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Más de 50 mil personas firman petición para prohibir clorotalonil en Costa Rica

  • “Hay grupos locales que con el apoyo de la industria agroquímica nos han acosado, intimidado y amenazado”

  • “El gobierno podría retrasar la prohibición si no sienten presión”

Una petición en línea firmada por 51.926 personas de todo el mundo, solicita a la Asamblea Legislativa aprobar el proyecto de ley de Expediente 23783 sobre la regulación de plaguicidas altamente peligrosos y al Poder Ejecutivo, “implementar las ocho recomendaciones del Informe Técnico Clorotalonil”, que incluye su prohibición del agroveneno.

Según la solicitud, el agroquímico está prohibido en 32 países “pero en vez de sacarlo del mercado, compañías europeas como Syngenta nada más lo venden en países del sur global como Costa Rica”.

La petición está encarnada en Isabel Méndez, vecina y lideresa en la defensa del agua en Cipreses de Oreamuno de Cartago, un pueblo pequeño en Costa Rica cuya agua está contaminada de moléculas degradadas del pesticida cancerígeno clorotalonil. Isabel, al igual que otros vecinos de la zona, están siendo afectados y continúan recibiendo agua en cisterna desde hace casi un año. Sin embargo, hay que recordar que los primeros análisis que dieron presencia de derivados de clorotalonil fueron a finales del 2021 (Se confirma contaminación con agroquímicos en el agua de Cipreses Cartago (ucr.ac.cr)).

Si bien se desconoce desde cuando está contaminada el agua, la misiva firmada asegura que “Desde hace 9 años varias mujeres de Cipreses y yo (Isabel) hemos estado luchando para que se prohíba, y ahora finalmente estamos logrando lo que tantas veces nos pareció imposible: ¡La sala constitucional de Costa Rica le ha dado seis meses al Poder Ejecutivo para prohibir el clorotalonil!” Sin embargo, los miles de personas firmantes aseguran que “el gobierno podría retrasar la prohibición si no sienten presión”.

Han sido años difíciles en Cipreses como cuenta Isabel: “además de no tener suficiente agua, mi hija Fiorella tuvo pólipos a los 16 y ahora ha perdido su olfato y gusto. Mi vecino tiene cáncer en la lengua, y a varias personas jóvenes les han diagnosticado cáncer estomacal. No es normal tener tanta enfermedad en un pueblo tan pequeñito, y desde que las pruebas de laboratorio confirmaron que el agua está contaminada, el gobierno nos ha dicho que no debemos tomar el agua del grifo”.

Además, como es cada vez más común en la región Latinoamericana, las personas defensoras del ambiente, aseguran que: “hay grupos locales que con el apoyo de la industria agroquímica nos han acosado, intimidado y amenazado de muerte por nuestro activismo”.

Eso no asusta a Isabel ni a su grupo Frente Eco Cipreses pues insiste que “seguimos luchando porque el problema va más allá de Cipreses: ya sabemos que hay otras nacientes contaminadas, en zonas donde se cultiva el 80% de los vegetales que consumen la población de Costa Rica, y es probable que haya muchas más. No podemos seguir dejando que Syngenta use a países de América Latina y África de basureros químicos para botar productos que por ley ya no pueden vender en Europa”.

Este año se denunció que una comunidad vecina Santa Rosa de Oreamuno también tiene sus nacientes contaminadas con derivados del mismo veneno afectando a miles de personas (Kioscos UCR, 24-3-23). Lo más grave que según un Informe de los Ministerios de Salud, de Ambiente y del AyA fue clave para que la Sala Constitucional solicitará la prohibición del clorotalonil en junio pasado en la zonas vecinas de Cartago. Había alrededor de 65.000 personas que dependían de suministros de agua en “las mismas condiciones”, con una agricultura tan cercana a las fuentes de agua que estaba “afectando la calidad del agua” y generando “una probabilidad muy alta de contaminación por el uso de los productos químicos».

La petición es impulsada por la organización Ekō, una comunidad formada por más de 22 millones de personas de todo el mundo: “comprometidas con la tarea de frenar el creciente poder de las corporaciones. Queremos que las empresas, de las que somos compradores, trabajadores e inversionistas, respeten el medio ambiente y la democracia, y traten bien a sus empleados”.

Ver y firmar petición en: https://actions.eko.org/a/costa-rica-prohibid-este-pesticida-cancerigeno?sp_ref=816890036.99.227456.f.691167.2&referring_source=whatsapp&source=fb

Elaborado con apoyo del proyecto Geografía y Diálogo de Saberes: Análisis de la conflictividad socioambiental en territorio rurales de Costa Rica (ED-3526) del Programa Kioscos socioambientales y la Escuela de Geografía de la Universidad de Costa Rica.

«Este sentir es por lo nuestro». Comunidad La Gamba

“Este sentir es por lo nuestro. Y lo nuestro es tangible: son nuestros recursos naturales, son nuestros bosques, son nuestros mares, son nuestras ballenas” -Marcos Villegas Castro.

Como parte de la temporada de Tertulias 2023: «Sol Lucet Omnibus», el viernes 25 de agosto se transmitió la décima Novena Tertulia: «Importancia de los Servicios y Actividades no Esenciales (SANE) en el Parque Nacional Piedras Blancas para la comunidad de la Gamba de Golfito», en vivo desde Golfito.

La tertulia fue llevada por:

  • Ronald Moya Díaz – Presidente Asociación Desarrollo Integral La Gamba, Golfito.
  • Gilberto Cerdas Franco – Guía Turístico y Miembro Comité Turismo La Gamba, Golfito.
  • Marcos Villegas Castro – Secretario Asociación Desarrollo Integral La Gamba, Golfito.

Como anfitrión participó: 

  • Régulo Solís Argumedo – Jefe de la Sede Dr. Celedonio Ramírez R. de la UNED de Guápiles.

En primer lugar, antes de comenzar la tertulia, se presentó un audiovisual corto donde Maritza Sánchez Porras, vecina de la Comunidad de la Gamba, comenta que desde hace 3 meses, la comunidad fue preparándose para el tercer festival ambiental, el cual celebran cada año. Asimismo, en este Festival Ambiental participan diversas comunidades con talleres sobre cómo cuidar el medio ambiente, y con la oferta de sus productos.

