Un recurso de amparo interpuesto por el Lic. José Francisco Alfaro Carvajal obliga al Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) a tomar acción contra proyectos constructivos nocivos que impactarían negativamente el recurso hídrico que suple de agua potable aproximadamente a un 60% de las provincias de Heredia, Alajuela y San José. Según el recurso de amparo, la delimitación de los terrenos inalienables dataría del siglo XIX a través de la Ley 65 del 30 de julio de 1888, estableciendo el sector desde la Montaña del Volcán de Barva, el Zurquí y hasta Concordia como sectores de éste tipo.
El recurso también señala que la importancia de los acuíferos de la zona son de esencial importancia para recargar los que residen en el Valle Central. También, esto salvaguardaría el agua de los habitantes de las partes altas de cantones como Alajuela, Barva y Santo Domingo. Según estudios del Servicio Nacional de Aguas, Riego y Avenamiento, la zona inalienable posee una alta fragilidad ambiental, por lo que la protección de éstas zonas contra proyectos de construcción municipales es una medida esencial a tomar para preservar el recurso hídrico que posee.
El Lic. José Francisco Alfaro Carvajal, que ha interpuesto el recurso de amparo Expediente No.: 22-027662-0007-COante la Sala IV, es parte del colectivo CONCEVERDE, de San Rafael de Heredia.
En respuesta a ese recurso de amparo colocado por el José Francisco Alfaro, el MINAE habría conformado una Comisión Científica en conformidad con la Ley 65 del 30 de julio de 1888. No obstante, esto podría provocar una modificación de los límites geográficos de la zona inalienable, lo que ocasionaría efectos preocupantes sobre la recuperación de ésta y del recurso hídrico que sería capaz de brindar a las poblaciones del norte de las provincias de Alajuela y Heredia.
Adjuntamos el documento que trata el recurso de amparo Expediente No.: 22-027662-0007-CO datado de la fecha del 1 de febrero de 2023, por si desea leerlo detenidamente.
La delegación conformada por profesores y estudiantes de la UCR fue el representante de Costa Rica en la Escuela Temática Internacional 2024. Foto: Juan José Alvarado. UCR.
Un grupo conformado por cuatro docentes y dos alumnos asistió a una de las actividades científicas organizadas por la Universidad Côte d’Azur.
Una comunidad educativa universitaria formó parte de la Escuela Temática Internacional (ETI) “Las sociedades ante las vulnerabilidades medioambientales” coordinada por la Universidad Côte d’Azur del 8 al 12 de enero.
El objetivo principal de la ETI 2024 fue reforzar las reflexiones individuales y colectivas de investigadores, doctorandos y estudiantes de distintos países y disciplinas de las ciencias humanas y sociales, con el propósito de ayudar a jóvenes investigadores a progresar en la formulación, el posicionamiento científico y la aplicación práctica de su propio proyecto de investigación.
Parte de esta iniciativa era relacionar la vulnerabilidad ambiental con diferentes ramas disciplinarias, tales como: la antropología, psicología, geografía, salud social, historia ambiental, filosofía, entre otros.
La Universidad de Costa Rica (UCR) y la Universidad Côte d’Azur, ubicada en Niza, Francia, mantienen una relación de cooperación desde el 2022. En este mismo año, un grupo de la UCR tuvo la oportunidad de participar por primera vez en la ETI, lastimosamente en esa ocasión, los investigadores no pudieron acudir debido a la pandemia e hicieron sus presentaciones de manera virtual.
Por parte de la UCR asistieron cuatro profesores, entre ellos: el Dr. Antony Goebel Mcdermott, Dr. Mauricio Mora Fernández, Dr. Adolfo Quesada Román y Dr. Juan José Alvarado Barrientos; dos estudiantes: Silvia Guzmán y Jasón Borbón del posgrado profesional en Gestión de Riesgo de la Escuela de Geología.
En total participaron 11 docentes y 16 alumnos de maestría, doctorado y posdoctorado de Costa Rica, Italia, México y Francia.
