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Pronunciamiento Político de la Seccional ANEP-DIVERSIDAD de Costa Rica

A la opinión pública nacional e internacional:

La Seccional ANEP-DIVERSIDAD, en su compromiso con la defensa de los derechos humanos y en particular de la comunidad LGBTIQA+ de Costa Rica, se ve en la obligación de pronunciarse de manera enérgica contra las regresivas acciones del Gobierno de Rodrigo Chaves Robles que, en los últimos días, ha dado señales claras de retroceso en lo que respecta al respeto y garantía de los derechos de todas las personas, especialmente aquellas que integran las diversidades sexuales y de género.

Es inconcebible que, en pleno siglo XXI, el Gobierno de la República pretenda eliminar protocolos fundamentales que han sido diseñados para proteger a las y los niños, niñas y adolescentes que sufren acoso, bullying y violencia por su orientación sexual o identidad de género. Este tipo de acciones no solo atentan contra el bienestar de las personas más vulnerables en nuestra sociedad, sino que también van en contra del principio fundamental de igualdad y no discriminación que nuestra Constitución y tratados internacionales consagran.

En su reciente declaración, el Presidente Chaves expresó que eliminará los protocolos de protección contra el bullying en el ámbito educativo, lo cual constituye un ataque directo contra la comunidad LGBTIQA+ y un desconocimiento absoluto de los efectos devastadores que la violencia homofóbica y transfóbica tiene sobre la salud mental y emocional de los jóvenes. El bullying, la violencia y la discriminación en las escuelas no son situaciones aisladas; son una realidad diaria que afecta a miles de estudiantes en todo el país, y no pueden ser minimizadas o ignoradas por un Gobierno que debería velar por la integridad y dignidad de todas y todos los costarricenses.

Rechazamos categóricamente las declaraciones del Presidente Chaves y su intento de desmantelar los avances en la lucha por la igualdad y los derechos humanos. Las y los niños y adolescentes y todas las personas que pertenecen al movimiento LGBTIQA+ deben ser protegidos, no solo de la violencia física, sino también de la violencia simbólica que perpetúa la homofobia, la transfobia y otras formas de discriminación. Es urgente que el Estado costarricense continúe con la implementación de políticas públicas que promuevan la diversidad, la inclusión y el respeto por la dignidad humana.

La Seccional ANEP-DIVERSIDAD se solidariza con todas las personas LGBTIQA+ y sus familias, y rechaza cualquier intento de retroceso en la construcción de una sociedad más justa, igualitaria y libre de discriminación. Hacemos un llamado a la sociedad costarricense para que no se quede indiferente ante estas agresiones, y para que exija al Gobierno que rectifique sus decisiones y asuma su responsabilidad en la protección de los derechos humanos de todas las personas, sin distinción alguna.

No permitiremos que se socaven los avances logrados en nuestra lucha por la visibilidad, el respeto y la dignidad de las personas LGBTIQA+. Exigimos que se mantengan y fortalezcan los protocolos de protección, y que se respete el derecho de cada persona a vivir libremente su orientación sexual y su identidad de género sin temor a ser discriminada o violentada.

¡Ni un paso atrás en la lucha por los Derechos Humanos!

Atentamente,

Seccional ANEP-DIVERSIDAD

Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) Costa Rica

La ampliación de la jornada de trabajo de las mujeres a 12 horas como expresión de la violencia de género

Frank Ulloa | Foto: Gerardo Iglesias | Rel UITA

Frank Ulloa Royo

La violencia de género también impregna las leyes laborales y por tanto tiene un impacto significativo en el trabajo de las mujeres. En la vida diaria y en su incorporación al proceso de trabajo, las mujeres enfrentan una serie de desafíos que reflejan las desigualdades y la discriminación profundamente arraigadas en la sociedad. Existe una relación directa e interacciones entre la violencia social, el trabajo de las mujeres, la discriminación y las desigualdades en el ámbito laboral. En razón del proyecto de ley que pretende aumentar la jornada de trabajo a doce horas, examinamos esta propuesta desde la óptica de las mujeres trabajadoras, porque este cambio en la regulación de la jornada busca aumentar la jornada laboral de las mujeres a 12 horas, dejando de lado la perspectiva de género y a la luz de los Convenios Internacionales de la OIT.

