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Contraloría advierte graves brechas en infraestructura quirúrgica y equipos médicos de la Región Brunca

Escrito en . Publicado en Salud.

Una auditoría de la Contraloría General de la República señala deficiencias en la planificación, mantenimiento y disponibilidad de salas de operaciones, tomógrafos y mamógrafos en la red hospitalaria de la Zona Sur, situación que afecta la oportunidad de la atención y genera miles de traslados de pacientes.

La CGR emitió un informe de auditoría sobre la disponibilidad de infraestructura quirúrgica y equipamiento para diagnóstico por imagen en la Red Integrada de Prestación de Servicios de Salud (RIPSS) Brunca de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), concluyendo que existen incumplimientos significativos en la gestión de estos recursos que afectan la continuidad y oportunidad de los servicios de salud para una población cercana a las 379.000 personas de la Zona Sur del país, incluidas comunidades indígenas.

La auditoría analizó las condiciones de los hospitales Escalante Pradilla de Pérez Zeledón, Ciudad Neily, Manuel Mora Valverde de Golfito, Tomás Casas Casajús de Osa y Juana Pirola de San Vito durante el período comprendido entre enero de 2023 y mayo de 2025.

Según la Contraloría, la CCSS no ha desarrollado una planificación articulada a nivel de red para priorizar inversiones en infraestructura quirúrgica y equipamiento médico. Tampoco ha logrado orientar el mantenimiento de estos activos hacia la prevención de fallas, situación que ha provocado interrupciones en servicios esenciales, aumento de traslados de pacientes y mayores costos tanto para la institución como para las personas usuarias.

Entre los hallazgos más relevantes destaca la existencia de infraestructura quirúrgica subutilizada y, al mismo tiempo, insuficiente. El Hospital de Ciudad Neily mantiene seis salas quirúrgicas afectadas por falta de especialistas y ausencia de horarios ampliados de producción. En Golfito existen dos salas de cirugía, pero únicamente un equipo completo de enfermería quirúrgica, lo que limita su funcionamiento simultáneo. En el Hospital Tomás Casas Casajús de Osa el módulo quirúrgico es considerado crítico debido a que solo cuenta con un anestesiólogo activo. Por su parte, el Hospital Juana Pirola de San Vito requiere una tercera sala de operaciones para responder a la demanda existente.

La situación también afecta al Hospital Escalante Pradilla, centro regional de referencia de la red Brunca, donde las cinco salas activas de cirugía y una sala de recuperación resultan insuficientes para la demanda regional. Además, a febrero de 2026 las salas quirúrgicas no contaban con habilitación sanitaria vigente por parte del Ministerio de Salud.

En materia de diagnóstico por imagen, la auditoría señala que toda la Región Brunca dispone de un único tomógrafo, ubicado en el Hospital Escalante Pradilla, cuyo nivel de utilización ya supera ampliamente su vida útil estimada. Asimismo, la disponibilidad de mamógrafos ha sido limitada debido a fallas y obsolescencia de equipos. El mamógrafo del Hospital de Ciudad Neily quedó fuera de servicio en 2022 después de superar su vida útil y fue sustituido hasta finales de 2025. El equipo del Hospital Tomás Casas Casajús también salió de operación en 2024 por fallas asociadas a su antigüedad.

Las consecuencias de estas limitaciones se reflejan en los tiempos de espera y en la presión sobre la red hospitalaria. Entre enero de 2023 y junio de 2025 se realizaron 115.036 referencias de pacientes para servicios quirúrgicos. A noviembre de 2025 existían 9.919 cirugías pendientes en el Hospital Escalante Pradilla, con tiempos promedio de espera de 367 días. Además, la lista de espera para tomografías alcanzó 6.132 personas a febrero de 2026, con una espera promedio de 479 días. En el caso de las mamografías, la red mantenía aproximadamente 8.461 exámenes pendientes.

La Contraloría también identificó debilidades en la planificación y seguimiento del mantenimiento de infraestructura y equipamiento médico. Como ejemplo, señala que las dos salas de operaciones del Hospital Tomás Casas Casajús permanecieron fuera de servicio durante seis meses en 2024 debido a problemas en el sistema de aire acondicionado y a la ausencia de un contrato activo de mantenimiento, obligando al traslado de pacientes a otros centros hospitalarios.

El informe advierte que estas deficiencias reducen la capacidad de respuesta de la red de salud, incrementan los costos de transporte para pacientes y generan dependencia de servicios privados de ambulancia. Entre 2023 y 2025 se registraron 46.371 traslados en ambulancia desde hospitales de la región, de los cuales más de la mitad fueron realizados mediante servicios privados.

