Hay ambigüedades y amenazas directas al ejercicio del dominio público del agua
No se reconoce la gestión de las ASADAS ni el principio precautorio en materia ambiental
Se enfatizó en crear un órgano de participación equilibrado y vinculante sobre las decisiones del Estado
(FECON, 27-02-2020). La Federación Ecologista (FECON) presentó ayer, miércoles 26 de febrero, en audiencia ante la Comisión de Ambiente en la Asamblea Legislativa 21 observaciones sobre el texto sustitutivo 20.212 denominado Ley para la Gestión Integrada del Recurso Hídrico. Se hizo énfasis en el contexto de conflictividad creciente por temas de protección y acceso al agua, y la incapacidad actual de las instituciones de responder y resolver adecuadamente estas situaciones.
FECON planteó un análisis del texto basado en cuatro principios. El primero, eliminar cualquier ambigüedad que amenace el ejercicio del dominio público sobre el agua. En segundo lugar, la necesidad de avances sustantivos en la protección de fuentes y cuerpos de agua que erradiquen las acciones de sobreexplotación, acaparamiento, contaminación y cualquier otro daño que actualmente no esté siendo alcanzado por la legislación. En tercer lugar, crear herramientas de participación social en la fiscalización del dominio público y la reglamentación que derivaría de este proyecto de Ley. Y finalmente, que los planteamientos no contengan potenciales regresiones en términos ambientales.
En el texto se observaron vacíos y se plantearon cambios de redacción para garantizar el dominio público e interés social en el manejo del recurso hídrico como objetivo de la Ley. Se enfatizó reiteradamente en la incluir de la variable social en la planificación, considerando la conflictividad como causa de modificaciones, para superar el reduccionismo de la gestión hídrica a los tecnicismos que plantea el texto. Se pide un límite al periodo del Director de Aguas para evitar la perpetuación de gestiones inoperantes como sucede actualmente, según consideran las organizaciones ecologistas.
Como avance en participación, se planteó crear un órgano denominado Foros Hídricos Permanentes a escala de las Unidades Hidrológicas, para revisar la política y planes hídricos que se plantean en el texto, además de los reglamentos que se pretendan desarrollar a partir de esta normativa. Estos Foros se compondrían por representaciones equitativas de:
1) el Sistema de Áreas de Conservación, por su relación directa con humedales y áreas de protección; 2) las Universidades Públicas que se ubiquen en la cada zona; 3) las Federaciones Estudiantiles regionales; 4) las Organizaciones Ecológicas de la sociedad civil; 5) las ASADAS, que gestionan el consumo humano para comunidades y 6) el sector productivo que puede aportar experiencias de manejo sostenible.
Se expuso la necesidad del reconocimiento jurídico de las ASADAS en esta propuesta de Ley, donde están totalmente ausentes dejándolas con inseguridad jurídica. Además, se urgió incluir el Principio Precautorio en las definiciones y artículos clave para su aplicación oportuna por parte de la administración pública. Además, en el tema de contaminación, reconocer la contaminación difusa para el desarrollo de mecanismos de sanción apropiada ante daños, por la complejidad de las dinámicas ambientales y la necesidad de proteger el interés común.
En el campo de la evaluación del impacto ambiental, se señaló la limitación del texto en mantener el sistema actual, donde el agua representa apenas un insignificante 8% dentro del análisis del impacto los proyectos, impidiéndose proteger efectivamente las fuentes, por lo que se plantea análisis directo del impacto extractivo con base en el criterio de caudal ambiental.
Finalmente, se solicitó a la comisión eliminar elementos ambiguos o riesgosos para la gestión ambiental sostenible del agua y el dominio público efectivo, como lo son la inclusión de las fincas ganaderas dentro del uso doméstico, los injustificados “usos especiales del agua” que evaden el pago de canon, los reconocimientos por inversiones que traspasan funciones públicas a actores privados y desfinancian la gestión pública, además de la polémica figura de autoabastecimiento en condominios que sobrepone intereses particulares sobre el interés común.
La Escuela de Biología presentó la propuesta de creación de la nueva instancia en el 2018
El Cibet es el nuevo centro de investigación de la Universidad de Costa Rica, que estará dedicado a los estudios relacionados con la biodiversidad y la ecología terrestre de Costa Rica. Foto: Laura Rodríguez Rodríguez.
El Consejo Universitario, en su sesión N.° 6352, artículo N.°3, celebrada el 18 de febrero de 2020, aprobó la creación del Centro de Investigación en Biodiversidad y Ecología Tropical (Cibet), una unidad que estará dedicada a la investigación científica sobre la diversidad y la ecología terrestre de Costa Rica.
La idea inicial surgió de la Escuela de Biología, que en el 2018 presentó una propuesta ante la Vicerrectoría de Investigación. De acuerdo con la normativa de la Universidad de Costa Rica (UCR), le corresponde al Consejo Universitario la aprobación de los centros de investigación.
La nueva instancia de la UCR viene a sumarse a los 34 que existen en la actualidad en diversas disciplinas, en consonancia con las políticas institucionales orientadas a promover y consolidar la investigación de acuerdo con las necesidades del país.
Costa Rica cuenta con aproximadamente un 5 % de la biodiversidad mundial, en un territorio que apenas alcanza el 0,03 % de la superficie del planeta.
Por lo tanto, entre los argumentos para establecer el Cibet, se señala la necesidad de documentar la biodiversidad nacional, para comprender su función y relación con el entorno natural y las poblaciones humanas, así como para plantear soluciones a los riesgos y los problemas ambientales.
De acuerdo con el Reglamento de la Investigación de la UCR, la función principal de un centro de investigación es desarrollar e impulsar la investigación científica, humanista, artística y tecnológica de excelencia.