La violencia social, la discriminación y las desigualdades en el trabajo son fenómenos interconectados que afectan negativamente a las mujeres. Las propuestas de aumentar la jornada laboral a 12 horas ignoran las realidades de la doble carga de trabajo y los riesgos asociados para la salud de las mujeres. Es esencial adoptar políticas laborales que promuevan la igualdad, protejan la salud y bienestar de las trabajadoras y respeten los derechos humanos.

La OIT (2021) ha señalado que las mujeres trabajan en promedio 4 horas más que los hombres cuando se combinan las responsabilidades laborales y domésticas. Este proyecto de ley va a afectar al 47 % de las mujeres costarricenses que son encargadas de su propia familia. A partir de este enfoque, es posible encontrar sesgos androcéntricos en los derechos, los principios fundamentales o en las garantías constitucionales, así como en los mecanismos por medio de los cuales se protegen. Al identificarlos, se requiere hacer un replanteamiento desde la perspectiva de género con la intención de ser inclusivos en la formulación de las leyes.

Violencia social y trabajo de las mujeres

Las mujeres no solo enfrentan acoso y violencia en el hogar, sino también en sus lugares de trabajo. Esta violencia se manifiesta de múltiples formas, desde el acoso sexual hasta la violencia física y psicológica. Según un informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT, 2018), una de cada tres mujeres ha experimentado alguna forma de violencia en el lugar de trabajo.

Consecuencias de aumentar la jornada laboral a 12 horas:

Las propuestas de aumentar la jornada laboral a 12 horas para las mujeres tienen implicaciones severas para su salud y bienestar y la de sus familias. Estudios han demostrado que largas jornadas laborales están asociadas con un aumento en enfermedades cardiovasculares, problemas de salud mental y fatiga crónica. La OMS (2016) ha advertido que trabajar más de 55 horas por semana aumenta el riesgo de accidente cerebrovascular en un 35% y el riesgo de muerte por cardiopatía isquémica en un 17%.Para las mujeres, estas consecuencias pueden ser aún más graves debido a la doble carga de trabajo. Aumentar las jornadas laborales sin proporcionar apoyo adicional puede llevar a un deterioro significativo de la salud física y mental de las mujeres, exacerbando las desigualdades existentes.

Derechos humanos y normativas internacionales

La propuesta de aumentar las jornadas laborales contraviene los principios de los derechos humanos y las normativas internacionales. El Pacto de San Salvador sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, del cual muchos países de América Latina son signatarios, establece el derecho a condiciones de trabajo justas y favorables, incluyendo jornadas laborales razonables. La OIT también aboga por jornadas laborales que no comprometan la salud y el bienestar de los trabajadores.

La OIT y las condiciones de trabajo de la mujer

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha desarrollado varias propuestas y estrategias para mejorar y equilibrar el trabajo de la mujer. Aquí te presento algunas de las más destacadas:

Plan de Acción de la OIT sobre Igualdad de Género 2022-2025

Este plan se centra en promover la igualdad de género en el mundo del trabajo y aborda temas como la discriminación, la violencia y las desigualdades salariales. Entre sus objetivos se encuentran:

  • Promover la igualdad de oportunidades: Asegurar que tanto hombres como mujeres tengan acceso a empleos dignos y productivos.

  • Mejorar la protección social: Fortalecer la cobertura y eficacia de la protección social para todos los trabajadores.

  • Fomentar el diálogo social: Promover el tripartismo y el diálogo social para abordar las desigualdades de género.

Convenios y recomendaciones claves

La OIT ha establecido varios convenios y recomendaciones que son fundamentales para la igualdad de género en el trabajo. Algunos de los más importantes incluyen:

  • Convenio sobre la Discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111): Prohíbe la discriminación en el empleo y la ocupación.

  • Convenio sobre los Trabajadores con Responsabilidades Familiares, 1981 (núm. 156): Protege a los trabajadores con responsabilidades familiares.

  • Convenio sobre la Protección de la Maternidad, 2000 (núm. 183): Garantiza la protección de la maternidad y el derecho a la licencia por maternidad.

  • Convenio sobre los Trabajadores con Responsabilidades Familiares, 1981 (núm. 156) de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)

De manera concreta el proyecto de ley para ampliar la jornada de la mujer a doce horas contraviene el Convenio (núm. 156) que tiene como objetivo principal garantizar la igualdad de oportunidades y tratamiento para hombres y mujeres trabajadores con responsabilidades familiares. Este instrumento internacional reconoce que las responsabilidades familiares pueden afectar negativamente las condiciones laborales de los trabajadores y busca abordar estas desigualdades a través de diversas medidas.