El Dr. Alvarado, de la Escuela de Biología, destaca la oportunidad de compartir con profesionales de otros países:
“Estas experiencias son muy buenas, escuchar colegas con diferentes experiencias y cómo abordan sus temas. Esta actividad tenía un enfoque trans y multidisciplinario, nos salimos totalmente de nuestra zona de confort”.
En la ETI 2024 se le brindó a los participantes herramientas conceptuales y metodológicas que les ayudarán a construir sus propios objetos de investigación y a elaborar métodos más adecuados de manera reflexiva y crítica. También durante la semana, los profesores y estudiantes fueron parte de sesiones temáticas, talleres, conferencias y debates.
Los docentes de la UCR dieron una charla sobre vulnerabilidad focalizada en su área, mientras que los alumnos de maestría presentaron sus proyectos o anteproyectos de tesis ante las demás personas. Finalizado cada coloquio, los profesionales se encargaban de aportar retroalimentación, ideas de investigación y perspectivas desde otras disciplinas.
Del lunes 8 al jueves 11 de enero se realizaron las respectivas exposiciones, mientras que el viernes 12 las personas hicieron trabajo independiente y recibieron comentarios por parte de los profesores. Jasón Borbón (izq.), Silvia Guzmán (centro) y Adolfo Quesada Román (der.). Foto: Juan José Alvarado. UCR.
También, el biólogo resaltó el trabajo hecho por los estudiantes:
“Este año el nivel que demostramos fue más elevado que en el 2022, los muchachos presentaron sus proyectos, liberaron dudas y se mantuvo una discusión para darles nuevas ideas. Las charlas y preguntas fueron en francés, inglés y español, el idioma no fue una barrera para nosotros”.
El Dr. Alvarado espera que en un futuro estos cursos se puedan realizar en la UCR y se cuente con la participación de las instituciones involucradas. Además, hace hincapié en que se repliquen las escuelas temáticas en nuestro país, con la finalidad de unir otras disciplinas y buscar soluciones en conjunto.
Fabricio Rosales López Asistente de comunicación en la sección de prensa, UCR
La Encuesta de Actualidades 2023 incluyó como uno de sus temas de análisis la biodiversidad y la percepción que tienen las y los costarricenses en este sentido.
Foto: Laura Rodríguez Rodríguez, UCR
Según resultados de la Encuesta de Actualidades 2023
Costa Rica es uno de los países con más biodiversidad del mundo ya que, en un territorio pequeño, alberga alrededor del 5% de las especies del planeta. Esta característica, ha convertido a la nación en un referente internacional en conservación y además es uno de sus principales atractivos turísticos.
Para conocer la percepción de las personas sobre el trabajo del gobierno para proteger la biodiversidad, las acciones de las personas para protegerla y las opiniones sobre la biodiversidad de Costa Rica comparada con otros países y su importancia, la Encuesta de Actualidades 2023 incluyó un módulo con este tema.
Según explicaron los estudiantes Brandon Arias Sandoval, Francisco Calderón Fonseca y Daniel Sibaja Salazar, se les preguntó a las personas encuestadas su percepción acerca de la preocupación del gobierno en relación a la biodiversidad.
En este sentido, el 50,8 % consideró que el gobierno se preocupa poco, el 26, 4 % que se preocupa mucho y el otro 22,8 % cree que no se preocupa nada.
Se le preguntó a las personas encuestadas su percepción acerca de la preocupación del gobierno en relación a la biodiversidad. El 50,8 % consideró que el gobierno se preocupa poco, el 26, 4 % que se preocupa mucho y el otro 22,8 % cree que no se preocupa nada.
Aquí, el 14,9 % de las personas entre 18 y 29 años opinó que el gobierno no hace nada, mientras que de la población entre 30 y 49 años fue el 23,9 % la que cree que el gobierno no hace nada y en el grupo de 50 años o más el porcentaje fue de 25,9 %.
