El estudio demostró que mantener en óptimas condiciones las colmenas es una medida preventiva fundamental para evitar la presencia del escarabajo de la colmena (Aethina tumida). Fotos Emanuel Miranda.
Laura Ortiz C/ UNA COMUNICA
En un esfuerzo por comprender mejor la dinámica poblacional del escarabajo de la colmena (Aethina tumida) en colmenas de abejas africanizadas, Emanuel Miranda Cubero, realizó su trabajo final de graduación de la Maestría en Apicultura Tropical, centrado en la interacción entre estos insectos y su entorno.
En primer lugar, se observó que la presencia de escarabajos adultos no mostró una variación significativa en las colmenas estudiadas. Este patrón sugiere, de acuerdo con el investigador, una dinámica poblacional influenciada por factores estacionales y la disponibilidad de recursos. Sin embargo, se destacó la importancia de monitorear continuamente la presencia de estos insectos para comprender mejor su comportamiento y tomar medidas preventivas cuando sea necesario.
Miranda pudo confirmar la reproducción de este escarabajo dentro de las colmenas. “La observación de estadios larvales enfatiza la urgencia de implementar medidas de control efectivas para prevenir daños significativos a las colonias de abejas. Este aspecto del estudio subraya la importancia de mantener una vigilancia constante sobre la salud y condiciones de las colmenas”.
Si bien no se encontró correlación directa entre la presencia de este escarabajo y la salud de las colmenas, se identificó que aquellas en mal estado parecían más propensas a la infestación. “Esto enfatiza la necesidad de mantener en óptimas condiciones las colmenas como una medida preventiva fundamental”, dijo Miranda.
Además, el estudio reveló que factores climáticos, como la temperatura y la humedad, pueden influir en la densidad de escarabajos adultos en las colmenas. Esta información resalta la importancia de considerar los aspectos ambientales en la gestión de las colmenas y en las estrategias de control de plagas.
Miranda recomendó mejorar la gestión de las colmenas, lo cual incluye establecer programas de monitoreo continuo, mantener estrictos controles de salud en ellas, investigar y aplicar métodos de control efectivos, y considerar los factores climáticos en su gestión.
Asimismo, destaca la importancia de capacitar a los apicultores sobre las mejores prácticas de manejo y control de plagas, así como promover la colaboración entre los diversos actores involucrados en la apicultura para abordar este desafío de manera integral.
Esta investigación forma parte de los trabajos finales de graduación de los estudiantes de la IX promoción de la Maestría en Apicultura Tropical. Si desea cursar este posgrado y cuenta con grado de bachillerato o licenciatura universitario en ciencias agropecuarias, forestales, biológicas, ciencias veterinarias o afines, las inscripciones estarán abiertas hasta el 10 de abril. Puede buscar más información en www.cinat.una.ac.cr
PATRULLAJE documental sigue a tres miembros de una comunidad indígena y afrodescendiente en la primera línea del conflicto ambiental que amenaza a los bosques tropicales en Nicaragua. El pueblo indígena Rama, en alianza con la comunidad afrodescendiente Kriol, lucha por detener a los ganaderos ilegales que invaden la Reserva Biológica Indio Maíz, con la complicidad del gobierno, para establecer nuevas áreas de pastoreo a costa de la destrucción del bosque.
Armando John, un joven calmo y valiente, Margarito, un filosófico padre de seis hijos, y Rupert Allen Clair Duncan, un líder territorial, forman parte de un equipo de guardabosques al que se une Christopher Jordan, un conservacionista estadounidense, con el fin de salvar la Reserva Biológica Indio Maíz.
Christopher llegó a la Reserva Indio Maíz para estudiar cómo interactúan las culturas locales con la vida silvestre y se enamoró rápidamente de la generosidad de los pueblos Rama y Kriol y de la increíble belleza de su naturaleza.
Entrelazada en la narrativa está la historia de Carmen y Chacalín, ganaderos ilegales que se han adentrado profundamente en el bosque, deforestando grandes parcelas de tierra para introducir ganado y ayudando a otras familias a invadir la reserva. Durante una expedición para enfrentar a los ganaderos ilegales, los guardabosques descubren una granja de ganado en la zona núcleo de su territorio. Un ganadero desconocido pero adinerado ha deforestado 400 acres e introducido 80 toretes, todos enchapados y fierros con el propósito de “legalizar” su ganado en los mercados internacionales.
