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Aprobada reforma a normativa que regula acoso laboral en la UCR

Zaida Siles Rojas, Periodista Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica

Una reforma a varios artículos del Reglamento en contra del hostigamiento en el trabajo o acoso laboral, aprobada recientemente por el Consejo Universitario, tiene como propósito ajustar esta norma con la reglamentación institucional y nacional sobre dicha materia, así como mejorar su aplicación dentro de la Universidad de Costa Rica (UCR).

La modificación subsana una de las principales omisiones del reglamento vigente, como lo es la ausencia de plazos en cada una de las fases del procedimiento, lo cual provocaba retrasos y era una preocupación planteada por la comunidad universitaria.

La inclusión de plazos garantiza seguridad jurídica a las partes involucradas, en razón de que mejorarán los tiempos de resolución y respuesta, destacó el Órgano Colegiado al aprobar la reforma.

De acuerdo con el Consejo Universitario, el acoso laboral es una actuación indeseada que no debe permitirse de ninguna manera, sea que se realice por personas de la comunidad universitaria o por aquellas que brindan algún servicio a la Institución en los diferentes espacios de trabajo, de ahí que era necesario incorporar en el reglamento mecanismos de contención y ajustarlos a las circunstancias actuales.

La reforma también precisa las funciones de la Comisión Evaluadora de Acoso Laboral para así evitar confusiones.

Con el fin de generar conciencia en todos los niveles de la Institución, el Órgano Colegiado solicitó a la Rectoría organizar talleres, charlas, foros, campañas de la Oficina de Divulgación e Información, entre otras acciones, en relación con los mecanismos existentes para poder denunciar, así como las consecuencias negativas de este tipo de acoso para las personas trabajadoras.

 

Nota periodística del Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica (CU-UCR).

Despidos colectivos a la carta y al por mayor

Manuel Hernández

El Proyecto de Ley Marco de Empleo Público tiene cuatro objetivos: el primero, de carácter político, otro fiscalista, el tercero, de corte antisindical.

Pero, además, sobresale el cuarto objetivo, cuyo propósito es acelerar el desmantelamiento del Estado y la privatización de los servicios públicos.

Una de las herramientas diseñadas para alcanzar este espurio objetivo es la desregulación y flexibilización de los procesos de reorganización y reestructuración de las instituciones públicas.

Esta flexibilización se consolida aún más con la exorbitante moción que aprobó la Comisión de Gobierno y Administración de la Asamblea Legislativa, el día de hoy, que relajó el correspondiente requisito, bastando que la reorganización afecte por lo menos el 50% de los servidores de la respectiva dependencia pública, en lugar del 60% que exigió el anterior texto dictaminado.

De esta forma, por una parte, se facilitan, como en feria al por mayor, los despidos colectivos, que será suficiente, y nada más, cualquier remedo de estudio “técnico”, para justificar la pretendida reorganización institucional, con el consecuente sacrificio masivo de los empleos.

Por otra parte, a expensas de la reestructuración, se desmantelan los servicios que presta la institución o entidad a la comunidad.

Además, las indemnizaciones tendrán un costo muy barato, porque la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, N° 9635, derogó varias normas del Estatuto de Servicio Civil, que dispusieron que a los cesados por los anteriores motivos, les correspondía una indemnización tasada, a razón de un mes por cada año de servicio prestado. En lugar de estas normas derogadas, se ha interpretado que la regla que ahora aplica es la contenida en el artículo 29 del Código de Trabajo, que preceptúa un tope de 8 años, norma a la que expresamente remite la Ley N° 9635.

Por último, es importante recordar que el Memorando Técnico de OIT, rendido a solicitud de la misma Comisión Legislativa, advirtió los alcances de esta lesiva propuesta legislativa y recomendó la inclusión de un mecanismo de consulta previa con las organizaciones representativas de las y los trabajadores, cuando la Administración pretende cesar personal por motivos económicos o estructurales.

Esta recomendación de la prestigiosa OIT fue totalmente despreciada por la comisión legislativa -como la gran mayoría de las observaciones y recomendaciones de ese memorando, que tuvieron la misma desafortunada suerte-, dejándose a las y los servidores en una situación totalmente vulnerable y sin ninguna clase de protección legal.

En conclusión, con esta regulación se expulsa de nuestro ordenamiento la estabilidad laboral de los y las funcionarias públicas, cuyo derecho subjetivo se elimina y sustituye por un régimen abusivo de despido colectivo, a la carta, unilateralista, a libre discreción de la Administración, sin garantías de protección para el servidor, devaluado, excluyéndose toda instancia de consulta a los sindicatos que representan los intereses colectivos de las personas trabajadoras afectadas.

