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Municipalidad de Coto Brus excluyó a comunidad indígena en Plan de Desarrollo

Defensoría recomendó declarar nulidad del proceso y garantizar consulta a dicha población

Luego que un habitante presentara una denuncia ante la Defensoría de los Habitantes donde indicó que la Municipalidad de Coto Brus incurrió en una omisión al no realizar la consulta a la comunidad indígena Ngöbe Buglé de la Casona del distrito de Limoncito, en el marco del proceso de construcción del Plan de Desarrollo Humano Cantonal, la Defensoría instó a las autoridades locales garantizar los derechos fundamentales de las comunidades indígenas, en cumplimiento de los compromisos internacionales y la normativa nacional vigente.

De acuerdo con información brindada por la Unidad de Planificación de dicha municipalidad, claramente no se efectuó la consulta al pueblo indígena tal y como está establecido en el Mecanismo General de Consulta para Pueblos Indígenas, lo cual se visualiza como un vicio de nulidad en el proceso efectuado y su resultado obtenido, ya que la consulta debe ser previa, libre e informada y coordinada a través de la Unidad Técnica de Consulta Indígena (UTCI) del Ministerio de Justicia y Paz.

Pese a que la municipalidad también argumentó que una reunión realizada el 29 de junio de 2024 con la Asociación de Desarrollo de la comunidad indígena sustituía el proceso formal de consulta, este encuentro no cumplió con los requisitos de consulta previa, libre e informada, ni con los procedimientos establecidos en el Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales en países independientes N° 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que son de acatamiento obligatorio para el Estado Costarricense, pese a la ausencia de una norma interna que las desarrolle.

Es importante destacar que, la consulta a los pueblos indígenas es un derecho esencial que asegura su participación en decisiones que los afecten directamente y debe ser garantizado mediante procedimientos apropiados, de buena fe, y en coordinación con las instituciones representativas de los pueblos indígenas.

Es por eso que, la Defensoría le recomendó a la Municipalidad de Coto Brus declarar la nulidad del Plan de Desarrollo Humano Cantonal, subsanar la situación irregular existente, detallando las acciones y responsables para garantizar el cumplimiento de los derechos indígenas y establecer un cronograma y responsables para la consulta al pueblo indígena Ngöbe Buglé, en coordinación con la UTCI del Ministerio de Justicia y Paz, cumpliendo los requisitos de consulta previa, libre e informada.

Cabe destacar que, en octubre del 2024, esta Defensoría, en seguimiento a la investigación que lleva a cabo respecto al proceso del Plan Regulador Costero Caribe Sur Cahuita, emitió una alerta temprana y le recomendó al alcalde y Concejo Municipal de Talamanca, suspender cualquier acto de aprobación debido a que el tema tampoco fue consultado a los pueblos indígenas.

Comunicación
Defensoría de los Habitantes

Debilitar la educación no es una opción. Rectoría UCR

El pasado miércoles 15 de enero Semanario Universidad informó que el Ministro de Hacienda, Nogui Acosta Jaén, declaró que el aumento de un 2% para el Financiamiento de la Educación Superior Universitaria Estatal (FEES) 2025 está “congelado”. Ante esta manifestaciones, es necesario recordar:

  1. El financiamiento de las Universidades Públicas está garantizado por el artículo 85 de nuestra Constitución Política, en el cual obliga a la dotación de patrimonio propio y rentas a estas instituciones para la operación y funcionamiento que requieran.
  2. Para fijar el presupuesto ordinario de las Universidades Públicas, existe un ente coordinador llamado “Comisión de Enlace”, integrado por las representaciones del Poder Ejecutivo y las Universidades, las cuales acordarán el presupuesto anual correspondiente.
  3. En caso de desacuerdo en la Comisión de Enlace mencionada, la Constitución Política establece que la aprobación del monto presupuestario para el financiamiento de las Universidades será resuelto por la Asamblea Legislativa.
  4. La Constitución además, establece que “Las rentas de ese fondo especial no podrán ser abolidas ni disminuidas, si no se crean, simultáneamente, otras mejoras que las sustituyan.”

