Este lunes 5 de septiembre del 2022 se realizó un trabajo colectivo por parte de la Organización Autónoma del pueblo indígena Bribri, Consejo iriria sätkök en el territorio ancestral Yäbamï Dí kàtã (cabagra).
Las labores representan la cultura de los pueblos indígenas en sus territorios.
El pasado 2 de septiembre tuvo lugar la presentación en vivo del libro “Conversando nos entendemos» en el Facebook del Centro Bartolomé de Las Casas, la cual contó con los siguientes participaciones:
Comentaristas:
Moderadora:
En la transmisión se presentaron imágenes sobre la realidad nacional de las comunidades indígenas y algunas labores que se realizan con la población. Seguido de esto, cada uno de las personas comentaristas expuso su interpretación del libro y sus pensamientos a partir del mismo, haciendo una transmisión muy interesante y llena de variadas opiniones y puntos de vista que sirven para enriquecer el mensaje que nos deja este gran libro. También se presentaron algunas iniciativas, eventos multidisciplinarios los cuales presentan una gran oportunidad para interactuar con otras culturas y disciplinas.
Puede ver el video en el siguiente enlace: https://www.facebook.com/379683552050833/videos/3340516429605372/
El señor Sergio Ortiz Pérez, trabajador del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y presidente de la Asociación Costarricense de Telecomunicaciones y Electricidad (ACOTEL), manifestó su preocupación por el acuerdo alcanzado entre el Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT), Radiográfica Costarricense S.A (RACSA) y el Poder Ejecutivo, el pasado 07 de septiembre, para la devolución al Estado de las frecuencias concesionadas al ICE, vía ley, para la explotación de la tecnología 5G.
En su mensaje, el señor Ortíz comenta que implementar esta tecnología conlleva un tiempo prudencial extenso, contrario a lo señalado por los jerarcas interesados en llevar a cabo la instalación de la red en el país, además, el hecho de que Costa Rica cuente con la red 5G implicaría la renovación de los aparatos tecnológicos a unos que puedan acceder a tal tecnología, generando así gastos innecesarios para las personas y el Estado mismo.
Por otra parte, no se ha detallado cuáles son las frecuencias que la institución debería devolver y cuáles se dejaría para su explotación. En tal caso, esto conlleva un problema importante, pues el ICE, como se conoce en la actualidad, podría desaparecer, dado que no cuenta con los recursos suficientes para competir con las grandes empresas de telecomunicaciones.
Finalmente, criticó al señor Marco Acuña, presidente ejecutivo del ICE, por la decisión tomada en torno a la institución y la carencia de seguridad para el mantenimiento del Estado Social de Derecho en el país.
El señor Sergio Ortiz expresó su descontento con declaraciones del señor Marco Acuña, presidente ejecutivo del Instituto Costarricense de Electricidad, en relación al trabajo de la institución, refiriéndose a ésta como obsoleta y necesaria de reformar, a pesar de que el modelo eléctrico en Costa Rica es de los más sobresalientes a nivel mundial, y la institución como tal es una de las más robustas.
De igual forma, comentó que las pretensiones del señor Rodrigo Chaves Robles, Presidente de la República, de reducir a toda costa el precio de la electricidad en el país, pondría en riesgo la seguridad, calidad y respaldo del sistema eléctrico nacional, de manera que, “en lugar de defender la institución, pareciera que velan por intereses particulares”, destacó el señor Ortiz, e hizo hincapié en los problemas que ha generado intentar limitar la labor del ICE, refiriéndose a los que ha provocado la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) por la fijación de tarifas, que lo ha hecho tener pérdidas millonarias.
Puede observar el vídeo completo en el siguiente enlace: https://www.facebook.com/100000642205013/posts/pfbid02ypRScU7fQLyB8kw5VaPotm1gC9YDRibQGk6eMSMzRCVhQJV2A82eA7cuFvBzYoZul/?sfnsn=wa
Imagen tomada de: https://revistaconstruir.com/ice-electrifica-zona-rural-con-paneles-solares/
Comunicado 04-2022
Concejo Municipal de Belén pide a la Alcaldía hacer respetar fallo de la Sala Primera sobre el Humedal de La Ribera
Respeto absoluto al fallo de la Sala Primera de Justicia, fue el acuerdo tomado por unanimidad por parte del Concejo Municipal de Belén en la sesión 52-2022 del pasado 6 de setiembre, tras conocerse los alcances de la resolución 000191-F-S1-2022 que ha devuelto la esperanza de supervivencia al Humedal de la Ribera.
