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Asociación de Desarrollo Integral de Cahuita se pronuncia en contra del Plan Regulador Costero

Por José Daniel Gamboa Araya

La Asociación de Desarrollo de Cahuita se pronuncia en contra del Plan Regulador Costero y llama a la Municipalidad a un verdadero diálogo para comenzar con un verdadero Plan Regulador Urbano, donde se respete nuestra cosmovisión. Recordar que Cahuita está considerada una población tribal y tiene una categoría especial, a diferencia de otras zonas del país.

La audiencia pública está programada para hoy entre las comunidades de Kéköldi y el Foro Afro, pero Cahuita no se siente representada por este último. La reunión será hoy en Hone Creek, donde diferentes colectivos están haciendo un llamado a no asistir o, de hacerlo, sería en las afueras de la cancha. Recordar que sobre este Plan Regulador, los magistrados hicieron varias observaciones, entre ellas la de respetar las zonas protegidas y realizar la consulta correspondiente.

Preocupaciones por la comercialización de propiedades en áreas protegidas

La Asociación para el Desarrollo de la Ecología expone preocupaciones alarmantes sobre la comercialización de propiedades en áreas protegidas en la zona de Manzanillo, Costa Rica. En su informe del 07 de marzo de 2024 señala una aparente complicidad por parte del Sistema Nacional de Áreas de Conservación Amistad Caribe (SINAC) y la falta de cumplimiento de una sentencia judicial que ordenaba la recuperación de terrenos de dominio público.

El documento, dirigido a la ministra de la presidencia y presidenta del Consejo Nacional Ambiental, Licda. Natalia Diaz Quintanilla, así como a varios funcionarios del Instituto de Desarrollo Agrario (INDER) y del SINAC, detalla una serie de irregularidades que han sido descubiertas en la zona de Manzanillo, específicamente dentro de los límites del Refugio Gandoca Manzanillo.

Según el informe, a pesar de una sentencia emitida el 10 de julio de 2019 (sentencia 2019-012745) que ordenaba la recuperación de terrenos de dominio público en la zona boscosa, muchas propiedades están siendo comercializadas en la zona de Manzanillo con la aparente complicidad del SINAC. Se mencionan supuestos fraccionamientos que permiten la venta de terrenos, a pesar de la clara disposición legal de recuperar dichas áreas.

La Asociación para el Desarrollo de la Ecología solicita en el documento que se proceda a consignar una nota de advertencia como áreas bajo régimen especial sobre los terrenos en cuestión, de acuerdo con el derecho aplicable. Además, se solicita al INDER que tome medidas para verificar y certificar los expedientes asignados por el poder judicial a las demandas de lesividad iniciadas en cumplimiento de la sentencia de 2019.

Se hace hincapié en la falta de acción por parte del SINAC para incorporar al Patrimonio Natural del Estado las áreas descritas como bosque en un informe de inspección del Tribunal Ambiental Administrativo. A pesar de la anulación de la Ley No. 9223 en lo que respecta a los territorios comprendidos en la zona boscosa, no se ha tomado ninguna medida concreta para proteger y preservar estas áreas.

Las preocupaciones manifestadas generan un debate sobre la protección ambiental y la integridad de las áreas protegidas en Costa Rica. La falta de cumplimiento de la ley y la aparente complicidad en la comercialización de propiedades en áreas bajo régimen especial plantean serias dudas sobre la eficacia de las instituciones encargadas de proteger el medio ambiente.

Ante estas revelaciones, se espera que las autoridades competentes tomen medidas inmediatas para investigar y abordar esta situación. La transparencia y la rendición de cuentas son fundamentales para garantizar la protección adecuada de los espacios naturales y la preservación del patrimonio ambiental de Costa Rica.

Contactos de prensa:

Asociación para el Desarrollo de la Ecología

Teléfono: 8363-9687

Correo electrónico: machore@gmail.com

Comunidad tribal de Cahuita se opone a la representación del Foro Tribal Afro Costarricense y su apoyo al Plan Regulador Costero

El pasado 5 de marzo de 2024, la comunidad tribal de Cahuita presentó una carta ante el consejo municipal del cantón de Talamanca con motivo de su oposición a la representatividad del Foro Tribal Afro costarricense, el cual actúa al margen de la Asociación de Desarrollo Integral de Cahuita (ADIC) y a su vez apoya el Plan Regulador Costero ante el cual la comunidad tribal se opone.