Ante estos hallazgos, la CGR emitió disposiciones de cumplimiento obligatorio dirigidas a autoridades de la CCSS para que establezcan instrumentos de planificación de infraestructura y equipamiento, regularicen la habilitación sanitaria de las salas quirúrgicas del Hospital Escalante Pradilla y elaboren diagnósticos integrales sobre el estado de conservación de la infraestructura y los equipos médicos de la región.

Las personas interesadas pueden consultar el informe completo de la Contraloría General de la República en el siguiente enlace:
https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2026/06/SIGYD_D_2026009763.pdf

Sector agropecuario no exportador enfrenta limitaciones para acceso al crédito en la banca pública

Escrito en . Publicado en Alimentación.

La Defensoría de los Habitantes presentó un informe final con recomendaciones sobre las estrategias de financiamiento de la banca pública costarricense al sector agropecuario no exportador. La investigación analizó datos del Banco Nacional de Costa Rica (BNCR) y del Banco de Costa Rica (BCR) durante los últimos diez años, y revela un patrón sistemático de barreras para acceder a condiciones acorde a su realidad, siendo las mujeres, jóvenes y habitantes de zonas rurales la más afectadas.

El sector agropecuario no exportador, integrado principalmente por pequeñas y medianas unidades productivas orientadas al mercado interno y a la seguridad alimentaria, ha visto cómo el crédito bancario se aleja progresivamente de sus necesidades. Lejos de corregir esta tendencia, la banca pública ha adoptado lógicas comerciales que priorizan la rentabilidad por encima de su mandato constitucional de desarrollo social.

Uno de los hallazgos de la investigación es la masculinización del crédito agropecuario. En el BNCR, por cada mujer que accede a financiamiento, hay ocho hombres que lo hacen. Del total de la cartera analizada (35.298 registros), apenas 3.650 corresponden a mujeres, frente a 30.309 hombres. Esta brecha se agrava cuando se incorpora la variable de edad. Del total de mujeres con crédito activo, únicamente 186 son jóvenes (menores de 35 años) en todo el país. En contraste, casi 2.000 hombres jóvenes accedieron al mismo tipo de financiamiento en el mismo período. Esto significa que ser mujer y joven en el campo costarricense representa una doble barrera para acceder en condiciones reales al sistema financiero público.

La investigación también revela que las mujeres productoras enfrentan tasas de interés más altas conforme envejecen dentro del sistema bancario. En el segmento de adultas mayores, las mujeres pagan en promedio un 8,50%, mientras que los hombres en la misma etapa acceden a tasas de 8,11%. Esta desigualdad acumulada limita la autonomía económica de las mujeres rurales a lo largo de toda su trayectoria productiva.

La investigación identificó que las barreras de acceso al crédito agropecuario no se limitan a las tasas de interés. Existe un conjunto de obstáculos normativos, institucionales y operativos que impiden al pequeño productor rural integrarse al sistema financiero formal:

  1. Requisitos documentales desproporcionados: se exige al agricultor estados financieros, flujos de caja proyectados y certificaciones de contadores, exigencias propias de una empresa urbana consolidada.

  2. Normativa prudencial inadaptada: el Acuerdo SUGEF 1-05 penaliza la estacionalidad agrícola al medir la solvencia con criterios de flujo constante, clasificando al productor rural como sujeto de alto riesgo por la naturaleza cíclica de su actividad.

  3. Concentración territorial del crédito: el BCR coloca el 83,8% de sus recursos agrícolas en San José y Alajuela. Cantones como Curridabat y Escazú concentran más crédito agrícola que provincias con vocación productiva como Heredia o Cartago.

  4. Ausencia de asistencia técnica: ambas entidades bancarias reconocieron no brindar acompañamiento técnico a los productores, limitando su rol a la transacción financiera.

  5. Falta de segmentación: el BCR admitió no contar con un indicador que diferencie entre productor de mercado interno y agroexportador, lo que impide fiscalizar si los recursos públicos cumplen su función de seguridad alimentaria.

Costa Rica importa el 92% de los frijoles, el 99% del maíz y cerca del 70% del arroz que consume. Esta dependencia alimentaria hace aún más urgente el fortalecimiento del sector agropecuario no exportador. Sin embargo, la banca pública, que por mandato constitucional debe orientar el ahorro nacional hacia el desarrollo productivo y la reducción de desigualdades, ha derivado hacia una lógica comercial e impone barreras precisamente a los actores que más necesitan financiamiento.

La Defensoría de los Habitantes instó al Consejo de Gobierno, en su condición de dueño de la banca pública, a emitir una directriz vinculante dirigida a las Juntas Directivas del Banco Nacional y del Banco de Costa Rica, con el fin de que ambas entidades cumplan efectivamente con su mandato de financiar con condiciones reales al sector agropecuario no exportador.

