El miércoles 8 de diciembre se realizó una reunión importante entre los jerarcas de MINAE, la Ministra Andrea Meza, la Viceministra de Aguas, Cyntia Barzuna y el Director de Aguas José Miguel Zeledón y el sector ambientalista representado por el presidente de la Federación Ecologista – FECON Danny Villalobos, el representante de Confraternidad Guanacasteca Gadi Amit y el catedrático de HIDROCEC-UNA Christian Golcher.
El sector ambientalista presentó una innovadora propuesta para el manejo sostenible del recurso hídrico que se denomina: “AGUA – PAGO JUSTO- AMBIENTAL Y SOCIALMENTE”.
En resumen, se propone equilibrar el costo del agua entre los diversos usos, asegurando la sostenibilidad del recurso y generando desarrollo y reactivación económica.
El agua para abastecimiento humano es prioridad. Hoy los ciudadanos sencillos el AyA tienen una tarifa mínima de 409 colones, pero unos pocos empresarios reciben el agua, 3.000 veces más barato.
Se le regala ese bien propiedad pública, a unos pocos a 14 centavos de colón por metro cúbico.Y resulta que esos pocos, gastan el 50 por ciento del agua de Costa Rica. Eso contradice la legalidad, la ética y la moral.
Según los ambientalistas, el agua concesionada por MINAE – bien administrada debe producir al ESTADO un equivalente al 2 por ciento del PIB. Esos dineros se invertirían en protección ambiental y proyectos de desarrollo y reactivación económica.
Luego de escuchar la exposición de FECON, Confraternidad Guanacasteca e HIDROCEC-UNA, la Ministra Meza reconoció que lleva razón esta idea y quedó en presentarla al señor Presidente de la República, pues el cambio propuesto requiere emitir un Decreto Ejecutivo, y se requiere la firma del gobernante.
Esta propuesta se sustenta en el DECRETO EJECUTIVO N° 30480-MINAE, que Determina los principios que regirán la política nacional en materia degestión de los recursos hídricos.
Esta legislación resumidamente dice:
El acceso al agua potable constituye un derecho humano inalienable.
La gestión del agua – deben regirse por un principio de equidad y solidaridad social e intergeneracional.
El agua debe ser considerada dentro de la legislación como un bien de dominio público.
Debe reconocerse el valor económico del agua que procede del costo de administrarla, protegerla y recuperarla para el bienestar de todos.
Debe reconocerse la función ecológica del agua como fuente de vida y de sobrevivencia de todas las especies y ecosistemas que dependen de ella.
El aprovechamiento del agua debe realizarse utilizando la mejor infraestructura
y tecnología posible de modo que se evite su desperdicio y contaminación.
Concretamente, se propuso iniciar un proceso para unificar los criterios del costo ambiental del agua, para todos los usos del recurso. Adoptando los estudios y metodología, que tiene en uso ARESEP para el agua de consumo humano. Aplicarlo también a las aguas concesionadas por MINAE.
Con eso, se aseguraría la sostenibilidad, se lograría un gran ahorro, se ordenaría la gestión del agua y se generaría los recursos económicos para consolidar estas metas.
Información compartida con SURCOS por Asociación Confraternidad Guanacasteca.
El pasado miércoles 8 de diciembre, se realizó una reunión importante entre los jerarcas de MINAE, la Ministra Andrea Meza, la Viceministra de Aguas Cyntia Barzuna y el Director de Aguas José Miguel Zeledón y el sector ambientalista representado por el presidente de la Federación Ecologista – FECON, Danny Villalobos, el representante de Confraternidad Guanacasteca Gadi Amit y el catedrático de HIDROCEC-UNA Christian Golcher.
El sector ambientalista presentó una innovadora propuesta para el manejo sostenible del recurso hídrico que se denomina agua – precio justo – ambiental y socialmente.
En resumen, se propone equilibrar el costo del agua entre los diversos usos, asegurando la sostenibilidad del recurso y generando desarrollo y reactivación económica.
El agua para abastecimiento humano es prioridad. Hoy las familias tienen una tarifa mínima de 409 colones en el AyA.
Pero unos pocos empresarios reciben el agua, 3.000 veces más barato. Se le regala ese bien de propiedad pública, a unos pocos, a 14 centavos de colón por metro cúbico.
Y resulta que esos pocos, gastan el 50 por ciento del agua de Costa Rica. Eso contradice la legalidad, la ética y la moral.
Según los ambientalistas, el agua concesionada por MINAE -bien administrada- debe producir al Estado un equivalente al 2 por ciento del PIB. Esos dineros se invertirían en protección ambiental y proyectos de desarrollo y reactivación económica.
Luego de escuchar la exposición de FECON, Confraternidad Guanacasteca e HIDROCEC-UNA, la Ministra Meza reconoció que lleva razón esta idea y quedó en presentarla al señor Presidente de la República, pues el cambio propuesto requiere emitir un Decreto Ejecutivo, y se requiere la firma del gobernante.
Esta propuesta se sustenta en el decreto ejecutivo N° 30480-MINAE, que determina los principios que regirán la política nacional en materia de gestión de los recursos hídricos.
