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UCR: Juliana Martínez Franzoni: »La desigualdad de género en el trabajo de cuidados es tanto injusta como ineficiente»

Juliana Martínez Franzoni es investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad de Costa Rica (Foto Archivo OCI).

Llegó el momento de reorganizar para cuidar en conjunto

América Latina ha avanzado sustancialmente en la reflexión y ejecución de políticas públicas para promover el trabajo de cuidados como derecho humano fundamental. Sin embargo, son aún más los desafíos en cuanto a la regulación del trabajo doméstico, la desigualdad en la división del trabajo de cuidados por temas socioeconómicos, de género y etnia, y el desarrollo de la infraestructura social necesaria para brindar una cobertura de servicios de calidad vinculados a los cuidados a toda la población desde el nacimiento hasta la muerte.

Con el objetivo de analizar estos y otros desafíos, la Universidad de Costa Rica en conjunto con la Carework Network, reunió a diferentes sectores (academia, organizaciones sociales y sociedad civil) en el “Tercer Encuentro Global sobre Trabajo de Cuidados 2023. Trabajo de cuidados en tiempos inciertos: convergencias y divergencias alrededor del mundo”. Participaron de este encuentro global 250 personas procedentes de más de 30 países del mundo en 30 paneles, 6 diálogos públicos, una muestra fotográfica y 3 conferencias magistrales. Se contó con el apoyo de organizaciones internacionales diversas como Oxfam, la Fundación Frederich Ebert, OIT y PNUD, además de universidades del Norte y Sur global. El encuentro catalizó un enorme grado de colaboración entre investigadoras de la Universidad Estatal a Distancia, de la Universidad Nacional, y de la Sede de Occidente de la Universidad de Costa Rica.

Durante este encuentro se reflexionó en torno a si y cómo superar las categorías binarias de trabajos de cuidados pagado y no remunerado, las intersecciones de las dimensiones individual, familiar, comunitaria, del mercado, el estado; y la intersección de género, clase, raza y migración. En todos estos temas se buscó el diálogo entre regiones pero también entre académicas, personas que toman decisiones de política pública, y activistas.

En la siguiente entrevista, la Dra. Juliana Martínez Franzoni, investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios Políticos (CIEP) y del Instituto de Investigaciones Sociales (IIS) de la Universidad de Costa Rica (UCR) y coordinadora del Tercer Encuentro Global sobre Trabajo de Cuidados 2023, se refiere al papel de las universidades públicas, sociedad civil y organizaciones sociales, en la consolidación del trabajo de cuidados como un derecho humano fundamental y clave en las sociedades democráticas.

–¿Cuál es el objetivo principal de este Tercer Encuentro sobre Trabajo de Cuidados 2023? ¿Por qué es importante para los países reflexionar acerca de este tema?

–Juliana Martínez Franzoni: Este encuentro global sobre trabajo de cuidados se enfocó en el abordaje de los cuidados en tiempos inciertos, en tiempos de choques como el generado por la pandemia del COVID-19, aunque no solo. Estamos entrando a una época en la que los choques serán nuestra nueva normalidad – y no solo vinculado a epidemias y pandemias, sino también al cambio climático.

Entonces lo que nos interesaba en este encuentro era identificar convergencias y divergencias en cómo nos relacionamos con los cuidados en estos tiempos inciertos. Y por cuidados nos referimos a la enorme cantidad de trabajo, tanto remunerado como no remunerado, que las personas y las sociedades debemos llevar a cabo para cosas tan básicas como poder estar trabajando. Es toda la cadena de personas entrelazadas para que una actividad se dé, es decir el conjunto de interdependencias que hace posible la vida en sociedad.

Además, hablamos de la importancia de una infraestructura social de los cuidados, que son un conjunto de recursos que movilizamos como sociedad para resolver los cuidados. Y, bueno, la pandemia visibilizó de manera muy cruda la centralidad de los cuidados para la vida en sociedad.

Todo esto es relevante porque, para tener sociedades más justas, más democráticas, pero también más eficientes, debemos resolver la organización de los cuidados. Hoy por hoy, tiende a ser muy desigual, según la clase social, y está marcada por una profunda división sexual del trabajo entre hombres y mujeres. Además, está intervenida por un montón de otras desigualdades como la raza y la etnia de las personas, por la ruralidad, etcétera.