Asimismo, le corresponde articular la investigación con la docencia en las unidades académicas afines, tanto en el grado como en el posgrado, y procurar la participación del estudiantado en las investigaciones, así como vincular la investigación con programas y proyectos de acción social.
En el acuerdo del Consejo Universitario también se designó comoprimer director del Cibet al Dr. Bernal Rodríguez Herrera, profesor e investigador de la Escuela de Biología, para el período comprendido entre el 1° de marzo de 2020 al 28 de febrero de 2021.
ProDUS UCR trabaja junto a varias municipalidades para concluir requerimientos y contar con una planificación territorial adecuada
Un plan regulador es un proyecto cantonal en el que se incluye la organización del uso de suelo y direccionarlo para que apoye el desarrollo integral del cantón. Foto Cristian Araya.
¿Dónde se deben construir las edificaciones comerciales o residenciales para que no afecten el recurso hídrico y no exista el peligro de que se encuentren en zonas de riesgo?, ¿cómo deben idearse los accesos y salidas para que exista una red vial eficiente?, y ¿cómo mejorar la calidad de vida de las personas a partir del ordenamiento del territorio?, estas son algunas de las aristas más importantes a las que da respuesta un plan regulador y que vendrían a impulsar el progreso de los cantones y por ende del país entero.
El Programa de Investigación en Desarrollo Urbano Sostenible de la Universidad de Costa Rica (ProDUS UCR) trabaja actualmente con nueve municipalidades para lograr concluir todo el proceso que conlleva la aplicación de unplan regulador.
Se trata del distrito de isla Chira y el cantón de Flores, que ya cuentan con la viabilidad ambiental de SETENA; los cantones de Alajuela y Santa Ana, cuya obtención de viabilidad ambiental se encuentra en su última fase; los cantones de San Carlos, Garabito, San RamónyOrotina están en la fase final de elaboración; y el cantón de Goicoechea que está iniciando el proceso.
En Costa Rica, ProDUS UCR ha desarrollado planes de ordenamiento territorial para más del 25 % del territorio fuera delasáreas silvestres protegidas, convirtiendo este tipo de investigación científica en uno de los principales aportes deesta Universidada la solución delosproblemasnacionales.
Un proceso que asegura bienestar
El Ing. Jonathan Agüero Valverde, coordinador general de ProDUS UCR, indicó que un plan regulador está constituido por una serie de etapas que inicia con el diagnóstico, en la que se señalan las fortalezas y las debilidades del cantón, se identifican las posibilidades de mejora, y se enumeran los aportes que pueden surgir.
“Siempre se incluye la participación ciudadana dentro de la elaboración de un plan regulador, que se da tanto durante el diagnóstico como en la fase de propuestas; escuchamos a la comunidad, hacemos un proceso participativo y se conversa con la gente sobre lo que nosotros encontramos en el diagnóstico, se les pregunta qué les parece, cuáles son los principales problemas del cantón y en que puede ayudarles la planificación territorial, pues esto define qué se puede hacer, dónde y cómo, por ejemplo: el tamaño mínimo o máximo de un lote que se tiene permitido debido a que está o no en una zona de protección boscosa o de acuíferos. El plan regulador viene a definir cuáles usos están permitidos en una determinada zona”, describió Agüero.
Sin embargo, Agüero aclaró que un plan regulador no va a resolver todas las problemáticas que tenga un cantón, pues cada trabajo de planificación territorial tiene un perfil muy determinado sobre lo que sí o no se puede hacer, o sea, no va a resolver los problemas de vivienda, pero sí puede ayudar a que la localización de las casas sea mejor, además de cuáles actividades son permitidas y cuáles no.
Una de las aristas que analizan los especialistas de ProDUS UCR es el recurso hídrico, que se incluye dentro de la elaboración de los planes reguladores. Foto cortesía ProDUS UCR.
“Es muy importante poder llegar a las comunidades y comunicar claramente sobre la planificación territorial y dejar claro que siempre se va a buscar un equilibrio; existirá regulación que dejará hacer unas cosas y no se podrán hacer otras, pero es parejo para todos, tanto para la industria y el comercio como para las urbanizaciones y particulares”, reflexionó Agüero.
Entre más orden mayor confianza y crece la productividad
Durante la fase de propuestas se les plantea a las municipalidades los aspectos de zonificación y regulación, se identifican las zonas adecuadas para el desarrollo de la industria, los proyectos residenciales y las zonas para el establecimiento del comercio o para el sector agrícola, así como las zonas de protección, etc.
“Ahí es cuando se aterriza la propuesta del plan regulador, que es el resultado de los estudios que se hicieron en la etapa de diagnóstico. La principal propuesta dentro de un plan regulador es la zonificación, pero también están la de fraccionamiento y la de vialidad. No se puede hacer ciudad sin hacer vialidad, pues hay que revisar muy bien la conectividad para que la ciudad sea como una red; trabajamos muy fuerte en el aspecto vial precisamente para mejorar la conectividad y la redundancia vial de cada cantón, lo que repercute positivamente en todo el país”, manifestó Agüero.
Por su parte el Ing. Félix Zumbado Morales, investigador de ProDUS UCR, comentó que uno de los aspectos más relevantes que conlleva generar un proyecto de investigación, en el contexto del ordenamiento territorial, es comprender que un planregulador es una herramienta indispensable para el sector público y privado, ya que facilita las inversiones en el cantón al ofrecer seguridad a los empresarios.
Además, permite fomentar la inversión pública y privada por medio de herramientas como la captura de plusvalías, lo que conlleva a mejorar la calidad de vida de todas las personas que habitan un cantón.
