«Les exigimos que añadan a las jirafas a la lista de especies protegidas por la CITES, que lancen y financien un Plan de Acción para las Jirafas en toda África que recupere sus poblaciones y proteja su hábitat, y que apoyen a las comunidades locales que conviven con las criaturas más altas del reino animal.»
MÁS INFORMACIÓN:
Tess ha matado a esta jirafa por diversión.
Sonríe detrás de su cuerpo muerto en una impactante foto viral — ¡pero, ahora mismo, tenemos una oportunidad muy valiosa de convertir esta tragedia en un salvavidas para las jirafas en todo el mundo!
En unas semanas, países de todo el mundo se reúnen en una cumbre mundial crucial para los animales. Y, por primera vez, cinco países africanos han propuesto añadir a las jirafas a la lista de especies protegidas. Como primer paso de un plan de acción global para salvarlas, esto cambiaría las reglas del juego. Y lo necesitan con urgencia porque la población de jirafas ya ha disminuido un 40%.
Firme ya, ¡y luego comparta por en sus redes para ayudar a que la matanza sin sentido de este hermoso animal se convierta en un punto de inflexión para las jirafas en todo el mundo!
Para firmar la petición ingrese en el siguiente enlace:
Herbicida más usado en zona de incidencia de Enfermedad Renal Crónica (ERC)
Un nutrido grupo de personas de Bagaces interpusieron un recurso de amparo “para que se cancele y se prohíba el uso del glifosato en Costa Rica, atendiendo el grado de conocimiento que existe sobre su toxicidad”, esta petitoria está basada en 850 referencias científicas que evidencia las afectaciones que ha llevado a la prohibición en muchos otros países del mundo.
El recurso fue acogido por parte de la Sala Constitucional (Expediente 19-001 662-007-CO) en días pasados.
Las preocupaciones de los accionantes son las afectaciones a la salud de las personas que tienen contacto con el glifosato son numerosas y documentadas. Además, que el glifosato es el herbicida más utilizado en el área de incidencia de la enfermedad, que es Guanacaste. La información científica aportada relaciona al arsénico en el agua de consumo humano y al uso del glifosato como directamente relacionadas con esta enfermedad.
La Enfermedad Renal Crónica (ERC) crónica en comunidades agrícolas porque la mayoría de los pacientes son agricultores que se dedican a cultivos de caña de azúcar y arroz. En Costa Rica apareció a mediados de los años 90s y tiene alta incidencia en cuatro cantones de Guanacaste: Cañas, Bagaces, Carrillo y Santa Cruz. Solo en Guanacaste la ERC ha matado a 1.744 personas en dos décadas.
Según información del viceministro de salud, Dennis Angulo, habría más de 1700 personas con Enfermedad Renal Crónica en Guanacaste. La Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) gasta actualmente 32 millones de dólares en atención a pacientes con ERC (Pomareda, 2019).
El glifosato es el herbicida más utilizado en el mundo y también en el país, donde se usan aproximadamente 1500 toneladas de ingrediente activo al año, según datos del IRET-UNA.
En el mundo. Recientemente un tribunal condenó a la multinacional Monsanto-Bayer al determinar que Dewayne Johnson, jardinero en los Estados Unidos contrajo un cáncer terminal por el uso herbicida glifosato. A pesar de que su uso solo se permite en la agricultura y cultivos específicos, es común que el glifosato se aplique en áreas verdes de zonas públicas urbanas de Costa Rica, como parques, cementerios, rondas de calle, aceras, caños y todo tipo de áreas verdes y recreativas. Esto expone a toda la población en especial a la niñez y personas adultas mayores.
La prohibición del uso de herbicidas como el glifosato en áreas públicas ya es un hecho en Francia, Italia, Bélgica, Holanda, Malta, Sri Lanka y múltiples gobiernos locales, experiencias que suman a las razones que justifican que la prohibición sea total en nuestro país. En España más de 45 municipios han adoptado restricciones o prohibición al uso del glifosato, entre ellos Madrid, Barcelona, Sevilla, Toledo, Zaragoza y Tarragona, como también lo han hecho las comunidades autónomas de La Rioja, Extremadura y Aragón.
En nuestro país, son 21 municipalidades y 2 universidades públicas que aplican políticas de prohibición de glifosato o cualquier herbicida en zonas públicas. Se trata las municipalidades de: Alajuela, Aserrí, Barva, Belén, Corredores, Curridabat, Desamparados, Escazú, Esparza, La Unión, Montes de Oca, Orotina, Pérez Zeledón, Quepos, San Isidro de Heredia, San Mateo, Santa Ana, Santo Domingo, Sarapiquí, Talamanca, Tibás y universidades UNED y UCR.
El 14 de febrero de 2019 de 11 a.m. a 4 p.m., Climate Save Movement y otras organizaciones realizarán una acción global en las embajadas y consulados brasileños de todo el mundo, así como también en el edificio de Naciones Unidas en la Ciudad de Nueva York, con el fin de proteger la selva amazónica.
En el día de San Valentín, activistas de todo el mundo se unirán para demostrarle amor y respeto al Amazonas, pulmón de nuestro planeta, protestando contra las medidas del presidente de Brasil Jair Bolsonaro, que está tratando de destruirla.
De todas las tierras del mundo utilizadas para producir alimento, más del 70 % está destinada a la ganadería, mientras que el porcentaje restante está ocupado por cultivos. Un tercio de esos cultivos se utiliza para alimentar al ganado.
El aumento del consumo de carne requiere que la frontera agropecuaria se extienda a pasos agigantados, y para conseguirlo están intentando deforestar bosques actualmente protegidos. ¿Sabía usted que dejando de consumir productos animales, podemos de salvar este y otros ecosistemas?
