Turrialba| El pasado sábado 16 de febrero se realizó en Bonilla Arriba una reunión con la empresa constructora H. Solís, quien pretende construir una hidroeléctrica en el río Bonilla.
En esta ocasión, a pesar de que no toda la comunidad fue invitada, un grupo de aproximadamente 80 personas se hizo presente a la actividad para conocer más detalles de dicho proyecto extractivo y expresar su sentir.
Quedó visibilizado que en su mayoría, las familias de la comunidad se oponen rotundamente a la puesta en marcha de este proyecto, que catalogan como un daño invaluable al río, especies de flora y fauna así como a su identidad.
Comunidades, organizaciones y gremios profesionales enriquecen la propuesta de la UCR en materia ambiental
Las iniciativas sobre desarrollo ambiental sostenible de la Vicerrectoría de Acción Social promueven capacidades comunitarias para generar cambios desde los mismos habitantes, con el acompañamiento cercano del personal y estudiantes destacados en las decenas de proyectos en ejecución.
Aprender a convivir y aprovechar responsablemente los recursos de la naturaleza sí es posible. Y la Universidad de Costa Rica (UCR) con variados programas, proyectos e iniciativas abren espacios universitarios para que la ciudadanía aprenda a aprovechar los recursos de forma sostenible.
Para acompañar a las comunidades, a las organizaciones populares y gremios de especialistas en sus metas ambientales, la Vicerrectoría de Acción Social (VAS) destina cada año parte de sus recursos financieros, humanos y logísticos en iniciativas que van desde proyectos de Trabajo Comunal Universitario, hasta actividades lúdico-pedagógicas y de formación accesibles para toda la población.
Con una inversión que superó los ₡220 millones en el año 2018, la VAS tiene en vigencia un total de 117 proyectos que cubren todas las regiones, que implican horas docentes y estudiantiles en investigación y acompañamiento comunitario.
En la salvaguarda de la conservación y recuperación ambiental, los recursos siempre son insuficientes, por ello las personas involucradas aportan además de su tiempo personal para trabajar mano a mano con las comunidades.
Los esfuerzos se dirigen en varios sentidos. Uno de ellos es la capacitación de profesionales de diversas carreras de las áreas de las ingenierías, las ciencias biológicas y geológicas, así como las sociales. Otro en capacitación de liderazgos comunales, además de reforzar el currículo escolar en centros educativos de primaria y secundaria.
De la mano con las comunidades
La VAS concibe su trabajo como un intercambio de saberes, en el que tanto los gestores comunitarios y el personal universitario diseñan las estrategias, acordes a las necesidades detectadas en ese proceso.
El magíster Freddy Arias Mora, coordinador del proyecto “Prevención de intoxicaciones en comunidades costarricenses” (TC-661), apuntó que gracias a una de las iniciativas se impulsó la formación de un grupo de mujeres emprendedoras que desarrollaron una harina a base yuca, como alternativa a las plantaciones extensivas de banano y piña que circundan la comunidad de La Primavera.
En ese sentido, el desarrollo de capacidades comunitarias en la gestión de los riesgos y la conservación ambientales caracterizan otros proyectos que vinculan distintos centros e institutos de investigación, así como escuelas de todas las áreas del conocimiento.
El mariposario de la Reserva Ecológica Leonelo Oviedo ha transferido conocimientos mujeres rurales para iniciar sus emprendimientos para mejorar la calidad de vida de sus familias con proyectos ambientalmente sostenibles.
Otro ejemplo de los impactos que se logran es el Centro de Acción Social e Investigación en Mariposas (ED-2759), un espacio para la educación ambiental y la actualización de profesionales y personas emprendedoras interesadas en la reproducción de mariposas e insectos asociados a los ecosistemas nacionales.
El magister Luis Ricardo Murillo Hiller, coordinador del proyecto ED-2759, desde esa instancia no solo “se realizan actividades educativas, sino que también se apoyan a mujeres emprendedoras de muy escasos recursos en zonas rurales. Más de 20 mil personas en Guácimo, Guápiles, Siquirres, Guácima, Montes de Oca, Desamparados, entre otros cantones, han sido parte de estos procesos de acompañamiento comunitario. En total, “más de 1500 familias viven directa e indirectamente de la comercialización de mariposas, pues se genera conocimiento vital para sus operaciones”.
En esa misma línea de acción, los proyectos “Turismo en Ditsö Ka: cambio social y perspectivas de sostenibilidad” (ED-3392) e “Ingeniería de Biosistemas en el desarrollo de proyectos ecoturísticos en la zona indígena de Bribrí, Talamanca: caso Shuabb” (ED-3398) brindan acompañamientos a pobladores de esos territorios para impulsar actividades productivas sostenibles ambiental y financieramente.
A resguardar la calidad de vida
Gran parte del trabajo que se hace desde proyectos de vinculación universidad-sociedad están relacionados con la conservación y defensa de los mantos acuíferos.
