SURCOS ha compartido en varias ocasiones las cartas enviadas a instancias de gobierno por parte de la presidenta de la Asociación Conservacionista YISKI, Ma. Elena Fournier S, quien se ha referido al proyecto de ampliación de la Ruta 32 y por ende a la debida construcción de los pasos para la fauna tanto subterráneos como aéreos.
A inicios del presente mes, Ma. Elena Fournier recibió respuesta de parte de CONAVI referente al tema, la cual está en el documento adjunto para su lectura:
Como parte de la respuesta de Fournier a dicha carta en un correo compartido con SURCOS, se puede leer como parte de su inquietud: “… Respecto a la mala educación vial de muchos y muchas conductoras, es por ello que hemos venido insistiendo en forma reiterada, que por favor se coloquen cámaras de control de velocidad, es una forma de educar a las y los ciudadanos, cuando les afecta directamente el bolsillo, tenemos que probar todos los medios para disminuir drásticamente la velocidad en nuestras carreteras y una medida es esta, que ya pasó la Sala IV y tenemos entendido por el COSEVI ya se pueden poner colocar a lo largo y ancho de Costa Rica…”
Para leer más sobre este tema en SURCOS, ingrese aquí.
SURCOS comparte la petición adjunta hecha por CONCEVERDE la cual está dirigida a la señora Andrea Meza Murillo, ministra de Ambiente y Energía. En esta se solicita información sobre las gestiones que ha hecho el Ministerio de Ambiente destinadas a respetar la Ley 65 de 1888 y a la vez cumplir con el voto 2008-12109 de la Sala Constitucional.
El interés de la petitoria es la recuperación de los terrenos que son patrimonio natural del Estado y que están dentro de la jurisdicción de esa zona inalienable.
SURCOS comparte la siguiente solicitud de inspección al tramo que les corresponde al ACLAC-SINAC-MINAE, en la Ruta 32 con el fin de verificar la existencia y conocer los posibles pasos de fauna, a lo largo de dicha ruta, sin embargo, no se ha recibido respuesta.
Este 4 de marzo del 2021, el Acuerdo de Escazú cumple 3 años desde su adopción en Costa Rica en marzo del 2018. De 33 Estados de América Latina y del Caribe llamados a firmarlo y a ratificarlo, solamente 12 lo han hecho (véase tabla oficial sobre firmas y ratificaciones registradas).
Las largas negociaciones de este instrumento (que duraron 5 años, 7 meses y 7 días) fueron lideradas por Chile y Costa Rica: dos Estados que,vergonzosamente, no han aún materializado su compromiso inicial, al no haberlo ratificado. Una reciente yvaliosa entrevista en Chile a una de las negociadoras chilenas detalla los alcances de este innovador tratado regional para la consolidación de una democracia ambiental en América Latina.
Objeto de una verdadera campaña de desinformación en varias partes de América Latina,mitos y leyendas elaborados por parte de sectores económicos y políticos han dado lugar a valiosos esfuerzos con miras a desmitificar en Costa Rica el Acuerdo de Escazú, así como enChile,Colombiay en Perú . El equipo de comunicadores de «La Pulla» en Colombia realizó un ingeniosovideo que desnuda con su dosis de humor las verdaderas falacias ideadas por las cámaras empresariales colombianas y sus fichas políticas.
A marzo del 2021, entre los Estados que han firmado pero no han ratificado el Acuerdo de Escazú, figuran en América Latina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Haití, Perú, Paraguay y República Dominicana. Entre los Estados en los que el Poder Ejecutivo ni siquiera ha procedido a firmarlo (impidiendo de esta manera que se inicie el proceso de ratificación por parte del Poder Legislativo) figuran los de Chile, Cuba, El Salvador, Honduras y Venezuela.
