Rocío Alfaro Molina, electa como representante del sector sindical ante la junta directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), no ha sido juramentada por el Gobierno pese a su designación. Ante esta situación, ella y un grupo de representantes de la dirigencia sindical emitieron un comunicado en video en el que denuncian que ese bloqueo mantiene obstaculizado el funcionamiento normal de la junta directiva y anuncian que ya se han iniciado acciones legales al respecto. A continuación, la transcripción completa de su mensaje:
“Hoy queremos enviarle un mensaje a todas nuestras bases sociales y sindicales. Mientras miles de costarricenses esperan una cita, una cirugía o respuestas sobre sus pensiones, el Gobierno mantiene obstaculizado el funcionamiento de la Junta Directiva de la Caja. ¿Por qué? Porque se niega a juramentar a las y los representantes que fueron elegidos legítimamente por los sectores trabajador y patronal, conforme a la Constitución, las leyes y los reglamentos vigentes.
¿Y cuál es la consecuencia? Mientras estas representaciones no sean juramentadas, la Junta Directiva de la Caja no puede sesionar con normalidad. Eso significa retrasar decisiones fundamentales sobre la salud y las pensiones de toda la población. Además, el Gobierno ha puesto pretextos no solo al movimiento sindical, sino también al solidarista y hasta al empresarial.
Por eso, desde el movimiento sindical ya se tomaron acciones legales, porque esta es una lucha por Costa Rica: es una lucha por defender el derecho de toda la ciudadanía a una caja que funcione, que tome decisiones y que responda a las necesidades del país. Por eso hacemos un llamado claro: exigimos que se permita sesionar a la Junta Directiva legalmente electa, porque la caja es de todos y todas.
Le decimos al Gobierno: dejen de sabotear la caja. La caja no se vende, la caja se defiende”.
Este lunes 13 de julio, el periódico La Nación y diversas redes sociales informaron que la delegación costarricense ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas rechazó expresamente los términos “violencia reproductiva”, “masculinidad patriarcal” e “interseccionalidad”. La intervención tuvo lugar el pasado 8 de julio, después de que el Consejo aprobara por consenso una resolución sobre los derechos de las mujeres y las niñas en situaciones humanitarias.
La diputada oficialista y pastora evangélica Kattia Mora se atribuyó públicamente la gestión que condujo a esa posición y agradeció a la presidenta Laura Fernández por ordenar que la delegación costarricense defendiera lo que ella denominó la “correcta conceptualización” del género, la masculinidad, la femineidad, la “familia natural” y la autoridad parental.
No estamos ante una simple discusión semántica, una cautela diplomática o una controversia académica acerca de la precisión de ciertas palabras. Estamos ante algo mucho más grave: el Gobierno de Costa Rica ha convertido una agenda religiosa conservadora en política exterior del Estado y pretende presentar esa regresión como defensa de la soberanía, la democracia y el ordenamiento jurídico nacional.
La operación es transparente. Primero se declaran superadas las desigualdades. Después se abandona los espacios internacionales que permiten examinarlas. Luego se debilita las instituciones nacionales encargadas de atenderlas. Finalmente, se intenta desacreditar las palabras indispensables para nombrarlas.
No se pretende corregir el lenguaje. Se pretende impedir que el lenguaje revele la realidad.
Los tratados no son diccionarios congelados
El argumento central expuesto por Costa Rica sostiene que “violencia reproductiva”, “masculinidad patriarcal” e “interseccionalidad” no han sido definidos en tratados internacionales vinculantes y que su utilización podría constituir una expansión no autorizada de esos instrumentos.
El razonamiento parece jurídico, pero es profundamente engañoso.
Los tratados internacionales no son diccionarios cerrados ni cápsulas lingüísticas congeladas en el momento de su aprobación. Consagran derechos, obligaciones y principios generales que deben ser interpretados frente a nuevas realidades históricas. Si solamente pudieran reconocerse las violencias mencionadas literalmente en tratados redactados hace varias décadas, tampoco sería posible hablar de violencia digital, acoso virtual, discriminación algorítmica, violencia obstétrica o persecución mediante nuevas tecnologías.
Una resolución del Consejo de Derechos Humanos no tiene por sí misma la misma fuerza vinculante de un tratado. Eso es elemental. Pero de esa premisa correcta no se desprende que los conceptos empleados en ella sean ilegítimos, antijurídicos o contrarios a la soberanía nacional.
“No vinculante” no significa falso. “No definido en un tratado” no significa inexistente. “Interpretativo” no significa clandestino.
El Gobierno toma una verdad jurídica parcial y la utiliza para fabricar una conclusión ideológica. Convierte la necesaria prudencia frente a las fuentes del derecho internacional en una censura del conocimiento: solo podría reconocerse aquello que ya fue nombrado expresamente por los tratados.
Esa posición no protege el derecho. Lo condena a la ceguera.
La violencia reproductiva existe, aunque el Gobierno se niegue a nombrarla
La expresión “violencia reproductiva” no fue inventada para introducir una agenda extranjera por la “puerta del patio”. Designa conductas concretas: anticoncepción forzada o deliberadamente negada, embarazo forzado, aborto forzado, esterilización impuesta, ataques contra servicios de salud reproductiva y otras intervenciones violentas destinadas a controlar la capacidad reproductiva de una persona o de un grupo.
La resolución aprobada el 7 de julio constituye el primer documento negociado de Naciones Unidas que reconoce expresamente la violencia reproductiva como una categoría diferenciada de violencia de género. Varias de las conductas que comprende ya se encuentran prohibidas por el derecho penal internacional; lo novedoso es que ahora se las reúne bajo un concepto que permite identificarlas, documentarlas y enfrentarlas integralmente.
El término no crea la violencia. Hace visible una violencia que ya existe.
Por eso, la pregunta que el Gobierno debe responder no es si la expresión aparece literalmente en un tratado, sino qué pretende proteger negándose a llamar violencia reproductiva al embarazo forzado, la esterilización impuesta o la anticoncepción obligatoria.
Desde luego, no protege a las mujeres y niñas que padecen esas prácticas.
Nombrar una violencia permite reconocer a sus víctimas, producir información, diseñar políticas públicas, establecer responsabilidades y construir mecanismos de reparación. Borrar el concepto fragmenta los daños, invisibiliza a quienes los sufren y facilita la impunidad.
Cuando el Gobierno rechaza la expresión, no elimina la violencia reproductiva. Elimina una herramienta para exigirle que actúe frente a ella.
La masculinidad patriarcal no es una acusación contra todos los hombres
El Gobierno también rechaza la expresión “masculinidad patriarcal”, como si se tratara de una condena indiscriminada contra los hombres o de una negación de la masculinidad. Eso es falso.