En la negociación del año 2024 entre las Universidades Públicas y el Poder Ejecutivo, para la fijación del monto del presupuesto de las Universidades para el ejercicio del 2025, no hubo acuerdo entre las partes. Por lo anterior, la negociación pasó a la Asamblea Legislativa, donde se acordó con las Universidades Públicas un aumento del 2% del presupuesto del FEES, que entró a formar parte del presupuesto permanente de las Universidades.

Congelar el aumento del 2% al FEES, según afirma el Ministro de Hacienda, representa un perjuicio al funcionamiento y crecimiento de la Educación Superior Pública en el país. Este incremento fue aprobado siguiendo un proceso riguroso y transparente, en estricta observancia con lo establecido por la Constitución Política y la normativa vigente.

Desde la Rectoría, reiteramos nuestro compromiso de trabajar de manera decidida en este tema, impulsando las gestiones necesarias para asegurar el adecuado funcionamiento de nuestra institución y el giro oportuno de los recursos correspondientes. No permitiremos que se congele la Educación Superior. Como Comunidad Universitaria, estrechamente unida, enfrentaremos esta situación con firmeza y responsabilidad.

Dr. Carlos Araya Leandro
Rector Universidad de Costa Rica

Tres sindicatos presentan denuncia contra la empresa Chiquita Brands

Las organizaciones sindicales SINTRAPYBCR, SITRACHIRI y SINTRACOBAL, representadas por sus secretarios generales, han presentado una denuncia ante el Ministerio de Trabajo contra la multinacional Chiquita Brands y sus subsidiarias en Costa Rica.

Denuncian que la empresa utiliza contratos temporales en puestos de trabajo permanentes como parte de una estrategia antisindical. Esta práctica precariza las condiciones laborales, limitando el acceso a derechos fundamentales como la estabilidad laboral, la cesantía y la protección social.

Además, las trabajadoras enfrentan discriminación por embarazo, siendo despedidas al término de contratos temporales para evitar las garantías legales.

Las tres organizaciones exigen que se respeten las leyes laborales costarricenses y los convenios internacionales que protegen la libertad sindical y los derechos humanos.

Coopesantos celebra 60 años de aportar al progreso regional y comunitario

Hace 60 años, un hecho histórico cambió para siempre la vida de un sector significativo de comunidades costarricenses.

Se trata del nacimiento de Coopesantos que marcó el inicio de una nueva era para miles de personas de las comunidades rurales del sur de las provincias de San José y Cartago.

SURCOS comparte esta significativa celebración y se suma a los parabienes expresados por la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras del Banco Popular y de Desarrollo Comunal, y por la Mesa Nacional de Diálogo Social y Productivo.

Asimismo, compartimos el saludo de Henry Mora Jiménez quien expresa: ¡Gracias por ser parte de nuestra historia!

Le invitamos a ver el video de la cooperativa:

Wajiha Sasa, cónsul honoraria del Estado de Palestina en Costa Rica anuncia cese al fuego en la Franja de Gaza

Con inmensa alegría y alivio, informo al pueblo costarricense y a la comunidad internacional sobre el acuerdo de cese al fuego alcanzado entre la resistencia palestina y el Estado de Israel, el cual entrará en vigor a partir de este domingo 19 de enero.

Esta noticia ha sido recibida con júbilo por el pueblo palestino en Gaza, Cisjordania y entre la diáspora. Tras quince meses de sufrimiento y de una brutal agresión israelí, finalmente se vislumbra un horizonte de paz.

He mantenido un contacto constante con el Embajador del Estado de Palestina ante las Naciones Unidas, Riyad Mansour, quien ha expresado: «Acogemos con beneplácito este acuerdo. Hemos trabajado incansablemente durante los últimos 15 meses para poner fin a esta agresión genocida contra nuestro pueblo».

Si bien celebramos este logro, debemos permanecer vigilantes. Todas las personas que aman la paz y respetan el derecho internacional, en particular los derechos humanos, deben mantenerse alerta ante cualquier nueva agresión por parte de la fuerza ocupante de Israel.