Al tratarse de la región del mundo en la que más se asesinan e intimidan a defensores del ambiente, ya es hora que en América Latina los Estados acepten todos consolidar los mismos derechos de quiénes, desde sus pequeñas comunidades organizadas, defienden el ambiente. A notar que el artículo 9 del Acuerdo de Escazú constituye un esperanzador avance, al ser la primera vez en la historia que una disposición en un tratado internacional preve una protección especial para estas personas, dada su extrema vulnerabilidad frente a megaproyectos, multinacionales y al entramado de intereses poderosos al que participan a menudo entidades estatales.
No podemos seguir con el clima de total impunidad que prevalece cada vez que se intimida, se silencia o se opta por eliminar físicamente a líderes comunitarios, rurales, campesinos, ecologistas o indígenas que defienden pacíficamente a su comunidad, muchas veces con la Constitución y las leyes ambientales en sus manos.
Argentina y Méxicorecientemente depositaron su instrumento de ratificación del Acuerdo de Escazú, uniéndose así a los 10 Estados que lo habían hecho antes: un decidido respaldo de estos dos Estados que requiere ahora ser extendido en procura de construir una verdadera democracia ambiental participativa en toda América Latina. En particular en la región andina, en donde únicamente Bolivia y Ecuador han ratificado este tratado regional, y en Centroamérica, con únicamente Nicaragua y Panamá que lo han hecho.
SURCOS comparte la siguiente denunciada realizada por María Elena Fournier de Asociación Conservacionista YISKI a la Fiscalía Indígena:
18 de febrero, 2021
Señores y señoras Fiscalía Indígena Director ACLAC Señor Mario Cerdas Presente
ASUNTO: Nueva denuncia, de las casi cien denuncias por la sistemática usurpación de tierras y tala árboles en Territorio Indígena KEKOLDI, Talamanca, Caribe Sur.
Estimadas señoras y señores Fiscalía Indígena, ACLAC-SINAC-MINAE, Municipalidad de Talamanca, Sr. Alcalde y Depto. Legal:
Ubicación de la violación a los Derechos Indígenas, Convenio 169 OIT, de la normativa Municipal y de la biodiversidad.
La ADI Kekoldi y algunas personas de la Consejo de Mayores del T.I. KEKOLDI se han dado cuenta que desde hace más de 4 meses, hay nuevamente una usurpación de su Territorio del lado de Cocles, un kilómetro al sur carretera El Tucán, como hacia Margarita, pero está más cerca de la costa o sea de la calle principal de Cocles, un kilómetro al sur, carretera El Tucán.
Aparentemente se trata de una persona que trabajaba en el Poder Judicial en el pasado y que es de Guápiles y que desde hace aprox. 4 meses se ha venido a usurpar como un cuarto de hectárea dentro del Territorio Indígena Kekoldi, que está marcado oficialmente por el Catastro, el nombre de este aparente usurpador, es Alvaro Maire, es no indígena, no afrodescendiente, un sikua o sea una persona blanca.
Tenemos entendido de que este señor Miare dice que él compró este terreno a un señor de nombre Carlos Thompson, parece afrodescendiente de Limón.
El señor Maire, aparentemente es una persona que es muy prepotente, trato muy mal a la Presidenta de la ADI Kekoldi y aparentemente dijo: que lo que la ADI de KEKOLDI diga no vale nada… además dice que ese lugar no es Territorio Indígena KEKOLDI y dice que nadie lo va a parar…
Daños realizados a la fecha.
Esta persona dice que está preparando el lugar para hacer un parqueo, colocar 4 contenedores como cabinas, además de lo que quiere hacer es una piscina y un restaurante, poco a poco ha ido talando y socolando y aplanó el lugar, además está ahora en el proceso de cortar dos árboles de jabillo, en lengua Bribri: bicholöL-que para las y los indígenas Bribris, esta especie de árbol es muy importante porque representan la casa para las iguanas: buá, en lengua Bribri y su alimentación, pues come sus hojas, es refugio ya que tiene espinas y las iguanas se resguardan en los jabillos y en este caso estos dos árboles tiene por lo menos 100 cien años de edad, ya los desrramó, sólo está esperando cortar los troncos.