El concepto se refiere a un modelo cultural específico que vincula ser hombre con dominar, controlar, ejercer autoridad sobre las mujeres, reprimir las emociones, resolver los conflictos mediante la fuerza y considerar la igualdad como una amenaza. No afirma que todos los hombres sean violentos ni que la masculinidad sea esencialmente negativa. Cuestiona una forma histórica de socialización masculina que produce relaciones desiguales y normaliza determinadas violencias.
El propio Consejo de Derechos Humanos utilizó expresamente el concepto en una resolución de 2025, también adoptada sin votación. En ella exhortó a combatir estereotipos, normas y valores perjudiciales como la masculinidad patriarcal, el sexismo y la misoginia, y al mismo tiempo convocó a hombres y niños a actuar como aliados, beneficiarios y modelos positivos para la igualdad.
No se está acusando a los hombres. Se les está invitando a abandonar una forma de masculinidad basada en el poder y la subordinación.
La incomodidad del Gobierno con el concepto resulta todavía más reveladora cuando Naciones Unidas ha documentado que siete de cada diez mensajes de odio y discriminación analizados en Costa Rica durante 2025 fueron emitidos por hombres y que las “masculinidades agresivas” cumplen un papel determinante en la violencia de las redes sociales.
En lugar de examinar ese fenómeno, el Gobierno opta por negar la categoría que permite comprenderlo.
Rechazar la interseccionalidad es decidir no ver
La interseccionalidad tampoco es un nuevo derecho creado a espaldas de los Estados. Es una herramienta analítica que permite comprender que las discriminaciones no actúan siempre de manera separada.
Una mujer indígena, pobre, migrante y con discapacidad no experimenta cuatro discriminaciones completamente aisladas. Vive una situación específica, producida por la interacción entre el género, la condición económica, el origen étnico, la discapacidad y el estatus migratorio.
Una guía oficial de Naciones Unidas define la interseccionalidad como un marco que permite reconocer cómo distintas identidades y condiciones sociales se superponen y generan experiencias acumuladas de discriminación y opresión. La vincula directamente con los principios de igualdad y no discriminación y con la elaboración de políticas públicas eficaces.
Rechazarla no aumenta la seguridad jurídica. Reduce deliberadamente la capacidad del Estado para comprender a las personas que padecen varias desigualdades simultáneamente.
El Gobierno no está defendiendo la igualdad. Está defendiendo una versión abstracta de ella, tan general que termina borrando las diferencias reales entre las personas.
El Gobierno cita el derecho a medias
La intervención costarricense también invocó el artículo 21 de la Constitución Política y el artículo 4.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos para sostener que la autonomía corporal y los derechos reproductivos no pueden desconocer la protección de la vida desde la concepción.
Pero omitió un detalle imposible de considerar secundario: la interpretación que la Corte Interamericana realizó precisamente en el caso Artavia Murillo y otros contra Costa Rica.
La Corte estableció que la expresión “en general”, contenida en el artículo 4.1 de la Convención, impide interpretar la protección de la vida prenatal como absoluta. Determinó que esa protección es gradual e incremental, que debe armonizarse con los demás derechos y que, para efectos de la Convención, la concepción se produce con la implantación del embrión en el útero. También afirmó que la defensa absoluta del embrión no puede utilizarse para anular completamente los derechos de otras personas.
La delegación no podía ignorar esa sentencia. Costa Rica fue el Estado condenado.
Citar el artículo 4.1 y omitir deliberadamente las palabras “en general”, el principio de protección gradual y la jurisprudencia dictada contra el propio país no constituye una interpretación jurídica completa. Es propaganda construida con fragmentos jurídicos.
Algo semejante ocurre con el Estatuto de Roma. El Gobierno pretende imponer la definición contenida en su artículo 7.3 como la única acepción admisible de género en todo el derecho internacional. Pero el propio artículo comienza indicando que esa definición rige “para los efectos del presente Estatuto”, es decir, dentro del ámbito específico de la responsabilidad penal internacional. La Fiscalía de la Corte Penal Internacional ha señalado, además, que la expresión “en el contexto de la sociedad” remite a construcciones y criterios sociales utilizados para definir el género.
Transformar una definición contextual del Estatuto de Roma en una prohibición universal de cualquier otra comprensión del género no es respetar el tratado. Es deformarlo para adaptarlo a una doctrina religiosa.
La autoridad parental no convierte a los hijos en propiedad ideológica
La representación costarricense también sostuvo que la educación sexual y el autocuidado no deben desplazar el derecho de los padres a orientar a sus hijos, e invocó el artículo 143 del Código de Familia.
Pero ese artículo no establece ningún derecho de veto de los progenitores sobre la educación científica, sanitaria o sexual que el Estado debe garantizar. Reconoce derechos y deberes de orientación, educación, cuidado, vigilancia y disciplina, pero también impone la obligación de proteger a las personas menores de edad frente a toda forma de violencia, incluidas las relaciones impropias. Incluso prohíbe expresamente el castigo corporal y los tratos humillantes.
La responsabilidad parental no es soberanía privada sobre la conciencia, el cuerpo o la información que reciben los hijos.
Las personas menores de edad son titulares de derechos. La educación sexual puede protegerlas contra el abuso, la manipulación, las relaciones impropias, las infecciones, los embarazos forzados y la desinformación. Y esos riesgos no siempre provienen de extraños. Muchas veces nacen dentro de los propios espacios familiares o religiosos que reclaman autoridad absoluta sobre ellas.
Presentar la educación sexual como una amenaza contra las familias no protege a la niñez. Protege el silencio del que se benefician quienes abusan de ella.
La mentira del país que ya está “al día”
Esta intervención tampoco aparece de la nada. Forma parte de una secuencia iniciada durante la administración de Rodrigo Chaves y profundizada por Laura Fernández.
El 7 de abril de 2026, cuando faltaba aproximadamente un mes para concluir el Gobierno anterior, Costa Rica se retiró del grupo de la Organización de Estados Americanos dedicado a los derechos de las personas LGBTIQ+. El entonces canciller Arnoldo André justificó la decisión alegando que el país había completado “la protección plena de los derechos de todas las minorías”.
Laura Fernández no corrigió esa ficción. La convirtió en doctrina gubernamental.
El 3 de junio afirmó que ya no quería ver a Costa Rica participando en foros relacionados con “derechos, diversidades y esas cosas”, porque el país estaba, “gracias a Dios, al día”. También declaró que no quería que la Agenda 2030 siguiera ingresando “por la puerta de la cocina”.
La frase “gracias a Dios” no fue accidental. Revela el marco desde el cual se está reorientando la política exterior: no desde el Estado social y democrático de derecho, no desde la evidencia y no desde las obligaciones internacionales, sino desde una lectura religiosa particular sobre cuáles derechos merecen discutirse y cuáles deben declararse concluidos.
Pero Costa Rica no está “al día”.