El acuerdo de forma íntegra indicó: solicitarle a la Alcaldía Municipal procedan a desarrollar todas las acciones legales suficientes y necesarias para que la Municipalidad de Belén haga respetar lo resuelto en esa sentencia en todas las instancias administrativas y judiciales que lo requieran de acuerdo al bloque de legalidad y se le informe al Concejo de los avances.
De previo al acuerdo, las regidurías de la coalición Unión Belemita celebraron el fallo de la Sala Primera, y señalaron que es hora de que el Gobierno Local como un todo, acepte, en definitiva, que el tamaño total del Humedal ya no es objeto de discusión, por cuanto se ha oficializado que “el perímetro que demarca el humedal de La Rivera de San Antonio de Belén, el cual fue demarcado conjuntamente por la Dirección General del Área de Conservación Cordillera Volcánica Central y la Municipalidad del Cantón de Belén” , es de 13 219,9 metros cuadrados ratificado así por el Instituto Geográfico Nacional (IGN) en el oficio No 08-01014 del 26 de agosto de 2008.
La regidora María Antonia Castro señaló, en esa dirección, que inclusive el procurador que ha llevado el caso ha señalado ya que no se puede tramitar solicitudes contrarias a la normativa que protege el humedal.
‘’El señor procurador está en este caso desde el 2007, no le van a decir que el humedal no es lo que es, porque ya él lo sabe perfectamente. Otro ejemplo que quiero dar es el oficio AAA 453-2013 del señor procurador dirigido a Gladis de Marco de la oficina de Alajuela del Área Cordillera Volcánica Central del MINAE que en razón de todo lo expuesto: lo propio es abstenerse de tramitar solicitudes contrarias a la normativa de rango superior que rigen en el humedal de La Ribera de Belén y observando el debido proceso de negar las que se encuentren en curso’’. Relató Castro.
Inclusive el propio Concejo Municipal había oficializado el humedal mediante el acuerdo 20 de la sesión #59-2007 y acogió la demarcación del IGN en el artículo 06 de la sesión #06-2012, indicando:
“PRIMERO: Informar a la Comisión de Seguimiento del Plan Regulador y a toda la Corporación Municipal que el Concejo acogió las determinaciones y descripciones sobre el Humedal de La Ribera de Belén en los documentos: oficio 08-01014 de 26 de agosto de 2008, del Instituto Geográfico Nacional y en el oficio AAA-1331-2011 de Lic. Mauricio Castro Lizano, Procuraduría General de la República. SEGUNDO: Instruir a la Secretaría para realizar la comunicación como corresponde. TERCERO: Incorporar al Expediente”.
Para el regidor Luis Rodríguez ya no hay discusión sobre la condición de humedal lacustrino, pues está claro y oficialmente declarado como tal, con todo el radio de protección de 50 metros que dicha condición otorga:
‘’Es un humedal lacustrino lo que otorga 50 metros de protección en sus márgenes. Ahora ese humedal fue declarado lacustrino por el SENARA que es el rector en aguas subterráneas y es una laguna según SINAC que es el rector en materia de humedales. Ahí no hay discusión. El que se drene el humedal no hace que se pierda la condición de lacustrino y, es más, drenar un humedal es delito penal, hay que volverlo a su condición inicial porque ahí alguien cometió un delito penal’’. Advirtió Rodríguez.
El énfasis de los ediles en señalar la oficialidad y el tamaño del humedal se da porque en el fallo del Tribunal Contencioso Administrativo N° 29-2020-VIII los magistrados habían condenado al Municipio y fallado a favor del empresario Fabio Chaves y su proyecto de Prados de Belén, en base a que la parte municipal omitió señalar la existencia, tamaño oficial y área de protección del humedal, dando de esta forma pie a una duda que a hoy ya no existe.