Algunos indígenas, de la ADI, Asoc. de Desarrollo Integral del T.I. KEKOLDI llevaron a la Policía del lugar y no hicieron absolutamente nada.
Parece que la denuncia fue interpuesta a la Fiscalía de Bribri, pero aparentemente no se ha resuelto nada y la amenaza de la corta de los jabillos es inminente. Además, que existe mucha desconfianza en esta Fiscalía, según me indicaron.
PETITORIA URGENTE.
PARA: La FISCALÍA INDÍGENA, EL ACLAC-SINAC-MINAE, MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA.
Para el ACLAC-SINAC-MINAE. Inmediatamente gestionar esta denuncia y detener la corta de los dos jabillos y proceder de acuerdo a los protocolos establecidos para estos casos hasta sus últimas consecuencias, los graves daños de este delito ambiental,
Para la FISCALÍA INDIGENA. Detener la usurpación de este nuevo caso del Territorio Indígena KEKOLDI-
Para la MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA. Proceder a cerrar estas construcciones y trabajos, ya que no pueden tener ningún permiso pues está en Territorio Indígena KEKOLDI. Notificaciones. ADI de T.I. KEKOLDI adikekoldi@outlook.com Ma. Elena Fournier S. Asociación Conservacionista YISKI yiski@ice.co.cr Tel. 22 97 0970
Atentamente,
Ma. Elena Fournier S. Presidenta Asoc. Conservacionista YISKI
SURCOS comparte los siguientes archivos enviados por Jaime E. García G. como parte de la Campaña Nacional «Etiquetado de transgénicos ¡Ya!» promovida por la Asociación Red de Coordinación en Biodiversidad.
Si desea coadyuvar el recurso de amparo adjunto, solo tienen que incluir los datos correspondientes en las secciones con fondo de color amarillo, firmar, fotografiar o escanear, y enviarlo a la siguiente dirección electrónica: Informes-SC@poder-judicial.go.cr
Si es una organización la que va a presentar la coadyuvancia, se debe indicar el nombre, número de cédula jurídica de esta y el de su representante legal, así como la personería jurídica.
Estudios demuestran que mujeres embarazadas y escolares se contaminan por plaguicidas
Las personas que viven cerca de plantaciones bananeras han denunciado por décadas las fumigaciones aéreas que las comunidades viven a diario. En una reciente denuncia del área de Salud de Talamanca se solicita la colaboración de Aviación Civil para que verifique “el estado de funcionamiento, mantenimiento y operación de la aeronave agrícola”, entre otras características del avión, campo de aterrizaje y “el estado de cumplimiento de la empresa a cargo de la avioneta, relacionado con los permisos, certificados y la aplicación de manuales”.
El Área de Salud hace hincapié “en la importancia de verificar las responsabilidades del piloto relacionadas con las técnicas empleadas en la aplicación aérea de agroquímicos y la realización de vuelos rasantes, ya que son los principales aspectos que afectan a los denunciantes, así como el ruido generado por aeronave.
Según el documento firmado por la Dra. Jennifer Jones Villers del Área Rectora de Salud de Talamanca: “mediante visitas realizadas a lo largo del 2019 y 2020 se ha evidenciado una serie de irregularidades, entre ellas que el follaje de distintas plantas y arbustos de las propiedades de dos de los denunciantes, estaban llenas de partículas muy pequeñas de algún producto sintético que les fue rociado, en apariencia agroquímico”.
Según el testimonio de una de las denunciantes “el ruido que genera la avioneta fumigadora produce muchas molestias porque sobrevuela, en sus propiedades, a muy baja altura. Como prueba guarda videos donde se aprecia la aeronave haciendo vuelos sobre su casa. Una de las denunciantes presentaba afectación en su pecho, garganta y tenía mucha tos, y manifestó que además ha presentado otros síntomas en diversas ocasiones como picazón en la garganta, dolores de cabeza, tos y ganas de vomitar, entre otros”.
También se recoge la denuncia en redes sociales de una avioneta agrícola sobrevolando Playa Grande de Cahuita en “un video en el que claramente se observa una avioneta esparciendo el producto”. La plantación más cercana al sitio estaría en el poblado de Penshurt.