Una de las características de cómo organizamos los cuidados en América Latina es esa profunda desigualdad socioeconómica y de género que se ve reflejada en un papel muy muy marcado del trabajo doméstico remunerado, mal remunerado, precarizado, desregulado, el cual tiene un papel preponderante, a diferencia de otras regiones del mundo, en nuestra región, como uno de los principales pilares de los regímenes de cuidado. El papel del Estado en proveer servicios, en proveer transferencias para comprar servicios, en regular los servicios que ofrece el mercado privado, sí existe, pero es incipiente.

A raíz de ese abordaje que hemos realizado sobre la situación en América Latina y sus diferentes variaciones, en la Universidad de Costa Rica se decidió realizar este Tercer Encuentro Global sobre Trabajo de Cuidados en nuestro país, como una forma de acercarse a América Latina.

Y ¿por qué a acercarse a América Latina ahora? Porque, entre el 2005 y el 2015, América Latina hizo una experimentación y una transformación sobre este tema muy profundas. Es decir, en Costa Rica lo vimos en el contexto del Gobierno de Laura Chinchilla con la Red Nacional de Cuido, pero también antes, de la mano de la política de igualdad y equidad de género.

En el PIEG 2007-2017 ya se venía posicionando en el debate público la necesidad de que el Estado intervenga con mejores y más diversas maneras de apoyar a las familias y a las mujeres, en cuanto a la organización de los cuidados. Ya había quedado colocada la idea de que era necesario que los cuidados no dependan solo de los recursos que manejan las familias y, además, de la necesidad de promover la corresponsabilidad entre hombres y mujeres, que es un gran reto, en la medida en que las mujeres seguimos siendo las principales o exclusivas cuidadoras. Eso tiene reflejos muy profundos en la desigualdad en el mercado laboral, en la desigualdad del ingreso, eso afecta no solo a las mujeres, sino que afecta a los países y a las economías.

En América Latina, las mujeres tenemos, en promedio, mayores años de educación formal que los hombres y, sin embargo, eso no se ve reflejado en los niveles de ingreso. Seguimos teniendo brechas para igual trabajo, para trabajo de igual valor, frente a los ingresos laborales de los hombres. Esto refleja las expectativas de cuidado, las entradas y salidas de los mercados laborales y el hecho de que las mujeres seamos las principales cuidadoras.

Hay que cambiar esto por distintas razones. Unas razones tienen que ver con los derechos; pero también hay razones que tienen que ver con la productividad de las economías y su eficiencia para aprovechar los recursos humanos que las propias sociedades están formando. Es decir que la desigualdad sexual del trabajo en materia de cuidados es ineficiente y está demostrado, hay números que lo documentan.

–Después de este análisis sobre América Latina, ¿hay alguna parte del mundo que sea modelo en cuanto al tema de trabajo de cuidados?

–JMF: Los regímenes de cuidado son como rompecabezas, es decir, que no hay una medida que lo resuelva todo, sino que hay un conjunto de medidas que deben relacionarse entre sí de manera virtuosa. ¿De qué están hechos estos regímenes? En primer lugar, de acceso a tecnología y a infraestructura. Por ejemplo, no es lo mismo lavar la ropa a mano que con una lavadora, eso hace toda la diferencia del mundo. No es lo mismo tener que caminar tres kilómetros para acceder al agua y traerla a tu casa, que simplemente abrir el tubo.

En segundo lugar, nos interesa ver en ¿qué medida, cuando las personas participan del mercado laboral, se contemplan las demandas de cuidado? No es lo mismo tener un trabajo que te remunera una licencia por maternidad, a tener un trabajo que no te lo reconoce. En tercer lugar, nos interesa ver si los mercados laborales reconocen que los hombres también tienen que cuidar y cuentan con incentivos acordes como las licencias por paternidad y/o las licencias parentales.

En cuarto lugar, nos interesa determinar si los países tienen infraestructura social, si tienen servicios de cuidado, en particular infantil, pero también más adelante en los momentos de cuidado de dependencia al final de la vida. Y, en quinto lugar, nos interesa ver qué pasa con el trabajo doméstico: ¿está regulado, no está regulado? ¿En qué medida opera como la válvula de escape para poner allí todo lo que no se puede resolver bien de otra manera? Y entonces ahí tienes una enorme proporción de población de mujeres, sobre todo migrantes, trabajando en estos cuidados.