Lo anterior lo afirmo porque el Convenio propone fomentar la igualdad de oportunidades y tratamiento al establecer que las trabajadoras con responsabilidades familiares deben recibir igualdad de oportunidades y tratamiento en el empleo, sin discriminación. Asimismo, busca proteger a las trabajadoras con responsabilidades familiares contra el despido injustificado, como podría ocurrir por las ausencias para atender responsabilidades familiares por enfermedad o cuidados. Finalmente propone mas bien reducir jornadas por distintos medios y horarios flexibles y trabajo remoto, para ayudar a los trabajadores a equilibrar sus responsabilidades laborales y familiares, en busca de promover en la practica la igualdad de género en el ámbito laboral y de apoyar a los hombres y mujeres en la asunción de responsabilidades familiares.

Estrategias para la igualdad de género

La OIT también promueve la incorporación de la perspectiva de género en todas sus actividades y políticas. Esto incluye:

  • Divulgación de información: Aumentar la conciencia sobre los derechos laborales y la igualdad de género que debe considerarse al modificar las leyes.

  • Medidas diferenciadoras: Implementar medidas de apoyo específicas para responder a las necesidades y intereses de las mujeres y los hombres.

  • Promoción de la igualdad en el lugar de trabajo: Asegurar que tanto mujeres como hombres tengan igual acceso a los derechos laborales. Reducción de las jornadas de trabajo y la creación de apoyos familiares.

Costa Rica contra corriente:

Mientras los países de América Central avanzan en derechos el país avanza contra corriente, en favor de la eliminación de derechos y generando mayores desigualdades al proponer proyectos como el de aumento de jornada que parece que tiene los votos inconscientes necesarios para contribuir destruir la calidad de vida de miles de mujeres. Costa Rica con esta propuesta de ampliación de jornada contraviene las propuestas y estrategias buscan crear un entorno laboral más equitativo y justo para todas las personas, independientemente de su género. 1

De esta manera sectores de la Asamblea legislativa lejos de darle una perspectiva de género a la legislación para crear un entorno laboral más equitativo y justo, reconociendo la importancia de las responsabilidades familiares y su impacto en la vida laboral de los trabajadores, promueven nuevas y mayores desigualdades.2

Así, Costa Rica dejó atrás su doble moral y de manera clara impulsa estrategias contrarias a la corriente de derechos humanos que impulsa la OIT y que se resume en varias propuestas pro derechos de las mujeres.

Bibliografía

  • Aznar Aguilarte, Alexandra María. «Los orígenes del derecho al trabajo en Francia (1789-1848).»

  • Organización Internacional del Trabajo (OIT). (2018). «Ending violence and harassment against women and men in the world of work.»

  • Organización Internacional del Trabajo (OIT). (2021). «World Employment and Social Outlook: Trends 2021.»

  • Organización Mundial de la Salud (OMS). (2016). «Long working hours and the risk of coronary heart disease and stroke: a systematic review and meta-analysis.»

  • Pacto de San Salvador sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales. (1988).

  • Vázquez Macías, Ana. (2022). «La evolución del régimen jurídico del trabajo de la mujer: la conciliación de la vida laboral y familiar como vía estratégica para alcanzar la igualdad de género.» Tesis de Máster, Universidad de Oviedo. España.

1 La perspectiva de género en el derecho laboral es un tema de especial importancia que busca abordar las desigualdades estructurales entre hombres y mujeres en el ámbito laboral. En el libro «Los orígenes del derecho al trabajo en Francia (1789-1848)», Alexandra María Aznar Aguilarte analiza cómo las políticas laborales comenzaron a reconocer y tratar estas desigualdades desde sus primeras formulaciones. Allí examina la evolución de las leyes y políticas laborales que surgieron durante este período y cómo estas leyes comenzaron a reconocer el trabajo como un derecho fundamental.

2 Ana Vázquez Macías (Universidad de Oviedo,2022) concluye que la corresponsabilidad en las responsabilidades domésticas y familiares es esencial para alcanzar la igualdad efectiva entre hombres y mujeres. Ella argumenta que, aunque formalmente se reconoce la igualdad, la realidad material muestra que las responsabilidades familiares siguen siendo asumidas principalmente por las mujeres, lo que lleva a una doble jornada de trabajo-hogar y limita las oportunidades de promoción laboral para las mujeres, lo que se afecta con normas aparentemente neutras como la ampliación de una jornada para estimular la inversión extranjera.

