Recibimos la siguiente información de Martín Chacón, habitante del Cantón Carrillo, quien tiene la preocupación por el tema hídrico en la provincia de Guanacaste, por lo que están tratando de llamar la atención para combatir esta amenaza contra el recurso y el hábitat.
En la actualidad Martín se encuentra trabajando para lograr un plan de aprovechamiento sostenible para los acuíferos del distrito de Sardinal. Con ello pretenden lograr mayor planificación territorial, regulaciones y limitaciones al crecimiento inmobiliario, recuperación de cuencas y poder alcanzar un plan regulador en las zonas de recarga de los acuíferos.
Chacón nos cuenta que en Pozo de Agua, cantón de Nicoya, tenemos la grave situación que muestra en las imágenes que nos envía y que compartimos con ustedes.
La Coordinación de Acción Social de la Universidad de Costa Rica Sede del Pacífico, le extiende la cordial invitación a la «II Mesa de diálogo: Abordaje integral de la cuenca baja del río Barranca» a celebrarse el miércoles 27 de febrero a las 9 a.m. en el aula 3A en las instalaciones de El Cocal, Puntarenas. La actividad tiene como propósito: Crear una estrategia de intervención integral en las comunidades de Barranca, que permita incidir en los objetivos de desarrollo sostenible. En una primera fase se contemplan las comunidades de Juanito Mora, Manuel Mora, Los Almendros y El Progreso. Para más detalles se adjunta la invitación y la respectiva agenda.
Para confirmar la asistencia (a más tardar el martes 26 de febrero a las 12:00 md), escriba al correo: MARIAJOSE.QUESADA@ucr.ac.cr o bien al correo de la docente stefanny.foresterdelgado@ucr.ac.cr o al teléfono 2511-7409 de la Oficina de la Coordinación de Acción Social.
Enviado por M.A. María José Quesada Chaves, Coordinadora Acción Social, UCR / Sede del Pacífico.
Violenta el derecho a un ambiente sano y equilibrado
(Bloque Verde, 18-2-2019) Mediante un informe ante la Sala Constitucional ha señalado el Ministerio de Ambiente y Energía que el Decreto Ejecutivo 39995 sobre registro de plaguicidas violenta el principio precautorio al exponer a la población y al ambiente a plaguicidas que carecen de estudios ecotoxitológicos.
La normativa cuestionada se trata del “Reglamento para la actualización de la información de los expedientes de registro de ingrediente activo grado técnico y plaguicidas formulados” cuestionado por las organizaciones ambientales en la acción de inconstitucional 18-019039-0007-CO. Dicho expediente alberga el argumento que dicho decreto carece de sustento técnico y que es totalmente irresponsable autorizar el registro e ingreso de plaguicidas sin que estos pasen por evaluaciones de carácter sanitario y ambiental.
El Decreto 39995 redactado para favorecer los intereses comerciales de las empresas fabricantes de plaguicidas es una afrenta a lo estipulado en el artículo 50 de la Constitución Política, el cual defiende el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.
En el informe rendido por el MINAE solicita la suspensión inmediata del decreto en cuestión mientras se resuelve la acción de inconstitucional. Dicha petición de sustenta en el principio precautorio para evitar daños graves e irreversibles.
Con hojas de plantas y árboles, niños y niñas aprendieron a decorar papel y sobres. Foto: Daniela Muñoz.
Niñas y niños de la Escuela Saturnino Cedeño, ubicada en Puerto Jiménez de Golfito disfrutaron y aprendieron junto a docentes y estudiantes de la Universidad de Costa Rica (UCR) durante la primera edición del Festival Cultural Puerto Jiménez, que llegó hasta las aulas.
El evento, organizado por el proyecto Centro de Promoción Cultural del Pacífico Sur (TC-589) con el apoyo de la Escuela Folclórica Golfo Dulce, incluyó talleres de reciclaje, manejo de desechos sólidos, origami, danza, teatro, juegos tradicionales, deportes, actividades para el desarrollo de la creatividad, juegos para el aprendizaje de inglés, lugares culturales históricos, medio ambiente y animales, y estimulación musical temprana.
De acuerdo con Ana Patricia Rojas, coordinadora del proyecto, se planificaron diversas actividades lúdicas y divertidas, pero todas orientadas a que niños y niñas adquieran nuevas habilidades o refuercen conocimientos.