En aquel momento los jueces consideraron “No cabe acá sostener una duda, cuando, se reitera, el municipio cuenta con los recursos técnicos y legales para establecer la lesión pretendida al interés público”. El juez Jonatán Canales Hernández explicó que la desestimación de la acción dependió de un error procesal de bulto, como lo fue que no se haya impugnado el permiso original de edificación en el sitio”. Además, agregó: “se debe prevenir a la demandada, tienen el deber de respetar la integridad del humedal y las nacientes y sus zonas de protección fijada por la ley”
Sala Primera si consideró el fondo.
Contrariamente a la resolución del Contencioso, la Sala Primera de Casación si señaló categóricamente que la protección del humedal era importante en la resolución final que vaya a tener el tema.
En el considerando III de la resolución, los magistrados señalaron que ‘’En consecuencia, hay un aspecto subyacente que resulta primordial, —por ello no puede dejarse de lado al momento de resolver la controversia—, a saber, está de por medio un bien de dominio público, que atañe a la protección del medio ambiente (norma 50 de la Constitución Política), y perteneciente al patrimonio natural del Estado (PNE), por lo cual concierne al interés público’’.
Por ello ordenaron volver a juicio en el Tribunal Contencioso Administrativo, con la novedad de que esta vez, la Procuraduría General de la República no participará como un tercer interesado en el litigio, sino como una parte activa en la defensa del patrimonio natural del Estado, en este caso, el Humedal. Igualmente, el SINAC será una parte activa en este nuevo juicio.
En criterio del regidor Ulises Araya, esta nueva oportunidad obliga al municipio a no volverse a equivocar con el tema de la ya oficializada área total del humedal.
‘’No hay y no debería existir más esta nebulosa absurda de que no se sabe de qué tamaño es el humedal, se sabe a plenitud y en consecuencia nuestro municipio debe corregir y actuar’’. Recomendó Araya.
Antecedentes al fallo de la Sala Primera.
En el año 2000, el empresario Fabio Chaves abrió 2 canales provocando el dragado del humedal de forma ilegal, lo que ocasionó la intervención de los vecinos que se le enfrentaron y se interpusieron ante la maquinaria y las bombas que drenaban, ocasionando daños al espejo de agua, hasta hoy.
Posteriormente, pese al grave daño ecológico y la muerte de tortugas, langostinos y peces, la Municipalidad de Belén otorgó ilegalmente permisos de construcción en el año 2004, y no fue sino hasta seis años después, que el Concejo Municipal, en el 2010 solicitó la anulación de los permisos mediante el procedimiento de lesividad que originó el juicio en el Tribunal Contencioso Administrativo.
En el 2020 dicho tribunal emite la resolución N° 29-2020-VIII donde falla a favor de Chaves y mantiene los permisos de construcción, momento en que la Dirección Jurídica de la Municipalidad recomienda al Gobierno Local declarar los permisos ‘’válidos y eficaces’’, recibir las obras de Prados de Belén y, no interponer recurso de casación a la resolución.
En aquel momento dicha dirección jurídica afirmó que la recomendación de no apelar se debía a que: los razonamientos esgrimidos por los integrantes de la Sección VIII del Tribunal Contencioso, en la Sentencia 29-2020-VIII, consistentes en atribuir falencias a la declaratoria de lesividad, por la falta de desarrollo de los motivos de nulidad, que afectarían los permisos de construcción cuestionados por esta Municipalidad, es un argumento que no podría subsanarse jurídicamente por medio de un recurso de casación’’.
Esta recomendación ocasionó posiciones divididas en el Concejo Municipal que deliberó entre si acoger o no lo que solicitaba la Dirección Jurídica, y pese a que en un primer momento los regidores rechazaron por voto 3 a 2, la propuesta; en la sesión #21-2020 del 21 de abril del 2020, una semana después la regidora del PUSC Lorena González, solicitó una revisión al acta y cambió su posición, por lo que el Concejo Municipal terminó aceptando la recomendación del director jurídico en la sesión #22-2020 del 28 de abril de ese año
Pero la historia no terminaría ahí, decenas de vecinos de Belén enfurecidos por la decisión de no apelar el fallo y declarar los permisos de construcción ‘’válidos y eficaces’’ juntaron 258 firmas e interpusieron un Recurso de Apelación en Subsidio y Nulidad Concomitante que se conoció en la sesión #25-2020 del 12 de mayo del 2020.
