El tratamiento de las aguas usadas es un reto que el país aún no logra resolver. Ingenieros de la UCR trabajan en adaptar el sistema de humedal artificial a nuestras condiciones climáticas
En Costa Rica, hay nueve ríos catalogados con contaminación severa, los cuales reciben gran parte de las aguas residuales del Gran Área Metropolitana (GAM). Entre ellos están el Virilla, el Tiribí y el Reventado. Foto: Laura Rodríguez Rodríguez.
Los humedales albergan un ecosistema único donde el medio acuático y el terrestre se funden para dar refugio a un sinfín de especies. Para simular este ecosistema natural, desde hace décadas nació en Estados Unidos la idea de los humedales artificiales (constructed wetlands, en inglés) con el fin de depurar aguas sucias provenientes de industrias o residencias.
Ingenieros agrícolas y en biosistemas de la Universidad de Costa Rica (UCR) trabajan ahora en adaptar este mecanismo a las condiciones de nuestro país y en implementarlo para tratar aguas residuales y agroindustriales.
Los humedales artificiales son sistemas de ingeniería que aprovechan recursos de la naturaleza para limpiar residuos del agua. Básicamente, consisten en un terreno sobre el cual se coloca un material impermeable para evitar que el líquido se filtre en el subsuelo. Sobre esta herramienta se pone una mezcla de sustrato formada por arena, grava, piedra y otros componentes. Finalmente, se utilizan plantas acuáticas que flotan sobre el agua.
Tanto el sustrato como dicha flora absorben las partículas contaminantes, que utilizan como nutrientes. De esta forma, el agua sale más limpia para reusarse en alguna actividad –riego, por ejemplo– o para integrarla a un cuerpo de agua. El tamaño del humedal dependerá de la cantidad de casas o industrias a las que servirá. Asimismo, las plantas y el sustrato se adaptan según los materiales de suciedad que el líquido posea.
El humedal depura el agua mediante dos mecanismos. Primero, el sustrato es el elemento físico que funciona como filtro donde la materia orgánica y los sólidos quedan retenidos. Segundo, el agua pasa al proceso biológico en el que los microorganismos absorben los nutrientes del líquido, los cuales en altas concentraciones contaminan.
En caso de que la cantidad de partículas contaminantes en el agua sea muy alta, se necesitaría un primer tratamiento para remover los sólidos antes de pasar al humedal.
Esta tecnología está bien desarrollada en Estados Unidos y en Europa, explicó Ronald Aguilar Álvarez, profesor e investigador de Ingeniería de Biosistemas de la UCR. Sin embargo, en esos países ha dado buenos resultados solo durante el verano, pues los microorganismos que degradan los nutrientes trabajan mejor a mayor temperatura. Por tanto, en invierno su eficiencia disminuye.
Aguilar considera que el sistema podría funcionar mejor en países del trópico como Costa Rica, ya que la temperatura promedio es mayor durante todo el año.
“La limitante que tenemos al venir a los trópicos es que los parámetros de diseño no están adecuados a estas condiciones”, admitió el ingeniero, quien realizó su doctorado en el tema en la Universidad Estatal de Michigan.
Actualmente, el equipo de investigadores está tratando de identificar alguna planta ornamental de gran crecimiento y absorción que se adapte mejor al humedal. Algunas de las que han probado son el papiro, el platanillo y el vetiver.
“Se trata de determinar factores de diseño que respondan a las condiciones tropicales de Costa Rica. Y no es solo para humedales, con invernaderos va a ser lo mismo, porque toda la tecnología ha sido desarrollada en países templados”, explicó el investigador.
El grupo de investigación tiene dos humedales prototipo en la Estación Experimental Fabio Baudrit Moreno de la UCR, ubicada en Alajuela, para el tratamiento de aguas con desechos de comida y desechos agroindustriales, como gallinaza.
Entre las ventajas de este sistema –con respecto a procesos de tratamiento convencionales– están su bajo costo de construcción y operación. Además, las plantas generan un lugar agradable y atraen variedad de fauna. No obstante, sí se ocupa un espacio grande; por eso, se adaptaría mejor en zonas rurales.
Los investigadores de la UCR se encuentran en conversaciones con el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) para implementar esta alternativa en alguna zona rural del país.
Según el académico, la nueva tendencia de la Ingeniería en Biosistemas es que “cualquier residuo orgánico sea considerado un recurso”. Por esto, lo ideal es que el sistema propuesto recupere el agua ya limpia para reutilizarla en otras actividades y generar un ciclo que reduzca el consumo de este bien.
Problemática sin resolver
A pesar de los esfuerzos del AyA y de otras instituciones como las municipalidades, el manejo de las aguas residuales es aún una tarea pendiente en un país que vende al mundo una imagen amigable con el ambiente.
Por muchos años, este fue un tema desatendido, pues los esfuerzos se concentraron en los acueductos y en aumentar el acceso al agua potable.
Por esta razón, proliferaron los sistemas de tanques sépticos en cada casa y aparecieron pequeñas plantas de tratamiento en condominios y urbanizaciones. Sin embargo, estos avances no lograron remediar el problema de forma integral, pues muchas de las aguas residuales siguieron y continúan llegando a nuestros ríos.