Desde el año 2010, la Maestría en Hidrogeología y Manejo de Recursos Hídricos coordina el proyecto “Gestión y entendimiento del flujo de las aguas subterráneas” (ED-2799). Desde entonces, “se ha fortalecido el rol preponderante de la UCR en la capacitación y actualización de los profesionales sobre los recursos naturales, especialmente para concientizar sobre la necesidad de utilizarlos sosteniblemente”, dijo la magíster Ingrid Vargas Azofeifa, coordinadora del mismo.
Con charlas, talleres, sesiones formativas y docentes, personas de instituciones vinculadas con el sector hídrico y comunidades han intercambiado saberes alrededor del ED-2799. “Este proyecto nos ha brindado retroalimentación del quehacer universitario hacia la sociedad, lo cual es clave para fortalecer las líneas de acción en torno a la búsqueda de soluciones a la contaminación ambiental”, agregó Vargas.
Otros, estimulan a poblaciones juveniles en la atención de los residuos sólidos, que son unos de los principales factores de contaminación en ríos costarricenses. El proyecto de Trabajo Comunal Universitario denominado “Apoyo a la gestión ambiental local” (TC-71) apoya a municipalidades en Limón, San José y Alajuela con actividades educativas para que los jóvenes se conviertan en agentes de cambio en sus entornos inmediatos.
“Tenemos como universidad, la responsabilidad de revisar constantemente hacia dónde vamos, el modelo de universidad que tenemos y aspiramos a que la UCR continúe formando profesionales solidarios, generando conocimiento y ampliando del acervo cultural para el bienestar de un país. La naturaleza pública de la Universidad de Costa Rica nos obliga a construir permanentemente una relación dialógica con una sociedad compleja, plural, desigual y contradictoria”, dijo la magíster Marjorie Jiménez Castro, Vicerrectora de Acción Social.
Las instalaciones de la mina de plata localizada en medio del municipio rural de San Rafael Las Flores, en Guatemala, están cerradas desde 2017, como resultado de la lucha de los pobladores de la zona contra esa actividad, que no les había sido consultada debidamente, como avaló el tribunal constitucional del país. Crédito: Edgardo Ayala/IPS.
SAN SALVADOR, 14 feb 2019 (IPS) – Como un pulpo que lo abarca todo, la minería metálica ha ido extendiendo sus tentáculos por América Central y golpeando la agricultura y los ecosistemas del área, de acuerdo a pobladores afectados, activistas y un nuevo informe sobre el problema.
“Donde está la empresa minera eran terrenos que arrendaban los campesinos para sembrar maíz y frijol, la base fundamental de nuestra agricultura, pero con la llegada de la compañía no hay tierras donde cultivar”, explicó Lesbia Villagrán, residente en el municipio de San Rafael Las Flores, en el este de Guatemala.
En esa localidad rural con algo más de 9.000 habitantes se instaló en 2007 la Minera San Rafael, subsidiaria de la compañía canadiense Tahoe Resources, y desde entonces los residentes en diferentes asentamientos esparcidos por ese municipio y otros vecinos se organizaron para detener sus operaciones.
La lucha de los pobladores contra el yacimiento de plata El Escobal obedeció a que consideran que sus actividades afectan sus medios de vida, como la agricultura, el agua y la biodiversidad de la zona.
“El agua, aparte del uso cotidiano, es vital para la agricultura, y es afectada por la presencia de minerales metálicos, como cianuro, todo eso va a alterar la producción de alimentos”: Julio González.
“Cuando yo estaba pequeña, mi papá arrendaba cuatro o seis manzanas (algo más de cuatro hectáreas) de tierra y para nosotros era alegría trabajar en la cosecha, abundante, pero cuando los dueños de esos terrenos los vendieron a la empresa, mi papá ya no pudo cosechar nuestros granos básico”, agregó Villagrán, de 28 años, en entrevista con IPS desde San Rafael.
El yacimiento cambió de dueño en enero, y ahora la empresa se llama Minera San Rafael El Escobal, subsidiaria de la también canadiense Pan American Silver, que según su portal de Internet es el segundo productor mundial de plata. Es propietaria y opera seis minas en México, Perú, Argentina, Bolivia y ahora en Guatemala.
“La situación agrícola es complicada debido a las operaciones de la empresa”, señaló Alex Reynoso, un caficultor de un municipio vecino a San Rafael.
De acuerdo a Reynoso, los mercados del país no quieren los productos cosechados cerca al yacimiento, porque temen que estén contaminados con los metales pesados utilizados en el proceso de extracción.
“Los mercados más importantes del país evitan comprar nuestros productos, así de sencillo”, subrayó a IPS desde su localidad.
IPS intentó obtener comentarios tanto de Tahoe Resources como de Pan American Silver, sobre las críticas de los residentes en San Rafael Las Flores en contra del yacimiento, sin lograr respuesta hasta el momento de publicar este reportaje.
