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Extensión y Acción Social desde una nueva forma de trabajo a distancia

Escrito en . Publicado en Comunidad, Derechos.

El jueves 30 de julio desde las 9:00 hasta las 11:00 a.m., CONARE le invita al WEBINAR “Extensión y Acción Social desde una nueva forma de trabajo a distancia”, el cual estará dirigido a personas que realizan extensión y acción social.

Se contará con la participación de Silvia Rojas Herrera, coordinadora general del Programa Interdisciplinario Costero de la Universidad Nacional; Hazel González Araya, directora de Danza Universitaria de la Universidad de Costa Rica y Andrea Suárez Serrano, coordinadora general del Centro de Recursos Hídricos para Centroamérica y el Caribe.

Si usted desea participar, puede ingresar mediante el enlace o el código qr que se encuentra en la siguiente foto.

 

*Imagen ilustrativa, Acción Social, UCR.

Desatención del Estado colombiano y COVID-19 incrementan riesgo de exterminio del Pueblo Siona

Escrito en . Publicado en Derechos, Salud.

Washington, D.C., Quito y Bogotá, D.C., 9 de julio, 2020.– El incumplimiento por parte del Estado colombiano en la adopción desde una perspectiva étnico diferencial de las medidas cautelares dispuestas desde hace 2 años por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos  (CIDH) a favor del Pueblo Siona de los Resguardos Gonzaya (Buenavista) y PoPiyuya (Santa Cruz de Piñuña Blanco), sumado a la crisis mundial sanitaria provocada por el coronavirus (COVID-19), han agudizado el riesgo de su exterminio físico y cultural.

Esta fue la denuncia presentada en una reunión de trabajo el día de hoy ante la CIDH por parte de las  autoridades tradicionales y políticas de la comunidad, en conjunto con sus representantes, Amazon Frontlines, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR) y la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES), quienes exigieron que el Estado colombiano cese de utilizar la pandemia para validar su inacción y falta de avance en el cumplimiento de las medidas de protección dispuestas por la CIDH para prevenir las injerencias y acciones violentas de grupos armados en el territorio Siona.

“La pandemia ha sido la excusa perfecta para la inacción del Estado. No hay ningún avance en el cumplimiento de las medidas cautelares. Esperamos que la CIDH, en cuanto se pueda, realice una visita de verificación al territorio y la emisión de una resolución de seguimiento de las medidas cautelares”, dijo Mario Erazo Yaiguaje, Dirigente del Territorio Siona del Resguardo Buenavista.

Mientras la mayoría de la población respetaba el aislamiento preventivo obligatorio ordenado por el Gobierno Nacional en respuesta a la pandemia, la falta de presencia del Estado en el territorio Siona profundizó la situación de vulnerabilidad de la comunidad, llevando a un aumento de la presencia y fortalecimiento de distintos actores armados ilegales, quienes pretenden ejercer control territorial y social de las comunidades Siona. Además, se ha intensificado el riesgo de reclutamiento de niños, niñas y adolescentes en los Resguardos, así como las amenazas contra la población y sus dirigentes, ocasionando incluso el desplazamiento forzado de una familia Siona y la amenaza contra otros grupos familiares .

El retraso en la respuesta eficaz de las instituciones gubernamentales quedó en evidencia el pasado 17  de junio, cuando se presentó una violación a una niña siona en el Resguardo Buenavista, y a pesar de que se logró la captura en flagrancia del agresor no indígena por parte de la Guardia Indígena, el Estado tardó más de 3 días en recibir al detenido para su judicialización, sometiéndonos a un escenario de afectaciones sicológicas comunitarias, presiones por parte de los actores armados ilegales, riesgos de impunidad en este caso concreto, falta de garantías para la niña víctima de violencia sexual agravados por el contexto de la pandemia por el COVID-19, que hace aún más ineficiente a los operadores de justicia convirtiéndonos de nuevo en víctimas del sistema judicial.

Por otra parte, la única medida de respuesta estatal frente al Covid-19 fue la entrega de una ayuda alimentaria limitada, la cual ha sido insuficiente toda vez que no hay contención de los riesgos ni una respuesta idónea con información culturalmente apropiada, en idiomas propios o distribuidos por canales eficientes y accesibles. Tal y como fue denunciado públicamente, los actores armados ilegales que pretenden ejercer control territorial en el Departamento del Putumayo han amenazado de muerte a quienes presenten síntomas de contagio durante la pandemia. Además, no ha habido entrega de implementos de bioseguridad a la Comunidad, y particularmente a la Guardia Indígena.