“Si dentro de la planeación se establecen áreas con vocación para permitir los usos zonas industriales, comerciales o de servicios, entonces el empresario interesado en invertir sabe que va a tener todas las condiciones y facilidades para que pueda desarrollar su actividad productiva de la mejor manera. Por ejemplo, asegurando el acceso al transporte (movilidad), servicios básicos, y seguridad jurídica por compatibilidad de uso con los vecinos. De esta formase evitan muchos conflictos territorialesque resultan de lafalta de ordenamiento territorial. En los cantones en donde no existe un plan regulador hay inseguridad jurídica para el sector empresarial, lo que hace a esos cantones menos competitivos y atractivos para la generación de inversiones”, recalcó Zumbado.
El problema es que en Costa Rica no se ha adoptado todavía la cultura de la planificación territorial, señaló por su parte Agüero, pues en muchas de las municipalidades en donde han trabajado nunca han tenido un plan regulador.
La comunicación con las y los miembros de las comunidades es vital para poder crear un plan regulador efectivo y eficiente. Foto cortesía ProDUS UCR.
Protección del medio ambiente
Otro de los ejes de trabajo de un plan regulador es el ambiental, que va asociado con el desarrollo sostenible (social, económico y ambiental) y que viene a fortalecer la gestión en esta temática. Un plan regulador, aseguraron ambos expertos de ProDUS UCR, es la herramienta fundamental para generar medidas que promuevan el uso sostenible de los recursos naturales de un territorio.
“Esta variable es de suma importancia pues está dirigida a complementar la legislación nacional en temas como la gestión sostenible del recurso hídricode un cantón, la protección de las zonas de recarga acuífera, la conservación de las zonas boscosas que están fuera de los parques nacionales o áreas protegidas, así como la zona de protección de los causes y los corredores biológicos; todo esto se debe incluir dentro de un plan regulador para poder salvaguardarlo. Hay que sumar el apartado del cambio climático, que se desarrolla dentro de las posibilidades legales de un plan regulador, y los servicios ecosistémicos, que consideran el uso de las soluciones basadas en la naturaleza”, expuso Zumbado.
Desde hace 29 años ProDUS impulsa el desarrollo sostenible a través del ordenamiento territorial, gracias a la ardua labor de profesionales en áreas como ingeniería civil, antropología, arquitectura, computación e informática, derecho, agronomía, geología, biología entre otras.
Algunas de las instituciones con las que ProDUS UCR mantiene un estrecho contacto y con las que trabaja para concretar los planes reguladores son: Secretaría Técnica Ambiental (Setena), Instituto de Vivienda y Urbanismo (INVU), Instituto Costarricense de Turismo (ICT), Comisión Nacional de Emergencias (CNE), Ministerio del Ambiente y Energía (MINAE), Instituto Geográfico Nacional (IGN), y Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG).
“Las municipalidades que ya tienen un plan regulador tienen una visión completamente diferente, una vez que tienen esta cultura entonces ya pueden usar esta herramienta con todo su potencial y de manera eficiente. Lo que se debe hacer es llevar la regulación territorial a todo el país para que conozcan sobre las ventajas que esto conlleva”, planteó Agüero.
Un plan regulador no es eterno, hay que actualizarlo constantemente, advirtió finalmente Zumbado, porque las condiciones del entorno cambian, la población pueden variar, los proyectos públicos que surjan pueden afectar la plusvalía de la zona, los proyectos inmobiliarios modifican la dinámica de un territorio, etc.
“Una vez que un plan regulador es aprobado por SETENA y el INVU, se organiza una audiencia pública y seguidamente el consejo municipal respectivo aprueba finalmente el plan. En el caso de los Planes Reguladores Costeros también se debe dar la aprobación por parte del ICT”, concluyó Zumbado.
El ordenamiento territorial forma parte de los aportes que realiza la UCR al país para mejorar la calidad de vida y sumar al desarrollo sostenible, ayudar a los cantones a atraer inversiones y promover el uso adecuado de los recursos naturales.
Recientemente la Municipalidad de Aserrí, llevó su maquinaria para mejorar los caminos vecinales de la zona de Salitrillos arriba, ubicados en el conocido lugar denominado el “Chiflon”.
Por supuesto que debemos de apoyar esta iniciativa, que se realiza en caminos públicos de mucha necesidad para el tránsito de la localidad.
Lamentablemente, realiza estas intervenciones irrespetando los cauces de los ríos y desapareciéndolos con la invasión de materiales de lastre, lo que provoca que termine cubriendo los rastros de las raquíticas quebradas que quedan aún en la zona, afectadas también por la por el cambio climático, la intervención de sus riberas y por las múltiples tomas clandestinas de agua privadas y del propio acueducto municipal que se realizan con estos recursos hídricos.
La Asociación Ecológica Sustentable de Caraigres, que articula organizaciones ambientalistas y personas ecologistas de Aserrí, Acosta, Los Santos, Desamparados y el distrito de San Sebastián del cantón Central de San José, hacemos la denuncia de este atropello municipal a nuestros recursos hídricos.
Nos preguntamos: ¿Será esta la política ambiental que implementarán en el cantón de Aserrí, ahora que aprobaron el inconsulto cartel para su diseño?
Pasada la charanga de campaña electoral, ¿estaremos permitiendo que se continué con este atropello a los recursos hídricos de la zona?
Invitamos a todos los ciudadanos conscientes a unirnos y continuar nuestra lucha por el rescate y preservación de un ambiente y un desarrollo sustentable que garantice una calidad de vida de los pobladores y para todas las especies vivientes.
Información enviada a SURCOS por Ítalo Fera Fallas.
Un proyecto de ingeniería de biosistemas promueve el desarrollo de una industria de producción en Costa Rica
Las algas son prensadas en las cuerdas y se dejan flotando en el mar para que se alimenten y se desarrollen. Así sucede en Cuajiniquil, Guanacaste. Foto: cortesía de Ricardo Radulovich.