Las operaciones de la mina se mantienen suspendidas desde julio 2017, debido a una resolución de la Corte de Constitucionalidad de Guatemala, que asumió el alegato de organizaciones de pobladores de la zona, pertenecientes al pueblo amerindio xinca, de que no fueron consultados sobre el proyecto.
El alto tribunal ratificó la medida de paralización en septiembre de 2018.
Organizaciones ambientalistas de América Central presentaron en San Salvador el estudio “Estrategias para la defensa del medio ambiente y derechos humanos, ante los impactos del extractivismo minero en Centroamérica”. En el documento se revela la extensión del sector y cómo ello afecta la agricultura y las formas de vida de los centroamericanos. Crédito: Cortesía de Asociación para el Desarrollo de El Salvador.
Este caso en Guatemala es un ejemplo de las tensiones que provoca en América Central la extracción de metales, una actividad que ha estado presente en el área, aunque en forma rudimentaria, desde los tiempos de la colonia española, en el siglo XVI.
Pero ha sido en las últimas décadas que ha mostrado una amplia expansión con la llegada de consorcios internacionales dedicados al sector.
El arribo de compañías extranjeras ha generado un conflicto social a partir de la oposición de residentes de los poblados donde se asientan las actividades mineras, especialmente en Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua.
Por medio de las licencias ganadas, los consorcios han ido acaparando tierras de tradición agrícola o forestal, así como a los recursos hídricos vitales para la vida en las comunidades, sobre todo indígenas, poniendo en riesgo su seguridad alimentaria.
El estudio “Estrategias para la defensa del medio ambiente y derechos humanos ante los impactos del extractivismo minero en Centroamérica”, hecho público el 11 de febrero en San Salvador, da cuenta de esa expansión y sus impactos.
En Honduras, hasta enero de 2017 se habían otorgado 172 concesiones de minería metálica, que en una extensión total de 7.275 kilómetros cuadrados, equivalentes a 6,47 del territorio del país.
En Guatemala, hasta la misma fecha, se habían otorgado 55 concesiones, con una superficie de 4.143 kilómetros cuadrados, un 3,81 por ciento de la superficie nacional.
Nicaragua, para mayo de 2017 había otorgado concesiones para 146 operaciones extractivistas, y aún procesa 20 solicitudes más. En conjunto, incluyendo las solicitudes pendientes, engloban 11.143 kilómetros cuadrados, es decir, 8,55 por ciento de su superficie total.
El Salvador hizo historia a nivel internacional, al ser el primer país en el mundo en prohibir de tajo toda forma de minería, en marzo del 2017.
Pero hasta 2006 se registraban 31 concesiones metálicas, que cubrían un área de 1.088 kilómetros cuadrados, 5,17 por ciento de su territorio.
América Central es una región de grandes carencias sociales, con una población de 48 millones de habitantes y una extensión de 524.000 kilómetros cuadrados, y de la que forman parte también Costa Rica y Panamá.
Es además, una de las regiones más vulnerables a los impactos del cambio climático, con pérdidas anuales en cosechas, ya sea por exceso de agua, en el periodo de lluvias, o por sequías, en el seco.
Siguiendo el ejemplo salvadoreño, “hay casos de movimientos que están solicitando territorios libres de minería” en países vecinos, explicó a IPS la investigadora nicaragüense Angélica Alfaro, una de las responsables del nuevo estudio.
“Pero la realidad es que en países como Honduras, Guatemala y Nicaragua se han creado leyes orientadas directamente a promover al sector minero”, dijo Alfaro, que trabajó en el documento en su calidad de consultora de la Asociación para el Desarrollo de El Salvador.
El sector minero pone en riesgo la seguridad alimentaria del istmo porque impacta directamente la agricultura, pues afecta varias cuencas, aseguró a IPS el activista Julio González, del colectivo guatemalteco Madre Selva.
Por ejemplo la mina Cerro Blanco, localizada en el municipio guatemalteco de Asunción Mita, limítrofe con el occidente salvadoreño, es parte de la cuenca Ostua- Güija-Lempa.
La contaminación producida por el yacimiento pasa al lago Guija, en El Salvador, y de ahí al río Lempa, que serpentea por este país y cuya agua es aprovechada para el riego y para el consumo humano, luego de ser purificada.
“El agua, aparte del uso cotidiano, es vital para la agricultura, y es afectada por la presencia de minerales metálicos, como cianuro, todo eso va a alterar la producción de alimentos”, destacó González, quien participó en la presentación del estudio en San Salvador.
Agregó que las tierras usadas por el sector no son precisamente las enormes extensiones propiedad de terratenientes, sino las zonas usadas para la agricultura de subsistencia, sobre todo en territorios indígenas, expulsados históricamente de sus tierras y asentados en zonas boscosas.
“Pero esa es la agricultura que sostiene la seguridad alimentaria”, subrayó.