Esta legislación resumidamente dice:
El acceso al agua potable constituye un derecho humano inalienable.
La gestión del agua debe regirse por un principio de equidad y solidaridad social e intergeneracional.
El agua debe ser considerada dentro de la legislación como un bien de dominio público.
Debe reconocerse el valor económico del agua que procede del costo de administrarla, protegerla y recuperarla para el bienestar de todos.
Debe reconocerse la función ecológica del agua como fuente de vida y de sobrevivencia de todas las especies y ecosistemas que dependen de ella.
El aprovechamiento del agua debe realizarse utilizando la mejor infraestructura y tecnología posible de modo que se evite su desperdicio y contaminación.
Concretamente, se propuso iniciar un proceso para unificar los criterios del costo ambiental del agua para todos los usos. Se debe adoptar los estudios y metodología que tiene en uso ARESEP para el agua de consumo humano, y aplicarlo también a las aguas concesionadas por MINAE.
Con eso, se aseguraría la sostenibilidad, se lograría un gran ahorro, se ordenaría la gestión del agua, y se generaría los recursos económicos para consolidar estas metas.
Hubo acuerdo en seguir el diálogo y tener una nueva reunión.
Aunque existe una conciencia generalizada de la necesidad de actualizar los instrumentos que regulan el aprovechamiento del agua, hay también una fuerte oposición de los sectores del status quo que se benefician hoy de los incentivos, la permisividad, los vacíos y los escasos controles públicos sobre el agua para mantenerla en régimen de apropiamiento privado a gran escala.
¿Cómo podemos evitar que nuestros ríos sigan siendo secados? ¿Cómo podemos intervenir un sistema que ha colapsado las cuencas de nuestro país? El grupo de análisis de gestión del agua y las cuencas de FECON ha intercambiado visiones tan distintas como comunes sobre esta temática y orienta las alternativas en estrategias económicas, legales y participativas.
En este boletín se analiza la situación actual de la gestión del agua en Costa Rica. En diferentes cuencas se están llevando a cabo procesos de lucha que dibujan los senderos por los cuales se puede caminar a la búsqueda de soluciones concretas a problemas comunes en otros lugares.
El contenido se orienta por las reflexiones del Diálogo Virtual realizado en junio sobre las acciones para la gestión del agua y las cuencas con participación de Rosylin Valverde de Asociación Protectora de la Cuenca de Sarapiquí, Gadi Amit de Confraternidad Guanacasteca y Oscar Beita con Madeline Kiser de Ríos Vivos.
Costa Rica es un país privilegiado por la enorme riqueza en recursos naturales que alberga en su territorio. El nuestro es uno de los 20 países con mayor biodiversidad del planeta. Contamos con una enorme pluralidad de vida silvestre, como consecuencia –en gran medida—de la posición geográfica entre las dos masas continentales de América del Norte y Sudamérica, el clima neotropical y la amplia variedad de hábitats.
Esta situación nos ha generado una serie de ventajas en la producción agrícola (venida a menos, en los últimos tiempos, por el limitado o nulo apoyo gubernamental a los agricultores) y en el desarrollo del turismo (principal fuente de nuestras divisas). Año tras año miles de turistas de distintos países del globo, son atraídos por nuestros volcanes, montañas, playas y, en general, por todas las bellezas escénicas, pero también por la estabilidad política del país.
Toda esta riqueza natural coloca a Costa Rica en condiciones para impulsar su desarrollo, presente y futuro, centrado en un triángulo armonioso que debe conjugar: Crecimiento económico, justicia y equidad social, y sostenibilidad ambiental. Desfortunadamente, la equidad social se ha venido debilitando hasta el punto de derivar en convertirnos en el octavo país más desigual del mundo (dicho por el Banco Mundial) y en materia ambiental, en varios aspectos, el país se muestra más como “candil en la calle y oscuridad en la casa”.
Dos ejemplos concretos de esa debilidad en la atención de los desafíos en materia ambiental, lo constituyen el desastre ecológico de la explotación descontrolada en “Crucitas” de Cutrís de San Carlos, y la polución de importantes ríos; entre los que se destaca la grave contanimación del Río Virilla, catalogado como el más contaminado de la región centroamericana.
Es dentro de tal contexto que hay que colocar la explotación de la minería en el país. Valga indicar que con respecto al petróleo no se tiene completa certeza si hay suficiente volumen para determinar si vale la pena su eventual explotación. Lo que se tiene claro, hasta el presente, es que Costa Rica presenta potencialidad pero eso no se traduce automáticamente en existencia suficiente para su extracción comercial. Asimismo es muy necesario valorar el negativo e inevitable impacto ambiental que generaría la explotación del petróleo en nuestro pequeño territorio. En una época en que cada vez más países se inclinan por obtener le energía en proyectos ambientalmente limpios (producción hidroeléctrica, eólica, solar, geotérmica, mareomotriz), el país debe afirmarse en una matriz de desarrollo, en la cual la protección y conservación ambiental debe ser una prioridad, asegurando la utilización de energías limpias; campo en el que se ha acumulado una valiosa experiencia.