Durante 2025 se registraron más de 2,1 millones de mensajes de odio y discriminación en redes sociales. Los ataques contra personas LGBTIQ+ aumentaron un 344 %, el mayor crecimiento entre todas las categorías estudiadas. También continuaron creciendo los ataques contra mujeres, especialmente contra lideresas, defensoras de derechos y mujeres en posiciones públicas.
Al cierre de ese mismo año, el Observatorio de Género del Poder Judicial registraba 33 femicidios y todavía analizaba otras 28 muertes violentas de mujeres para determinar si el género había intervenido en sus motivaciones.
Un país con esas cifras no puede declararse satisfecho. Un Gobierno que lo hace no demuestra optimismo: demuestra indiferencia o voluntad de ocultamiento.
La igualdad formal ante la ley no elimina la violencia por prejuicio, la discriminación laboral, el acoso, los femicidios, la expulsión familiar, los discursos religiosos de odio ni las desigualdades estructurales.
Declarar que todos los derechos ya están garantizados permite abandonar los espacios internacionales, reducir el escrutinio y dejar de rendir cuentas. Esa es la verdadera función política del discurso del país “al día”.
La hipocresía sentada en el centro del poder
La posición gubernamental resulta todavía más hipócrita al observar quién ocupa actualmente dos de los cargos más poderosos del Poder Ejecutivo.
Rodrigo Chaves, expresidente de la República, fue nombrado por Laura Fernández ministro de la Presidencia y ministro de Hacienda. Desde esas posiciones coordina simultáneamente la articulación política y económica del Gobierno.
Antes de llegar al poder en Costa Rica, Chaves fue sancionado administrativamente por el Banco Mundial por conductas inapropiadas de naturaleza sexual. El Tribunal Administrativo del organismo reprochó que Recursos Humanos no hubiera determinado expresamente si esas actuaciones constituían acoso sexual, reconoció que la conducta era de naturaleza sexual y que Chaves sabía o debía saber que no era bienvenida. El propio Banco Mundial admitió posteriormente que habría sido razonable concluir que los hechos sustentaban una determinación de acoso sexual.
Debe decirse con precisión: no se trató de una condena penal. Pero tampoco existió la absolución que Chaves ha pretendido presentar públicamente.
Resulta grotesco que un Gobierno que concentra semejante poder en un hombre sancionado por conductas sexuales inapropiadas pretenda ahora eliminar del lenguaje internacional los conceptos utilizados para analizar el acoso, las jerarquías de género, la autonomía corporal y las relaciones patriarcales de poder.
Se combate el concepto, pero se rehabilita al poderoso. Se desacredita el lenguaje de las víctimas, pero se premia políticamente al sancionado.
Esa no es una contradicción accidental. Es el funcionamiento habitual de un poder que exige silencio a quienes denuncian y absoluta indulgencia para quienes mandan.
Desmantelar al INAMU y después negar la violencia
La negación discursiva ha avanzado paralelamente con el debilitamiento material de la institucionalidad encargada de proteger a las mujeres.
Durante la administración anterior, el Instituto Nacional de las Mujeres quedó sometido a cuestionamientos por politización, inacción frente a la violencia femicida, utilización dudosa de recursos y una reestructuración prevista para culminar en 2026. Esa reorganización contempla el cierre de la oficina que atendía la enorme mayoría de los casos de violencia. El programa Puntos Violeta había consumido al menos ₡535 millones sin producir los resultados esperados.
No estamos ante una simple reorganización administrativa. Estamos ante un proceso de desmantelamiento político, presupuestario, técnico y epistemológico.
Se debilita la institución que debe prevenir la violencia. Se desarticulan sus capacidades de atención. Se cuestiona el enfoque de género. Se sustituyen políticas especializadas por programas publicitarios. Después se proclama que los derechos ya están garantizados y que las categorías internacionales son innecesarias.
Primero se incapacita al Estado para ver. Luego se utiliza su ceguera como prueba de que nada ocurre.
La ofensiva contra las palabras y el debilitamiento del INAMU son partes de una misma política: reducir la capacidad pública de reconocer la desigualdad, atender a las víctimas y responsabilizar a los agresores.
Kattia Mora: del púlpito a la política exterior
La participación de la diputada Kattia Mora tampoco puede tratarse como un detalle anecdótico.
El problema no es que una persona religiosa llegue a la Asamblea Legislativa. En una democracia, creyentes y no creyentes poseen los mismos derechos políticos. El problema surge cuando una autoridad religiosa utiliza el poder estatal para convertir su doctrina particular en política obligatoria para toda la sociedad.
Mora forma parte del bloque cristiano de la fracción oficialista. Durante la campaña trascendió una alianza entre Pueblo Soberano y organizaciones evangélicas vinculadas con Foro Mi País, cuyo dirigente afirmó que el partido había incorporado 24 candidaturas relacionadas con esos sectores. Mora fue identificada como pastora evangélica e integrante de ese bloque; también es esposa de un expresidente de la Federación Alianza Evangélica Costarricense.
El 18 de junio, Mora organizó en la Asamblea Legislativa una conferencia de prensa para atacar la sentencia 3787-E1-2026 del Tribunal Supremo de Elecciones. El fallo había declarado con lugar recursos de amparo contra Pueblo Soberano y el pastor Reinaldo Salazar por utilizar motivos religiosos para inducir el voto a favor del oficialismo. El TSE confirmó oficialmente que la actividad fue organizada por la diputada.
El caso incluía un folleto titulado “¿Por qué los cristianos evangélicos deben votar por el Partido Pueblo Soberano?”, del cual el partido financió 200.000 ejemplares para distribuirlos masivamente por medio de pastores y líderes religiosos. El Tribunal consideró que esa combinación de mensajes electorales, creencias religiosas y autoridad espiritual afectaba la libre determinación del electorado.
Durante la conferencia organizada por Mora, un asesor presidencial calificó la sentencia como “terrorismo de Estado”, acusó al TSE de actuar como partido de oposición y sugirió que sus magistrados eran “progres” y “ateos” que perseguían al pueblo cristiano.
La gravedad es evidente: una integrante del Poder Legislativo utilizó las instalaciones y la autoridad simbólica de la Asamblea para facilitar una ofensiva contra el órgano constitucional encargado de garantizar la libertad electoral.
Existe además un antecedente que demuestra que este conflicto no comenzó en 2026. En 2014, el TSE declaró con lugar un recurso contra la Federación Alianza Evangélica Costarricense por publicar propaganda que invocaba textos bíblicos, el aborto y el matrimonio entre personas del mismo sexo para orientar el voto.
Ese antecedente no convierte a Mora en responsable de los hechos de 2014. Sí demuestra que determinados sectores político-religiosos mantienen desde hace años una disputa con los límites constitucionales que impiden utilizar la autoridad pastoral para condicionar el sufragio.