Según el reglamento para las actividades de la Aviación Agrícola Nº 31520-MS-MAG-MINAE-MOPT-MGPSP[i] es competencia del Consejo Técnico de Aviación Civil y de la Dirección General de Aviación Civil ejecutar, garantizar y velar por el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias que rige la materia de aviación civil y agriada relacionadas con la protección de la salud de las personas, animales y de la conservación del ambiente.
Estudios alertan contaminación por fumigaciones áreas
En 2009 el Instituto Regional en Sustancias Tóxicas de la Universidad Nacional encontró restos de Mancozep en la orina de los niños en Talamanca. El Mancozep es utilizado en las plantaciones bananeras y es catalogado como un Plaguicida Altamente Peligroso[ii] (ver más).
En un estudio publicado en 2014[iii] se encontró que las mujeres embarazadas que viven cerca de plantaciones de banano del cantón de Matina en Limón, tienen elevadas cantidades de Etilentiourea (ETU) en su orina. ETU es un derivado del plaguicida Mancozeb, el cual se aplica mediante fumigación aérea. Las regulaciones actuales para las fumigaciones áreas parecen ser insuficientes para prevenir el contacto de las mujeres con este plaguicida. El estudio mencionado corresponde a “Aplicación Aérea de Mancozeb y Concentraciones Urinarias de Etilentiourea en Mujeres Embarazadas de Costa Rica: el Estudio Infantes y Salud Ambiental (ISA)”. La investigación la realizó un grupo de especialistas del Instituto Regional en Sustancias Tóxicas de la Universidad Nacional (IRET-UNA) en colaboración con investigadores de la Universidad de Lund y el Instituto Karolinska (Suecia), de la Universidad de Quebec en Montreal (Canadá), y la Universidad de California en Berkeley (Estados Unidos).
Según los investigadores, algunas de las mujeres tenían cantidades más altas que otras porque vivían más cerca de las plantaciones bananeras, trabajaban en agricultura durante su embarazo, y/o lavaban la ropa de sus familiares, quienes principalmente trabajan en banano[iv]( ver más).
Otra investigación de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Costa Rica abocada a estudiar la presencia de plaguicidas en las escuelas de Matina de la provincia de Limón, encontró presentes en el aire y el polvo, restos de 18 agrovenenos rociados por las avionetas (ver más). Este estudio fue desarrollado en 12 escuelas aledañas a plantaciones de banano.
En nuestro país están autorizados hay más de 449 agrotóxicos para las fumigaciones en plantaciones mayormente de banano, arroz, caña y cítricos entre otros [v](ver más) , y a pesar de los estudios y las denuncias más bien se está tratando de flexibilizar y permitir que las avionetas rocíen plaguicidas en lugares próximos a casas, escuelas y centros de salud[vi] ( ver más).
Porque el edificio de la Asamblea Legislativa, con más de 53.000 m2 de construcción se construyó irrespetando la Constitución Política y la Ley Orgánica del Ambiente.
Porque se irrespetó de plano los decretos ejecutivos que contienen los reglamentos que rigen la materia de las EVALUACIONES AMBIENTALES, emitidos por la Setena (Secretaría Técnica Nacional Ambiental) para ser cumplidos.
Porque igualmente se irrespetó al Senara (Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento) al obviar el dictamen que debió haberse solicitado sobre el importante acuífero subterráneo alcanzado con la profunda excavación del edificio.
Porque no se hizo un estudio hidrogeológico del subsuelo en que se plantó el edificio (ni los otros estudios de ley) que manda el «Formulario de Evaluación Ambiental D1».
Porque el entonces representante del ministro de Ambiente y Secretario General de la Setena, arrogándose personalmente funciones que le corresponden al órgano colegiado jerarca de esa Institución (Comisión Plenaria) AUTORIZÓ la no presentación del Estudio de Impacto Ambiental que obligatoriamente debió de haber presentado el desarrollador del proyecto, quien hizo por escrito la reprochable gestión para que se cometiera tan burda ilegalidad.