Una cifra que llama la atención es que, en el mundo, una de cada quince mujeres está ocupada en el campo del trabajo doméstico remunerado. Sin embargo, en América Latina esa cifra sube al 25%, a una de cada cuatro mujeres. Eso habla de la centralidad del trabajo doméstico en nuestra región, en la medida en que esa es una válvula de escape, en la que depositamos un montón de trabajo de manera mal remunerada y desprotegida. Carecemos entonces de incentivos para que el Estado invierta más en servicios de cuidados, y para que los mercados laborales no te pidan jornadas de doce horas al día, algo imposible de reconciliar con las demandas de cuidado.

Desde esta perspectiva, se puede decir que los países que han avanzado más todos estos componentes son los países escandinavos y varios de los países europeos, como Francia, de Europa continental. Todos han avanzado en diferentes momentos del tiempo, más en algunos componentes que en otros.

Una cosa interesante que ha pasado en Europa, en la última década, es que las políticas de familia y la organización de los cuidados se volvió un tema electoral. Previamente, la manera en que los partidos políticos abordaban este tema estaba muy influenciada por la ideología de izquierda o de derecha. Los partidos de derecha estaban más orientados a que finalmente la familia cuida y las madres cuidan; y los de izquierda estaban más concentrados en mover todo para que las mujeres sean parte de los mercados laborales.

Pero, en los últimos años, eso ha cambiado mucho en la medida en que las mujeres han ido entrando al mercado laboral y le piden al estado y, por lo tanto, a los partidos políticos que compiten por los gobiernos, que tengan políticas que sean útiles para ellas. Y entonces el conjunto del sistema político se ha corrido hacia medidas que sean amigables hacia las familias, que busquen incorporar a los hombres en los cuidados y que protejan a las mujeres cuidadoras también.

Eso es algo interesante que en América Latina está empezando a pasar en algunos países, aunque es todavía incipiente esta politización del tema, de manera tal que haya premios y castigos para los partidos políticos que compiten por llegar a los congresos, o a los poderes ejecutivos, con medidas que sean sensibles a las necesidades de la sociedad y en particular de las mujeres que somos más de la mitad de la población y más de la mitad de las personas votantes en contextos democráticos. Esto es muy importante.

–¿Cuáles son los principales retos de Costa Rica y en general de América Latina en materia de organización de trabajo de cuidados?

–JMF Decidimos hacer la reunión en Costa Rica para asomarnos a todas las acciones que permitieron que, entre el 2005 y el 2015, América Latina como región pudiera avanzar tanto en la conversación pública como en la adopción de políticas públicas en materia de cuidados. Por ejemplo, se creó el Sistema Nacional Integrado de Cuidados en Uruguay, se crearon políticas vinculadas a los cuidados en Chile, y en Costa Rica también se originó la Red Nacional de Cuido.

Entonces, el asunto de los cuidados se volvió un tema público, y empezó a ocurrir lo que había sucedido en los años cuarenta, por ejemplo, con los sistemas de seguridad social, cuando a la vuelta de varios años, se había generado la idea de que los países que se precien deben necesariamente un sistema de seguridad social.

De manera análoga, actualmente hay un acuerdo internacional entorno a la idea de que los países deben tener políticas de cuidado. El objetivo es promover una reorganización social de los cuidados que honre la idea de que los cuidados constituyen un derecho humano. Como derecho humano que es, el cuidado no puede estar sujeto al dinero que las personas tengan en el bolsillo, ni puede estar sujeto a que las familias cuenten con una mujer dedicada a tiempo completo a cuidar, porque, en la medida en que el acceso a los cuidados depende de estos factores, se genera una profunda desigualdad.

Hay que pensar que en América Latina hoy hay muchas más familias en las que las mujeres están trabajando por un ingreso, que familias en las que no. Además, hay un creciente protagonismo de familias en las que las mujeres están ellas solas manteniendo y criando a sus hijos e hijas, generando a la vez ingresos y cuidando. Si el derecho a los cuidados se condiciona al dinero y a la presencia de mujeres cuidadoras de tiempo completo en las familias, serán muy pocas las que van a poder atender esas enormes demandas de cuidado, aún más en un contexto de envejecimiento de las sociedades, en las cuales van creciendo las demandas de cuidado al final de la vida.