Hace 18 años, en el gobierno del Presidente Abel Pacheco se impulsó un acertado decreto que impide la exploración y explotación petrolera hasta el año 2050. Sin embargo, tal decreto presidencial puede ser revocado por cualquier mandatario. De ahí la importancia de que se apruebe una ley que de mayores garantías a la veda de explotación del hidrocarburo.
Para resolver tal escollo, se presentó un proyecto de ley (expediente número 20.641), que no contó con el respaldo necesario en la Asamblea Legislativa. La iniciativa ha buscado avanzar en la eliminación del uso de los combustibles fósiles y en la declaratoria del territorio nacional libre de exploración y explotación de petróleo y gas. Tal proyecto recibió el apoyo de un grupo de 150 organizaciones no gubernamentales y empresas, que han constituído el Movimiento Costa Rica Libre de Perforación, con la que el país se podría convertir en un referente mundial en este ámbito.
Sin embargo, esta propuesta de ley tiene detractores en el Parlamento que se oponen a ella, obnubilados ante el llamado “oro negro”. Ésto se reflejó en días recientes cuando al proyecto mencionado se le venció el plazo para ser tramitado, ya que solo 26 diputados se manifestaron a favor de extender el plazo cuatrianual del proyecto legislativo. Esta situación obliga al impulso de un nuevo proyecto, que asegure la meta de convertir a Costa Rica en un país en que no haya posibilidades de explotación petrolera. La lucha debe seguir porque se trata de un componente fundamental de nuestra propuesta de desarrollo social y ambientalmente sostenible.
Otro lunar en el ámbito ambiental lo ha constituído la autorización que se dio en el pasado a la minería a cielo abierto en “Crucitas”. Hace díez años, en forma acertada, se revocó la autorización a la minera canadiense Infinito Gold Ltd. Sin embargo, lo que vino después de tan acertada revocatoria fueron una serie de acciones de extracción ilegal del oro, por parte de coligalleros, con subsecuentes daños ambientales. El uso del mercurio ya deja secuelas graves en el proceso extractivo.
Se ha denunciado con insistencia que alrededor de la explotación del oro en “Crucitas”, existe una “mafia” que explota a coligalleros de Nicaragua y Costa Rica que reciben una limitada remuneración por el peligroso trabajo que realizan, exponiéndose a sustancias químicas peligrosas. El grave problema de esta zona es que existen muy pocas oportunidades laborales; lo que empuja a muchos trabajadores a exponerse a estos riesgos y caer en las garras avariciosas de esta “mafia”. Una responsabilidad directa en que se esté dando este tipo de extracción ilegal y descontrolada, la tiene el Gobierno que no ha sido capaz de contener y revertir la situación.
La historia de “Crucitas” debe y puede ser cambiada a partir de una decisión política que junte positivamente el esfuerzo por seguir impulsando nuestro Estado Social de Derecho con la explotación controlada del oro en esa región sancarleña. Se requiere que se dé un claro compromiso del gobierno que iniciará funciones el próximo 8 de mayo, para que en este ámbito seamos también referente internacional y no motivo de vergüenza ecológica.
Aquí quiero resaltar la excelente iniciativa del destacado activista ambiental, Freddy Pacheco que se orienta a asegurar recursos de la explotación ambientalmente controlada del oro de “Crucitas” en inversión en atención y salud de las personas mayores del país. Como bien lo indicó el biólogo Pacheco al “Semanario Universidad”: “En un área menor al Parque Metropolitano de La Sabana, tenemos un yacimiento de oro que, según los estudios de la empresa extranjera que lo iba a explotar, puede producir más unos US$133 millones anuales (cerca de ¢82.000 millones) por al menos una década. Cifra real, no especulativa, sustentada en la producción anual de 70.000 onzas de oro en lingotes. Parece un sueño, pero no lo es, y por eso hubo empresas extranjeras que buscaron realizar esa explotación en, por supuesto, beneficio propio”. Una iniciativa como ésta favorecería a coligalleros autorizados y debidamente supervisados y a las urgidas finanzas de la CCSS para la atención de la población adulta mayor.
Se trata de una excelente iniciativa que debe contar con el entusiasta respaldo de quienes creemos que Costa Rica debe seguir apostando por una propuesta de desarrollo armoniosa en lo económico, social y ambiental.
“¿Qué tipo de mundo queremos dejar a quienes nos sucedan?”, se pregunta el Papa Francisco en su Encíclica “Laudato Si”. Y responde: “Lo que está en juego es nuestra propia dignidad. Somos nosotros los primeros interesados en dejar un planeta habitable para la humanidad que nos sucederá”. Tal debe ser la convicción de todos y todas.
Desde la industrialización de las actividades humanas, la explotación de fuentes fósiles sirvió para consolidar la hegemonía colonial de algunos Estados sobre el resto del mundo. Y la actividad petrolera en particular permitió concentrar mucho poder en ciertas élites de esos países.
