Magistrados debaten la posibilidad de reconocer derechos propios a la naturaleza y a los ecosistemas
Los derechos de los ecosistemas han sido otorgados en otros países para salvaguardarlos pero en Costa Rica estos no han sido reconocidos
(Fecon 21/01/2020.) Defensoría de los Habitantes dará su criterio a la Sala Constitucional sobre la contaminación con mercurio que acontece en las inmediaciones de la Finca Vivoyet en Crucitas, lugar donde la empresa minera Infinito Gold pretendía extraer oro y que ha sido invadida por mineros improvisados que han desatado una emergencia ambiental que podría traer consecuencias irreversibles sobre los entornos naturales del Río San Juan.
En 2018 FECON interpuso una denuncia junto al abogado ambientalista Álvaro Sagot contra el Ministerio de Salud por el desacato del Reglamento sobre valores guía en suelos para descontaminación de sitios afectados por emergencias ambientales y derrames
(Decreto Ejecutivo N°37757-S). Mismo que le da responsabilidades al Ministerio de Salud sobre el desastre ambiental que vive la zona de Crucitas en Cutris de San Carlos.
Con estos argumentos para inicios del año 2019 FECON llevó a los tribunales constitucionales un recurso de amparo, acogido bajo el expediente N°19-011277-0007-CO, denunciando esta inacción y solicitando se reconozcan derechos de los ecosistemas en esta zona. Es por esto que uno de los argumentos más innovadores de esta denuncia en términos jurídicos son los Derechos de la Naturaleza.
Según Sagot «Es vital, dado el problema, que se declaren los derechos de los ecosistemas sobre esa región de Crucitas, tal y como se hizo en Colombia que declaró los derechos de personalidad jurídica de la región de la Amazonía colombiana ante la desidia institucional.»
El uso de desechos orgánicos en biocombustibles ayudaría al control de los gases de efecto invernadero
Investigadores de la UCR exploran el uso potencial de biomasas propias de Costa Rica para la generación de biocombustibles. Foto: Laura Rodríguez Rodríguez.
¿Existe la posibilidad de que Costa Rica produzca su propio combustible para reducir gastos en importación? ¿Podría el sistema de transporte costarricense funcionar, en su totalidad, a partir de biocombustibles? Estas son algunas de las preguntas que busca responder un proyecto que nace en la Escuela de Ingeniería Química (EIQ) de la Universidad de Costa Rica (UCR).
Dicha iniciativa tiene como objetivo generar biocombustibles a partir de desechos orgánicos provenientes de la agroindrustria, corrientes de lodos de plantas de tratamiento de aguas residuales, desechos orgánicos urbanos, aguas negras, excretas de la crianza de animales y plásticos, mediante un procedimiento novedoso denominado licuefacción hidrotérmica (LHT).
“Costa Rica posee una matriz de energía eléctrica excelente, un 95 % es generada por medio de fuentes renovables. Sin embargo, el 60 % de la energía total que consumimos proviene de combustibles fósiles, fundamentalmente para el sector transporte. Este tema está muy ligado con la parte de emisiones de gases de efecto invernadero y, por lo tanto, el calentamiento global”, explicó el investigador principal del proyecto y director de la EIQ, Dr. Esteban Durán Herrera.
De allí surge la necesidad de buscar una alternativa al uso de combustibles tradicionales (los cuales tienen un fuerte impacto en el ambiente), de manera que las fuentes renovables se introduzcan en la generación de energía limpia dentro del sistema nacional de transportes.
Como parte de la primera etapa de tal iniciativa, la EIQ se aventuró a explorar el uso de desechos orgánicos o biomasas disponibles en Costa Rica, como el pinzote de banano y el rastrojo de piña.
“Con este proyecto se estudia y evalúa el uso posible de biomasas propias de nuestro país, ya sea en la actualidad o potencialmente, porque no pretendemos explorar solo los desechos de piña, banano y café, sino también otras opciones, como pueden ser algas o lodos de aguas residuales, a las cuales en este momento no se les saca ningún provecho”, mencionó Durán.
La innovación
El LHT consiste en transformar una sustancia de un estado gaseoso a líquido. Esto ocurre por la acción de la temperatura y el aumento de la presión. Es decir, acontece un cambio químico que produce una mezcla de hidrocarburos, los cuales al enfriarse se condensan en un líquido.