La planta Los Tajos, en La Uruca, trata entre 480 y 500 litros de aguas residuales por segundo. La expectativa es que entre el 2020 y 2022 el caudal aumente hasta llegar a los 2 800 litros por segundo, la capacidad total de la planta. Foto cortesía de AyA.
De acuerdo con el Estado de la Nación, para el 2017 la cobertura de alcantarillado sanitario con tratamiento llegaba apenas al 14,4 %, aunque esta cifra aumentó con respecto a años anteriores.
El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) identificó en el 2015 cuatro instituciones que brindaban el servicio de tratamiento de aguas residuales: AyA, algunas municipalidades, la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH) y las asociaciones administradoras de los sistemas de acueductos y alcantarillados, conocidas como Asadas.
Todas esas entidades, en conjunto, dirigen 40 sistemas de tratamiento, que se suman a las 912 plantas de tratamiento en condominios y urbanizaciones privadas del país, según el INEC.
“Hemos abusado de los sistemas individuales”, asegura Paola Vidal, coordinadora del Laboratorio de Ingeniería Ambiental de la Escuela de Ingeniería Civil de la UCR. Esto ha generado que nuestro país tenga un “rezago importantísimo” en sistemas colectivos de tratamiento.
Solo en años recientes, organismos como el AyA han tomado “medidas apagafuegos”, según Vidal, pues no hay una “visión país” en este tema.
En el 2015, esa institución inauguró la planta de tratamiento de Los Tajos, en La Uruca, que recibe aguas sucias del área metropolitana de San José. Sin embargo, tal sistema realiza solo un tratamiento primario de remoción de sólidos y grasas, y envía el agua en mejores condiciones a los ríos.
A pesar de que en el 2016 se publicó la Política Nacional de Saneamiento en Aguas Residuales, que agrupa una serie de lineamientos de política pública sobre el tema, a criterio de la académica hace falta procesar esa contaminación de manera más integral.
Los sistemas de tratamiento más modernos que se aplican en otros países contemplan una limpieza con control microbiológico. Además, el agua resultante se puede reintegrar al ciclo para ser usada en riego, servicios sanitarios y otras actividades.
La ingeniera Vidal enfatiza que existen “carencias importantes en la gestión del recurso hídrico” en el país. Por lo pronto, recomienda mejorar los controles y aprovechar nuevas tecnologías.
Esta semana vuelvan las entregas de Canastas Agroecológicas de hortalizas y hojas verdes frescas, sanas, libres de agroquímicos, producidas en las huertas en Boquerón de Cartago, por la Asociación de Productores Orgánicos Las Brumas.
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Imagen ilustrativa tomada de http://www.vocesnuestras.org
La Asamblea Legislativa decidiría si archiva o sigue discutiendo el proyecto de «Ley para la restricción de la liberación al ambiente de organismos vivos modificados», expediente 19.477, y algunos diputados y diputadas quieren archivarlo «para enviar una señal al sector ambientalista».
Se necesitan 38 votos para que esa discusión siga abierta, y que todas las fracciones tengan la oportunidad de conocer el tema y discutirlo. Archivar el proyecto sería efectivamente una señal: una señal de irresponsabilidad y cobardía, de que los «padres y madres» de la Patria quieren ahorrarse el trabajo que les corresponde.
Llamamos a asistir hoy a las barras de público en la Asamblea Legislativa, y a seguir con atención esa votación que dejará claro quiénes tienen un compromiso con el ambiente y la salud y quiénes están utilizando su diputación para proteger otros intereses.
«Les exigimos que añadan a las jirafas a la lista de especies protegidas por la CITES, que lancen y financien un Plan de Acción para las Jirafas en toda África que recupere sus poblaciones y proteja su hábitat, y que apoyen a las comunidades locales que conviven con las criaturas más altas del reino animal.»
MÁS INFORMACIÓN:
Tess ha matado a esta jirafa por diversión.
Sonríe detrás de su cuerpo muerto en una impactante foto viral — ¡pero, ahora mismo, tenemos una oportunidad muy valiosa de convertir esta tragedia en un salvavidas para las jirafas en todo el mundo!
En unas semanas, países de todo el mundo se reúnen en una cumbre mundial crucial para los animales. Y, por primera vez, cinco países africanos han propuesto añadir a las jirafas a la lista de especies protegidas. Como primer paso de un plan de acción global para salvarlas, esto cambiaría las reglas del juego. Y lo necesitan con urgencia porque la población de jirafas ya ha disminuido un 40%.
Firme ya, ¡y luego comparta por en sus redes para ayudar a que la matanza sin sentido de este hermoso animal se convierta en un punto de inflexión para las jirafas en todo el mundo!
Para firmar la petición ingrese en el siguiente enlace:
Herbicida más usado en zona de incidencia de Enfermedad Renal Crónica (ERC)
Un nutrido grupo de personas de Bagaces interpusieron un recurso de amparo “para que se cancele y se prohíba el uso del glifosato en Costa Rica, atendiendo el grado de conocimiento que existe sobre su toxicidad”, esta petitoria está basada en 850 referencias científicas que evidencia las afectaciones que ha llevado a la prohibición en muchos otros países del mundo.