Porque los miembros de la Comisión Plenaria, enterados luego de la grave ilegalidad cometida por su Secretario General, tramitaron un recurs administrativo sobre el acto indebido, «disimulando» la situación y convirtiéndose en cómplices de la irregularidad.
Porque, además, se incumplió violentamente la normativa de la Setena que determina en qué casos se puede extender la validez de una VIABILIDAD AMBIENTAL otorgada para un proyecto, hacia otro ligeramente diferente, situación que no corresponde en el caso de este proyecto.
Porque los órganos contralores del Ministerio de Ambiente (Minae) no cumplieron con el deber que juraron cumplir, de actuar diligentemente ante la evidente falta que se estaba cometiendo en un órgano bajo su jurisdicción, como es la Setena.
POR LO ANTERIORMENTE RESUMIDO, es materialmente imposible alegar que no se ha COMETIDO PREVARICATO en todo el proceso que condujo hacia la construcción de tan antiecológico inmueble, sede, paradójicamente, de la Asamblea Legislativa de Costa Rica.
(FREDDY PACHECO LEÓN, PhD en Ciencias Biológicas).
El académico es un referente para la comunidad científica internacional de la ciencia hecha en Costa Rica
El Dr. Jorge Cortés Núñez, catedrático universitario, ha contribuido a lo largo de su carrera académica a la formación de cientos de profesionales e investigadores que hoy destacan a nivel nacional e internacional en el campo de las ciencias marinas. Foto: archivo ODI.
Sin el respaldo de la investigación científica, Costa Rica no hubiera podido posicionarse en el mapa mundial como un país que vale la pena conocer. Si a usted alguien le dijera eso, quizás no le creería. Sin embargo, lo cierto es que la ciencia ha estado detrás del desarrollo de la industria turística de nuestro país. Y, en este logro, el aporte del biólogo marino Jorge Cortés Núñez ha sido clave.
El conocimiento de la riqueza que habita en nuestros mares no se podría describir sin dejar de mencionar a este biólogo, especialista en arrecifes coralinos y biodiversidad marina. Sus trabajos fueron pioneros en estas áreas y motivaron a otros investigadores a continuar por la misma senda.
Cortés está convencido de que la generación de conocimiento ha servido para colocar al país en el mapa mundial y para avanzar en la conservación de nuestros recursos marinos. La relevancia de los océanos para Costa Rica y el planeta es uno de sus principales intereses.
“La importancia de la investigación científica en un país como Costa Rica y que esta se publique es porque nos pone en el mapa mundial como un lugar interesante. No es casualidad que la BBC, Nat Geo y empresas japonesas vengan a hacer documentales. Esa es la razón por la que vienen tantos turistas. Esta es una contribución de la ciencia que no se aprecia ni comenta”, afirmó el científico.
Actualmente, este académico labora en la Escuela de Biología y es investigador del Centro de Investigación en Ciencias del Mar y Limnología (Cimar), del cual ha sido director y subdirector.
A lo largo de cuatro décadas de trayectoria universitaria y 25 años de ser catedrático, Cortés ha contribuido a la formación de cientos de profesionales y de investigadores en el campo de las ciencias marinas. Ha sido tutor de seis trabajos de licenciatura, 27 de maestría, dos de doctorado y cuatro de posdoctorado, además de formar parte de 36 comités de tesis de grado y posgrado.
Su trabajo académico trasciende las fronteras nacionales. Muestra de ello es su participación en numerosos programas científicos internacionales en representación de Costa Rica y en expediciones marinas junto a reconocidos científicos de países como Estados Unidos.
Al respecto, el biólogo ha organizado 14 expediciones científicas, en su mayoría a la Isla del Coco, y también ha participado en nueve expediciones junto a otros investigadores, entre las que sobresalen a la Isla del Coco y Osa, en el Pacífico, como parte del programa Pristine Seas, de National Geographic.