Según lo que se expone en la carta, el Foro Tribal se autonombró y estructuró de manera arbitraria, pasando por alto el artículo 3, del decreto N°43532-MP-MINAE-MCJ-MEP Constatación del auto reconocimiento de la población afro costarricense como pueblo tribal, en el cual se establece: “La organización del Foro del pueblo Tribal Afro costarricense actualmente se encuentra a cargo de la asociación de desarrollo integral de Cahuita, se encuentra vigente sin ninguna modificación”.

Además señalan, que los acuerdos de los miembros que fungen como representantes del Foro Tribal se realizaron de forma ilegal y bajo actos de abuso de poder, extralimitando sus funciones y atribuyendo a sí mismos competencias que no le corresponden, esto debido a que no fue un acuerdo de asamblea, ni del pueblo, por el contrario, violentaron el derecho de participación de la población afrodescendiente y de quienes se encuentran afiliados a la ADIC, es por esa razón que la comunidad tribal considera que no pueden arrogarse su representación.

En la carta, la comunidad tribal de Cahuita enfatiza en que deslegitiman y se oponen a cualquier decisión que tome el Foro Tribal en nombre de la comunidad tribal de Cahuita, esto en el marco de las acciones que se están tomando con el plan regulador costero, y con motivo de una carta dirigida a la comisión del plan regulador costero de Talamanca, el 8 de agosto del 2023, mediante la cual Edwin Patterson –presidente de ATACS y supuesto líder del Foro Tribal Afro costarricense– señala que el plan costero es una necesidad.

En total, la comunidad tribal presentó dos cartas con el mismo contenido, una al consejo municipal del cantón de Talamanca y otra, que fue enviada a Edwin Patterson Bent, autonombrado representante del Foro Tribal Afro costarricense y presidente de ATACS. Ambas cartas fueron firmadas por miembros de la comunidad tribal de Cahuita.

Se invita a consultar los documentos adjuntos para obtener mayor información, en los mismos se evidencian ambas cartas y las firmas de las personas que las envían.

Asociación de Desarrollo y Movimiento Comunitario de Cahuita rechaza audiencia y Plan Regulador de Talamanca

El día de hoy en la tarde la Municipalidad convocó nuevamente una audiencia pública obligada por la Sala Cuarta (Resolución N° 2023031756) ante la falta de consulta a la comunidad indígena de Kéköldi, mediante una carta enviada a la Municipalidad por la Nueva Junta Directiva 2023-2025 rechazó el plan y pidió suspender la audiencia.

La carta señala que la Propuesta del Reglamento y Zonificación del Plan Regulador “es impuesto por la Municipalidad de Talamanca, el Instituto Costarricense de Turismo (ICT) y el Instituto de Vivienda y Urbanismo (INVU), atenta contra nuestra cultura, desarrollo y seguridad territorial del pueblo tribal afrodescendiente, al pretender imponernos un Modelo de Desarrollo Costero Nacional, ignorando el convenio N° 169 de OIT donde los pueblos tribales deberán gozar plenamente de los derechos humanos y libertades fundamentales, sin obstáculos ni discriminación”.

Aseguran que “no estamos a favor de este plan regulador dado a que violenta nuestra forma de vida, nuestra historia, nuestra ancestralidad, nuestras tierras y nuestro ambiente. Como comunidad Tribal Afrocostarricense de Cahuita, defendemos el derecho a una consulta adecuada a las características propias, de buena fe, libre previa e informada (según artículos 6 y 7 del Convenio 169)”.

Solicitaron “respetuosamente suspender la audiencia pública y proponemos sentarnos a la mesa y planificar la regulación de nuestro territorio de acuerdo a nuestras costumbres y tradiciones donde se respete la integridad de nuestro pasado, nuestro presente y para nuestro futuro”.