En forma de polvo para condimentar nuestras comidas, envueltas en huevo como los populares “barbudos”, en ensaladas, en sopas, como harina para mezclar con trigo o maíz y hacer pan o tortillas, en fin, las algas marinas comestibles se pueden convertir en un invitado regular en nuestras mesas y ayudarnos a fortalecer nuestro organismo, dadas sus magníficas propiedades nutricionales.
Su producción y consumo es masivo en Asia, en donde países como China, Japón y Corea del Sur son productores tradicionales y tienen a las algas marinas como un ingrediente diario en sus platillos. Incluso, el mundialmente famoso sushi japonés las incluye en varias presentaciones.
La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés) calcula en $5 600 millones el valor total de todos los productos que genera, por año, la industria de la producción de algas marinas comestibles. En su sitio en internet (FAO.org), esa entidad indica que, además del consumo como alimento, sus componentes se utilizan para producir espesantes, geles, estabilizantes y hasta fertilizantes para suelos de cultivo.
A las algas marinas se les clasifica en dos tipos: macroalgas y microalgas. Tal y como indican sus nombres, la diferencia está en sus tamaños. Las primeras son las que se aprovechan para el consumo humano. Una manera de diferenciar a las macroalgas es dividirlas por su color (pardas, rojas y verdes), aunque los especialistas, al tomar en cuenta otras características, las prefieren nombrar como feofíceas, rodofíceas y clorofíceas.
En Costa Rica, existe un proyecto de investigación liderado por el Ing. Ricardo Radulovich Ramírez, profesor y experto en cambio climático de la Escuela de Ingeniería de Biosistemas (EIB) de la Universidad de Costa Rica (UCR), que tiene como objetivo ampliar el modelo de la agricultura acuática.
La idea surgió debido a la creciente escasez de tierra apta para el cultivo, la falta de agua para regar las plantaciones y el impacto del cambio climático, el cual ha variado los períodos de lluvia en el planeta. Si se suma el hecho de que la población mundial sigue creciendo, la alimentación se vuelve un tema medular.
“Las macroalgas, que tienen el cuerpo como plantas, se pueden cultivar en el mar, se amarran en una cuerda a la que se le llama “línea larga” que queda flotando. Al tener toda el agua que necesitan para tomar los nutrientes y con la radiación solar que reciben, las macroalgas crecen sin ningún problema. Además, tales organismos limpian el mar de impurezas y no necesitan fertilizantes”, explicó Radulovich.
“Tenemos muchos beneficios ligados a su cultivo. Por esto, queremos consolidar su producción en las costas costarricenses”, enfatizó.
Actualmente, esta propuesta se aplica en el Pacífico Norte y en el Caribe para que las poblaciones costeras conozcan el cultivo de macroalgas, al tiempo que se les brinda el acompañamiento necesario para abrir y desarrollar este nuevo mercado. De esta manera, se logra diversificar la oferta productiva y obtener recursos económicos con una actividad novedosa y de bajo costo.
En la fotografía se observa uno de los sistemas de cultivo en el Caribe costarricense. Las macroalgas convertidas en harina pueden añadirse en cantidades pequeñas (cerca del 5 %) a la mezcla para hacer pan. También a la popular pizza se le puede agregar algas, tal y como se utilizan otros ingredientes. Fotos: cortesía de Ricardo Radulovich.
El cultivo
¿Cómo se cultivan las algas marinas? Radulovich explicó que se construye una estructura muy liviana hecha con largas cuerdas principales a las cuales se les colocan algunos palos o tubos para que mantengan su forma. La estructura se ancla en sacos de arena o bloques de concreto, mientras que a las cuerdas principales se les amarran galones de plástico que sirven como boyas para mantenerlas flotando. Después, se atan mecates secundarios a las cuerdas principales y en estos se adhieren los pedazos de algas cuyo crecimiento es muy rápido.
A criterio del especialista, esta actividad “tiene beneficios increíbles, pues se crea lo que se conoce como ‘servicios ecosistémicos’, ya que las algas no solo limpian el agua, sino que, además, atraen la vida. Es decir, germina todo un ecosistema debajo de las algas y eso es fantástico, porque mejora la pesca y contribuye con la vida de las especies del mar”.
“Nosotros cuantificamos esto y lo publicamos, pues nos dimos cuenta de que empezaban a llegar tiburones y barracudas debajo de nuestras líneas de macroalgas en Cahuita, en el Caribe. Ya no solamente había peces pequeños y cangrejos, llegaban hasta los grandes”, subrayó.
Como parte de la acuacultura tradicional, el cultivo en el mar podría convertirse en una opción atractiva para las poblaciones costeras, puesto que se aleja de los problemas de contaminación que provocan ciertas acciones y más bien contribuye a mantener la biodiversidad.
“Se cambia la forma de vivir y trabajar en el mar, ya no es el concepto de acuacultura ligado a grandes jaulas con millones de peces, como el salmón, a los que se les tiran toneladas de alimento para que crezcan enormes, lo cual contamina el agua. También el salmón genéticamente modificado, que muchas veces se escapa y se mezcla con las especies nativas, provoca efectos negativos en la biodiversidad”, argumentó Radulovich.
Igualmente, indicó que el cultivo de algas es amigable con el ambiente. “Trabajamos solo con especies de macroalgas nativas y estamos en un proceso de selección para identificar las especies y variedades que son más rendidoras”, recalcó.