El informe “Impactos de la minería metálica en Centroamérica”, publicado en 2011, advertía ya que “el acceso al espacio geográfico con el que cuenta la minería es el doble que el dedicado a la producción de granos básicos, es decir, por cada kilómetro cuadrado que se encuentra cultivado con granos básicos en Centroamérica existen dos kilómetros cuadrados sobre los cuales la industria minera ejerce control”.
El tratamiento de las aguas usadas es un reto que el país aún no logra resolver. Ingenieros de la UCR trabajan en adaptar el sistema de humedal artificial a nuestras condiciones climáticas
En Costa Rica, hay nueve ríos catalogados con contaminación severa, los cuales reciben gran parte de las aguas residuales del Gran Área Metropolitana (GAM). Entre ellos están el Virilla, el Tiribí y el Reventado. Foto: Laura Rodríguez Rodríguez.
Los humedales albergan un ecosistema único donde el medio acuático y el terrestre se funden para dar refugio a un sinfín de especies. Para simular este ecosistema natural, desde hace décadas nació en Estados Unidos la idea de los humedales artificiales (constructed wetlands, en inglés) con el fin de depurar aguas sucias provenientes de industrias o residencias.
Ingenieros agrícolas y en biosistemas de la Universidad de Costa Rica (UCR) trabajan ahora en adaptar este mecanismo a las condiciones de nuestro país y en implementarlo para tratar aguas residuales y agroindustriales.
Los humedales artificiales son sistemas de ingeniería que aprovechan recursos de la naturaleza para limpiar residuos del agua. Básicamente, consisten en un terreno sobre el cual se coloca un material impermeable para evitar que el líquido se filtre en el subsuelo. Sobre esta herramienta se pone una mezcla de sustrato formada por arena, grava, piedra y otros componentes. Finalmente, se utilizan plantas acuáticas que flotan sobre el agua.
Tanto el sustrato como dicha flora absorben las partículas contaminantes, que utilizan como nutrientes. De esta forma, el agua sale más limpia para reusarse en alguna actividad –riego, por ejemplo– o para integrarla a un cuerpo de agua. El tamaño del humedal dependerá de la cantidad de casas o industrias a las que servirá. Asimismo, las plantas y el sustrato se adaptan según los materiales de suciedad que el líquido posea.
El humedal depura el agua mediante dos mecanismos. Primero, el sustrato es el elemento físico que funciona como filtro donde la materia orgánica y los sólidos quedan retenidos. Segundo, el agua pasa al proceso biológico en el que los microorganismos absorben los nutrientes del líquido, los cuales en altas concentraciones contaminan.
En caso de que la cantidad de partículas contaminantes en el agua sea muy alta, se necesitaría un primer tratamiento para remover los sólidos antes de pasar al humedal.
Esta tecnología está bien desarrollada en Estados Unidos y en Europa, explicó Ronald Aguilar Álvarez, profesor e investigador de Ingeniería de Biosistemas de la UCR. Sin embargo, en esos países ha dado buenos resultados solo durante el verano, pues los microorganismos que degradan los nutrientes trabajan mejor a mayor temperatura. Por tanto, en invierno su eficiencia disminuye.
Aguilar considera que el sistema podría funcionar mejor en países del trópico como Costa Rica, ya que la temperatura promedio es mayor durante todo el año.
“La limitante que tenemos al venir a los trópicos es que los parámetros de diseño no están adecuados a estas condiciones”, admitió el ingeniero, quien realizó su doctorado en el tema en la Universidad Estatal de Michigan.
Actualmente, el equipo de investigadores está tratando de identificar alguna planta ornamental de gran crecimiento y absorción que se adapte mejor al humedal. Algunas de las que han probado son el papiro, el platanillo y el vetiver.
“Se trata de determinar factores de diseño que respondan a las condiciones tropicales de Costa Rica. Y no es solo para humedales, con invernaderos va a ser lo mismo, porque toda la tecnología ha sido desarrollada en países templados”, explicó el investigador.
El grupo de investigación tiene dos humedales prototipo en la Estación Experimental Fabio Baudrit Moreno de la UCR, ubicada en Alajuela, para el tratamiento de aguas con desechos de comida y desechos agroindustriales, como gallinaza.
Entre las ventajas de este sistema –con respecto a procesos de tratamiento convencionales– están su bajo costo de construcción y operación. Además, las plantas generan un lugar agradable y atraen variedad de fauna. No obstante, sí se ocupa un espacio grande; por eso, se adaptaría mejor en zonas rurales.
Los investigadores de la UCR se encuentran en conversaciones con el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) para implementar esta alternativa en alguna zona rural del país.
Según el académico, la nueva tendencia de la Ingeniería en Biosistemas es que “cualquier residuo orgánico sea considerado un recurso”. Por esto, lo ideal es que el sistema propuesto recupere el agua ya limpia para reutilizarla en otras actividades y generar un ciclo que reduzca el consumo de este bien.