Esa misma noche el polémico acuerdo, fue anulado, tras propia recomendación de la Dirección Jurídica, quien al enterarse de que la Procuraduría de la República si había recurrido el fallo ante la Sala Primera, solicitó la anulación al Concejo Municipal debido a que el tema ‘’no era cosa juzgada’’. Pese al Concejo anular el acuerdo, ya para ese momento había vencido el plazo para presentar la apelación ante Casación, motivo por el cual finalmente le correspondió únicamente a la Procuraduría General de la República acudir a la Sala Primera, con un resultado afortunadamente victorioso.
‘’Son 22 años de esta lucha, a los primeros que hay que agradecerles es a los vecinos que no se han cansado. Tenemos que unirnos y seguir defendiendo el humedal y corregir los errores que se cometieron en el pasado, estamos en el momento para hacerlo y seguir adelante. Pero sí debemos recordar que esos errores nos llevaron a un proceso muy largo y eso costó tiempo y dinero’’. Indicó la regidora Marjorie Torres.
San Antonio de Belén, 8 de setiembre del 2022
Video disponible en el siguiente enlace:
Compartido con SURCOS por la Oficina de prensa de la Coalición Unión Belemita.
SURCOS comparte la siguiente información:
El Sindicato Nacional de Enfermería lo invita a inscribirse a la Carrera SINAE AFINES 2022, “Por una Salud de Alto Desempeño” y rinde homenaje a los trabajadores de la CCSS, que han combatido por más de 2 años y tres meses la pandemia por COVID-19. La carrera será de 5 y 10 km y es apto para cualquier persona que quiera practicar deporte y se tomarán todas las medidas de seguridad, la carrera contará con múltiples estaciones de hidratación en todo su recorrido
Con tu asistencia también brindas ayuda a las personas en situación de calle mediante la obra social que lleva a cabo el Hogar San José.
¿CÓMO ME INSCRIBO?
¡Muy sencillo! Debes ingresar a la página de Sport Wens (adjuntamos link) y seguir los pasos…
https://www.wens.pro/evento/?id=458&nombreCarrera=SINAE%20AFINES%202022
INVERSIÓN:
Fecha: 23 de octubre, 6:00 a.m. frente al Ministerio de Salud, San José
SURCOS comparte la siguiente información:
En el marco de las Jornadas de Investigación, Acción Social y Docencia, de la Facultad de Ciencias Sociales, se estará presentando un panel llamado «Conflictos, ambiente y territorios desde la Acción Social: el caso de Kioscos Socioambientales», donde se compartirá algunas reflexiones y debates sobre el trabajo por más de 15 años.
La actividad se llevará a cabo en la sala grande la Biblioteca Eugenio Fonseca Tortós, de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Costa Rica, el día martes 13 de septiembre a las 2:30 p.m.
SURCOS comparte la siguiente información:
Este próximo sábado 17 de setiembre a las 3pm, estaremos realizando el Festival por la Absolutoria de Orlando Barrantes de forma virtual y transmitido por el Facebook «Libertad para Orlando Barrantes».
Contaremos con expresiones artísticas de poesía, música, circo, performance y mucho más! Además estaremos explicando los detalles del juicio político que ha tenido que soportar el compañero Orlando Barrantes por 22 años y que continúa este próximo miércoles 21 de setiembre en el que sería el octavo juicio por la misma causa, violándose su derecho a una justicia pronta y cumplida. Esta es una situación que nos incumbe a toda la comunidad nacional e internacional, pues a Orlando se le judicializa por ser un luchador social, que ha dedicado toda su vida a defender causas justas y luchar por los derechos de las poblaciones más vulnerables.
Todxs somos Orlando Barrantes!