“El último intento para una reunión de concertación se realizó el pasado 17 de diciembre de 2019 en la ciudad de Puerto Asís. Luego de aquello en el mes de febrero la Cancillería y Min Interior pretendió realizar reuniones bilaterales entre beneficiarios y entidades en Bogotá, excluyendo a los peticionarios y desconociendo los mecanismos de gobernanza y participación propios de los beneficiarios. La respuesta estatal es desarticulada, tardía, desconoce criterios étnicos y está condicionada a una oferta institucional genérica y que no toma en cuenta la situación de riesgo y gravedad. El Estado debe reconocer que se ha incrementado el riesgo al Pueblo Siona. Su desaparición del territorio está poniéndoles al borde de la extinción. Nuevamente, recalcamos la urgencia de que se cumplan las medidas cautelares”, dijo Lina María Espinosa, abogada de Amazon Frontlines.

Al concluir la reunión, se solicitó a la CIDH emitir una resolución de cumplimento de las Medidas Cautelares otorgadas de conformidad con resolución 02-2020 y que incluya visita in situ cuando se den garantías por contexto covid. Al Estado colombiano que cumpla inmediatamente y de forma concertada y con enfoque etnico diferencial las medidas cautelares otorgadas, de manera particular se deben concertar e implementar con urgencia medidas que lleven a un cese del reclutamiento forzado de jóvenes Siona, desplazamiento forzado y amenaza contra integridad de dirigentes y autoridades comunitarias.  Ante el Covid-19, el Estado colombiano deberá implementar medidas de bioseguridad y asistencia humanitaria para garantizar la integridad, seguridad y pervivencia del pueblo Siona, especialmente la entrega de material y equipos a la Guardia Indígena.

 

*Imagen tomada de https://www.aa.com.tr/

Renta básica, pacto social y pacto fiscal

Escrito en . Publicado en Derechos.

En un video de dos minutos, Jonathan Menkos del Instituto Centroamericano de Estudios Sociales, expone los fundamentos éticos, políticos y conceptuales de la renta básica como parte de un acuerdo de la sociedad que incluya un pacto por la justicia tributaria.

En primera línea por Costa Rica

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo, Derechos, Salud.

En primera línea con una enorme carga de moral para pedirle a la UCCAEP que frene ya su oprobiosa dinero-manía y que aspiren al menos a hacer un verdadero ejercicio humano patriótico que evite más pobreza extrema, pobreza, informalidad, concentración de riqueza.

Lo que suceda en el corto y mediano plazo en el país será responsabilidad exclusiva de este sector aliado con un Gobierno débil y un Congreso muy efectivo en destruir el Estado Social de Derecho.

Juan Carlos Durán Castro
Secretario de Seguridad Social CTRN

Justicia para Sergio, Jerhy y los Pueblos Originarios

Escrito en . Publicado en Derechos.

Durante la escalada de violencia, de febrero y marzo, en los Territorios Brörán de Térraba, Bribri de Salitre, Iríria Sá Ka (conocido como Cabagra) y Cabécar de China Kichá, la Coordinadora de Lucha Sur Sur contabilizó más de 60 hechos de violencia.

Estos se desagregan en 17 tipos de incidentes (agresiones por parte de turbas, rocío de químico, incendios en recuperaciones entre otras) y 10 personas lideresas de Pueblos Originarios amenazadas de muerte.

A la fecha, ninguna persona no indígena ha sido llevada a la justicia por la escalada de violencia.

Tampoco hay mayor claridad sobre los procesos que emprenderá el Estado para que la peor escalada de violencia, de la historia más reciente en esos Territorios NO se repita.

Compartimos este mensaje sobre lo vivido en febrero y marzo en los Territorios de los Pueblos Orirginarios de la Zona Sur. Este material forma parte de la campaña informativa “Justicia para Sergio, Jerhy y los Pueblos Originarios”; de la Coordinadora de Lucha Sur Sur (CLSS) con el apoyo de Ditsö y Voces Nuestras.

¡JUSTICIA PARA SERGIO, JERHY Y LOS PUEBLOS ORIGINARIOS!

COVID: nuestra crisis

Escrito en . Publicado en Análisis, Derechos.

Manuel Delgado

Los 300 casos nuevos diarios que estamos teniendo es una muestra del fracaso de la gestión que nuestros gobernantes están haciendo de la pandemia.

