyo educativo y avanzando hacia un sistema más justo y eficiente.

Alcalde de Montes de Oca declina participación en evento en Israel tras escuchar al Concejo Municipal y a la Comunidad

Por Jorge Mora Portuguez
Regidor Suplente
Municipalidad de Montes de Oca

El alcalde de Montes de Oca, Domingo Argüello García, comunicó oficialmente este martes su decisión de no participar en el evento internacional MuniWorld 2025, organizado por la Federación de Autoridades Locales de Israel.

La decisión se da tras escuchar los planteamientos del Concejo Municipal y de diversos sectores de la comunidad, en relación con el actual contexto internacional y las preocupaciones éticas asociadas a la participación institucional en actividades organizadas por el gobierno israelí.

El pasado lunes 3 de junio, el Concejo Municipal de Montes de Oca aprobó por unanimidad una moción en la que se insta al alcalde a declinar su participación, al tiempo que se reafirma nuestra condena al Estado genocida de Israel por las violaciones al derecho internacional humanitario cometidas contra la población palestina.

En su comunicado oficial, la alcaldía indicó que «si bien inicialmente se valoró la participación por el enfoque técnico del evento, que abordaría temas como ciudades inteligentes, innovación, cambio climático y tratamiento de aguas residuales; tras un análisis integral y considerando el contexto internacional actual, el Gobierno Local ha optado por no asistir, reafirmando su compromiso con la escucha ciudadana.»

La decisión del alcalde ha sido recibida como un gesto de madurez política, apertura al diálogo institucional, capacidad de escucha a la ciudadanía y compromiso con los valores de justicia y de respeto a los derechos humanos.

En el acuerdo adoptado por el Concejo Municipal se insta a los otros gobiernos locales del país a declinar su participación en dicho evento.

Montes de Oca, 5 de junio de 2025

Convocatoria a conversatorio: “Frente al genocidio y el silencio: ¿Por qué es urgente la solidaridad con Palestina desde la Universidad Nacional?”

Frente a las atrocidades cometidas por Israel en Palestina, la comunidad universitaria tiene la responsabilidad ética de abrir espacios de reflexión, análisis crítico y solidaridad activa. Por ello, les invitamos al conversatorio “Frente al genocidio y el silencio: ¿Por qué es urgente la solidaridad con Palestina desde la Universidad Nacional?”, que se realizará el próximo miércoles 11 de junio, de 3:00 a 6:00 p.m., en la Sala de Proyecciones de la Biblioteca Joaquín García Monge, con apoyo de la Federación de Estudiantes y el Sindicato de Trabajadores/as de la Universidad Nacional (FEUNA y SITUN, respectivamente).

Esta actividad busca visibilizar las violaciones sistemáticas a los derechos humanos que sufre el pueblo palestino, así como reflexionar sobre el papel que puede desempeñar la universidad pública costarricense en la denuncia del genocidio y en la construcción de una solidaridad activa y transformadora que busque parar de forma definitiva la barbarie contra la población palestina.

Contaremos con las intervenciones de Wajiha Sasa Marín, Gerardo Cerdas Vega, Irina Coronado López, Paolo Nigro Herrero, Esteban Chicas y Sofía León, así como representantes del SITUN, quienes desde diversas perspectivas compartirán análisis históricos, políticos, éticos y jurídicos sobre la situación actual en Palestina y el rol que nos corresponde como comunidad académica. El evento está abierto también a todas las personas interesadas en sumar su voz a la denuncia y a la solidaridad. La voz de las universidades no puede permanecer en silencio frente al genocidio.

Retroceso en derechos humanos con decreto presidencial sobre ODS – IEM-UNA

El Instituto de Estudios de la Mujer de la Universidad Nacional denuncia retroceso en derechos humanos con decreto presidencial sobre ODS

UNA Comunica. 4 de junio de 2025. El Instituto de Estudios de la Mujer de la Universidad Nacional manifiesta su profunda preocupación ante la entrada en vigencia del decreto ejecutivo N.º 44945-PLAN-RE-MINAE, mediante el cual el Gobierno de la República ha sustituido el marco que regulaba la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en Costa Rica.