El recurso fue acogido por parte de la Sala Constitucional (Expediente 19-001 662-007-CO) en días pasados.
Las preocupaciones de los accionantes son las afectaciones a la salud de las personas que tienen contacto con el glifosato son numerosas y documentadas. Además, que el glifosato es el herbicida más utilizado en el área de incidencia de la enfermedad, que es Guanacaste. La información científica aportada relaciona al arsénico en el agua de consumo humano y al uso del glifosato como directamente relacionadas con esta enfermedad.
La Enfermedad Renal Crónica (ERC) crónica en comunidades agrícolas porque la mayoría de los pacientes son agricultores que se dedican a cultivos de caña de azúcar y arroz. En Costa Rica apareció a mediados de los años 90s y tiene alta incidencia en cuatro cantones de Guanacaste: Cañas, Bagaces, Carrillo y Santa Cruz. Solo en Guanacaste la ERC ha matado a 1.744 personas en dos décadas.
Según información del viceministro de salud, Dennis Angulo, habría más de 1700 personas con Enfermedad Renal Crónica en Guanacaste. La Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) gasta actualmente 32 millones de dólares en atención a pacientes con ERC (Pomareda, 2019).
El glifosato es el herbicida más utilizado en el mundo y también en el país, donde se usan aproximadamente 1500 toneladas de ingrediente activo al año, según datos del IRET-UNA.
En el mundo. Recientemente un tribunal condenó a la multinacional Monsanto-Bayer al determinar que Dewayne Johnson, jardinero en los Estados Unidos contrajo un cáncer terminal por el uso herbicida glifosato. A pesar de que su uso solo se permite en la agricultura y cultivos específicos, es común que el glifosato se aplique en áreas verdes de zonas públicas urbanas de Costa Rica, como parques, cementerios, rondas de calle, aceras, caños y todo tipo de áreas verdes y recreativas. Esto expone a toda la población en especial a la niñez y personas adultas mayores.
La prohibición del uso de herbicidas como el glifosato en áreas públicas ya es un hecho en Francia, Italia, Bélgica, Holanda, Malta, Sri Lanka y múltiples gobiernos locales, experiencias que suman a las razones que justifican que la prohibición sea total en nuestro país. En España más de 45 municipios han adoptado restricciones o prohibición al uso del glifosato, entre ellos Madrid, Barcelona, Sevilla, Toledo, Zaragoza y Tarragona, como también lo han hecho las comunidades autónomas de La Rioja, Extremadura y Aragón.
En nuestro país, son 21 municipalidades y 2 universidades públicas que aplican políticas de prohibición de glifosato o cualquier herbicida en zonas públicas. Se trata las municipalidades de: Alajuela, Aserrí, Barva, Belén, Corredores, Curridabat, Desamparados, Escazú, Esparza, La Unión, Montes de Oca, Orotina, Pérez Zeledón, Quepos, San Isidro de Heredia, San Mateo, Santa Ana, Santo Domingo, Sarapiquí, Talamanca, Tibás y universidades UNED y UCR.
El 14 de febrero de 2019 de 11 a.m. a 4 p.m., Climate Save Movement y otras organizaciones realizarán una acción global en las embajadas y consulados brasileños de todo el mundo, así como también en el edificio de Naciones Unidas en la Ciudad de Nueva York, con el fin de proteger la selva amazónica.
En el día de San Valentín, activistas de todo el mundo se unirán para demostrarle amor y respeto al Amazonas, pulmón de nuestro planeta, protestando contra las medidas del presidente de Brasil Jair Bolsonaro, que está tratando de destruirla.
De todas las tierras del mundo utilizadas para producir alimento, más del 70 % está destinada a la ganadería, mientras que el porcentaje restante está ocupado por cultivos. Un tercio de esos cultivos se utiliza para alimentar al ganado.
El aumento del consumo de carne requiere que la frontera agropecuaria se extienda a pasos agigantados, y para conseguirlo están intentando deforestar bosques actualmente protegidos. ¿Sabía usted que dejando de consumir productos animales, podemos de salvar este y otros ecosistemas?
Con este objetivo están solicitando apoyar esta causa firmando la siguiente petición: https://bit.ly/2EyRKnA
También le invitan a inscribirse en Veganuary para lograr una alimentación más sostenible: https://veganuary.com/es/
Esta acción se realizará en simultáneo en más de 25 ciudades: en América del Sur (Argentina y Perú), América del Norte (México, Canadá, Estados Unidos), en Europa (Austria, Bélgica, Croacia, Italia, Países Bajos, Noruega, Polonia, Portugal, España, Suiza, Eslovaquia y Reino Unido), en Oceanía (Australia) y Asia (Armenia, Indonesia, Israel).
Para las personas que deseen participar de esta actividad, se les solicita presentarse con carteles, mensajes y pancartas que revelen su amor por este planeta y la vida que lo habita.
El Programa Kioscos Socioambientales ha dejado huella en su andar, a través de construir relaciones entre la parte académica y profesional y las comunidades.