De regreso a la tertulia, Régulo comenta que la comunidad de La Gamba se encuentra adyacente al Parque Nacional Piedras Blancas, quien ha manifestado interés en participar de los beneficios sociales y económicos que genera un Parque Nacional. En ese sentido, el Sistema Nacional de Áreas de Conservación tiene figuras que permiten la participación de la comunidad en la gestión de las distintas áreas de vida silvestre.   

Como forma de introducción al proceso que ha llevado a cabo la comunidad para lograr establecer la concesión para gestionar los servicios y actividades no esenciales, Marcos Villegas aborda el contexto histórico. En este sentido, menciona que desde el año 1994, surgió un movimiento ambiental que estuvo siempre respaldado por las asociaciones de desarrollo, denominado “Movimiento socioambiental para el desarrollo”. 

Durante esa época, expresa Marcos, dieron luchas importantes contra una compañía forestal canadiense que iba a instalarse en el Golfo Dulce para construir un astillero de árboles de melina. La comunidad logró detenerla gracias a una iniciativa civil. Posteriormente, el flagelo de la deforestación, en 1997, con grandes compañías nacionales que buscaban despoblar totalmente la Península de Osa y también, a través de los comités de vigilancia de los recursos naturales, las comunidades dieron la lucha y lograron minimizar esos daños.

Asimismo, participaron en mitigar las medidas en contra de la fauna. Las comunidades como grupos organizados, se dieron la tarea de gestar un desarrollo autóctono. Desde ese momento, vislumbraron la posibilidad, con la creación del Parque Nacional Piedras Blancas, de crear una figura de manejo compartido, una cogestión del área silvestre protegida que estaba creándose para que las comunidades participaran de sus labores; inclusive de protección.

De este modo, las comunidades realizaron visitas a otros lugares donde se desarrollaban experiencias similares, para visualizar e implementar algo similar. Sin embargo, hoy en día, Marcos señala que las comunidades no lo han podido lograr, y siguen viendo los parques nacionales muy lejos de constituir un desarrollo para ellas. Por ello, la meta de la Asociación de Desarrollo Integral La Gamba es hacer esto realidad: que estos sean gestores activos de la sociedad civil en el manejo de un área silvestre, la cual es patrimonio de toda la humanidad. 

Antes del 2020, año que comenzó la denominada figura de los servicios no esenciales, la comunidad ya había comenzado a celebrar el festival ambiental con el fin de concientizar a la población así como invitar a los personeros del área de conservación para que les ayudara en dicha gestión. Los festivales ambientales continuarán siendo organizados, según señala Ronald, hasta que la figura de servicios no esenciales y el manejo compartido sea una realidad para la comunidad La Gamba.

Bajo la misma línea, según Ronald Moya, Marino Ballena se constituyó como Parque Nacional y con los servicios compartidos con el MINAE gracias a una ley vigente con la cual, la comunidad La Gamba podría luchar por acceder a obtener los servicios no esenciales. De igual forma, Gilberto añade que las personas que tienen microempresas y proyectos se verían muy beneficiadas, a través del desarrollo del turismo en la zona.  

A modo de ejemplo de experiencias similares en el eco-manejo comunitario, Régulo menciona al Refugio de vida silvestre Gandoca Manzanillo y el Parque Nacional Cahuita, las cuales tienen años de ser gestionadas por las personas de la comunidad de forma exitosa, pero desconocida para personas externas. 

Según Régulo, uno de los mitos que lograron desmentir al visitar dichas áreas protegidas es la creencia de que, si las comunidades vecinas llegan a ser gestoras, las áreas van a sufrir un deterioro.

Al contrario, lo que encontraron en Manzanillo y en Cahuita fueron zonas altamente protegidas y debidamente gestionadas con un mantenimiento de primer orden las cuales generan empleo e invierten en la comunidad. Además, el aporte voluntario al ingresar, debidamente registrado, es un presupuesto que permite cuidar de las zonas. Conocer experiencias como estas es importante porque son las evidencias que se tienen en pro del ambiente.  

Ahora bien, en cuanto a la posición que tiene el Sistema Nacional de Áreas de Conservación respecto a las gestiones hechas por la comunidad La Gamba, Marcos comenta que no existe una gestión con las comunidades para que estas puedan agilizar el proceso y poder acceder a los servicios no esenciales. Aún existe el mito entre las instituciones de que las comunidades tienen mentalidad de “banana república”, a quienes no se les considera como gestores de su propio desarrollo. Esa también es una lucha que las comunidades están dando. 

Otro reto presente es el interés por la privatización del Parque y la compra de tierras por parte de empresas grandes, lo cual erradicaría a la comunidad. 

Tal y como Marcos señala, a pesar de los constantes intentos de entes externos por apropiarse de los recursos, existe una gran conciencia entre las personas vecinas de que los recursos naturales son de todos, y que hay que defenderlos. Y que si bien es importante abrirse hacia cosas nuevas, hay que hacerlo con mucho cuidado.

En este sentido, Rolando hace un llamado a las universidad públicas para que apoyen  a las comunidades en estas luchas.

Para poder avanzar, señala Marcos, es necesario sacudir la inutilidad institucional, no solo del SINAC sino también del gobierno municipal, el cual debe tomar en cuenta que los recursos naturales son la base de todo cantón, así como establecer políticas que fomenten la participación de las organizaciones y la población en este tipo de temas.

Por su parte, la comunidad La Gamba ha hecho su parte, al organizar campamentos juveniles en el parque, jornadas de protección con los guardaparques, limpiar los senderos, visitar y proteger el Pez Aguja y al avistamiento de ballenas y tortugas. 

Tal y como señala Gilberto, la lucha por los servicios no esenciales no es solo para la comunidad La Gamba, sino para todo el pueblo de Golfito y de sus alrededores, para que traiga desarrollo y sensibilización a las nuevas generaciones y que participen activamente de su gestión. Pueden ver detalles en los espacios virtuales de la UNED:

YouTube: https://www.youtube.com/c/unedguapiles16/live

Facebook: https://www.facebook.com/unedguapiles/live 

 

Imagen ilustrativa.