A pesar de estos resultados, existe consenso entre la población costarricense acerca de la importancia de proteger la biodiversidad. Una amplia mayoría de la población opinó estar de acuerdo o muy de acuerdo con que la protección de plantas, animales y microorganismos permite desarrollar la economía (95,1%), asegurar que haya alimentos (95,2%), proteger a las personas de los desastres naturales (92,1%), y desarrollar nuevas medicinas (96,1%).
De igual manera, se consultó acerca de la percepción de la gente sobre las acciones que realiza la sociedad costarricense para proteger la biodiversidad y la autopercepción de las acciones individuales que se llevan a cabo.
Los investigadores señalaron que entre los resultados destaca que un 51,8 % dice que los costarricenses hacen más que otros países para la protección de plantas, animales y microorganismos. Agregaron que no se encontraron diferencias en este porcentaje entre hombres y mujeres, por grupos de edad, nivel educativo o nivel de ingreso.
Una amplia mayoría de la población opinó estar de acuerdo o muy de acuerdo con que la protección de plantas, animales y microorganismos permite desarrollar la economía (95,1%), asegurar que haya alimentos (95,2%), proteger a las personas de los desastres naturales (92,1%), y desarrollar nuevas medicinas (96,1%).
En cuanto a las acciones individuales, el 40,2 % manifestó que cree que hace más que el resto de los costarricenses y el 47 % considera que hace menos que los demás.
No obstante, se encontró que la mayoría realiza alguna acción para el cuidado del medio ambiente. Al preguntar por las acciones individuales concretas realizadas para la protección de plantas, animales y microorganismos solamente 8,3% no indicó ninguna acción.
Información general de la Encuesta de Actualidades 2023
La Encuesta Actualidades 2023 es parte del trabajo práctico que, en el segundo ciclo lectivo del 2023, realizaron los estudiantes de tercer año de la Escuela de Estadística de la Universidad de Costa Rica, en el curso de Diseño de Encuestas por Muestreo.
Este año, se logró concretar una encuesta nacional, que incluyó una muestra probabilística de 631 personas mayores de edad, usuarias de telefonía celular, y abordó ocho temas relacionados a la actualidad nacional.
Los datos de la encuesta se recolectaron entre el 1 y el 31 de octubre de 2023. La población objetivo son las personas mayores de 18 años con al menos un año de residir en Costa Rica en todo el territorio nacional. La recolección de los datos se realizó mediante entrevistas telefónicas a teléfonos celulares.
Andrea Marín Castro
Periodista Oficina de Comunicación Institucional, UCR
Como parte del esfuerzo impulsado desde el Departamento de Participación Ciudadana de la Asamblea Legislativa se abre la convocatoria para nuevas organizaciones comprometidas con el medio ambiente, para que participen del Parlamento Cívico Ambiental.
El Parlamento Cívico Ambiental abrió las solicitudes de convocatoria de inscripciones para nuevas organizaciones, del día 8 de enero al 8 de febrero como fecha límite.
Los requisitos de solicitud son los siguientes:
Solicitud de incorporación con reseña y naturaleza de la organización, empresa, institución o movimiento.
Nombre, correo electrónico y teléfono de representante titular y suplente.
Únase al esfuerzo colectivo por la protección ambiental. Su participación y la de su organización es crucial para impulsar cambios positivos. ¡Esperamos la solicitud!
¿Por qué hablar del fantasma del ecofascismo? Nos aproximamos a una intensificación de los conflictos socioambientales, los efectos de la crisis ecológica presiona la disposición de los bienes naturales, sociales y culturales de nuestras sociedades. En pocas palabras un caldo de cultivo para el reposicionamiento del capitalismo, racismo, colonialismo y patriarcado.
Es decir, la posibilidad real de la agudización de las desigualdades socioambientales, a través de la defensa de los privilegios de los sectores dominantes; criminalización, represión, despojo y expulsión. Es así como la disputa de la reconfiguración de los territorios es una situación latente.