Con este objetivo están solicitando apoyar esta causa firmando la siguiente petición: https://bit.ly/2EyRKnA
También le invitan a inscribirse en Veganuary para lograr una alimentación más sostenible: https://veganuary.com/es/
Esta acción se realizará en simultáneo en más de 25 ciudades: en América del Sur (Argentina y Perú), América del Norte (México, Canadá, Estados Unidos), en Europa (Austria, Bélgica, Croacia, Italia, Países Bajos, Noruega, Polonia, Portugal, España, Suiza, Eslovaquia y Reino Unido), en Oceanía (Australia) y Asia (Armenia, Indonesia, Israel).
Para las personas que deseen participar de esta actividad, se les solicita presentarse con carteles, mensajes y pancartas que revelen su amor por este planeta y la vida que lo habita.
El Programa Kioscos Socioambientales ha dejado huella en su andar, a través de construir relaciones entre la parte académica y profesional y las comunidades.
La gente que ha pasado por -y quienes son parte del equipo actual- del Programa Kioscos Socioambientales de la Universidad de Costa Rica (UCR) celebraron 11 años de construir relaciones útiles y pertinentes con personas de comunidades de todo el país, y de acompañarles de forma efectiva en sus luchas. Ese día también aprovecharon para presentar el libro “Desde el territorio. Memorias, vivencias y reflexiones del Programa Kioscos Socioambientales”.
Durante la celebración, varias personas que han sido parte -de alguna u otra manera- de este trabajo de años, expresaron su reconocimiento a un proyecto creado para acompañar a las “personas que luchan y resisten”.
Silvia Rodríguez, integrante de la Red de Coordinación en Biodiversidad (RCB), expresó: “En la Red tenemos un logo que es parecido al atrapasueños. Cuando la Red cumplió 20 años Mauricio Álvarez nos escribió algo muy bonito: que el logo de la Red era una telaraña abierta para soñar y tejer, donde todo hilo es importante. Esas palabras se las quiero devolver hoy. Kioscos ha sido como un atrapasueños, ha construido hilos con la universidad, con las comunidades; tiene una posibilidad muy amplia de construir hilos. Lo esencial es el trabajo en las comunidades y de ahí construir conocimiento”.
Sonia Paez, lideresa indígena en Meleruk, Talamanca, agradeció a “los kioscos”: “Es por ellos que hoy nosotros podemos defendernos y no dejarnos que nos manejen. Esta lucha que hemos tenido nosotros desde 2004 hasta 2018 sigue pues podría venir otra amenaza a nosotros. Los kioscos están de la mano de nosotros”.
Dany Viyalobos, geógrafo e integrante de la Alianza de las Comunidades por la Defensa del Agua, manifestó: “El acompañamiento de Kioscos nos dio mucha fortaleza en la defensa de nuestro río y esperamos que Kioscos siga muchos años con gente de calidad trabajando en las comunidades”.
Leo Buitrago, líder indígena de Meleruk, Talamanca, recalcó: “Conocí a Kioscos como ‘los kioscos del TLC’, cuando las y los muchachos eran chiquillos, cuando los conocí, Llaguno, Geannina, Moiso, Henry, José Céspedes, Raque… Fue una lucha que comenzó con el TLC, la marina errante, la extracción de materiales. Sigamos en la lucha desarrollando la Costa Rica que queremos; no la que el Gobierno quiere, sino todos defendiendo nuestra casa común”.
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Hay quienes se han sentido amenazados por la acción social comprometida
Kioscos nació en una coyuntura en la que tuvo que posicionarse políticamente y no fue fácil porque se decía que la Universidad tenía que ser objetiva. Así habló sobre sus orígenes Maureen Rodríguez Cruz.
“En el 2007 era funcionaria de la Vicerrectoría de Acción Social de la UCR y también pertenecía al Movimiento de Cultura Frente al TLC, más como activista. En ese momento estaba Liliana Monge como compañera en la Vicerrectoría. Vimos que desde la universidad se había producido mucho material escrito, desde la parte más de investigación, artículos, incluso un libro desde el Instituto de Investigaciones Sociales. Pero esa información se estaba quedando en la universidad. Ya había muchas resoluciones de parte del Consejo Universitario y pronunciamientos sobre las implicaciones que iba a tener el TLC desde muchos ámbitos; pero la UCR no estaba diciendo nada hacia fuera. Vimos la necesidad que desde Acción Social se generara alguna información más comprensible, más clara, llana para la gente, para todos y todas, no con una jerga tan académica. Y empezamos a impulsar un proyecto”.
“En ese momento redacté un proyecto para la Rectoría y lo presentamos. En ese momento eran los Kioscos Informativos sobre el Referéndum y el TLC. Fue iniciativa de Liliana Monge y mía. Eran 11 millones de colones para tres meses; un aporte muy significativo. Nos apoyaron con recurso humano y la Vicerrectoría apoyó con horas asistente y además fue la primera experiencia que hubo con pasantías de horas de Trabajo Comunal Universitario. Cualquier estudiante que quería trabajar en este proyecto podía hacer hasta un máximo de 100 horas de su trabajo, que son 300 en total, con Kioscos del TLC. En tres meses abarcamos más de 100 comunidades y participaron todas las sedes y recintos de la Universidad y empezamos de lleno a dar información. Hubo un trabajo muy fuerte en la parte de producción de materiales”.
“Cuando termina Kioscos del TLC en 2007 el acercamiento que tuvimos con las diferentes comunidades nos permitió vincularnos con organizaciones y con grupos que estaban teniendo sus propias luchas a nivel regional o a nivel comunitario. Todo estaba atravesado por la misma lógica de lo que significaba el Tratado de Libre Comercio y la mayoría de estos conflictos eran a nivel socioambiental. El tema de la minería en Talamanca, el tema de la expansión piñera, la defensa del recurso hídrico, la defensa del mismo territorio por gente que estaba siendo sacada de sus lugares. Vimos que en diferentes partes del país se quería instalar el modelo de desarrollo neoliberal. Entonces con un equipo más grande trabajamos en una propuesta y buscamos apoyo con tiempos docentes, que se dieron en el 2008. Se empezó a trabajar como Kioscos Socioambientales”.