Con la participación de periodistas nicaragüenses encubiertos, los Rama y Kriol descubren la identidad del ganadero y lanzan una campaña coordinada para expulsarlo de su territorio, en el que se encuentra ilegalmente.
Antecedentes
El pueblo Rama es uno de los tres principales grupos indígenas nativos de la costa este de Nicaragua, con alrededor de 2,800 hombres, mujeres y niños que tienen su asentamiento principal en la pequeña isla de Rama Cay, mientras el resto de su población está disperso en el tierra firme, entre Bluefields y Greytown, constituyéndose en uno de los grupos indígenas más pequeños en el mundo.
Los Kriol son un grupo afrodescendiente de aproximadamente 43,000 personas que viven principalmente en el área de Bluefields y a lo largo de la costa, que comparte características culturales similares con los Rama.
Los Rama y Kriol comparten un título comunal sobre el Territorio Rama y Kriol, que abarca más del 80% de la Reserva Biológica Indio Maíz y está bajo la administración del Gobierno Territorial Rama y Kriol.
Para hacer frente a las crecientes amenazas a su territorio por parte de ganaderos ilegales, mineros y otros, han creado un programa de guardabosques.
PATRULLAJE es su historia
Campaña de incidencia. El documental PATRULLAJE es parte de una campaña internacional que tiene como objetivo presionar al gobierno nicaragüense para detener la ganadería ilegal y la deforestación en la Reserva Biológica Indio Maíz y evitar que las empresas de carne de EE.UU. importen carne de conflicto lavada, salvaguardando así el medio ambiente y los ecosistemas y culturas que dependen del bosque.
Nicaragua ha perdido casi el 60% de sus bosques tropicales en los últimos 40 años debido a actividades como la ganadería ilegal. La falta de aplicación de leyes que protejan los bosques y las comunidades indígenas ha contribuido a la destrucción de estos ecosistemas vitales y tierras ancestrales. La carne de conflicto, vendida a través de cadenas de suministro opacas, agrava el problema.
Es necesario y urgente reducir la demanda de carne de conflicto y responsabilizar al gobierno y a los importadores privados de carne.
Firmá nuestra petición exigiendo que el gobierno tome medidas para proteger a las comunidades indígenas y afrodescendientes y sus tierras, cumpliendo la ley y procesando a aquellos que invaden y deforestan áreas protegidas.
Firmá nuestra Carta Abierta al Congreso de Estados Unidos instando al apoyo a la Ley Forestal para que sea ilegal importar productos provenientes de bosques tropicales protegidos.
Difundí nuestro mensaje y animá a otros a unirse a la causa.
Unite a nuestra campaña para proteger el planeta y promover estilos de vida más sostenibles. Ayudanos a salvaguardar uno de los últimos bosques tropicales intactos en Mesoamérica y proteger los derechos de las comunidades indígenas y afrodescendientes en Nicaragua.
PATRULLAJE es dirigido y producido por Camilo DeCastro Belli y Brad Allgood.
Marco Levy Virgo, vecino del cantón central de Limón, tramitó un recurso de amparo a magistrados de la Sala Constitucional y la Corte Suprema de Justicia en contra de la señora ministra de la presidencia y presidenta del Consejo Nacional Ambiental (CNA), el presidente ejecutivo del Instituto de Desarrollo Rural (INDER) y el jefe del departamento legal del INDER por no ejercer autoridad en relación a la protección de áreas silvestres protegidas, específicamente REGAMA.
Levy hace alusión al voto No. 2019-12745 del 10 de julio del 2019, que ordena la recuperación de áreas bajo régimen especial, como REGAMA, y denuncia que en esta zona muchas propiedades están siendo comercializadas con la aparente complicidad del SINAC mediante supuestos fraccionamientos que van en contra de lo ordenado por la Sala constitucional. Dicha comercialización pone en riesgo la salud, el medio ambiente y la vida dentro de la zona, lo que quebranta el artículo 11, inciso 2, de la Ley 7788 (Ley de la biodiversidad).
Dentro del recurso de amparo, Levy hace un respetuoso recordatorio sobre el deber ineludible de velar por el cumplimiento de todas las resoluciones. Además, hace un ruego a las autoridades para que estas analicen la posibilidad de ordenar a los recurridos el presentar un informe actualizado in situ del estado actual de cada plano remitido por la Procuraduría General de la República para el respectivo proceso de lesividad enlistados en el informe con oficio DAA-OFI-370-2022, de fecha 07 de marzo del 2022, dirigido a la junta directiva del INDER y su presidencia ejecutiva por tratarse de terrenos ubicados dentro del REGAMA.