Ahora más que nunca, corresponde a todos los países y pueblos del mundo apoyar al pueblo palestino en su camino hacia la autodeterminación, el derecho al retorno de los refugiados de Gaza y de quienes fueron desplazados desde 1948.

Instamos a la comunidad internacional, al gobierno y al pueblo de Costa Rica a encontrar formas de apoyar al pueblo palestino, a resistir la ocupación israelí y a mantener el boicot, desinversión y sanciones (BDS) hasta que finalice la ocupación y Palestina sea libre.

Agradecemos el constante apoyo de Costa Rica a la causa palestina.

Wajiha Sasa Cónsul Honoraria del Estado de Palestina en Costa Rica San José, Costa Rica, 15 de enero de 2025.

Caso Medellín: La Lucha contra la Violencia y la Seguridad centrado en las personas

Invitación

Desde Agenda Viva, te invitamos a la conferencia «Caso Medellín: La Lucha contra la Violencia y la Seguridad centrado en las personas» con los expertos:

– Dr. Sergio Fajardo, exalcalde de Medellín.

– Dr. Germán González, investigador en Epidemiología de la Violencia.

Un espacio clave para debatir las lecciones que Costa Rica debe aprender en medio de la emergencia nacional de violencia e inseguridad que enfrentamos.

Lea la explicación ampliada mediante este enlace.

21 de enero.

¡No te lo perdás! Confirmá tu asistencia aquí:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfGa_zttvaGJbgTQ48AXTgYERir0BsAyGNABqjQGzs0BkAwkQ/viewform?usp=header

Compartido con SURCOS por Luis Bernardo Villalobos.

Sala Constitucional reafirma el derecho a la Consulta Indígena y determina que Plan Regulador Costero de Talamanca nuevamente violenta este derecho

  • Sala Constitucional comprueba desobediencia de la Municipalidad de Talamanca en audiencia pública realizada por la Municipalidad de Talamanca al no cumplir con la consulta libre, previa e informada al territorio Indígena de Këkoldi.

  • Voto de la Sala Constitucional invalida por segunda vez audiencia y evidencia incumplimiento de la Municipalidad en proceso de elaboración del Plan Regulador Costero del cantón.

  • La Asociación de Desarrollo Integral del Territorio Indígena Bribri de Këkoldi (ADITIK) reitera su compromiso con la defensa de los derechos de las comunidades indígenas y el cuido de los recursos naturales.

Las organizaciones firmantes celebran la decisión de la Sala Constitucional que anula por segunda vez la audiencia pública del Plan Regulador Costero (PRC) realizada el 8 de marzo del 2024, debido al incumplimiento de los requisitos legales y la violación del derecho fundamental a la Consulta Indígena.

El tribunal ha enfatizado en múltiples resoluciones, incluyendo su más reciente voto número 2024035187 del 26 de noviembre de 2024, la necesidad de garantizar el derecho fundamental a la Consulta Indígena, conforme al Convenio 169 de la OIT y otros instrumentos internacionales ratificados por Costa Rica. Estas disposiciones destacan la obligatoriedad de involucrar plenamente a los pueblos indígenas en decisiones que les afectan directamente, respetando su cosmovisión y estructuras tradicionales.

En diciembre de 2023, la Sala Constitucional anuló la audiencia pública del 4 de agosto de ese año por carecer de una Consulta Indígena apropiada. Posteriormente, el 10 de enero de 2024, ADITIK sostuvo una reunión con representantes de la Municipalidad de Talamanca, donde quedó en evidencia la falta de compromiso del Gobierno Local en cumplir con las normas que garantizan la participación activa y efectiva de las comunidades.

Durante este encuentro, ADITIK presentó condiciones específicas para la realización de una consulta culturalmente adecuada, incluyendo la involucración de todos los habitantes del territorio y la implementación del Mecanismo General de Consulta a Pueblos Indígenas (Decreto Ejecutivo N° 40932-MP-MJP). Sin embargo, la Municipalidad ignoró estas solicitudes en sus posteriores propuestas y comunicaciones.