Poca diferencia existe con las tendencias actuales a concentrar el manejo de las energías emergentes. Las grandes corporaciones privadas y estatales las alteran datos y crean falsas necesidades para justificar un sistema de consumo abusivo, que no deja espacio a nuevas alternativas energéticas ni a la participación de los pueblos en las decisiones.
Considerando que la energía es una necesidad básica de todas las personas, el movimiento ecologista plantea la necesidad de orientar sus esfuerzos para reivindicar la energía como un bien común y un derecho humano, planteando un cambio total en los patrones de consumo que derivaron la crisis ecológica mundial.
En este boletín se encontrará información sobre la situación actual de las energías en Costa Rica, expresada mediante las estadísticas y tendencias de la gestión estatal de las energías y la creciente participación privada que presiona para liberalizar el negocio de la generación eléctrica.
El contenido se orienta por las reflexiones del Diálogo Virtual realizado en mayo sobre el tema energético con presentaciones de Raquel Bolaños, representando al Movimiento Ríos Vivos, Osvaldo Durán de Proyectos Alternativos (PROAL) y Mariana Porras de COECO-Ceiba Amigos de la Tierra.
Por Nicolas Boeglin, profesor de la Facultad de Derecho
El libro ‘El Acuerdo de Escazú sobre democracia ambiental y su relación con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible’ nos ofrece las contribuciones de renombrados/as especialistas de diferentes países de América
El pasado 25 de noviembre del 2021, la Comisión Económica para América Latina de Naciones Unidas (Cepal) dio a conocer una nueva publicación sobre el Acuerdo de Escazú, elaborada en colaboración con la Universidad del Rosario, Colombia (véase el enlace a presentación virtual realizada desde la misma Cepal, así como el video de la actividad, colgado por la Universidad del Rosario).
Berta Cáceres Flores, lideresa hondureña lenca, asesinada el 3 de marzo del 2016. Foto extraída de la nota del Grupo Asesor Internacional de Personas Expertas (Gaipe). Este es un equipo de investigación internacional constituido para esclarecer su asesinato y en particular la trama político-empresarial responsable de su muerte, la cual el mismo Estado hondureño intentó encubrir y maquillar en un primer momento (véase al respecto el informe titulado «Represa de Violencia. El Plan que asesinó a Berta Cáceres»).
Una obra de lectura muy recomendada
Esta obra se titula El Acuerdo de Escazú sobre democracia ambiental y su relación con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y reúne diversas contribuciones de renombrados/as especialistas de distintas latitudes del continente americano. El texto completo del documento (298 páginas) está desde ya disponible en este enlace oficial de la Cepal.
Cabe destacar que el prefacio de este libro es autoría de John H. Knox, antiguo relator especial de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos y Medio Ambiente.
Como bien se recordará, el título oficial del Acuerdo de Escazú, adoptado en Costa Rica el 4 de marzo del 2018 (véase el texto completo de su versión oficial en español) es Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe.
Las negociaciones que culminaron en el 2018 duraron cinco años, siete meses y siete días. Si lograron concluir exitosamente, fue gracias a la habilidad de las gestiones diplomáticas desplegadas tanto por Chile como por Costa Rica, que lideraron el proceso de negociación.
En su presentación, las tres editoras de este libro indican que «Con el fin de dar paso al lector para que pueda sumergirse en el contenido de esta obra, es preciso enfatizar que para la CEPAL y la Universidad del Rosario el Acuerdo de Escazú representa una oportunidad muy valiosa y sin precedentes para América Latina y el Caribe no solo para el fortalecimiento de la democracia, los derechos humanos y la protección ambiental, sino también para el cumplimiento de la agenda global más importante de nuestro tiempo, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible» (p. xxiv).
El lector encontrará en esta obra artículos de gran valor escritos por la pluma de destacados/ as especialistas de América Latina y del Caribe, y es de esperar que sea ampliamente difundido en cuanto a su contenido.
Una contribución más que necesaria ante la desinformación existente
Pese a su entrada en vigor el pasado 22 de abril, el Acuerdo de Escazú persiste en polarizar como raramente observado a las opiniones públicas en varios Estados de América Latina y del Caribe, cuyos decisores políticos siguen indecisos en aprobar este innovador acuerdo regional.
Ello se debe en gran parte a una verdadera campaña de desinformación orquestada por algunos sectores económicos y políticos opuestos a ver consolidados y afianzados los derechos de quienes defienden el ambiente. Entre muchos, destaca el caso de Chile, Colombia, Costa Rica, Paraguay y Perú.
Estos «argumentos» en contra de Escazú se asemejan más a mitos promovidos por algunos sectores políticos cercanos a influyentes cúpulas empresariales que a argumentos sensatos y razonables: desde la fantasiosa idea según la cual al aprobar Chile este tratado, una demanda boliviana en su contra sería inminente, hasta la supuesta pérdida de soberanía peruana en la región amazónica, pasando por la intención de favorecer el aborto que encontró la iglesia paraguaya en el Acuerdo de Escazú, sin hablar de la inversión de la carga de la prueba (que vendría a amenazar la presunción de inocencia en materia penal) o bien, el hecho de que se ahuyentaría la inversión extranjera de aprobarse el Acuerdo de Escazú. Estos y muchos otros supuestos «argumentos» han sido sólidamente refutados en varias latitudes, desde la academia y desde organizaciones de la sociedad civil (Nota 1).