El festival se planificó para realizarse en el parque de la comunidad pero para aumentar el impacto, se decidió trasladar las actividades a las aulas de la escuela y así alcanzar a los cerca de 300 estudiantes que alberga.
Yaritza Villalobos, líder comunitaria y gestora de la Escuela Folclórica Golfo Dulce, comentó que ella comenzó a trabajar en temas culturales y de inclusión porque en la comunidad hay pocos espacios para la cultura. Según cuenta, la alianza con la Universidad comenzó con un festival de folclor y ha continuado con actividades conjuntas.
La primera edición del Festival Cultural Puerto Jiménez se llevó a cabo los días 7 y 8 de febrero. Foto: Daniela Muñoz.
Así fue cómo surgió la la inquietud de llevar las actividades y capacitaciones que usualmente se realizan en el Recinto de Golfito a Puerto Jiménez, para tener mayor impacto en la comunidad. “Para mí es importante fomentar la visibilidad de la universidad para que la gente sepa que existe esa posibilidad, al tiempo que le damos la oportunidad a niñas y niños de acceder a actividades muy diversas”, dijo.
Guido David Salas, profesor de tercer y sexto graduado en la Escuela comentó que la llegada del Festival fue una grata sorpresa y que el resultado fue muy provechoso para sus estudiantes. “Las caritas de ellos lo dicen todo, ¿no vio la felicidad que tenían?, es que implementan técnicas nuevas y divertidas, cosas que a veces uno no implementa porque pasa muy saturado de trabajo”, acotó.
Ana Patricia Rojas comentó que esta primera experiencia fue muy satisfactoria y que el proyecto continuará trabajando de la mano con organizaciones locales para promover la cultura y el aprendizaje lúdico en la región.
Información generada desde la Vicerrectoría de Acción Social de la UCR.
Turrialba| El pasado sábado 16 de febrero se realizó en Bonilla Arriba una reunión con la empresa constructora H. Solís, quien pretende construir una hidroeléctrica en el río Bonilla.
En esta ocasión, a pesar de que no toda la comunidad fue invitada, un grupo de aproximadamente 80 personas se hizo presente a la actividad para conocer más detalles de dicho proyecto extractivo y expresar su sentir.
Quedó visibilizado que en su mayoría, las familias de la comunidad se oponen rotundamente a la puesta en marcha de este proyecto, que catalogan como un daño invaluable al río, especies de flora y fauna así como a su identidad.
Comunidades, organizaciones y gremios profesionales enriquecen la propuesta de la UCR en materia ambiental
Las iniciativas sobre desarrollo ambiental sostenible de la Vicerrectoría de Acción Social promueven capacidades comunitarias para generar cambios desde los mismos habitantes, con el acompañamiento cercano del personal y estudiantes destacados en las decenas de proyectos en ejecución.
Aprender a convivir y aprovechar responsablemente los recursos de la naturaleza sí es posible. Y la Universidad de Costa Rica (UCR) con variados programas, proyectos e iniciativas abren espacios universitarios para que la ciudadanía aprenda a aprovechar los recursos de forma sostenible.
Para acompañar a las comunidades, a las organizaciones populares y gremios de especialistas en sus metas ambientales, la Vicerrectoría de Acción Social (VAS) destina cada año parte de sus recursos financieros, humanos y logísticos en iniciativas que van desde proyectos de Trabajo Comunal Universitario, hasta actividades lúdico-pedagógicas y de formación accesibles para toda la población.
Con una inversión que superó los ₡220 millones en el año 2018, la VAS tiene en vigencia un total de 117 proyectos que cubren todas las regiones, que implican horas docentes y estudiantiles en investigación y acompañamiento comunitario.
En la salvaguarda de la conservación y recuperación ambiental, los recursos siempre son insuficientes, por ello las personas involucradas aportan además de su tiempo personal para trabajar mano a mano con las comunidades.
Los esfuerzos se dirigen en varios sentidos. Uno de ellos es la capacitación de profesionales de diversas carreras de las áreas de las ingenierías, las ciencias biológicas y geológicas, así como las sociales. Otro en capacitación de liderazgos comunales, además de reforzar el currículo escolar en centros educativos de primaria y secundaria.