Como en la mayoría de los procesos de gasificación, la biomasa no tiene que ser seca debido a que la licuefacción hidrotérmica se realiza en estado húmedo.
A criterio de Durán, este es el primer trabajo en el país que explora el uso de dicho procedimiento y, si se obtienen buenos resultados en la etapa experimental de investigación, uno de los objetivos a futuro sería realizar el LHT en mayor magnitud para, eventualmente, construir una planta piloto en Costa Rica que permita probar el concepto con un incremento en los volúmenes. Si se logra un efecto positivo, podría escalarse a una planta con capacidad industrial.
Al integrar a este proceso los desechos de la agroindustria, se garantiza su manejo adecuado, lo cual reduce de forma considerable los problemas ambientales, como la proliferación de plagas, malos olores y enfermedades.
El proyecto está a cargo del Dr. Esteban Durán Herrera, con la colaboración de la estudiante Mariángel Escalante Castro, la Licda. Natalia Montero Rambla, la Dra. Natalia Hernández Montero y el estudiante Raúl Ulate Sancho. Foto: Laura Rodríguez Rodríguez.
Durán indicó que las empresas nacionales productoras de banano y piña han estado anuentes a contribuir con el proyecto, al facilitarles biomasas para las investigaciones.
Asimismo, este experto se refirió al gran beneficio que pueden obtener las empresas con el desarrollo de esta iniciativa, pues el tratamiento adecuado de los desechos, en lugar de representarles un costo, se podría convertir en una ganancia. Lo anterior porque no se trata solo de un desecho, sino más bien de una materia prima.
De esta forma, podrían resolver la problemática que surge de la mala gestión de las biomasas y obtendrían un ingreso, al cederlas para que se conviertan en biocombustibles.
En Costa Rica, se producen cerca de 183 000 toneladas de desecho de pinzote de banano y 4.28 millones de toneladas de rastrojo de piña, al año.
Beneficios para Costa Rica
“Hay múltiples beneficios, el principal sería que podríamos sustituir, no en su totalidad, pero sí en una fracción, el uso de los combustibles tradicionales. A nivel nacional, se ha establecido como meta disminuir la huella de carbono, y los combustibles fósiles son, sin duda, uno de los componentes más importantes de esta”, recalcó Durán Herrera.
Otra de las grandes ventajas señaladas por el director de la EIQ es el incentivo económico que se daría al sustituirse la importación de combustibles, provenientes del petróleo, por la producción y empleo de los distintos tipos de biomasas disponibles en Costa Rica.
Además, los biocombustibles, al ser químicamente muy similares a la gasolina tradicional, pueden ser utilizados en cualquier medio de transporte. Tal es el caso que, si fuese necesario, podría usarse un automóvil alimentado cien por ciento con combustible de este tipo.
Actualmente, esta iniciativa se encuentra en su etapa experimental, la cual desde hace aproximadamente 11 meses ha dado buenos resultados. Según el investigador, un próximo paso consistirá en desarrollar cálculos económicos y de escalamiento para determinar si, a partir de los efectos obtenidos, sería posible construir una planta que lleve a cabo una producción anual de biocombustibles.
Si no fuese rentable, sería necesario evidenciar cuáles condiciones tendrían que cambiar para que sí lo sea. También un potencial resultado de la investigación podría ser que esta propuesta no es rentable del todo.
“Estamos muy contentos con el proyecto, hemos tenido muy buena acogida, porque el proceso como tal tiene muchas ventajas y, de llegarse a concretar y ser rentable, tendría múltiples beneficios. Nos sentimos muy entusiasmados, pues hemos tenido mucho apoyo”, concluyó Durán Herrera.
Bianca Alina Villalobos Solís
Asistente de Prensa, Oficina de Divulgación e Información
Estamos en un estado de emergencia frente al manejo de desechos en todo el Cantón de Talamanca. La problemática aumenta directamente proporcional a la densidad demográfica, que no es poca, y la Municipalidad mantiene la misma frecuencia de ruta de recolección que 20 años atrás, pasando solo una vez a la semana, cuando los desechos eran de pocas familias y algunos otros pocos de afuera… en ocasiones el servicio ni siquiera se da, empeorando la problemática por la acumulación de basura en las calles.