Ante la intensidad de esta campaña de desinformación y la de sus relevos encontrados en influyentes medios de prensa, algunos muy valiosos esfuerzos en materia de comunicación han intentado contrarrestarla (Nota 2). No obstante, el desequilibrio existente explica, al menos en parte, que de los 24 Estados que han firmado el Acuerdo de Escazú, solamente 12 lo hayan ratificado (véase tabla oficial de firmas y ratificaciones). Este desequilibrio puede también explicar en parte que varios Estados ni siquiera hayan optado por firmarlo (entre los cuales, en América Latina, figura el atípico caso de Chile, así como Cuba, El Salvador, Honduras y Venezuela).
Considerando el actual panorama del Acuerdo de Escazú en la región, esta nueva contribución de la Cepal en este mes de noviembre del 2021 permite una mejor comprensión del Acuerdo de Escazú y de sus alcances, en particular de cara a los desafíos que enfrenta América Latina en materia social y en materia ambiental.
Defensores del ambiente y asesinatos: un angustiante panorama
En relación con uno de los Estados que persiste en no firmar este tratado, Honduras, son muchos los activistas de América Latina en recordar que la fecha de adopción del Acuerdo de Escazú (4 de marzo) acordado por parte de las 33 delegaciones oficiales se escogió en homenaje al natalicio de Berta Cáceres, lideresa lenca asesinada en marzo del 2016 en Honduras (véase informe de un grupo de expertos internacionales (el Gaipe) que investigó sobre su muerte).
Por su parte, cabe indicar, en el caso de otro Estado ausente entre los firmantes, que Chile inició estremecido este último mes del 2021 al conocerse el asesinato de una gran activista ambiental como lo fue Javiera Rojas (véase nota de prensa del 1/12/2021). Pocos días después de lo ocurrido en Chile, es en Perú (que sí ha firmado mas no ratificado Escazú) donde se asesinó a un reconocido líder indígena en la región amazónica: Lucio Pascual Yumanga (véase nota de prensa de la DW del 6/12/2021).
Finalmente, entre los Estados como Perú que han firmado pero que no han aún ratificado este tratado, resulta de interés recordar que dos líderes indígenas en Costa Rica fueron asesinados en la región de Salitre en menos de un año (marzo del 2019 – febrero del 2020).
Es posible que la impunidad campante, que pareciera mantenerse en ambos asesinatos, sea parte de las inquietudes del relator especial de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas en su visita a Costa Rica prevista en el mes de diciembre del 2021 (véase comunicado oficial).
En este mes de diciembre, se conmemora en Costa Rica la muerte de los cuatro integrantes de AECO, acaecida hace 27 años, un doloroso caso que se mantiene en una indignante impunidad (véase artículo de opinión titulado «Sembrando memoria contra la impunidad y el olvido» publicado en el Semanario Universidad).
Foto extraída de la nota de prensa de la BBC “Los países en los que matan a más ambientalistas en el mundo y el terrible récord de América Latina”, del 30 de julio del 2019.
La realidad del Acuerdo de Escazú y la puesta a prueba de los supuestos «argumentos» en su contra
Es de notar desde ya que en los Estados que ya han firmado y ratificado este novedoso instrumento regional (como Argentina, Bolivia, Ecuador, México, Nicaragua, Panamá o Uruguay), sus economías no han sufrido ninguno de los supuestos efectos negativos que conlleva, según estas mismas cámaras empresariales, la aprobación del Acuerdo de Escazú. Tampoco se ha observado que el principio de la inversión de la carga en materia ambiental haya en lo más mínimo erosionado, en materia penal, la presunción de inocencia en estos Estados: se trata de un principio moderno del derecho ambiental que ya aplica desde hace muchos años y que de ninguna manera amenaza otras esferas del ordenamiento jurídico.
En relación con los temores de los altos mandos militares peruanos, los respectivos ejércitos de los Estados antes señalados no han cedido un solo ápice de soberanía territorial desde que se aprobó.
Finalmente, en el caso de Costa Rica, destaca el hecho de que una de las principales cámaras empresariales opuesta al Acuerdo de Escazú haya rehuido el debate público con especialistas en derecho ambiental y derechos humanos (Nota 3).
Durante la reciente COP26 celebrada en Glasgow, las autoridades colombianas se sintieron obligadas a hacer un anuncio oficial en favor del Acuerdo de Escazú (véase nota de prensa de El Tiempo), evidenciando su profundo malestar, dada la dramática situación que enfrentan en Colombia los defensores del ambiente (véase nota de prensa de El País).
Recientemente en Costa Rica, se publicó por parte de la Asociación Costarricense de Derecho Internacional (Acodi) un valioso artículo que refuta nuevamente las leyendas creadas por algunas cámaras empresariales costarricenses (y sus siempre muy hacendosas fichas políticas) en contra de este instrumento (véase artículo titulado «El Acuerdo de Escazú sin Costa Rica», cuya lectura también recomendamos).