De la mano con las comunidades
La VAS concibe su trabajo como un intercambio de saberes, en el que tanto los gestores comunitarios y el personal universitario diseñan las estrategias, acordes a las necesidades detectadas en ese proceso.
El magíster Freddy Arias Mora, coordinador del proyecto “Prevención de intoxicaciones en comunidades costarricenses” (TC-661), apuntó que gracias a una de las iniciativas se impulsó la formación de un grupo de mujeres emprendedoras que desarrollaron una harina a base yuca, como alternativa a las plantaciones extensivas de banano y piña que circundan la comunidad de La Primavera.
En ese sentido, el desarrollo de capacidades comunitarias en la gestión de los riesgos y la conservación ambientales caracterizan otros proyectos que vinculan distintos centros e institutos de investigación, así como escuelas de todas las áreas del conocimiento.
El mariposario de la Reserva Ecológica Leonelo Oviedo ha transferido conocimientos mujeres rurales para iniciar sus emprendimientos para mejorar la calidad de vida de sus familias con proyectos ambientalmente sostenibles.
Otro ejemplo de los impactos que se logran es el Centro de Acción Social e Investigación en Mariposas (ED-2759), un espacio para la educación ambiental y la actualización de profesionales y personas emprendedoras interesadas en la reproducción de mariposas e insectos asociados a los ecosistemas nacionales.
El magister Luis Ricardo Murillo Hiller, coordinador del proyecto ED-2759, desde esa instancia no solo “se realizan actividades educativas, sino que también se apoyan a mujeres emprendedoras de muy escasos recursos en zonas rurales. Más de 20 mil personas en Guácimo, Guápiles, Siquirres, Guácima, Montes de Oca, Desamparados, entre otros cantones, han sido parte de estos procesos de acompañamiento comunitario. En total, “más de 1500 familias viven directa e indirectamente de la comercialización de mariposas, pues se genera conocimiento vital para sus operaciones”.
En esa misma línea de acción, los proyectos “Turismo en Ditsö Ka: cambio social y perspectivas de sostenibilidad” (ED-3392) e “Ingeniería de Biosistemas en el desarrollo de proyectos ecoturísticos en la zona indígena de Bribrí, Talamanca: caso Shuabb” (ED-3398) brindan acompañamientos a pobladores de esos territorios para impulsar actividades productivas sostenibles ambiental y financieramente.
A resguardar la calidad de vida
Gran parte del trabajo que se hace desde proyectos de vinculación universidad-sociedad están relacionados con la conservación y defensa de los mantos acuíferos.
Desde el año 2010, la Maestría en Hidrogeología y Manejo de Recursos Hídricos coordina el proyecto “Gestión y entendimiento del flujo de las aguas subterráneas” (ED-2799). Desde entonces, “se ha fortalecido el rol preponderante de la UCR en la capacitación y actualización de los profesionales sobre los recursos naturales, especialmente para concientizar sobre la necesidad de utilizarlos sosteniblemente”, dijo la magíster Ingrid Vargas Azofeifa, coordinadora del mismo.
Con charlas, talleres, sesiones formativas y docentes, personas de instituciones vinculadas con el sector hídrico y comunidades han intercambiado saberes alrededor del ED-2799. “Este proyecto nos ha brindado retroalimentación del quehacer universitario hacia la sociedad, lo cual es clave para fortalecer las líneas de acción en torno a la búsqueda de soluciones a la contaminación ambiental”, agregó Vargas.
Otros, estimulan a poblaciones juveniles en la atención de los residuos sólidos, que son unos de los principales factores de contaminación en ríos costarricenses. El proyecto de Trabajo Comunal Universitario denominado “Apoyo a la gestión ambiental local” (TC-71) apoya a municipalidades en Limón, San José y Alajuela con actividades educativas para que los jóvenes se conviertan en agentes de cambio en sus entornos inmediatos.
“Tenemos como universidad, la responsabilidad de revisar constantemente hacia dónde vamos, el modelo de universidad que tenemos y aspiramos a que la UCR continúe formando profesionales solidarios, generando conocimiento y ampliando del acervo cultural para el bienestar de un país. La naturaleza pública de la Universidad de Costa Rica nos obliga a construir permanentemente una relación dialógica con una sociedad compleja, plural, desigual y contradictoria”, dijo la magíster Marjorie Jiménez Castro, Vicerrectora de Acción Social.