La protesta es un derecho, no un delito!
Absolutoria para Orlando Barrantes!
Página de la campaña: clic aquí.
Lic. Javier Francisco Cambronero Arguedas
Sobre lo que ocurre en el mundo y en nuestro país durante la primera mitad de 2022, podríamos citar muchas cosas. Pero pocas de ellas con una incidencia tan directa y temible para los trabajadores asalariados como el desfogue y asalto que estamos viendo/siendo con nuestros aportes a los regímenes de pensiones complementarios, donde operadoras, de naturaleza privada y pública, en sí mismas se han transformado en poco tiempo en aliadas de los personas trabajadoras a ser de sus mayores enemigos cual pócima venenosa con que se “embadurnó una hermosa y sabrosa manzana roja”
La Ley de Protección del Trabajador que da origen al surgimiento de fondos de ahorro de parte del salario de las personas trabajadoras, del aporte nuestro y sus patronos, cuando existe empleo formal. Surge a raíz de la transformación el auxilio de cesantía –consagrado en nuestro Código de Trabajo- y del aporte del 0,5% de nuestro salario, convertido en ahorro obligatorio destinado en eses entonces para la capitalización del Banco Popular y de Desarrollo Comunal. Ley que recién cumple 20 años y dentro de los loables y nobles fines con que fue creada, destaca la justa universalización del derecho a la pensión. Cómo se logra esto? con una “renuncia” que en el presente hacen los trabajadores de algo que es de su propiedad, parte de su salario; con miras a tener ahorros suficientes a asegurar una vejez digna, cuales bellos abuelitos icónicamente vemos en cuentos como Caperucita Roja y Geppetto. A ver, estos ahorros que hacemos en el presente, que hacen que nos limitemos en la posibilidad de vivir bien ya, de viajar, adquirir algún bien mueble o inmueble o emprender alguna actividad económica que complemente mis ingresos, es pospuesta.
Dichos ahorros de millones de personas trabajadoras, producidos con su esfuerzo, dedicación y sudor se han transformado en impresionantes masas de dinero -10 mil millones de dólares-, de manera que tientan a más de uno. Han dado origen a la participación de diversas operadoras, la mayoría de ellas del sector financiero nacional y transnacional, pues aquí la banca privada disfraza en gran medida a la gran banca internacional. Estas a su vez han creado una robusta, frondosa y depredadora burocracia que se confunde también con la SUPEN, que aun no entiendo a quién defiende, si a las operadoras, que no ocupan que nadie las defienda, o a nosotros como trabajadores y ahorrantes. Es decir, alguien podría decirme que somos tan tonticos que como no sabemos administrar nuestros cinquitos requerimos de otros que los manejen, inviertan y decidan qué hacer con mi plata, sí mi plata. Y no es sino, que para ello se requiera la creación de una superintendencia conformada por profesionales que sabrán hacer las del rey Midas, transformar lo nuestro en mayor riqueza, al hacer que nuestro aportes produzcan generosos rendimientos, con lo cual mi retiro este asegurad y pueda dormir a pierna suelta.
Pero ese sueño puede ser interrumpido por una terrible pesadilla y en vez de salir de los brazos de Morfeo para ser arrullado por ángeles, arcángeles, querubines y otras divinidades, sea violentamente pellizcado y atormentado por harpías, gárgolas y otros demonios, y que también mordisquean nuestros fondos.
Patrióticamente desde mediados de junio sólo un medio informativo ha intentado alertar a la población costarricense lo que silenciosamente ha venido ocurriendo con los millonarios fondos de ahorros de millones de personas trabajadoras. Me refiero al Semanario Universidad.
Dichos fondos a la fecha representan el equivalente a 10 mil millones de dólares (SUPEN, Bco. Ctl. Operadoras han perdidos 162 mil millones de colones último trimestre –Pág. 10 Semanario Universidad cita CONASSIF y SUPEN) ese valor sumado a otras cuentas permite colegir que ROP es más pequeño en mayo 2022 que mayo 2021, pues 284 mil millones de colones que habían, ya no están.