La gente que ha pasado por -y quienes son parte del equipo actual- del Programa Kioscos Socioambientales de la Universidad de Costa Rica (UCR) celebraron 11 años de construir relaciones útiles y pertinentes con personas de comunidades de todo el país, y de acompañarles de forma efectiva en sus luchas. Ese día también aprovecharon para presentar el libro “Desde el territorio. Memorias, vivencias y reflexiones del Programa Kioscos Socioambientales”.
Durante la celebración, varias personas que han sido parte -de alguna u otra manera- de este trabajo de años, expresaron su reconocimiento a un proyecto creado para acompañar a las “personas que luchan y resisten”.
Silvia Rodríguez, integrante de la Red de Coordinación en Biodiversidad (RCB), expresó: “En la Red tenemos un logo que es parecido al atrapasueños. Cuando la Red cumplió 20 años Mauricio Álvarez nos escribió algo muy bonito: que el logo de la Red era una telaraña abierta para soñar y tejer, donde todo hilo es importante. Esas palabras se las quiero devolver hoy. Kioscos ha sido como un atrapasueños, ha construido hilos con la universidad, con las comunidades; tiene una posibilidad muy amplia de construir hilos. Lo esencial es el trabajo en las comunidades y de ahí construir conocimiento”.
Sonia Paez, lideresa indígena en Meleruk, Talamanca, agradeció a “los kioscos”: “Es por ellos que hoy nosotros podemos defendernos y no dejarnos que nos manejen. Esta lucha que hemos tenido nosotros desde 2004 hasta 2018 sigue pues podría venir otra amenaza a nosotros. Los kioscos están de la mano de nosotros”.
Dany Viyalobos, geógrafo e integrante de la Alianza de las Comunidades por la Defensa del Agua, manifestó: “El acompañamiento de Kioscos nos dio mucha fortaleza en la defensa de nuestro río y esperamos que Kioscos siga muchos años con gente de calidad trabajando en las comunidades”.
Leo Buitrago, líder indígena de Meleruk, Talamanca, recalcó: “Conocí a Kioscos como ‘los kioscos del TLC’, cuando las y los muchachos eran chiquillos, cuando los conocí, Llaguno, Geannina, Moiso, Henry, José Céspedes, Raque… Fue una lucha que comenzó con el TLC, la marina errante, la extracción de materiales. Sigamos en la lucha desarrollando la Costa Rica que queremos; no la que el Gobierno quiere, sino todos defendiendo nuestra casa común”.
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Hay quienes se han sentido amenazados por la acción social comprometida
Kioscos nació en una coyuntura en la que tuvo que posicionarse políticamente y no fue fácil porque se decía que la Universidad tenía que ser objetiva. Así habló sobre sus orígenes Maureen Rodríguez Cruz.
“En el 2007 era funcionaria de la Vicerrectoría de Acción Social de la UCR y también pertenecía al Movimiento de Cultura Frente al TLC, más como activista. En ese momento estaba Liliana Monge como compañera en la Vicerrectoría. Vimos que desde la universidad se había producido mucho material escrito, desde la parte más de investigación, artículos, incluso un libro desde el Instituto de Investigaciones Sociales. Pero esa información se estaba quedando en la universidad. Ya había muchas resoluciones de parte del Consejo Universitario y pronunciamientos sobre las implicaciones que iba a tener el TLC desde muchos ámbitos; pero la UCR no estaba diciendo nada hacia fuera. Vimos la necesidad que desde Acción Social se generara alguna información más comprensible, más clara, llana para la gente, para todos y todas, no con una jerga tan académica. Y empezamos a impulsar un proyecto”.
“En ese momento redacté un proyecto para la Rectoría y lo presentamos. En ese momento eran los Kioscos Informativos sobre el Referéndum y el TLC. Fue iniciativa de Liliana Monge y mía. Eran 11 millones de colones para tres meses; un aporte muy significativo. Nos apoyaron con recurso humano y la Vicerrectoría apoyó con horas asistente y además fue la primera experiencia que hubo con pasantías de horas de Trabajo Comunal Universitario. Cualquier estudiante que quería trabajar en este proyecto podía hacer hasta un máximo de 100 horas de su trabajo, que son 300 en total, con Kioscos del TLC. En tres meses abarcamos más de 100 comunidades y participaron todas las sedes y recintos de la Universidad y empezamos de lleno a dar información. Hubo un trabajo muy fuerte en la parte de producción de materiales”.
“Cuando termina Kioscos del TLC en 2007 el acercamiento que tuvimos con las diferentes comunidades nos permitió vincularnos con organizaciones y con grupos que estaban teniendo sus propias luchas a nivel regional o a nivel comunitario. Todo estaba atravesado por la misma lógica de lo que significaba el Tratado de Libre Comercio y la mayoría de estos conflictos eran a nivel socioambiental. El tema de la minería en Talamanca, el tema de la expansión piñera, la defensa del recurso hídrico, la defensa del mismo territorio por gente que estaba siendo sacada de sus lugares. Vimos que en diferentes partes del país se quería instalar el modelo de desarrollo neoliberal. Entonces con un equipo más grande trabajamos en una propuesta y buscamos apoyo con tiempos docentes, que se dieron en el 2008. Se empezó a trabajar como Kioscos Socioambientales”.