Dicha directriz deberá ordenar que ambos bancos aprueben un plan institucional de cumplimiento con metas anuales verificables, datos desagregados por sexo, edad y territorio, y un esquema de seguimiento semestral, y que revisen sus modelos de atención para simplificar requisitos, reconocer la estacionalidad agrícola, establecer plazos máximos de respuesta y fortalecer la cobertura fuera de la Gran Área Metropolitana. El acceso equitativo al crédito agropecuario no es un asunto técnico menor: es una condición para la soberanía alimentaria y el desarrollo rural de Costa Rica.

Comunicación
Defensoría de los Habitantes

Le invitamos a descargar desde SURCOS el informe del estudio:
https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2026/06/Informe-final-06636-2026-DHR-AE-468442-2025-RI.pdf

 

Uso de inteligencia artificial en medicina – Pronunciamiento de la Academia Nacional de Medicina

Escrito en . Publicado en Salud.

En las últimas décadas, globalmente se ha deteriorado el humanismo en la medicina, cuya esencia es el servir con empatía y hacer sentir a los pacientes el cariño de aquel que busca aliviar sus dolencias. La presencia amplia de dispositivos tecnológicos ha generado que los médicos hoy tengan que dedicar más tiempo a las tareas administrativas, incluyendo el cumplimiento con los requisitos del llenado de los expedientes electrónicos, olvidándose, por falta de tiempo, de sentarse, escuchar, dedicarle al enfermo el tiempo necesario, de acuerdo a sus necesidades afectivas y de salud. Hoy la tecnología nos alcanzó y nos rebasó, lo que tal vez desemboque en el futuro en un médico híbrido: medio humano, medio robot.

La inteligencia artificial (IA) se ha incorporado de manera progresiva a la práctica médica; bien empleada y enseñada, puede llegar a ser parte positiva de un armamentario que redunde en una mejor calidad de atención del paciente con coherencia, con habilidades clínicas y humanistas inherentes a ese ser humano que decidió abrazarse con absoluta dedicación y verdadera vocación a la más noble de las profesiones. Por lo tanto, su incorporación debe realizarse bajo principios de seguridad, supervisión humana, protección de datos, verificación de fuentes y responsabilidad profesional.

En los estudiantes de medicina, la IA ha reemplazado la búsqueda manual de información en las revistas indexadas, porque ahorra tiempo. La mayoría de las veces provee información rápida que satisface al usuario, pero este no sabe cómo llega a sus resultados y que no está exenta de errores. También es utilizada para compararla con el diagnóstico y un plan de tratamiento planteados por el humano, pero conlleva el riesgo de abandonar el pensamiento crítico, la corroboración de información y de reemplazar la relación empática médico paciente. Esta Academia propone:

  1. En primer lugar, la IA debe ser usada para apoyar y reforzar el razonamiento clínico, no para substituirlo. Es un complemento, una herramienta, no un instrumento en sí mismo. Generar posibles diagnósticos diferenciales que no se han tomado en cuenta, detectar “banderas rojas” antes de su manifestación obvia. Ordenar casos clínicos para no pasar por alto información. Detectar patrones desconocidos de enfermedades.

  2. Para fines educativos para el estudiante de medicina y formativos para el médico joven, la IA facilita el acceso a mayor información, al revisar bases de publicaciones científicas, lo que permite hacer búsqueda de citas bibliográficas de determinado tema para luego revisarlas. En la docencia, la IA es útil para preparar clases y entrenar a médicos residentes en casos complejos, siempre verificando las fuentes. Debe recordarse que la IA inventa información.

  3. La IA mejora la eficiencia administrativa, dejando más tiempo al médico para función eminentemente clínica y docente.

  4. La IA mejora la comunicación con el paciente, permite dar información, recomendaciones o instrucciones en forma más clara y más fácil de comprender. Explicar benéficos y riesgos de tratamientos, en un lenguaje más cercano al paciente. Crear instructivos para determinada enfermedad crónica, de forma que el paciente lo comprenda cabalmente y lo motive para la adherencia al tratamiento. Resumir publicaciones médicas.

  5. La IA no debe usarse como autoridad final para diagnóstico, tratamiento, indicación quirúrgica, pronóstico, triaje crítico o decisiones médico-legales sin validación humana y contexto completo.

  6. Se debe introducir al estudiante de medicina en el uso adecuado y analítico de la IA. Debe explicarse las bases de su funcionamiento y sus diferentes tipos de uso médico, destacar sus fortalezas y debilidades, aplicar el tipo de IA idónea según cada necesidad y situación contextual, siempre teniendo en mente que es un instrumento complementario para el médico, no su reemplazo, ya que el juicio emitido por la IA no siempre es correcto y que se debe verificar y evaluar según la situación. Debe enseñarse cómo elaborar preguntas (prompts), cómo proteger la privacidad del paciente, cómo se debe interpretar una respuesta generada por la IA y cómo verificarla. También debe enseñarse qué son los sesgos, errores, alucinaciones y las limitaciones de IA. Quienes forman nuevos médicos, deben inculcar humanismo, desarrollar habilidades clínicas y razonar críticamente, basado en evidencia, no en ocurrencia y mucho menos, en datos globales. Los pacientes son seres únicos, irrepetibles, no reproducibles y por ende, merecen ser tratados, como tales.