Problemática sin resolver
A pesar de los esfuerzos del AyA y de otras instituciones como las municipalidades, el manejo de las aguas residuales es aún una tarea pendiente en un país que vende al mundo una imagen amigable con el ambiente.
Por muchos años, este fue un tema desatendido, pues los esfuerzos se concentraron en los acueductos y en aumentar el acceso al agua potable.
Por esta razón, proliferaron los sistemas de tanques sépticos en cada casa y aparecieron pequeñas plantas de tratamiento en condominios y urbanizaciones. Sin embargo, estos avances no lograron remediar el problema de forma integral, pues muchas de las aguas residuales siguieron y continúan llegando a nuestros ríos.
La planta Los Tajos, en La Uruca, trata entre 480 y 500 litros de aguas residuales por segundo. La expectativa es que entre el 2020 y 2022 el caudal aumente hasta llegar a los 2 800 litros por segundo, la capacidad total de la planta. Foto cortesía de AyA.
De acuerdo con el Estado de la Nación, para el 2017 la cobertura de alcantarillado sanitario con tratamiento llegaba apenas al 14,4 %, aunque esta cifra aumentó con respecto a años anteriores.
El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) identificó en el 2015 cuatro instituciones que brindaban el servicio de tratamiento de aguas residuales: AyA, algunas municipalidades, la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH) y las asociaciones administradoras de los sistemas de acueductos y alcantarillados, conocidas como Asadas.
Todas esas entidades, en conjunto, dirigen 40 sistemas de tratamiento, que se suman a las 912 plantas de tratamiento en condominios y urbanizaciones privadas del país, según el INEC.
“Hemos abusado de los sistemas individuales”, asegura Paola Vidal, coordinadora del Laboratorio de Ingeniería Ambiental de la Escuela de Ingeniería Civil de la UCR. Esto ha generado que nuestro país tenga un “rezago importantísimo” en sistemas colectivos de tratamiento.
Solo en años recientes, organismos como el AyA han tomado “medidas apagafuegos”, según Vidal, pues no hay una “visión país” en este tema.
En el 2015, esa institución inauguró la planta de tratamiento de Los Tajos, en La Uruca, que recibe aguas sucias del área metropolitana de San José. Sin embargo, tal sistema realiza solo un tratamiento primario de remoción de sólidos y grasas, y envía el agua en mejores condiciones a los ríos.
A pesar de que en el 2016 se publicó la Política Nacional de Saneamiento en Aguas Residuales, que agrupa una serie de lineamientos de política pública sobre el tema, a criterio de la académica hace falta procesar esa contaminación de manera más integral.
Los sistemas de tratamiento más modernos que se aplican en otros países contemplan una limpieza con control microbiológico. Además, el agua resultante se puede reintegrar al ciclo para ser usada en riego, servicios sanitarios y otras actividades.
La ingeniera Vidal enfatiza que existen “carencias importantes en la gestión del recurso hídrico” en el país. Por lo pronto, recomienda mejorar los controles y aprovechar nuevas tecnologías.
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Imagen ilustrativa tomada de http://www.vocesnuestras.org
La Asamblea Legislativa decidiría si archiva o sigue discutiendo el proyecto de «Ley para la restricción de la liberación al ambiente de organismos vivos modificados», expediente 19.477, y algunos diputados y diputadas quieren archivarlo «para enviar una señal al sector ambientalista».
Se necesitan 38 votos para que esa discusión siga abierta, y que todas las fracciones tengan la oportunidad de conocer el tema y discutirlo. Archivar el proyecto sería efectivamente una señal: una señal de irresponsabilidad y cobardía, de que los «padres y madres» de la Patria quieren ahorrarse el trabajo que les corresponde.
Llamamos a asistir hoy a las barras de público en la Asamblea Legislativa, y a seguir con atención esa votación que dejará claro quiénes tienen un compromiso con el ambiente y la salud y quiénes están utilizando su diputación para proteger otros intereses.
«Les exigimos que añadan a las jirafas a la lista de especies protegidas por la CITES, que lancen y financien un Plan de Acción para las Jirafas en toda África que recupere sus poblaciones y proteja su hábitat, y que apoyen a las comunidades locales que conviven con las criaturas más altas del reino animal.»
MÁS INFORMACIÓN:
Tess ha matado a esta jirafa por diversión.
Sonríe detrás de su cuerpo muerto en una impactante foto viral — ¡pero, ahora mismo, tenemos una oportunidad muy valiosa de convertir esta tragedia en un salvavidas para las jirafas en todo el mundo!
En unas semanas, países de todo el mundo se reúnen en una cumbre mundial crucial para los animales. Y, por primera vez, cinco países africanos han propuesto añadir a las jirafas a la lista de especies protegidas. Como primer paso de un plan de acción global para salvarlas, esto cambiaría las reglas del juego. Y lo necesitan con urgencia porque la población de jirafas ya ha disminuido un 40%.
Firme ya, ¡y luego comparta por en sus redes para ayudar a que la matanza sin sentido de este hermoso animal se convierta en un punto de inflexión para las jirafas en todo el mundo!