“Cuando surgen los Kioscos del TLC vivíamos en una coyuntura en la que la Universidad se tenía que posicionar. Había una situación a nivel nacional, que ameritaba el posicionamiento universitario, de la universidad que está llamada a la transformación social (…). Creo que seguimos en la misma ruta, en el mismo camino de trabajar críticamente, argumentando desde las diferentes áreas pero también trabajando desde el lado de las comunidades, que son las que finalmente van a vivir las repercusiones de las decisiones que se tomen”.
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Publican libro con reflexiones desde los territorios
El programa Kioscos Socioambientales también produjo el libro “Desde el territorio. Memorias, vivencias y reflexiones del Programa Kioscos Socioambientales”.
Mauricio Álvarez, coordinador del programa, comentó sobre el objetivo de este libro para la organización comunitaria.
“Es un ejemplo práctico para que la gente pueda organizarse, tome experiencias organizativas que han servido para defender bienes naturales, bienes públicos y bienes colectivos y que recorren un sinfín de temas, desde la defensa del bosque, cambio climático, a la defensa del agua, del territorio mismo, las luchas por la tierra, etc. Se ha hecho una selección de los principales artículos y otros ensayos inéditos del modelo energético, del modelo económico, de los monocultivos, etc, para dar un mapa que muestra los principales conflictos ambientales de los últimos 10 años”.
“La persona que reciba el libro va a recibir una experiencia de muchas otras comunidades que se han organizado, lo cual es importante en un momento en el que hay tanta desorganización social, donde prima el individualismo. En realidad el libro va a tener utilidad en tanto las comunidades organizadas puedan ver los ejemplos y motivarse, inspirar otras luchas que tengan las comunidades. Luchas sobran; tal vez lo que hace falta son comunidades que den el paso de organizarse y transformar su situación inmediata”.
“Tienen que llevarlo a Talamanca y que huela a humo, que los chiquitos coman encima y que ojalá le peguen un fideo. Ustedes en su lectura lo tienen que llevar a Los Almendros, a Guacimal, a Fincas, y cuando alguna comunidad esté en alguna urgencia lo verá y se inspirará”.
Los retos de Kioscos a futuro
Mauricio Álvarez añadió que, de aquí a futuro, “lo principal es romper nuestras propias fronteras”.
“Por ejemplo, hemos estado trabajando con problemática sociolaboral, que tiene que ver con monocultivos. Hemos estado tratando de vincular comunidades con organizaciones laborales; en este caso, sindicatos. También otras experiencias socioeducativas, innovadoras, al margen de nuestro trabajo organizativo. Hemos creado una Caravana [informativa sobre el combo fiscal], que ha sido más como trabajadores de la Universidad. Pero eso nos ha alimentado muchísimo el deseo de hacer otro tipo de intervención social; no solamente académica y con talleres, sino también otro tipo de actividades socioeducativas más lúdicas, que es algo que nos reta y nos da muchísima alegría, mucha satisfacción experimentar y que la gente empiece a generar sus propios conocimientos con el intercambio”.
“El otro gran reto natural va a ser sobrevivir dentro de la Universidad al ajuste fiscal que se pretende, que no es menor, que hay un ataque hacia lo público y hacia todo lo que suene a organizado y en defensa de lo público. Sin duda ese va a ser un gran reto para todas las expresiones que desde el Estado tratan de llevar la voz de los sectores más oprimidos. También va a ser un reto crear una defensa desde adentro y articular todo el oxígeno y las cosas que traemos desde las comunidades, y nutrirlo para nuestras luchas más particulares, en defensa de la educación pública, en defensa del presupuesto y en defensa de la intervención de la Universidad en temas más allá de lo que la gente considera académico. Hay que evitar que la Universidad se transforme en un enseñadero de garage donde la gente aprueba cursos y no hay otras interacciones; no hay contacto con la comunidad. Creo que ese es un reto que nos va a tomar por lo menos toda la siguiente década”.
Por Marylaura Acuña Alvarado y Mauricio Álvarez del Programa Kioscos Socio ambientales UCR
Desde el Programa Kioscos Socioambientales se ha venido trabajando mediante la acción social y la investigación en varias comunidades de la zona norte, explorando el mundo del trabajo asalariado. Es así como se ha trabajado con organizaciones comunitarias y sindicales como es el caso del Sindicato de Trabajadores del Sector Privado (SITRASEP) en Santa Fe de Los Chiles, seccional que durante el 2018 sostuvo un proceso constante de denuncia que culminó en una huelga que ocasionó pérdidas económicas para la empresa Exportaciones Norteñas. Si bien los acuerdos de la huelga fueron favorables para la organización que exigía respeto de garantías mínimas, estos puntos no han sido cumplidos por la empresa hasta la fecha.
De igual manera, esta huelga sentó un importante precedente, porque arrancando este año estallaron tres huelgas en otras plantaciones de la zona norte, conformadas por trabajadores y trabajadoras de la empresa Bella Vista S.A. en Los Chiles, B&Jiménez S.A. igualmente en dicho cantón y Valle del Tarso S.A. en Upala. Actualmente, la seccional de Sitrasep de Bella Vista continúa en huelga no solo ante las condiciones precarias de trabajo sino también como protesta a la persecución sindical que han recibido las personas afiliadas, quienes fueron despedidas injustamente, como condición para recibir su aguinaldo a finales del año pasado. Las otras dos huelgas culminaron con acuerdos satisfactorios para las y los trabajadores (Socialismo Hoy, 2019).
Los sindicatos, desde la organización, pretenden desafiar ese lado invisible de la agroindustria: las y los trabajadores encarnan una serie de condiciones de que les han conferido un lugar que es en sí mismo marginal y por lo tanto invisible en la estructura social; aún menos visible –prácticamente escondido– en el discurso del desarrollo que se construye a partir de mecanismos de exclusión. El sector trabajador de la agroindustria de piña encarna un cuerpo migrante, de tez generalmente oscura y empobrecido, sometido a la explotación como única forma de subsistencia, pero no por eso incapaz de generar procesos de resistencia.