Si bien el decreto ejecutivo N.º 44945-PLAN-RE-MINAE fue publicado el pasado 2 de abril, desde el Instituto de Estudios de la Mujer (IEM) de la Universidad Nacional (UNA) consideramos imprescindible manifestarnos hoy, porque esta reforma sigue siendo un claro síntoma de las brechas estructurales que enfrentamos en materia de derechos humanos, sostenibilidad, igualdad social y de género. Su contenido y orientación reflejan un cambio normativo e ideológico progresivo que no puede pasar desapercibido ni normalizarse por el paso del tiempo.

Aunque en apariencia se refuerza la sujeción del nuevo decreto al orden constitucional, el análisis técnico revela que esta reforma representa un giro político que altera sustancialmente la gobernanza, contenido y operatividad de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en el país, así como del cumplimiento en materia de obligaciones de derechos humanos. No se trata de un simple ajuste administrativo, sino que es una reconfiguración del enfoque nacional hacia el desarrollo sostenible, con implicaciones graves para los derechos humanos, la institucionalidad pública y el compromiso multilateral de Costa Rica.

Entre los cambios más preocupantes destacan:

● La actualización de los considerandos I al V, que ahora parecen coincidir con los párrafos 55 y 72 de la resolución A/RES/70/1 y con nuestra Constitución Política, pero que subraya el derecho interno como marco prioritario, obviando que es precisamente el derecho internacional el que obliga a nuestro país a sujetar a estándares mayores y más estrictos la protección a los derechos humanos. Parece entonces que el objetivo es relativizar los compromisos internacionales y reinterpretar antojadizamente las obligaciones políticas y jurídicas.

● La eliminación del artículo 12, que disponía la obligación de las instituciones públicas de destinar recursos propios y gestionar cooperación internacional para la implementación de los ODS. Esta derogación deja en el aire el financiamiento estatal de la Agenda 2030, debilitando su viabilidad operativa.

● La supresión del artículo 15, que otorgaba a los ODS el estatus de interés público, deja en evidencia la reducción del compromiso estatal en las garantías y derechos de todas las personas para acceder a una mejor calidad de vida a través del desarrollo del país y, en cambio, plantea restar legitimidad normativa a los objetivos de la Agenda 2030.

● La introducción de un glosario normativo (nuevo artículo 2), con términos como «dignidad», «cultura», «bienestar”, que no corresponden a los estándares del derecho internacional ni nacional a través de la jurisprudencia constitucional. Estas definiciones solo pueden resultar en interpretaciones, que son excluyentes a la hora de ejecutar políticas públicas.

● El nuevo enfoque selectivo sobre los ODS plantea que el Estado escogerá algunos “adoptados por el país” y que además subordinan a la estrategia nacional el compromiso con los principios de integralidad, progresividad y no regresión de los derechos humanos y, por lo tanto, también de los 17 objetivos y 169 metas establecidos por la comunidad internacional.

Aunque se amplían algunas funciones de gobernanza (como las del Consejo y la Secretaría Técnica), estas operarán bajo parámetros vagos como “diálogo de buena fe” y sin el respaldo estructural que otorgan los artículos derogados.

Desde el IEM, advertimos que esta reforma fragmenta la visión holística del desarrollo sostenible, debilita la responsabilidad estatal frente a los compromisos adquiridos y crea condiciones para reinterpretaciones ideológicas contrarias a la igualdad, los derechos humanos y la justicia. Esta medida se enmarca en un contexto regional e internacional de desinformación y ataques coordinados contra la Agenda 2030, lo que incrementa la urgencia de mantener una postura firme y crítica.

Costa Rica, históricamente reconocida por su liderazgo en derechos humanos, sostenibilidad e inclusión, no puede dar marcha atrás. Por ello, hacemos un llamado a las instituciones públicas, a la academia, a los movimientos sociales y a la ciudadanía a defender el enfoque integral, participativo y transformador de los ODS. Solo así podremos garantizar un desarrollo sostenible que ponga en el centro la vida digna, la igualdad sustantiva y el bienestar de absolutamente todas las personas.