Esta iniciativa se enfoca en crear la oferta y, además, busca promocionar las cualidades de las macroalgas para consumo humano y como insumo para varios sectores industriales, con el propósito de impulsar la demanda. Incluso, el ingeniero mencionó que en Cuajiniquil y Puerto Soley, en Guanacaste, se están haciendo esfuerzos con productores locales para ampliar la producción de especies nativas y empezar a abrir el mercado.
Según cálculos hechos por el equipo de investigación de la UCR, una cantidad de 100 toneladas de macroalgas por hectárea, en términos de peso fresco, se puede convertir (mediante secado y deshidratado al sol y con un porcentaje de humedad del 30 %) en 20 toneladas de peso seco por hectárea por año.
Las macroalgas ofrecen un porcentaje de proteína en peso seco equivalente a la cantidad de proteína proveniente de los granos. Asimismo, tienen mucha fibra y un alto contenido de minerales. Por eso, a partir de ellas, se obtienen los hidrocoloides, que son unos compuestos complejos de carbohidratos que se utilizan en la industria como espesantes para distintos productos. Por ejemplo, pastas de dientes, helados y embutidos, entre otros.
En el proyecto “Desarrollo del potencial de las macroalgas marinas de Costa Rica para cultivo y uso”, trabajan —junto con Radulovich como investigador principal— la Dra. Cindy Fernández García, del Centro de Investigación en Ciencias del Mar y Limnología (Cimar) y profesora de la Escuela de Biología; y el M. Sc. Alejandro Chacón Villalobos, de la Estación Experimental de Ganado Lechero Alfredo Volio y profesor de la Escuela de Zootecnia.
Primer taller de reciclaje para niños de Barrio Carit, coordinado con Servicios Ambientales de la Municipalidad de San José, Comité de Ornato y Aseo y ASODICARIT. Esto es Alfabetización Ciudadana en la construcción de una nueva ciudadanía, trabajando en la educación ambiental.
Agradecemos la colaboración de Maribel y Alejandra y muy especialmente a doña Emperatriz, quien ha coordinado todo de manera muy comprometida.
Pronunciamiento de organizaciones sociales y ecologistas en contra de la nueva “Ley de Aguas”, en discusión en Asamblea Legislativa
Por este medio, diversas organizaciones sociales y ecologistas de Costa Rica manifestamos nuestra preocupación e indignación con respecto al proyecto “Ley para la Gestión Integrada del Recurso Hídrico” (mejor conocida como la nueva “Ley de Aguas”), expediente No. 20.212, recientemente aprobado en la Comisión de Ambiente de la Asamblea Legislativa.
Luego de una cuidadosa revisión y discusión del texto, hemos identificado una serie de vicios e inconsistencias, que abren peligrosos portillos para la privatización, el acaparamiento, el desperdicio y la contaminación del agua, así como una serie de retrocesos en materia de protección ambiental y participación ciudadana. A continuación algunos de los aspectos que consideramos más nocivos de este proyecto de ley:
-No incorpora el concepto de “contaminación por fuentes difusas”, es decir, aquellas situaciones en las cuales no se conoce con exactitud la fuente de origen de la contaminación. Este punto violenta el principio precautorio, fundamental en el derecho ambiental, por lo cual sería un retroceso que se desconociera este término. Por ejemplo, se estaría siendo permisivo con todos aquellos casos de contaminación de acueductos comunales en zonas rurales o de otros cuerpos de agua, debido a la contaminación con plaguicidas de manera difusa, que ya ha sucedido en múltiples ocasiones.
-Modifica la definición de “uso doméstico” del agua (Artículo 3, inciso 35), incluyendo dentro de esta definición las fincas agropecuarias que sean menores de 1 hectárea (para uso agrícola) o 35 hectáreas (para la ganadería). Es decir, se permite que fincas agrícolas o ganaderas exploten aguas -subterráneas o superficiales- sin un efectivo control ambiental, pues como indica luego en el Artículo 85, el uso doméstico del agua no necesita ningún tipo de permiso. ¿Qué nos garantiza, por ejemplo, que una empresa dedicada al agronegocio no va a segregar su propiedad en pequeñas parcelas, y así justificar que está haciendo un “uso doméstico” del agua?
-Establece que únicamente se pueden realizar inspecciones cuando haya una denuncia formal de por medio (Artículo 10), nuevamente, atentando contra el principio precautorio. Esto elimina la posibilidad de realizar inspecciones de control de las actividades productivas y representa una medida permisiva más, que beneficia en mayor medida a las más grandes empresas extractivistas y destructoras de la naturaleza.
-Abre un portillo para invadir y explotar las áreas de protección contiguas a cuerpos de agua (ríos, quebradas, nacientes, etc.), pues faculta a la Dirección de Aguas de MINAE a dar permisos para obras o actividades en estas áreas, sin necesidad de una Declaratoria de Conveniencia Nacional (Artículo 28), como lo establece la ley vigente. De haber estado esta ley vigente, por ejemplo, hubieran podido construir el controversial e innecesario Proyecto Hidroeléctrico San Rafael, en Pérez Zeledón, que tenía esta declaratoria como último requisito pendiente para iniciar obras.
-En los casos que hay invasión ilegal del área de protección hídrica, el nuevo proyecto establece que se debe reforestar únicamente 5 metros desde el cuerpo de agua (Artículo 29). Esto representa una clara regresión ambiental, pues independientemente si se invadieron 10, 15 o 50 metros del área de protección hídrica, basta con que el propietario (persona o empresa) reforeste apenas 5 metros.
-Permite la explotación de agua marina en áreas silvestres protegidas (Artículo 88), en las siguientes categorías de manejo de protección: Humedal, Área Marina de Manejo y Refugio Nacional de Vida Silvestre. Solamente estarían excluidas las categorías: Parque Nacional y Reserva Biológica. Esta sería una medida que atentaría contra la integridad de los ecosistemas salobres y marinos naturales del país, los cuales cumplen importantes funciones ecológicas.