Menos de un mes después de organizar la ofensiva contra el TSE, Mora se atribuye haber conseguido que Costa Rica rechace ante Naciones Unidas los conceptos de violencia reproductiva, masculinidad patriarcal e interseccionalidad.
La secuencia no puede ser más clara:
autoridad religiosa utilizada para orientar el voto; candidaturas incorporadas mediante alianzas con organizaciones evangélicas; ataque al Tribunal que intenta hacer respetar los límites constitucionales; presión sobre el Poder Ejecutivo; y conversión de la doctrina religiosa en posición oficial de Costa Rica ante las Naciones Unidas.
Kattia Mora ya no se limita a representar a una comunidad creyente. Actúa como transmisora de una agenda confesional hacia el interior del Estado.
¿Quién dirige realmente la política exterior costarricense?
Una diputada tiene derecho a realizar gestiones, plantear posiciones y ejercer control político. Lo que no puede normalizarse es que un despacho legislativo, una pastora y organizaciones religiosas externas aparezcan determinando el contenido de la representación internacional de Costa Rica sin un proceso público, plural, técnico y transparente.
La pregunta es inevitable:
¿Quién definió la posición presentada en Ginebra?
¿Fue elaborada por especialistas en derecho internacional y derechos humanos? ¿Fue consultada con el INAMU, organizaciones de mujeres, instituciones académicas y sectores afectados? ¿Respondió a una directriz formal de la Cancillería? ¿O fue producto de gestiones políticas realizadas para satisfacer a la base religiosa del oficialismo?
La diputada afirma que su despacho intervino. Una organización pastoral agradece que las preocupaciones de determinados sectores fueran canalizadas hacia las autoridades. La presidenta celebra el cierre de espacios internacionales sobre derechos y diversidad. La delegación reproduce argumentos característicos del conservadurismo religioso.
No se necesita imaginar una conspiración. Los propios protagonistas están describiendo públicamente el mecanismo de influencia.
La política exterior de Costa Rica no puede convertirse en la prolongación internacional de un púlpito.
La soberanía como coartada
Los defensores del Gobierno alegarán que Costa Rica tiene derecho a formular reservas, proteger su soberanía y evitar que resoluciones no vinculantes modifiquen el ordenamiento interno sin intervención de la Asamblea Legislativa.
Nadie discute ese derecho.
Costa Rica podía precisar los alcances jurídicos de la resolución, solicitar definiciones, señalar que determinadas recomendaciones requerían desarrollo legislativo o explicar cuáles medidas debían adoptarse mediante procedimientos internos.
Pero no hizo solamente eso.
Desacreditó conceptos utilizados por los organismos internacionales para comprender violencias reales. Omitió la jurisprudencia interamericana dictada contra el propio país. Universalizó indebidamente una definición contextual del Estatuto de Roma. Presentó la educación sexual como amenaza a la autoridad parental. Y permitió que una agenda religiosa particular fuera exhibida como la única interpretación jurídicamente correcta de la familia, el género y la vida.
Eso no es defensa de la soberanía.
Es utilizar la soberanía como coartada para sustraer al Estado del escrutinio internacional y convertir una moral religiosa particular en norma pública.
La soberanía democrática pertenece al pueblo plural, no a una iglesia, a una pastora, a una alianza electoral ni a la mayoría circunstancial que ocupa el Gobierno.
No se borran palabras: se abandonan personas
El Gobierno declara que los derechos ya están garantizados mientras crecen los discursos de odio. Abandona los foros internacionales mientras persisten los femicidios y la violencia contra las personas LGBTIQ+. Debilita al INAMU mientras las mujeres siguen siendo asesinadas. Rechaza la expresión “masculinidad patriarcal” mientras concentra un enorme poder en un hombre sancionado por conductas sexuales inapropiadas. Invoca la protección de la niñez mientras combate las herramientas educativas que permiten reconocer el abuso. Y habla de neutralidad mientras una diputada-pastora celebra haber convertido su doctrina en posición oficial del Estado.
No existe neutralidad en esa conducta.
Existe una política coherente de negación.
El Gobierno no está librando una batalla contra palabras imprecisas. Está librando una batalla contra los marcos jurídicos y conceptuales que permiten a las mujeres, a las personas sexualmente diversas y a otros grupos discriminados nombrar lo que padecen, exigir protección y reclamar responsabilidades.
Por eso debemos decirlo sin eufemismos: la intervención de Costa Rica ante el Consejo de Derechos Humanos constituye una regresión deliberada, una vergüenza diplomática y una peligrosa confesionalización del Estado.
Cuando se borran las palabras con las que se nombra una injusticia, la injusticia no desaparece. Desaparecen las víctimas del campo de visión del poder.
Y cuando un Gobierno necesita prohibir las palabras con las que se identifica una violencia, generalmente no es porque la violencia haya terminado, sino porque ha decidido dejar de responder por ella.
Imelda Fernández Reyes es una gestora local originaria del territorio indígena Cabécar de Talamanca. En 2022, se graduó del Técnico en Gestión Local para Pueblos Originarios, impartido por el Programa de Gestión Local de la UNED. Madre y abuela, Imelda se ha destacado como una líder ejemplar, caracterizada por su mística de trabajo, disciplina y constancia.
Desde la fundación de la Asociación de Mujeres Kábata Könana en 2016, ha sido una persona fundamental en la organización, y actualmente se desempeña como presidenta de su junta directiva. La misión esencial de Kábata Könana es impulsar el empoderamiento femenino como una condición indispensable para consolidar sociedades igualitarias, fundadas en la justicia social y los valores democráticos.
Actualmente, la asociación agrupa a 247 mujeres de las 9 comunidades del territorio Cabécar en Talamanca. Este espacio nació con el propósito de promover el desarrollo económico, social y ambiental con una profunda pertinencia cultural. Es precisamente en este entorno donde Imelda ha puesto en práctica todos los conocimientos y experiencias adquiridos durante su formación técnica.
A lo largo de su trayectoria, ha liderado y colaborado en la organización de múltiples ferias, talleres, encuentros y conversatorios comunitarios enfocados en la soberanía alimentaria, la protección de los bienes naturales, el ecoturismo, el rescate de las tradiciones, la cosmovisión, la agronomía sostenible y la gastronomía milenaria. Entre sus iniciativas destacan la coordinación de los juegos y deportes ancestrales indígenas anuales, su participación en el estanco indígena de trueque virtual productivo y el impulso al programa de energía solar.
Gracias a este esfuerzo colectivo, en 2021 la asociación fue galardonada con el prestigioso Premio Ecuatorial del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), un reconocimiento otorgado por implementar soluciones locales e innovadoras que hacen frente a la pérdida de biodiversidad y al cambio climático en favor del desarrollo local.