Entramarnos por la defensa de la vida – Puntalitos en disputa

Quince UCR y el Programa Kioscos Socioambientales, se complacen en invitar a la presentación de la 4ta temporada de la serie Entramarnos por la defensa de la vida.

Puntalitos en disputa es una temporada que reflexiona acerca de la soberanía alimentaria.

Lunes 18 de septiembre 10:00 am

Auditorio de la Facultad de Educación, UCR

Habrá una Feria Agroecológica con algunas personas protagonistas de la serie.

Transmisión por Quince UCR

¡Les esperamos!

¡Prohíban el clorotalonil!

Soy Isabel y vivo en Cipreses, un pueblo pequeño en Costa Rica, y les escribo porque el agua de nuestra comunidad está contaminada de un pesticida cancerígeno y en nuestra vecindad la gente se está enfermando. Tenemos una solución, pero necesitamos ayuda urgente.  

El químico se llama clorotalonil y está prohibido en 32 países, pero en vez de sacarlo del mercado, compañías Europeas como Syngenta nada más lo venden en países del sur global como Costa Rica.

Desde hace 9 años varias mujeres de Cipreses y yo hemos estado luchando para que se prohíba, y ahora finalmente estamos logrando lo que tantas veces nos pareció imposible: ¡La sala constitucional de Costa Rica le ha dado seis meses al Poder Ejecutivo para prohibir el clorotalonil!

Pero el gobierno podría retrasar la prohibición si no sienten presión. Por eso hemos creado esta petición y necesitamos que todas las personas posibles la vean y la firmen. Luego vamos a trabajar con Ekō para llevar todas las firmas directamente a los ministros. ¿Nos podrías ayudar a lograrlo?

Han sido años difíciles en Cipreses. Además de no tener suficiente agua, mi hija Fiorella tuvo pólipos a los 16 y ahora ha perdido su olfato y gusto. Mi vecino tiene cáncer en la lengua, y a varias personas jóvenes les han diagnosticado cáncer estomacal. No es normal tener tanta enfermedad en un pueblo tan pequeñito, y desde que las pruebas de laboratorio confirmaron que el agua está contaminada, el gobierno nos ha dicho que no debemos tomar el agua del grifo. 

Y como si todo eso fuera poco: hay grupos locales que con el apoyo de la industria agroquímica nos han acosado, intimidado y amenazado de muerte por nuestro activismo. 

Pero por más difícil que sea, seguimos luchando porque el problema va más allá de Cipreses: ya sabemos que hay otras nacientes contaminadas, en zonas donde se cultiva el 80% de los vegetales que consumen la población de Costa Rica, y es probable que hayan muchas más. No podemos seguir dejando que Syngenta use a países de América Latina y África de basureros químicos para botar productos que por ley ya no pueden vender en Europa. 

Por eso la corte constitucional ha dictado que se debe prohibir el clorotalonil, y además han publicado recomendaciones para asegurar el bienestar de quiénes se dedican a la agricultura. El proceso de prohibición les daría chance de agotar sus existencias, les apoyaría en la transición a alternativas existentes y pondría incentivos económicos para la producción de alternativas nuevas. 

Entonces no hay razón alguna para no prohibirlo, ¡y estamos muy muy cerca de ganar! Pero ahora todo depende de cuánta presión sientan nuestros líderes. Si cada persona recibiendo este correo firma la petición y la comparte, podríamos ganar en Costa Rica y además causar un efecto dominó para prohibir el clorotalonil en toda América Latina. ¿Te unes?

Desde Cipreses, queremos dar las gracias a todos las personas que forman parte de Ekō por todo lo que hacen para apoyar comunidades como la nuestra y que todo el tiempo están esforzándose por construir un mejor mundo para todas las personas.

Haga click aquí para decirle al gobierno de Costa Rica: ¡Prohíban el clorotalonil!

No era un “cholillo” quien se ahogó en el río Duchí

Por Osvaldo Durán-Castro/Sociólogo ITCR-ecologista FECON

El río Duchí es un poderoso animal de agua que nace en el Valle Las Morrenas en Duchí tuä, la cima del cerro Chirripó.  De ahí baja en medio de las montañas que sólo los cabécares de Alto y Bajo Chirripó conocen.  Su agua, inimaginablemente transparente, se desliza en medio de la selva sin humanos. Más abajo, el Duchí se mueve sinuoso entre las comunidades cabécar que nacieron y viven a su paso.  Esta gente se sirve comida de él, lo utiliza, lo quiere y lo respeta.  El Duchí no es una “cosa”, es el “Ri” que permite a la gente convivir con él.  La cultura y la vida cabécar no serían posibles sin el Duchí. 

Pero desde Namaldí en Bajo Chirripó hacia el Caribe, el río sufre una enfermedad terminal porque los bosques que lo flanqueaban no lograron detener la arremetida de las trochas, los tajos y los bananales.  Allí su agua se torna sucia, contaminada e inservible.  El ecosistema limpio del río desaparece y se convierte en un callejón lodoso de humus, suelos lavados y sedimentos venenosos.  Su cauce está drenado y saqueado, y la maquinaria es la que esculpe violentamente su lecho y sus paredes.

Igual que en todo el planeta, en el Duchí, los pueblos se hicieron y se quedaron al lado de los ríos.  Pero a pesar de que la gente indígena sabe escucharlo, mirarlo y leerlo, el río puede resultar impredecible y tornarse en extremo peligroso.  En muchos tramos del río la gente no tiene otra opción que lanzarse a cruzarlo sin más ayuda que un palo para apuntalarse entre las piedras y los remolinos.  Las aguas que parecen mansas tienen una fuerza distinta a las de otros ríos como las de su vecino Jaküi/Pacuare y las de muchos otros ríos más cortos y quebradas que fluyen y se le suman desde las montañas que conducen a alta Talamanca.  Lo indómito del Duchí tampoco se muestra en otros tantos ríos que le llegan desde las cumbres y montañas que hacen de parteaguas con la cuenca del Jaküi.  Cruzar el Duchí es siempre un desafío que sólo la gente cabécar sabe enfrentar, y sin embargo muchas veces ese riesgo les cuesta la vida.  Cuando el río verdaderamente crece es un animal temerario.