-Elimina la posibilidad de establecer medidas cautelares en caso de infracciones en el aprovechamiento del agua (Artículo 114). En la práctica, esto limita las posibilidades de fiscalización y aumenta el margen para un uso irresponsable y abusivo del agua.
-Se establecen multas risibles de máximo entre cinco y siete salarios base para infracciones gravísimas, ¡unos 3 millones de colones! (Artículos 117, 118 y 119). Las multas y repercusiones hacia la afectación de las fuentes de agua, deben ser más agresivas, contundentes y proporcionales al daño efectuado, para asegurarnos que exista un esfuerzo real en evitar la afectación y para que, en caso de que esta suceda, la reparación del daño no recaiga sobre el Estado costarricense sino, sobre quién efectúa el daño. Por ejemplo, recordemos los casos de contaminación de los acueductos comunales de Milano y del Cairo de Siquirres, los cuáles se dieron por el uso de agroquímicos de la empresa piñera contigua, y por los cuáles el AyA tuvo que reconstruir un nuevo sistema de abastecimiento de agua para estas comunidades que tuvo un costo de ¢370 millones de colones para Milano y ¢2.247,6 millones para el Cairo, según datos oficiales. Esto sin tomar en cuenta los gastos que se cubrieron, con el pago de nuestros impuestos, para abastecer de agua a las comunidades afectadas con camiones cisterna hasta que estuvieran terminados los acueductos, que en el caso del Cairo, fue necesario invertir más de ¢430 millones de colones en esta gestión. Las multas elevadas, desincentivan las conductas dañinas y, para el recurso hídrico, la tolerancia de los daños ambientales debe ser nula.
-En la retórica, incorpora el principio de la participación ciudadana, sin embargo, en la práctica, no cuenta con los mecanismos para hacerla efectiva. Por ejemplo, en el proyecto de Ley de Aguas de iniciativa popular que se discutió hace algunos años, este incluía la propuesta de creación de Consejos de Cuencas, los cuales garantizarían un mayor nivel de participación social y comunal en la toma de decisiones sobre el manejo del agua. El actual proyecto no incluye a los Consejos de Cuenca ni ningún otro mecanismo para garantizar la real participación de la ciudadanía en cuanto a la gestión del agua.
En resumen, este proyecto de ley pareciera estar hecho a la medida de los intereses de aquellos que acaparan mayores cantidades de agua, los que más contaminan y que hacen un uso irresponsable y abusivo del mismo, sobre todo, de grandes empresas agropecuarias. Además, el texto elimina mecanismos efectivos de fiscalización, control y protección y cierra espacios para una verdadera participación ciudadana y democrática en la gestión del agua.
Exigimos a la Asamblea Legislativa el rechazo al proyecto de Ley de Aguas No. 20.212, y planteamos la necesidad de mejorar nuestra legislación ambiental actual en términos de protección, inversión de recursos económicos, mayores controles estatales de las actividades productivas, fortalecimiento de la gestión de la conservación, así como multas severas para aquellos que afecten los cuerpos de agua. Además, apuntamos a que es necesario avanzar en la creación de mecanismos de participación política ciudadana para la toma de decisiones sobre nuestras cuencas hidrográficas y el manejo que se haga de ellas.
Hacemos un llamado a todos los sectores ecologistas, ambientalistas, comunales, indígenas, clase trabajadora, movimientos de mujeres y a toda la sociedad costarricense, a generar debate y construcción de una nueva forma de relacionarnos con la naturaleza, y específicamente con el agua, donde construyamos un ciclo hidrosocial sustentable y una legislación en función de nuestras necesidades sociales y naturales y no de los grandes capitalistas explotadores. No olvidemos que el agua es el elemento más importante para la vida, por lo tanto, las decisiones que se tomen sobre este tema nos conciernen a todos y todas. ¡No permitamos que sigan aprobando leyes que violentan nuestros derechos! ¡No permitamos que los poderosos sigan haciendo sus grandes negocios a costa de un bien que nos pertenece a todos y todas!
¡AGUA ES VIDA, NO MERCANCÍA!
Ingrese en el siguiente enlace para ser partícipe de este pronunciamiento:
Este 7 de febrero a las 10 a.m. se llevará a cabo el primer taller en Barrio Carit en coordinación con doña Emperatriz de Servicios Ambientales de la Municipalidad.
Todas las actividades se realizarán en el marco del proyecto «Entornos de Paz” y la alfabetización en el manejo de residuos sólidos en la comunidad, para ir creando una cultura de reciclaje y cuido del ambiente.
Este es parte del trabajo que se está realizando en la comunidad para ir creando la conciencia de pertenencia del entorno y la responsabilidad y derecho de participar en la toma de decisiones en las políticas públicas.
Enviado a SURCOS por Marjorie Hernández, de Territorio Seguro
En la “Conferencia sobre cambio climático (COP25)” recientemente celebrada se anunció que, en nuestro país, en el año 2021, se realizará el “Congreso Internacional de Hidroelectricidad”, con el lema “Energías renovables trabajando juntas en un mundo interconectado”, auspiciado por el Gobierno de Costa Rica. La escogencia de Costa Rica por parte de la COP25, o la oferta que no sabemos si fue del mismo Gobierno, responde a la visión “ambiental” y falaz de que las represas son energía “limpia, verde y sostenible”.