La ADI de Cahuita -que no se había pronunciado hasta ahora- justificó su rechazo basados en el Convenio 169 de la OIT donde «Los pueblos indígenas y tribales deberán gozar plenamente de los derechos humanos y libertades fundamentales, sin obstáculos ni discriminación»;  fundamentado “en que se declaró de interés público a la población afrodescendiente de nacionalidad costarricense asentada en comunidades del Caribe costarricense”,  “y se reconoce a Cahuita miembro de pueblos tribales afrocostarricenses”  y que es la comunidad de Cahuita encargada de la creación del Foro Tribal de Afrodescendientes y que en el Decreto N° 43532 del Ministerio de la Presidencia, el Ministerio de Ambiente y Energía, el Ministerio de Cultura y Juventud y el Ministerio de Educación Pública.

La ADI “es el órgano que da voz a la Asamblea General y a la comunidad tribal de Cahuita” y asegura reconocer “la urgente necesidad de ordenar el territorio de nuestra comunidad y establecer lineamientos y regulaciones para el crecimiento y desarrollo de nuestra población, haciendo énfasis en la conservación de nuestras costumbres, cultura, historia y en integración con el ambiente marino costero que nos sostiene”.

Mientras el Movimiento Cahuita Unida en un pronunciamiento asegura que el Plan Regulador “ha sido declarado en varios de sus procesos con irregularidades, no representa el deseo ni sentir del desarrollo que nuestro pueblo costero de Cahuita quiere y se merece”.

Para el Movimiento “es evidente que el proceso de análisis, estudios y programación del Plan regulador han sido mal hecho, ya que constantemente la Sala ha evidenciado que en alguno de los pasos administrativos hay inconsistencias o asuntos incompletos”.

Recuerdan que la además de esta nueva consulta exigida por la Sala en febrero también obliga al SINAC a completar la Certificación de Patrimonio Natural del Estado en la Zona Marítimo “evidenciando que los estudios previos estaban malos e incompletos y que bajo esa premisa no se puede administrar de buena fe el territorio. Además, la SETENA argumenta que la certificación es un trámite más y que luego de hacerlo se adjuntará al plan sin certificar que, las modificaciones realizadas, cambian del todo el panorama inicial de gestión territorial para el desarrollo del plan regulador”.

¡Unite a la Octava Jornada Nacional de Acción por Nuestros Ríos en el Parque de la Paz!

Por José Daniel Gamboa Araya

La comunidad está invitada a participar en la Octava Jornada Nacional de Acción por Nuestros Ríos, que se llevará a cabo el próximo domingo 10 de marzo, de 9 a. m. a 1 p. m. en el Parque de la Paz en San Sebastián de San José. Esta jornada tiene como objetivo principal la limpieza y conservación del Río María Aguilar, un importante cuerpo de agua de nuestra región.

Además de la limpieza del río, habrá una variedad de actividades para disfrutar durante la jornada. Desde talleres educativos hasta juegos recreativos, todos los participantes tendrán la oportunidad de aprender sobre la importancia de cuidar nuestros recursos naturales de una manera divertida y significativa. ¡Y no olvides traer tu canasta para disfrutar de un picnic junto al río!

El punto de encuentro para todos los participantes será la entrada norte del Parque de la Paz, ubicada detrás del centro comercial Centro Comercial del Sur. Desde allí, nos organizaremos para iniciar la limpieza y las actividades planificadas.

Para cualquier consulta o duda, no dudes en comunicarte a los números de teléfono 8876-2319 o 8389-5353. También te invitamos a seguir la página de Facebook PicnicEnElRioCR para obtener más información y actualizaciones sobre el evento.

¡Unite a nosotros y sé parte de esta importante iniciativa de cuidado ambiental! Ayudemos juntos a proteger y preservar nuestros ríos para las generaciones futuras.

Ante los incendios racistas se activa campaña de donaciones a comunidad indígena de China Kichá

Facultad de Ciencias Sociales y el Programa Kioscos Socioambientales de la UCR lanzan iniciativa

¿Se imagina perder por incendios provocados de un día para otro el 20% de su territorio donde estaba su casa, sus alimentos sembrados para casi todo el año y que esto afectara las nacientes, bosques y vida silvestre? Pues esta situación sucedió por cuarto año consecutivo en la comunidad indígena cabécar de China Kichá en Pérez Zeledón.

Los incendios provocados en China Kichá han afectado en lo que va del año más de 200 hectáreas del territorio cabécar, vulnerando el acceso de alimentos y agua para la población, y perjudicando la restauración de ecosistemas.