Para firmar la petición ingrese en el siguiente enlace:
Herbicida más usado en zona de incidencia de Enfermedad Renal Crónica (ERC)
Un nutrido grupo de personas de Bagaces interpusieron un recurso de amparo “para que se cancele y se prohíba el uso del glifosato en Costa Rica, atendiendo el grado de conocimiento que existe sobre su toxicidad”, esta petitoria está basada en 850 referencias científicas que evidencia las afectaciones que ha llevado a la prohibición en muchos otros países del mundo.
El recurso fue acogido por parte de la Sala Constitucional (Expediente 19-001 662-007-CO) en días pasados.
Las preocupaciones de los accionantes son las afectaciones a la salud de las personas que tienen contacto con el glifosato son numerosas y documentadas. Además, que el glifosato es el herbicida más utilizado en el área de incidencia de la enfermedad, que es Guanacaste. La información científica aportada relaciona al arsénico en el agua de consumo humano y al uso del glifosato como directamente relacionadas con esta enfermedad.
La Enfermedad Renal Crónica (ERC) crónica en comunidades agrícolas porque la mayoría de los pacientes son agricultores que se dedican a cultivos de caña de azúcar y arroz. En Costa Rica apareció a mediados de los años 90s y tiene alta incidencia en cuatro cantones de Guanacaste: Cañas, Bagaces, Carrillo y Santa Cruz. Solo en Guanacaste la ERC ha matado a 1.744 personas en dos décadas.
Según información del viceministro de salud, Dennis Angulo, habría más de 1700 personas con Enfermedad Renal Crónica en Guanacaste. La Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) gasta actualmente 32 millones de dólares en atención a pacientes con ERC (Pomareda, 2019).
El glifosato es el herbicida más utilizado en el mundo y también en el país, donde se usan aproximadamente 1500 toneladas de ingrediente activo al año, según datos del IRET-UNA.
En el mundo. Recientemente un tribunal condenó a la multinacional Monsanto-Bayer al determinar que Dewayne Johnson, jardinero en los Estados Unidos contrajo un cáncer terminal por el uso herbicida glifosato. A pesar de que su uso solo se permite en la agricultura y cultivos específicos, es común que el glifosato se aplique en áreas verdes de zonas públicas urbanas de Costa Rica, como parques, cementerios, rondas de calle, aceras, caños y todo tipo de áreas verdes y recreativas. Esto expone a toda la población en especial a la niñez y personas adultas mayores.
La prohibición del uso de herbicidas como el glifosato en áreas públicas ya es un hecho en Francia, Italia, Bélgica, Holanda, Malta, Sri Lanka y múltiples gobiernos locales, experiencias que suman a las razones que justifican que la prohibición sea total en nuestro país. En España más de 45 municipios han adoptado restricciones o prohibición al uso del glifosato, entre ellos Madrid, Barcelona, Sevilla, Toledo, Zaragoza y Tarragona, como también lo han hecho las comunidades autónomas de La Rioja, Extremadura y Aragón.
En nuestro país, son 21 municipalidades y 2 universidades públicas que aplican políticas de prohibición de glifosato o cualquier herbicida en zonas públicas. Se trata las municipalidades de: Alajuela, Aserrí, Barva, Belén, Corredores, Curridabat, Desamparados, Escazú, Esparza, La Unión, Montes de Oca, Orotina, Pérez Zeledón, Quepos, San Isidro de Heredia, San Mateo, Santa Ana, Santo Domingo, Sarapiquí, Talamanca, Tibás y universidades UNED y UCR.
El 14 de febrero de 2019 de 11 a.m. a 4 p.m., Climate Save Movement y otras organizaciones realizarán una acción global en las embajadas y consulados brasileños de todo el mundo, así como también en el edificio de Naciones Unidas en la Ciudad de Nueva York, con el fin de proteger la selva amazónica.
En el día de San Valentín, activistas de todo el mundo se unirán para demostrarle amor y respeto al Amazonas, pulmón de nuestro planeta, protestando contra las medidas del presidente de Brasil Jair Bolsonaro, que está tratando de destruirla.
De todas las tierras del mundo utilizadas para producir alimento, más del 70 % está destinada a la ganadería, mientras que el porcentaje restante está ocupado por cultivos. Un tercio de esos cultivos se utiliza para alimentar al ganado.
El aumento del consumo de carne requiere que la frontera agropecuaria se extienda a pasos agigantados, y para conseguirlo están intentando deforestar bosques actualmente protegidos. ¿Sabía usted que dejando de consumir productos animales, podemos de salvar este y otros ecosistemas?