En conclusión, la IA debe ocupar en medicina el papel de un copiloto clínico, educativo y administrativo que fortalezca el razonamiento clínico, facilite la actualización científica, mejore la eficiencia documental y fortalezca la comunicación con el paciente. Su uso exige pensamiento crítico, supervisión humana, verificación de fuentes, protección de la privacidad y reconocimiento explícito de sus limitaciones. La formación médica contemporánea debe preparar a los futuros profesionales para utilizar la IA con competencia técnica, criterio clínico y responsabilidad ética.

Junta Directiva
Academia Nacional de Medicina de Costa Rica
Junio, 2026

Defensoría advierte: Barreras al sector frijolero amenazan seguridad alimentaria

Escrito en . Publicado en Alimentación.

*Estudio de la Defensoría revela que el crédito destinado al cultivo de frijol representa menos del 0,20% del financiamiento agropecuario nacional y que la producción nacional cayó un 25,9% entre 2006 y 2024.

La Defensoría de los Habitantes advirtió sobre el progresivo debilitamiento de la producción nacional de frijol y sus implicaciones para el derecho humano a la alimentación, el trabajo digno y el desarrollo de las comunidades rurales, según los resultados del estudio “Análisis del acceso al crédito y estrategia de rescate de la producción nacional de frijol desde un enfoque de derechos humanos”.

La investigación evidenció que la producción nacional de frijol experimentó una caída acumulada del 25,9% entre 2006 y 2024, mientras que el financiamiento destinado a este cultivo ha sido históricamente marginal. Durante el período analizado, el crédito dirigido al subsector frijolero no superó el 0,20% del total del crédito agropecuario, y desde 2021 descendió a niveles cercanos al 0,01% y 0,02%, pese a tratarse de un alimento fundamental dentro de la dieta costarricense.

Los hallazgos muestran que el sistema de financiamiento agrícola continúa privilegiando actividades de mayor escala y menor riesgo financiero percibido, como la ganadería bovina lechera y el cultivo de café, mientras que los pequeños productores de alimentos básicos enfrentan importantes barreras para acceder a recursos productivos.

Un problema que trasciende lo económico

La Defensoría señala que esta situación no constituye únicamente un desafío productivo, sino también una problemática de derechos humanos. La reducción sostenida de la producción nacional de frijol aumenta la dependencia de las importaciones y expone al país a mayores riesgos ante crisis internacionales, eventos climáticos extremos, fluctuaciones de precios o interrupciones en las cadenas globales de suministro», advierte el informe.

Asimismo, el estudio concluye que el debilitamiento del subsector afecta directamente: el derecho humano a la alimentación adecuada, el derecho al trabajo digno de miles de familias rurales, la equidad territorial y el desarrollo de las regiones agrícolas y la seguridad alimentaria y nutricional del país.

El análisis también identifica una concentración territorial de los recursos financieros en las regiones Central y Huetar Norte, mientras que las regiones rurales periféricas continúan enfrentando mayores obstáculos para acceder al financiamiento. Adicionalmente, persisten importantes brechas de género. Las mujeres productoras reciben una proporción significativamente menor de los créditos agropecuarios debido a factores estructurales como el limitado acceso a la propiedad de la tierra, menores garantías patrimoniales y barreras históricas dentro de los sistemas de financiamiento rural.

La Defensoría enfatiza que la producción agrícola nacional debe ser entendida como una infraestructura social estratégica para el país, al igual que la salud o la educación, debido a su papel fundamental en la protección de derechos humanos y la estabilidad social. La institución instó a las autoridades a revisar los mecanismos actuales de financiamiento agrícola y adoptar políticas diferenciadas que permitan corregir las desigualdades existentes.

«El rescate del subsector frijolero no debe verse únicamente como una política agrícola, sino como una estrategia nacional para garantizar derechos humanos, fortalecer la soberanía alimentaria y promover un desarrollo rural más inclusivo y sostenible», enfatizó la Defensora de los Habitantes, Angie Cruickshank Lambert.

Comunicación
Defensoría de los Habitantes

Le invitamos a descargar desde SURCOS el informe del estudio:

https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2026/06/06629-2026-DHR-AE-425606-2023-RI.pdf

Conferencia analizará riesgos del proyecto de Ley de Armonización Eléctrica en la Sede de Occidente de la UCR

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La Sede de Occidente de la Universidad de Costa Rica realizará la conferencia “Los peligros del proyecto de Ley de Armonización Eléctrica”, una actividad que abordará las implicaciones de la iniciativa legislativa que actualmente genera un amplio debate en distintos sectores sociales, académicos y comunitarios del país.