La población cabécar está determinada en revitalizar la tierra maltratada que dejó la ganadería extensiva, a sanarla mediante la reforestación de las nacientes, protegerla contra la tala ilegal, y cultivarla de manera orgánica para que la comunidad y las distintas especies puedan convivir.

Según lo señala el III Informe de Agresiones y Violaciones a los Derechos Humanos contra los Pueblos Originarios de la Zona Sur de Costa Rica (2023), nuevamente China Kichá ha sido el territorio que reportó mayor cantidad de incidentes de violencia entre los territorios recuperadores de la zona. Además, los incendios han llegado a quemar casi un 80 % del territorio, como sucedió en el 2022, cuando quemaron aproximadamente entre 700-800 de las 1.100 hectáreas que comprende el territorio. Actualmente, en menos de dos años han quemado intencionalmente más de 240 ha, aproximadamente.

Ante esto, la Facultad de Ciencias Sociales de la UCR y el Programa Kioscos Socioambientales se han unido en la iniciativa “Por territorios para la vida campaña de donaciones para China Kichá” que recupera el interés de la comunidad de China Kichá para obtener herramientas, semillas y árboles para la revitalización del territorio de China Kichá.

Las herramientas y materiales en buen estado servirán para llevar a cabo un curso de manejo de incendios forestales, siembra de árboles y cultivos. Las herramientas que se proponen donar son: palas, azadones, picos, zarán, mata flamas, rastrillos de metal, cuchillos, camel back, guantes de cabrito/utilitarios, palas estilo sacho, máscaras para humo, lentes para humo, bombas de mano y sopladores.

Para las semillas se solicitan especies para clima caliente y húmedo, como frijoles: nambi, cabécar, saca pobre y frijol de palo; arroz: chombo y otros tipos; tubérculos: yuca, camote, tiquisque. Además de banano y plátano.

Se propone donar árboles de especies para clima caliente y húmedo. En miras de protección de nacientes, especies como el Espavel (Anacardium excelsum, Sotacaballo (Zygia longifolia), Guácimo blanco (Goethalsia meiantha), Guacimo colorado (Luehea seemannii), Ceiba (Ceiba pentandra), Calabacito de montaña (Tocoyena pittieri), Cerillo (Symphonia globulifera) y Chilamate (Ficus insipida). Así como árboles frutales: guaba, cacao, naranja, mandarina, limón, mamón.

Las donaciones se recibirán en horario a partir del miércoles 6 de marzo, hasta el viernes 22 de marzo, en las Oficina del Programa Kioscos Socioambientales, en horarios de oficina 8:00 a. m. – 5:00 p. m. Dirección de Programa Kioscos Socioambientales: 30mts Norte Pataconería San Pedro, Montes de Oca. 2511-6221.

Por los territorios para la vida ¡No más incendios en China Kichá!

Elaborado con apoyo del proyecto Geografía y Diálogo de Saberes: Análisis de la conflictividad socioambiental en territorios rurales de Costa Rica (ED-3526) del Programa Kioscos socioambientales y la Escuela de Geografía de la Universidad de Costa Rica.

Desafíos ambientales en el Caribe Sur

El 28 de noviembre de 2017, Juan Carlos Villegas Arguedas, jefe interino del Departamento de Prevención, Protección y Control SE-SINAC, emitió un informe detallando un análisis situacional sobre posibles ilícitos y otros aspectos en el tramo costero entre Punta Cocles y Punta Uva, en Talamanca de Limón, dirigido al señor Edwin Cyrus Cyrus, Director del Área de Conservación Amistad-Caribe del SINAC. Este análisis se basó en un recorrido efectuado los días 23 y 24 de noviembre de 2017 en la zona marítimo-terrestre, con el propósito de identificar potenciales infracciones contra los recursos naturales y el Patrimonio Natural del Estado en dicha área específica.

Durante el recorrido de aproximadamente 5 km de costa, se observaron caminos públicos que llevaban tanto a la zona restringida como a la pública. Es relevante destacar que ya en las hojas topográficas de 1984 del IGN se registraba ocupación antrópica en el sector, evidenciando una presencia humana previa en la zona.