Según una investigación revelada hoy existen al menos 59 solicitudes de concesiones para exploración minera subterránea que acaparan 779,52 km2 es decir aproximadamente un 1,52% del territorio nacional. Estas solicitudes en trámite abarcan los cantones: Abangares, Cañas, Tilarán, Alajuela, Atenas, San Ramón, Palmares, San Mateo, Orotina, Puntarenas, Monteverde, Montes de Oro, Esparza Turrubares, Puriscal y Mora, es decir abarcan cuatro de las siete provincias del país: Guanacaste, Alajuela, Puntarenas y San José.
Esta información es parte de una investigación “Solicitudes de Concesión de Minería Subterránea de Oro y Plata en el Pacífico de Costa Rica” realizada en el catastro y archivo minero de la Dirección de Geología y Minas realizada por Jennipher Martínez Ramírez y Mauricio Álvarez Mora del proyecto “Geografía y Diálogos de Saberes” (ED-3526) del Programa de Kioscos Socioambientales de la Vicerrectoría de Acción Social y la Escuela de Geografía de la Universidad de Costa Rica.
Como parte de la investigación se realizó un geovisor en línea donde de manera sencilla se puede ubicar las solicitudes y un manual para que las comunidades tengan acceso fácilmente a las áreas y puedan revisar estos expedientes en trámite. Es posible observar que hay solicitudes que incluyen buena parte de la ciudad de Palmares o San Mateo, San Luis de Monteverde y ciudades completas como Miramar o Guacimal de Puntarenas.
Estas 77.952 hectáreas en trámite de concesión equivalen a poco menos que la superficie de todo el cantón de Guácimo (801,48 km2) que está de número 22 en tamaño de todos los cantones del país. Si lo comparamos con cantones más pequeños que Guácimo las solicitudes abarcaría completamente los cantones: Poás, Santa Ana, Barva, Santa Bárbara, Monteverde, San Rafael, La Unión, San José, Palmares, Alvarado, Escazú, Goicoechea, Moravia, San Isidro, Santo Domingo, Alajuelita, Curridabat, Montes de Oca, Belén, Tibás y San Pablo.
En términos de producción agrícola es mayor a toda el área de café (77.352,5 ha) sembrada según la Encuesta Nacional Agropecuaria 2022 realizada por el INEC si lo comparamos con otros cultivos básicos es la suma del área sembrada de arroz (33.586,4 ha), frijol (8.653,30 ha), maíz (7.175,90 ha), yuca (7.084,40 ha), papa (2.912,4), naranja (13.220,70 ha), melón (1.673,00 ha) y palmito (3.231,90 ha).
Los cantones donde hay mayor cantidad de área solicitada para las concesiones son Tilarán con 113,3 km2, Puntarenas 112 km2, Montes de Oro 78 km2, Abangares 57,47 km2 y San Ramón 37,91 km2. Además, hay un grupo importante de 276, 7 km2 de solicitudes que se encuentran en dos cantones o más.
Estás solicitudes se tramitaron trece en 2019, siete en 2020, diecisiete en 2021, dos en 2022, diecinueve en 2023 y dos en el presente año. Un total de veinte empresas y personas son las que tramitan estas solicitudes donde destacan Edgar Gamboa Espinoza y la empresa Terrasun Resources S. A que juntos soliciten casi la mitad (el 48%) del área total de las solicitudes, esto representa un 0,72% del territorio nacional. Además, figuran empresas como Geoexploraciones de Occidente SRL (4 solicitudes), Sofía Solís Cedeño (3), ECOMINAS S. A (2) Jorge Eduardo Vargas Ramírez (2), Carlos Alexander Hernández (2), Eco Inversión Centroamericana S. A (2) Jacqueline Pérez Navarro (2) Cooperativa autogestionaria para la explotación de minerales y procesos sostenibles. COOPEVETA R.L (2), Cooperativa Autogestionaria para la explotación, beneficiado de materiales y protección ambiental R.L(2) Cooperativa Autogestionaria para la Orfebrería y Comercialización de Joyas R.L(2), Gerling Navarro Porras (2) y con una solicitud: Carlos Muños Álvarez, Proyecto Terris Sociedad Anónima, CR S. A, Eduandi S.A, Mina OROTEX S. A, Cooper Huatilar y Cuarzo Dorado San Miguel Sociedad Civil.