El Programa de Libertad de Expresión y Derecho a la Información (PROLEDI) de la Universidad de Costa Rica (UCR), en conjunto con la Cátedra Centroamérica y la Fundación Heinrich Böll Stiftung Centroamérica, invita a la presentación del IV Informe sobre Libertad de Expresión y Periodismo en Centroamérica, una investigación que analiza las condiciones actuales para el ejercicio periodístico y la libertad de expresión en la región.
La actividad se realizará el martes 21 de julio de 2026, a las 10:00 a. m., en la Sala de Audiovisuales de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Costa Rica.
Esta cuarta edición del informe examina el estado de la libertad de expresión, la libertad de prensa y las condiciones del ejercicio periodístico en Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, mediante un enfoque comparado que permite identificar tendencias regionales, patrones de presión contra el periodismo y transformaciones recientes en el ecosistema mediático centroamericano.
De acuerdo con las entidades organizadoras, la investigación combina un análisis del contexto regional sobre libertad de expresión y periodismo con los resultados de una encuesta aplicada a periodistas de esta región y entrevistas realizadas a representantes de medios de comunicación. El propósito es aportar evidencia sobre los principales desafíos que enfrenta actualmente el ejercicio periodístico en Centroamérica.
La presentación constituye un espacio para compartir los principales hallazgos del estudio y promover la reflexión sobre la situación de la libertad de expresión y el derecho a la información en la región, en un contexto marcado por cambios políticos, sociales y tecnológicos que inciden en el trabajo de la prensa.
La actividad es gratuita y también será transmitida en vivo a través de las redes sociales de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Costa Rica.
Las personas que deseen asistir de manera presencial deben completar previamente el formulario de inscripción disponible en:
La organización invita a estudiantes, periodistas, personas investigadoras, representantes de medios de comunicación y público interesado a participar en esta presentación y conocer los resultados del informe regional.
Por JoseSo (José Solano-Saborío) / Entre Verdades y Opiniones
El reciente anuncio del ministro de Hacienda —quien dicho sea de paso ya parece que no disimula su papel de presidente de facto— sobre la propuesta (amenaza) de la eliminación de exenciones en la canasta básica bajo el argumento de que “los ricos también consumen estos productos” suena, a primera vista, a una medida de justicia distributiva. Sin embargo, al aplicar el rigor del cuestionamiento crítico, lo que emerge es una peligrosa contradicción en la política fiscal.
Si el gobierno esgrime como gran logro la “economía jaguar”, ¿cómo explicamos que el reciente informe del FMI señale una caída en la recaudación fiscal persistente desde el 2022? La narrativa del crecimiento económico parece chocar con la realidad de las arcas públicas. La solución propuesta —cargar más el costo de la vida— es, en esencia, una huida hacia adelante que repite viejos vicios.
¿Se devolverá este 12% extra o el 13% completo de costo a los quintiles más pobres, tal como se prometió en campaña devolver el ROP? La historia de las promesas incumplidas genera una sospecha legítima. Al cargar el peso de la recaudación nuevamente sobre la clase media y trabajadora, no solo se atenta contra la movilidad social, sino que se crea un terreno fértil para la informalidad, la evasión por desesperación y, finalmente, la delincuencia por necesidad.
La solución progresiva que se niegan a implementar por cuidar a los más ricos
Existe una alternativa. Mientras la OCDE sugiere avanzar hacia la Renta Global —un sistema donde toda la renta de una persona se suma para pagar impuestos según su capacidad real, evitando la segmentación que permite elusión—, este gobierno opta por gravar el consumo de productos de primera necesidad —incluso reduciendo la lista que conforma la Canasta Básica— que es el impuesto más injusto para quien menos tiene. La pregunta no es cómo sacarle más a la canasta básica, sino por qué seguimos evitando un sistema tributario moderno, progresivo y eficiente.
UNDECA respalda la posición de organizaciones del Magisterio Nacional y rechaza cualquier intento de limitar la libertad de enseñanza y el pensamiento crítico
La Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social (UNDECA) expresa su firme respaldo a la posición asumida por las organizaciones sindicales del Magisterio Nacional frente a la reciente directriz emitida por el Ministerio de Educación Pública (MEP), la cual ha generado una profunda preocupación en amplios sectores de la comunidad educativa por sus posibles efectos sobre la libertad de enseñanza, la libertad de expresión y el ejercicio profesional del personal docente.
Costa Rica ha construido históricamente un sistema educativo basado en el desarrollo del pensamiento crítico, el análisis de la realidad y la formación de una ciudadanía consciente, responsable y comprometida con la democracia. Ninguna disposición administrativa debe convertirse en un instrumento para generar temor, autocensura o limitar el debate académico dentro de las aulas.
UNDECA reafirma que restringir la posibilidad de analizar hechos históricos, sociales, económicos o políticos desde una perspectiva pedagógica, crítica y fundamentada, es una coerción para borrar la memoria histórica de nuestra patria. La educación pública no puede reducirse a la repetición mecánica de contenidos; su misión es formar personas capaces de comprender la realidad, cuestionarla y participar activamente en la construcción de una sociedad más justa.
Manifestamos nuestra solidaridad con las educadoras y los educadores del país, quienes diariamente cumplen una labor esencial en la formación de las nuevas generaciones, y rechazamos cualquier medida que pueda prestarse para intimidar, perseguir o sancionar arbitrariamente a quienes ejercen su profesión con responsabilidad y apego a los principios pedagógicos.
La defensa de la educación pública, de la libertad de cátedra, del pensamiento crítico y de las garantías democráticas constituye una responsabilidad de toda la sociedad. Debilitar estos principios significa debilitar la democracia misma.
UNDECA hace un llamado al Gobierno de la República y al Ministerio de Educación Pública para que abran espacios de diálogo con las organizaciones representativas del magisterio nacional y garanticen que toda regulación en materia educativa respete plenamente los derechos fundamentales, la autonomía del ejercicio docente y los valores democráticos que han caracterizado al sistema educativo costarricense.
¡La educación debe formar ciudadanos libres, críticos y comprometidos con el bien común, nunca ciudadanos silenciados por el miedo!
Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social UNDECA 9 de julio de 2026
La Circular DM CIR 0047 2026 del Ministerio de Educación Pública recuerda la obligación de mantener la neutralidad político electoral en los centros educativos públicos. Este principio, inscrito en la legislación costarricense, busca impedir que las aulas se conviertan en tribunas partidarias. En apariencia, su objetivo es legítimo: proteger al estudiantado, garantizar la imparcialidad del Estado y preservar la confianza de la ciudadanía en la educación pública.
Pero toda norma debe interpretarse a la luz de la Constitución y de los principios que sostienen la democracia. La neutralidad no puede confundirse con silencio, ni la imparcialidad con censura. Una escuela que calla frente a los problemas nacionales no forma ciudadanos críticos, sino súbditos obedientes.