Así, se consuma el derrumbe de la institucionalidad pública y la afectación del sistema democrático, porque los servicios públicos constituyen la infraestructura de la democracia.

De esta manera, avanza incontenible, en clave cada vez más regresiva, la consolidación del Derecho de la Función Pública del Enemigo, fundado en la construcción ideológica de una cultura de odio y violencia institucional contra la clase trabajadora del sector público.

27/01/2021

UNT: denunciamos la persecución sindical en Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional

SURCOS comparte información enviada por la Unión Nacional de Trabajadores (UNT):

Hoy lunes 25 de enero, la UNT ha reinstalado al compañero Brence Villalobos Zúñiga, Dirigente de la Seccional UNT-JUPEMA, quien fue despedido hace 2 años, de forma arbitraria y anti sindical.

La Sala Segunda, con fundamento en el Voto 5000 de la Sala Constitucional, que garantiza la protección del fuero sindical para  los representantes de los trabajadores, ordenó la reinstalación de nuestro compañero, con el pago de todos los salarios dejados de percibir estos 2 años.

La UNT reafirma su compromiso para velar porque se respeten los derechos laborales y la estabilidad de todas las personas trabajadoras de la Junta de Pensiones del Magisterio Nacional.

SEC: El pueblo quiere explicaciones, porque la educación está en crisis

SURCOS comparte pronunciamiento enviado por el Sindicato de Educadores Costarricenses (SEC):

El SEC denuncia que el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo violentan la Constitución Política, al no cumplir con lo que establece su Artículo 78, el cual señala que debe presupuestarse el 8% del PIB anual para la educación estatal.

Esta situación se presenta por ese afán de querer endeudar más al país con el Fondo Monetario Internacional, sumado al congelamiento de plazas en el Magisterio Nacional, que ronda las 1000 vacantes, para docentes y administrativos los cuales no podrán ser sustituidos, dejando un enorme vacío.

No comprendemos cómo se inicia un curso lectivo de esta manera y más cuando se hace en medio de la pandemia por el Covid-19, acompañado de problemas de infraestructura, logísticos y carencia de presupuesto para las Juntas de Educación y Juntas Administrativas, lo que empeorará más, por el congelamiento del 80% de las plazas por jubilaciones y pensiones en el Magisterio Nacional.

Exigimos al Poder Ejecutivo, a las diputadas y diputados que nos indiquen cómo vamos a lograr una educación de calidad con un faltante superior a 1000 trabajadoras y trabajadores de la educación.

SEC junto al pueblo

ANEP: Municipalistas firmes en oponerse a nueva violación a su autonomía

SURCOS comparte el comunicado de prensa enviado por la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP):

  • Personal municipal asume reto institucional histórico

  • ANEP arranca proceso organizativo contra el proyecto de Empleo Público en municipalidades

Esta semana da inicio un proceso de sensibilización y de organización en las bases de, prácticamente, la totalidad de los municipios de Costa Rica, promovido por la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), en conjunto, con cada una de sus seccionales en todos los gobiernos locales.

El objetivo es que cada persona diputada de la Asamblea Legislativa constate el repudio que genera la inclusión de las municipalidades en el proyecto de Empleo Público; el cual contiene una nueva violación a la autonomía constitucional del régimen municipal, misma que ya había sido violentada desde la tramitación y aprobación impuesta con la Ley del Combo Fiscal, número 9635, en diciembre del 2018.

La idea central es dar a conocer un manifiesto a todas las comunidades en los respectivos cantones; al país en cuanto tal; y por supuesto a las autoridades legislativas de la República.

El régimen municipal debe ser fortalecido, especialmente, en momentos en los cuales la aceleración de las desigualdades y el nuevo impulso que se le da a la exclusión socioeconómica, requieren de los gobiernos locales una agresiva política social para evitar que se incremente la pobreza y la exclusión en los cantones del país.

Una de las principales actividades previstas en esta ofensiva de sensibilización y de organización de la ANEP para salvar la autonomía de las municipalidades, es la presencia en el propio parlamento de las delegaciones sindicales de las municipalidades de Costa Rica, en los próximos días; para mostrar el sentir generalizado de repudio a los diputados y a las diputadas que insisten en violar la autonomía municipal con el nefasto proyecto de Empleo Público.

La ANEP en conjunto con sus seccionales, impulsará la realización de un gran movimiento laboral de las municipalidades costarricense, con carácter histórico, luego de que se dé la manifestación de delegaciones municipales como indicamos anteriormente.