Es de resaltar que, en el caso de Costa Rica, las autoridades de la Universidad de Costa Rica (UCR) han sido particularmente activas (véase comunicado oficial de mayo del 2021), seguidas por la Universidad Estatal a Distancia (UNED) (véase pronunciamiento de junio del 2021), al tiempo que las autoridades de las demás universidades estatales, por razones que se desconocen, se han mantenido mudas.
A modo de conclusión: a propósito de dos Estados en deuda con toda una región y sus defensores ambientales
En junio del 2018, se pudo leer por parte de Chile y de Costa Rica en una declaración oficial conjunta (véase texto completo aún colgado por la diplomacia chilena) que:
«Costa Rica y Chile creen firmemente que la pronta entrada en vigor del Acuerdo de Escazú será una señal inequívoca de la vocación de nuestra región para avanzar hacia el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 y representa una importante contribución al multilateralismo«.
En el marco de una visita realizada un mes después por el presidente de Chile a Costa Rica, se leyó en su discurso (véase texto completo), que:
«Quisiera destacar el acuerdo que impulsamos conjuntamente con Costa Rica, el Acuerdo de Escazú, que es un acuerdo que busca darle más transparencia y mayor eficacia a la defensa del medio ambiente, y que vamos a poner a disposición del resto de los países de nuestro continente en la Asamblea General de Naciones Unidas».
Más de tres años después, si bien ambos Estados siguen encabezados por los mismos dos mandatarios de junio del 2018, el tono ha sustancialmente cambiado.
El caso de Costa Rica (que persiste en no ratificar este instrumento) y de Chile (que ni tan siquiera lo ha firmado) son particularmente llamativos (Nota 4). En efecto, se trata de los dos Estados que lideraron las negociaciones que concluyeron con la adopción del Acuerdo de Escazú.
Cabe indicar que, al revisar el texto de sus respectivos discursos oficiales durante la reciente Asamblea General de Naciones Unidas celebrada en setiembre del 2021 (véase texto de uno y otro), ambos jefes de Estado omitieron toda referencia al Acuerdo de Escazú (el cual entró en vigor unos meses antes, el 22 de abril del 2021): ni una sola mención, ni congratulación o alguna frase saludando de alguna u otra manera su entrada en vigor. Se trata de una omisión (en nuestra modesta opinión, grosera) que amerita ser señalada.
Es probablemente la primera vez en la historia del derecho internacional público que dos Estados que lideraron la negociación de un instrumento internacional no logran formar parte del primer grupo de Estados que permite su entrada en vigor, evidenciando así ante el resto de la comunidad internacional su inconsistencia; y contribuyendo a minar la credibilidad de sus autoridades en materia ambiental y en materia de derechos humanos.
En este mes de diciembre en el que se celebra el Día Internacional de los Derechos Humanos, un anuncio oficial medianamente decoroso de ambos Estados en favor de los derechos de todas las personas que defienden el ambiente en América Latina y en el Caribe sería muy deseable, así como otras iniciativas en favor de la pronta aprobación del Acuerdo de Escazú, en particular en Estados en los que las muertes de estas personas siguen ocurriendo (así como las diversas formas de intimidar a sus compañeros/as de lucha). Aprobar este instrumento regional tan necesario para consolidar una verdadera democracia ambiental sería la mejor manera de rendirles un justo tributo y honrar la memoria de quienes perdieron la vida en defensa del ambiente.
Notas
Nota 1: Por ejemplo, en Costa Rica el equipo de periodistas de Doble check publicó en abril del 2021 esta muy completa guía titulada «UCCAEP usa argumentos falsos para oponerse al Acuerdo de Escazú», disponible en este enlace. En Colombia, la organización Ambiente y Sociedad publicó esta otra contribución titulada «Mitos y verdades del Acuerdo de Escazú», disponible en este enlace. En Perú, la Sociedad Peruana para el Derecho Ambiental (SPDA) difundió este artículo titulado «10 mitos y verdades sobre el Acuerdo de Escazú: democracia y defensores ambientales». En Paraguay, el sitio El Surti explicó en un texto titulado «Cinco puntos para que entiendas cómo te afecta el Acuerdo de Escazú» que el aborto no está de ninguna manera contemplado en el Acuerdo de Escazú, entre muchas otras leyendas que se originaron en la sociedad paraguaya en relación con el Acuerdo de Escazú.
Nota 2: En Colombia, el talentoso equipo de comunicadores de La Pulla realizó un video de gran calidad que busca responder a las diversas maniobras políticas de algunos sectores políticos colombianos, titulado «La nueva trampa que nos quieren hacer los congresistas» (disponible aquí). En Costa Rica, ante la falta de voluntad política para aprobar el Acuerdo de Escazú, recientemente fue la misma Universidad de Costa Rica (UCR) la que elaboró dos cortos videos, que, en lo personal, se recomiendan: El Acuerdo de Escazú y los defensores del ambiente, disponible en YouTube aquí, y otro video titulado UCCAEP y el Acuerdo de Escazú, disponible aquí.