Alianza de Resistencia por la Vida de las Mujeres

Comunicado

¡EMERGENCIA NACIONAL: ¡TRES FEMICIDIOS EN MENOS DE 12 HORAS!

Costa Rica vive hoy una tragedia que no puede ser ignorada: en menos de 12 horas, tres mujeres han sido asesinadas por el simple hecho de ser mujeres. Estos crímenes son la manifestación más brutal de una violencia estructural que el Estado ha sido incapaz de prevenir. Frente a esta realidad, alzamos nuestra voz para exigir medidas claras, urgentes y efectivas que pongan fin a esta emergencia nacional.

Nuestra preocupación es profunda: el Estado costarricense y el Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU), como ente rector, han fallado en garantizar la seguridad y la vida de las mujeres. No basta con discursos ni medidas simbólicas, necesitamos acciones concretas que respondan al mandato de los convenios internacionales que Costa Rica ha suscrito, como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y la Convención de Belém do Pará. Ambos instrumentos exigen políticas efectivas, integrales y sostenidas para erradicar la violencia de género.

Exigimos:

  1. Declaratoria de emergencia nacional por violencia contra las mujeres. Este es un llamado urgente a priorizar recursos y políticas públicas para prevenir, atender y sancionar toda forma de violencia.

  2. El fin de la violencia institucional. Necesitamos instituciones que estén del lado de las mujeres, no del poder ejecutivo que perpetúa y naturaliza la violencia de género. Exigimos un INAMU que represente los intereses de las mujeres y no sea un apéndice del Ejecutivo.

  3. Una ministra comprometida con las mujeres. Queremos un liderazgo que no justifique las acciones del Ejecutivo, sino que aplique con firmeza los mandatos de los convenios internacionales y las leyes nacionales para salvar la vida de las mujeres.

  4. Cumplimiento de los compromisos internacionales. Es indispensable que el Estado costarricense cumpla con las obligaciones que ha asumido en la CEDAW y Belém do Pará, generando políticas efectivas, seguimiento integral y protección real para las mujeres en riesgo.

Un llamado a la acción colectiva:

Instamos a todas las organizaciones de mujeres, colectivos feministas y movimientos sociales a unirse en una Alianza de Resistencia por la Vida de las Mujeres. Esta lucha no puede ser de corto plazo ni limitada a las calles; debe ser sostenida y llevada a todos los espacios:

  • En las comunidades, trabajando juntas para concienciar y capacitar a las personas en prevención de la violencia de género.

  • En las instituciones, exigiendo cambios estructurales y denunciando la negligencia.

  • En los centros de trabajo, promoviendo espacios seguros y libres de discriminación.

  • En los hogares, educando desde la familia para erradicar los patrones de violencia.

  • En las calles, alzando nuestras voces juntas en una lucha incansable por los derechos de las mujeres. Nos vemos este

Hoy, más que nunca, debemos acuerpar a cada mujer que enfrenta violencia, construir redes de apoyo y compartir información que salve vidas. Esta es una lucha que nos compromete a todas y todos, porque la vida de las mujeres no puede seguir siendo arrebatada por la indiferencia, la negligencia y la impunidad.

¡Por una Costa Rica justa, segura e igualitaria!

¡Que nuestras voces retumben en cada rincón del país y exijan un cambio real!

Desde la resistencia y por la vida de las mujeres.

DECLARAMOS EMERGENCIA NACIONAL YA.

Ante el aumento de la violencia femicida, las mujeres declaramos emergencia nacional

Las mujeres que integramos el Colectivo Mujeres por Costa Rica expresamos nuestra preocupación y enojo por el aumento de los femicidios en Costa Rica. En el año 2024 tuvimos un femicidio cada 15 días y en este mes que recién iniciamos el año 2025: se dan 5 femicidios en 28 días, dos veces y medio más con respecto al año 2024.

Es muy preocupante, además, que la violencia femicida ha tomado formas cada vez más extremas, de tortura y ensañamiento contra las mujeres, prácticas que antes se consideraban exclusivas del narcotráfico y el crimen organizado, las encontramos hoy en las formas en que los hombres deciden acabar con la vida de las mujeres.