La educación pública no es solo transmisión de conocimientos; es también formación de conciencia. Enseñar democracia implica mostrar cómo funcionan las instituciones, cómo se relacionan los poderes del Estado, cómo se viven las tensiones entre Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Explicar derechos humanos exige hablar de libertad sindical, de igualdad, de justicia social, de migración, de acceso a la salud y a la educación. Evitar estos temas por temor a sanciones no es neutralidad: es empobrecimiento.
La propia Circular reconoce que es válido enseñar democracia, derechos humanos, procesos electorales, instituciones públicas, movimientos sociales e ideologías, siempre que se haga con objetividad y pluralidad. Esa afirmación es valiosa, pero abre interrogantes: ¿quién decide cuándo un análisis crítico deja de ser objetivo? ¿qué diferencia una explicación sustentada en hechos de un supuesto adoctrinamiento? ¿cómo evitar que el miedo a una denuncia convierta la libertad de cátedra en autocensura?
La experiencia internacional demuestra que cuando las normas se interpretan de manera excesiva, aparece el silencio. Y el silencio, en educación, no protege la democracia: la debilita. La neutralidad del Estado no significa neutralidad frente a los valores constitucionales. La escuela pública tiene el deber de enseñar democracia, Estado de Derecho, división de poderes, justicia social, solidaridad y dignidad humana. Estos principios no pertenecen a ningún partido político; son el fundamento del pacto democrático costarricense.
El sindicalismo magisterial defiende dos principios inseparables: la prohibición del proselitismo partidario en las aulas y la libertad de cátedra ejercida con responsabilidad y pluralidad. No hay contradicción entre ambos. Al contrario, uno protege la imparcialidad institucional y el otro garantiza la calidad de la educación democrática. La mejor garantía contra el adoctrinamiento no es el silencio, sino el pensamiento crítico, la confrontación de ideas y la búsqueda de la verdad.
¿Cuál es su mayor deseo, luego de tan espectacular actuación ?, indagó el periodista en medio del bullicio descomunal, tras de aquella soberbia actuación de un desconocido de los reflectores mundiales, barba de recolector de basura y mirada franca; su imagen, a millas, reflejaba esa clase de obreros nacidos en cuna de suelo plano, pelado y sin colcha alguna, de esos que nadie los ha arrugado ni arrugará jamás.
Él, sin inmutarse por aquel halago, seguidamente explicó al reportero que su mayor anhelo es que su anciana madre pudiera verlo debutar junto con sus compañeros a estadio lleno. No deseaba más. Que “mi madre pueda verme jugar, pero será difícil”, dijo con voz entre cortada y marcada resignación.
Suspiro largo como si estuviera regresando a su polvoriento barrio distanciado solo a miles de kilómetros. Solo quería ver a su madre como una hincha más, gritando desde las graderías. Ondeando la pintoresca bandera azul de Cabo Verde. Su abuela, con la que creció y lo impulsó en esta carrera contra el tiempo, llegó primero que su progenitora a aquel estadio con más de 30 mil gargantas acariciando la victoria cada una.
¡Sí llegó primero que su propia madre! Así lo planteó en una de sus entrevistas. Ella, mi abuela, me vio partir para que realizara mi sueño, ya no está físicamente, pero como me cuidó y me crie con ella, nunca me ha abandonado y siempre viene conmigo.
La frustración para el arquero no es para menos. A Ana Cándida Évoe, madre del guardameta del seleccionado de Cabo Verde, Josimar José Évora Dias, mejor conocido como Vozinha, le exigían hacer un depósito de quince mil dólares para entrar a cualquier estadio en que jugara su hijo. Así son las cosas en la cuna de la “libertad” y la “democracia”, al menos para muchos ilusos, que los hay, los hay.
Aquella sencillez, a la vez dolor y denuncia por tanta inmundicia contra un ser humano y la madre de aquel portero, provocó el estallido en redes sociales a favor de quien a los 25 años recogía basura en su país, antes de los 40 deambula por Europa como obrero calificado en electricidad para medio comer, hasta que ya cuarentón llega, por fin, su oportunidad futbolera en Portugal.
El resto de la historia ya se conoce. La presión social obligó a la FIFA a intercambiar favores con Trump, como se revelará luego con la anulación de una tarjeta roja, para que un jugador “hachero” y sin ningún respeto por la integridad física de su colega, pudiera jugar contra el seleccionado de Bélgica. Al final, la madre del portero, pudo verse en las graderías aplaudiendo a su hijo.
No fue la única “torta” que Vozinha se jaló contra la FIFA con su humildad. Sabemos que ella vive cercada por una especie de tentáculos solo vistos en algunos gansterismos registrados históricamente. Es un mundo de Ferrari de alta gama, financiamientos cuya última pregunta – casi nunca se hace – sobre de dónde proviene el dinero poco importa, es plata limpia, aunque llegue a las arcas del futbol fomentando alcoholismos, haciendo triquiñuelas a cuántas Hacienda haya en el mundo, la seguridad social, los contratos etc., no importa como se llame el país.
El portero de Cabo Verde definitivamente no encaja en ese mundillo. Ve el fútbol como solidaridad, para él es una herramienta de superación, de dignidad para con sus semejantes. Durante una entrevista con el periodista Tony Carrasco de la conocida cadena de televisión internacional “Globovisión”, tras el memorable empate 0-0 frente a la Argentina, desafió a esos babosos que defienden la “neutralidad” y “pulcritud” de los paradigmas de este deporte de masas como enajenación; jamás como expresión cultural, sociología, antropología, biología e historia aplicada, medio además de lucha, organización de los pueblos, coexistencia, identidad e independencia.
Mientras para los hinchas argentino todo se reducía sobre sí Messi será campeón goleador, que la Argentina allá y acá, críticas venían e iban, porque “che”, no goleamos a un equipo de unas islas que no tienen ni un millón de habitantes, entre otras expresiones, Vozinha en cambio, recordaba como su pueblo, allá perdido en el Atlántico Occidental africano, en el pasado sufrió terremotos tan terribles, como el ocurrido en Venezuela el pasado 24 de junio.
Expresa durante su conversación, su profunda solidaridad con el pueblo venezolano, deseándoles fuerza y esperanza para superar sus dificultades. (Ver: Instagram de Globovisión / Tony Carrasco).
No solo lanzó su voz de aliento hacia el pueblo venezolano, sino como es característico en el portero, llamó a pelear con todas sus fuerzas para salir adelante. Él conoce mejor que nadie el significado de luchar por un sueño.
Asimismo, la empatía de este referente mundial para con el pueblo latinoamericano no puede pasar inadvertida, pues Cabo Verde, como cualquier nación del llamado Sur Global, es producto de las inhumanas prácticas de quienes ensayan junto el imperialismo, como traducir tragedias humanitarias en miserables ganancias ideológicas y de clase, para llevar agua a sus molinos.