El pasado 26 de noviembre de 2024, la Sala Constitucional acogió la gestión de incumplimiento interpuesta por ADITIK, señalando que la audiencia pública realizada el 8 de marzo de 2024 no cumplió con los requisitos legales y los principios de la Consulta Indígena. Además, la Sala advirtió a las autoridades municipales que podrían enfrentar procedimientos administrativos y penales por desobedecer las resoluciones emitidas. Al respecto, la presidenta de ADITIK, Signia Villanueva Morales, declaró:

«Como población indígena del Territorio Keköldi, no aprobamos el Plan Regulador Costero mientras no se realice una consulta adecuada que tome en cuenta las características culturales de nuestro territorio. Estamos dispuestos a defender nuestros derechos ante cualquier instancia, ya que el respeto a la consulta previa es fundamental para garantizar nuestro desarrollo integral y la protección de nuestra cultura, territorio, y el ambiente.»

Adicionalmente, declaró que “ADITIK reafirma su compromiso de colaborar con las autoridades para establecer un proceso transparente y respetuoso, siempre que se ajusten a los principios de legalidad, buena fe y respeto a los derechos de los pueblos indígenas”.

Los ecosistemas del Caribe Sur, incluyendo manglares, humedales y áreas protegidas, enfrentan amenazas significativas debido a la falta de planificación responsable. El PRC, en su estado actual, carece de estudios actualizados sobre la caracterización de estos ecosistemas, incumpliendo órdenes previas emitidas por la Sala Constitucional no sólo a la Municipalidad, sino que también al SINAC y otros entes reguladores.

COVIRENAS del Caribe Sur y Bloque Verde han manifestado su total respaldo a la lucha liderada por ADITIK. Estas organizaciones destacan que las comunidades indígenas son las principales guardianas de los recursos naturales en la región y que cualquier decisión que las afecte debe considerar su experiencia y conocimiento ancestral para garantizar la sostenibilidad ambiental.

Las organizaciones firmantes instan a la Municipalidad de Talamanca a cumplir con lo dispuesto por la Sala Constitucional y a implementar un proceso de consulta genuino, acorde con los derechos reconocidos a nivel nacional e internacional. Asimismo, hacen un llamado al resto de las instituciones y a la sociedad civil a mantenerse vigilantes frente a cualquier intento de imponer decisiones que vulneren los derechos de las comunidades y del medio ambiente.

Este comunicado conjunto reafirma nuestra lucha por un desarrollo territorial justo, transparente y sostenible, que respete tanto los derechos de los pueblos indígenas como la riqueza ambiental del Caribe Sur. Adicionalmente, busca informar a la opinión pública y a las autoridades competentes sobre la importancia de respetar las normativas nacionales e internacionales en la implementación de políticas que afectan directamente a los pueblos indígenas.

Con apoyo de proyecto ED-3526 Geografía y Diálogos de Saberes: Análisis de la conflictividad socioambiental en territorios comunitarios de Costa Rica de la Escuela de Geografía y el Programa Kioscos Socioambientales de la Vicerrectoría de Acción Social Universidad de Costa Rica.

Adjuntamos la resolución de la Sala Constitucional.

Especialistas envían carta al presidente por sus expresiones gerontofóbicas

SURCOS comparte la carta firmada por especialistas en geriatría y gerontología:

Carta abierta al Presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves Robles

Señor Presidente:

Como médicos geriatras de Costa Rica, especialistas comprometidos con el cuidado, la protección y la dignidad de las personas adultas mayores, expresamos nuestro profundo repudio y preocupación por los comentarios de carácter gerontofóbico emitidos por usted en una reciente conferencia de prensa.

En un país que enfrenta un acelerado envejecimiento demográfico, con más del 14% de su población mayor de 65 años, es imperativo fomentar una cultura de respeto, inclusión y valoración hacia las personas adultas mayores. Las palabras que descalifican o menosprecian a esta población no solo atentan contra su dignidad, sino que también perpetúan estereotipos dañinos y una discriminación inaceptable hacia quienes han contribuido significativamente a la construcción de nuestra sociedad.