Oficina de Comunicación
Universidad Nacional, Costa Rica

Costa Rica entre los países con la tasa de encarcelamiento más alta de América Latina

  • Académicos de la UNA abogan por una reforma a Ley de Justicia Penal Juvenil vigente, no desde el punto de vista represivo, sino desde la atención integral.

UNA Comunica. 4 de junio de 2025. Por cada 100 mil habitantes, Costa Rica mantiene en sus prisiones hasta 343 personas, lo que representa una de las tasas de encarcelamiento más altas de América Latina y el Caribe. Esta estadística se da en momentos en que el Gobierno manifiesta su interés en construir una cárcel para 5.000 privados de libertad, aunque a la fecha no se conocen detalles sobre su ubicación, diseño o fuente de financiamiento.

Datos del World Prision Brief del 2024 indican que Costa Rica se ubica de quinto a nivel de la región (y tercero en América Central), solo superado por El Salvador con una tasa de 1.659 prisioneros por cada 100 mil habitantes, Cuba (794), Panamá (522) y Brasil (416).

La tasa costarricense está por encima de países como Uruguay que es de 321, Argentina con 268, Colombia con 201 o México con 165. Incluso, se ubica en la posición 22 a nivel global, al considerar a un total de 224 jurisdicciones.

Marco Feoli, académico del Instituto de Estudios Latinoamericanos (Idela) de la Universidad Nacional (UNA) y miembro del subcomité de las Naciones Unidas para la Prevención de la Tortura tiene una visión crítica sobre la política punitiva que pretende seguir el Gobierno, a la luz, además, de estas cifras.

Debemos reflexionar qué tanto sirve la cárcel y preguntarnos como sociedad si lo que nosotros queremos es tener a la gente encarcelada o que haya menos violencia. Porque si lo que queremos es menos violencia, entonces ya sabemos que la estrategia carcelaria no es la respuesta, porque el crimen organizado es mucho más poderoso y no va a dejar de funcionar solo por tener más personas encerradas. Ellos seguirán operando porque el Estado no tiene los recursos suficientes para administrar las prisiones, entonces es una promesa falsa lo que se le quiere hacer creer a la gente sobre esta propuesta de solución”, advirtió el académico.

Estaos argumentos los planteó al cierre de una charla con estudiantes del posgrado de Derecho Penal de la Universidad de Harding Simmons, de Texas, Estados Unidos, quienes visitaron la UNA, gracias a una alianza con la maestría en Administración de Justicia con enfoque sociojurídico, de la Escuela de Sociología.

Durante dos días, los estudiantes del posgrado conocieron a profundidad el funcionamiento del sistema judicial costarricense, el modelo de administración de justicia, el sistema penitenciario, la visión de derechos humanos e incluso realizaron una visita a la Ciudad Judicial en San Joaquín de Flores, en Heredia.

Realidad nacional

Al cierre del 2023, Costa Rica contaba con una población carcelaria de 18.090 personas, ubicados en 32 centros. Estas cifras han venido en ascenso en los últimos años: mientras en 2000 se registraron 7.575 personas privadas de libertad, al cierra de 2023 el número subió hasta 19.728.

Para Feoli, existen dificultades contextuales para sostener una discusión profunda sobre las causas del problema de violencia y sus eventuales soluciones. “Este debate es dificilísimo tenerlo porque lo que se plantean son soluciones maniqueas, pero eso no es suficiente. Las discusiones se polarizan, como todo ahora, entonces se dice que se busca defender delincuentes y no, se trata de defender un sistema que sí dé resultados y el proyecto de una megacárcel aquí termina siendo una ocurrencia”.

La expectativa generada por la actual administración sobre el proyecto carcelario choca con la realidad si consideramos que deberán realizarse estudios de suelo, planos y permisos. “De aquí a 10 meses o un año no va a estar y ellos—el gobierno—lo saben, pero como su objetivo es continuar en el poder ofrecen este tipo de soluciones que no sirven, pero que son atractivas para la gente”, afirmó.

Por otra parte, Marco Feoli apuntó que el desarrollo de una infraestructura carcelaria de estas dimensiones debería considerar el cálculo de cuántos policías penitenciarios se van a requerir, pero, además, contemplar a expertos en materia penal, medicina y personal administrativo.