Vozinha, portero del seleccionado de Cabo Verde, anunció que donará la mitad de los ingresos por participación en el Mundial para escuelas y formación de futbolistas. ( F. BBC News).
Los portugueses se asentaron en la isla de Santiago desde 1462. El país tiene una extensión de 4.033 km² y una población aproximada de 525.000 habitantes, con 900 mil personas repartidas por el mundo, en búsqueda de mejores condiciones de vida.
El entrenador caboverdiano, Pedro Leitão Brito, conocido en el mundillo balompédico como Bubista, lejos de desanimarse por la marcada escases de “materia prima” local para su plantel, utilizó las redes sociales para localizar jugadores alrededor del mundo que quisieran integrar la representación de Cabo Verde. Las eliminatorias africanas las ganó invicto.
Sin proponérselo, empero, ofreció una fotografía futbolera de las injustas relaciones entre los países “vampiros” de Occidente industrializado, como los llamó Putin en una oportunidad, y las naciones a las que succionan todavía su sangre de diferente manera en el Sur Global.
Fue gracias a esta estrategia del entrenador, tendiente a echar mano a los emigrados, que Vozinha llegó a cubrir el marco de este seleccionado africano, procedente del cuadro G.D Chaves, de la segunda división de Portugal, donde militó hasta el pasado 30 de junio.
Otro aspecto a destacar de este portero es el momento en que llega su solidaridad con el pueblo venezolano, así como la forma que “desarmó”, quizá sin proponerse, la campaña de laboratorio alrededor del orbe, en ocasión de los dos terremotos arriba de los 7 grados en la escala de Richter.
Según un informe oficial ofrecido el domingo 5 de julio por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, el número de fallecidos asciende ya a 3.342, mientras que losheridos sumaban hasta ese día 16.740.
Por su parte, la presidenta en ejercicio, Delcy Rodríguez, en una conferencia de prensa, anterior a los datos dados a conocer por el parlamentario, desmintió que las viviendas otorgadas durante el chavismo fueron las más afectadas por los temblores.
Anunció que la Fuerza Armada Bolivariana tiene control de la situación y coordina la búsqueda de desaparecidos, así como la remoción de escombros, con lo cual apagó la ilusión de quienes abrigaban la esperanza de posesionar la imagen de un “Estado fallido”, ensayado en los laboratorios de la moderna guerra cognitiva.
Dijo que en La Guaira – el departamento con unos 486 mil pobladores y uno de los 23 más destruidos por dichos terremotos – el 80% de las viviendas afectadas fueron construidas por inmobiliarias privadas y cumpliéndose el Código sísmico de su país.
En esta charla con la prensa nacional e internacional la mandataria recordó que su país está abierto a toda clase de asistencia no importa de dónde proceda, dada la emergencia. No importa la ayuda siempre será bienvenida, dijo.
Estas declaraciones oficiales dadas fuera de nuestras fronteras contrastaron con la cruzada que inició el director de un canal de televisión local, junto a un académico, preocupadísimos, según ellos, por el terremoto acaecido en Venezuela y cómo los gobiernos de Chávez y Maduro habían jugado con los pobres sin casas.
Solo que el director de ese canal nunca sabrá (vi su cabeza pequeña porque ese día lucia peluqueado), que un sismo arriba de 7 puntos en la escala de Richter es difícil que no se traiga abajo innumerables viviendas, tomando en cuenta profundidad del evento, duración, etc.; mientras que el “experto” comentarista no era ingeniero estructural y sabe más de serenatas románticas, boleros y tangos, que el sabiondo de marras. No pregunten de dónde salen estos talentos.
Por eso, Vozinha cobró relevancia en este Mundial, quiérase o no, ya que pocas veces la corrupción del futbol sale solita a flor de piel, con tanta crudeza y sin ambages. Desde un aventurero gringo encargado de regalar relojes Rolex a los seleccionados mexicanos, en agradecimiento por un resultado favorable a él como apostador (los “cracks” aztecas hasta hacían filas para recogerlos), pasando por disfrazar los tiempos de hidratación de los jugadores – les vale un pito el asunto físico – para impulsar comerciales, llamando a consumo de toda clase de mercancías producidas por multinacionales presente en todos los continentes.
La “perla” más reciente nos la obsequiaron el gobernante estadounidense, Donal Trump, y el presidente de la FIFA, el italiano de nacimiento y gringo de sentimientos, Gianni Infantino.
Según cadenas de televisión relacionadas con esta Copa Mundial, el italiano accedió al pedido del gobernante norteamericano para quitar una tarjeta roja al goleador anfitrión Folarin Balogun. De nada valió el “dribling” de Trump. Bélgica despachó a los anfitriones por goleada.
Durante el partido entre USA y Bosnia-Herzegovina, seleccionado que no representaba ningún obstáculo para las ambiciones estadounidense, según los comentaristas de las cadenas de televisión, Balogun, un poco desesperado por la resistencia de los visitantes, entró fortísimo contra un rival, poniendo en peligro la integridad física del otro.
¿Para que VAR y árbitro sí al final las decisiones por parte de quienes deberían dar el ejemplo de “fair play” se las pasan por el arco del triunfo?
En este contexto de corruptela, tráfico de influencias etc., hay que advertir que los reconocimientos de la FIFA para con el portero caboverdiano están lejos de ser sinceros. No nos equivoquemos.
Es un esfuerzo para absorber tanta dignidad representado por un obrero humilde, víctima de las injustas relaciones de producción que nos impone el mismo capitalismo defendido hasta la violencia por Trump e Infantino.
Ambos instrumentalizaron al fútbol cuando la FIFA se suma a más de diez mil “sanciones” contra Rusia, incluyendo a su futbol. Irán anunció que presentará una demanda por la forma que su seleccionado fue tratado en Estados Unidos.
Y Josimar José Évora Dias o Vozinha – es cuestión de gusto como quiera llamarlo – en medio de tanta arena, basura y estiércol en torno al futbol que manejan algunos personajes conocidos, es una especie de oasis en el desierto para la FIFA sí quisiera, al menos, enjuagarse la cara. Limpiarla va a ser difícil.
Ya lo verán en cuanto termine este negocio.
*Ex jefe de la sección deportiva de Universidad, ex corresponsal de Prensa Latina, miembro del Comité Bolivariano de Solidaridad Yamilet López, abogado, notario por la UCR,
Así se mira sitios de La Guaira venezolana dos semanas después del fuerte terremoto. (F de Instagram).
«La libertad significa decir lo que otros no quieren oír» (Orwell, 1949). «La educación crítica no florece en silencio» (Nussbaum, 2010).