La gerontofobia no solo afecta directamente a las personas adultas mayores, sino que también debilita el tejido social, ignorando las valiosas contribuciones económicas, culturales y familiares que estas siguen realizando. Además, tales expresiones pueden socavar los esfuerzos institucionales y sociales destinados a garantizar los derechos de esta población, promovidos tanto por la legislación nacional como por acuerdos internacionales de los que Costa Rica es signataria, como la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores.

La Organización Mundial de la Salud (OMS), en su programa de la Década del Envejecimiento Saludable (2021-2030), enfatiza la necesidad de combatir el edadismo en todas sus formas. Este esfuerzo global destaca la urgencia de erradicar los prejuicios por razón de edad y de promover una visión inclusiva que valore a las personas mayores como integrantes esenciales de nuestras comunidades.

Señor Presidente, las expresiones que descalifican o menosprecian a las personas adultas mayores perpetúan estereotipos dañinos y fomentan una discriminación inaceptable hacia quienes han contribuido significativamente a la construcción de nuestra nación como líder de la nación, sus palabras tienen un impacto profundo en la percepción y actitud de los ciudadanos hacia nuestras personas mayores. Por ello, le instamos respetuosamente a reflexionar y rectificar públicamente sus declaraciones, enviando un mensaje claro de respeto y valoración hacia esta población. Este gesto no solo sería un acto de responsabilidad y liderazgo, sino también una oportunidad para fortalecer los principios de inclusión y equidad que deben guiar nuestra sociedad.

Costa Rica ha asumido compromisos relevantes para la protección de los derechos de las personas mayores, tanto en el ámbito nacional como internacional. La Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores establece la obligación de combatir todo tipo de discriminación por razón de edad y de garantizar la plena inclusión de las personas mayores en todos los ámbitos de la vida social, económica y cultural. Sus declaraciones contradicen estos compromisos y pueden tener un efecto negativo en los esfuerzos institucionales destinados a garantizar los derechos de esta población.

Desde nuestra experiencia como médicos geriatras, estamos dispuestos a colaborar con su gobierno para continuar desarrollando estrategias y programas que fortalezcan la inclusión y el bienestar de las personas mayores y le solicitamos que, en adelante, se promueva un discurso que dignifique a todos los sectores de la población, sin importar su edad, y que fomente políticas públicas orientadas a garantizar una vida plena y respetuosa.

Señor Presidente, las personas adultas mayores no solo merecen respeto por su dignidad inherente, sino también por ser pilares fundamentales de nuestra sociedad. Es imperativo que Costa Rica continúe siendo un referente en la defensa de los derechos humanos y en la construcción de un futuro inclusivo para todos.