“Cuando surgen los Kioscos del TLC vivíamos en una coyuntura en la que la Universidad se tenía que posicionar. Había una situación a nivel nacional, que ameritaba el posicionamiento universitario, de la universidad que está llamada a la transformación social (…). Creo que seguimos en la misma ruta, en el mismo camino de trabajar críticamente, argumentando desde las diferentes áreas pero también trabajando desde el lado de las comunidades, que son las que finalmente van a vivir las repercusiones de las decisiones que se tomen”.
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Publican libro con reflexiones desde los territorios
El programa Kioscos Socioambientales también produjo el libro “Desde el territorio. Memorias, vivencias y reflexiones del Programa Kioscos Socioambientales”.
Mauricio Álvarez, coordinador del programa, comentó sobre el objetivo de este libro para la organización comunitaria.
“Es un ejemplo práctico para que la gente pueda organizarse, tome experiencias organizativas que han servido para defender bienes naturales, bienes públicos y bienes colectivos y que recorren un sinfín de temas, desde la defensa del bosque, cambio climático, a la defensa del agua, del territorio mismo, las luchas por la tierra, etc. Se ha hecho una selección de los principales artículos y otros ensayos inéditos del modelo energético, del modelo económico, de los monocultivos, etc, para dar un mapa que muestra los principales conflictos ambientales de los últimos 10 años”.
“La persona que reciba el libro va a recibir una experiencia de muchas otras comunidades que se han organizado, lo cual es importante en un momento en el que hay tanta desorganización social, donde prima el individualismo. En realidad el libro va a tener utilidad en tanto las comunidades organizadas puedan ver los ejemplos y motivarse, inspirar otras luchas que tengan las comunidades. Luchas sobran; tal vez lo que hace falta son comunidades que den el paso de organizarse y transformar su situación inmediata”.
“Tienen que llevarlo a Talamanca y que huela a humo, que los chiquitos coman encima y que ojalá le peguen un fideo. Ustedes en su lectura lo tienen que llevar a Los Almendros, a Guacimal, a Fincas, y cuando alguna comunidad esté en alguna urgencia lo verá y se inspirará”.
Los retos de Kioscos a futuro
Mauricio Álvarez añadió que, de aquí a futuro, “lo principal es romper nuestras propias fronteras”.
“Por ejemplo, hemos estado trabajando con problemática sociolaboral, que tiene que ver con monocultivos. Hemos estado tratando de vincular comunidades con organizaciones laborales; en este caso, sindicatos. También otras experiencias socioeducativas, innovadoras, al margen de nuestro trabajo organizativo. Hemos creado una Caravana [informativa sobre el combo fiscal], que ha sido más como trabajadores de la Universidad. Pero eso nos ha alimentado muchísimo el deseo de hacer otro tipo de intervención social; no solamente académica y con talleres, sino también otro tipo de actividades socioeducativas más lúdicas, que es algo que nos reta y nos da muchísima alegría, mucha satisfacción experimentar y que la gente empiece a generar sus propios conocimientos con el intercambio”.
“El otro gran reto natural va a ser sobrevivir dentro de la Universidad al ajuste fiscal que se pretende, que no es menor, que hay un ataque hacia lo público y hacia todo lo que suene a organizado y en defensa de lo público. Sin duda ese va a ser un gran reto para todas las expresiones que desde el Estado tratan de llevar la voz de los sectores más oprimidos. También va a ser un reto crear una defensa desde adentro y articular todo el oxígeno y las cosas que traemos desde las comunidades, y nutrirlo para nuestras luchas más particulares, en defensa de la educación pública, en defensa del presupuesto y en defensa de la intervención de la Universidad en temas más allá de lo que la gente considera académico. Hay que evitar que la Universidad se transforme en un enseñadero de garage donde la gente aprueba cursos y no hay otras interacciones; no hay contacto con la comunidad. Creo que ese es un reto que nos va a tomar por lo menos toda la siguiente década”.
Por Marylaura Acuña Alvarado y Mauricio Álvarez del Programa Kioscos Socio ambientales UCR
Desde el Programa Kioscos Socioambientales se ha venido trabajando mediante la acción social y la investigación en varias comunidades de la zona norte, explorando el mundo del trabajo asalariado. Es así como se ha trabajado con organizaciones comunitarias y sindicales como es el caso del Sindicato de Trabajadores del Sector Privado (SITRASEP) en Santa Fe de Los Chiles, seccional que durante el 2018 sostuvo un proceso constante de denuncia que culminó en una huelga que ocasionó pérdidas económicas para la empresa Exportaciones Norteñas. Si bien los acuerdos de la huelga fueron favorables para la organización que exigía respeto de garantías mínimas, estos puntos no han sido cumplidos por la empresa hasta la fecha.
De igual manera, esta huelga sentó un importante precedente, porque arrancando este año estallaron tres huelgas en otras plantaciones de la zona norte, conformadas por trabajadores y trabajadoras de la empresa Bella Vista S.A. en Los Chiles, B&Jiménez S.A. igualmente en dicho cantón y Valle del Tarso S.A. en Upala. Actualmente, la seccional de Sitrasep de Bella Vista continúa en huelga no solo ante las condiciones precarias de trabajo sino también como protesta a la persecución sindical que han recibido las personas afiliadas, quienes fueron despedidas injustamente, como condición para recibir su aguinaldo a finales del año pasado. Las otras dos huelgas culminaron con acuerdos satisfactorios para las y los trabajadores (Socialismo Hoy, 2019).