La exposición estará a cargo de Alberto Gutiérrez Arguedas, docente de la Sección de Historia y Geografía e investigador del Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) de la Universidad de Costa Rica.

La actividad se llevará a cabo el viernes 19 de junio a las 10:00 a.m. en el Auditorio de la Sede de Occidente, en San Ramón. Además, será transmitida en vivo por el canal de YouTube de la Sede de Occidente de la Universidad de Costa Rica.

La conferencia se realiza en un contexto de creciente discusión nacional sobre el denominado proyecto de Ley de Armonización del Sistema Eléctrico Nacional, iniciativa que ha sido cuestionada por organizaciones sociales, sindicatos, gobiernos locales y sectores académicos que consideran que debilitará el modelo eléctrico solidario construido por Costa Rica durante décadas.

En las últimas semanas, diversas municipalidades del país han aprobado acuerdos manifestando su rechazo a la propuesta legislativa, mientras organizaciones ciudadanas han advertido sobre posibles efectos en la planificación energética, el papel del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), la gestión pública del servicio y el acceso universal a la electricidad. Estos sectores sostienen que la discusión trasciende aspectos técnicos y constituye un debate sobre el modelo de desarrollo y el futuro de un servicio considerado estratégico para el país.

La actividad organizada por la Sede de Occidente busca contribuir al análisis informado de esta discusión mediante una exposición académica sobre los alcances y riesgos que, según sus críticos, podría implicar la aprobación del proyecto.

Detalles de la actividad

Conferencia: Los peligros del proyecto de Ley de Armonización Eléctrica
Expositor: Alberto Gutiérrez Arguedas
Cargo: Docente de la Sección de Historia y Geografía e investigador del Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP)
Fecha: Viernes 19 de junio de 2026
Hora: 10:00 a.m.
Lugar: Auditorio de la Sede de Occidente, San Ramón
Transmisión: Canal de YouTube de la Sede de Occidente de la Universidad de Costa Rica

Ciudadanía impulsa recurso de amparo para exigir nombramiento de magistraturas suplentes de la Sala Constitucional

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Un grupo de personas ciudadanas promueve la firma de un recurso de amparo contra la Asamblea Legislativa con el propósito de exigir el nombramiento de las magistraturas suplentes de la Sala Constitucional, ante lo que consideran una omisión continuada que amenaza el acceso efectivo a la justicia constitucional en Costa Rica.

La iniciativa sostiene que la falta de nombramiento de las magistraturas suplentes no constituye un problema meramente administrativo o interno del Poder Judicial, sino una situación que puede afectar directamente a toda la población al comprometer el funcionamiento regular del máximo órgano encargado de la protección de los derechos fundamentales. Según el documento, la omisión legislativa pone en riesgo la atención oportuna de recursos de amparo, hábeas corpus, acciones de inconstitucionalidad, consultas de constitucionalidad y otros procesos propios de la jurisdicción constitucional.

Las personas impulsoras recuerdan que la Constitución Política asigna a la Asamblea Legislativa la responsabilidad de nombrar las magistraturas suplentes y señalan que, pese a existir procesos de selección previos, recomendaciones y listas remitidas por la Corte Suprema de Justicia, los nombramientos no han sido concretados. A su juicio, la deliberación política y la búsqueda de consensos no pueden transformarse en un bloqueo indefinido que afecte el funcionamiento de una institución esencial para la defensa de los derechos humanos y el control constitucional.

El texto destaca que las suplencias cumplen una función fundamental para garantizar la continuidad del servicio de justicia cuando magistrados o magistradas propietarias se encuentran de vacaciones, incapacitados, recusados, excusados o ausentes por cualquier motivo justificado. La inexistencia de suplentes suficientes -advierte el documento- incrementa el riesgo de que la Sala Constitucional enfrente dificultades para integrarse y resolver asuntos urgentes relacionados con libertad personal, salud, seguridad social, educación, ambiente, acceso a la información pública, igualdad y otros derechos fundamentales.

Entre los argumentos planteados se señala que la afectación sería especialmente grave en casos de hábeas corpus y recursos de amparo, donde la respuesta rápida del sistema constitucional puede resultar determinante para proteger la vida, la libertad, la integridad física o el acceso a servicios esenciales. También se advierte sobre el impacto que tendría una eventual paralización o debilitamiento del control de constitucionalidad de leyes, reglamentos y actos públicos.