Las instalaciones de la mina de plata localizada en medio del municipio rural de San Rafael Las Flores, en Guatemala, están cerradas desde 2017, como resultado de la lucha de los pobladores de la zona contra esa actividad, que no les había sido consultada debidamente, como avaló el tribunal constitucional del país. Crédito: Edgardo Ayala/IPS.
SAN SALVADOR, 14 feb 2019 (IPS) – Como un pulpo que lo abarca todo, la minería metálica ha ido extendiendo sus tentáculos por América Central y golpeando la agricultura y los ecosistemas del área, de acuerdo a pobladores afectados, activistas y un nuevo informe sobre el problema.
“Donde está la empresa minera eran terrenos que arrendaban los campesinos para sembrar maíz y frijol, la base fundamental de nuestra agricultura, pero con la llegada de la compañía no hay tierras donde cultivar”, explicó Lesbia Villagrán, residente en el municipio de San Rafael Las Flores, en el este de Guatemala.
En esa localidad rural con algo más de 9.000 habitantes se instaló en 2007 la Minera San Rafael, subsidiaria de la compañía canadiense Tahoe Resources, y desde entonces los residentes en diferentes asentamientos esparcidos por ese municipio y otros vecinos se organizaron para detener sus operaciones.
La lucha de los pobladores contra el yacimiento de plata El Escobal obedeció a que consideran que sus actividades afectan sus medios de vida, como la agricultura, el agua y la biodiversidad de la zona.
“El agua, aparte del uso cotidiano, es vital para la agricultura, y es afectada por la presencia de minerales metálicos, como cianuro, todo eso va a alterar la producción de alimentos”: Julio González.
“Cuando yo estaba pequeña, mi papá arrendaba cuatro o seis manzanas (algo más de cuatro hectáreas) de tierra y para nosotros era alegría trabajar en la cosecha, abundante, pero cuando los dueños de esos terrenos los vendieron a la empresa, mi papá ya no pudo cosechar nuestros granos básico”, agregó Villagrán, de 28 años, en entrevista con IPS desde San Rafael.
El yacimiento cambió de dueño en enero, y ahora la empresa se llama Minera San Rafael El Escobal, subsidiaria de la también canadiense Pan American Silver, que según su portal de Internet es el segundo productor mundial de plata. Es propietaria y opera seis minas en México, Perú, Argentina, Bolivia y ahora en Guatemala.
“La situación agrícola es complicada debido a las operaciones de la empresa”, señaló Alex Reynoso, un caficultor de un municipio vecino a San Rafael.
De acuerdo a Reynoso, los mercados del país no quieren los productos cosechados cerca al yacimiento, porque temen que estén contaminados con los metales pesados utilizados en el proceso de extracción.
“Los mercados más importantes del país evitan comprar nuestros productos, así de sencillo”, subrayó a IPS desde su localidad.
IPS intentó obtener comentarios tanto de Tahoe Resources como de Pan American Silver, sobre las críticas de los residentes en San Rafael Las Flores en contra del yacimiento, sin lograr respuesta hasta el momento de publicar este reportaje.
Las operaciones de la mina se mantienen suspendidas desde julio 2017, debido a una resolución de la Corte de Constitucionalidad de Guatemala, que asumió el alegato de organizaciones de pobladores de la zona, pertenecientes al pueblo amerindio xinca, de que no fueron consultados sobre el proyecto.
El alto tribunal ratificó la medida de paralización en septiembre de 2018.
Organizaciones ambientalistas de América Central presentaron en San Salvador el estudio “Estrategias para la defensa del medio ambiente y derechos humanos, ante los impactos del extractivismo minero en Centroamérica”. En el documento se revela la extensión del sector y cómo ello afecta la agricultura y las formas de vida de los centroamericanos. Crédito: Cortesía de Asociación para el Desarrollo de El Salvador.
Este caso en Guatemala es un ejemplo de las tensiones que provoca en América Central la extracción de metales, una actividad que ha estado presente en el área, aunque en forma rudimentaria, desde los tiempos de la colonia española, en el siglo XVI.
Pero ha sido en las últimas décadas que ha mostrado una amplia expansión con la llegada de consorcios internacionales dedicados al sector.
El arribo de compañías extranjeras ha generado un conflicto social a partir de la oposición de residentes de los poblados donde se asientan las actividades mineras, especialmente en Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua.
