La Asociación para el Desarrollo de la Ecología expone preocupaciones alarmantes sobre la comercialización de propiedades en áreas protegidas en la zona de Manzanillo, Costa Rica. En su informe del 07 de marzo de 2024 señala una aparente complicidad por parte del Sistema Nacional de Áreas de Conservación Amistad Caribe (SINAC) y la falta de cumplimiento de una sentencia judicial que ordenaba la recuperación de terrenos de dominio público.
El documento, dirigido a la ministra de la presidencia y presidenta del Consejo Nacional Ambiental, Licda. Natalia Diaz Quintanilla, así como a varios funcionarios del Instituto de Desarrollo Agrario (INDER) y del SINAC, detalla una serie de irregularidades que han sido descubiertas en la zona de Manzanillo, específicamente dentro de los límites del Refugio Gandoca Manzanillo.
Según el informe, a pesar de una sentencia emitida el 10 de julio de 2019 (sentencia 2019-012745) que ordenaba la recuperación de terrenos de dominio público en la zona boscosa, muchas propiedades están siendo comercializadas en la zona de Manzanillo con la aparente complicidad del SINAC. Se mencionan supuestos fraccionamientos que permiten la venta de terrenos, a pesar de la clara disposición legal de recuperar dichas áreas.
La Asociación para el Desarrollo de la Ecología solicita en el documento que se proceda a consignar una nota de advertencia como áreas bajo régimen especial sobre los terrenos en cuestión, de acuerdo con el derecho aplicable. Además, se solicita al INDER que tome medidas para verificar y certificar los expedientes asignados por el poder judicial a las demandas de lesividad iniciadas en cumplimiento de la sentencia de 2019.
Se hace hincapié en la falta de acción por parte del SINAC para incorporar al Patrimonio Natural del Estado las áreas descritas como bosque en un informe de inspección del Tribunal Ambiental Administrativo. A pesar de la anulación de la Ley No. 9223 en lo que respecta a los territorios comprendidos en la zona boscosa, no se ha tomado ninguna medida concreta para proteger y preservar estas áreas.
Las preocupaciones manifestadas generan un debate sobre la protección ambiental y la integridad de las áreas protegidas en Costa Rica. La falta de cumplimiento de la ley y la aparente complicidad en la comercialización de propiedades en áreas bajo régimen especial plantean serias dudas sobre la eficacia de las instituciones encargadas de proteger el medio ambiente.
Ante estas revelaciones, se espera que las autoridades competentes tomen medidas inmediatas para investigar y abordar esta situación. La transparencia y la rendición de cuentas son fundamentales para garantizar la protección adecuada de los espacios naturales y la preservación del patrimonio ambiental de Costa Rica.
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