Estos temas pueden verse lejanos como la guerra entre Ucrania y Rusia, sin embargo al igual que ella nos impacta directamente. En mi caso particular como ahorrante y perteneciente a una de las operadoras desde hace 20 años, les comparto el último estado financiero que ha enviado la operadora. S situación debe ser similar la aparición de números rojos porque los inútiles que administran mis ahorros han tomado pésimas decisiones, desde sus cómodos sillones, de las cuales nunca dan cuentas y pareciera no importarles mis cinquitos, pues a mí sí, y a lo mejor si me dejasen tomar decisiones sobre el uso de esos recursos podría obtener mayor rentabilidad mayor ganancia, ahora en edad productiva, no quizás cuando me aceche la vejez –que es seguro llegará a menos que pasemos a mejor vida -y dicho dinero engordará a clínicas y médicos que probablemente atienda mis dolencia por lo que la CCSS no pueda velar para una mayor calidad de vida. La pregunta es si esos fondos estarán allí cuando mi familia y yo verdaderamente los necesitemos. La SUPEN y CONASSIF, pesadas cargas sobre los hombros de los costarricenses, que parecieran no servir para nada y no ejercer adecuada vigilancia, parecen ser parte del problema y por muy lejos de ser parte de la solución. Menos aún con la llegada de la siniestra figura de Rocío Aguilar. Personaje de ingrata y triste memoria, quien antes de llegar a estos entes del sector financiero –tras concesión graciosa de Carlos Alvarado Q.- fue contralora y ministra de Hacienda. En este último puesto fue acreedora de una sanción con una suspensión de un mes que nunca ejecutó. O sea, se convierte impunemente en la única funcionaria pública que se acredita una sanción disciplinaria, que nunca cumplió; fue protegida y posteriormente aparece tan campante en un puesto, donde se ha caracterizado por hacer daño a la economía de los hogares costarricenses. Desde su llegada a los órganos regulatorios del sector financiero ha propiciado el deslizamiento de fondos de operadoras de pensiones hacia mercados internacionales, mismo que en diversas áreas se comporta como una ruleta rusa y generando una mayor presión en la compra de divisas en el país que se traduce en sendos aumentos en el costo de vida y mayor inflación. De los últimos avisos que tenemos de los barones y las damas que regulan el sector financiero es impulsar reformas para que entes como CAJANDE y la SSVMN no puedan ser manejadas por maestros como histórica y centenariamente lo hemos hecho con gran suceso y transparencia. Desean que sean sólo sean especialistas en bancas, finanzas y otros embrujos, que son los mismo que nos tiene en esta situación. No veo a la misma SUPEN promoviendo alguna reforma para que parte de dichos recursos puedan ser devueltos a sus verdaderos dueños en este momento de crisis salarial, dado el estado de congelamiento que experimentan desde años atrás. Y mucho menos modificar la forma en que se calcula el beneficio una vez que el trabajador se acoja a la jubilación que es la devolución de sus ahorros, hecho con gran sacrificio, calculando una edad de 115 años…sí leyó bien, 115 años, como si eso es lo que fuéramos a vivir. Ofensa más grande a la inteligencia no he visto cuando nuestra esperanza de vida según el INEC (2022) es de 83, 5 años para las mujeres y de 78,3 para los varones.
En mi caso para este periodo (2022) acumulo pérdidas superiores a 1 355 000 colones y les aseguro que aún así estos desengarzados religiosamente sí cobraron su comisión sobre el manejo de mi cuenta, al igual que a ustedes.
Generemos suficiente presión ante estas entidades y el organismo que nos representan, dejemos la pasividad y modorra, a un lado. Directamente podemos incidir en directivas de Vida Plena y del Banco Popular, para que sus operadoras se torna más humanas, sensibles y solidarias. NO ES CARIDAD, no es la historia bíblica de Lázaro y el rico Epulón, es que deseamos no que quede algo al final de nuestra vida laboral, sino que haya lo que merecidamente hemos ahorrado, y no una condición cercana a la indigencia donde debamos tender la mano para pedir limosna, sobre lo que realmente nos pertenece. Presión a dichos entes, a los partidos políticos, a la Defensoría de los Habitantes, a los organismos que nos representan. Hemos iniciado una carrera contra el tiempo y contra los tentáculos y espíritu depredador de algunos desamados, nos arrebatan lo que por derecho propio nos pertenece.