Las causas de la violencia son multidimensionales: por un lado, son consecuencia de una desigualdad estructural, política y económica de género, y por otro, responden también a la circulación cada vez más extendida de discursos políticos que utilizan el odio, la confrontación, la burla y la violencia como herramientas para el ejercicio del poder.

Las mujeres no queremos seguir viviendo bajo un estado de permanente amenaza, odio, terror y miedo.

Junto a la movilización social, es urgente que el Estado y sus instituciones cumplan con su deber de garantizar una vida libre de violencia para las mujeres y declarar ya un estado de emergencia.

Basta ya de violencia femicida

Pronunciamiento público Foro de Mujeres INAMU

San José, 28 de enero 2025

Las organizaciones de mujeres integrantes del Foro de Mujeres INAMU nos manifestamos ante los femicidios ocurridos en nuestro país.

La violencia contra las mujeres es un problema social complejo, multidimensional y multicausal que afecta a nivel nacional y hoy se refleja en la cifra alarmante de 5 femicidios en lo que va del año 2025.

Creemos urgente que como sociedad entender que el aumento de la violencia siendo que esta es una construcción social que permea toda la sociedad de diferentes formas.

Primero. Nos solidarizamos con los familiares de las víctimas de femicidio

Recordamos la necesidad que la Asamblea retome la ley de reparación integral a las personas sobrevivientes de femicidio para que pueda ser aplicada.

Segundo. Exigimos la Declaratoria de emergencia.

Según el artículo 21 de la ley de penalización los femicidios han aumentado en un 200% en esta administración y los homicidios dolosos de mujeres han aumentado en un 65% lo que nos habla que nuestro país está cayendo en una crisis profunda acompañado del aumento de la desigualdad y la precariedad de la vida donde las mujeres llevan la peor parte y se les toma como objeto y toman control de su vida y entorno.

Tercero. El Estado tiene la obligación y el deber de garantizar el bienestar y respeto a la vida de las mujeres.

Que esto ocurra requiere del compromiso de toda la institucionalidad.

Instamos a las instituciones asumir como una prioridad la generación y puesta en marcha estrategias concretas que respondan a los reclamos que por muchos años han hecho las mujereres en la búsqueda de la erradicación de la violencia contra las mujeres y una mejor calidad de vida y el respeto de la vida de las mujeres.

Cuarto. Que la Asamblea legislativa trabaje en la gestación de leyes que atiendan los nuevos aspectos que potencian la violencia hacia las mujeres -narcotráfico -trata entre otros.

Consideramos que la reducción en edad de en las relaciones impropias en el gobierno de Alvarado debe revertir y volver a la mayoría de edad.

Que se garantice el cumplimiento y la aplicación de leyes convenios y convenciones internacionales existentes que fomenten la igualdad de género.

Invitamos a las autoridades judiciales a apegarse al estricto proceso de las leyes que garanticen la integridad de las mujeres y el cumplimiento de las sanciones para el agresor.

Quinto. Invertir en el fortalecimiento de las organizaciones de mujeres que trabajen en la defensa de los derechos de las mujeres.

Abordar las múltiples formas de discriminación a las que se enfrentan las mujeres a diario.

Sexto. Exigencia de servicios de atención a las mujeres víctimas de violencia

La violencia contra las mujeres no conoce horarios de oficina, por ello la atención deben ser adecuados, a tiempo y en horario 24/7 con personal sensibilizado y profesionalmente preparado.

Sétimo. Demostrar con acciones concretas el rechazo de la cultura de la violencia en todas sus odiosas formas.

Fortalecer una práctica de comunicación asertiva con mensajes que no normalicen la violencia, sin exaltación de la misoginia, ni utilice gestos, desde los medios de difusión masivas, estructuras gobierno y otras instancias.

Octavo. Crear y/o fortalecer estrategias para abordar la violencia machista y patriarcal.

La violencia machista y patriarcal es parte de una construcción social que permea toda la sociedad. Trabajar para deconstruirla debe ser una tarea permanente como la solución a un problema que solo genera más dolor y sufrimiento.

Noveno. Impulsar campañas permanentes y visibles para sensibilizar a la sociedad sobre la violencia hacia las mujeres.

Las campañas deben estar orientas a que la población reconozca que el uso de la violencia es una forma de control de la vida de las mujeres y puede causar daños irreparables en las personas que las sufren y es un flagelo para toda la sociedad.