Entre 1991 y 2014, la piña aumentó su productividad en un 91%, pasando de producir 29 toneladas de fruta por hectárea a 56 toneladas (Rodríguez, 2015). Este aumento no necesariamente tiene que ver con una mejora tecnológica (mecanización o automatización de la producción) como sí ha ocurrido en otros sectores de la economía; aunque sí puede estar relacionado con el mejoramiento de insumos (semillas, fertilizantes, herbicidas). Por ejemplo, para el caso de las empresas más grandes en la región norte, tiene también que ver con un alza en la intensidad del trabajo manual –que continúa siendo prioritario—, un aumento de horas en las jornadas laborales –aunque no en el promedio de trabajadores contratados–, pagadas mayoritariamente “por destajo” y una división del trabajo que permite una maximización productiva a partir de la explotación: por ejemplo la labor del “parcelero”, quien tiene a cargo entre 15 y 20 hectáreas de la finca, debe eliminar toda hierba que crezca, hacer desagües, limpiar caminos internos; en otras palabras, vigilar que en la tierra no crezca nada más que piña y esto lo hace en una jornada que se extiende hasta 12 horas y su pago es por hora trabajada.
En cuanto a los mecanismos contractuales, las empresas generalmente descentralizan estas funciones mediante la práctica de “subcontratación” como una forma de desplazar las responsabilidades obrero-patronales en diferentes sociedades anónimas. Esta práctica ha sido funcional para aprovechar mano de obra en condiciones migratorias irregulares e incluso, por las características de clandestinidad e irregularidad con las que se pone en práctica en muchos casos, resulta un mecanismo idóneo para el desarrollo de tráfico ilegal y trata de personas, aunque aún hoy un tema poco explorado y sumamente invisibilizado.
Un informe suministrado al Consejo Universitario de la UCR sobre infracciones detectadas en visitas del Ministerio de Trabajo a fincas piñeras señala que existen mayores porcentajes de infraccionalidad en cuanto a la protección personal (uso de vestimentas e insumos adecuados), acceso a servicios sanitarios según lo estipulado legalmente, pago de horas extras, hostigamiento sexual, salario mínimo, entre otros (Comisión Especial sobre las consecuencias socioambientales de la producción de piña, 2018).
La persecución sindical, el amedrentamiento de dirigencias, el uso de listas negras, el debilitamiento o blanqueamiento de sindicatos son algunas de las prácticas ampliamente utilizadas por las empresas como respuesta a la organización que busca desafiar las condiciones injustas de trabajo. También, son señales de que, en efecto, este sector es altamente dependiente del trabajo manual que estructuralmente precario y flexible para el crecimiento de su producción.
Y por eso, su ubicación no es casual en espacios en donde todavía operan formas de reproducción de la vida cotidiana que no necesariamente están mediadas por relaciones capitalistas, como por ejemplo el trabajo doméstico que hacen las mujeres, la producción de alimentos de subsistencia familiar, la gestión comunitaria de los bienes comunes: son estas prácticas las que permiten finalmente la reproducción de la fuerza laboral y de las cuales las empresas hacen uso para pagar tasas salariales inferiores que por sí solas no sostienen dicha reproducción.
El estudio de la relación capital-trabajo en la agroindustria de piña permite comprender que su expansión ha sido posible no solo porque el Estado ha generado una serie de mecanismos para mejorar su producción y exportación –dentro de los cuales su presencia selectiva es probablemente uno de los más importantes– sino también porque descansa sobre la subordinación y el despojo de las poblaciones vulnerabilizadas de la ruralidad, principalmente las campesinas y las migrantes.
Contexto
El modelo de agroindustria de cultivos no tradicionales de exportación en Costa Rica fue promovido desde la institucionalidad a través de una serie de incentivos políticos, económicos y fiscales, en detrimento de la producción de cultivos de subsistencia para el consumo nacional. La expansión acelerada y desregulada del monocultivo de piña se ha sostenido a partir de un proceso prolongado de invasión de áreas protegidas, acaparamiento de tierra, devastación del bosque, contaminación del agua, desplazamiento de poblaciones, destrucción de caminos y explotación laboral.
Costa Rica es el principal país exportador de piña de todo el mundo y esta posición no le ha costado poco: su crecimiento ha sido exponencialmente rápido, tanto así que para el 2014 estuvo cerca de igualar los ingresos de la histórica exportación de banano y café. Además, el número de empresas dedicadas a la producción de este cultivo es cada vez mayor, así como los destinos de exportación. En cuanto a su extensión, la cantidad de hectáreas sembradas se ha quintuplicado entre el 2000 y el 2016, pasando de 11 000 a 58 000 hectáreas (Obando, 2017). En 2017 la producción podría haber llegado a más de 66 000 hectáreas según registran las imágenes satélites del Laboratorio PRIAS del Centro Nacional de Alta Tecnología (CENAT) del CONARE (http://www.snitcr.go.cr/). Su producción está concentrada mayoritariamente en grandes empresas y es cultivada en las regiones del norte, el pacífico sur y el caribe norte
El Programa Kioscos Socioambientales para la Organización Comunitaria de la Universidad de Costa Rica trabaja desde el año 2009 en la Zona Norte. Una Investigación del Programa publicada por el Informe del Estado de la Nación(2016) evidenció la expansión descontrolada y sus impactos socioambientales en la Zona Norte, donde se encontró que entre 2004 y 2015 la extensión territorial de las plantaciones creció más de veintitrés veces a causa de tan solo 7 proyectos que solicitaron viabilidad ambiental de SETENA para el cultivo de 4.175 hectáreas.