Claro que América Latina es una región muy desigual: hay contextos políticos en los que la informalidad llega al 65%, como por ejemplo en Guatemala, y otros en donde es menos del 20%, como en Uruguay. Es decir, hay países con pobreza por ingresos que llegan a esos niveles y otros con pobreza extrema – aquella que impide atender las necesidades básicas alimentarias – muy bajas. Hay contrastes y dependiendo de estas desigualdades así son y así pueden transformarse los regímenes de cuidado.

En Costa Rica, se tiene por un lado el hecho de que lideró la conversación en torno a la posibilidad de tener política pública que interviniera de manera universal. Así fue planteada la Red Nacional Integral de Cuidados en el 2010. Sin embargo, su avance en materia de cobertura ha sido muy lento. En los años dos mil, junto con Chile, eran dos países muy extraños, porque siendo de los países con mayor nivel de desarrollo humano de América Latina, tenían los niveles de participación laboral femenina más bajos, junto con países como Honduras.

A la vuelta de 20 años, Chile logró que eso cambiara drásticamente; en cambio, Costa Rica no. ¿Pero qué pasó en Chile que no pasó en Costa Rica? Lo que se dio fue una generalización del acceso a los servicios de cuidado en los tres quintiles más bajos de ingreso, es decir en el 60% de las familias de menores ingresos. Es un tipo de focalización muy amplia.

Nosotros tenemos muchos años de tener una cobertura de alrededor del 20% de la población por debajo de la línea de pobreza. Por otra parte, hemos avanzado más recientemente en crear un sistema que integre los servicios y transferencias existentes en materia de cuidados. Eso es un avance, porque lo que va a permitir es articular elementos que están desarticulados.

Sin embargo, aún nos falta abordar simultáneamente el tema de la política pública con el mercado laboral, por ejemplo, si estamos tratando de ampliar la presencia de un sistema de cuidados para la población adulta mayor, al mismo tiempo que estamos creando una legislación laboral que facilita jornadas extensísimas de trabajo, eso es inconsistente para un régimen de cuidado democrático y eficiente.

Un régimen de cuidado democrático y eficiente es uno en el que los diferentes componentes se ajustan de manera armónica a la idea de que los cuidados deben ser con una responsabilidad compartida entre familias y no familias, vale decir, mercados laborales y estados, también comunidades, y entre hombres y mujeres.

Por ejemplo, Uruguay durante el periodo del 2010 al 2019 avanzó muchísimo, porque simultáneamente expandió servicios, creó licencias por paternidad y parentales, y mejoró la regulación del trabajo doméstico, tanto en salarios mínimos como en protección social. La proporción de trabajadoras domésticas con acceso a la seguridad social pasó de ser dos de cada diez a ser de siete de cada diez. Es decir, hizo simultáneamente estas acciones, y si hacés simultáneamente eso por un periodo de tiempo suficientemente largo, vas a ver un cambio cualitativo en el régimen de cuidados.

Pero, en este contexto de reducción del gasto, es muy difícil que Costa Rica en los próximos años vaya a atender los cuellos de botella de cobertura o que vaya a crear los servicios que necesita. Entonces, Costa Rica tiene un pronóstico reservado en materia de que pueda realmente dar un salto cualitativo hacia un régimen de cuidados como el que la OCDE dice que deberíamos tener.

–¿Desde su perspectiva, cuáles fueron los ejes temáticos más relevantes de este encuentro?

–JMF A partir de un primer análisis que con el apoyo de la Escuela de Ciencias Políticas ha realizado Rocío Peinador, los ejes temáticos más relevantes giraron, primero, los cuidados y la pandemia, o sea, cómo eran los cuidados antes de la pandemia y como fueron durante ella. ¿Cuáles fueron los ecos de esta situación? Es decir, las repercusiones que ha tenido en materia de organización social de los cuidados.

En segundo lugar, se analizó el papel de la población migrante en la organización social de los cuidados. Esto es algo muy sensible para Costa Rica, por la enorme centralidad que tiene la población y las mujeres nicaragüenses en la organización de los cuidados en Costa Rica.

En tercer lugar, se vieron temas de innovación y de dificultades para la innovación en materia de política pública en materia de cuidados – incluyendo sus relaciones con las regulaciones laborales como las relativas a las jornadas y los ingresos y con la protección social asociada a la inserción laboral.

 

Tatiana Carmona Rizo

Periodista de la Oficina de Comunicación Institucional, UCR

13 años del PRIDE en Costa Rica ¿Cómo se ha desarrollado el movimiento LGTBTIQ+ en nuestro país?