La política del gobierno ha fracaso porque precisamente este decidió no tener política y dejar la pandemia en manos de las empresas, en manos del capital. Son las empresas las que deciden qué se hace, dónde se hace y cuándo se hace. Veníamos orgullosamente bien, pero de pronto el ministro Salas, a quien todos queremos, se quedó solo, limitándose a leer la cada vez más triste estadística diaria, sometido al capital, con las orejas bajas.

Siento que aquí, en mi país, la respuesta a la pandemia es muy similar a la de Brasil o Estados Unidos: laissez faire, laissez passer, que todo irá de la mano de dios. Para citar solo un ejemplo, son tristemente ridículas las decisiones en torno al uso de las mascarillas. Ellas son obligatorias en Europa desde hace meses e incluso en algunos estados de Estados Unidos desde hace semanas. Pero aquí apenas el viernes pasado se les declaró obligatorias y solo en lugares cerrados. La mascarilla es un instrumento básico en la lucha contra el virus, pero es además un símbolo. Trump y Bolsonaro las han combatido precisamente como instrumento de su política de no hacer nada y dejar libre a los dueños del capital. Parece que lo mismo pasa en Costa Rica.

Es curioso que muchas personas, especialmente las más proclives al partido de gobierno, insisten en que la incidencia (cantidad infectados por población) carece de relevancia, y que lo importante es la letalidad (muertos por número de enfermos). Creo que esa es una apreciación falsa.  La letalidad es baja allí donde la incidencia es baja. No es lo mismo ingresar al CEACO junto a otros tres pacientes y tener todos los recursos técnicos y humanos a tener que hacer fila sentado en una banca uno o dos días en un hospital saturado, esperando que alguien deje libre un respirador, como ha ocurrido en otros países. Ahora tenemos solo (¡solo!) 25 muertos, pero si la incidencia continúa subiendo vamos a tener 250 o 500 fallecidos. Una de las razones es que la alta incidencia la que va a colapsar el sistema de salud.

Es hora de un cambio. No, no de gobierno. Claro que urge un cambio de gobierno, pero eso no se puede todavía. Lo que quise decir es que urge un cambio de político, cuyo primer paso debe ser diseñar una política.

Ciudadanos, necesitamos la voz de todos. Al diablo el miedo. Es hora de levantar nuestra voz.

FEUCR se declara como un espacio libre de apartheid

Escrito en . Publicado en Derechos.

Voz estudiantil. Tras el anuncio del Gobierno de unidad nacional del Estado de Israel, según el cual comenzaría a anexarse ilegalmente territorios ocupados en las regiones de Cisjordania y el Valle del Jordán en Palestina, la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica (FEUCR) sigue la convocatoria del movimiento internacional BDS (Boicot, Desinversión y Sanciones) y se declara como un espacio libre de apartheid.

Lea la declaratoria en http://ucr.cr/r/rvdZ

Llegó la hora de actuar de manera solidaria y humanista con las personas funcionarias en condición de interinazgo

Escrito en . Publicado en Derechos, Trabajo.

Pronunciamiento:
5 de Julio, 2020.
Interinazgo en la Universidad de Costa Rica:
Llegó la hora de actuar de manera solidaria y humanista con las personas funcionarias en condición de interinazgo

La Universidad de Costa Rica como lo señala el Estatuto Orgánico es una institución democrática de educación superior y cultura, benemérita de la patria, la cual se ha caracterizado a lo largo de su historia por participar en la construcción de una Costa Rica solidaria y humanista, principios que acompañan sus actividades sustantivas y se fomentan en la vida universitaria.

Sin embargo se ha actuado de forma negligente hacia las personas funcionarias en condición de interinazgo durante décadas, provocando desigualdad salarial, vulneración de sus derechos laborales y que más de la mitad del personal docente contratado se encuentre en esta condición.

Esta desigualdad histórica no ha sido resuelta por ninguna administración de forma definitiva generando afectaciones negativas en la salud y desarrollo vital de personas funcionarias, así como en la calidad educativa y desarrollo institucional, ya que la mayoría de sus docentes tienen que realizar sus funciones sin la posibilidad de tener una estabilidad laboral que les permita un avance continuo de sus labores, y una vida digna. Para poner un ejemplo, a las personas docentes interinas se les contrata durante los ciclos lectivos, esto quiere decir siete meses exclusivamente, así ellas y ellos deben asumir sin pago los costos de la actualización, diseño y propuesta de cursos, aspecto que a todas luces es, no solo un atropello a los derechos laborales sino también una forma de desincentivar el desarrollo de calidad y excelencia de la labor docente que la institución dice promover, dejándolo sujeto a iniciativas individuales que muchas veces riñen con la salud física y mental del personal. Cabe mencionar que en la crisis por COVID-19 esto se ha agudizado, pues además de aumentar las horas de trabajo, la condición de trabajo a remoto ha implicado un incremento en los gastos relacionados con luz, internet, acceso a plataformas digitales, entre otros costos que recaen sobre el personal docente.