El ecofascismo, resume una posible salida a la crisis ecológica, es decir la reconfiguración de los territorios a través del despojo e imposición de las condiciones necesarias para el sostenimiento y reproducción de los privilegios de clase, género y raza.
Por esta razón, se torna imprescindible preguntarnos ¿para qué conservar? y ¿para quienes? Es aquí que el enfoque de la justicia socioecológica nos brinda algunos elementos necesarios para replantearnos las dimensiones de nuestros análisis y compromisos éticos, políticos y pedagógicos mediante los cuales abordar la actual crisis ecológica.
Ante las soluciones propuestas por los sectores dominantes, se observa la continuidad de ciertas tendencias:
La necesidad del capitalismo por abaratar todos los costes de producción.
El avance de las fronteras extractivas hacia lugares cada vez más remotos.
Lo anterior en favor de un modelo dominante caracterizado por alto consumo energético, dependiente de la agroindustrial, de la producción y transporte de manufacturas, entre otras dimensiones.
Esta propuesta procura problematizar las implicaciones de un modelo de gestión ambiental que valida y legitima un imaginario de sociedad, en la cual Estados, Gobiernos, Empresas y el Sistema Financiero crean soluciones a la crisis climática a partir del mercado, los precios y la tecnología, en este escenario ¿Qué lugar tienen las brechas de desigualdades socioambientales presentes en nuestras sociedades?
Los extractivismos están entramados desde muy diversas dimensiones a lo largo de América Latina y el Caribe. Normalmente los reconocemos como la explotación minera, petrolera, la ganadería intensiva o la agroindustria. La tendencia que observamos es que cada vez se expanden hasta alcanzar los rincones más alejados en búsqueda de maximizar sus ganancias.
En primera instancia, estas actividades extractivas se presentan narrativas y justificaciones a través de los beneficios económicos y éxitos tecnológicos que supone se articulan a su implementación.
A pesar de los trayectos históricos que unen nuestros territorios con estas actividades extractivas, entra las dudas sobre sus aportes económicos, y es evidente el cambio del paisaje y el trastorno de las relaciones comunitarias.
Además, siguen siendo presentes las denuncias por sus impactos ambientales, centrados en la degradación y contaminación de la naturaleza, vinculadas directamente a sus prácticas extractivas y productivas.
Este documento pretende, invitar a repensar el momento actual de los extractivismos, problematizando esas promesas de bienestar ante las formas y modos que adquiere en nuestras sociedades.
En una contundente declaración, la comunidad de Moravia, encabezada por María Elena Fournier Solano exige participación ciudadana y respuestas claras respecto a la proliferación de torres de telecomunicaciones en la zona. La preocupación se centra en la cantidad exagerada de instalaciones, algunas a distancias mínimas entre sí, generando inquietudes sobre posibles impactos en la salud y el medio ambiente.
El llamado a la acción surge ante la falta de oportunidades para la participación ciudadana en las decisiones que afectan directamente a la comunidad. La instalación de torres de telecomunicaciones, especialmente aquellas de tecnologías como 5G, ha generado inquietudes sobre la sobreexposición a radiación electromagnética y la falta de alternativas más seguras.
En una nota entregada a las autoridades municipales, encabezadas por el alcalde y el Concejo Municipal, se destaca la necesidad de una Moravia más participativa e informada. La comunidad reclama la oportunidad de discutir y decidir sobre el tipo de desarrollo que desean para su localidad, en lugar de ser testigos de imposiciones por parte de empresas privadas.
En el folleto informativo de la RASA, se subraya que la velocidad en las telecomunicaciones puede alcanzarse mediante fibra óptica sin exponer a la población a los riesgos asociados con la tecnología 5G. La solicitud incluye una audiencia con el nuevo Concejo Municipal para exponer la situación y los efectos negativos de la radiación electromagnética, los cuales consideran que no están siendo debidamente atendidos por las autoridades competentes.