El informe señala la necesidad de revisar detalladamente el mapeo y certificación del Patrimonio Natural del Estado (PNE) en los terrenos demaniales de la Zona Marítimo Terrestre (ZMT) entre Punta Cocles y Punta Uva, sugiriendo que podría estar incompleto. Se hace hincapié en polígonos de bosques certificados como PNE que solo se supeditaron a la zona pública, lo cual se considera incorrecto, además de la falta de atención a los ecosistemas boscosos en la zona restringida.

Asimismo, se menciona la presencia de humedales en el sector que no fueron certificados como PNE, así como ocupaciones irregulares y anómalas dentro de posibles bosques que se sugiere son PNE. Se plantea la necesidad de solicitar criterios a la Comisión Institucional de Inspecciones Generales (CIIG) presidida por SETENA sobre los Estudios de Impacto Ambiental (EsIA) requeridos para el desarrollo hotelero en el sector evaluado.

La carta subraya la importancia de revisar y certificar adecuadamente el Patrimonio Natural del Estado en la ZMT entre Punta Cocles y Punta Uva, con el fin de prevenir posibles ilícitos, garantizar la conservación de los ecosistemas y asegurar la viabilidad ambiental de proyectos en la zona.

Posteriormente, el 6 de febrero de 2024, Marco Levy Virgo, Presidente de la Asociación de Desarrollo Para la Ecología, dirige una solicitud a Maylin Mora Arias, Directora del Área de Conservación Amistad Caribe (ACLAC), contenida en el documento AEL-0014-2024. Esta solicitud se fundamenta en el Derecho Ambiental y diversas normativas legales, invocando una serie de artículos constitucionales y leyes ambientales para respaldarla.

En la carta, se solicita la realización de una valoración ambiental en los bosques costeros adyacentes al Hotel Almendros y Corales, así como al proyecto urbanístico denominado Puket en la ZMT del litoral de Talamanca y la calle Paraíso. Se requiere específicamente la entrega de copias digitales de estudios técnicos que justifiquen el cambio de uso de suelo en dicha área, con el propósito de obtener información concluyente sobre posibles impactos ambientales, como el envenenamiento de árboles.

Además, se solicita un censo certificado de los ocupantes actuales de los territorios mencionados, en cumplimiento de una resolución de la Sala Constitucional relacionada con la reducción arbitraria de la superficie del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca Manzanillo (REGAMA). También se pide acceso a estudios técnicos realizados por el SINAC en áreas de recarga acuífera, así como copias de acuerdos emitidos por el CORAC desde el año 2010 hasta la fecha.

La carta finaliza expresando la disposición a recibir la información solicitada dentro de los términos legales establecidos, advirtiendo que de no cumplirse con la entrega de la documentación requerida, se tomarán las acciones legales pertinentes para obtenerla. 

En la misma línea, Marco Levy Virgo interpone un recurso de amparo el 20 de junio de 2023, presentando varios argumentos ante la Sala Constitucional. Entre ellos, se cuestiona la omisión de humedales en el Plan Regulador Costero del cantón de Talamanca, considerando que esto transgrede el artículo 50 constitucional. Se expresa preocupación por la falta de protección de los humedales del litoral del Cantón de Talamanca y la necesidad de garantizar su conservación. Se hace referencia a informes técnicos y certificaciones relacionadas con la delimitación del Patrimonio Natural del Estado en la ZMT del cantón de Talamanca, así como a la viabilidad ambiental del Plan Regulador Costero. Se enfatiza en la importancia de cumplir con las normativas ambientales y de planificación urbana para asegurar un ambiente sano y ecológicamente equilibrado en la zona.

En la resolución emitida el dieciséis de febrero de dos mil veinticuatro, la Sala Constitucional analizó el caso y tomó en consideración los principios de progresividad y no regresión en materia ambiental. Estos principios implican que el Estado tiene la obligación de aumentar, en la medida de lo posible, los niveles de protección de los derechos humanos, incluido el derecho al ambiente sano y ecológicamente equilibrado. 

La Sala Constitucional destacó que el principio de progresividad ha sido reconocido por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y se encuentra respaldado por diversos instrumentos internacionales. Asimismo, se hizo hincapié en que el principio de no regresión impide que el Estado adopte medidas, políticas o normas que empeoren el grado de protección a los derechos fundamentales ya alcanzado, a menos que exista una justificación razonable y proporcionada. 