Entonces, ¿por dónde se debe comenzar una discusión sensata? El académico considera que se deben atender las causas estructurales de la violencia con un enfoque social y que afronten las problemáticas de desigualdad que vive el país, la situación de la educación pública, la generación de oportunidades para personas jóvenes, la desintegración familiar y el consumo de drogas.

Que menores de entre 13 y 16 años ya estén insertos en estructuras criminales reflejan “lo mal que hemos hecho las cosas como sociedad. Son imágenes espeluznantes ver a un muchacho de esas edades accionar un arma y que luego vayan a dar a la cárcel y que serán fácilmente sustituidos por las propias estructuras a las que pertenecen”, afirmó.

Yolanda Pérez, coordinadora de la maestría en Administración de Justicia con enfoque sociojurídico, considera que la realidad de la delincuencia que involucra a personas jóvenes es otra comparada con décadas atrás y por ello es necesario reformular la Ley de Justicia Penal Juvenil, No. 7.567 y que data de 1996.

Esta ley surgió en un contexto donde el país vivía la situación de los ‘chapulines’, pero ahora es diferente porque es una legislación que se está aplicando a muchachos que son utilizados y reclutados por estas organizaciones. Y no digo que deba hacerse una reforma desde el punto de vista represivo, sino qué se le puede ofrecer a ellos para que no caigan en situaciones de riesgo”, indicó Pérez.

Ambos académicos concuerdan en que la sociedad también debe enfrentar los estigmas que suele acompañarlos el resto de sus vidas y que les dificulta una reinserción efectiva, frente a un fenómeno mundial que etiqueta a las personas por su condición, como ocurre con la población migrante en Estados Unidos.

Tanto Feoli como Pérez lamentan que el país esté perdiendo tiempo valioso en temas que no solucionan el problema, como el proyecto carcelario, y no atienda con prontitud la necesidad de una ruta de la educación, programa que en el actual Gobierno no se ha llegado ni siquiera a conocer.

Oficina de Comunicación
Universidad Nacional, Costa Rica

UNDECA denuncia graves riesgos en implementación del sistema ERP

Comunicado

UNDECA denunció ante Contraloría graves riesgos en implementación del sistema ERP y riesgos ya materializados en la CCSS

La Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social (UNDECA) comunica a la ciudadanía y los trabajadores que ha presentado una denuncia formal ante la Contraloría General de la República (CGR) sobre la grave situación que enfrenta la Caja respecto a la implementación del sistema de Planificación de Recursos Empresariales (ERP-SAP).

Este es un tema que hemos venido denunciado, y hoy, con la presentación formal de la denuncia ante la Contraloría, hicimos una serie de advertencias sobre el impacto que tendría su puesta en marcha y los riesgos que ya han sido materializados.

En primer lugar, se daría una serie de fallos en las interfaces críticas, en la interoperabilidad de sistemas de farmacias, almacenamiento y pagos a trabajadores (SIFA y SIGES), afectando el control de inventario, cuentas por pagar y procesos contables, sin certificación funcional plena. exponiendo a la Caja a un posible desabastecimiento clínico.

Habría riesgo de desabastecimiento y discontinuidad en servicios esenciales por incumplimiento de más del 70% de los componentes previstos para la operación logística, así como la ausencia de normas actualizadas y procedimientos funcionales, esenciales para operar el ERP conforme a las mejores prácticas y principios de control interno”, detalló Luis Chavarría, secretario general de UNDECA.

Otro de los riesgos sería la pérdida de trazabilidad en procesos clave de recursos humanos (SIPE), que incluye el pago de salarios, embargos, pensiones, extremos laborales y otros.

Asimismo, existe una enorme incertidumbre financiera y contable sobre el Fideicomiso CCSS/BCR, con riesgo de incumplimiento contractual, por falta de definición clara en el uso del ERP para registrar, liquidar y clasificar pagos y ganancias.

Desde ya se han presentado retrasos graves en la migración de datos y pruebas funcionales, con advertencias directas de la Auditoría Interna, la Gerencia Financiera y consultores como PWC., y advertencias de una salida en vivo fracasada; sumado a una deficiente capacitación y una normativa desactualizada, lo que compromete la correcta operación del nuevo sistema.