El análisis de los expedientes de la SETENA y del trabajo de campo en cantones de esta región (Upala, Los Chiles y Guatuso), concluyó que: “i) algunas de las empresas que siembran y procesan piña no cuentan con licencias de viabilidad ambiental, ii) la Setena carece de mecanismos para dar seguimiento en el mediano y largo plazos a los proyectos que sí cuentan con esa autorización, y iii) los datos recopilados en los expedientes no permiten identificar los impactos que tienen estos cultivos sobre el territorio y la biodiversidad”.
Entre 2004 y 2015 se realizaron evaluaciones de impacto ambiental de 47 proyectos en la región Norte-Norte, de las cuales más de la mitad (29) corresponden a Los Chiles. Las evaluaciones indican que del total de proyectos, el 65,9% recibió la viabilidad ambiental, un 21,3% fue rechazado, un 10,6% sigue en estudio y para un 2,1% no se registró información.
Mapa 1. Este mapa contrasta datos de cultivo de piña del Centro Nacional de Alta Tecnología (Cenat) con los registros de la Secretaría Técnica Nacional (Setena).
La región norte concentra más del 50% de la producción y exportación de piña y esta ubicación no es casual, responde a una serie de características ambientales, sociales y económicas que han permitido la instalación de grandes empresas piñeras. Su histórica posición periférica respecto al desarrollo de otras regiones del país, su poca presencia institucional típica de una zona fronteriza, sus bajos índices de desarrollo humano, su sobreoferta de mano de obra poco calificada y su amplia extensión de tierras para el cultivo hicieron de este territorio un lugar idóneo para la expansión arrasadora de la agroindustria.
Precisamente, dichas características socio-territoriales han sido la bandera de los discursos hegemónicos que han justificado la expansión de monocultivos, alegando, de una forma cuasi mesiánica, que la piña vendría a sanar males como la pobreza, el desempleo y el subdesarrollo. Esto no es del todo una exageración, ya que el avance de la agroindustria sí ha tenido como corolario la asalarización de las poblaciones rurales. La otra cara de esta moneda es que el rol del sector campesino como principal productor de alimentos se ha visto amenazado por un proceso largo y sostenido de despojo: la separación de sus medios de existencia y su transformación en posibles mercancías se ha desarrollado de la mano de la entrada de estas poblaciones al trabajo asalariado agrícola, mayoritariamente en condiciones de explotación laboral, en detrimento de la agricultura familiar y de la seguridad alimentaria.
Los datos muestran que mientras para el año 2000 prevalecía el trabajo familiar no asalariado o por cuenta propia en las zonas rurales, para el año 2010 los porcentajes se ven invertidos, ya que un 65% de las y los trabajadores agrícolas laboran de forma asalariada (A. G. Rodríguez, 2016). Sin embargo, la producción de piña no es la única fuente de empleo en esta zona, ya que el sector de comercio y servicios ha tenido un crecimiento acelerado (Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2011).
Lo cierto es que mientras los representantes de la Cámara Nacional de Productores y Exportadores de Piña (CANAPEP) y altos jerarcas de instituciones gubernamentales se llenan la boca de discursos embellecedores sobre los beneficios de este monocultivo, las millonarias ganancias de su exportación no se ven reflejadas en la mejora de las condiciones de vida de las poblaciones en los cantones en donde esta fruta es producida. La realidad invisible es que en esta región la expansión piñera se ha comido al menos 3192 hectáreas de bosque según el Moccup (2017), está desapareciendo poco a poco el Refugio Nacional de Vida Silvestre Caño Negro, el Refugio Corredor Fronterizo Norte, el Refugio de Vida Silvestre Maquenque y Barra del Colorado, así como otros sitios de importancia ambiental y además, se sostiene a partir de la explotación de mano de obra en condiciones de vulnerabilidad.
Estos discursos son ampliamente debatidos, cada vez más frecuentemente y con mayor fervor, por organizaciones comunitarias y sindicales que levantan la voz ante las injusticias que viven cotidianamente en su entorno, es decir en los espacios en donde habitan, trabajan y en general se dedican a la producción y reproducción de la vida. En el caso concreto de las agrupaciones sindicales, son cada vez más numerosas sus demandas por condiciones laborales dignas. En la zona norte destaca Sitrasep, que cuenta con seccionales que en los últimos años se han dedicado a denunciar y protestar en contra de los incumplimientos de las empresas. Estos son los casos de las y los trabajadores organizados de Santa Fe (empresa Exportaciones Norteñas S.A.) y La Unión (empresa Empaques Bella Vista S.A.) en Los Chiles.
La rápida y agresiva expansión del monocultivo de piña ha ocurrido, en la mayoría de los casos, bajo condiciones de irregularidad ante una institucionalidad con presencia selectiva. Ha sido posible gracias a la aplicación de una serie de mecanismos de despojo, que hacen que la producción de esta fruta sea necesariamente destructora a nivel ambiental y laboralmente flexibilizada. Estas condiciones, típicas del modelo de agroindustria de cultivos de exportación en América Latina, son precisamente las que permiten generar una mayor acumulación de ganancias en manos de pocas empresas. En este sentido, lo que describimos es esencialmente un modelo extractivista que se cobija bajo un discurso de desarrollo sostenible.
Comisión Especial sobre las consecuencias socioambientales de la producción de piña. (2018). Informe final.
Instituto Nacional de Estadística y Censos. (2011). Encuesta Nacional de Hogares.
Obando, A. (2017). El Estado detrás de la piña: El conflicto socioambiental del monocultivo de piña los cantones de Upala, Guatuso y Los Chiles(2000-2015). (Tesis para optar por el grado de Licenciatura en Ciencias Políticas). Universidad de Costa Rica, Sede Rodrigo Facio.
Rodríguez, A. G. (2016). Transformaciones rurales y agricultura familiar en América Latina: una mirada a través de las encuestas de hogares. Recuperado de http://repositorio.cepal.org/handle/11362/40078
Las comunidades, organizaciones y personas preocupadas por el uso de agrotóxicos en áreas públicas tienen ahora dos importantes herramientas para luchar por espacios públicos libres de venenos.