El problema energético y la generación de electricidad, en cualquiera de sus formas, responden a la visión de sociedad que defendamos y por tanto no están aislados o fuera de contexto. Cuando por ejemplo la burocracia técnica de la Comisión económica para América Latina, CEPAL, dice que “la región podría crear un gran sistema interconectado, pero para eso habría que modificar o ampliar las infraestructuras. Ahí está la gran oportunidad para invertir” y exalta que “Gigavatios, más gigavatios es lo que se necesita en América Latina”, (https://elpais.com/economia/2015/04/24/actualidad/1429894886_485908.html), es claro que alienta un modelo económico expansivo que requiere hacer uso intensivo de los ecosistemas, lo cual está asociado a toda la maquinaria financiera y política para promoverlo. Eso es imposible sin la competencia de los gobiernos y ninguno de ellos diría que construye represas o cualquier otro tipo de infraestructura energética, fuera de estándares “ambientales”. Todo queda ajustado y legalmente justificado, incluidos, claro está, los estudios de impacto ambiental. Pero los impactos de las represas en todo el planeta han sido letales por la destrucción social y ecológica provocada.
Podemos coincidir en que la agenda ambiental/climática es muy compleja, pero esa complejidad depende de qué definamos como problemas “ambientales” y cómo los atendamos. En realidad, lo que padecemos son las consecuencias del modelo de crecimiento económico ilimitado con aumento cada vez más grosero de la inequidad social. Esos no son problemas del “ambiente”; son los resultados provocados por la visión errada y las prácticas gubernamentales y empresariales en la mayoría de los países, que nos están llevando al abismo.
En general, ningún programa de “compensación de emisiones”, “energías limpias”, “carbono neutralidad”, etc, podrán detener la crisis que viven las sociedades y el planeta, porque no atienden el origen de los problemas. La crisis que vivimos es provocada principalmente por los países del norte del mundo por sus modelos de producción y consumo voraces a los que las élites de esos, y de nuestros países, han sometido al planeta. Hace unos años, cuando Donald Trump anunció que Estados Unidos abandonaría los acuerdos de París, los titulares del mundo alabaron la frase del presidente francés Macrón: “No importa donde vivamos, tenemos la misma responsabilidad”, lo cual no era más que una sugestiva falacia; una democratización de desastre, y una difuminación de la culpa, porque colocaba a toda la gente como igual; con la misma responsabilidad, y evadía señalar a quienes más responsabilidad tienen, empezando por ellos mismos, como generadores del desastre que vivimos todo.as. En todo caso esos acuerdos, como muchos otros documentos, no hacen más que plasmar “deseos” y obviedades, y nunca exigen nada ni a los gobiernos ni al mundo corporativo; hacer algo concreto es “voluntario”. Es lo mismo que ocurre cuando en el Foro de Davos, los multimillonarios y las corporaciones, dicen que el mundo es cada vez más inequitativo. Un papel más, y nada de acciones para cambiarlo. “Nada cambiará en Inglaterra, excepto el clima”, como dijera el escritor Oscar Wilde.
En el modelo de economías y sociedades que vivimos todo puede llegar a ser “sostenible” gracias a que los discursos se crean, se diseminan y se imponen en el imaginario de la gente como verdades; como la “verdad oficial”. Costa Rica es especialista en esto. Hasta la pesca de arrastre puede ser sostenible. Los monocultivos pueden ser ambientalmente implementados. La subasta del agua puede justificarse. Las energías sucias, como la solar, pueden devenir en limpias y verdes, porque se divulga la tecnología de punta, pero nunca se explica la hecatombe ecológica y social que provoca la extracción del litio, el “oro blanco” moderno, usado para las baterías de almacenamiento.
En Costa Rica podemos enumerar decenas de ejemplos de incongruencias entre el discurso del “país verde” exhibido en los escaparates del márquetin internacional y la realidad nacional. Todo se puede justificar legalmente, porque ser “ambientalista” muchas veces no es más que ajustarse a estándares legales, oficiales y asumir como válido y bueno lo que en realidad destruye. Para eso están las regulaciones de entidades como SETENA; para muchas veces hacer viable lo que de ninguna manera debería construirse. Ésa es la diferencia sustancial entre regular y limitar; entre lo ambiental y la justicia ecológica y social, estas 2 últimas absolutamente ligadas. Todo puede quedar perfectamente alineado con postulados verdes, y con eso la oficialidad y el espectro empresarial/corporativo estarán satisfechos, más no los pueblos y los ecosistemas a los que, de paso, ya es tiempo de adjudicarles derechos propios.
Cuando logramos la suspensión del PH Diquís (https://surcosdigital.com/ph-diquis-en-suspenso-un-triunfo-social-y-una-oportunidad-para-cambiar-el-modelo-electrico-de-costa-rica/) reafirmamos lo que hemos señalado desde hace muchos años: LA ÉPOCA MUNDIAL DE LAS REPRESAS YA PASÓ, y en paralelo, que Costa Rica requiere un nuevo modelo eléctrico sustentable, inclusivo de la gente y participativo; no uno excluyente y destructivo como ha sido hasta hoy. Debemos reorientarnos hacia un modelo ecológica y socialmente sustentable que sustituya y supere el que tenemos hoy “ambientalmente sostenible”.
Afiche de Allan Sojo García/Pacuare.
Los éxitos comunitarios del año 2019 como la suspensión del Diquís, la liquidación del PH San Rafael en Pérez Zeledón de la empresa nacional HSolís, (https://youtu.be/2vUTCys7DSk) y el freno a los PH Bonilla 510/6.1 MW y PH Bonilla 1320/5.4 MW en Turrialba, de la misma constructora (https://surcosdigital.com/ni-una-represa-mas-en-turrialba/) demuestran sensatez y reconocen que la generación de electricidad nacional debe ser reorientada. (En el caso de los PH Bonilla, las comunidades y organizaciones sostenemos la alerta pues ni el MINAE ni el ICE, que firmó contratos de compra de electricidad con la empresa, han emitido un dato oficial sobre la liquidación de los mismos).