Es una práctica común que la institución celebre logros institucionales como los avances en rankings internacionales o la enorme cantidad de proyectos de Acción Social e Investigación que desarrolla la universidad en todo el territorio nacional, o que hable de internacionalización, pero no se hace reconocimiento público del aporte de las personas interinas que impulsan y construyen las actividades sustantivas con la calidad y rigurosidad que se exige.

Por otro lado, es fundamental que las personas subcontratadas para labores de limpieza tengan condiciones dignas y se les asegure su permanencia laboral, en tanto el despido se suma a los niveles de pobreza y exclusión en el país.

La Universidad de Costa Rica, en aras de ser consistente en materia de Derechos Humanos, debe realizar acciones efectivas y diligentes para proteger a todas las personas interinas y modificar las formas de contratación de este personal, siendo urgente en este período de pandemia por el COVID 19.

Por ello exigimos:

  • Que la administración universitaria asegure que ninguna persona interina será cesada durante el periodo de la pandemia, priorizando la inclusión, la vida y el derecho al trabajo.
  • Que la administración universitaria tome acciones para consolidar el nombramiento continuo que establezca como criterio prioritario el nombramiento de personal interino existente y sea de acatamiento por las unidades académicas, garantizando el ingreso a plazas en propiedad mediante concursos justos y en equidad de condiciones.
  • Que la administración universitaria inicie un proceso de reformas al Estatuto Orgánico y reglamentos para que se instaure el voto universal en la Universidad de Costa Rica, que incluya a todas y todos los funcionarios (interinos y en propiedad) así como estudiantes, esto como una acción afirmativa hacia la democratización de las decisiones dentro de la institución.
  • Que la administración universitaria gire directrices claras a las Oficinas de Recursos Humanos, de Administración Financiera y Planificación Universitaria con acciones para proteger a todo el personal interino y tercerizado de la institución.
  • Que las Asambleas de las Escuelas y los Consejos Científicos de las Unidades de Investigación inicien acciones para proteger a todo el personal interino, así como la realización de concursos justos y en equidad de condiciones.
  • Que se inicien acciones para generar dentro de la Universidad de Costa Rica una reforma progresiva y solidaria de los esquemas de remuneración que reconozcan y acaben con las desigualdades internas.
  • Que las candidaturas a la rectoría se pronuncien lo antes posible con las acciones concretas que van a tomar para proteger al personal interino y tercerizado.
  • Que la actual administración del SINDEU termine con sus acciones anti sindicales que desprestigian la lucha trabajadora, y apoye a las personas funcionarias interinas para organizarse como Seccional.
  • Que la Comunidad Universitaria inicie las discusiones respecto a las condiciones laborales del personal de la institución con énfasis en el personal en las condiciones más vulnerables (interinos y tercerizados) para revisar y cambiar en una reforma progresiva y solidaria los esquemas de contratación y remuneración que reconozcan y acaben con las desigualdades internas.