La posibilidad de un gran movimiento nacional municipal contra el proyecto de Empleo Público, incluye realizar diferentes coordinaciones con la finalidad de potenciar más la lucha social general de repudio al convenio con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Finalmente, la ANEP hace un vehemente llamado a cada alcalde y alcaldesa, a  los regidores y las regidoras de los concejos municipales; así como a la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL), y a la Asociación Nacional de Alcaldías e Intendencias (ANAI), para que junten voluntades, coordinen esfuerzos y compartan con  su personal y comunidades todas aquellas manifestaciones posibles de repudio al intento más grave de los últimos tiempos en contra de la autonomía municipal que representa el proyecto de Empleo Público.

San José, lunes 25 de enero 2021
Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP
Walter Quesada Fernández, Secretario General Adjunto ANEP.

Migraciones Ngöbe; recolección de café en Costa Rica, previo y durante el Covid-19

Comunicado:

La Asociación de Estudiantes de Antropología Social invita al Conversatorio «Migraciones Ngöbe; recolección de café en Costa Rica, previo y durante el Covid-19» el cual será transmitido por nuestro Facebook live:

https://www.facebook.com/asoantroucr (asoantroucr)

Fecha y hora: lunes 25 de enero a la 1 p.m.

Este tiene como objetivo visualizar las problemáticas de migración, acceso a salud y desarrollo productivo, tomando como punto de partida la responsabilidad gubernamental, traer a debate a su vez el incumplimiento de los derechos humanos y exponer las vivencias que sufren las personas indígenas transfronterizas de la población ngöbe dentro del país, en su condición de temporeros para la agroindustria cafetalera, especialmente en la zona sur (la región de Coto-Brus, Los Santos, entre otros).

Participan:

Luisa Bejarano Montezuma; líder indígena ngöbe.
Yorleny Bejarano Montezuma; líder indígena ngöbe.
Rocío Loría Bolaños; antropóloga en salud y trabajo.
Pablo Ortiz Rosés; médico pensionado luego de trabajar 33 años en la región de Coto Brus.

Modera:

Mauricio Álvarez, docente de Kioscos socioambientales e IDELA-UNA.

SEC: Respecto al inicio del curso lectivo tras la reunión con el MEP

SURCOS comparte el comunicado del Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Costarricense (SEC):

Este martes 19 de enero se llevó a cabo una reunión de Junta Paritaria de Relaciones Laborales, de la cual el SEC forma parte y en la que participó la Ministra de Educación Pública, Guiselle Cruz.

Entre los puntos medulares de este encuentro virtual se destacan: La estrategia Regresar que impulsa el MEP, los alcances de las estrategias empleadas en Curso Lectivo 2020, infraestructura en centros educativos entre otros.

El SEC insistió en la vacunación ya que la estrategia Regresar, propuesta por el MEP no aborda un esquema específico para la protección de la persona trabajadora de la educación y hay múltiples preocupaciones que giran alrededor del inicio del Curso Lectivo, principalmente por la desprotección al personal, carencias en infraestructura, condiciones y medidas, además del incremento en los índices de muertes.

Desde diciembre venimos insistiendo que se vacune a todo el Magisterio Nacional, ya que no se puede experimentar con la vida y salud de las personas. Nosotros no estamos satisfechos con el planteamiento realizado por el MEP para el inicio del periodo lectivo; ya que es muy teórico y nada asegura que se pueda tener la debida protección, para las trabajadoras y los trabajadores de la educación. Consideramos que no se ha presentado un proceso objetivo y lógico, de cómo iniciar la vacunación de aquellas personas que son de alto riesgo, tampoco para los que están en el rango de los 58 años en adelante.

Dejamos claro que será responsabilidad del MEP, si se presenta una mayor propagación del COVID-19, como consecuencia de la presencialidad en el Curso Lectivo.

Mantendremos nuestros esfuerzos para que se vacune al Magisterio Nacional y además exigimos que no se congelen las plazas que están vacantes tal y como lo dicta un lamentable Decreto que hoy hace más apremiante la situación.

El SEC solicitó urgentemente una reunión con la Comisión de Vacunación para exponerles nuestro planteamiento en el que también hemos propuesto que se logre la vacunación por medio del apoyo de las organizaciones magisteriales.

 

Imagen ilustrativa.

Palabras del Secretario General de la ANEP a la delegación del FMI en reunión virtual

Albino Vargas, ANEP

El movimiento Rescate Nacional ratifico una oposición rotunda a un convenio con el FMI, con la particularidad que esta oposición se hizo más amplia ya que a él se sumó el Consejo Nacional de Cooperativas (COONACOP), la Confederación Nacional de Asociaciones de Desarrollo Comunal (CONADECO), cierta parte del gremio sindicalista del sector público y otros grupos sociales. El movimiento rescate nacional insta a los sectores que tienen posibilidad de salir a las calles a protestar que se haga, ya que se considera que el Gobierno que está solicitando ese convenio es uno muy desprestigiado, iniciando con el señor presidente Carlos Alvarado Quesada, quien ha presentado la menor credibilidad como figura política en los últimos 25 años, por lo tanto, se considera que la negociación genera desconfianza para la ciudadanía costarricense.