Nota 3: En efecto, tan pronto conocido el comunicado de una influyente cámara empresarial en Costa Rica en contra del Acuerdo de Escazú en el mes de abril del 2021, se invitó a sus representantes legales a un debate público virtual con dos académicos especialistas en derecho ambiental, al que prefirieron no asistir: véase emisión de Café para tres del medio digital costarricense Delfino.cr con los dos académicos invitados a «debatir» con los ausentes. En mayo del 2021, un segundo intento desde la UCR confirmó la renuencia al debate antes señalada (véase foro en este enlace oficial de la UCR). En junio del 2021, fue esta vez desde el Colegio de Biólogos de Costa Rica que se confirmó, por tercera vez consecutiva, que rehuir el debate es para algunos la manera acordada para defender sus supuestos «argumentos» (véase foro).
Nota 4: Sobre el peculiar caso de Costa Rica, remitimos a nuestros estimables lectores a BOEGLIN N.: «¿Escazú sin Costa Rica? Así como se oye, por más extraño que suene», sección Voz experta, Portal de la Universidad de Costa Rica (UCR), 8 de mayo del 2021, disponible aquí; así como a PEÑA CHACÓN M., «Desmitificando el Acuerdo de Escazú», Derecho al día, edición del 28 de noviembre del 2020, disponible aquí. En el caso de Chile, véase DURAN V. & NALEGACH C., «¿Por qué Chile debe adherir al Acuerdo de Escazú?», Perspectivas del Centro de Derecho Ambiental, número 2, noviembre 2020, disponible aquí.
Nicolas Boeglin Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica
Se compartió con las fuerzas vivas de la comunidad de Argentina de Pocora la presentación del proyecto “Reactivación económica local de la comunidad de Argentina de Pocora, basada en la conservación y uso sostenible de los recursos de la biodiversidad”.Esta propuesta se hizo a la Junta Directiva de JAPDEVA.
En esta iniciativa se encuentran inmersas organizaciones comunales e instituciones públicas, como el Ministerio de Cultura, la Asada de la Argentina, la Asociación de Desarrollo Integral de la Argentina, el SINAC, ACto, Colagua, UNED, ICE ASOAETA, UCR y Escuela de Trabajo Social.
En esta comunidad, parte de los logros que se han obtenido son la elaboración y ejecución de un plan de gestión, difusión y uso de tecnología como redes sociales y plataformas virtuales, eventos y celebraciones como la del Festival del Agua durante 5 años consecutivos, los últimos dos: 2020 y 2021 en formato virtual. Además, se realizó la presentación del proyecto ante el Concejo Municipal de Guácimo y se hizo la declaratoria de interés cantonal de la propuesta de proyecto de la Comisión Participativa para la Gestión del Recurso Hídrico de Argentina de Pocora.
La Alianza de Comunidades por la Defensa del Agua en Puntarenas promueve un encuentro sobre el impulso a los caudales ecológicos. Se propone analizar oportunidades y avances. Se tocarán los siguientes temas:
Presentación de la guía “Construyendo caudales ecológicos desde las comunidades”
Monitoreo y ajuste de concesiones en los ríos por parte de dirección de aguas
Fortalecimiento de las alianzas estratégicas y acciones posibles en 2022
Proyecto “Geografía y Diálogo de Saberes: Análisis de la conflictividad socio ambiental en territorios rurales de Costa Rica (ED-3526)” de la Escuela de Geografía y el Programa Kioscos Socio ambientales de la UCR
Las comunidades rurales y territorios indígenas son, una vez más, víctimas de la centralización del país en tiempos de campaña electoral. “Volvemos a ser importantes cada 4 años”, crítica Wilbert Gómez del grupo Saberes Comunitarios (SACO) y campesino de Paraíso, Sixaola.
La falta de interés por parte de las personas candidatas a la presidencia, de conocer las realidades y problemáticas que sufren las comunidades, representa un fallo en el sistema político democrático actual. Esto quiere decir, que no existe una comunicación, ni una representación, ni propuestas de políticas que busquen solventar los conflictos socio ambientales y territoriales, que, en algunos casos, llevan años desarrollándose y acumulándose.
Por estas razones, las propuestas de políticas ambientales por parte de las candidaturas son escuetas, y chocan con un discurso de reactivación económica que se ha posicionado como centro gravitatorio. Esto resulta en una serie de contradicciones, tal y como lo señala Daniela Parra de Santa María de Dota, en donde la comunidad ha impulsado el Turismo Rural Comunitario, pero, por otro lado, está presente la amenaza de la construcción de una gasificadora de residuos que se quiere construir en el cerro Abejonal en León Cortés. ¿Cómo se puede seguir con un Turismo Rural Comunitario cuando existe la contaminación?
Asimismo, Erlinda Quesada del Frente Nacional de Sectores Afectados por la Producción Piñera (FRENASAPP) y de la Asociación de Mujeres Unidas para el Desarrollo de África de Guácimo, Limón, asegura que está decepcionada de los candidatos a diputación porque la gran mayoría desconocen la realidad de los cantones. Advierte que el Caribe Norte es una bomba de tiempo debido a los problemas de los agroquímicos, la contaminación del agua y la explotación laboral, temas centrales que para las candidaturas a diputación aparentan ser secundarios y superficiales.