Firman,

Carmen Caamaño Morúa, Escuela de Psicología e Instituto de Investigaciones Sociales.
Adriana Rodríguez Fernández, Escuela de Psicología y Centro de Investigación en Estudios de la Mujer.
Lucía Molina Fallas, Escuela de Psicología.
Andrés Dinartes Bogantes, Escuela de Psicología e Instituto de Investigaciones Sociales.
Alexia Ugalde Quesada, Maestría en Psicología Comunitaria y Sede de Occidente.
Helga Arroyo Araya, Escuela de Psicología.
Ruthman Moreira Chavarría, Escuela de Psicología.
Josué Arévalo Villalobos, Escuela de Psicología e Instituto de Investigaciones en Educación.
Adriana Maroto Vargas, Escuela de Psicología e Instituto de Investigaciones Sociales.
Jorge Esteban Prado Calderón, Escuela de Psicología.
Miguel Márquez Cueva, Sede de Guanacaste.
Kira Schroeder Leiva, Escuela de Psicología.
Andrés Cambronero Rodríguez, Docente interino.
Andrés Castillo Vargas, Escuela de Psicología.
Jimena Escalante Meza, Escuela de Psicología.
Ana Sanabria Villalobos, Estudiante Escuela de Psicología. Consejo de Representación estudiantil CRE y Asociación de Estudiantes de Psicología AEPs.
Mauricio Álvarez Mora, Programa Kioscos Socioambientales.
Gustavo Jiménez Barboza, Escuela de Sociología, Escuela de Formación Docente e Instituto de Investigaciones Sociales.
Santiago Navarro Cerdas, Escuela de Psicología.
María José Masís Méndez, Escuela de Psicología
María Andrea Araya Carvajal, Sede de Occidente y Escuela de Psicología.
Gabrielle Herrera Arias, Estudiante Escuela de Psicología. Consejo de representación estudiantil CRE y representante titular ante el Consejo Superior Estudiantil.
Marisol Jara Madrigal, Escuela de Psicología.
Shantal Fallas Ruiz, estudiante Escuela de Psicología. Presidenta de la Asociación de Estudiantes de Psicología AEPs y Consejo de representación estudiantil CRE.
Nicole Umaña Molina, Consejo de representación estudiantil CRE.
Adela Herrán Rescia, Escuela de Psicología.
Adriana Villalobos Elizondo, Escuela de Psicología.
Kattya Grosser Guillén, Escuela de Psicología.
Maurizia D’ Antoni Fattori, Escuela de Psicología.
Keithlin Aguilar González, Estudiante Escuela de Psicología. Asociación de Estudiantes de Psicología AEPs.
Miguel Granados Rivera, Estudiante Escuela de Psicología. Asociación de Estudiantes de
Psicología AEPs.
Laura Álvarez Garro, Escuela de Filosofía y Posgrado en Psicología.
Eduardo Bolaños Mayorga, Escuela de Psicología.
Mikel Quesada Artolozaga, Estudiante Escuela de Psicología.
Teresita Ramellini Centella, Escuela de Psicología y Centro de Investigación en Estudios de la Mujer.
Marvin Amador Guzmán, Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva.
Mónica Quirós Villalobos, Escuela Ciencias de la Comunicación Colectiva.
Paola Brenes Hernández, Sede Occidente y Centro de Investigación en Estudios de la Mujer.
Roxana Hidalgo Xirinachs, Escuela de Psicología y Doctorado en Estudios de la Sociedad y la Cultura.
Laura Chacón Echeverría, Escuela de Psicología e Instituto de Investigaciones Sociales.
María del Rocío Murillo Valverde, Escuela de Psicología.
Valeria Dondi Aguilar, Estudiante de Escuela de Psicología.
Daniel Fernández Vásquez, Instituto de Investigaciones Sociales.
Luis Andres Sanabria Zaniboni, Observatorio Bienes Comunes y Programa Kioscos Socioambientales.
Mariana Romero Tortós, Estudiante de la Escuela de Psicología.
Ross Salazar Vargas, Estudiante Facultad de Educación.
Sileny Mena Gómez, Escuela de Psicología.
Vilma Leandro Zuñiga, Escuela de Psicología.
Lucía Rescia Chinchilla, Escuela de Orientación y Educación Especial.
Fabián Alfaro Rodríguez, estudiante de la Escuela de Psicología.
Fabio Romero Salas, Escuela de Psicología.
Marco E. Carranza Morales, Escuela de Psicología y Posgrado en Psicología.
Mariela Richmond Vargas, Escuela de Artes Dramáticas.
José Manuel Salas Calvo, Escuela de Psicología. Profesor Emérito.
Mar Fournier Pereira, Escuela de Psicología.
Luisa Ochoa Chaves, Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva y Centro de Investigación en Comunicación.
Jennifer Mora Román, Estudiante Escuela de Psicología. Asociación de Estudiantes de Psicología AEPs y Consejo de representación estudiantil CRE.
Roberto Fragomeno Castro, Escuela de Filosofía.
Mariano Fernández Sáenz, Escuela de Psicología y Maestría en Teoría Psicoanalítica.
Sergio Villena Fiengo, Escuela de Sociología e Instituto de Investigaciones Sociales.
Silvia Azofeifa Ramos, Escuela de Psicología e Instituto de Investigaciones Sociales, Sede Rodrigo Facio y Sede Guanacaste.
Heidy Hernández Romero, Escuela de Psicología.
Isis Campos Zeledón, Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva.