Hoy la Institución Pública recibe impuestos para cubrir este servicio que no está siendo cubierto, a la vista están las pruebas…y no solo no han reinvertido en mejorar el sistema de manejo y recolección de desechos, hemos quedado a la deriva en cuanto a los desechos valorizables ya que en Diciembre de 2019, el Corredor Biológico rescindió el contrato para dicha recolección…así, los meses de diciembre y enero, temporada alta en el cantón, y consecuentemente los meses que más producen basura quedamos sin este servicio… faltando con esto a la ley #8839 para la Gestión Integral de Residuos.
Si no fuera por la gestión de Por Un Puerto Viejo Más Limpio, la Comisión GIRS del Colectivo Talamanca Se’kō, Caribe Sur Libre de Plástico y demás organizaciones y ciudadan@s que se involucraron en el tema, estaríamos, literalmente, nadando en basura.
Se solicita una urgente intervención del Ministerio de Salud, IFAM, Defensoría de los Habitantes, Contraloría de la República, instancias del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), y demás autoridades competentes para ayudar a la Comunidad del Cantón de Talamanca a resolver este gravísimo problema que no solo afecta el ambiente según la Ley Orgánica del Ambiente #7554, sino a la salud pública, faltando con esto a la Ley General de Salud #5395.
Además, aprovechamos para invitarlos el MARTES 14 de ENERO 2020 a las 10 a.m. a la Municipalidad de Talamanca, al Concejo Municipal, donde estaremos planteando nuestra inconformidad en cómo se están administrando nuestros impuestos con respecto a este servicio. Estamos convocando a la Comunidad del cantón de Talamanca, esperamos verlos, es un tema de salud que nos afecta a tod@s!
Adjuntamos PDF con la correspondencia con la Municipalidad y demás documentos que verifican esta situación alarmante.
Gracias por ayudarnos a divulgar esta información.
Con el objetivo de crear conciencia por sobre los problemas ambientales que sufre al Gran Área Metropolitana, este 25 de enero a partir de la 9 a.m. se realizará la «Marcha por el ambiente en Desamparados».
Mientras la mayoría disfruta estos días para descansar o recrearse otros aprovechan la ausencia de vigilancia para hacer daños a la naturaleza. Esto sucede todas las temporadas de vacaciones en el Caribe Sur. En días previos a las fiestas de navidad y el mismo 24 de diciembre vecinos realizaron denuncias sobre la destrucción de Playa Punta Uva que se encuentra dentro del Refugio de Vida Silvestre Gandoca Manzanillo. Según testimonios de los vecinos en redes sociales “han cortado una gran cantidad de árboles, han drenado un humedal, y hoy siguen levantando pilares enormes de cemento aprovechando los días festivos y la ausencia de autoridades como la Policía o la Municipalidad de Talamanca, así como la falta de acción de parte del Ministerio de Ambiente y Energía ante tal destrucción”. Ante las denuncias efectuadas el MINAE llegó a la zona, pero minimizó los evidentes delitos y el reporte indica que solo “cuatro alcantarillas se estaban cambiando” omitiendo que había un drenaje hecho para secar el Humedal de Punta Uva, así como, omitieron decir que han rellenado con piedra, lastre y tierra la frágil e importante Área del Humedal. Los vecinos el sábado 21 de diciembre contabilizaron alrededor de 50 vagonetas cargadas de tierra para rellenar el prestigioso Humedal de importancia internacional ubicado en el Refugio Gandoca Manzanillo. En este momento hay una pugna legal por delimitación del refugio y aunque los funcionarios del MINAE aseguran en su informe que el área está fuera del Refugio sin amparo de ninguna ley, es innegable que el lote en cuestión está en un humedal y dentro de los 200 metros de zona marítimo terrestres, dos condiciones que le da un nivel de protección especial. Los vecinos insisten que la ley vigente si cubre la zona como parte del Refugio. Según el art. 45 Ley 7554 y art. 7 del DE Nº22550-MINAE “- quedan prohibidas las actividades orientadas a interrumpir los ciclos naturales de los ecosistemas de humedal, como la construcción de diques que eviten el flujo de aguas marinas o continentales, drenajes, desecamiento, relleno o cualquier otra alteración que provoque el deterioro y la eliminación de tales ecosistemas” En una siguiente visita el 24 de diciembre el mismo MINAE “ordena paralizar las actividades de construcción correlacionadas directa o indirectamente hasta tanto no se presenten los respectivos permisos de viabilidad ambiental en físico que autoriza la ejecución de obras y otras atinentes a la misma en el plazo que corresponde de la ley”.