Otro de los resultados que arrojó la investigación, es la concentración de personas consultoras ambientales. En 60 expedientes se encuentran los nombres solamente de 9 personas y/o empresas de consultoría. Así mismo, en varios casos aparecen personas consultoras ambientales que en otros expedientes son los solicitantes y desarrolladores.
Antecedentes.
En nuestro país históricamente el principal mineral de interés ha sido el oro. A partir de 1820 existen registros de explotación de oro en la provincia de Puntarenas en los distritos de Esparza y Montes del Aguacate. Según el investigador Rolando Castillo (1997), se pueden definir 4 ciclos mineros históricos en el país. El primero (1820-1843) en el distrito minero de Abangares en la provincia de Guanacaste. El segundo (1890-1930) en el mismo distrito y en Miramar y Guacimal ambos de la provincia de Puntarenas explotados por compañías extranjeras. El tercero en la década de los ochenta de “oro aluvial” de ríos en la Península de Osa y Burica al sur de la provincia de Puntarenas.
Y el cuarto fue desde 1990 hasta la fecha, caracterizado por la llegada de transnacionales con técnicas de cielo abierto por lixiviación con cianuro. En este cuarto ciclo se hizo la apertura de la mina Macacona en Esparza y Mina Beta Vargas en Chomes, que, tras una serie de irregularidades y problemas, no pudieron terminar su ciclo de explotación. A esta se les sumó la mina Miramar en donde hubo un accidente y la de Crucitas que fue anulada la concesión por irregularidades.
Las solicitudes de explotación de este último ciclo llegaron a cubrir más del 20% del territorio nacional, mientras los permisos de explotación, solicitudes de descongelación y concesiones de explotación cubrieron unos 850 km2 lo que equivale casi al 2% del territorio (Álvarez, 2015)
Desde el año 2010 en el país está prohibida la minería metálica a cielo abierto, solo es posible realizar minería metálica en forma subterránea. Según la Dirección de Geología y Minas (DGM) el Estado ha reservado los cantones de Abangares, Golfito y Osa para el desarrollo de minería artesanal y en pequeña escala.
El 9 de noviembre del 2010 la ley N° 8904 para Declarar a Costa Rica Libre de Minería Metálica a Cielo Abierto fue aprobada por unanimidad de los 49 diputados presentes. En ella se archivan todos los proyectos de minería metálica a cielo abierto en trámite que no tengan una concesión válidamente otorgada. Incluso se archivan aquellos que no han presentado trámites de evaluación ambiental o que no han obtenido un permiso de exploración, pues no podrán obtener una concesión de explotación. Dentro de esta ley existía un transitorio que les permitía a los mineros artesanales o coligalleros trabajar con mercurio en la recuperación de oro.
Mapa 1. Expedientes de minería subterránea de oro y plata.
Fuente: Elaboración propia con base en los expedientes de la Dirección de Geología y Minas.
Proyecto ED-3526 Geografía y Diálogos de Saberes de la Escuela de Geografía y el Programa Kioscos Socioambientales de la Vicerrectoría de Acción Social Universidad de Costa Rica.
Programa realizado por el colectivo Reflexión – Acción presenta en vivo este 05 de abril de 2024 el tema: “El extractivismo y su impacto social y ambiental en América Latina” a las 18:00 horas (-6 UTC) en las plataformas de Facebook, YouTube y Spotify y retransmitido por Radio Actual, 107.1 FM, sábados a las 22:00 horas; Radio Guanacaste, 106-1, Radio Soberanía y Radio Evolución.
El panel invitado para este día serán Luis Sánchez de Ecuador, Weny Adelaida Miranda de Panamá, Cesar Padilla Ormeño de Chile, Olmedo Carrasquillo de Panamá.
El próximo miércoles 3 de abril a las 9:00 a.m. se llevará a cabo una importante presentación en la Sala de Audiovisuales, situada frente al Decanato de Ciencias Sociales de la Universidad de Costa Rica. Este evento marcará la presentación del informe de investigación sobre las solicitudes de concesión de minería subterránea de oro y plata en el Pacífico de Costa Rica, elaborado con base en el catastro y los expedientes mineros de la Dirección de Geología y Minas al 2024.