Este 23 de junio el programa ALTERNATIVAS invita a escuchar “13 años del PRIDE en Costa Rica ¿Cómo se ha desarrollado el movimiento LGTBTIQ+ en nuestro país?”, en vivo a las 6:00 p.m.

Podrá escuchar el panel por medio de: Online Radio Box, Facebook Live, Spotify, YouTube, Radio Revolución, Soberanía, y Guanacaste FM.

Cuatro magistrados exhiben su racismo al no permitir la consulta indígena para el Protocolo de Nagoya

  • La importancia del voto de minoría de tres magistrados que estiman que es necesario consultar a los pueblos indígenas.

  • País se expone a que las organizaciones indígenas lleven este caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

(Bloque Verde 20 de junio 2023) En un reñido voto de cuatro contra tres la Sala Constitucional en la resolución número 2023006154 da luz verde al Protocolo de Nagoya para que siga su curso en segunda votación en la Asamblea Legislativa. Los tres magistrados consideran que es necesaria la consulta indígena según lo dispuesto en el artículo 6 del Convenio 169 de la OIT y refuerza la posición de la Defensoría de los Habitantes en cuanto que la ausencia de consulta si vulnera los derechos de los pueblos originarios.

Los magistrados Cruz Castro, Rueda Leal y Garita Navarro demostraron que la Sala Constitucional tenía un línea jurisprudencial que considera obligatoria la consulta indígena en casos de que una medida legislativa o administrativa es susceptible a afectar a los pueblos indígenas. Esta jurisprudencia lamentablemente se rompió con esta resolución que niega justamente la consulta a los pueblos originarios.

El dictamen de minoría también deja claro que la forma en la supuesta consulta hecha desde la Asamblea Legislativa no cumplió lo dispuesto en el Convenio 169. Hay que recordar que este procedimiento se realizó mediante envío por correo electrónico a las asociaciones de desarrollo de los 24 territorios indígenas con un plazo de ocho días hábiles. En este sentido los magistrados Cruz Castro, Rueda Leal y Garita Navarro insisten en que “no se constituye como un método idóneo para garantizar la efectiva participación y opinión de las comunidades indígenas y el correspondiente deber de consulta”

El Protocolo de Nagoya acelera procesos de desposesión por medio de mecanismos de mecanismos de propiedad intelectual como las patentes y los derechos de obtentor (como UPOV) sobre los conocimientos de los pueblos indígenas. Este tratado internacional provoca que los bienes comunes, entre ellos los recursos de la biodiversidad y conocimientos asociados, considerados como dominio público, de origen ancestral, hereditario y otros de soberanía del Estado, sean adjudicados como bienes patrimoniales del dominio privado.

Este proceso en vía de ratificación por la Asamblea Legislativa es a todas luces racista y discriminatorio porque afecta de manera negativa a las personas portadoras de conocimientos, en su mayoría adultas mayores de las comunidades. Pretende apropiarse de sus saberes y prácticas cotidianas heredadas ancestralmente, hasta el punto de patentarlas. Esto también niega la posibilidad de las futuras generaciones del goce de ese conocimiento ancestral.

Dentro del Protocolo de Nagoya quedan muy claras las formas de apropiación de esta riqueza cultural, lo que no queda para nada claro son las formas de “repartos de beneficios” que menciona insistentemente los propulsores de esta iniciativa. No está estipulado cómo la patente por parte de un tercero del uso de una planta, bacteria, hongo, insecto o animal va a “traer beneficio” a los pueblos que la han descubierto y resguardado por siglos o quizá milenios. Esto no fue preocupación de los y las legisladoras impulsoras de este proyecto.

Instamos a las organizaciones indígenas a llevar este caso de racismo judicial a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para evidenciar esta injusticia estructural dentro del más alto tribunal de justicia costarricense.

Educación No Sexista Desde Nuestros Calzones

No te pierdas nuestro evento virtual «Educación No Sexista Desde Nuestros Calzones» el 21 de junio, Día Internacional por una educación No Sexista.

Transmisión por nuestro FB Live. https://www.facebook.com/events/1185247808823506

Te invitamos a dialogar sobre una educación para la autonomía y los proyectos de vida de las mujeres. ¿Qué preguntas tiene tu calzón en cuanto a una educación no sexista? Déjanos saber en los comentarios.