Volver la vista al mar
A la par de sus investigaciones, Cortés ha promovido la idea de que como sociedad volvamos la mirada al mar para conocer la riqueza que encierra y conservarlo. Desde la creación de la red de parques nacionales de Costa Rica en la década de los años setenta, se pensaba solo en la biodiversidad terrestre y se le daba poca importancia al mar.
Sus primeros trabajos fueron sobre los arrecifes coralinos en el Caribe costarricense, que abarcaron su descripción y el impacto de la actividad humana y natural en estos ecosistemas marinos de gran importancia para el planeta.
El Dr. Jorge Cortés con Victoria Orphan, del Instituto Tecnológico de California, a punto de abordar el submarino en una de las expediciones al mar profundo en el Pacífico costarricense. Foto: cortesía de Jorge Cortés.
Además, Cortés estableció un programa de monitoreo de los pastos marinos y manglares en esa costa del país, que aún se mantiene y ha permitido conocer el funcionamiento y los ciclos naturales de estos ambientes.
En el campo de la biodiversidad presente en nuestros mares, el científico es autor del libro Marine Biodiversity of Costa Rica, Central America (Biodiversidad marina de Costa Rica, América Central), junto al también biólogo marino Dr. Ingo Wehrtmann.
El estudio mostró que el país es una de las zonas de más alta diversidad biológica en sus mares, en comparación con otras naciones más grandes que Costa Rica.
Sus investigaciones en la Isla del Coco, con la participación de investigadores de diversas áreas de la UCR y de la Universidad Nacional (UNA), constituyen los primeros aportes nacionales al descubrimiento de muchos organismos marinos en este parque nacional.
Durante seis años, Cortés coordinó y organizó varias expediciones científicas a la Isla, con financiamiento del Gobierno de Francia y del Consejo Nacional de Rectores (Conare), que dieron como resultado cerca de 40 publicaciones.
Del 2017 en adelante, el investigador se ha dedicado al estudio del mar profundo, con el objetivo de descubrir la vida en el fondo marino. Este interés lo ha llevado a participar en varias expediciones para descender a miles de metros en el océano Pacífico de Costa Rica, a bordo de embarcaciones estadounidenses.
“Ya hay mucho más conocimiento de esas zonas profundas y de la importancia de su conservación. Antes ni nos imaginábamos lo que había allí”, comentó.
El Dr. Cortés ha sido también el mentor de reconocidos investigadores de la UCR, que hoy ocupan destacadas posiciones en el Cimar y en diversos países. Con su trabajo, algunos científicos y científicas han logrado forjar un nombre como especialistas en su campo. La Dra. Odalisca Breedy Shadid es una de ellas, a quien se le reconoce como una autoridad mundial en octocorales.
“Como profesor eso es lo mejor que le puede pasar a uno, cuando ya los estudiantes empiezan a enseñarle”, dijo.
En la actualidad, Cortés sigue publicando trabajos acerca de la biodiversidad marina del país y coordina el proyecto Biomar sobre esta temática, que se desarrolla en el Área de Conservación Guanacaste (ACG) del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (Sinac) del Ministerio del Ambiente.
El profesor e investigador está próximo a jubilarse, aunque espera seguir colaborando y estimulando a otros amantes de la biología marina que, como él, buscan aportar conocimiento sobre lo que tenemos en nuestros mares y costas, y sobre la riqueza que estos nos dan como sociedad.
En el 2019, el Dr. Jorge Cortés (a la derecha) en una de las expediciones a la Isla del Coco, a bordo del submarino DeepSee. Lo acompañan Sylvia Earle y el piloto Shmulik Blum. Foto: cortesía de Odalisca Breedy.
Hitos académicos
El Dr. Jorge Cortés Núñez obtuvo con honores el bachillerato en Biología en la Universidad de Costa Rica (UCR) en 1978. Posteriormente, realizó estudios de maestría en la Universidad McMaster de Ontario, Canadá, y de doctorado en Biología Marina en la Universidad de Miami, Florida, Estados Unidos.