Parafraseando la frase que le dijese su madre al sultán Boabdil ante la caída de Granada durante la Reconquista Española “No llores como niño, lo que no supiste defender como un hombre” invito en esta mes de la patria a inflamar nuestro espíritu de una llama de rabia transformada en propuesta, en construcción en garantizar nuestra capacidad de incidir para que haya cambio, resultados en los próximos meses. ¡La democracia nos lo garantiza¡
11-IX-22
Por Memo Acuña. (Sociólogo y escritor costarricense)
Resulta evidente que las fuerzas sociales en el poder en Costa Rica han encontrado un terreno fértil para echar a andar la maquinaria privatizadora y recortista hacia el estado costarricense. Los vientos de ventas de activos como el Banco de Costa Rica presagian una temporada compleja en el campo ideológico y también en el político.
Lo vienen haciendo desde hace ya más de cuatro lustros, cuando posicionaron primero el discurso de la ingobernabilidad, luego el del déficit fiscal y posteriormente el del tamaño y eficiencia del Estado.
Al finalizar los años noventa ya la onda privatizadora había ganado sus primeros activos. He recordado durante estos días la compra de Fertilizantes de Centroamérica (FERTICA), empresa estatal, por parte de un consorcio empresarial chileno.
Ubicada en Puntarenas, en el Pacífico costarricense, su planta empleaba una importante cantidad de personas trabajadoras en diversas labores del proceso. Las mismas estaban organizadas en la defensa de sus derechos sociolaborales en la Asociación de Trabajadores de FERTICA (ATFE).
Al ser vendida, empezaron los conflictos y los despidos. Y la organización sindical, combativa, resistente, inició una feroz lucha que aún fuera ya de la empresa, despedidos todos sus miembros, se continuaba defendiendo de los embates del grupo empresarial comprador.
Realizo mis primeras armas como asistente de investigación social en aquella época. Acompaño un trabajo sobre la ruptura de acuerdos colectivos en el marco del estado costarricense como parte del contexto del Ajuste Estructural, realizado por la economista costarricense María Eugenia Trejos. Por esa razón me he citado con Don Marco, secretario general del sindicato de trabajadores de FERTICA en su casa. Es noviembre de 1996.
Es una mañana azul absoluta. Don Marco me da las coordenadas: El Cocal de Puntarenas, frente al mar. Nos disponemos en un pequeño rancho de techo de paja en la playa y enciendo la grabadora con un primer casette de 90 minutos.
Me relata el plan orquestado en el que supuestamente la empresa sería vendida a los propios trabajadores a través de acciones. De cómo ese proceso devino primero en la intromisión de consorcios con capital disponible, el aumento del valor de las acciones, impagable para las personas trabajadoras y la pérdida de su participación en la compra. Allí inició un camino de atropellos a los derechos laborales, que acabó con el despido de cerca de 50 personas trabajadoras.
Lo que en principio sería una entrevista individual con Don Marco terminó siendo un grupo focal frente a la playa. Recuerdo cerca de seis personas, todas pertenecientes al sindicato, conversando animadamente sobre su trabajo, la privatización y sus situaciones personales y familiares de aquel entonces.
Siete casettes con valiosa información sobre los derechos laborales y un aprendizaje para mí como incipiente investigador social, fueron el resultado de la jornada.
El inicio de la venta de FERTICA fue anunciado como un plan para “democratizar” su propiedad. Ciertamente ese fue el discurso original que luego se tradujo en participación empresarial de capital privado de altos manejos financieros.
Me temo que los vientos de venta de activos estatales en la actualidad van en la misma dirección y esta vez con una organización laboral debilitada, casi inexistente. El camino está servido y es posible que estemos ante la presencia del tramo final del proceso de reforma del estado costarricense.
Ante esta realidad es urgente diseñar una respuesta colectiva y plural. No queda otro camino.