Por medio de las licencias ganadas, los consorcios han ido acaparando tierras de tradición agrícola o forestal, así como a los recursos hídricos vitales para la vida en las comunidades, sobre todo indígenas, poniendo en riesgo su seguridad alimentaria.
El estudio “Estrategias para la defensa del medio ambiente y derechos humanos ante los impactos del extractivismo minero en Centroamérica”, hecho público el 11 de febrero en San Salvador, da cuenta de esa expansión y sus impactos.
En Honduras, hasta enero de 2017 se habían otorgado 172 concesiones de minería metálica, que en una extensión total de 7.275 kilómetros cuadrados, equivalentes a 6,47 del territorio del país.
En Guatemala, hasta la misma fecha, se habían otorgado 55 concesiones, con una superficie de 4.143 kilómetros cuadrados, un 3,81 por ciento de la superficie nacional.
Nicaragua, para mayo de 2017 había otorgado concesiones para 146 operaciones extractivistas, y aún procesa 20 solicitudes más. En conjunto, incluyendo las solicitudes pendientes, engloban 11.143 kilómetros cuadrados, es decir, 8,55 por ciento de su superficie total.
El Salvador hizo historia a nivel internacional, al ser el primer país en el mundo en prohibir de tajo toda forma de minería, en marzo del 2017.
Pero hasta 2006 se registraban 31 concesiones metálicas, que cubrían un área de 1.088 kilómetros cuadrados, 5,17 por ciento de su territorio.
América Central es una región de grandes carencias sociales, con una población de 48 millones de habitantes y una extensión de 524.000 kilómetros cuadrados, y de la que forman parte también Costa Rica y Panamá.
Es además, una de las regiones más vulnerables a los impactos del cambio climático, con pérdidas anuales en cosechas, ya sea por exceso de agua, en el periodo de lluvias, o por sequías, en el seco.
Siguiendo el ejemplo salvadoreño, “hay casos de movimientos que están solicitando territorios libres de minería” en países vecinos, explicó a IPS la investigadora nicaragüense Angélica Alfaro, una de las responsables del nuevo estudio.
“Pero la realidad es que en países como Honduras, Guatemala y Nicaragua se han creado leyes orientadas directamente a promover al sector minero”, dijo Alfaro, que trabajó en el documento en su calidad de consultora de la Asociación para el Desarrollo de El Salvador.
El sector minero pone en riesgo la seguridad alimentaria del istmo porque impacta directamente la agricultura, pues afecta varias cuencas, aseguró a IPS el activista Julio González, del colectivo guatemalteco Madre Selva.
Por ejemplo la mina Cerro Blanco, localizada en el municipio guatemalteco de Asunción Mita, limítrofe con el occidente salvadoreño, es parte de la cuenca Ostua- Güija-Lempa.
La contaminación producida por el yacimiento pasa al lago Guija, en El Salvador, y de ahí al río Lempa, que serpentea por este país y cuya agua es aprovechada para el riego y para el consumo humano, luego de ser purificada.
“El agua, aparte del uso cotidiano, es vital para la agricultura, y es afectada por la presencia de minerales metálicos, como cianuro, todo eso va a alterar la producción de alimentos”, destacó González, quien participó en la presentación del estudio en San Salvador.
Agregó que las tierras usadas por el sector no son precisamente las enormes extensiones propiedad de terratenientes, sino las zonas usadas para la agricultura de subsistencia, sobre todo en territorios indígenas, expulsados históricamente de sus tierras y asentados en zonas boscosas.
“Pero esa es la agricultura que sostiene la seguridad alimentaria”, subrayó.
El informe “Impactos de la minería metálica en Centroamérica”, publicado en 2011, advertía ya que “el acceso al espacio geográfico con el que cuenta la minería es el doble que el dedicado a la producción de granos básicos, es decir, por cada kilómetro cuadrado que se encuentra cultivado con granos básicos en Centroamérica existen dos kilómetros cuadrados sobre los cuales la industria minera ejerce control”.
El tratamiento de las aguas usadas es un reto que el país aún no logra resolver. Ingenieros de la UCR trabajan en adaptar el sistema de humedal artificial a nuestras condiciones climáticas
En Costa Rica, hay nueve ríos catalogados con contaminación severa, los cuales reciben gran parte de las aguas residuales del Gran Área Metropolitana (GAM). Entre ellos están el Virilla, el Tiribí y el Reventado. Foto: Laura Rodríguez Rodríguez.