Atentamente,
Médicos Geriatras y Gerontólogos firmantes,
Dra. Tatiana Vindas Miranda
Dra. Krisly Arguedas Vásquez
Dra. Karen Meza Elizondo
Dr. Alexander Camacho Cabrera
Dr. Andrés Aguilar Muñoz
Dr. José Ernesto Picado Ovares
Dra. Adriana Monge Araya
Dra. Ingrid Alejandra Soto Rodríguez
Dra. Paula Benavides Zamora
Dr. Milton Gutiérrez Rodríguez
Dr. Luis Felipe Aguilar Hidalgo
Dra. Elena Gutiérrez Rodríguez
Dra. Karina Chacón González
Dra. Tatiana Vargas Fallas
Dra. Sylvia Leitón Arrieta
Dra. Grethel Carolina Alfaro Campos
Dra. Giannina Bloise Alvarado
Dra. Milena Matamoros Castillo
Dr. Gustavo Leandro Astorga
Dr. Rolando Brenes Quirós
Dra. Laura Barrantes Zúñiga
Dra. Vilma García Camacho
Dra. María José Kim Hernández
Dra. Katrin Kulzer Homann
Dra. Fanny Chaves Vargas
Dra. Paola Segura Amores
Dra. Isabel Campos Espinoza
Dra. Daniela Mora Figuls
Dra. María Isabel Monge Montero
Dr. Mauricio Quesada Rosales
Dra. Aida Molina Valencia
Dra. Hazel Jiménez Campos
Dr. Gustavo Montero Solano
Dra. Kimberly Arce Córdoba
Dra. Ana Caldwell Marín
Dra. Pilar Carmona Mena
Dr. David Avalos Chacón
Dra. Aida Ester Escobar Salas
Dra. Yendry Moreno Cordero
Dra. Yislin Solís Jiménez
Dr. Andrés Hidalgo Flores
Dra. Daianna Moreno Briceño
Dra. Natalia Ivankovich Guillén
Dr. Marcelino Lostalo González
Dra. Ana Lucía Núñez Rodríguez
Dr. Mario Alonso Rojas Chacón
Dra. Lilia Hernández Quirós
Dra. Gabriela Zamora Castro
Dra. Susana Estrada Montero
Dra. Beatriz Monterroso Cardona
Dra. María Gabriela Quesada López
Dr. Carlos Chaves Berrocal
Dr. Oscar Monge Navarro
Dr. Jefté Córdoba Granados
Dra. Alejandra Jiménez Rodríguez
Dra. Karla Araya Aguilar
Dr. Daniel Lasso Bonilla
Dr. Eli Antonio Chaves Segura
Dra. María Jesús Vega Solís
Dr. Sebastián Fallas Marín
Dra. Laura Barboza Mena
Dra. Vanessa Jiménez Porras
Dra. Natalia Villalta Calvo
Dr. José Leonardo Barboza Montes
Dra. Carolina María Alfaro Víquez
Dra. Xinia Villalobos Cambronero
Dra. María Lourdes Soto Vásquez
Dr. Manuel Chinchilla Morera
Dra. María Rodríguez Fernández
Dra. Carolina Jara Segura
Dra. Adriana Ávila Morales
Dr. Eduardo Antonio Blanco Umaña
Dra. Xinia María Jiménez Campos
Dr. José Miguel Cordero Cordero
Dr. Olman Aguirre Jaén
Dra. Yalile Muñoz Chacón
Dra. Melissa Soto Mena
Dr. Mario González Casafont
Dra. Irene Gutiérrez Jiménez
Dra. Milena Bolaños Sánchez
Dr. Carlos Manuel Fuentes Fuentes
Dra. Marielos Solís Umaña
Dra. Ana Mercedes Durán Monge
Dra. María Victoria Arguedas Astúa
Dr. Rafael Zúñiga Solano
Dr. Eduardo Antonio Blanco Umaña
Dra. Nataly Arguedas Vásquez
Dr. Fernando Morales Martínez

Imagen: UCR

Sala Constitucional: La omisión de incluir en el presupuesto de Educación el 8% del PIB viola el mandato de la Constitución Política

La Sala Constitucional “determinó que la omisión de incluir en el presupuesto del Ministerio de Educación Pública (MEP) el porcentaje correspondiente al 8% del Producto Interno Bruto (PIB) destinado a financiar la educación pública constituye una violación al mandato establecido en el artículo 78 de la Constitución Política”. La consulta facultativa de constitucionalidad fue interpuesta por la Defensoría de los Habitantes.

SURCOS comparte el comunicado para descargar.

Mensaje del nuevo rector de la UCR al iniciar su gestión

El pasado 1º de enero, el nuevo equipo de la Rectoría de la Universidad de Costa Rica inició oficialmente su gestión. Así, este lunes 6 de enero, ya concluido el receso de fin y principio de año, comenzamos las labores ordinarias al servicio de nuestra institución y, por extensión, también de la sociedad costarricense a la que nos debemos y en la que encontramos la auténtica razón de ser.

Estamos en el último año del primer cuarto del siglo XXI, lo que implica grandes retos y nuevos rumbos para la humanidad y, por consecuencia, para toda institución de educación superior. Si bien los procesos de cambio son inevitables, las transformaciones en marcha exceden, en buena medida, muchos de los límites de nuestra imaginación.