En Tsineklarí/Roca Quemada hay un puente de hamaca para las personas, animales domésticos, motos y cuadraciclos, que da paso hacia las comunidades del lado de Limón. Pero de ahí hacia arriba, hasta Ñari Ñak, la siguiente pasarela consiste en un cable de lado a lado del río sostenido con cimientos de concreto del que cuelga un “cajón” de metal en el que pasan hasta 5 personas, productos como bananos, plátanos, otros alimentos y algunos animales como perros y gallinas.

A falta de paso seguro para ir al colegio de Ñari Ñak, por ejemplo, los estudiantes de algunas familias de Blori Ñak caminan hasta Kabébata/Quetzal.  A cualquier yukosa/no indígena desacostumbrado a caminatas rudas, ese trayecto le tomaría no menos de 5 horas por una subida extrema.  A algunos indígenas, como Albeiro García Brenes, que cursa el octavo año y sube todos los días, le toma 1 hora con 40 minutos. El regreso a su casa lo hace en menos.  El peligro actual y la memoria hacen que la familia de Albeiro prefiera esas caminatas diarias al riesgo de cruzar el río colgado de un cable.  En diciembre de 2023 se cumplirán 10 años del día en que su papá cayó al río cuando el artesanal e improvisado mecanismo de “rola” o rueda para deslizarse en el cable de metal y un pedazo de mecate a modo de hamaca falló.  Sobrevivió con los pies molidos por el impacto en las piedras y muchos más golpes y volvió a su casa luego de muchas semanas hospitalizado.

Caminando algunas horas más sobre la misma ribera de Blori Ñak, al otro lado del río se divisan las comunidades Guatemala y Colonia.  Luego de pasar Shukebacharí, pero hasta mucho más arriba, todavía lejos del centro de Sinoli, está la siguiente pasarela. A diferencia del puente de hamaca de Tsineklarí, la pasarela que hay que usar para llegar a Sinoli es endeble e improvisada. De un lado tiene una armazón de metal a la cual está sujeto el cable.  La gente debe subirse en un pequeño e incómodo cajón de metal que hay que sostener mientras se aborda.  Luego se suelta y con algo de impulso se adentra un poco sobre el río.  Las ruedas de las cuales va guindando pareciera que se van a saltar el cable.  Cuando el impulso por el peso acaba hay que empezar a jalar un mecate para acercarse a la otra orilla y eso es un trabajo pesado.  Del otro lado, la armazón de recibo está hecha de simples palos traídos de la montaña.

Las “gradas” son palos irregulares también. Subir o bajar unos 5 metros para tomar o dejar el cajón es de por sí muy peligroso.  En prácticamente todas esas pasarelas sobre el Duchí, con las rolas permanentes, o con las que la gente lleva, o con los mecates, muchas personas han sufrido heridas de distinto tamaño y hasta se han amputado parte de alguno de sus dedos; esto incluye gente de todas las edades y hasta bebés de meses.  Las caídas al río desde los cables con mecates o cajones son el accidente más común y con frecuencia terminan en muerte.  Cuando el río está descomunalmente crecido, infunde miedo, demanda cuidado extremo y se convierte en un “mar” de peligro inminente de hasta doscientos metros de ancho.

En la ruta de subida hacia el lejano y altísimo Duchí tuä, ahora caminando del lado de Limón, la comunidad que sigue es China Kichá/Raíz de naranja, mismo nombre de otras comunidades cabécar en Talamanca y Pérez Zeledón.  Bastante más arriba de la pasarela y a la par del río, se ven la escuela y otros techos de China Kichá. Pero este pueblo queda al otro lado y hay que volver a cruzar el río.  Sin embargo, sólo está el cable porque el cajón está malo, según explican en cabécar 2 mujeres jóvenes que parecen de no más de quince años.  Ellas esperan un rato bajo la armazón de palos que sostiene el cable, conversan entre ellas y con nuestros compañeros de Blori Ñak, deliberan y luego empiezan a caminar río arriba por las piedras de la orilla como midiendo la fuerza de la corriente.  Tras intercambiar miradas entre ellas y con el río, parece que encontraron una ruta.  Luego de hacerse comentarios que no escuchamos, se lanzan a cruzar el Duchí. 

Calculan cada paso soportando la corriente, a veces se tambalean, se hunden entre las piedras y los remolinos, se hablan a gritos, se ríen y parecen asustadas, pero siguen.  Tratan de no separarse y terminan tocando la otra orilla muchos metros más abajo de donde iniciaron.  Nosotros avanzamos bastante más hacia arriba buscando que el río nos dé una tregua para cruzar, pero el Duchí nos engaña.  De lejos cada tramo parece tranquilo, pero al llegar los remolinos y las innumerables pequeñas cascadas se revelan poderosas y desafiantes a tal grado que luego de muchas entradas fallidas, simplemente desistimos.  Los cabécar siguen dispuestos a lanzarse, pero “los yukosa no pueden con el Duchí”.

Las 2 muchachas jóvenes se pierden en la montaña al otro lado del río en China Kichá.  A nosotros nos espera un regreso a Blori Ñak a marcha rápida de al menos 5 horas por los mismos trillos, caminos, trochas e inseguras pasarelas.  En ese retorno nos topamos a 6 personas que vienen a paso ligero y silencioso desde Tsineklarí donde encontraron al muchacho que se había ahogado 5 días antes.   Son parte de su familia.  Era un hombre joven que necesitaba cruzar el río para ir a trabajar, pero no tuvo la suerte de las 2 jóvenes.  No era un “cholillo”.  Era una de las muchísimas personas que todos los días y a cualquier hora, no tienen alternativa y deben arriesgar su vida debido a la ausencia de puentes que permitan el paso seguro.  Desde Sonoli, el Duchí se llevó su cuerpo hasta Tsineklarí.