La comunidad también exige respuestas concretas a las siguientes preguntas:
¿Por qué se eligen sistemáticamente torres de telecomunicaciones G5 y G4 privadas en lugar de explorar alternativas más seguras como la fibra óptica?
¿Qué criterios o intereses económicos y técnicos prevalecen en la decisión de no utilizar fibra óptica?
Además, se solicita el informe que la arquitecta Dylana Vargas Matamoros, encargada del Departamento de Control Vial de la Municipalidad, no pudo presentar en la sesión del 13 de diciembre de 2023 debido a razones de incapacidad.
La comunidad espera respuestas a estas preguntas y la atención debida a sus preocupaciones en el tiempo estipulado por la ley. La carta concluye reafirmando el derecho de la comunidad a una participación ciudadana efectiva y a un desarrollo que respete los derechos humanos y la salud de sus habitantes.
Municipalidad de Talamanca ignora disposiciones de la Sala Constitucional e insiste que Plan Regulador Costero sigue vigente a pesar de no contar con todos los elementos exigidos por Ley
La Asociación de Desarrollo Integral del Territorio Indígena Bribri de Këkoldi (ADITIK), recibe en sus instalaciones a funcionarios de la Municipalidad de Talamanca para tratar temas relacionados a la Anulación de la Audiencia del Plan Regulador Costero de Talamanca (PRC).
Vocero de la Municipalidad de Talamanca insiste en que PRC no está anulado y afirma al INVU e ICT que continuarán con hoja de ruta sin realizar una consulta indígena apropiada según lo establecido por Ley.
(Asociación de Desarrollo Integral del Territorio Indígena Bribri de Këkoldi, Bloqueverde, Covirenas Caribe Sur, Talamanca, 15 de enero del 2024 ) En diciembre 2023, la Sala emitió 4 resoluciones de relevancia que terminan por anular el PRC impulsado por la Municipalidad de Talamanca a tan sólo dos meses de su publicación. A inicios de diciembre se resuelve el recurso de amparo presentado por la ADITIK denunciando la no participación del territorio indígena Këkoldi en el proceso de elaboración y consulta del instrumento de ordenamiento territorial. La resolución 2023-031756 ordena la anulación de la audiencia pública celebrada el 04 de agosto del 2023 y le da a la Municipalidad un plazo de 3 meses para convocar a nueva audiencia.
Adicionalmente, mediante la respuesta a la solicitud de adición y aclaración presentada por el Alcalde Municipal, el Tribunal Constitucional aclara sobre la nulidad de los actos posteriores a la audiencia pública y qué dependen de ella que “la consecuencia del dictado de la sentencia N° 2023-031756 de las 09:30 horas del 07 de diciembre de 2023, fue precisamente la anulación de la audiencia pública llevada a cabo el 04 de agosto de 2023, por lo que el trámite debe retrotraerse a ese momento del procedimiento del plan regulador costero”, según consta en la resolución número 2023-033104. Pese a esta resolución, el Gobierno Local se rehúsa a tomar las medidas administrativas legalmente adecuadas y mantiene en suspenso un PRC con un vicio de nulidad grave que de no arreglarse implicará aún más desorden a nivel territorial para los habitantes del Caribe Sur.
El pasado 10 de enero del 2024, representantes de la Municipalidad de Talamanca y la ADITIK se reunieron en las instalaciones del salón comunal del territorio Indígena con el fin de atender la solicitud del Gobierno Local de presentar su propuesta para atender lo ordenado por la Sala Constitucional. Entre los representantes de la Municipalidad se encontraban presentes Enrique Joseph, enlace del Plan Regulador; Yahaira Mora Blanco, la presidenta del Concejo Municipal; Jorge Molina Polanco, Regidor, entre otros; así como la Junta Directiva de la ADITIK y asesores.
Reunión del 10 de enero con representantes de la Municipalidad.