Los sindicatos, desde la organización, pretenden desafiar ese lado invisible de la agroindustria: las y los trabajadores encarnan una serie de condiciones de que les han conferido un lugar que es en sí mismo marginal y por lo tanto invisible en la estructura social; aún menos visible –prácticamente escondido– en el discurso del desarrollo que se construye a partir de mecanismos de exclusión. El sector trabajador de la agroindustria de piña encarna un cuerpo migrante, de tez generalmente oscura y empobrecido, sometido a la explotación como única forma de subsistencia, pero no por eso incapaz de generar procesos de resistencia.
Entre 1991 y 2014, la piña aumentó su productividad en un 91%, pasando de producir 29 toneladas de fruta por hectárea a 56 toneladas (Rodríguez, 2015). Este aumento no necesariamente tiene que ver con una mejora tecnológica (mecanización o automatización de la producción) como sí ha ocurrido en otros sectores de la economía; aunque sí puede estar relacionado con el mejoramiento de insumos (semillas, fertilizantes, herbicidas). Por ejemplo, para el caso de las empresas más grandes en la región norte, tiene también que ver con un alza en la intensidad del trabajo manual –que continúa siendo prioritario—, un aumento de horas en las jornadas laborales –aunque no en el promedio de trabajadores contratados–, pagadas mayoritariamente “por destajo” y una división del trabajo que permite una maximización productiva a partir de la explotación: por ejemplo la labor del “parcelero”, quien tiene a cargo entre 15 y 20 hectáreas de la finca, debe eliminar toda hierba que crezca, hacer desagües, limpiar caminos internos; en otras palabras, vigilar que en la tierra no crezca nada más que piña y esto lo hace en una jornada que se extiende hasta 12 horas y su pago es por hora trabajada.
En cuanto a los mecanismos contractuales, las empresas generalmente descentralizan estas funciones mediante la práctica de “subcontratación” como una forma de desplazar las responsabilidades obrero-patronales en diferentes sociedades anónimas. Esta práctica ha sido funcional para aprovechar mano de obra en condiciones migratorias irregulares e incluso, por las características de clandestinidad e irregularidad con las que se pone en práctica en muchos casos, resulta un mecanismo idóneo para el desarrollo de tráfico ilegal y trata de personas, aunque aún hoy un tema poco explorado y sumamente invisibilizado.
Un informe suministrado al Consejo Universitario de la UCR sobre infracciones detectadas en visitas del Ministerio de Trabajo a fincas piñeras señala que existen mayores porcentajes de infraccionalidad en cuanto a la protección personal (uso de vestimentas e insumos adecuados), acceso a servicios sanitarios según lo estipulado legalmente, pago de horas extras, hostigamiento sexual, salario mínimo, entre otros (Comisión Especial sobre las consecuencias socioambientales de la producción de piña, 2018).
La persecución sindical, el amedrentamiento de dirigencias, el uso de listas negras, el debilitamiento o blanqueamiento de sindicatos son algunas de las prácticas ampliamente utilizadas por las empresas como respuesta a la organización que busca desafiar las condiciones injustas de trabajo. También, son señales de que, en efecto, este sector es altamente dependiente del trabajo manual que estructuralmente precario y flexible para el crecimiento de su producción.
Y por eso, su ubicación no es casual en espacios en donde todavía operan formas de reproducción de la vida cotidiana que no necesariamente están mediadas por relaciones capitalistas, como por ejemplo el trabajo doméstico que hacen las mujeres, la producción de alimentos de subsistencia familiar, la gestión comunitaria de los bienes comunes: son estas prácticas las que permiten finalmente la reproducción de la fuerza laboral y de las cuales las empresas hacen uso para pagar tasas salariales inferiores que por sí solas no sostienen dicha reproducción.
El estudio de la relación capital-trabajo en la agroindustria de piña permite comprender que su expansión ha sido posible no solo porque el Estado ha generado una serie de mecanismos para mejorar su producción y exportación –dentro de los cuales su presencia selectiva es probablemente uno de los más importantes– sino también porque descansa sobre la subordinación y el despojo de las poblaciones vulnerabilizadas de la ruralidad, principalmente las campesinas y las migrantes.
Contexto
El modelo de agroindustria de cultivos no tradicionales de exportación en Costa Rica fue promovido desde la institucionalidad a través de una serie de incentivos políticos, económicos y fiscales, en detrimento de la producción de cultivos de subsistencia para el consumo nacional. La expansión acelerada y desregulada del monocultivo de piña se ha sostenido a partir de un proceso prolongado de invasión de áreas protegidas, acaparamiento de tierra, devastación del bosque, contaminación del agua, desplazamiento de poblaciones, destrucción de caminos y explotación laboral.