Se trata de una certificación del Ministerio de Salud que confirma que en Costa Rica NO hay ningún herbicida registrado ante ese ministerio, por lo que estas sustancias NO pueden aplicarse en áreas públicas (caminos, aceras, plazas, jardines de casas o edificios, áreas de recreo, cementerios, lotes baldíos, etc.).
Producto de esa certificación y una denuncia ciudadana se emitió una Alerta Sanitaria por parte del Ministerio de Salud (Minsa) el pasado 23 de enero del 2019. Esta misiva fue emitida por la Dirección de Regulación de Productos de Interés Sanitario del Minsa: “Alerta a la población en general, sobre el uso inadecuado que las personas están dando a los plaguicidas de USO PROFESIONAL o de USO AGRÍCOLA ya que la utilización de ellos, para eliminar las plagas en hogares u oficinas, representan un alto riesgo para la salud de las personas, puede producir intoxicación e incluso la muerte, por el manejo especializado que requieren”(ver más).
Así mismo “recomienda a la población leer la etiqueta de los plaguicidas y solo utilizar aquellos que indiquen que son de USO DOMÉSTICO ya que los de uso profesional solamente pueden ser aplicados por personas y empresas autorizadas por este Ministerio”. Esto significa que las municipalidades, instituciones -públicas o privadas-, así como las personas que título personal utilicen estos productos de uso agrícola podrían ser denunciadas por la ciudadanía.
Las denuncias pueden interponerse ante el Ministerio de Salud a través de la Dirección de Atención al Cliente, o bien, en las Áreas Rectoras de Salud local disponibles en cada cantón. También pueden hacerse consultas sobre este tema al correo electrónico: dac.denuncias@misalud.go.cr
La Alerta Sanitaria recomienda “no adquirir plaguicidas de uso profesional y si lo están utilizando, deben descontinuar el uso para evitar riesgos a la salud”.
Estas acciones son parte de la campaña “Desintoxiquemos Costa Rica” que agrupa ecologistas, agricultores, indígenas, grupos de mujeres, académicos y comunitarios, que buscan contrarrestar el deshonroso primer lugar mundial que tiene nuestro país como consumidor de plaguicidas(Semanario Universidad, 3-6-2015).
La campaña arrancó en 2017 buscando que los municipios e instituciones públicas prohíban el uso de agrovenenos en áreas públicas que aparezcan en la lista de Plaguicidas Altamente Peligrosos (PAP, https://bit.ly/2Uu6Kqz).
Ante los improperios que se dejó decir el Alcalde de San Rafael de Heredia en una sesión del Concejo Municipal, aludiendo directamente a integrantes del colectivo CONCEVERDE de San Rafael de Heredia, el día de hoy 5 de febrero presentamos ante la Secretaría del Concejo nota de descargo dirigida a ustedes los regidores (as).
Esta semana volvemos con las entregas de canastas agroecológicas de hortalizas y hojas verdes frescas, sanas, libres de agroquímicos producidas en huertas en Boquerón de Cartago, por la Asociación de Productores Orgánicos Las Brumas.
Esta semana ofrecemos: 4 tipos de lechugas, berros, culantro, acelga, zapallo, zanahorias, remolachas, cebollas, kale, eneldo y perejil.
Aproveche y haga hoy su pedido. Se lo vamos a dejar a su casa por 6.500 colones.
Con nuevas instalaciones y equipos de la más alta tecnología el Centro de Investigación en Contaminación Ambiental (CICA) fortalece su labor al servicio del país
El Lic. Mario Masis Mora, co-coordinador del Laboratorio de Análisis de Residuos de Plaguicidas y Contaminantes Orgánicos (LAPA), muestra el funcionamiento un cromatógrafo de líquidos acoplado a un espectrómetro de masas de triple cuadrupolo que sirve para cuantificar y determinar compuestos orgánicos polares en matrices como aguas superficiales, aguas residuales, aguas potables, frutas, vegetales, granos, semillas, suelos y sedimentos. Foto: Laura Rodríguez Rodríguez.
Con nuevos laboratorios y equipos de la más alta tecnología para la determinación de contaminantes, el Centro de Investigación en Contaminación Ambiental (CICA) de la Universidad de Costa Rica (UCR) fortalece su labor como uno de los laboratorios, a nivel nacional y regional, con mayor capacidad analítica para determinar casi cualquier sustancia que contamine el ambiente, incluso a niveles mínimos.
Ésto gracias a la inversión que realizó la Universidad de Costa Rica para dotar a este centro de un moderno edificio de 1450m2 y cuyo costo final fue de $2 488 000 financiados con fondos del empréstito que adquirió el país con el Banco Mundial. Esta mejora, que los colaboradores del CICA esperaron por más de una década, les permitirá aumentar su capacidad analítica, ampliar sus líneas de investigación y generar aportes de relevancia local y regional.
“Si hay algo de lo que la sociedad costarricense puede estar totalmente segura es que los centros e institutos de investigación de la UCR siempre tendrán la calidad y al excelencia como una prioridad, misión que se refleja en un equipo comprometido con la mejora continua, con el servicio a la población costarricense en general y con aportes esenciales para su calidad de vida” acotó el rector, Dr. Henning Jensen Pennington, al referirse al trabajo que realiza el CICA en el tema de contaminación ambiental.
El Centro de Investigación en Contaminación Ambiental (CICA), creado en 1982, cuenta con nuevas instalaciones ubicadas en la Ciudad de la Investigación de la Universidad de Costa Rica. El edificio brinda las condiciones adecuadas para el desarrollo análisis de contaminantes con tecnología de punta. Foto: Karla Richmond.
Tecnología y calidad
En el CICA se determina la presencia de contaminantes en alimentos, agua, suelos, aire y biota a niveles sumamente bajos ya que cuenta con equipos de alta precisión. Entre ellos; plaguicidas, metales pesados, parámetros físico-químicos, gases de efecto invernadero y contaminantes emergentes, entre otros. Además, se realizan estudios para determinar cómo esos contaminantes se mueven desde la fuente que los origina a través de los ecosistemas.