Municipalidad en la mira Hay que recordar que la Municipalidad de Talamanca fue denunciada por hacer una calle ilegal en la entrada a Puerto Viejo de Limón que atravesó playa Negra, sin permisos del Ministerio de Obras Públicas e invadiendo la playa con la excusa de agilizar el tránsito por la Semana Santa de este año. En esa ocasión el Viceministro de infraestructura, Olman Elizondo aseguró que la obra se hizo sin permisos y que efectivamente se infringió la ley. Los vecinos están organizados contra la pretensión de construir un atracadero turístico en Puerto Viejo de Limón, ya aprobado por la Municipalidad de Talamanca y el Instituto Costarricense de Turismo, el cual ya recibió una denuncia por temas ambientales. En noviembre pasado la Fiscalía allanó la Municipalidad de Talamanca por una indagación de pagos irregulares en la construcción de carreteras e infraestructura en la zona. Este caso no es el único son varias las denuncias a la Municipalidad, que inclusive tiene un ex alcalde estuvo en la cárcel y enfrentó un proceso por corrupción. (ver más en http://www.corrupcioncr.org/talamanca-2/)
Ministro resuelve nulidad basándose en los argumentos técnicos del sector ambiental.
Las buenas noticias llegaron para los ecosistemas y
comunidades campesinas de las Fincas de Palmar Sur, pues el ministro notificó
hoy que los argumentos técnico-legales presentados por el sector ambiental
desde el año 2017, son correctos.
El recurso fue interpuesto en el 2017 por Msc. Mauricio Álvarez,
en ese momento ejerciendo la presidencia de la Federación Costarricense para la
Conservación del Ambiente (FECON) y con el apoyo de Dr. Allan Astorga Gättgens,
Msc. Álvaro Sagot y Licda. Sofía Barquero Mata.
En el recurso de nulidad se evidencia que los estudios de
impacto ambiental presentan un claro favorecimiento al desarrollador del
proyecto, omitiendo procedimientos técnicos vigentes, a pesar de que se conoce
que este tipo de producción ya ha generado daños ambientales irreversibles. Se
considera que en el D1 (documento de evaluación ambiental), que todo proyecto
debe presentar a SETENA para su primera valoración ambiental, mediante un
puntaje, se debió constatar la necesidad de un estudio de impacto ambiental, en
tanto el área del proyecto incluye bosques y humedales que son áreas de por sí
protegidas por la ley (Artículo 32 de la Ley Orgánica del Ambiente) al estar
dentro de la categoría de “muy alta vulnerabilidad y fragilidad ambiental”
prescrita en la normativa. Este formulario es una declaración jurada que
advierte que en caso de que haya omisión de información o se aporte información
falsa, se posibilita a la Setena a rechazar su gestión y también a sanciones
administrativas y penales a los responsables.
Según el recurso, “la viabilidad ambiental otorgada por la
SETENA a la piñera Del Monte en Osa tiene serios vicios que apuntan a su
nulidad por los siguientes puntos:
1. Se trata de un megaproyecto de 500 hectáreas de monocultivo intensivo de piña que incluye un gran paquete de agroquímicos tóxicos, como el Paraquat que está prohibido en muchos países por ser muy contaminante.
2. Bajo la finca existe un acuífero y el mismo estudio hidrogeológico presentado señala que si se contaminara el acuífero se produciría una extensa pluma de contaminación que se movilizaría en dirección al Humedal Térraba Sierpe. Dicho estudio no fue revisado por el SENARA, entidad que debería ser consultada para verificar la veracidad y alcances del informe.
3. A pesar de todo lo anterior la SETENA no hizo inspección de campo para este caso con lo cual incumple con la Ley Orgánica del Ambiente (art. 84 inciso c). De tal manera se tramitó en menos de un mes, mientras proyectos de mucho menos impacto tardan meses, incluso años, para su debido análisis en la Setena.
4. El reglamento vigente exige que en caso de encontrarse sitios arqueológicos se requiere una evaluación del Museo Nacional y de la Comisión Arqueológica Nacional, de previo a que se otorgue la viabilidad ambiental. Sin embargo, el reporte arqueológico, ignora la existencia del sitio arqueológico Unesco Patrimonio de la humanidad y pese a la riqueza arqueológica existente en el área del proyecto, la SETENA aprueba el permiso ambiental sin que se ejecute una evaluación arqueológica de los nueve sitios presentes recomendada por dicho reporte, en otras palabras, les da licencia “destruir el patrimonio arqueológico”. El reglamento vigente exige que en caso de encontrarse sitios arqueológicos se requiere una evaluación de Museo Nacional y de la Comisión Arqueológica Nacional, de previo a que se otorgue la viabilidad ambiental. Por ejemplo, de la Marina Papagayo en el 2004.