El estudio revela la existencia de varias decenas de expedientes para concesiones de exploración de minería subterránea, abarcando más del 1.5% de la superficie total del país y solicitados desde el año 2019 hasta la fecha. Estas solicitudes se extienden por 15 cantones de las provincias de Guanacaste, Alajuela, Puntarenas y San José.
La presentación estará a cargo del proyecto ED-3526 «Geografía y Diálogos de Saberes: Análisis de la conflictividad socioambiental en territorios rurales de Costa Rica», parte del Programa Kioscos Socioambientales de la Vicerrectoría de Acción Social y la Escuela de Geografía de la Universidad de Costa Rica. Desde el año 2020, este proyecto se ha dedicado a analizar y acompañar a comunidades en procesos de conflictividad socioambiental en sus territorios.
Históricamente, el oro ha sido el mineral de mayor interés en Costa Rica. Desde 1820, se registran explotaciones en la provincia de Puntarenas, en distritos como Esparza y Montes del Aguacate. Según el investigador Rolando Castillo (1997), se identifican cuatro ciclos mineros en el país, cada uno con sus características y efectos.
El cuarto ciclo, iniciado en 1990, se caracteriza por la llegada de transnacionales que emplean técnicas de cielo abierto con lixiviación de cianuro. Durante este periodo, se abrieron minas como Macacona en Esparza y Mina Beta Vargas en Chomes, entre otras. Sin embargo, estas operaciones enfrentaron irregularidades y problemas, lo que llevó al cierre de algunas.
Desde el año 2010, la minería metálica a cielo abierto está prohibida en el país, permitiendo únicamente la minería subterránea. Según la Dirección de Geología y Minas (DGM), se reservaron ciertos cantones para minería artesanal y de pequeña escala.
El 9 de noviembre de 2010, se aprobó por unanimidad la ley N° 8904 para declarar a Costa Rica libre de minería metálica a cielo abierto, archivando todos los proyectos pendientes que no contaban con una concesión válida. Incluso se restringió el uso de mercurio en la recuperación de oro.
Para ampliar información, se convoca a los interesados a participar en la Conferencia de Prensa, donde se proporcionarán detalles adicionales sobre la investigación y se responderán preguntas pertinentes. La actividad también está abierta al público en general.
Para más detalles, contactar a Mauricio Álvarez Mora al 88709165, del proyecto ED-3526 Geografía y Diálogos de Saberes de la Escuela de Geografía y el Programa Kioscos Socioambientales de la Vicerrectoría de Acción Social Universidad de Costa Rica.
Protestas de la comunidad de Campo Maripe contra la empresa estadounidense Chevron. Foto de la Confederación Mapuche de Neuquén en Argentina
Por Pablo Ruiz*
Un artículo firmado por Matías Bakit, publicado en el diario chileno El Mercurio, en febrero pasado, titulado “En la Era Boric-Milei: Por presión argentina, la relación bilateral da un giro hacia la seguridad”, debe llamar nuestra atención desde el punto de la defensa de los derechos humanos.
El artículo en cuestión señala la preocupación expresada por la Ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, sobre el aumento del tráfico de drogas desde Chile hacia su país y la necesidad de fortalecer las fronteras. Hasta ahí todo bien; sin embargo, agregó una segunda preocupación.
«Espero que podamos trabajar coordinadamente ambos países y me preocupa sobremanera la situación de La Araucanía en Chile, porque también se derrama sobre la República Argentina”, señaló Bullrich.
Es conocido ya que el gobierno de Milei prometió “mano dura” o represión contra los cortes de calle, los que son muy propios de las manifestaciones sociales en Argentina y Chile.
¿Bullrich quiere conocer la experiencia chilena? ¿Aplicará también “mano dura” contra la lucha de los mapuche en Argentina?, está por verse.
En Chile y en Argentina, el “problema mapuche”, debería ser resuelto “políticamente” y se debería terminar con la lógica de la represión a las legítimas protestas de nuestros pueblos originarios. Se debe recordar que el pueblo mapuche existía mucho antes de la invasión española como de la fundación de nuestros Estados-naciones. Seguir desconociendo sus derechos, seguir con la represión, continuará siendo el sustento que alimenta la legítima resistencia de un pueblo que ha sido oprimido y despojado.