El recurso solicita a la Sala Constitucional declarar que la Asamblea Legislativa ha incurrido en una omisión constitucionalmente lesiva, ordenar que el tema sea mantenido prioritariamente en agenda legislativa y exigir que se realicen las actuaciones necesarias para concretar los nombramientos dentro de un plazo razonable. Asimismo, plantea la adopción de medidas cautelares para evitar que la situación continúe agravándose mientras se resuelve el fondo del asunto.

Las personas promotoras sostienen que la continuidad de la Sala Constitucional no es un asunto exclusivo del Poder Judicial, sino una garantía indispensable para toda la ciudadanía. En esa línea, afirman que la protección efectiva de los derechos fundamentales requiere una jurisdicción constitucional plenamente integrada, independiente y operativa.

Las personas interesadas en respaldar esta iniciativa pueden adherirse mediante el siguiente formulario:

Formulario de adhesión:
https://forms.gle/aAn2eN5ELzUsLMJR6

Respeto para las personas adultas mayores

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15 de junio Día Mundial de la Toma de Conciencia contra el Abuso y Maltrato en la Vejez.
Día Nacional contra el Abuso, Maltrato, Marginación y Negligencia hacia las Personas Adultas Mayores

Dr. Fernando Morales Martínez
Médico Geriatra y Gerontólogo
Decano Facultad de Medicina
Universidad de Costa Rica

Hoy 15 de junio, Día Mundial de la Toma de Conciencia contra el Abuso y Maltrato en la Vejez y el Día Nacional contra el Abuso, Maltrato, Marginación y Negligencia hacia las Personas Adultas Mayores, que se constituye en un tema relevante, debido a la significativa proporción de personas de 65 años y más, que representan un 13,63% de la población costarricense (ENAHO, 2022), al respecto deseo exponer esta reflexión.

Hace 48 años en la revista médica British Medical Journal, se publicó un artículo del Dr. Burston que lo tituló “Maltratando a la abuelita” (Granny batterig), llamando la atención al mundo científico del abuso hacia los mayores por parte de los familiares.

En 1995, en el Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología fundamos el Comité de Estudio Integral del Adulto Mayor Agredido y Abandonado (CEINAA), con el fin de llevar a cabo un abordaje interdisciplinario para fortalecer el diagnóstico y tratamiento de las personas adultas mayores en condiciones de abuso y abandono e identificar las características correspondientes con el fin de establecer lineamientos de atención.

En 1999, en nuestro país se publica la Ley Integral para la Persona Adulta Mayor, en donde se propone garantizar la protección jurídica y psicosocial de la población adulta mayor afectada por el abuso físico, psicológico, patrimonial, sexual o por negligencia, por medio de la aplicación de las medidas de protección y procedimientos establecidas en Ley Contra la Violencia Doméstica.

En mayo de 2012, Costa Rica se sumó a los países de América Latina y el Caribe quienes, reunidos en la tercera Conferencia regional intergubernamental sobre envejecimiento en San José, adoptamos la Carta de San José sobre los Derechos de las Personas Mayores de América Latina y el Caribe. Nuestro compromiso consistió en no escatimar esfuerzos para promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales de todas las personas adultas mayores, así como la férrea e inclaudicable voluntad de trabajar en la erradicación de todas las formas de discriminación y violencia, y de crear redes de protección de las personas de edad para hacer efectivos sus derechos.

El 15 de junio de 2015, los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA), aprobaron la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores y Costa Rica fue uno de los 5 Estados que de inmediato firmaron su texto, junto a los gobiernos de Uruguay, Argentina, Brasil y Chile.

Hay que recordar que Costa Rica ratificó la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, mediante la Ley No. 9394 del 8 de setiembre de 2016 y el Decreto Ejecutivo No. 39973 del 12 de octubre de 2016. Con lo cual, desde el año 2016, el país cuenta con un marco de referencia vinculante de derechos humanos específicos para las personas adultas mayores.

Estas y otras normativas como la Ley que penaliza el abandono de las personas adultas mayores, así como la jurisprudencia de la Sala Constitucional conforman el marco jurídico de protección a las personas adultas mayores en nuestro país.

Como lo señala la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, la persona adulta mayor tiene derecho a vivir una vida sin ningún tipo de violencia y maltrato. A su vez, define la violencia contra la persona adulta mayor como cualquier acción o conducta que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la persona adulta mayor, tanto en el ámbito público como en el privado.

En esta definición se comprende, entre otros, los distintos tipos de abuso, incluso el financiero y patrimonial, y maltrato físico, sexual, psicológico, explotación laboral, la expulsión de su comunidad y toda forma de abandono o negligencia que tenga lugar dentro o fuera del ámbito familiar o unidad doméstica o que sea perpetrado o tolerado por el Estado o sus agentes dondequiera que ocurra.