Estas circunstancias obligan a dirigir nuestra mirada hacia el ser humano y a emprender acciones para que, como especie, de nuevo aprovechemos estos puntos de inflexión históricos en beneficio de la sociedad. Debemos pensar más allá de las circunstancias individuales, en un ejercicio virtuoso y constructivo que vele por el bien común, la paz, la solidaridad, la empatía y la mutua comprensión; y que rechace las ideas negativas y nocivas que tanto abundan.

La Universidad es terreno fértil para producir y divulgar esos pensamientos que la sociedad necesita, pero también para implementarlos en el contexto universitario. Recordemos que la Universidad de Costa Rica es la primera casa de enseñanza en la región, que somos la institución mejor calificada, año tras año, por nuestra generosa comunidad costarricense y que debemos responder a los retos con la excelencia que nos caracteriza.

Como equipo, y consecuentes con todo lo anterior, realizaremos una gestión basada en el trabajo colaborativo, debidamente articulado y coherente, que atenderá, entre otros, los siguientes aspectos:

a– Dignificar el quehacer académico, de manera que la Universidad resguarde, nuevamente, el auténtico ejercicio docente como eje esencial, realizado en primer término en el encuentro del estudiantado con el profesorado, pero siempre dentro del debido respeto de nuestros valores éticos, del ejercicio de la libertad de cátedra y del pensamiento crítico.

b– Comprender la gestión docente-administrativa como un ámbito prioritariamente investigativo, de servicio pleno y ejercicio pedagógico, más que como un escenario puramente jerárquico, burocrático y administrativo. La condición de autoridad implica un compromiso de servicio y entrega.

c– Fomentar el diálogo académico, porque partimos de la certeza de que todo ser humano posee saberes y necesita aprender continuamente. Cada saber es necesario y cada ser humano es docente y estudiante; por lo tanto, procuraremos democratizar y universalizar, cada vez más, el quehacer académico universitario, por lo que las iniciativas estudiantiles y populares también serán bienvenidas.

d– Comprender al estudiantado, en toda su dimensión, como los fines próximos del quehacer del Alma Mater y, a su vez, como medios para que nuestra Universidad cumpla con su misión ante el país, a quien nos debemos, pero sin olvidar que también somos parte de una comunidad global con la cual también asumimos responsabilidades.

e– Realizar una gestión de puertas abiertas, basada en un ejercicio virtuoso que partirá de los siguientes principios: el diálogo, la proximidad, la flexibilidad, la alteridad, la reciprocidad, la diversidad, el respeto, la cortesía, la confianza y la justicia. Dicho en otras palabras, procuraremos una casa de enseñanza superior profundamente humanística.

f– Garantizar la jerarquización idónea y armónica de los discursos que deben guiar nuestra práctica universitaria cotidiana, ocupando el primer lugar la motivación estrictamente académica, seguida de una clara orientación ética, de modo que se resguarde indefectiblemente un ejercicio moral que permita, entre otros aspectos, el diálogo afectivo y solidario, antesala para la solución alternativa de cualquier diferencia o conflicto; y, solo posteriormente y como última alternativa, se deberá recurrir al discurso jurídico. De esta forma restituiremos la función responsable de todas las autoridades.

g– Resituar los importantes ámbitos administrativos y tecnológicos como herramientas complementarias para las labores sustantivas del Alma Mater, recuperando el orden lógico del ejercicio institucional en el seno de nuestra comunidad universitaria.

h– Observar indefectiblemente los fines y los principios orientadores de nuestra casa de educación superior, de manera que cumplamos con las responsabilidades inmediatas en el claustro académico, así como con los deberes humanísticos, científicos, políticos, sociales y culturales que debemos atender frente a nuestra sociedad.

Es un deseo de esta Rectoría que este año sea un período de crecimiento intelectual, profesional y personal para cada miembro de nuestra comunidad universitaria, en el marco del respeto mutuo y la búsqueda del conocimiento al servicio de la sociedad.