Este centro busca contribuir a mejorar la calidad del ambiente de Costa Rica y de América Latina para lo cual desarrolla más de 15 proyectos de diferente magnitud, algunos con socios estratégicos como la Unión Europea y el Organismo Internacional de Energía Atómica, según detalló su director el Dr. Carlos Rodríguez Rodríguez. Además brinda cursos, talleres y entrenamientos especializados a estudiantes y científicos de la región latinoamericana.
El CICA es reconocido por su riguroso Sistema de Gestión de Calidad (SGC) de acuerdo con los lineamientos de la Norma INTE-ISO/IEC 17025 y por ser un centro reconocido por el Organismo Internacional de Energía Atómica como centro de colaboración en el área del aprendizaje en línea y en el establecimiento de capacidades para la protección del ambiente y los alimentos, distinción que ha mantenido por 10 años.
El Área de Química Líquida del Laboratorio de Análisis de Residuos de Plaguicidas, donde se llevan a cabo análisis de productos de exportación como frutas y vegetales, cuenta ahora con un amplio espacio para el procesamiento de las muestras que llegan cotidianamente. Foto: Karla Richmond.
Un centro que evoluciona
La Dra. Elizabeth Carazo Rojas, ex-directora del CICA (de1994 al 2012), durante muchos años realizó múltiples gestiones para la construcción de instalaciones que respondieran a las crecientes necesidades de este centro que ha tenido una gran evolución en los últimos 20 años. “La ciencia avanza, los equipos se hacen más sofisticados y había que ponerse al día pero las instalaciones ya no daban para eso, así que seguimos presionando y las autoridades de ese tiempo y las actuales vieron la necesidad de dotar al CICA de instalaciones nuevas y adecuadas”.
Carazo señala que a través de los años el CICA ha ampliado la cantidad de contaminantes y sustancias que puede determinar con equipos de alta tecnología, que incluso permiten abarcar muchos compuestos que por décadas se han utilizado sin regulación alguna como fármacos, antibióticos, productos de limpieza y cuidado personal. Estos avances también permiten mejorar la capacidad analítica del país y con eso apoyar la regulación para controlar el uso y desecho de estas sustancias en Costa Rica.
Con el propósito de contribuir a reducir el impacto de las sustancias contaminantes en el ambiente, el CICA además ha evolucionado hacia un programa muy amplio en biorremediación que se encarga de diseñar sistemas para degradar contaminantes ambientales por rutas biológicas. También ha logrado acercarse a las comunidades para brindar capacitación y buenas prácticas para reducir la contaminación ambiental y los riesgos a la salud de las personas.
El Lic. Mario Masis, el Dr. Henning Jensen, el Dr. Carlos Rodríguez y la Dra. Elizabeth Carazo participaron en el corte de la cinta durante la inauguración del edificio del CICA. Foto: Karla Richmond.
Edificio con condiciones especiales
Este centro ha apostado por el uso de nuevos equipos y ensayos para monitorear contaminantes en el ambiente. Fue el primer centro de investigación de la UCR en trabajar con radioisótopos para el estudio de contaminantes en el medio ambiente, el control de calidad de las muestras que se procesan, el uso eficiente del agua y la mitigación de gases de efecto invernadero, entre otras áreas de investigación.
Para seguir avanzando en ésta línea, el Dr. Carlos Rodríguez anunció que en los próximos meses instalarán un nuevo equipo de alta tecnología llamado Espectrómetro de Masas de Relación Isotópica (IRMS por sus siglas en ingles), el cual puede cuantificar la relación en que diferentes isotopos de un mismo átomo se encuentran en una muestra líquida o sólida.
El uso de la relación isotópica es una herramienta poderosa para el estudio de infinidad de procesos físicos, químicos, biogeoquímicos e hidrológicos en el medio ambiente. Según detalló Johan Molina Delgado, coordinador del Laboratorio de Calidad de Aguas, entre ellos; caracterizar puntos de recarga de acuíferos, discernir entre los posibles orígenes de diversos contaminantes, determinar la respuesta de las plantas al estrés hídrico, determinar el trazado de erosión de suelo en microcuencas, determinar la dinámica del transporte de contaminantes orgánicos (como plaguicidas, antibióticos, medicamentos), adulteración de productos alimenticios y farmacéuticos, entre otros.
En el nuevo edificio se destinó un espacio con condiciones especiales para el óptimo funcionamiento de un equipo altamente sensible y preciso, fundamental para determinar la contaminación por metales, llamado Espectrómetro de Masas con Plasma de Acoplamiento Inductivo (ICP-Ms). Este equipo genera un plasma entre 6 000℃ a 10 000℃, que descompone las muestras hasta su estado atómico, lo que permite detectar elementos de la tabla periódica con masas atómicas entre 2 a 240 UMA, explicó el coordinador del Laboratorio de Calidad de Aguas, Johan Molina. Foto: Laura Rodríguez Rodríguez.
Debido a la alta tecnología de los equipos que posee este centro de investigación algunos espacios requieren condiciones de humedad y extracción sumamente controladas. Por lo tanto, las instalaciones electromecánicas de este proyecto, resaltan dentro de las obras más complejas, tomando en cuenta los aires acondicionados de precisión, los sistemas de extracción e inyección y el sistema de ductería con los filtros y unidades necesarias, detalló el Arq. Kevin Cotter Murillo, director de la Oficina Ejecutora del Plan de Inversiones (OEPI).
Para garantizar la seguridad del personal, cada laboratorio tiene drenajes de piso para lavado en caso de derrames, el centro utiliza aproximadamente 10 tipos de gases diferentes para el accionar de los equipos, los cuales se ubicaron en cuartos de cilindros ventilados y con acceso exterior. Para generar mínimo impacto al medio ambiente las aguas negras se separaran de las aguas especiales, de manera que las primeras van a alcantarillado sanitario y las segundas a la planta de tratamiento nueva que se ubicará en Finca 2.