Decimo. Trabajar desde toda la sociedad para construir un futuro mejor.

La lucha por la defensa de los derechos de las mujeres y lograr una sociedad más justa, reconstruida desde la formación desde los años preescolares promoviendo y motivando espacios para aprender a escuchar y creer en los relatos de las sobrevivientes.

Enseñar a las próximas generaciones sobre los impactos de la violencia machista y patriarcal, reconocer rasgos patológicos de la persona violenta para que sepan reconocerlos y que se alejen de ellos y no terminen engrosando la lista victimarios y victimas de femicidio.

Por último.

Invitamos a los formadores de los y las comunicadoras, a los y las comunicadoras y a toda la sociedad a conocer sobre los principios del feminismo y su posición política, económica y cultural para que entiendan que su objetivo es generar conciencia y condiciones para la transformación de relaciones sociales, lograr la igualdad entre las personas y eliminar cualquier forma de violencia contra las mujeres, la mitad de la población del país, en los ámbito públicos y privados, incluida la trata y la explotación sexual y otros tipos de explotación. El feminismo nunca ha Matado a nadie, el machismo sí.

Instamos a la población a unirse en un movimiento contra el femicidio, que es la lucha permanente del feminismo, que busca poner en evidencia, discutir y proponer las distintas manifestaciones de las violencias, no solo aquellas que son evidentes, no solo el femicidio, sino también aquellas otras violencias cotidianas que son las que permiten el avance de las violencia que terminan en femicidio, como las otras manifestaciones de violencia que hemos visto en los últimos años hacia niñez, juventud, personas con discapacidad y personas mayores, poblaciones vulnerabilizadas como efecto de lo que estamos viviendo.

PREVENCIÓN ES LA ÚNICA MANERA DE DETENER LA VIOLENIA ANTES INCLUSO DE FEMICIDIO.

Comunicado oficial del Poder Judicial ante los recientes casos de femicidio

El Poder Judicial lamenta profundamente los femicidios registrados en los últimos días. Nos solidarizamos con los familiares de las víctimas en este doloroso momento y reiteramos nuestro compromiso de trabajar para garantizar la protección de la integridad y vida de las mujeres. Este es, y seguirá siendo, un tema prioritario para nuestra institución.

En relación con estos lamentables acontecimientos y tras realizar las consultas correspondientes a los juzgados e instancias competentes, el Poder Judicial desea aclarar lo siguiente:

  1. Sobre las solicitudes de medidas de protección, que prevé la Ley: Ninguna de las cuatro mujeres fallecidas recientemente había solicitado medidas cautelares de protección ante el Poder Judicial contra quienes presuntamente las asesinaron.

  2. Caso Fernández Hernández: La víctima, vecina de Cahuita, sí había solicitado medidas de protección (en julio de 2024), pero contra otra persona distinta al presunto responsable de su muerte. Cabe aclarar que estas medidas en éste único expediente, no pudieron ser notificadas al sujeto por parte de la Fuerza Pública, institución encargada de dicho procedimiento. Pero sobre el presunto agresor que supuestamente le  dio muerte,  el Poder Judicial no tiene registro que la víctima solicitara las medidas de protección.

  3. Responsabilidad en las notificaciones: Es importante señalar que las víctimas denunciantes no son las encargadas de notificar a los agresores sobre las medidas de protección dictadas por los juzgados, así establecido  por disposiciones institucionales desde 1999 y reafirmada en el año 2023.  Las notificaciones en casos de urgencia y de ejecución inmediata, se encomienda a la  Fuerza Pública.

  4. Acciones inmediatas: Los cuatro sospechosos relacionados con estos femicidios han sido detenidos por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ). A uno de ellos, un ciudadano estadounidense de apellido Mariondo, se le impuso un año de prisión preventiva, mientras que la situación jurídica de los otros tres sospechosos se encuentra pendiente de resolución en los juzgados respectivos.

Desde el Poder Judicial reafirmamos nuestro compromiso con la lucha contra la violencia de género y continuamos trabajando para fortalecer los mecanismos de protección y garantizar una respuesta efectiva en favor de las mujeres en situación de riesgo.

Hacemos un llamado a la ciudadanía para que denuncie cualquier acto de violencia y reiterar nuestro compromiso con la transparencia, la justicia y el acceso efectivo a los servicios judiciales.