El maltrato hacia las personas adultas mayores es un problema social grave y actual, sin importar el nivel económico o educativo de quien lo ejerza o padezca. Las personas adultas mayores suelen ser víctimas de malos tratos y abusos por parte de sus familiares, vecinos, entidades públicas y privadas. Esta situación repercute en su salud, calidad de vida y en el reconocimiento y respeto a sus derechos humanos y libertades fundamentales.

Los factores de riesgo son múltiples en especial para aquellas personas adultas mayores que están en vulnerabilidad, enfermedad crónica irreversible, no cuentan con familiares o parientes y están en total abandono.

La realidad es que el abuso, maltrato, abandono y la negligencia hacia las personas adultas mayores está presente en nuestra sociedad y cada año se acrecienta más, agravada en los últimos años como resultado de las consecuencias de la pandemia por la COVID-19.

Desafortunadamente los datos que evidencian esta problemática de violencia en las personas adultas mayores no son tan precisos y los que se muestran están lejos de la realidad, lo que no permite tomar decisiones y acciones oportunas en la protección de sus derechos mediante respuestas ante las múltiples necesidades de esta población.

Esta es una situación creciente que debemos poner atención con medidas correctivas oportunas porque alcanza todos los extractos de la sociedad.

El objetivo es que se contemple una nueva visión del envejecimiento, de tal manera que se promueva la inclusión de las personas adultas mayores en la sociedad, se ofrezcan bienes y servicios de calidad y de manera especial, se dé cuenta de su contribución al desarrollo.

Quiero invitarlos a construir una cultura de protección a la integridad y dignidad de las personas adultas mayores con el fin de lograr el reconocimiento de sus derechos humanos, su empoderamiento y, por supuesto, estimular e incrementar sus capacidades para defenderse ante situaciones abusivas. Hoy son ellos, pero mañana puede ser cualquiera de nosotros que se encuentre en esta espiral de violencia y se vea perjudicado.

Defensoría: Violencia patrimonial contra personas adultas mayores debe erradicarse

Escrito en . Publicado en Derechos.

En el Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez, la Defensoría de los Habitantes hace un llamado a fortalecer la prevención, el trato digno y la garantía efectiva de los derechos de las personas adultas mayores.

La Defensoría de los Habitantes recordó que el lema promovido este año por las Naciones Unidas, “Más allá de la sensibilización: lograr una prevención eficaz del maltrato a las personas mayores”, plantea la necesidad de avanzar de la reflexión a la acción mediante políticas, servicios y mecanismos de protección que prevengan la violencia, la discriminación y el abandono.

La institución destacó que las personas adultas mayores son titulares plenos de derechos y que el envejecimiento debe abordarse desde una perspectiva de derechos humanos, garantizando su autonomía, participación, acceso a la salud, seguridad económica y una vida libre de violencia.

Como parte de su labor institucional, la Defensoría de los Habitantes mantiene una vigilancia permanente sobre las actuaciones de las instituciones públicas responsables de la atención de esta población. Asimismo, ha fortalecido sus acciones de fiscalización y seguimiento para promover mejores condiciones de atención y una respuesta más efectiva a sus necesidades.

La Defensoría reiteró su preocupación por las distintas formas de violencia que afectan a las personas adultas mayores, particularmente la violencia patrimonial, que limita su autonomía y compromete su calidad de vida. Situaciones relacionadas con personas adultas mayores que son privadas del control de sus recursos económicos, que son presionadas para transferir bienes o que enfrentan abusos financieros que comprometen seriamente su calidad de vida. Estas situaciones no pueden seguir siendo vistas como simples conflictos familiares. Constituyen una grave vulneración de derechos humanos.

La autonomía económica es una condición fundamental para la libertad y la dignidad de las personas. Sin recursos suficientes resulta mucho más difícil ejercer otros derechos esenciales. Precisamente por ello, la Defensoría de los Habitantes ha respaldado iniciativas orientadas a proteger el mínimo vital de subsistencia de las personas pensionadas. Entre ellas destaca el Proyecto de Ley N° 24.940, conocido como “Pensión Mínima Intocable”, que busca garantizar que las personas pensionadas conserven un ingreso mínimo indispensable para cubrir necesidades básicas como alimentación, vivienda, medicamentos y servicios esenciales.

También subrayó la importancia de fortalecer los servicios de salud, garantizar una atención oportuna y especializada, y evitar que la digitalización de los servicios se convierta en una nueva forma de exclusión. Además, destacó la necesidad de fortalecer los sistemas de apoyo y cuidado, así como las redes familiares y comunitarias que contribuyen al bienestar y la protección de las personas mayores.

La Defensoría de los Habitantes hace un llamado a las instituciones públicas, organizaciones sociales, comunidades y familias para promover una cultura basada en el respeto, la solidaridad y la inclusión.