Con este objetivo están solicitando apoyar esta causa firmando la siguiente petición: https://bit.ly/2EyRKnA
También le invitan a inscribirse en Veganuary para lograr una alimentación más sostenible: https://veganuary.com/es/
Esta acción se realizará en simultáneo en más de 25 ciudades: en América del Sur (Argentina y Perú), América del Norte (México, Canadá, Estados Unidos), en Europa (Austria, Bélgica, Croacia, Italia, Países Bajos, Noruega, Polonia, Portugal, España, Suiza, Eslovaquia y Reino Unido), en Oceanía (Australia) y Asia (Armenia, Indonesia, Israel).
Para las personas que deseen participar de esta actividad, se les solicita presentarse con carteles, mensajes y pancartas que revelen su amor por este planeta y la vida que lo habita.
El Programa Kioscos Socioambientales ha dejado huella en su andar, a través de construir relaciones entre la parte académica y profesional y las comunidades.
La gente que ha pasado por -y quienes son parte del equipo actual- del Programa Kioscos Socioambientales de la Universidad de Costa Rica (UCR) celebraron 11 años de construir relaciones útiles y pertinentes con personas de comunidades de todo el país, y de acompañarles de forma efectiva en sus luchas. Ese día también aprovecharon para presentar el libro “Desde el territorio. Memorias, vivencias y reflexiones del Programa Kioscos Socioambientales”.
Durante la celebración, varias personas que han sido parte -de alguna u otra manera- de este trabajo de años, expresaron su reconocimiento a un proyecto creado para acompañar a las “personas que luchan y resisten”.
Silvia Rodríguez, integrante de la Red de Coordinación en Biodiversidad (RCB), expresó: “En la Red tenemos un logo que es parecido al atrapasueños. Cuando la Red cumplió 20 años Mauricio Álvarez nos escribió algo muy bonito: que el logo de la Red era una telaraña abierta para soñar y tejer, donde todo hilo es importante. Esas palabras se las quiero devolver hoy. Kioscos ha sido como un atrapasueños, ha construido hilos con la universidad, con las comunidades; tiene una posibilidad muy amplia de construir hilos. Lo esencial es el trabajo en las comunidades y de ahí construir conocimiento”.
Sonia Paez, lideresa indígena en Meleruk, Talamanca, agradeció a “los kioscos”: “Es por ellos que hoy nosotros podemos defendernos y no dejarnos que nos manejen. Esta lucha que hemos tenido nosotros desde 2004 hasta 2018 sigue pues podría venir otra amenaza a nosotros. Los kioscos están de la mano de nosotros”.
Dany Viyalobos, geógrafo e integrante de la Alianza de las Comunidades por la Defensa del Agua, manifestó: “El acompañamiento de Kioscos nos dio mucha fortaleza en la defensa de nuestro río y esperamos que Kioscos siga muchos años con gente de calidad trabajando en las comunidades”.
Leo Buitrago, líder indígena de Meleruk, Talamanca, recalcó: “Conocí a Kioscos como ‘los kioscos del TLC’, cuando las y los muchachos eran chiquillos, cuando los conocí, Llaguno, Geannina, Moiso, Henry, José Céspedes, Raque… Fue una lucha que comenzó con el TLC, la marina errante, la extracción de materiales. Sigamos en la lucha desarrollando la Costa Rica que queremos; no la que el Gobierno quiere, sino todos defendiendo nuestra casa común”.
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Hay quienes se han sentido amenazados por la acción social comprometida
Kioscos nació en una coyuntura en la que tuvo que posicionarse políticamente y no fue fácil porque se decía que la Universidad tenía que ser objetiva. Así habló sobre sus orígenes Maureen Rodríguez Cruz.
“En el 2007 era funcionaria de la Vicerrectoría de Acción Social de la UCR y también pertenecía al Movimiento de Cultura Frente al TLC, más como activista. En ese momento estaba Liliana Monge como compañera en la Vicerrectoría. Vimos que desde la universidad se había producido mucho material escrito, desde la parte más de investigación, artículos, incluso un libro desde el Instituto de Investigaciones Sociales. Pero esa información se estaba quedando en la universidad. Ya había muchas resoluciones de parte del Consejo Universitario y pronunciamientos sobre las implicaciones que iba a tener el TLC desde muchos ámbitos; pero la UCR no estaba diciendo nada hacia fuera. Vimos la necesidad que desde Acción Social se generara alguna información más comprensible, más clara, llana para la gente, para todos y todas, no con una jerga tan académica. Y empezamos a impulsar un proyecto”.
“En ese momento redacté un proyecto para la Rectoría y lo presentamos. En ese momento eran los Kioscos Informativos sobre el Referéndum y el TLC. Fue iniciativa de Liliana Monge y mía. Eran 11 millones de colones para tres meses; un aporte muy significativo. Nos apoyaron con recurso humano y la Vicerrectoría apoyó con horas asistente y además fue la primera experiencia que hubo con pasantías de horas de Trabajo Comunal Universitario. Cualquier estudiante que quería trabajar en este proyecto podía hacer hasta un máximo de 100 horas de su trabajo, que son 300 en total, con Kioscos del TLC. En tres meses abarcamos más de 100 comunidades y participaron todas las sedes y recintos de la Universidad y empezamos de lleno a dar información. Hubo un trabajo muy fuerte en la parte de producción de materiales”.