El profesor de la Escuela de Biología e investigador del Centro de Investigación en Ciencias del Mar y Limnología (Cimar) comenzó como profesor interino en la UCR en 1981 y en 1996 fue nombrado catedrático.
En 1982, fue reconocido con el Premio Nacional de Ciencias Clodomiro Picado Twight, por un estudio sobre la sedimentación en los arrecifes coralinos de Cahuita, en la costa sur de Limón. Todavía esta investigación es muy citada por la comunidad científica internacional.
A lo largo de su carrera, el biólogo se ha destacado por su alta producción científica. Esto le valió en el 2019 el certificado de distinción por ser el docente del área de Ciencias Básicas de la UCR con el mayor puntaje del Régimen Académico.
Ha publicado más de 290 trabajos científicos y de divulgación, los cuales recogen los resultados de su trabajo de investigación. Es autor de un libro, así como editor de dos libros y de 17 suplementos especiales de revistas.
Desde el 2012, es miembro de la Academia Nacional de Ciencias de Costa Rica.
Patricia Blanco Picado Periodista, Oficina de Divulgación e Información
17 febrero, 2021. El protocolo de Nagoya (PN) dice buscar el acceso justo y equitativo a los beneficios derivados del uso de los recursos genéticos. Hacia el final de 2010, el PN fue adoptado para implementar parte del Convenio de Diversidad Biológica (CDB) de las Naciones Unidas. Sin embargo, una gran mayoría de comunidades indígenas y campesinas desconocen su contenido y alcance, mientras organizaciones ecologistas y agrícolas se oponen a sus planteamientos.
El PN fue rechazado anteriormente en dos asambleas legislativas (2011 y 2016) por la Comisión de Ambiente, gracias a las objeciones de organizaciones campesinas, indígenas y ecologistas. En esas dos oportunidades fue discutido en la Comisión de Asuntos Ambientales, actualmente se encuentra en la Comisión de Asuntos Internacionales a pesar de que es un tema muy técnico y relacionado directamente con el uso de la biodiversidad y con los intereses de las comunidades campesinas y los pueblos indígenas. Cabe recalcar que no se ha realizado, en esta oportunidad, ninguna comparecencia de organizaciones que no estamos de acuerdo con que se ratifique el Protocolo.
Para la Red de Coordinación en Biodiversidad es primordial “que se consulte a los pueblos indígenas y comunidades locales antes de ser discutido por el pleno de la Asamblea Legislativa, respetando la legislación nacional e internacional, como lo es el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y de Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales.
Para las y los ecologistas, el PN no cumple con los objetivos de defender los recursos genéticos y el conocimiento asociado a ellos, si no que los contradice. Su ratificación implicaría que los recursos de la biodiversidad, considerados de dominio público en Costa Rica, se traten como si fueran bienes patrimoniales del dominio privado, tal y como se quiso hacer en el caso del Proyecto Minero en Crucitas, o de explotación petrolera Harken, entre otros. Esta última preocupación
también fue destacada por la oficina legal del MINAET (oficio inf-11-ot-2011 del 14 de abril del 2011) (ver más).
El Protocolo tiene particular interés en las comunidades indígenas, ya que busca incluir el patrimonio genético de las comunidades indígenas y sus saberes ancestrales en el desarrollo de la biotecnología, sin siquiera considerar alguna reglamentación ética o de derechos humanos. Atenta contra la propia sabiduría, cosmovisión y cultura de las comunidades y pueblos, que han sabido crear un vínculo con los bienes naturales y crear saberes y conocimientos puestos a la disposición solidaria, de tal manera que puedan continuar alimentándose y atendiendo su salud.
Si quiere conocer más sobre el Protocolo de Nagoya y sus problemas de fondo y de forma, les invitamos a leer los siguientes documentos elaborados por diferentes organizaciones a nivel latinoamericano:
– Organizaciones conservacionistas y de pueblos indígenas y comunidades campesinas piden consultar Protocolo de Nagoya. Audiencia en Asamblea Legislativa, 2016. https://www.youtube.com/watch?v=EnpAvWWA294