Poder Judicial de Costa Rica
28 de enero de 2025

IEM-UNA urge acciones para frenar la ola de femicidios

UNA Comunica. 28 de enero de 2024. El Instituto de Estudios de la Mujer (IEM) de la Universidad Nacional (UNA) expresa su profunda preocupación ante la creciente violencia contra las mujeres en Costa Rica, evidenciada en la alarmante escalada de femicidios, debido a la inacción o ineficacia de las acciones estatales para cumplir con su deber de prevenir, atender y erradicar la violencia contra las mujeres.

En los primeros 27 días de este año, cinco mujeres han sido asesinadas, tres de ellas en un trágico intervalo de apenas 12 horas. Esto significa que es el registro de enero más elevado en los últimos cinco años.

Estas cifras se suman a las 82 muertes violentas de mujeres registradas en 2024, según el Observatorio de Violencia de Género contra las Mujeres y Acceso a la Justicia del Poder Judicial, de las cuales 26 fueron clasificadas como femicidios, 16 como homicidios y 40 permanecen en análisis. 

Esta realidad pone de manifiesto profundas desigualdades de género históricas y estructurales y la desvalorización de la existencia de las mujeres. El incremento de los femicidios, con episodios de ensañamiento y violencia extrema, refleja un grave incumplimiento en la protección de los derechos humanos. Además, este contexto perpetúa la normalización de la violencia en los ámbitos social, cultural y mediático, al reforzar el impacto simbólico de estos crímenes. 

El problema no es un hecho aislado, sino que responde a un panorama más amplio, caracterizado por el debilitamiento de la institucionalidad pública, la reducción de programas educativos y preventivos, y la persistencia de discursos de odio que alimentan actitudes discriminatorias. Estas dinámicas afectan los esfuerzos por construir una sociedad más justa, igualitaria y libre de violencia. 

Desde el Instituto de Estudios de la Mujer, hacemos un llamado a las autoridades del Estado costarricense para que redoblen su compromiso en la protección de los derechos de las mujeres mediante acciones concretas y efectivas: 

  1. Restauración y fortalecimiento de programas educativos: Es imperativo restituir y fortalecer de inmediato las iniciativas que promuevan la igualdad de género, la prevención de la violencia y el respeto por los derechos humanos desde las primeras etapas de formación así como la eliminación de los roles y estereotipos de género. La falta de estas herramientas educativas perpetúa las discriminaciones y sostiene la violencia estructural que afecta a las mujeres. 

  1. Políticas públicas efectivas y accesibles: El Estado tiene la responsabilidad ineludible de diseñar e implementar medidas integrales que garanticen servicios especializados, oportunos y accesibles para mujeres en situación de violencia. No cumplir con esta obligación constituye un incumplimiento grave de sus deberes como garante de los derechos humanos y la seguridad de su población.

  1. Compromiso institucional firme: Es fundamental que las autoridades estatales asuman con determinación su rol de liderar, con un discurso claro y acciones contundentes, el rechazo a toda forma de violencia, incluida la violencia simbólica. El Estado debe demostrar con acciones concretas su compromiso con la construcción de una sociedad que valore y proteja la vida de las mujeres, que erradique la discriminación y garantice un entorno seguro para todas, haciendo la debida inversión de tiempo, esfuerzo y recursos de todo tipo.

Solo a través de un esfuerzo conjunto como sociedad podremos construir un país más seguro y libre para todas las personas.  Es momento de actuar con decisión para proteger la vida de las mujeres y garantizar su derecho a vivir sin violencia. 

Oficina de Comunicación

Universidad Nacional, Costa Rica 

Defensoría: Los femicidios son un reflejo de un país donde no cesa la violencia machista hacia las mujeres

Ante los lamentables hechos de violencia contra mujeres vinculados a sus parejas sentimentales, la Defensoría de los Habitantes pide respeto por las víctimas y sus familiares. Sin lugar a dudas, este tipo de violencia debe ser objeto de discusión e indignación a viva voz, como reproche ante conductas que reproducen patrones machistas en donde la mujer es una posesión del perpetrador y creen tener la potestad de su vida o de su muerte.