En Chile, desde el año 2021, bajo el gobierno del ex presidente Sebastián Piñera, hasta la fecha, una y otra vez, se ha prorrogado el estado de excepción constitucional de emergencia, en la región de La Araucanía y las provincias de Arauco y Biobío. La autorización ha permitido el uso de militares en tareas de seguridad interior, de vigilancia y represivas, en la zona mapuche, sin lograr resolver el problema de fondo.
Volvamos al artículo de El Mercurio. Llama la atención también, el contenido del subtítulo “Medio Ambiente Transnacional”. En esta parte, señalan que el problema de la “seguridad” no es el único problema que preocupa “a los vecinos”; agregando que los empresarios argentinos, en especial del área energética, miran “con ojos intranquilos la creciente influencia de los movimientos medioambientales en Chile, que incluso consiguieron puestos en la Convención Constitucional”.
“La razón de esta inquietud -dice el artículo de El Mercurio- es que se trata de organizaciones que, por tradición, no trabajan de forma aislada en solo un país, sino que suelen cruzar las fronteras para enseñar sus modelos de acción en otros lugares”.
El artículo sindica a organizaciones como la Fundación Heinrich Boll, Fundación Terram, y Greenpeace de estar “expandiendo su influencia entre sus colegas de Argentina”; que “los casos más emblemáticos donde se notaría esta influencia serían (contra) el Proyecto Petrolífero y de Gas Natural Vaca Muerta” y que “en todos estos se ha visto un aumento de las manifestaciones y protestas de medioambientalistas”.
Si bien es cierto que el movimiento ambiental argentino ha estado movilizado y denunciando el impacto ambiental del Proyecto Petrolífero de Vaca Muerta, donde están comprometidos capitales noruegos, entre otros, el artículo no explica las razones legítimas de las protestas.
“El proyecto tendrá impactos negativos directos sobre los ecosistemas de varias reservas naturales como: el Parque Nacional Islote Lobos, el Área Natural Protegida y Patrimonio Natural de la Humanidad Península Valdés, la Reserva de Usos Múltiples Caleta de Los Loros y el Área Natural Protegida Bahía San Antonio”, señaló el Foro para la Conservación del Mar Patagónico.
Tampoco señala el artículo que en Vaca Muerta también existe un conflicto territorial con las comunidades que están agrupadas en la Confederación Mapuche de Neuquén las que han realizado diversas protestas demandando los derechos que les otorga el Convenio 169 de la OIT. Entre estas, la comunidad de Campo Maripe ha realizado protestas contra la empresa estadounidense Chevron.
Por ejemplo, el reportaje “El petróleo no podrá correr a los mapuches de Vaca Muerta”, del periodista Ramiro Barreiro, da cuenta del impacto negativo que han tenido los proyectos extractivistas en las comunidades mapuche los que han producido desplazamiento y contaminación de los ríos.
“El fracking o fractura hidráulica que se opera en Vaca Muerta consume millones de litros de agua del río Neuquén para fracturar la roca y extraer el gas y petróleo y, cuando esa agua regresa a la tierra lo hace con metales pesados (mercurio, cromo, plomo, cadmio, arsénico, entre otros)”, denuncia dicho reportaje.
Por otro lado, en Neuquén, en la misma zona, el Comando Sur del Ejército de los Estados Unidos dispone ya de una base militar supuestamente para “ayuda humanitaria”.
Lucas Arias, opositor a la presencia militar estadounidense, dijo, en Radio Gráfica, que la base norteamericana en Neuquén queda a diez kilómetros del aeropuerto “sobre la nueva ruta del petróleo, que lleva al corazón de Vaca Muerta, y justo en confluencia de dos caudalosos ríos que son el Limay y el Neuquén, sobre los que hay seis represas hidroeléctricas. No solo hay gas y petróleo, sino que también hay agua y minerales”.
Recursos, como sabemos, que le interesan a los Estados Unidos como lo expresó la misma Jefa del Comando Sur del Ejército de los Estados Unidos, Laura Richardson, en sus constantes visitas a Chile y Argentina. Visitas que también estimulan la venta de armas estadounidenses a nuestros países para que siga la carrera armamentista y la desconfianza entre nuestras naciones.
El artículo de El Mercurio también señala que en abril se realizará una reunión entre los ministros de Relaciones Exteriores y de Defensa de ambos países y que se prevé, para este año, un nuevo encuentro de los Presidentes Milei y Boric.
En América Latina, está siendo común que a la par de los proyectos extractivistas se evidencie una mayor militarización de los espacios y criminalización de la protesta social.