Horario del evento por región:

4:00 pm / 16 hrs. Hora Centroamérica

5:00 pm / 17 hrs. Perú, Ecuador, Colombia

6:00 pm / 18 hrs. Chile, Bolivia, Paraguay, Venezuela y el Caribe

7:00 pm / 19 hrs. Argentina.

¡Ponte el calzón más cómodo y únete a la revolución educativa!

¡Educación no sexista para construir proyecto de vida!

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¡Te esperamos! Síguenos en todas nuestras redes sociales como REPEM LAC

Podemos Volar se pronuncia ante expresiones estigmatizantes del presidente Rodrigo Chaves sobre salud mental

Pronunciamiento

Repudiamos las expresiones estigmatizantes del Presidente Rodrigo Chaves sobre categorías diagnósticas vinculadas a la salud mental y su política para debilitar la Seguridad Social.

Desde el colectivo Podemos Volar, conformado por personas locutoras con experiencias de atención de salud mental en el Hospital Nacional de Salud Mental, con apoyos de personas estudiantes, técnicos radiofónicos y docentes de la Universidad de Costa Rica, deseamos manifestar nuestro repudio a las expresiones estigmatizantes del Presidente Rodrigo Chaves sobre categorías diagnósticas vinculadas a la salud mental y su política de debilitar la Seguridad Social.

Nuestro colectivo ha luchado durante más de una década por el respeto a todas las personas con discapacidad psicosocial y puesto sobre la mesa la importancia de desestigmatizar todo lo relacionado con la salud mental y la locura. Consideramos que la Presidencia de la República con estas expresiones reproduce lógicas discriminatorias, manicomiales y estigmatizantes que se profundizan en la cultura costarricense.

Rechazamos también la política fascista de la Administración Chaves Robles sobre la Seguridad Social, al expresar que esta debe regirse por principios neoliberales de rentabilidad económica, donde la atención en salud de las poblaciones (principalmente de las más vulnerables) quede a merced de las políticas fiscales regresivas.

En Podemos Volar reafirmamos nuestro compromiso con un país que produzca una atención comunitaria, pública y solidaria en salud mental, que apoye los procesos para construir una vida digna y respete los Derechos Humanos. Para ello, como lo hemos señalado en el pasado, debemos fortalecer y transformar la Caja Costarricense de Seguridad Social para honrar los principios históricos de su fundación y asegurar a futuro una Costa Rica más justa y solidaria con una atención en salud pública, pronta y de calidad. Hacemos un llamado a todos los sectores de la sociedad costarricense que compartan estos principios de justicia social, equidad y Derechos Humanos a pronunciarse respecto a estas expresiones y políticas de la Administración Chaves Robles.

15 de junio, 2023
Hospital Nacional de la Salud Mental
Pavas, San José, Costa Rica

Campaña «¡Educación no sexista para construir proyecto de vida!»

La campaña «¡Educación no sexista para construir proyecto de vida!» de la Red de Educación Popular Entre Mujeres de Latinoamérica y el Caribe (REPEM) conmemora el Día Internacional de la Educación No Sexista, establecido en 1981 por representantes de la REPEM reunidas en Paraguay.

El objetivo principal de esta campaña es promover una educación que fomente la equidad de género en todos los ámbitos y a lo largo de la vida. Busca cuestionar, reflexionar e investigar sobre la educación desde una perspectiva feminista, con consciencia de clase y con memoria histórica. Asimismo, busca impulsar procesos educativos libres de estereotipos de género y garantizar la participación plena de las mujeres y las niñas en la sociedad.

La REPEM reclama una educación no sexista, laica, integral e inclusiva que informe, empodere y acompañe a las niñas, jóvenes y mujeres en la construcción autónoma de sus proyectos de vida. El objetivo de nuestra incidencia, es transformar las condiciones actuales de violencia y discriminación, que perpetúan la desigualdad de género.

Según el informe 2020 seguimiento de la educación en el mundo de la UNESCO, alrededor de 132 millones de niñas en la edad escolar no asisten a la escuela.

Realizan taller para identificar el racismo y las acciones en la labor docente

Por Carmen Picado – Producción de tvsur

Desde la carrera de administración educativa de la UNED y COLYPRO en conjunto con la UCR se llevó a cabo un taller para identificar el racismo y las acciones que se pueden llevar desde los docentes.