Los convenios internacionales ratificados por Costa Rica —la Declaración Universal de Derechos Humanos (ONU, 1948), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (ONU, 1966) y la Convención Americana sobre Derechos Humanos (OEA, 1969)— reconocen que la libertad de pensamiento y expresión es inalienable.
La censura previa está prohibida, y cualquier restricción debe ser clara, proporcional y necesaria. Sin embargo, una circular ministerial abre espacio a la arbitrariedad, contradiciendo estos compromisos. La ley, que debería ser un instrumento de libertad, se convierte en mordaza cuando criminaliza la protesta, censura opiniones o limita la participación política en la educación. Como advierte Chomsky (2017), el control ideológico en las democracias modernas suele disfrazarse de neutralidad, y Butler (2009) recuerda que la censura política precariza la vida y la resistencia. La libertad de conciencia y de expresión es como un rebaño que necesita pastar en campo abierto, bajo el sol de la pluralidad. Sin embargo, cuando el Estado decide vigilar ese campo con lobos disfrazados de guardianes, la neutralidad se convierte en amenaza.
La circular DM‑CIR‑0047‑2026 del Ministerio de Educación Pública, emitida sin consulta y en vísperas de un proceso electoral, pretende garantizar la “neutralidad político‑electoral” en los centros educativos. Sin embargo, al no definir qué es “beligerancia política” y delegar esa interpretación en supervisores —puestos de confianza del propio ministro—, instala al lobo como cuidador de las ovejas. La paradoja es brutal: quienes deberían proteger la libertad de conciencia se convierten en sus vigilantes más peligrosos, transformando la escuela en un corral donde la palabra crítica puede ser castigada como delito. Lo anterior resulta aún más grave en un país donde toda oposición es reducida al estigma de “comunismo”, según lo ha expresado la propia presidenta de la República, reeditando un macartismo tropical que convierte la disidencia en sospecha y la conciencia en amenaza. En este escenario, la neutralidad no es un campo abierto de pluralidad, sino un bosque vigilado por lobos que deciden qué voces sed escuchan y cuáles deben ser silenciadas.
La educación sin debate político es un rebaño sin voz. Nussbaum (2010) insiste en que la libertad de conciencia es el núcleo de la dignidad humana y que la educación crítica no puede florecer en silencio. Sen (1999) vincula la libertad de expresión con el desarrollo humano, mientras Harari (2018) alerta sobre la vigilancia tecnológica que amenaza el pensamiento libre. Han (2012) describe la sociedad del rendimiento como un espacio donde la presión social limita la expresión auténtica. En este contexto, la circular DM‑CIR‑0047‑2026 no es un simple documento administrativo: es un símbolo de cómo el poder puede disfrazarse de neutralidad para domesticar la conciencia.
La metáfora del lobo cuidando las ovejas resume el peligro. El lobo, con su mirada de vigilancia, no protege: acecha. La neutralidad impuesta en las aulas no es garantía de democracia, sino un mecanismo de silenciamiento. Orwell (1949) lo expresó con crudeza: “la libertad significa decir lo que otros no quieren oír”. Si los estudiantes y docentes son obligados a callar, la democracia se convierte en presa fácil. La defensa sindical comienza en la palabra libre, y la educación crítica es el primer muro contra la arbitrariedad.
Referencias
Butler, J. (2009). Frames of War: When Is Life Grievable? Verso.
Chomsky, N. (2017). Requiem for the American Dream. Seven Stories Press.
Han, B.‑C. (2012). La sociedad del cansancio. Herder.
Harari, Y. N. (2018). 21 lecciones para el siglo XXI. Debate.
Nussbaum, M. (2010). Liberty of Conscience: In Defense of America’s Tradition of Religious Equality. Basic Books.
Organización de las Naciones Unidas (ONU). (1948). Declaración Universal de Derechos Humanos.
Organización de las Naciones Unidas (ONU). (1966). Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Organización de Estados Americanos (OEA). (1969). Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Orwell, G. (1949). 1984. Secker & Warburg.
Sen, A. (1999). Development as Freedom. Oxford University Press.
La Defensoría de los Habitantes emitió un informe con recomendaciones dirigidas al Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (CONAPAM) y a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), tras concluir una investigación de oficio que permitió identificar oportunidades de mejora en la respuesta institucional para la atención de personas adultas mayores en condición de vulnerabilidad.
Aunque la investigación determinó que, en el caso analizado, no fue posible acreditar la existencia de violencia psicológica o patrimonial contra una persona adulta mayor, la Defensoría identificó importantes vacíos institucionales relacionados con la prevención, detección y atención de la violencia, particularmente la violencia patrimonial, una de las manifestaciones más difíciles de identificar y denunciar.
Durante la investigación se constató que el CONAPAM aún no cuenta con protocolos institucionales específicos para la atención de todas las manifestaciones de violencia contra las personas adultas mayores y que enfrenta limitaciones significativas de recursos humanos, presupuestarios e infraestructura para atender esta población.
Asimismo, la Defensoría determinó que, si bien la CCSS dispone de diversos lineamientos para la atención de personas víctimas de violencia, estos se concentran principalmente en la violencia física y sexual, sin incorporar de manera expresa la violencia patrimonial como una forma de violencia que requiere mecanismos claros de detección, referencia y articulación interinstitucional.
Es por esta situación, que la Defensoría de los Habitantes le recomendó al CONAPAM dar continuidad al proceso de elaboración y oficialización de lineamientos institucionales para la atención de situaciones de violencia en todas sus manifestaciones, incluyendo expresamente la violencia patrimonial. Asimismo, informar sobre el estado de avance, la fecha estimada de entrada en vigencia y el modelo previsto para su capacitación y divulgación.
Además, alinear y oficializar los procedimientos internos para la atención de requerimientos judiciales derivados de la entrada en vigencia del Código Procesal de Familia de Costa Rica, de manera que se establezcan rutas claras de actuación y derivación de casos. Igualmente, remitir el cronograma de actividades para su implementación, así como el mecanismo definido para su capacitación y divulgación.
A la CCSS se le recomendó incorporar, en los lineamientos institucionales vigentes o en proceso de actualización, disposiciones específicas para el abordaje de la violencia patrimonial contra personas adultas mayores en cualquier atención médica, evidenciando un fortalecimiento en la articulación y coordinación formal entre la CCSS, el CONAPAM, el Poder Judicial y demás instancias competentes.
También deberá establecer un programa permanente de capacitación dirigido al personal institucional, orientado a la atención integral de las personas adultas mayores, que incluya el abordaje de la violencia en todas sus manifestaciones desde un enfoque de derechos humanos y envejecimiento digno, lo anterior en consonancia con los lineamientos institucionales implementados para tales efectos.
Comunicación Defensoría de los Habitantes
Utilizamos cookies y tecnologías similares para mejorar su experiencia en nuestro sitio web.