Los ambientalistas, los mapuche, en Chile y en Argentina, las comunidades, no debieran ser “objeto” de preocupación policial de las autoridades por sus protestas. Más bien, los gobiernos deberían escuchar y atender los legítimos reclamos de las comunidades y sus organizaciones ya que la devastación, contaminación, y saqueo que realizan las empresas extractivistas de nuestros recursos naturales, de nuestros bienes comunes, representan en sí un verdadero problema de “seguridad” que tiene y tendrá graves consecuencias para nuestras naciones si no es atendido con urgencia y responsabilidad. Si se continúa privilegiando el “negocio” por sobre la vida, estaremos perdidos.
Es urgente también que Chile y Argentina tengan una política de seguridad y de defensa independiente de los Estados Unidos, de las grandes corporaciones, y de sus intereses. Una política que cuide y proteja de verdad nuestra soberanía territorial y, principalmente, nuestros bienes comunes. Que tenga enfoque en los derechos humanos, con atención en el cuidado de nuestra naturaleza, del medio ambiente, y de la seguridad humana.
* Pablo Ruiz, es periodista y parte del Observatorio para el Cierre de la Escuela de las Américas en Chile
Las iniciativas para presionar a las compañías aseguradoras para que dejen de asegurar a empresas que extraen petróleo, gas natural y carbón continúan. Esta lucha tiene como registro otra publicación realizada en SURCOS en meses anteriores.
En la lucha anterior, se ha conseguido que se cancelarán 45 proyectos de producción de carbón. No obstante, la campaña continúa, y sus organizaciones tienen interés también en exigir que las aseguradoras dejen de asegurar otros proyectos extractivos, como las agroindustrias.
William Retana Umaña Asociación Defensores del Monumento Natural Zona Los Santos
El viernes 22 de marzo del 2024, se llevó a cabo un repudiable acto de vandalismo en el Cerro San Antonio, una de las derivaciones del Cerro Abejonal ubicado en el cantón de León Cortés.
Parece increíble que, con toda la información que hay sobre cambio climático y calentamiento global, con las altas temperaturas que sentimos cada día, la escasez de lluvia y de agua, haya personas como esta quien provocó este incendio forestal.
El Cerro San Antonio forma parte del Monumento Natural Zona de Los Santos y está constituido por suelos clase 7- 8 por la cantidad de piedra que tienen, por la pendiente entre 70-80% y por su naturaleza que es bosque.
Su cobertura boscosa está constituida por árboles de encino y en él se encuentran las áreas de recarga acuífera y nacientes de los acueductos de las Asadas de La Angostura y La Cuesta, comunidades del cantón de León Cortés. Desgraciadamente se quemaron 80 600 m2 de bosque de encino y se tuvieron que utilizar 200 000 litros de agua potable para apagar el incendio forestal.
Todo esto aunado a las afectaciones directas a la avifauna, insectos, suelos y en general al ecosistema existente.
Importante y doloroso de mencionar, no se contó con la participación de la Comisión Municipal de Emergencias de León Cortés, ni de los funcionarios municipales, salvo los que llegaron por su propia voluntad. La Municipalidad de Tarrazú por medio de su alcaldesa envió empleados y equipo a colaborar. También estuvieron presentes, el alcalde electo de León Cortés, miembros de la Asada de Frailes de Desamparados, el Cuerpo de Bomberos, Rescate Urbano, Cruz Roja, SINAC, y sumamente importante de mencionar, gran cantidad de vecinos de las comunidades y de personas que con sus vehículos particulares de doble tracción transportaron el agua requerida para apagar el incendio.
El fotógrafo Alexander Montero comparte su experiencia en Grifo Abajo de Puriscal, en donde se encontraba en búsqueda del pájaro carpintero más grande de Costa Rica, el cual se encontraba viviendo en su nido.
El video de este fotógrafo capta la gran belleza de esta especie, la cual tiene como nombre Carpintero Pico de Plata. Este pájaro se encontraba alimentando a sus polluelo el cual se encontraba en el nido, ubicado en el hueco de un árbol. También fue captada la madre del polluelo realizando esta misma acción. Ambos se mantienen alerta cuidando la entrada del nido para evitar algún depredador. También se les capta limpiando el nido y haciendo varias visitas sin comida para incentivar el polluelo a abandonar el nido.
Puede ver la experiencia completa en el video de Alexander Montero.