Durante la reunión, la Municipalidad expuso una hoja de ruta elaborada por la Comisión Técnica de otorgamiento de concesiones y la Comisión del Plan Regulador. Cabe destacar nuevamente la insistencia de esta Municipalidad por entregarle a la ADITIK información desactualizada y descontextualizada por no haber sido el territorio partícipe de nada relacionado con la elaboración de estos documentos. La hoja de ruta también considera una convocatoria especial a la ADITIK y al Foro Tribal Afrocostarricense, y el desarrollo de material informativo referente únicamente a la zonificación de dicho plan regulador. Fue notoria la exclusión en esta hoja de ruta de los demás habitantes de la zona, como lo es la totalidad del territorio indígena y otros propietarios que no son parte del Foro Tribal.
Imagen de la hoja de ruta presentada durante la reunión del 10 de enero con representantes de la Municipalidad.
Por su parte, la ADITIK le entregó a la presidenta del Concejo Municipal Yahaira Mora dos cartas. La primera de ellas establece las condiciones necesarias para realizar una consulta indígena culturalmente apropiada. Dentro de los requisitos mínimos que la Municipalidad debe observar, se les indica que se debe involucrar al Concejo Directivo de Instancia Territorial del territorio y consultar a la totalidad de sus habitantes. Adicionalmente, se solicita que se implemente el procedimiento establecido en el Mecanismo General de Consulta a Pueblos Indígenas oficializado por el Poder Ejecutivo mediante decreto ejecutivo número 40932-MP-MJP, con el fin de garantizar la salud del proceso y se les aclara que hasta tanto no se involucren a todas las partes necesarias, no se estará recibiendo ningún tipo de información técnica para su revisión de fondo. Los estudios necesarios y las características de los mismos deberán ser definidas en el marco del proceso de consulta, costeados por la parte interesada y presentados a la comunidad mediante la realización de reuniones en el territorio.
La posición de la ADITIK fue muy clara: “no vamos a aceptar ese documento del PRC, ya que el mismo está anulado, y no hubo participación del territorio en la elaboración de este documento. Para llegar a un acuerdo debe ser por medio de la debida aplicación de la Consulta Indígena” señaló Signia Villanueva, presidenta de la Asociación. Adicionalmente y en concordancia con lo anterior, en la segunda carta se solicita que se ordene la apertura de un procedimiento administrativo de nulidad oficiosa sobre los permisos de construcción, concesiones, licencias comerciales y usos de suelo otorgados utilizando el PRC, cuya Audiencia Pública fue anulada por orden de la Sala Constitucional.
A pesar de que a la fecha la ADITIK no ha recibido respuesta a sus solicitudes, terceros relacionados a la Asociación compartieron copia del oficio E-PRC-MT-001-24, el cuál circuló en múltiples chats comunales el 12 de enero del 2023, dos días después de la reunión celebrada con la ADITIK. Dicho oficio es dirigido a las jefaturas y los enlaces técnicos del INVU y el ICT y firmado por el Licenciado Enrique Joseph, en su calidad de funcionario y enlace Municipal del PRC y corresponde al “análisis que la Comisión Técnica para el Otorgamiento de Concesiones y la Comisión Municipal de Plan Regulador de la Municipalidad de Talamanca ha realizado a luz de la Resolución N.º 2023-031756”.
Queda claro de la lectura integral del documento la posición de la Municipalidad con respecto a las solicitudes planteadas por la ADITIK. La hoja de ruta presentada en el oficio ya ha sido modificada en comparación con aquella presentada durante la reunión del miércoles 11. No obstante, las solicitudes y observaciones por la ADITIK fueron completamente ignoradas en este nuevo criterio, el cual plantea que se continuará imponiendo un camino alejado de las estructuras y los procesos definidos a lo interno del territorio para la consulta e intentando obligar a los habitantes a conocer un PRC que no fue elaborado en conjunto con los indígenas (a diferencia de lo sucedido con otros grupos sociales) y que no tiene posibilidad real de mejorarse, ya que como bien indicó el Lic. Joseph durante la reunión, únicamente las observaciones que ellos consideren debidamente fundamentadas serán incluidas en el PRC en un Anexo II.