En Grano de Oro, el yukosa que habló de esta muerte no se refirió a “una persona” sin importar quién fuera, ni menos a un indígena cabécar ahogado, sino de un “cholillo”, sin comprender el peso violento y racista de su expresión.  Simplemente soltó la frase grosera con la “naturalidad” propia de quien vive en una sociedad discriminatoria y descalificadora; una sociedad racista.  Todavía para mucha gente, aunque los tenga de vecinos, los indígenas son personas inferiores y los tratan como si lo fueran.  Muchas de esas expresiones y prácticas actuales nos hacen pensar que vivimos como si el tiempo no hubiera transcurrido y estuviéramos ante cualquier supremacista blanco de hace décadas o siglos cuando nuestros indígenas eran cazados como si fueran bestias. Algunos connotados racistas y traficantes de seres humanos como Fitz Roy, el explorador colonialista inglés de la Patagonia y Tierra del fuego en Argentina y Chile, y su compañero Charles Darwin, capturaban indígenas y hablaban de éstos como “feroces y sucios salvajes” y “criaturas apenas superiores a la creación bruta”.  Darwin, tal vez el más conocido científico inglés, llegó a decir que “…no he visto en ninguna parte criaturas más abyectas y miserables”, para referirse a los “fueguinos” del sur del continente americano.  Ese mismo desprecio, con variantes, lo practican hoy muchas personas en la calle y en dependencias públicas y privadas de Costa Rica.

Si los cabécares de Alto Chirripó tuvieran puentes, al menos puentes de hamaca, podrían conectarse entre sí con seguridad y podrían llegar a los caminos para trasladarse hacia Turrialba.  Aunque no puedan pagar 25.000 o 30.000 colones para subir en carro hasta por lo menos Grano de Oro, con esos puentes vivirían mucho mejor.

En cuanto a los caminos, algunos están mejor que hace unos años.  Desde Grano de Oro hasta Tsineklarí por Tsipirí, Jokbata y Dikokloriñak, se puede llegar sin problema.  La ruta Grano de Oro por Kabebata/Quetzal hasta Blori Ñak también es transitable, pero con lluvias fuertes queda inhabilitada rápidamente, lo mismo ocurre con el camino hasta Shukebacharí.  Esas rutas y sus pueblos son sitios de paso y entrada a muchas más comunidades tanto del lado de Cartago como del lado de Limón, como Jokbata, Dikokloriñak las mismas Tsineklarí y Blori Ñak, Ñari Ñak, Guatemala, Colonia, Shukebacharí, Sinoli, China Kihá y muchas más. 

Si esos pueblos contaran con puentes para cruzar el río se evitarían muchos accidentes, muertes, desplazamientos agotadores de horas para ir a estudiar, recibir alguna atención médica, comprar alimentos, trasladar productos, etc.  Desgraciadamente murió otra persona y puede que no sea la última.  No era un “cholillo”.  Era un habitante de Costa Rica, un indígena trabajador.  No andaba borracho, que es lo que casi siempre se dice, pero no pudo medir el peligro.  Si existiera un puente, aunque fuera un puente de hamaca, él no habría muerto.  Y tan racistas son las expresiones grotescas sobre su muerte, como el abandono material de la institucionalidad costarricense con el pueblo cabécar de Alto Chirripó y con los demás pueblos originarios.  El racismo es un problema social de Estado, de toda la institucionalidad y no es con ayudas puntuales, o con caridad, como se subsanarían carencias tan elementales como puentes de hamaca para que la gente no viva en riesgo inminente y permanente.  Se requiere asumir responsabilidad para hacer esas inversiones mínimas.

A pesar de las tragedias irreparables, el río Duchí sigue siendo indispensable y fundamental para la vida de la gente cabécar, pero hasta tanto no existan condiciones seguras para cruzarlo, también seguirá siendo un peligro irremediable.  Dentro del territorio cabécar el Duchí es entonces una amalgama de vida natural verde y animal ilimitada, belleza indescriptible y fuerza descomunal que cobra vidas humanas.

Fotos aportadas por el autor.

Comisión Legislativa de Ambiente investigará Plan Regulador de Talamanca

En la sesión de Comisión del día de ayer 30 de agosto, se votó unánimemente una moción del diputado Ariel Robles para abrir una investigación sobre el polémico Plan Regulador Costero del cantón Talamanca.

La moción solicita “abrir un expediente de investigación que indague sobre la metodología, el procedimiento y los criterios técnicos y científicos que se utilizaron por la Municipalidad de Talamanca y las demás entidades públicas involucradas para generar dicho Plan Regulador”.

Para el diputado proponente “dicho proyecto ha generado total oposición de las comunidades y numerosas organizaciones no gubernamentales con el objetivo de salvaguardar el recurso hídrico en el lugar, evitar la densidad de construcción en áreas de alta fragilidad ambiental, entre otras posibles afectaciones al medio ambiente”.

Recalca que “dicho Plan Regulador también existe la posible violación al constitucional derecho de participación ciudadana y el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado”.

El Diputado Robles recuerda que “la Municipalidad de Talamanca publicó un Plan Regulador Costero, que, de acuerdo a su propuesta, podría permitir el cambio de uso de suelo en los sectores boscosos, colocando en riesgo inminente la biodiversidad del lugar”.

Si bien la fracción de Liberación Nacional quiso que este tema se discutiera en la Comisión Legislativa de la provincia de Limón, el diputado fue vehemente que sin importar el color político la Comisión de Ambiente es el lugar temático que corresponde y que hasta el día de hoy la comisión ha tenido una práctica abierta y unánime de llevar a cabo este tipo de investigación, como también lo señaló el mismo presidente de la Comisión, el diputado Gilberth Jiménez Siles.

Finalmente, por unanimidad fue votada con 6 votos a favor por las y los diputados: Gilberth Jiménez Siles, Kattia Cambronero Aguiluz, Oscar Izquierdo Sandí, Manuel Morales Díaz, Katherine Moreira Brown y Ariel Robles Barrantes.