Hay una ausencia de gobernanza clara, con múltiples cambios y decisiones unilaterales que ignoraron las recomendaciones de expertos como PWC; aunado a cargas incompletas e inconsistentes de datos, con interfaces sin certificar, ni probar, afectando la fiabilidad del sistema desde el inicio.

Y aún más grave, es que se han dado fuertes presiones a los funcionarios para implementar el sistema «a cualquier costo», lo que podría poner en peligro la operatividad, la transparencia y la calidad del servicio a la ciudadanía.

UNDECA solicitó a la CGR que ejerza su autoridad fiscalizadora para proteger los intereses y los recursos públicos y que los servicios esenciales no se vean comprometidos por una implementación deficiente, sin las condiciones mínimas garantizadas”, añadió Chavarría.

Silencio por Gaza – 30 minutos de silencio digital

En mayo comenzó la primera acción digital coordinada del movimiento MTG. es una ola que va creciendo.

Porque se puede hacer algo: Una pausa digital diaria de 30 minutos, por la noche, de 21:00 a 21:30 (hora local de cada país).

Durante este «descanso», no nos conectamos a redes sociales, ni mensajes ni comentarios. Teléfonos y ordenadores apagados.

Este gesto colectivo creará una fuerte señal digital en los algoritmos y mostrará nuestra solidaridad con Gaza.

El concepto:

Todos los días, exactamente a la misma hora, millones de usuarios de todo el mundo se desconectan completamente de las redes sociales durante 30 minutos. Sin publicaciones, sin «me gusta», sin comentarios, sin abrir aplicaciones. Silencio digital total.

Es un acto de resistencia, una protesta digital planetaria.

La indignación de tantos ciudadanos ante una injusticia masiva. Porque se puede hacer algo: simple y efectivo.

Solo recordar a las 21 horas: silencio digital. (Programa el reloj de tu móvil: aviso a las 21hrs.)

Explicación técnica:

1– Impacto algorítmico

Las redes sociales funcionan gracias a la acción constante de los usuarios. Nosotros hacemos andar el sistema. Una caída repentina y sincronizada de la actividad, aunque sea breve, puede:

a) Interrumpir los algoritmos de visibilidad

b) Influir en las estadísticas de tráfico en tiempo real

c) Enviar una señal técnica al servidor sobre una anomalía de comportamiento. Este gesto visibiliza la resistencia ciudadana a una injusticia que hasta ahora se ha alimentado con nuestra pasividad.

2- Impacto simbólico

En un mundo hiperconectado, el silencio digital es un acto visible.

Crea un claro contraste entre el ruido de las redes sociales y el silencio impuesto en Gaza.

Es un momento de recogimiento colectivo.

3- Impacto social

Si la acción es masiva, los líderes verán que los ciudadanos rechazan el crimen de Gaza y solo entonces actuarán.

Pretendemos crear una “ola progresiva” que avance a través/alrededor del planeta.

Recuerda a las 21 horas: ¡Silencio digital! (programa tu reloj)

UNDECA alerta sobre desabastecimiento y riesgos en la implementación de un nuevo sistema en CCSS

La Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social (UNDECA) continúa monitoreando la problemática persistente del desabastecimiento de medicamentos en distintas farmacias de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). Esta situación pone en evidencia una situación crítica que afecta tanto a los usuarios como a la eficiencia del sistema de salud.

En el marco de este seguimiento, en una reunión el pasado martes 27 de mayo, la organización sindical se dirigió a los jerarcas de la institución señalándoles una serie de advertencias y prevenciones. Los argumentos se centran en los riesgos inherentes a la implementación del nuevo sistema de planificación de recursos empresariales y mantener las condiciones actuales. Se enfatizó que realizar este cambio sin ajustar los criterios técnicos y sin tomar en cuenta las condiciones específicas podría agravar aún más la situación.

Las advertencias fueron dirigidas principalmente a la gerencia médica y a la presidencia ejecutiva de la institución, demostrando que existe una preocupación generalizada que busca evitar la adopción de este sistema, al generar problemas adicionales en la cadena de suministro y en la gestión interna.