“Cuando termina Kioscos del TLC en 2007 el acercamiento que tuvimos con las diferentes comunidades nos permitió vincularnos con organizaciones y con grupos que estaban teniendo sus propias luchas a nivel regional o a nivel comunitario. Todo estaba atravesado por la misma lógica de lo que significaba el Tratado de Libre Comercio y la mayoría de estos conflictos eran a nivel socioambiental. El tema de la minería en Talamanca, el tema de la expansión piñera, la defensa del recurso hídrico, la defensa del mismo territorio por gente que estaba siendo sacada de sus lugares. Vimos que en diferentes partes del país se quería instalar el modelo de desarrollo neoliberal. Entonces con un equipo más grande trabajamos en una propuesta y buscamos apoyo con tiempos docentes, que se dieron en el 2008. Se empezó a trabajar como Kioscos Socioambientales”.
“Cuando surgen los Kioscos del TLC vivíamos en una coyuntura en la que la Universidad se tenía que posicionar. Había una situación a nivel nacional, que ameritaba el posicionamiento universitario, de la universidad que está llamada a la transformación social (…). Creo que seguimos en la misma ruta, en el mismo camino de trabajar críticamente, argumentando desde las diferentes áreas pero también trabajando desde el lado de las comunidades, que son las que finalmente van a vivir las repercusiones de las decisiones que se tomen”.
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Publican libro con reflexiones desde los territorios
El programa Kioscos Socioambientales también produjo el libro “Desde el territorio. Memorias, vivencias y reflexiones del Programa Kioscos Socioambientales”.
Mauricio Álvarez, coordinador del programa, comentó sobre el objetivo de este libro para la organización comunitaria.
“Es un ejemplo práctico para que la gente pueda organizarse, tome experiencias organizativas que han servido para defender bienes naturales, bienes públicos y bienes colectivos y que recorren un sinfín de temas, desde la defensa del bosque, cambio climático, a la defensa del agua, del territorio mismo, las luchas por la tierra, etc. Se ha hecho una selección de los principales artículos y otros ensayos inéditos del modelo energético, del modelo económico, de los monocultivos, etc, para dar un mapa que muestra los principales conflictos ambientales de los últimos 10 años”.
“La persona que reciba el libro va a recibir una experiencia de muchas otras comunidades que se han organizado, lo cual es importante en un momento en el que hay tanta desorganización social, donde prima el individualismo. En realidad el libro va a tener utilidad en tanto las comunidades organizadas puedan ver los ejemplos y motivarse, inspirar otras luchas que tengan las comunidades. Luchas sobran; tal vez lo que hace falta son comunidades que den el paso de organizarse y transformar su situación inmediata”.
“Tienen que llevarlo a Talamanca y que huela a humo, que los chiquitos coman encima y que ojalá le peguen un fideo. Ustedes en su lectura lo tienen que llevar a Los Almendros, a Guacimal, a Fincas, y cuando alguna comunidad esté en alguna urgencia lo verá y se inspirará”.
Los retos de Kioscos a futuro
Mauricio Álvarez añadió que, de aquí a futuro, “lo principal es romper nuestras propias fronteras”.
“Por ejemplo, hemos estado trabajando con problemática sociolaboral, que tiene que ver con monocultivos. Hemos estado tratando de vincular comunidades con organizaciones laborales; en este caso, sindicatos. También otras experiencias socioeducativas, innovadoras, al margen de nuestro trabajo organizativo. Hemos creado una Caravana [informativa sobre el combo fiscal], que ha sido más como trabajadores de la Universidad. Pero eso nos ha alimentado muchísimo el deseo de hacer otro tipo de intervención social; no solamente académica y con talleres, sino también otro tipo de actividades socioeducativas más lúdicas, que es algo que nos reta y nos da muchísima alegría, mucha satisfacción experimentar y que la gente empiece a generar sus propios conocimientos con el intercambio”.
“El otro gran reto natural va a ser sobrevivir dentro de la Universidad al ajuste fiscal que se pretende, que no es menor, que hay un ataque hacia lo público y hacia todo lo que suene a organizado y en defensa de lo público. Sin duda ese va a ser un gran reto para todas las expresiones que desde el Estado tratan de llevar la voz de los sectores más oprimidos. También va a ser un reto crear una defensa desde adentro y articular todo el oxígeno y las cosas que traemos desde las comunidades, y nutrirlo para nuestras luchas más particulares, en defensa de la educación pública, en defensa del presupuesto y en defensa de la intervención de la Universidad en temas más allá de lo que la gente considera académico. Hay que evitar que la Universidad se transforme en un enseñadero de garage donde la gente aprueba cursos y no hay otras interacciones; no hay contacto con la comunidad. Creo que ese es un reto que nos va a tomar por lo menos toda la siguiente década”.