En este contexto, la Sala resaltó la importancia de una interpretación evolutiva en la tutela del ambiente, de acuerdo con el Derecho de la Constitución. Se estableció que no se puede permitir una regresión en perjuicio del ambiente y se mencionaron otras sentencias que respaldan esta postura.

El 19 de febrero de 2024, Maylin Mora Arias responde a Marco Levy Virgo mediante un comunicado, en referencia al correo electrónico identificado como AEL-0015-2024, el cual contiene la solicitud del oficio SINAC-ACLAC-PNE-019-2024. En este comunicado, la Dirección del Área de Conservación La Amistad Caribe le traslada la información solicitada.

En otra correspondencia del 23 de febrero de 2024 y dirigida a David Chavarría Morales, Director Ejecutivo del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), así como al Auditor General, Marco Levy se hace referencia al oficio SINAC-ACLAC-DR-0142-2024 del 19 de febrero de 2024, emitido por Maylin Mora Arias. En dicho documento, se solicitan estudios técnicos que justifiquen el cambio de uso de suelo en los bosques costeros cercanos al Hotel Almendros y Corales, así como en el proyecto urbanístico Puket, ubicados en la zona marítimo terrestre del litoral de Talamanca y la calle Paraíso, omitiendo el artículo 13 de la Ley Forestal vigente.

En la carta se expresa preocupación por la actitud permisiva y complaciente del Área de Conservación Amistad Caribe ante las acciones ilícitas llevadas a cabo por empresarios inmobiliarios y terceros ajenos en los bosques del Caribe Sur, como drenajes, talas, rellenos y salinización de acuíferos, contraviniendo convenios internacionales y leyes nacionales. Se destaca el daño ambiental causado en propiedad demanial del Estado, con más de 100 lotes ilegalmente fraccionados en contra de la irreductibilidad del bosque y la normativa forestal.

Además, se hace referencia a la resolución No. 11-2017 del SINAC-ACLAC-PNE-C-011-2017, que trasladó de manera inconstitucional el Patrimonio Natural del Estado en la zona marítima del Cantón de Talamanca a la Municipalidad de Talamanca para un plan regulador costero, generando inconsistencias y desacato a la Constitución Política. Se resalta la importancia de los principios de objetivación de la tutela ambiental, irreductibilidad de ecosistemas relevantes y no regresión, así como la necesidad de acciones concretas para evitar el daño ambiental evidenciado.

En este documento se exponen una serie de preocupaciones y solicitudes relacionadas con el respeto a la normativa ambiental, la defensa de los bosques y áreas de recarga acuífera, y la necesidad de acciones inmediatas para proteger el entorno natural en la región del Caribe Sur, haciendo hincapié en el cumplimiento de la ley y los convenios internacionales suscritos por el país.

La documentación para esta nota fue enviada a SURCOS por Marco Levy Virgo.

Ministerio de Agricultura y Ganadería se opone a derogar el actual reglamento de Aviación Agrícola

Por José Daniel Gamboa Araya

El día de ayer, desde la Asociación para el Desarrollo de la Ecología, se emitió un comunicado dirigido a la Licda. Natalia Díaz Quintanilla, Ministra y Presidenta del Consejo Nacional Ambiental (CNA), solicitando asistencia técnica para la elaboración de un nuevo Reglamento para las Actividades de Aviación Agrícola. Esta petición se basa en la preocupación por el bienestar de los costarricenses y la necesidad de actualizar las regulaciones ambientales en este ámbito.

El comunicado, respaldado por el oficio DM-MAG-1113-2021 emitido por el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) en noviembre de 2021, apela a la conciencia e integridad de las autoridades competentes para garantizar la protección del medio ambiente y la salud de la población. Se solicita la colaboración de representantes de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en Costa Rica o de un organismo internacional similar para asesorar en la elaboración de un nuevo reglamento que se ajuste a estándares internacionales y regulaciones ambientales más avanzadas.

El comunicado resalta la importancia de establecer adecuadas «Zonas de amortiguación» para la fumigación aérea, así como la necesidad de protocolos escritos y normas preventivas para proteger a los trabajadores agrícolas y a la población en general de la exposición a productos químicos tóxicos.