Los humedales albergan un ecosistema único donde el medio acuático y el terrestre se funden para dar refugio a un sinfín de especies. Para simular este ecosistema natural, desde hace décadas nació en Estados Unidos la idea de los humedales artificiales (constructed wetlands, en inglés) con el fin de depurar aguas sucias provenientes de industrias o residencias.
Ingenieros agrícolas y en biosistemas de la Universidad de Costa Rica (UCR) trabajan ahora en adaptar este mecanismo a las condiciones de nuestro país y en implementarlo para tratar aguas residuales y agroindustriales.
Los humedales artificiales son sistemas de ingeniería que aprovechan recursos de la naturaleza para limpiar residuos del agua. Básicamente, consisten en un terreno sobre el cual se coloca un material impermeable para evitar que el líquido se filtre en el subsuelo. Sobre esta herramienta se pone una mezcla de sustrato formada por arena, grava, piedra y otros componentes. Finalmente, se utilizan plantas acuáticas que flotan sobre el agua.
Tanto el sustrato como dicha flora absorben las partículas contaminantes, que utilizan como nutrientes. De esta forma, el agua sale más limpia para reusarse en alguna actividad –riego, por ejemplo– o para integrarla a un cuerpo de agua. El tamaño del humedal dependerá de la cantidad de casas o industrias a las que servirá. Asimismo, las plantas y el sustrato se adaptan según los materiales de suciedad que el líquido posea.
El humedal depura el agua mediante dos mecanismos. Primero, el sustrato es el elemento físico que funciona como filtro donde la materia orgánica y los sólidos quedan retenidos. Segundo, el agua pasa al proceso biológico en el que los microorganismos absorben los nutrientes del líquido, los cuales en altas concentraciones contaminan.
En caso de que la cantidad de partículas contaminantes en el agua sea muy alta, se necesitaría un primer tratamiento para remover los sólidos antes de pasar al humedal.
Esta tecnología está bien desarrollada en Estados Unidos y en Europa, explicó Ronald Aguilar Álvarez, profesor e investigador de Ingeniería de Biosistemas de la UCR. Sin embargo, en esos países ha dado buenos resultados solo durante el verano, pues los microorganismos que degradan los nutrientes trabajan mejor a mayor temperatura. Por tanto, en invierno su eficiencia disminuye.
Aguilar considera que el sistema podría funcionar mejor en países del trópico como Costa Rica, ya que la temperatura promedio es mayor durante todo el año.
“La limitante que tenemos al venir a los trópicos es que los parámetros de diseño no están adecuados a estas condiciones”, admitió el ingeniero, quien realizó su doctorado en el tema en la Universidad Estatal de Michigan.
Actualmente, el equipo de investigadores está tratando de identificar alguna planta ornamental de gran crecimiento y absorción que se adapte mejor al humedal. Algunas de las que han probado son el papiro, el platanillo y el vetiver.
“Se trata de determinar factores de diseño que respondan a las condiciones tropicales de Costa Rica. Y no es solo para humedales, con invernaderos va a ser lo mismo, porque toda la tecnología ha sido desarrollada en países templados”, explicó el investigador.
El grupo de investigación tiene dos humedales prototipo en la Estación Experimental Fabio Baudrit Moreno de la UCR, ubicada en Alajuela, para el tratamiento de aguas con desechos de comida y desechos agroindustriales, como gallinaza.
Entre las ventajas de este sistema –con respecto a procesos de tratamiento convencionales– están su bajo costo de construcción y operación. Además, las plantas generan un lugar agradable y atraen variedad de fauna. No obstante, sí se ocupa un espacio grande; por eso, se adaptaría mejor en zonas rurales.
Los investigadores de la UCR se encuentran en conversaciones con el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) para implementar esta alternativa en alguna zona rural del país.
Según el académico, la nueva tendencia de la Ingeniería en Biosistemas es que “cualquier residuo orgánico sea considerado un recurso”. Por esto, lo ideal es que el sistema propuesto recupere el agua ya limpia para reutilizarla en otras actividades y generar un ciclo que reduzca el consumo de este bien.