Dentro de las principales preocupaciones que han expresado los distintos grupos comunales como los COVIRENAS del Caribe Sur, Movimiento Cahuita Unida, Asociación de Desarrollo Integral del Territorio Indígena de Kéköldi (ADITIK), se señalan: (i) el desconocimiento de información técnica que busca garantizar la adecuada protección de los ecosistemas de humedal; (ii) que se planifica un área sin conocer los límites reales que tendrá el Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca Manzanillo por encontrarse estos en proceso de oficialización a causa de una acción de inconstitucionalidad resuelta en el 2019, ni los límites definitivos del Territorio Indígena Kekoldi-Cocles los cuales se encuentran en proceso de devolución a este pueblo originario; (iii) que se impulsa un desarrollo turístico que viene a ejercer presión sobre los mantos acuíferos y el recurso hídrico a pesar de que las instituciones competentes en la materia han afirmado que existe escasez; (iv) el nulo reconocimiento de la crisis climática y sus impactos principalmente sobre la erosión de las costas del Caribe sur; (v) la débil participación de la sociedad civil y la no-consulta del territorio Kekoldi-Cocles; y (vi) el notorio tráfico de influencias que ha impactado el proceso, entre muchas otras cosas.

Ver video de votación,en minuto 1:54:46 / 2:16:11 y moción adjunta.

Elaborado con apoyo del proyecto Geografía y Diálogo de Saberes: Análisis de la conflictividad socioambiental en territorios rurales de Costa Rica (ED-3526) del Programa Kioscos socioambientales y la Escuela de Geografía de la Universidad de Costa Rica.

Ríos: memoria que fluye – invitación de aniversario

A un año del lanzamiento de la serie documental Ríos: memoria que fluye, les invitamos a visitar el siguiente enlace:

https://www.ucrq.tv/search?q=r%C3%ADos%20memoria%20que%20fluye, en el que encontrarán los diez episodios que conforman esta producción con contenido crítico, en clave de memoria histórica y relatos de defensoras y defensores de los ríos.

Esta serie es un llamado a la acción y la reflexión, pero también, un material educativo relacionado con las experiencias de los territorios y sus luchas.

Una producción de Canal Quince UCR y el Programa Kioscos Socioambientales.

Interponen más acciones legales y presentan objeciones contra el Plan Regulador Costero de Talamanca

Comunidad organizada, ecologistas y habitantes de la zona defienden su hogar y el patrimonio de los costarricenses de quienes quieren robarles sus derechos

  • Movimiento Cahuita Unida cuestiona que el INVU sea “juez y parte” y vecinos del cantón de Cahuita exigen con amparo verdadera participación comunitaria.

  • Recursos y acciones legales contra el PRC se acumulan en la Sala Constitucional, el MINAE, y la Municipalidad de Talamanca.

  • El lunes 28 de agosto venció el plazo para la presentación de objeciones y observaciones por parte de la sociedad civil al PRC.

Cahuita, 30 de agosto del 2023. Movimiento Cahuita Unida, Bloqueverde y COVIRENAS Caribe Sur. Durante el mes anterior, la Municipalidad de Talamanca presentó la propuesta de Plan Regulador Costero (PRC) la cual fue elaborada por el Instituto de Vivienda y Urbanismo (INVU). El PRC fue presentado a la comunidad mediante reuniones informativas con las comunidades y a través de información que circuló en la página web de la Municipalidad. El 4 de agosto del año en curso, inmediatamente después de este apurado proceso de socialización, la Municipalidad celebró la Audiencia Pública durante la cual se evidenció una amplia y diversa oposición desde las comunidades locales que critican la falta de participación, el dificil acceso a la informaión, y graves violaciones a las leyes ambientales y a los derechos ancestrales de los pueblos tribales e originarios de la zona, entre otros.

El PRC en discusión plantea la zonificación y el ordenamiento de la franja de doscientos metros de ancho, medidos horizontalmente a partir de la línea de la marea alta ordinaria de todo lo largo del litoral, franja mejor conocida como la zona marítimo terrestre (ZMT). Resulta importante recordar que la ZMT se compone de dos secciones: la zona pública (la primera faja de cincuenta metros de ancho a contar de la pleamar ordinaria, las áreas que quedan al descubierto durante la marea baja, manglares y esteros); y la zona restringida (la franja de los ciento cincuenta metros restantes y los demás terrenos en caso de islas). La zona pública no puede ser objeto de ocupación bajo ningún título ni en ningún caso, y nadie podrá alegar derecho alguno sobre ella ya que estará dedicada al uso público y en especial al libre tránsito de las personas. En la zona restringida las Municipalidades, en coordinación con el ICT, se encuentran autorizadas para otorgar concesiones para el uso y disfrute de áreas determinadas en la zona restringida, por el plazo y bajo las condiciones que la Ley de Zona Marítimo Terrestre número 6043 indique.

Dicha Ley, publicada en su versión original en el año 1977, establece en sus artículos 15, 25, 31, 37, 38, y 51, que la elaboración de los instrumentos de ordenamiento territorial para esta zona especial, deberán realizarse mediante un trabajo coordinado y dirigido por la Municipalidad respectiva y fiscalizado y aprobado por el Instituto de Vivienda y Urbanismo (INVU) y el Instituto Costarricense de Turismo (ICT). Silvia Matamoros, consultora legal en temas marino-costeros explica que:

en virtud de que las comunidades que habitan las costas del Caribe Sur todavía no cuentan con la declaratoria de zona urbano-litoral, lo que corresponde a la hora de elaborar el PRC para el distrito de Cahuita es aplicar lo establecido en la Ley número 6043. Esta Ley y su reglamento son complementadas por las disposiciones establecidas en la Ley de Planificación Urbana y el Manual para la elaboración de Planes Reguladores Costeros aprobado por la Junta Directiva del INVU y el ICT, instrumentos de política pública que deben ser observados y acatados por el Gobierno Local correspondiente a lo largo del proceso.

Preocupados por la injerencia del INVU en el proceso de elaboración de la propuesta del PRC, el Movimiento Cahuita Unida (MCU) cuestionó la constitucionalidad de los artículos 9 inciso 1 y 17 inciso 2; y el transitorio II de la Ley de Planificación Urbana. Estos artículos son los que autorizan a la Dirección de Urbanismo del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo para que puedan elaborar la propuesta del Plan Regulador. El argumento principal para impugnar estas normas es que la autoridad designada por ley para aprobar el plan es la misma que lo elabora. Se cuestiona que al ser “juez y parte” del proceso de elaboración de los Planes Reguladores existe un alto riesgo de que la institución pierda objetividad al aprobar una propuesta elaborada por el mismo ente público.