“La forma en que una sociedad trata a las personas mayores refleja su compromiso con los derechos humanos. Garantizar una vejez digna, libre de violencia y discriminación, es una responsabilidad de toda la sociedad”, dijo con ocasión el Defensor Adjunto de los Habitantes, Juan Carlos Pereira Jiménez.

FRENASS saluda nombramiento de Rocío Alfaro como representante sindical ante la Junta Directiva de la CCSS

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El Frente Nacional por la Seguridad Social (FRENASS) expresó su reconocimiento y respaldo a la decisión del movimiento sindical costarricense de designar a Rocío Alfaro Molina como representante de ese sector ante la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

Mediante un pronunciamiento, FRENASS destacó que continuará defendiendo el derecho a la salud pública y a la CCSS como institución benemérita y pilar del desarrollo y la paz social del país, labor que, según indicó, espera fortalecer en coordinación con la nueva representante sindical.

De acuerdo con declaraciones de Deivis Ovares Morales, coordinador de FRENASS, la elección de Rocío Alfaro fue acordada por el movimiento sindical en asamblea y constituye una decisión que la organización recibe con satisfacción.

Ovares señaló que Alfaro se ha caracterizado por mantener una relación cercana con los movimientos sociales y por impulsar iniciativas legislativas orientadas a la defensa de la Caja Costarricense de Seguro Social. Asimismo, destacó su participación en el informe de minoría elaborado durante la investigación de las irregularidades denunciadas en la institución, documento que calificó como una defensa contundente de la CCSS.

“Rocío se caracterizó por ser una diputada de puertas abiertas a los movimientos sociales para presentar iniciativas de ley a favor de esta gran institución”, afirmó el dirigente.

El coordinador de FRENASS agregó que la trayectoria de Alfaro le ha permitido conocer de cerca los principales problemas que enfrenta la institución, razón por la cual considera positiva su incorporación a la Junta Directiva en representación del sector sindical.

Finalmente, la organización reiteró su compromiso histórico con la defensa de la seguridad social costarricense y manifestó su disposición de acompañar y respaldar el trabajo que desarrolle Rocío Alfaro Molina desde el órgano directivo de la CCSS.

Organizaciones sociales urgen a la Asamblea Legislativa nombrar magistraturas suplentes de la Sala Constitucional

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Diversas organizaciones sociales expresaron su preocupación por la falta de nombramiento de las magistraturas suplentes de la Sala Constitucional por parte de la Asamblea Legislativa y advirtieron que esta situación podría afectar la continuidad y eficiencia en la atención de recursos de amparo y otros procesos constitucionales mediante los cuales miles de personas buscan la protección de sus derechos fundamentales.

En un pronunciamiento dado a conocer el 12 de junio de 2026, las organizaciones señalaron que la Sala Constitucional constituye uno de los principales pilares de la democracia costarricense y representa, para muchas personas, el último recurso disponible cuando el Estado no ha garantizado derechos esenciales. Recordaron que mediante su labor se tutelan derechos fundamentales relacionados con la salud, la accesibilidad, la educación, el acceso a la información pública, la igualdad, el ambiente sano, el debido proceso y la dignidad humana.

El documento destaca que las poblaciones más vulnerabilizadas son precisamente las que con mayor frecuencia recurren a la Sala Constitucional para exigir el respeto de sus derechos. Entre ellas mencionan a personas con discapacidad, personas adultas mayores, pacientes que requieren atención médica urgente, estudiantes, personas en condición de pobreza y otros grupos históricamente excluidos, quienes encuentran en este tribunal una herramienta indispensable para acceder a la justicia y obtener respuestas efectivas del Estado.

Las organizaciones manifestaron su preocupación por cualquier circunstancia que pueda afectar la capacidad de funcionamiento de la Sala Constitucional y retrasar la resolución de asuntos que, en muchos casos, tienen consecuencias directas sobre la calidad de vida, la integridad, la dignidad e incluso la vida de las personas.

Por esta razón, hicieron un llamado respetuoso, pero también vehemente y urgente, a las diputadas y diputados de la República para que prioricen el interés público y procedan, a la mayor brevedad posible, con el nombramiento de las magistraturas suplentes de la Sala Constitucional.

El pronunciamiento concluye afirmando que la defensa de los derechos fundamentales no puede quedar sujeta a dilaciones y que garantizar el adecuado funcionamiento de la Sala Constitucional significa garantizar el acceso a la justicia, la protección de los derechos humanos y la vigencia efectiva del Estado de Derecho. Asimismo, sostiene que Costa Rica necesita tribunales independientes, fuertes y plenamente operativos para proteger a las personas, especialmente a quienes enfrentan mayores barreras y condiciones de vulnerabilidad.

Le invitamos a consultar y descargar desde SURCOS el documento original:

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