La actividad fue dirigida por especialistas del Observatorio para la Acción contra el Racismo.

La intención es generar cooperaciones para informar sobre el tema, sobre todo la violencia que se esta generando en los centros educativos, sobre todo de colegios.

La charla fue en las instalaciones de la UNED en Villa en Pérez Zeledón.

Organizaciones llaman al Estado costarricense a garantizar los derechos de las personas trabajadoras migrantes y refugiadas

Instamos al Estado costarricense a reconocer los obstáculos que enfrentan las personas trabajadoras migrantes y refugiadas para el acceso a sus derechos. Llamamos la atención para que se tomen medidas inmediatas e integrales para su garantía.

San José. – En el marco del mes de las personas trabajadoras, organizaciones de la sociedad civil participamos en un encuentro para discutir sobre los desafíos a los que se enfrentan las personas trabajadoras migrantes, solicitantes de asilo y refugiadas en Costa Rica y cómo ello afecta su integración y el acceso a sus derechos.

Una de las razones que identificamos a partir de este encuentro, y la cual consideramos imposibilita la efectiva creación y administración de políticas públicas que garanticen la integración de las personas trabajadoras migrantes a las comunidades de acogida, es el escaso registro que existe tanto del flujo de personas trabajadoras migrantes como del acceso a sus derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, así como a condiciones laborables justas.

Denunciamos que la reducción de presupuesto y recursos estatales profundiza la complejidad en los procesos de regularización migratoria. Los requisitos, en algunos casos incumplibles, generan costos y demoras que conducen a un círculo vicioso de irregularidad migratoria, imposibilitando a las personas trabajadoras migrantes al acceso de condiciones laborales equitativas y empujándolas a la informalidad. Asimismo, evidenciamos que las recientes medidas en materia de migración implementadas por el gobierno costarricense profundizan las deudas históricas del Estado con esta población. El Decreto Ejecutivo Nº 43810 MGP del 1 de diciembre del año 2022 limita su capacidad de trabajar y exige que la solicitud de asilo sea realizada dentro de los primeros 30 días del ingreso al país; esto contraviene abiertamente los estándares internacionales de derechos humanos, pues lesiona el derecho a buscar y recibir asilo, el debido proceso, el derecho de defensa y el acceso a las diversas instancias, además de lesionar el derecho a trabajar de las personas solicitantes y  refugiadas así como su libertad de tránsito.

La informalidad laboral provocada por la irregularidad migratoria suscita escenarios que agravan la susceptibilidad a sufrir abuso laboral, discriminación y trata; situaciones complejas de prevenir y denunciar en sectores como el privado. Un ejemplo concreto de ello es el de las trabajadoras domésticas.

Destacamos la necesidad de que el Estado costarricense cumpla con garantizar los derechos de las personas migrantes de conformidad con las obligaciones adquiridas mediante la ratificación de diversos instrumentos internacionales y su propia normativa interna. Consecuentemente, instamos al Estado a implementar instrumentos internacionales como los Convenios 111 y 189; y la ratificación del Convenio 190 (todos de la Organización Internacional del Trabajo- OIT). Mecanismos de protección ante la discriminación en el empleo, que garanticen el acceso a trabajo digno para las personas trabajadoras, así como la prevención de la violencia y el acoso en el contexto laboral.

La irregularidad laboral expone a las personas trabajadoras a situaciones abusivas como lo son recibir un salario 40% inferior, falta de medidas de seguridad en el ambiente laboral, malos tratos, entre otros. En vista de sus necesidades, muchas personas se han resignado a trabajar en condiciones sin garantías. Señalamos además que estas desprotecciones impactan en mayor medida a distintas poblaciones según condiciones particulares de vulnerabilidad como lo son el género, la identidad de género, la orientación sexual, el origen cultural o étnico, entre otros.

Aunado a lo antes mencionado, ponemos sobre la mesa la creciente brecha digital provocada por la implementación de herramientas tecnológicas y digitales para llevar a cabo trámites migratorios, solicitud de asilo y la inscripción a la Caja costarricense del seguro social (CCSS). Estas medidas se han implementado sin considerar la situación de las personas migrantes que carecen de medios para acceder a dichos dispositivos o que viven en zonas rurales con poco acceso a internet. Esto supone la violación de derechos, como: a) recibir información clara, planteada en términos accesibles para la comprensión de sus derechos; b) conocer los requisitos para ingresar o permanecer en el país; y c) ser informadas sobre las medidas que el Estado pudiese tomar sobre su persona.