5. El estudio social está incompleto y no cumplió con la normativa al no realizar su componente más importante: el estudio de consulta a actores sociales, así como institucionales claves de la zona. El estudio socioeconómico, se realizó en una muestra de tan solo 18 personas, es decir, con el 0.61% de la población del cantón. En Palmar, justo donde se ubica el proyecto, hay una población de 9 815 personas, por lo que la muestra se realizó con apenas, un 0.18 % de la población. Las muestras indicadas, reflejan que no hay una verdadera representatividad de la percepción que pudiera tener la comunidad”.
A este recurso se adhirieron cientos de personas en una
multitudinaria manifestación del 15 de mayo del 2017, fue firmado además por
personas campesinas, operadores turísticos, indígenas, todas posibles
afectadas, así como ecologistas, universitarios, grupos de mujeres,
estudiantes, cooperativas campesinas y otras fuerzas vivas que se manifestaron
el día del agricultor a favor de la cultura campesina y en contra de la
expansión piñera.
Para el hoy coordinador del Programa Kioscos
Socioambientales para la Organización Comunitaria de la Universidad de Costa
Rica, Msc. Mauricio Álvarez Mora menciona que “hay un antes y un después de
esta resolución, se le está poniendo por fin un límite a la expansión
incontrolada del cultivo. Esta es una moratoria de hecho a las actividades,
seguir expandiendo los cultivos sobre humedales, áreas protegidas y áreas de
protección del agua de las comunidades. Esta moratoria se va sustentar en la
organización y fiscalización social del cultivo como lo hemos venido señalando y
trabajando desde el 2008 con nuestros Programa de Acción Social y acogido en
dos distintos pronunciamientos del Consejo Universitario (2008, 2018).”
Para el ecologista Fabian Pacheco «No debemos olvidar
los nombres de quienes entregan al país a la destrucción ambiental. Costa Rica
sería un país muy diferente si no tuviera un movimiento ecologista como el que
tiene y que ha sabido levantar muchas campañas en defensa del bienestar
público. Felicitamos al gobierno por reconocer el peso legal y técnico de nuestros
argumentos y recordaremos este conflicto heredado por administraciones
“palanganas” como un ejemplo de que a pesar de que hay funcionarios públicos
que entregan los sitios más sagrados e importantes del país a la devastación y
destrucción ambiental este país aún tiene gente que sabe defender lo valioso y
lo sagrado».
Sin duda alguna es un día de fiesta para todas aquellas
personas que se mantienen firmes en la defensa de la vida digna, de la
naturaleza y de la cultura campesina de la Zona Sur.
(FECON, 15/12/2019.) Con preocupación e indignación nos encontramos con la noticia de que nuestro país será la sede del Congreso Internacional de Hidroelectricidad, el cual es organizado por el Gobierno de Costa Rica, el Instituto Costarricense de Electricidad y el Ministerio de Ambiente y Energía.
Este Congreso está lleno de contradicciones, entre las cuales mencionamos que: LA CONSTRUCCIÓN DE HIDROELÉCTRICAS NO ES UNA PRIORIDAD PAÍS.
Este Congreso contradice las últimas decisiones de diversificación de la matriz eléctrica. Recordemos que el ICE decidió cancelar la construcción de la hidroeléctrica Diquis, al determinar que el país produce más electricidad de la que necesita, así mismo después que la misma directora ejecutiva del ICE sacara a luz que la compra de electricidad a generadores privados encarece los costos de la electricidad (56 mil millones de colones). La expansión hidroeléctrica afecta las finanzas del ICE, como comprador y constructor de represas, enfrentándose a altos costos en el desarrollo de proyectos y contratos inescrupulosos que obligaron a pagar sobreprecios. La construcción de represas no es una prioridad país, y es un absurdo que se inviertan recursos en auspiciar un encuentro de empresarios de la hidroelectricidad (estaríamos pagando por una fiesta ajena).