Rebeca Vaglio Aguilar, Estudiante Escuela de Psicología y de Derecho.
Catalina Arce Aguilar, Estudiante Escuela de Psicología y Escuela de Formación Docente.
Carlos Calderón Herrera, Escuela de Artes Plásticas.
Priscilla Echeverría Alvarado, Escuela de Psicología.
Ignacio Dobles Oropeza, Escuela de Psicología.
Bradly Marín Picado, Escuela de Psicología.
Miguel Regueyra Edelman, Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva y Escuela de Psicología.
Andrés Fernández Ramírez, Estudiante Escuela de Psicología.
Daniela Solís-Rodríguez, Estudiante Maestría Profesional Psicología Comunitaria.
Miguel Regueyra Edelman, Escuela de Psicología.
Ginette Sánchez Gutiérrez, Escuela de Psicología y Escuela de Filología, Lingüística y Literatura.
Adriana Vindas González, Escuela de Psicología.
Mirta González Suárez, Escuela de Psicología. Profesora emérita.
Sofía Cortés Sequeira, Recinto de Paraíso, Instituto de Investigaciones Sociales y Centro de Investigaciones Históricas de América Central.
Soledad Hernández Carrillo, Escuela de Psicología.
Silvia Camacho Calvo, Posgrado en Psicología.
Doris Céspedes Alvarado, Escuela de Psicología.
Nora Chaves Rodríguez, Estudiante Sede de Occidente. Asociación de Psicología Sede de Occidente (AEPSO).
Valeria Sancho Quirós, Escuela de Psicología.
Marcela León Madrigal, Escuela de Psicología.
Elena Andraus Alfaro, Escuela de Estadística.
Eugenia Boza Oviedo, Escuela de Trabajo Social.
Alejandra Paniagua Bonilla, Carrera de Trabajo Social, Sede de Occidente.
Carolina Morales Quirós, Escuela de Matemática.
Mario Salazar Montes, Docente interino.
Damaris García Madriz, Estudiante Escuela de Formación Docente y Escuela de Psicología.
Suhelen Araya Moya, Escuela de Formación Docente.
Amy Hernández Villalobos, Estudiante Escuela de Formación Docente y Escuela de Psicología.
Daniel Fernández Fernández, Escuela de Psicología.
Mario Soto Rodríguez, Escuela de Psicología.
Romel Brumle Kerr, Sede del Caribe y Sede del Pacífico.
Andrea Molina Ovares, Escuela de Psicología y Centro de Investigación sobre Diversidad Cultural y Estudios Regionales, Sede de Occidente.
Javier Tapia Balladares, Escuela de Psicología e Instituto de Investigaciones Psicológicas.
Enyell Valerio Carranza, Estudiante Escuela de Psicología.
Laura Meza Pineda, Estudiante Escuela de Psicología.
Dunnia Flores Santamaria, Escuela de Orientación y Educación Especial.
María Esther Montanaro Mena, Centro de Investigación en Identidad y Cultura Latinoamericanas.
Daniel Chavarría Camacho, Sede del Pacífico.
Milena Castro Mora, Escuela de Estadística.
Elías Natán Jiménez Alvarado, Escuela de Química.
Andrés Vargas Abellán, Estudiante Escuela de Psicología.
Patricia Velásquez Prada, Estudiante Escuela de Psicología.
Sergio Salazar Araya, Escuela de Ciencias Políticas.
José Antonio Mora Calderón, Kioscos Socioambientales y Sede de Occidente.
Dylanna Rodríguez Muñoz, Programa Kioscos Socioambientales.
Níoe Víquez Moreno, Escuela de Psicología.
Valeria Montoya Tabash, Programa Kioscos Socioambientales.
Gloriana Rodríguez Corrales, Instituto de Investigaciones Sociales y Radioemisoras UCR.
Zuiri Méndez Benavides, Programa Kioscos Socioambientales.
Elsy Vargas Villalobos, Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva.
Mariechen Wüst Picado, Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva.
Benjamín Reyes Fernández, Escuela de Psicología e Instituto de Investigaciones Psicológicas.
Luis Rojas Torres, Instituto de Investigaciones Psicológicas.
José Daniel Jiménez Bolaños, Escuela de Historia.
María Esther Montanaro Mena, Centro de Investigación en Identidad Cultural Latinoamericana.
Roberto Marín Villalobos, Escuela de Psicología, Posgrado de Psicología y Sede de Occidente.
Ricardo Vargas Durán, Escuela de Estudios Generales.
Catalina Ramirez Vega, Escuela de Psicología.
Eleazar Morales Aguirre, Estudiante Escuela de Psicología.
Marialina Villegas Zúñiga, Instituto de Investigaciones Sociales.
Luis Ernesto Aguilar Carvajal, Escuela de Sociología e Instituto de Investigaciones Sociales.
Roxana Vargas Solano, Escuela de Ciencias de la Computación e Informática.
Maureen Murillo Rivera, Escuela de Ciencias de la Computación e Informática.
Sanders Pacheco Araya, Escuela de Ciencias de la Computación e Informática.
Braulio Solano Rojas, Escuela de Ciencias de la Computación e Informática.
María Barboza Gutiérrez, Sede del Pacífico.
Hazel González Araya, Danza Universitaria, Vicerrectoría de Acción Social.
Miguel Regueyra Edelman, Estudiante Escuela de Psicología, Asociación de Estudiantes de Psicología AEPs.