Lo mismo simpatiza Francis Cordero de la Alianza de comunidades por la Defensa del Agua de Chomes de Puntarenas, quien está preocupado por el desconocimiento de políticas que velan por la protección del ambiente y la producción pesquera, clave para el desarrollo de su comunidad.
Otro asunto que concierne a representantes de distintas comunidades rurales, es la invisibilización del tema agro y del campesinado. El mismo Francis Cordero alerta que no hay propuestas que protejan a pequeños agricultores. Por el mismo lado, Roger Altamirano, presidente de la ASADA de Santa Fe de los Chiles, tiene un sentipensar que recuerda a un destierro: “la zona fronteriza y rural siempre han estado olvidados. Parece que no pertenecemos a Costa Rica”. La priorización de la Gran Área Metropolitana por parte de las candidaturas, representa la muerte del campesinado en las áreas rurales del país.
La preocupación es la misma en la zona sur, o así lo expresa Raquel Bolaños del Movimiento Ríos Vivos de Pérez Zeledón. Declara que las propuestas de reactivación económica no son favorecedoras a las luchas, ni a la protección de los ríos, porque fomentan la apertura del mercado eléctrico y la explotación de los bienes naturales.
Los territorios indígenas también han sido marginalizados del proceso electoral. Pablo Sibar, recuperador de la finca Crun Shurín, del territorio indígena Térraba, señala que los pueblos indígenas han sufrido el olvido por más de 40 años. “No existe una agenda indígena dentro de las propuestas de los candidatos”, por lo que las recuperaciones de tierra siguen siendo criminalizadas. Lesner Figueroa del Concejo Ditsö Iriria Ajkönuk Wakpa del territorio indígena Salitre, comparte que, los pueblos indígenas han tenido poca inclusión en los partidos que han sido electos. Siempre se les ha dado prioridad a los sectores no indígenas. Ambos señalan que la mayoría de las candidaturas están en contra de los derechos de los pueblos.
De esta manera, representantes de comunidades de diferentes localidades del territorio nacional, comparten preocupaciones porque temas de conflictividad socio ambiental no se incluyen en las propuestas de las políticas de candidaturas, tanto de diputación como presidenciales. A pesar de que Costa Rica es reconocido ante la comunidad internacional por la protección del ambiente, aún hay una gran deuda ecológica y política con las comunidades rurales y los territorios indígenas. El discurso del excepcionalísimo verde no es compatible con la realidad de las comunidades más vulnerabilizadas y las promesas políticas solamente reproducen una ignorancia que se traduce en una violencia sistemática y estructural, la cual aumenta con el actual modelo extractivista, generador de conflictos socio ambientales.
“El Tren Maya es un megaproyecto turístico de 1.500 km que destruirá las últimas selvas tropicales del sur de México – y las compañías ferroviarias europeas están en cola para enriquecerse con este tren.
El gobierno mexicano lo vende como progreso, desarrollo y turismo a pesar de que las comunidades indígenas están en contra del proyecto. Las comunidades allí saben que la construcción conducirá a más violencia militar que ya están sufriendo además de la destrucción de los bosques que son sus medios de supervivencia y el hogar de 2000 pumas.
Gracias a las valientes comunidades y organizaciones que han llevado al gobierno mexicano a juicio, se han impuesto moratorias temporales sobre algunos tramos del proyecto. ¡Ahora es el momento de incrementar la presión! La construcción de este tren depende de empresas extranjeras como Renfe, Ineco y Deutsche Bahn, las cuales se venden como respetuosas con el medio ambiente. Esta es nuestra oportunidad para que abandonen el proyecto y salvemos las selvas de México.
La construcción del tren destrozará 23 reservas naturales, pasando cerca de patrimonios mundiales de la UNESCO. Además, algunos tramos del tren están siendo construidos sin estudios ambientales aprobados, en contra de los estándares nacionales e internacionales.
Este no es un tren para la gente. Se calcula que el 70% de los ingresos del tren provendrán del transporte de combustibles, soja y carne de cerdo, una de las principales fuentes contaminantes de agua en la zona.
Además, el derecho internacional no permite que proyectos se lleven a cabo a menos que se dé el consentimiento de las comunidades indígenas. ¡Incluso las Naciones Unidas criticó la fraudulenta consulta pública realizada por el gobierno de México en 2019!
El gobierno ha empleado una campaña de estigmatización como respuesta a las acciones de defensa, incluso públicamente equiparando la defensa de derechos humanos con el actuar de “carteles de la droga”. Por eso necesitamos unir fuerzas para detener los efectos catastróficos que tendrá este tren para las personas y el planeta.
Juntes, como miembres de SumOfUs, hemos salvado muchas selvas tropicales como las tierras de la comunidad Tupinambá. ¡Hoy podemos ayudar a salvar la selva tropical mexicana!”
Para apoyar esta petición puede ingresar al siguiente enlace
Compartido con SURCOS por Isabel Ducca D.
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