En consideración de que actualmente se encuentra en desarrollo la construcción de la Política Migratoria Integral 2024 – 2034, solicitamos a las autoridades a implementar medidas que faciliten la integración de las personas y a no obstaculizar su acceso al trabajo justo y digno; así como a  considerar el rol de la responsabilidad social empresarial (RSE) para la creación de medidas inclusivas de toda la población en movilidad en el país, desde una perspectiva interseccional que atienda particularidades de género, identidad, orientación sexual, entre otros.

En virtud de lo anterior, le solicitamos al Estado de Costa Rica que:

  1. Adecúe su marco normativo para derogar el Decreto Ejecutivo Nº 43810 MGP del 1 de diciembre del año 2022 y garantice vías de regularización adecuadas y viables para los diferentes perfiles e interseccionalidades de las personas, reduciendo los costos migratorios, simplificando trámites y cumpliendo con los 90 días de respuesta indicados por la ley.
  2. Mantenga abiertos los canales de comunicación con las organizaciones de y pro personas migrantes, a través de mecanismos de comunicación expeditos con la comunidad en movilidad, con el objeto de que las personas puedan ejercer de manera adecuada su derecho a la información; y facilite mecanismos que acorten la brecha digital que ha significado la implementación de herramientas digitales.
  3. Que en el marco de la construcción de la Política Migratoria Integral 2024 – 2034 se apliquen perspectivas inclusivas, de género y de derechos humanos, de manera que los desafíos a los que sobreviven las personas sean abarcados contemplando su interseccionalidad desde la intersectorialidad institucional, logrando una integración de diversos sectores institucionales con una visión conjunta para resolver problemas sociales.
  4. Avance en capacitar y sensibilizar a funcionarios públicos y actores privados que tienen directa interacción con la comunidad en movilidad en la entrega de servicios, para garantizar la promoción y protección de los derechos de las personas en movilidad humana en el país.
  5. Que se revitalice el Consejo Nacional de Migración, según lo establece la Ley General de Migración y Extranjería, como espacio técnico-político que recomienda al Poder Ejecutivo las políticas migratorias.  Nos preocupa que en el último año de gobierno, este Consejo se ha convertido en un espacio informativo y no deliberativo.

Organizaciones firmantes:

  • Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).
  • Centro de Derechos Sociales del Inmigrante (CENDEROS).
  • Instituto sobre Migración y Refugio LGBTIQ para Centroamérica (IRCA CASABIERTA).
  • Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más.
  • Asociación Scalabriniana al Servicio de Migrantes.
  • Asociación Enlaces Nicaragüenses en Costa Rica.

Lanzamiento de la campaña «¡Educación no sexista para construir proyecto de vida!»

Comunicado de prensa

La Red de Educación Popular Entre Mujeres de Latinoamérica y el Caribe (REPEM) anunció el lanzamiento de la Campaña «¡Educación no sexista para construir proyecto de vida!» en conmemoración del Día Internacional de la Educación No Sexista.

En 1981, representantes de la REPEM reunidas en Paraguay, declararon el 21 de junio como Día Internacional de la Educación No Sexista. Esta iniciativa busca unir las voces que exigen el derecho a una educación que promueva la equidad de género en todos los espacios.

Ésta campaña nos invita a cuestionar, reflexionar e investigar sobre la educación desde una perspectiva feminista, con consciencia de clase y con memoria histórica. Promover procesos educativos libres de estereotipos de género, comprometidos con garantizar la participación de las mujeres y las niñas en todos los ámbitos de la sociedad.

Reclamamos una Educación No Sexista laica, integral e inclusiva que informe, empodere y acompañe a las niñas, jóvenes y mujeres en la construcción autónoma de sus proyectos de vida. Accionamos para transformar las condiciones actuales de violencia y discriminación, que ponen siempre en desventaja a las niñas y mujeres.

REPEM invita a todas las personas, organizaciones y comunidades a unirse a esta campaña en pro de una educación no sexista que promueva el derecho a la igualdad y el desarrollo pleno de todas las niñas y mujeres de Latinoamérica y el Caribe.

Para obtener más información y participar en la campaña, visite nuestro sitio web repem.org y síganos en nuestras redes sociales.