Universidad pública: ámbito libre del conocimiento

Escrito en . Publicado en Análisis, Derechos.

Rogelio Cedeño Castro*

La intensa campaña desplegada, desde hace ya más de dos años, en los medios de comunicación de más alcance, tanto en los impresos como en los de la televisión y la radiodifusión, como también a través de las redes sociales donde alcanza los estándares más elevados de una violencia simbólica desmesurada, siempre a un paso de la violencia física o como antesala de ella, lo que se evidencia en la agresividad manifiesta de los “comentaristas” erigidos en una especie de vox populi, para desprestigiar, e incluso desarticular a las universidades públicas y a la comunidad académica que existe en su interior,  con una violencia materializada incluso en los ataques directos más rastreros e insultantes hacia las personas de sus rectores, no constituye en sí misma un hecho aislado o casual ni tampoco una conspiración oculta(afirmación esta que algunos buscarán descalificar diciendo que estamos acudiendo a una falaz y paranoica teoría de la conspiración) sino que se pone de manifiesto en el despliegue de una intencionalidad, casi imposible de ocultar por parte de sus gestores, de establecer un control político de naturaleza autoritaria sobre la educación superior en Costa Rica, como un paso previo para el despliegue de los rasgos más característicos de una sociedad totalitaria, la que ha sido siempre una especie de utopía-distopía de una parte del sector empresarial que se oculta detrás de la sigla UCCAEP, un sueño como el de aquel general de triste recordación que gobernó Chile a la fuerza, expresado en la frase “no se mueve una hoja en este país, sin que yo lo sepa”.

El modelo de universidad con el que sueñan estos sectores recalcitrantes de la derecha totalitaria en este, y en los demás países de la región, oscila entre el modus operandi centralista y autoritario que tuvo hasta 1980 el Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC), y el de la gran mayoría de las universidades privadas existentes en el país, un tema sobre el que habrá que volver de nuevo, de manera pormenorizada. En el caso del TEC se trataba de una institucionalidad que tampoco estuvo caracterizada por su accesibilidad en términos de becas y en la existencia de criterios de ingreso que favorecieran a aquellos estudiantes de menores ingresos. Cabe destacar que las editoriales universitarias acaban de publicar una obra del historiador Iván Molina Jiménez acerca de la lucha democratizadora de los estudiantes del TEC, durante los primeros años de la década de los ochenta, bajo el título “Huelgas democratizadoras: la rebelión estudiantil en el Instituto Tecnológico de Costa Rica, 1980-1982” CIHAC EDUPUC (Editoriales Universitarias Públicas Costarricenses) Editorial UCR 2020 que como resulta evidente habrá que leer con detenimiento. El propio historiador ha afirmado que además de la determinación de los estudiantes del TEC, que tuvieron una sagaz y valiente conducción en el despliegue de su lucha, el hecho de que la Asamblea Legislativa de la época estuviera integrada por diputados de todas las fracciones, con gran sensibilidad social y espíritu democrático, fue algo que permitió culminar el proceso de democratización del TEC en 1982, el que dio lugar a cambios muy profundos en el rumbo de esa institución. Lo afirmado por Iván Molina confirma la tesis que hemos venido sosteniendo en otros artículos, acerca de la sostenida degradación de la clase política costarricense, cuyos diputados de todo tamaño y color se orientan hoy, de manera exclusiva, hacia la defensa cerrada de los intereses del grupo más regresivo del sector empresarial costarricense, habiendo tomado una franca deriva totalitaria en su proceder, al criminalizar la protesta social y abanderar la ofensiva contra los derechos sociales de los trabajadores y el modelo democrático de educación superior pública en este país. No se puede homologar a los diputados del presente con los de aquellas generaciones en unos tiempos donde hubo gentes muy ilustradas, dotadas de un gran sentido de responsabilidad histórica.