Una de las fortalezas del CICA es su personal altamente especializado. Sus investigadores representan a la UCR en diversas comisiones a nivel nacional e internacional y también realizan actividades de docencia en las facultades y escuelas de microbiología, química, agronomía, salud ambiental, biología, ingeniería química e ingeniería en biosistemas, entre otras. El equipo lo conforman 60 personas entre profesionales y estudiantes de diversas disciplinas.
Estudiantes de Biología de la UCR identifican 1 101 piezas de plástico en 30 peces analizados
El estudio sobre la presencia de microplásticos en especies marinas abarcó una muestra de 30 peces de la especie Opisthonema libertate, conocida como sardina gallera, que se usa tanto para el consumo humano, como para carnada de otros peces. Foto: cortesía autores del estudio.
La presencia de microplásticos en el tracto digestivo de peces procedentes del Pacífico costarricense fue detectada en un primer estudio realizado por estudiantes de tercer año de la carrera de Biología de la Universidad de Costa Rica (UCR). Esta es la primera investigación que se efectúa en el país con la familia de peces filtradores Clupeidae.
La muestra utilizada en la investigación fue de 30 peces y en todos los individuos examinados se encontraron residuos de plástico, que por la acción del mar se degradan. Las partículas se catalogan como microplásticos cuando su tamaño es menor a cinco milímetros (0,05-5mm).
Los responsables del trabajo aseguraron que se trató de un estudio de biomonitoreo, el cual contribuye a conocer el estado de la vida marina. Los peces filtradores “sirven como indicadores de un determinado momento, especialmente estos que son de vida corta”, detallaron.
Se eligió a los peces para examinar la presencia de microplásticos en animales porque son más fáciles de estudiar, y a los peces filtradores debido a que estos poseen un tracto digestivo más uniforme que otras especies.
De acuerdo con los investigadores, la familia de peces filtradores recibe este nombre ya que para alimentarse abren la boca y por acción mecánica succionan el agua. El alimento de estas especies marinas son pequeños organismos como el zooplancton.
El estudio fue realizado para un curso de Zoología y se desarrolló en el último cuatrimestre del 2018, bajo la dirección de la especialista Helena Molina Ureña y con la asesoría de los profesores Juan J. Alvarado Barrientos y Keilor Rojas Jiménez.
Esta partícula de plástico encontrada en el tracto digestivo de los peces mide 500 micras, lo que equivale a 0,5 milímetros. Foto: cortesía autores del estudio.
Los resultados
Los estudiantes de la UCR analizaron 30 peces adultos de la especie Opisthonema libertate, conocida como sardina gallera, que se usa tanto para el consumo humano, como para carnada de otros peces.
La muestra, recolectada en las cercanías al puerto de Caldera, en la provincia de Puntarenas, estaba compuesta por 25 machos y cinco hembras, con una longitud de 26,5 centímetros en promedio.
Los peces fueron examinados en los laboratorios del Centro de Investigación en Ciencias del Mar y Limnología (Cimar), de la UCR.
Para el estudio, los investigadores clasificaron los microplásticos en dos grupos: fibras, como por ejemplo fibras sintéticas o de ropa, y partículas, que pueden ser residuos de plástico de otras fuentes.
Los resultados arrojaron un total de 1101 piezas de plástico dentro del tracto digestivo de los peces; de ellas, 875 son fibras y 226 partículas. En cada individuo se identificó en promedio 29 fibras y 8 partículas.
“Nos preocupa la salud de la vida marina, ya que hay zooplancton que puede estar consumiendo microplásticos y que sirve de alimento para los peces filtradores, que a su vez pueden ser consumidos por otros peces y estos por aves. Por lo tanto, hay efectos en el nivel trófico (alimenticio) y un impacto ecológico en diversas especies marinas”, afirmó Marco Rodríguez Arias, uno de los estudiantes.
Luis Bermúdez Guzmán, Gabriel Jiménez Huezo, Marco Rodríguez Arias, Crista Alpízar Villalobos y Johan Gatgens García son los estudiantes de la Escuela de Biología de la UCR que realizaron la investigación sobre microplásticos. También participó Bleimer Fallas Villarreal, ausente en la foto. Foto: Laura Rodríguez Rodríguez.
Los investigadores manifestaron que su objetivo con este trabajo es contribuir a generar datos acerca de una preocupación actual a nivel internacional y sobre la cual existen diversos estudios.
“La realidad es muy triste. Hay estudios que muestran que el 90 % de las aves marinas han estado en contacto con plástico, cuando se ha abierto el tracto digestivo de algunas aves se han encontrado tapas y hasta encendedores, como ha ocurrido con albatros de la Isla Midway (llamada “isla basura”). Incluso en el Ártico se han encontrado microplásticos en mejillones”, comentó Luis Bermúdez Guzmán.
Gabriel Jiménez Huezo y Johan Gatgens García, otros participantes en el estudio, explicaron que el plástico que se encuentra en el mar no solo proviene de Costa Rica, sino que también pudo haber sido transportado por las corrientes marinas procedentes de diversas partes del mundo y que convergen en Centroamérica.
Aunque es pronto para conocer las implicaciones, los estudiantes detallaron que los microplásticos sirven como andamio para que bacterias y otros organismos se agrupen y formen biopelículas que podrían ser dañinas para los corales y otros animales. Asimismo, el plástico contiene aditivos químicos que pueden funcionar como disruptores endocrinos y afectar la vida marina, como provocar cambios en el sexo de los organismos.
Los universitarios harán una publicación científica con los resultados de la investigación. Asimismo, planean desarrollar una segunda etapa del estudio para identificar el tipo de material plástico encontradoy a qué clase de objetos pertenece. Aunado a eso, se pretende aumentar el tamaño de la muestra y replicar la investigación en distintos momentos del año.
También formaron parte de la investigación los estudiantes Crista Alpízar Villalobos y Bleimer Fallas Villarreal.