Costa Rica es el principal país exportador de piña de todo el mundo y esta posición no le ha costado poco: su crecimiento ha sido exponencialmente rápido, tanto así que para el 2014 estuvo cerca de igualar los ingresos de la histórica exportación de banano y café. Además, el número de empresas dedicadas a la producción de este cultivo es cada vez mayor, así como los destinos de exportación. En cuanto a su extensión, la cantidad de hectáreas sembradas se ha quintuplicado entre el 2000 y el 2016, pasando de 11 000 a 58 000 hectáreas (Obando, 2017). En 2017 la producción podría haber llegado a más de 66 000 hectáreas según registran las imágenes satélites del Laboratorio PRIAS del Centro Nacional de Alta Tecnología (CENAT) del CONARE (http://www.snitcr.go.cr/). Su producción está concentrada mayoritariamente en grandes empresas y es cultivada en las regiones del norte, el pacífico sur y el caribe norte
El Programa Kioscos Socioambientales para la Organización Comunitaria de la Universidad de Costa Rica trabaja desde el año 2009 en la Zona Norte. Una Investigación del Programa publicada por el Informe del Estado de la Nación(2016) evidenció la expansión descontrolada y sus impactos socioambientales en la Zona Norte, donde se encontró que entre 2004 y 2015 la extensión territorial de las plantaciones creció más de veintitrés veces a causa de tan solo 7 proyectos que solicitaron viabilidad ambiental de SETENA para el cultivo de 4.175 hectáreas.
El análisis de los expedientes de la SETENA y del trabajo de campo en cantones de esta región (Upala, Los Chiles y Guatuso), concluyó que: “i) algunas de las empresas que siembran y procesan piña no cuentan con licencias de viabilidad ambiental, ii) la Setena carece de mecanismos para dar seguimiento en el mediano y largo plazos a los proyectos que sí cuentan con esa autorización, y iii) los datos recopilados en los expedientes no permiten identificar los impactos que tienen estos cultivos sobre el territorio y la biodiversidad”.
Entre 2004 y 2015 se realizaron evaluaciones de impacto ambiental de 47 proyectos en la región Norte-Norte, de las cuales más de la mitad (29) corresponden a Los Chiles. Las evaluaciones indican que del total de proyectos, el 65,9% recibió la viabilidad ambiental, un 21,3% fue rechazado, un 10,6% sigue en estudio y para un 2,1% no se registró información.
Mapa 1. Este mapa contrasta datos de cultivo de piña del Centro Nacional de Alta Tecnología (Cenat) con los registros de la Secretaría Técnica Nacional (Setena).
La región norte concentra más del 50% de la producción y exportación de piña y esta ubicación no es casual, responde a una serie de características ambientales, sociales y económicas que han permitido la instalación de grandes empresas piñeras. Su histórica posición periférica respecto al desarrollo de otras regiones del país, su poca presencia institucional típica de una zona fronteriza, sus bajos índices de desarrollo humano, su sobreoferta de mano de obra poco calificada y su amplia extensión de tierras para el cultivo hicieron de este territorio un lugar idóneo para la expansión arrasadora de la agroindustria.
Precisamente, dichas características socio-territoriales han sido la bandera de los discursos hegemónicos que han justificado la expansión de monocultivos, alegando, de una forma cuasi mesiánica, que la piña vendría a sanar males como la pobreza, el desempleo y el subdesarrollo. Esto no es del todo una exageración, ya que el avance de la agroindustria sí ha tenido como corolario la asalarización de las poblaciones rurales. La otra cara de esta moneda es que el rol del sector campesino como principal productor de alimentos se ha visto amenazado por un proceso largo y sostenido de despojo: la separación de sus medios de existencia y su transformación en posibles mercancías se ha desarrollado de la mano de la entrada de estas poblaciones al trabajo asalariado agrícola, mayoritariamente en condiciones de explotación laboral, en detrimento de la agricultura familiar y de la seguridad alimentaria.
Los datos muestran que mientras para el año 2000 prevalecía el trabajo familiar no asalariado o por cuenta propia en las zonas rurales, para el año 2010 los porcentajes se ven invertidos, ya que un 65% de las y los trabajadores agrícolas laboran de forma asalariada (A. G. Rodríguez, 2016). Sin embargo, la producción de piña no es la única fuente de empleo en esta zona, ya que el sector de comercio y servicios ha tenido un crecimiento acelerado (Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2011).
Lo cierto es que mientras los representantes de la Cámara Nacional de Productores y Exportadores de Piña (CANAPEP) y altos jerarcas de instituciones gubernamentales se llenan la boca de discursos embellecedores sobre los beneficios de este monocultivo, las millonarias ganancias de su exportación no se ven reflejadas en la mejora de las condiciones de vida de las poblaciones en los cantones en donde esta fruta es producida. La realidad invisible es que en esta región la expansión piñera se ha comido al menos 3192 hectáreas de bosque según el Moccup (2017), está desapareciendo poco a poco el Refugio Nacional de Vida Silvestre Caño Negro, el Refugio Corredor Fronterizo Norte, el Refugio de Vida Silvestre Maquenque y Barra del Colorado, así como otros sitios de importancia ambiental y además, se sostiene a partir de la explotación de mano de obra en condiciones de vulnerabilidad.