No olvidemos que los ataques contra la universidad pública costarricense se sustentan en las más grotescas mentiras, las que no se cansan de repetir con el mayor desparpajo totalitario, en el estilo del nazi Joseph Goebbels, su mejor maestro aunque lo oculten y lo nieguen con manifiesta ingratitud. Tal es el caso de los salarios de los trabajadores universitarios, un tema que ya aclaró la diputada Paola Vega en el debate sobre ya mencionado informe sobre el FEES, cuando recordó que sólo en un 4% del total alcanzan a los cuatro millones de colones. Sería bueno, como contrapartida, que habláramos de las exiguas remuneraciones de los docentes y administrativos de las universidades privadas, las que conforman un ámbito donde la democracia no pasa de ser una mera expresión, jamás una vivencia plena.

El control de las dimensiones esenciales de la cultura y su reproducción, como también la elaboración de conocimiento científico y su divulgación en nuestro medio, se han convertido en el núcleo central de la agenda de las élites oligárquicas en el poder. Para ello, les resulta  una condición indispensable el terminar o cercar, reduciéndolos a la mínima expresión, a aquellos núcleos de pensamiento y producción de conocimiento científico que estén fuera de su control, tal es el sentido esencial de los contenidos del Informe de mayoría del grupo de diputados que “investigaron” acerca del Fondo Especial de la Educación Superior FEES en el que figuraron como firmantes, de manera muy notoria, los diputados Wagner Jiménez y Erick Rodríguez Steller, quienes al parecer lo hicieron con “preocupaciones” de orden presupuestario, o de facilitar el acceso a la educación superior a un grupo mayor de estudiantes provenientes de los sectores populares, cuando en realidad es precisamente lo contrario, dado el modelo que subyace implícito en sus ataques a la universidad pública, a la que acusan de suministrar los cuadros políticos de la izquierda costarricense, aunque si ese fuera el caso los resultados serían notoriamente malos para ese sector del espectro político.

Lo que ya no pueden ocultar los señores de la UCCAEP y sus sirvientes de la clase política es su odio a la cultura, a la inteligencia y al pensamiento libre que conforman una triada esencial para la vida democrática, hoy amenazada de muerte en medio de la puerilidad de muchas gentes que no todavía no terminan de abrir los ojos. El viejo fascismo siempre odió a la intelectualidad, quemó libros, destruyó pinturas y esculturas y persiguió a los escritores, artistas, científicos y pensadores más destacados, allá en los años treinta del siglo anterior, tanto en Alemania como en Italia, y en la España Franquista surgida de la guerra civil. Sucede ahora que el “nuevo”, con sus próceres mucho menos ilustrados que los de entonces, disfrazado con un “ropaje democrático” dada su cobardía y mediocridad, quiere aprovecharse de nuestra perplejidad, de nuestras dudas sobre el desafío que nos han lanzado sobre la mesa. Como recordaba Karl Jaspers, en el título de una de sus obras más famosas, nos encontramos, de nuevo, frente al incesante desafío que experimenta la razón frente a sus enemigos.

Dado este panorama, y asumiéndolo en todos sus alcances, es que estamos en capacidad de afirmar que Costa Rica se encuentra atravesando uno de sus momentos históricos más sombríos, al cabo de muchas décadas, en medio de un clima social y político sólo comparable, en gran medida, al propiciado por aquella dictadura que el pueblo costarricense tuvo que derrotar en las calles de San José, durante la segunda mitad del año de 1919. Debemos estar preparados para defender la democracia verdadera, la libertad y la autonomía universitaria, como uno de los ámbitos esenciales de la libertad de pensamiento y de los derechos esenciales del pueblo costarricense; pues sucede, al parecer que como en el mito de Sísifo, al que hacía alusión Albert Camus en una de sus obras más conocidas, estamos condenados a volver hacia el fondo del abismo, y llevar de nuevo esa gran roca de la libertad hasta la cima de la montaña, nunca podremos estar seguros de haberla conquistado, de una manera definitiva.

* Sociólogo y escritor.