Sin embargo, el MAG ha manifestado su oposición a la derogación del actual Reglamento para las actividades de la Aviación Agrícola, plasmado en el Decreto Ejecutivo Nº 31520-MS-MAG-MINAE-MOPT-MGPSP, argumentando que dicha norma cumple con su objetivo y que no se han presentado criterios técnicos que demuestren que ha quedado obsoleto.

La discusión sobre este tema continúa abierta, y se espera que las autoridades competentes consideren todas las perspectivas y evidencias disponibles para tomar decisiones que beneficien a la sociedad y al medio ambiente.

Imagen ilustrativa.

Denuncian ante Defensoría de los Habitantes destrucción de humedal en Coris

  • No hay paralización de las obras que impacta el lugar

  • MINAE debe declarar humedal urgentemente

La organización ecologista Nido de Halcón y vecinos denunciaron a la Defensoría de los Habitantes (DHR) la falta de acciones para detener la destrucción del Humedal de Coris. Desde enero se viene denunciando daños al humedal ante la Municipalidad de Cartago y el Ministerio de Ambiente y Energía.

La Defensoría abrió una investigación de oficio (expediente 437838-2024) sobre este asunto y solicitará informes a las instituciones involucradas, informó Yolanda Chamberlain Gallegos del área de Calidad de Vida de DHR.

Este humedal posee nacientes de agua, un manantial natural y fuentes hidrotermales de origen natural, por lo que posee mucha biodiversidad y es zona de recarga acuífera, “hoy por hoy, la zona lacustre de Coris es única en su forma dentro del Valle Central y está siendo sepultado”, aseguraron en la denuncia.

Entre los impactos denunciados están el dragado y las quemas. Que se suma al ganado que ha ido acabando con la vegetación original y la expansión urbana que amenaza con reducirlo cada día más.

Ante esto solicitaron a la Defensoría su ayuda para la paralización de las obras de construcción de parte de la Municipalidad de Cartago, sin embargo, esto aún no sucede. Se necesita que la Municipalidad de Cartago declare el “uso de suelo de humedal” a fin de evitar futuras construcciones sobre el humedal, uso agrícola o ganadero.

Por otra parte, se hizo una inspección del MINAE, pero se requiere una inspección de un especialista en daño, conteo y perjuicios de parte del SINAC. También el SINAC debe hacer un inventario con un experto en humedales para diagnosticar los respectivos conteos y determinaciones de: nacientes, turberas, termales y humedal. Finalmente, que eleve estos informes a la Contraloría Ambiental y al Tribunal Ambiental, porque afirman que “los daños son severos”.

El MINAE por medio de la Dirección de Aguas debe determinar el área de recarga y protección hídrica, “ya que es el único humedal con termales a nivel de la Gran Área Metropolitana de forma natural y cuya vegetación era endémica”, recuerdan las personas defensoras del humedal.

Finalmente se solicita a la Defensoría de los Habitantes y las instituciones interponer sus oficios para promover una comisión interinstitucional conformada por: la Municipalidad, MINAE, Dirección de Aguas, SINAC con representantes de humedales, Contraloría Ambiental y el Tribunal Ambiental para evaluar y determinar los daños y posibles formas de resarcir.

Importancia del humedal

Debido a la naturaleza de los humedales, en esta zona se facilita el avistamiento de aves que se asocian a estos, por otra parte, en un contexto urbano, al absorber el exceso de precipitaciones es posible reducir el impacto de inundaciones; además la vegetación que se encuentra en los humedales funciona como una especie de filtro que ayuda a mejorar la calidad del agua. Entre estas y otras razones, todos los humedales del país están resguardados y protegidos por ley.

La Asociación Ornitológica de Costa Rica visita periódicamente la zona y han registrado decenas de aves locales y migratorias que son características en los humedales. Además, hay presencia de mamíferos: pizote, mapache, coyotes, conejos, tigrillo, león breñero, zorro gris, y serpientes: corales, ranera, pajarera.

Elaborado con apoyo del proyecto Geografía y Diálogo de Saberes: Análisis de la conflictividad socioambiental en territorios rurales de Costa Rica (ED-3526) del Programa Kioscos socioambientales y la Escuela de Geografía de la Universidad de Costa Rica.