Ante la posición de la Municipalidad, reiteramos las palabras expresadas por la señora Dulcelina Sánchez, Vocal de la ADITIK, quien fue clara en indicarle a los representantes que deben “buscar esa manera de cómo hacer una consulta, no una convocatoria de una reunión, sino una consulta. Si bien es cierto la sala dice que en tres meses hay que terminar, pues la sala también tiene que saber que este es un proyecto grande para nosotros y que debe ser bien consultado. Si nosotros tenemos que defender a nuestro territorio, lo vamos a hacer, ante la Sala o ante quien sea porque esto debe realizarse correctamente.”
Compartimos documentos de referencia.
Asociación de Desarrollo Integral del Territorio Indígena Bribri de Këkoldi
De izquierda a derecha, Susana Méndez, coordinadora del programa UNA-Campus Sostenible, Fabián Chavarría, coordinador del PGAI-UNA y Magda Protti de la Unidad de Producción y Consumo del Minae.
Por sexto año consecutivo la Universidad Nacional (UNA) recibió el reconocimiento a la “Excelencia Ambiental”, premio otorgado por la Dirección de Gestión de la Calidad Ambiental del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae), por su destacada gestión ambiental.
Dicha distinción obedece a las acciones ejecutadas por la comisión de gestión ambiental institucional del Programa de Gestión Ambiental Institucional (PGAI), conformada por; UNA-Campus Sostenible (coordinador), Apeuna, Programa de Servicios Generales (Sección de Transportes), Oficina de Comunicación, Prodemi, Programa de Gestión Financiera, Proveeduría Institucional y representación estudiantil (estudiante asistente), así como las comisiones ambientales por edificio, facultad o centro y las comisiones PGAI de los campus regionales (Liberia, Pérez Zeledón, Coto, Sarapiquí y Nicoya).
Para la Universidad Nacional este es un reconocimiento al trabajo que se realiza en materia ambiental, el cual es una motivación a seguir mejorando e implementar acciones ambientales como, por ejemplo; ser carbono neutro, tener comisiones ambientales por facultad, edificio o campus regional, la implementación de campañas de ahorro, la concientización mediante educación ambiental a estudiantes y funcionarios, así como la eficacia en el cambio de nuevas tecnologías eficientes para el ahorro y gestión de los recursos.
Fabián Chavarría, coordinador del PGAI-UNA, resaltó que este esfuerzo tiene como objetivo el uso más racional del agua, papel, energía eléctrica y combustible fósil, así como realizar una adecuada gestión de los residuos sólidos, el tratamiento de las aguas residuales y emisiones de gases de efecto invernadero, buscando minimizar los impactos ambientales que se generan en el quehacer institucional.
Chavarría agregó que esta distinción se extiende a la población universitaria que se encuentra comprometida con el ambiente, así como las personas que colaboran en estas comisiones ambientales. “Estas acciones han venido a consolidar la gestión ambiental de la UNA en el grado de excelencia y debido a esto es que la UNA en seis años consecutivos ha recibido el galardón a la Excelencia Ambiental”, subrayó la funcionaria.
Un Programa de Gestión Ambiental Institucional (PGAI) es un instrumento de planificación que parte de un diagnóstico ambiental del quehacer institucional que considera todos los aspectos ambientales inherentes a la organización, incluyendo los relacionados con eficiencia energética y cambio climático. A partir de este diagnóstico, se priorizan y establecen medidas de prevención, mitigación, compensación o restauración de los impactos ambientales, ya sea a corto, mediano o largo plazo; todo lo anterior bajo el principio de mejora continua.
Oficina de Comunicación Universidad Nacional, Costa Rica
Utilizamos cookies y tecnologías similares para mejorar su experiencia en nuestro sitio web.