Además, se hizo un llamado al personal de las farmacias y a la ciudadanía en general, a mantenerse alerta ante los posibles problemas y afectaciones directas que podría causar la implementación del sistema, en tanto se desatienden los criterios técnicos y los riesgos señalados por los órganos especializados de la institución.

Por último, UNDECA reitera su compromiso de trabajar de manera constante para evitar que la crisis en el suministro de medicamentos impacte en los servicios de la institución y en la salud de la población usuaria, subrayando la importancia de una implementación cuidadosa y respaldada por análisis técnico riguroso que garantice la eficiencia y seguridad en la atención médica.

Contraloría encuentra inconsistencias en metas indicadas por el Gobierno

La Contraloría General de la República (CGR) revela los resultados encontrados sobre la evaluación de la calidad de la información presentada sobre el cumplimiento de las metas definidas en el Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública 2023-2026 (PNDIP), y vinculadas al Presupuesto de la República 2024. Este informe es parte del ejercicio de las labores ordinarias de fiscalización de la institución, así mismo se presenta en el marco para asegurar la transparencia en la rendición de cuentas.

El análisis sobre la calidad de la información reportada es un aspecto fundamental, ya que permite fortalecer tanto la gestión pública como el control institucional. Al disponer de datos precisos y bien documentados permite a la ciudadanía y a los entes responsables realizar un seguimiento efectivo del desarrollo nacional, promoviendo así un ambiente de mayor confianza a los procesos de toma de decisión públicas y responsabilidad gubernamental.

La CGR estudió 18 metas, de las cuales 8 presentaron incumplimientos significativos. Estas metas se enfocan en sectores estratégicos como salud, educación, bienestar y medio ambiente, evidenciando la necesidad de robustecer los mecanismos de registro y verificación para garantizar una representación fiel del avance de las intervenciones públicas.

En el sector salud, el informe destaca inconsistencias alarmantes. Se encontró que la Caja Costarricense Seguro Social (CCSS), excluyó a 9,339 personas, en lista de espera para cirugía ambulatoria, en el proceso de estimación del indicador “plazo promedio de días de espera”. Está acción compromete la veracidad de los datos esenciales para evaluar la eficiencia en la atención médica. Igualmente se encontraron deficiencias en el desarrollo del proyecto del nuevo hospital en Limón.

En el ámbito educativo, se identificaron errores en el registro de egresados en programas de formación. Tanto el Ministerio de Educación Pública (MEP) como el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) se duplicaron la cifra de egresados en los programas de formación en inglés, en tecnologías de información y en turismo, generando una sobreestimación que pone en entredicho la metodología empleada para contabilizar estos logros.

El sector de bienestar también mostró fallas en la información reportada. El Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) contabilizó 13,504 beneficiarios más en la meta relacionada con la atención a familias, lo que revela deficiencias en los procesos de registro y una posible distorsión en la medición de los beneficios socialmente otorgados.

En cuanto al sector ambiental, el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) presentó irregularidades en la meta vinculada con la protección del recurso hídrico. La institución no presentó evidencia sobre cumplimiento de las estrategias de Nimboyores y Tiribí. Esta omisión afecta la evaluación del avance en la conservación de este recurso vital, subrayando la importancia de contar con datos precisos para gestionar adecuadamente las políticas ambientales.

Otro hallazgo relevante se relaciona con la educación, específicamente a la meta asociada con la Educación de Personas Jóvenes y Adultas (EPJA). El informe indica que, ante MIDEPLAN, el MEP reportó un avance del 0% en esta meta, lo que sugiere una falta de progreso en una iniciativa educativa crucial orientada a ampliar las oportunidades de aprendizaje a lo largo de la vida.

El informe de la CGR pone de manifiesto serias inconsistencias en los registros, deficiencias metodológicas y ausencia de la documentación necesaria para una correcta rendición de cuentas del PNDIP. Estas deficiencias no solo debilitan la fiabilidad de la información, sino que además complican la toma de decisiones públicas y el seguimiento del desarrollo nacional.

Para obtener más información sobre los hallazgos encontrados, se puede acceder al siguiente enlace DFOE FIP IAC-00001-2025