Adicionalmente, 40 vecinos de la comunidad de Cahuita presentaron un recurso de amparo ante la Sala Constitucional denunciando irregularidades dentro del proceso participativo. Afirman que la información se compartió con poco tiempo considerando lo complejo que fue accesarla y estudiarla debido a lo extensa y técnica que es. Además, según denuncia Andrea Mora del Movimiento Cahuita Unida,

sigue existiendo incertidumbre sobre lo que sucederá con las construcciones existentes; la Municipalidad de Talamanca no brinda respuesta a solicitudes de información y peticiones específicas; y la Comisión Local de Planificación y Ordenamiento Territorial realizó una consulta inadecuada, que incumple normativas ambientales y pone en riesgo los derechos de los habitantes de las costas.

Estos dos nuevos recursos se suman a cuatro otros que han presentado distintos actores comunitarios y sectores opuestos al PRC ante la Sala Constitucional sobre temas como la afectación de humedales (23-014549-0007-CO), los mapas del Territorio Indígena de Kéköldi (23-016184-0007-CO), Solicitud de información y suspensión de audiencia (23-016185-0007-CO), No consulta al territorio indígena Kéköldi – Cocles (23-016445-0007-CO). Estas acciones fueron complementadas con un recurso de nulidad ante la Comisión Plenaria de la SETENA por los errores graves en los IFAs que sustentan la viabilidad ambiental (EAE-0002-2020-SETENA), el cual fue rechazado el día de hoy y por lo tanto se espera que se presente la apelación correspondiente en los próximos días con el fin de agotar la vía administrativa. Por último, pero no menos importante, la Municipalidad de Talamanca se ha visto inundada por recursos de nulidad y de apelación relacionados al fondo de la propuesta del PRC y a irregularidades presenciadas por la comunidad durante la celebración de la Audiencia Pública.

A las acciones legales mencionadas hasta el momento, se suman las objeciones y observaciones que se presentaron a la propuesta de PRC, las cuales se podían presentar hasta este lunes 28 de agosto. Dentro de las principales preocupaciones que han expresado los distintos grupos comunales como los COVIRENAS del Caribe Sur se señalan (i) el desconocimiento de información técnica que busca garantizar la adecuada protección de los ecosistemas de humedal; (ii) que se planifica un área sin conocer los límites reales que tendrá el Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca Manzanillo por encontrarse estos en proceso de oficialización a causa de una acción de inconstitucionalidad resuelta en el 2019 ni los límites definitivos del Territorio Indígena Kekoldi-Cocles los cuales se encuentran en proceso de devolución a este pueblo originario; (iii) que se impulsa un desarrollo turístico que viene a ejercer presión sobre los mantos acuíferos y el recurso hídrico a pesar de que las instituciones competentes en la materia han afirmado que existe escasez; (iv) el nulo reconocimiento de la crisis climática y sus impactos principalmente sobre la erosión de las costas del Caribe sur; (v) la débil participación de la sociedad civil y la no-consulta del territorio Kekoldi-Cocles; y (vi) el notorio tráfico de influencias que ha impactado el proceso, entre muchas otras cosas.

Declaratoria de Longo Maï – ríos y energía no son mercancías

Representantes de organizaciones y comunidades de Costa Rica, reunidas el 26 de agosto 2023, para dialogar sobre el futuro del sistema eléctrico del país, MANIFESTAMOS:

  1. Los ríos son ecosistemas integrales que incluyen el agua y todas las expresiones de vida presentes en ella, pero además todos los elementos que conviven en las cuencas hidrográficas. Los ríos deben ser reconocidos jurídicamente como sujetos con derechos propios para asegurar su existencia y su uso regulado, respetuoso y limitado, según necesidades ecosistémicas y sociales colectivas y solidarias. En esta tarea Costa Rica debe aprender de los avances de otros países orientados a ese reconocimiento.
  2. Los usos prioritarios del agua y otros elementos de la biodiversidad deben ser definidos colectivamente y la protección de los ecosistemas debe ser el primero, seguido del agua para consumo humano, la soberanía alimentaria y posteriormente los fines comerciales y energéticos, regulados y limitados de acuerdo con estudios científicos de calidad y disponibilidad. En estas definiciones es indispensable reconocer el papel fundamental de las mujeres y de los Pueblos originarios de todo el mundo en el uso y protección del agua, lo mismo que las innumerables dificultades para asegurar el acceso a ésta.  En esta misma línea rechazamos la negociación de futuros del agua en la bolsa de New York bajo el código “Agua-NQH2O” y cualquier otra vía de privatización y exclusión de la gente más pobre.
  3. Nos solidarizamos con los pueblos en México, Chile, Perú y otros países, que mantienen cruentas y desiguales luchas en defensa del agua por su explotación comercial en aguacate y arándanos, que sumados a otros monocultivos han secado y desparecido los ríos y dejado sin agua a pueblos enteros.
  4. Las comunidades y organizaciones sociales exigimos espacios efectivos de participación en la definición de las políticas energéticas y eléctricas, pues hasta ahora esas definiciones han sido exclusivas de instancias técnicas y políticas con exclusión total de los pueblos impactados negativamente. Reiteramos que todos los proyectos, sin importar su tamaño y condiciones, deben ser efectivamente consultados con las comunidades en las cuales se pretenden instalar, y que los criterios de éstas deben ser respetados.
  5. El consumo de la energía indispensable para tener mejor calidad de vida, debe ser un derecho fundamental de los pueblos a precio justo y bajo principios de solidaridad, y esto demanda reconocer la incompatibilidad entre energía como derecho de la gente y energía como mercancía. Costa Rica debe enfilarse hacia su seguridad y soberanía energéticas asegurando el uso responsable de todos los ecosistemas. Esto demanda, de manea indispensable, incorporar en todos los proyectos el principio “indubio pro-natura” presente en la Ley de biodiversidad y convenios internacionales firmados por Costa Rica.  
  6. Nos solidarizamos y unimos a la lucha del Grupo ecologista León Cortés, la Asociación PROAL, ASADAS, Asociaciones de desarrollo y muchas más organizaciones de la zona Los Santos, para que el alcalde y el Consejo municipal, obedezcan a la población y aprueben “declarar León Cortés permanentemente libre de co-incineración de residuos sólidos y prohibir la instalación y contratación de cualquier servicio asociado con la co-incineración”.
  7. Con la mayor vehemencia, instamos a los y las diputadas a impedir los gravísimos impactos sociales y ecológicos que tendrían en el país los proyectos de ley expedientes #23.414 “Armonización del sistema eléctrico nacional”, #22.701 “Ley de fortalecimiento en la venta y exportación de electricidad a asociaciones cooperativas, empresas distribuidoras y de servicios públicos” y #22.561 “Ley para la autorización a los generadores de electricidad para la venta de excedentes de energía en el mercado eléctrico regional”. En el debate de este último expediente hemos seguido con extrema preocupación la falta de argumentación técnica, social y ecológica con que está siendo defendido.  Por esto le exigimos a los y las diputadas, estudiar, consultar, asumir responsabilidad e impedir su aprobación porque debilitan de forma irreversible el sistema público de electricidad, su condición como derecho de la gente y lo convierten en un sistema de lucho privado.  En paralelo, y como lo hemos reiterado por más de 30 años, exigimos la derogatoria de leyes 7.200 y 7.508 porque siguen siendo un deleznable medio de lucro para un grupo de empresas privadas nacionales y transnacionales.
  8. Nos comprometemos a fortalecer la unión de organizaciones sociales del país integrantes de la “Coalición por la defensa del modelo eléctrico solidario para Costa Rica”, que bajo la consigna “Electricidad justa y solidaria para Costa Rica”, está orientada a la defensa del servicio social, público y solidario de electricidad que sólo ha sido posible por la existencia del Instituto costarricense de electricidad, ICE. En la tarea de resguardar de nuestra institucionalidad, nos sumamos al “Frente nacional en defensa del estado de bienestar costarricense”, para salvar nuestro sistema de salud y en particular la Caja costarricense de seguro social, la educación, la seguridad y soberanía alimentarias y las garantías laborales, que siguen sufriendo los embates del modelo de sociedad antisolidario y orientado a favorecer fines privados.
  9. Instamos al gobierno de Costa Rica, instituciones, empresas y a la población en general, a asumir con respeto irrestricto, la existencia y derechos reconocidos nacional e internacionalmente de los Pueblos originarios, y en particular su derecho a la Tierra que les ha sido usurpada, y sus formas propias de organización y autogobierno según las leyes vigentes. En particular, rechazamos el eventual relanzamiento de la hidroeléctrica Diquís (646 megavatios), incluido en el plan de expansión eléctrico del actual gobierno.