GASTO INJUSTIFICADO EN MEDIO DE UNA CRISIS FISCAL
Está bien que los grandes inversores y desarrolladores de represas tengan sus encuentros bi anuales, que se reúnan en centros de conferencias, coman rico y se hospeden en hoteles bonitos, pero ¿Tiene sentido que Costa Rica sea el anfitrión de este Congreso en particular? ¿En especial cuando no beneficia los intereses del país, y se trata de un encuentro de empresarios?
La Pre COP25 fue un evento internacional con una cantidad similar de participantes y tuvo un costo de unos 1,9 millones de dólares. ¿Acaso hay transparencia en la cantidad de dinero y recursos que serán invertidos por el Gobierno de Costa Rica, el MINAE y el Grupo ICE para la realización del Congreso Internacional de la Hidroelectricidad? Y es retórico… pero ese dinero es de todas y todos los contribuyentes. ¿No es cierto que estamos en medio de una crisis fiscal y que tenemos todos que “ajustarnos la faja”?
LAS REPRESAS NO SON LA RESPUESTA PARA REDUCIR LAS EMISIONES DE CARBONO
Aunque el propósito de este Congreso es dar seguimiento a los acuerdos de París y las metas de Desarrollo Sostenible, se ha demostrado que la hidroelectricidad NO es una alternativa para reducir las emisiones de carbono, en cambio los grandes reservorios de agua de las represas son responsables de la producción de 7.5 billones de toneladas de gases de efecto invernadero, sumando a esto los enormes impactos sociales y ambientales de las represas. Sólo en los últimos 15 años, en América Latina se cuantificaron más de 50 asesinatos de ambientalistas involucrados a la lucha anti-represas. Impulsar la construcción de hidroeléctricas para alcanzar la carbono neutralidad es un absurdo y un error. Y una contradicción con las políticas de carbono neutralidad que pregona y con las que se ufana internacionalmente el país.
José Francisco Alfaro C, de CONCEVERDE, nos comparte la siguiente información:
“Una nota fue enviada al Ministro de Ambiente, en apoyo a la lucha que libramos en el colectivo CONCEVERDE y otros grupos de Heredia para que se respete la Ley 65 de 1888, ley creada para proteger el agua de cerca del 70% de habitantes del Valle Central.
Recuperar la zona inalienable, es fundamental no sólo para preservar el recurso hídrico del Valle Central, sino la flora nativa y el hábitat de muchas especies de animales, algunas en vía de extinción. La zona inalienable de la ley 65 del 30 de julio de 1888, comprende miles de hectáreas, que van desde el Cerro Guararí, hasta el Cerro Zurquí, hoy muchas en posesión de particulares, por lo que la Sala IV ordenó su recuperación desde el año 2008”.
José Fco. Alfaro C
P/CONCEVERDE
Además, José Francisco nos comparte la nota que fue enviada al ministro por la diputada Catalina Montero. Puede ver la carta en este enlace:
Los Juncos de Cascajal (Vázquez de Coronado, San José, Costa Rica)
16 y 17 de diciembre de 2019: desde las 8:00 am del primer día hasta las 4:00 pm del segundo
El taller estará a cargo del ingeniero agrónomo Allan Chavarría Chang, quien cuenta con más de 20 años de experiencia en agronomía, con trabajos y cursos realizados en Costa Rica, Nicaragua, Colombia, México, Ecuador, Japón, Perú, entre otros.
Hemos incorporado también la participación del biólogo Eduardo Boza Oviedo, quien cuenta con experiencia en varios países en investigaciones y cursos en su área. Él estará brindando una charla sobre “Diversidad biológica y agronomía en Cascajal: algunos aspectos generales y medulares” y guiará una caminata nocturna que complementará lo analizado en su charla.
Algunos de los temas a tratar son:
Ideología respecto a la investigación (incluyendo investigación científica y producción agrícola); formación geológica de la Cordillera Volcánica Central; ambientes en esta cordillera y en específico en Cascajal; concepto de diversidad biológica; bosques nubosos; algunos hechos generales sobre diversidad biológica de Cascajal; algunos conceptos ecológicos (ejemplos: dinámica poblacional, ecosistema, relaciones simbióticas); las micorrizas, los líquenes, la polinización, la dispersión de semillas y de esporas; disminuciones en “poblaciones” biológicas; prácticas sobre huerto en casa y su manejo; técnicas para siembra de alimentos orgánicos; elaboración de insumos (como: extracto botánico protector BMX; mejoradores de suelos fermentados tipo Bocashi y composta; caldos minerales protectores; bioestimulantes tipo ácidos húmicos-fúlvicos e himatomelánicos, fósfitos, y hormona de bambú; ormus; pasto fermentado; súper magro sólido; reproducido de bacterias ácido lácticas (EM)); búsqueda y multiplicación de microorganismos de montaña (variante mineralizada); cromatografía y análisis de sustancias con esta técnica.