Suspender Diquís (no liquidarlo), no dar conveniencia nacional al PH San Rafael y frenar los 2 PH Bonilla, han sido decisiones acertadas de esta Administración y en particular del MINAE y su ministro Carlos Ml. Rodríguez, pero que no son unilaterales, si no que responden a los argumentos técnicos y luchas de las comunidades y organizaciones sociales por más de 3 décadas y en la actualidad. Esto demostró oportunidades de coincidencia. Podríamos decir también que el anuncio del ICE de no construir más represas es un reconocimiento de la necesidad técnica y la urgencia ecológica de detener la destrucción de los ríos y sus ecosistemas asociados y de respetar los derechos de las comunidades, aspectos que desde el ámbito civil hemos sostenido por décadas. Otro asunto de fondo por discutir es con cuáles fuentes energéticas y en qué condiciones será atendida la demanda nacional. Es un problema que habrá que resolver, y si hay diálogo al respecto, la sociedad costarricense dará pasos importantes hacia los nuevos modelos de energía y electricidad que requerimos.
Esos son elementos del nuevo contexto de avances hacia el respeto de los ecosistemas y las comunidades, en el que el Congreso Internacional de Hidroelectricidad del 2021 para promover las represas, resulta un anacronismo, un sinsentido y una contradicción con lo que el mismo MINAE ha avanzado. En el mundo entero la destrucción, y no construcción de represas, es la tendencia prevaleciente. En Europa los estudios demuestran tan solo el 40% de las represas operan eficientemente, y el plan previsto es demoler hasta 30.000 de éstas, lo cual tendrá impactos positivos extraordinarios para los ecosistemas y las economías locales por la recuperación de los ríos y las nuevas oportunidades de economía de pequeña escala, asociadas con los ríos vivos y libres y no con los estanques (muchas veces hediondos y llenos de basura) como siempre han dicho sus promotores.
Lo mejor que puede hacer el Gobierno, y en este caso el MINAE, es desistir de realizar ese evento en Costa Rica. Ya no existe manera de justificar la promoción de las hidroeléctricas como energía “limpia”, “verde” o “renovable” a la luz de las evidencias de destrucción. Solo para titular, sabemos que los llamados “caudales de compensación” o “ecológicos” del 10 o 20% o el porcentaje que sea del flujo de un río, son la forma elegante en que los promotores de los PHs intentan ocultar su deterioro irreversible y hasta su muerte. En todo el planeta la multimillonaria “industria” de los estudios de impacto ambiental insiste en que esos “caudales mínimos” evitan la destrucción de los ríos y de elementos naturales asociados con ellos. A esto se suman todas las formas de usurpación, irrespeto y violación de derechos de las comunidades y, en muchos países, el desplazamiento forzado de comunidades enteras, la persecución y los asesinatos de gente opositora.
Desde las organizaciones sociales y las comunidades que soportan todos los impactos destructivos por las hidroeléctricas, la posición ante el Congreso Internacional de Hidroelectricidad del 2021 es y será de rechazo absoluto.
Ojalá que contrario a promover cualquier tipo de hidroelectricidad, encontremos espacios de diálogo y coincidencia para que Costa Rica inicie su propia era de demolición de represas y busque, como corresponde, un modelo energético inclusivo, justo y respetuoso de los ecosistemas y de la gente.
Si algo podemos sostener desde el mundo comunitario es que nunca, ni las empresas estatales ni las privadas, locales o transnacionales, han respetado los derechos de las personas, de las comunidades y de los ecosistemas. La historia de oposición a las hidroeléctricas es muy voluminosa en el mundo y por supuesto en Costa Rica. Y en todas las oportunidades que se ha logrado frenarlas temporalmente, condicionarlas o impedirlas, ha sido, exclusivamente, porque la gente se ha organizado, ha defendido sus derechos y logrado torcer el brazo de las entidades estatales y las empresas, tras incansables y desgastantes alegatos y disputas legales, técnicas y políticas. Los casos mencionados de suspensión del Diquís, la liquidación del PH San Rafael en Pérez Zeledón y el freno a los PH Bonilla 510/6.1 MW y PH Bonilla 1320/5.4 MW en Turrialba, son la mejor muestra reciente de que si las personas no enfrentan a la institucionalidad y a las empresas, sus derechos y los de los ecosistemas son simplemente arrasados. ODC.
El pesticida glifosato, que se sospecha puede provocar cáncer, comenzará a estar parcialmente prohibido en Luxemburgo a partir del próximo febrero, un veto que se completará de aquí a finales de año y que convertirá al país en el primero de la Unión Europea (UE) en dar ese paso.
La prohibición, según la agencia Belga, tendrá lugar en tres etapas: a partir del 1 de febrero se producirá la retirada de autorización de su puesta en el mercado; a continuación y hasta el 30 de junio habrá un plazo para agotar las reservas y finalmente, hasta finales de año, se extenderá un periodo de gracia para su uso.
Cerca del 60 % de las explotaciones agrícolas del país han renunciado ya al pesticida, según el Gobierno luxemburgués.
El país confía en que otros estados miembros imiten su ejemplo.
Si bien la Organización Mundial de la Salud (OMS) alertó en 2015 sobre los riesgos cancerígenos del glifosato, la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) y la Agencia Europea de Productos Químicos (ECHA) aseguraron después tener evidencias científicas para clasificar el herbicida, el más utilizado del mundo, como no cancerígeno.
La Comisión Europea (CE) adoptó en diciembre de 2017 la renovación del glifosato por cinco años y dijo que la responsabilidad de su autorización final es de los países, que pueden decidir libremente permitir que los productos a base de esta sustancia circulen legalmente en sus territorios nacionales.