Problemática sin resolver
A pesar de los esfuerzos del AyA y de otras instituciones como las municipalidades, el manejo de las aguas residuales es aún una tarea pendiente en un país que vende al mundo una imagen amigable con el ambiente.
Por muchos años, este fue un tema desatendido, pues los esfuerzos se concentraron en los acueductos y en aumentar el acceso al agua potable.
Por esta razón, proliferaron los sistemas de tanques sépticos en cada casa y aparecieron pequeñas plantas de tratamiento en condominios y urbanizaciones. Sin embargo, estos avances no lograron remediar el problema de forma integral, pues muchas de las aguas residuales siguieron y continúan llegando a nuestros ríos.
La planta Los Tajos, en La Uruca, trata entre 480 y 500 litros de aguas residuales por segundo. La expectativa es que entre el 2020 y 2022 el caudal aumente hasta llegar a los 2 800 litros por segundo, la capacidad total de la planta. Foto cortesía de AyA.
De acuerdo con el Estado de la Nación, para el 2017 la cobertura de alcantarillado sanitario con tratamiento llegaba apenas al 14,4 %, aunque esta cifra aumentó con respecto a años anteriores.
El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) identificó en el 2015 cuatro instituciones que brindaban el servicio de tratamiento de aguas residuales: AyA, algunas municipalidades, la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH) y las asociaciones administradoras de los sistemas de acueductos y alcantarillados, conocidas como Asadas.
Todas esas entidades, en conjunto, dirigen 40 sistemas de tratamiento, que se suman a las 912 plantas de tratamiento en condominios y urbanizaciones privadas del país, según el INEC.
“Hemos abusado de los sistemas individuales”, asegura Paola Vidal, coordinadora del Laboratorio de Ingeniería Ambiental de la Escuela de Ingeniería Civil de la UCR. Esto ha generado que nuestro país tenga un “rezago importantísimo” en sistemas colectivos de tratamiento.
Solo en años recientes, organismos como el AyA han tomado “medidas apagafuegos”, según Vidal, pues no hay una “visión país” en este tema.
En el 2015, esa institución inauguró la planta de tratamiento de Los Tajos, en La Uruca, que recibe aguas sucias del área metropolitana de San José. Sin embargo, tal sistema realiza solo un tratamiento primario de remoción de sólidos y grasas, y envía el agua en mejores condiciones a los ríos.
A pesar de que en el 2016 se publicó la Política Nacional de Saneamiento en Aguas Residuales, que agrupa una serie de lineamientos de política pública sobre el tema, a criterio de la académica hace falta procesar esa contaminación de manera más integral.
Los sistemas de tratamiento más modernos que se aplican en otros países contemplan una limpieza con control microbiológico. Además, el agua resultante se puede reintegrar al ciclo para ser usada en riego, servicios sanitarios y otras actividades.
La ingeniera Vidal enfatiza que existen “carencias importantes en la gestión del recurso hídrico” en el país. Por lo pronto, recomienda mejorar los controles y aprovechar nuevas tecnologías.
Esta semana vuelvan las entregas de Canastas Agroecológicas de hortalizas y hojas verdes frescas, sanas, libres de agroquímicos, producidas en las huertas en Boquerón de Cartago, por la Asociación de Productores Orgánicos Las Brumas.
Esta semana se ofrece: papas, 4 tipos de lechugas, berros, apio, culantro, acelga, zanahorias, remolachas, cebollas, kaley perejil.
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Imagen ilustrativa tomada de http://www.vocesnuestras.org
La Asamblea Legislativa decidiría si archiva o sigue discutiendo el proyecto de «Ley para la restricción de la liberación al ambiente de organismos vivos modificados», expediente 19.477, y algunos diputados y diputadas quieren archivarlo «para enviar una señal al sector ambientalista».
Se necesitan 38 votos para que esa discusión siga abierta, y que todas las fracciones tengan la oportunidad de conocer el tema y discutirlo. Archivar el proyecto sería efectivamente una señal: una señal de irresponsabilidad y cobardía, de que los «padres y madres» de la Patria quieren ahorrarse el trabajo que les corresponde.
Llamamos a asistir hoy a las barras de público en la Asamblea Legislativa, y a seguir con atención esa votación que dejará claro quiénes tienen un compromiso con el ambiente y la salud y quiénes están utilizando su diputación para proteger otros intereses.