Estos discursos son ampliamente debatidos, cada vez más frecuentemente y con mayor fervor, por organizaciones comunitarias y sindicales que levantan la voz ante las injusticias que viven cotidianamente en su entorno, es decir en los espacios en donde habitan, trabajan y en general se dedican a la producción y reproducción de la vida. En el caso concreto de las agrupaciones sindicales, son cada vez más numerosas sus demandas por condiciones laborales dignas. En la zona norte destaca Sitrasep, que cuenta con seccionales que en los últimos años se han dedicado a denunciar y protestar en contra de los incumplimientos de las empresas. Estos son los casos de las y los trabajadores organizados de Santa Fe (empresa Exportaciones Norteñas S.A.) y La Unión (empresa Empaques Bella Vista S.A.) en Los Chiles.
La rápida y agresiva expansión del monocultivo de piña ha ocurrido, en la mayoría de los casos, bajo condiciones de irregularidad ante una institucionalidad con presencia selectiva. Ha sido posible gracias a la aplicación de una serie de mecanismos de despojo, que hacen que la producción de esta fruta sea necesariamente destructora a nivel ambiental y laboralmente flexibilizada. Estas condiciones, típicas del modelo de agroindustria de cultivos de exportación en América Latina, son precisamente las que permiten generar una mayor acumulación de ganancias en manos de pocas empresas. En este sentido, lo que describimos es esencialmente un modelo extractivista que se cobija bajo un discurso de desarrollo sostenible.
Comisión Especial sobre las consecuencias socioambientales de la producción de piña. (2018). Informe final.
Instituto Nacional de Estadística y Censos. (2011). Encuesta Nacional de Hogares.
Obando, A. (2017). El Estado detrás de la piña: El conflicto socioambiental del monocultivo de piña los cantones de Upala, Guatuso y Los Chiles(2000-2015). (Tesis para optar por el grado de Licenciatura en Ciencias Políticas). Universidad de Costa Rica, Sede Rodrigo Facio.
Rodríguez, A. G. (2016). Transformaciones rurales y agricultura familiar en América Latina: una mirada a través de las encuestas de hogares. Recuperado de http://repositorio.cepal.org/handle/11362/40078
Las comunidades, organizaciones y personas preocupadas por el uso de agrotóxicos en áreas públicas tienen ahora dos importantes herramientas para luchar por espacios públicos libres de venenos.
Se trata de una certificación del Ministerio de Salud que confirma que en Costa Rica NO hay ningún herbicida registrado ante ese ministerio, por lo que estas sustancias NO pueden aplicarse en áreas públicas (caminos, aceras, plazas, jardines de casas o edificios, áreas de recreo, cementerios, lotes baldíos, etc.).
Producto de esa certificación y una denuncia ciudadana se emitió una Alerta Sanitaria por parte del Ministerio de Salud (Minsa) el pasado 23 de enero del 2019. Esta misiva fue emitida por la Dirección de Regulación de Productos de Interés Sanitario del Minsa: “Alerta a la población en general, sobre el uso inadecuado que las personas están dando a los plaguicidas de USO PROFESIONAL o de USO AGRÍCOLA ya que la utilización de ellos, para eliminar las plagas en hogares u oficinas, representan un alto riesgo para la salud de las personas, puede producir intoxicación e incluso la muerte, por el manejo especializado que requieren”(ver más).
Así mismo “recomienda a la población leer la etiqueta de los plaguicidas y solo utilizar aquellos que indiquen que son de USO DOMÉSTICO ya que los de uso profesional solamente pueden ser aplicados por personas y empresas autorizadas por este Ministerio”. Esto significa que las municipalidades, instituciones -públicas o privadas-, así como las personas que título personal utilicen estos productos de uso agrícola podrían ser denunciadas por la ciudadanía.
Las denuncias pueden interponerse ante el Ministerio de Salud a través de la Dirección de Atención al Cliente, o bien, en las Áreas Rectoras de Salud local disponibles en cada cantón. También pueden hacerse consultas sobre este tema al correo electrónico: dac.denuncias@misalud.go.cr
La Alerta Sanitaria recomienda “no adquirir plaguicidas de uso profesional y si lo están utilizando, deben descontinuar el uso para evitar riesgos a la salud”.
Estas acciones son parte de la campaña “Desintoxiquemos Costa Rica” que agrupa ecologistas, agricultores, indígenas, grupos de mujeres, académicos y comunitarios, que buscan contrarrestar el deshonroso primer lugar mundial que tiene nuestro país como consumidor de plaguicidas(Semanario Universidad, 3-6-2015).
La campaña arrancó en 2017 buscando que los municipios e instituciones públicas prohíban el uso de agrovenenos en áreas públicas que aparezcan en la lista de Plaguicidas Altamente Peligrosos (PAP, https://bit.ly/2Uu6Kqz).
Ante los improperios que se dejó decir el Alcalde de San Rafael de Heredia en una sesión del Concejo Municipal, aludiendo directamente a integrantes del colectivo CONCEVERDE de San Rafael de Heredia, el día de hoy 5 de febrero presentamos ante la Secretaría del Concejo nota de descargo dirigida a ustedes los regidores (as).