El año pasado, 82 mujeres murieron en forma violenta, delitos de los cuales 26 ya han sido reconocidos como femicidios y 40 faltan por clasificar, es decir, asesinatos por su condición de género en manos de sus esposos o compañeros sentimentales. Según datos del Observatorio de Igualad de Género de América Latina y el Caribe de la CEPAL, en el año 2023 un total de 11 muertes violentas de mujeres por razón de género ocurren cada día en la región. Decimos que, por su condición de género, porque precisamente por el hecho de ser mujeres, sus parejas las consideran de su propiedad y ante diferentes circunstancias en sus relaciones, se atribuyen el poder de disponer de ellas a tal punto de quitarles la vida, incluso en frente de sus propios hijos e hijas. Esto no tiene otro nombre y, ocultarlo o disimularlo, no hace más que fortalecer tal modelo patriarcal que aún prevalece en nuestra sociedad.

A nivel del sistema institucional, Costa Rica cuenta con un importante conjunto de herramientas jurídicas para atender y prevenir la violencia de género; sin embargo, la cuestión preventiva está dejando que desear y esta labor no es solo del Estado, sino de toda la sociedad.

Se trata de una cuestión cultural. Una sociedad que normaliza la violencia en todas sus formas y ámbitos, fomenta el caldo de cultivo para someter aún más a los grupos vulnerabilizados, entre ellos, históricamente a las mujeres.

El femicidio es la máxima expresión de violencia contra las mujeres, pero previo a este, el maltrato verbal, la discriminación, la misoginia, los golpes, la violencia sexual, la violencia económica, la discriminación laboral, el acoso y el menosprecio, entre otras vejaciones, son violencia por razón de género, todas las cuales deben ser visibilizadas, atendidas y sancionadas.

La educación en el hogar, la comunidad y, por supuesto, el centro educativo, es la clave para que podamos revertir ese patrón, pero lamentablemente, tal factor de protección, cada día se reduce y debilita, para muestra, incluso las últimas decisiones gubernamentales, así como las muertes violentas cuya noticia escuchamos cada mañana.

Esta violencia se reafirma con manifestaciones de menosprecio a las víctimas y sus familiares, cualesquiera sean las circunstancias de las relaciones de éstas con el femicida. Si es joven, si es mayor, si tiene estudios, si no los tiene, si es o no de recursos económicos, todos estos son elementos que no justifican bajo ningún motivo el quitar una vida, o dos, cuando hay un embarazo de por medio.

Ya no es solo empatía y respeto, es posicionamiento claro en contra de la violencia hacia las mujeres, lo que debe ser nuestra reacción social ante estos hechos. Todas las personas y, con mayor razón quienes tienen canales de difusión de cualquier índole, debemos señalar, rechazar y reprochar la violencia en donde corresponde, sea en el perpetrador. Intentar trasladar culpas hacia las víctimas o sus familias, nos hace cómplices de una realidad que no puede ser tolerada más.

Comunicación
Defensoría de los Habitantes

Apertura de la primera promoción de la Maestría Profesional en Estudios de Género – UNA

El Instituto de Estudios de la Mujer de la Universidad Nacional, Costa Rica tiene el agrado de ofertar la primera promoción de la Maestría Profesional en Estudios de Género (posgrado internacional en modalidad virtual) con sus dos énfasis (1) Políticas Públicas y (2) Violencias de Género.

Esta formación le permitirá abordar y enfrentar las desigualdades y violencias de género desde una perspectiva crítica e inclusiva

A continuación, le facilitamos información clave para participar de este posgrado:

– Requisitos de admisión: https://www.iem.una.ac.cr/index.php/maestria-profesional-en-estudios-de-genero-vg

– Formulario de inscripción: https://forms.gle/wbpR24gNXJKxBs6j6

– Brochure informativo: https://drive.google.com/file/d/1yii2ib6N1hRNNhjRUnibV3d_tfKHAmys/view?usp=sharing

– Estructura curricular: https://drive.google.com/file/d/1XORirQrPbclgnFaLmQv_3tDGI4N6EJki/view?usp=sharing

Video promocional: https://youtu.be/B00BjsinKdQ?si=gDrQzDnM5xrV887G

Para más información nos puede contactar al correo: posgradosiem@una.cr

A ese correo debe enviar la documentación solicitada como requisitos de ingreso.

Web:

https://www.iem.una.ac.cr/index.php/maestria-profesional-en-estudios-de-genero-vg

Redes sociales:

https://www.instagram.com/iem_una/

https://www.facebook.com/profile.php?id=100063754282823