Para la caminata nocturna por favor llevar libreta, lápiz grafito, foco, botas de hule, poncho, abrigo.
La inversión es de 100 dólares por persona; incluye: hospedaje compartido, alimentación, información oral y escrita, memoria usb con adicional información, muestras de insumos agronómicos.
El cupo es limitado; para reservar espacio se debe cancelar el 50 % de la inversión.
SETENA ignoró 80 hectáreas de humedal y 64 de bosque existentes en Finca Victoria en Osa
Permisos de talar o intervenir bosque solo se podría dar bajo Declaratoria de Conveniencia Nacional
(FECON, 10-12-2019.) Los funcionarios de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) han sostenido que no existen situaciones que contrastadas con la normativa ameriten la anulación de la licencia, pero esto es falso y para prueba de esto existen dentro de la finca propiedad de PINDECO casi 100 hectáreas de humedales y unas 64 hectáreas de bosque detectados por Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), en el informe SINAC-ACOSA-HNTS-134-2017(1).
Hay que recordar que SETENA decidió no realizar la inspección previa a la licencia dispuesta por ley. La pregunta para este caso sería ¿Para qué hubiera servido la inspección? La respuesta es simple: se hubiera detectado que los humedales de las fincas no eran simplemente 23.4 hectáreas y que es falso que sean sólo el 4% de las 600 hectáreas, como lo reportó la empresa; sino que eran 64 hectáreas de humedal y 94 hectáreas de bosque natural. Solo eso hubiera determinado que un Plan de Gestión no es suficiente, sino que se debía exigir un Estudio de Impacto Ambiental, el cual nunca se realizó.
Esto pone en evidencia que SETENA se hizo de la vista gorda para otorgar una licencia ambiental tramitada en menos de un mes, en un carácter de muy bajo perfil y con valoraciones simplistas por parte del Departamento Legal y la Comisión Plenaria de SETENA.
La pretensión de talar 64 hectáreas de bosque, según la normativa nacional, exige un plan de manejo y un eventual decreto de conveniencia nacional. Pero contrario a ello se dispuso que sí era procedente talar, siendo contrario a la norma 19 de la Ley Forestal que obliga a no cambiar el uso del suelo de bosques en propiedad privada. Además, todo decreto de conveniencia obligaba a un estudio de impacto ambiental y esto hacía que el plan de gestión ambiental fuera no eficiente.
Además, SETENA decidió obviar una advertencia dada por el SINAC, el cual señala que la siembra de piña en la Finca Victoria provocaría que “… cualquier tipo de contaminante que ingrese al principal sistema de drenaje, que para este proyecto lo conforma el Río Culebra, llegará al Humedal Nacional Térraba Sierpe por medio del Estero Azul.
Sobre las licencias ambientales otorgadas por SETENA, la Procuraduría General de la República en el dictamen C-189-2011 ha señalado “que por tratarse de un acto cuyos efectos perduran en el tiempo, no aplica en este caso el plazo de caducidad de un año que establece el artículo 173 de la Ley General de la Administración Pública, y por el contrario, la potestad de revisión oficiosa de la Administración, se mantiene mientras continúen desplegándose los efectos del otorgamiento de la viabilidad ambiental”.
En este sentido no cabría declarar que el incidente de nulidad absoluta, interpuesto por la Federación Ecologista en 2017 no era procedente. En este sentido, la Comisión Plenaria debió de acoger nuestros argumentos puesto que se tratan de señalamientos importantes en el otorgamiento de la viabilidad ambiental al expediente D1-18758-2016-SETENA. Es decir que los argumentos de preclusión para recurrir la licencia son falaces también.
Tal y como se ha señalado incontables veces, la licencia ambiental está plagada de incongruencias y datos equivocados que ameritan declarar la nulidad absoluta evidente y manifiesta. Incluso todo lo que decimos es una señal más del por qué se deben iniciar los procedimientos sancionatorios contra los consultores, el Departamento Legal y la Comisión Plenaria.