¡Agua, ríos y ecosistemas para la vida!

Señalan irregularidades en el borrador de la propuesta del Plan Regulador Costero de Talamanca

Selva Melody Baker Felton

Selva Melody Baker Felton, costarricense por nacimiento y vecina con participación comprometida en la comunidad del distrito de Cahuita y del cantón de Talamanca envió a las instituciones implicadas, incluyendo a la Municipalidad de Talamanca, un documento con el señalamiento de irregularidades en la propuesta de Plan Regulador Costero.

En su documento señala que “en el distrito de Cahuita NO somos un enclave turístico… aquí somos comunidad primero”.

Agrega que el bien común debe ser el concepto que marque los esfuerzos comunitarios y de las instituciones públicas.

Especifica que la comunidad “le reconoce una nula validez legal a todo el proceso de elaboración del presente PRC”, pues se constató una carencia de participación ciudadana real, la que fue reemplazada por simples “charlas informativas”.

Ante un tema de tanto impacto comunitario como un plan regulador, la comunidad ha reclamado que se realicen “verdaderos espacios para la comunicación horizontal entre el conjunto tripartito de autoridades correspondientes y el mayor rango diverso e inclusivo posible de todas las y los Agentes Sociales de las comunidades afectadas directa e indirectamente” por ese plan regulador.

Ante esa carencia de participación ciudadana, Selva Baker Felton solicita a la Municipalidad de Talamanca “entregar copias de todos los anuncios que se publicaron” para propiciar la debida participación.

Asimismo, indica que “el derecho al agua es un derecho humano”. Agrega que “la comunidad ha expuesto claramente la falacia de la afirmación sobre el estado real y actual de abastecimiento y suministro de agua potable”.

En cuanto a la recolección de los desechos sólidos por parte de la Municipalidad, indica el documento que “las comunidades somos testigos de la incapacidad actual de dicha autoridad de brindar un servicio satisfactorio, ejemplificado claramente por las montañas de basura que se acumulan a la orilla de las calles con los habitantes y visitantes actuales”. Añade: “El texto del borrador de la propuesta del PRC afirma lo contrario al hablar de la cantidad máxima de visitantes en la ZMT y la cantidad de basura proyectada”, es decir, no hay coherencia entre lo que se pretende con el plan regulador y la realidad en cuanto a la capacidad municipal para administrar la recolección de basura común y desechos sólidos.

En el documento de Baker se hace referencia a graves irregularidades y problemas de filtración de aguas contaminadas al mar, “y sin duda a los mantos acuíferos más superficiales”.

Agrega que “el tema del medioambiente es muy amplio y digno de un verdadero análisis metodológico minucioso y muy cuidadoso”. Se debe tener presente, se argumenta “la alta fragilidad” del tema ambiental y su impacto en las comunidades locales, pues debe aspirarse a un sano balance bioquímico del mismo para la sobrevivencia, y el desarrollo de las actividades ecoturísticas que se llevan a cabo en el distrito y que representan un importante ingreso al PIB de nuestro país”.

Con base en documentación del Instituto Costarricense de Turismo, Baker indica que “carece de toda lógica” lo que se pretende con el Plan Regulador Costero si se tiene como referencia la meta de “conservar y proteger la integridad del medioambiente que nos caracteriza”, esto, si se considera “que hayan decidido plasmar una propuesta de PRC traslapando parte del territorio que le pertenece al Refugio de Vida Silvestre Gandoca Manzanillo (REGAMA)”.

SURCOS comparte el documento íntegro presentado por Selva Melody Baker Felton. Puede descargarlo de este enlace.