Otros aspectos que son centrales, es la discusión que se dan en torno al carácter de la deuda y de los intereses consecuentes, que son exorbitantes y obscenos y que al final, caerá en las espaldas del pueblo costarricense para este año 2021. Es evidente los recortes presupuestarios a programas de educación y de beneficio social como los CEN-CINAI y policía migratoria, es necesario comprender que hay aspectos tales como el narcotráfico que están presente en la economía costarricense y que las autoridades no tienen la capacidad para manejar esas fallas estructurales, entonces es muy difícil que el gobierno pueda asumir una deuda tan abrupta en un contexto de desempleo y debilitamiento económico.

Se reitera la importancia de las segundas oportunidades, de ver otras opciones menos agresivas, para evitar la oposición de los sectores a partir de la verdad y de la opinión pública, con el fin de evitar impuestos de carácter regresivo y evitar la aprobación de la Ley de Empleo Público que devuelve a los trabajadores a un estado vertical semi- totalitario, clientelar.

Para ver en detalle las palabras del señor Albino Vargas Barrantes puede dar click

La República Piñatera

SURCOS comparte la nota publicada en la Regional Latinoamericana de la UITA, del autor Carlos Amorín:

  • Cuando personas elegidas por el pueblo para dirigir y gestionar las instituciones del Estado renuncian a sus deberes y responsabilidades más elementales como proteger la vida humana, y lo hacen para resguardar y apadrinar los intereses económicos de una elite cipaya y de corporaciones transnacionales, habilitan el derecho a llamarles “homicidas sociales seriales”.

Esto ocurre seguramente en muchos países del mundo, pero en este momento nos ocupa lo que está sucediendo en las fincas piñeras de Dole en Costa Rica. Un territorio que parece haber sido exonerado por las autoridades políticas y de contralor locales de todo deber y responsabilidad empresarial, además de pagar sueldos de pobreza y someter a sus empleados y empleadas a condiciones laborales extremas y de total abuso de poder.

Por un puñado de dólares…

A este tétrico panorama se debe agregar la deforestación permanente en procura de nuevas fronteras agrícolas para sus cultivos de piña, la utilización masiva y sin control real de agrotóxicos de todo tipo, algunos de ellos incluso denunciados como prohibidos, la fumigación directa sobre los trabajadores y trabajadoras en los plantíos, la contaminación del medio ambiente, incluyendo las fuentes de agua de muchas comunidades locales, algunas de las cuales vienen luchando desde hace años contra estas prácticas, y que hasta deben ser abastecidas de agua mediante camiones cisterna ya que sus tomas naturales han sido envenenadas por Dole y otras empresas.

Y no es que no se conozcan estos extremos de crueldad empresarial y humana. Las denuncias abundan. Los sindicatos que logran resistir heroicamente a la feroz e implacable persecución de Dole, y los propios trabajadores afectados se han presentado en innúmeras ocasiones a los tribunales de Trabajo, a la prensa, y han intentado dialogar de manera permanente con la compañía transnacional, pero prácticamente de nada ha valido. Por una situación que se soluciona, decenas quedan pendientes, perdidas en el limbo perverso del que son víctimas los trabajadores de la piña en Dole.

Dos casos actuales y prototípicos. “Es todo lo que pido”

Mariano trabaja para Dole desde hace varios años. Tuvo que someterse a una cirugía bastante banal, pero su caso se complicó ya que fue víctima de una mala praxis nunca reconocida por el sistema de salud. Él se enteró de su situación cuando, un par de años después, comenzó a tener problemas para trabajar: dolores, imposibilidad de sostener varias de las posiciones físicas necesarias para cumplir con sus tareas, entre otras cosas.

Al recurrir al médico se le detectó la mala praxis, pero, dicen, se trata de algo que “no es operable”. Así que el médico recomendó a la empresa que lo quitara del trabajo de campo y se le diera una tarea que él pudiese cumplir. Apenas unos pocos meses después de haber recibido otra asignación, Mariano fue restituido a sus antiguas labores, las mismas desaconsejadas por el galeno.

No tuvo más remedio que acatar, porque de lo contrario perdería su trabajo, único sustento de su numerosa familia. Intentó plantearlo en Recursos Humanos de Dole, pero le respondieron que si lo que tenía no era operable ellos no pueden hacer nada tampoco, y que la recomendación del médico que presentó no es obligatoria para la empresa.

Así que allá regresó Mariano a los cultivos con su dolor a cuestas, sintiéndose humillado, casi un esclavo. Hasta que hace cuatro meses sufrió un accidente cerebro vascular que le paralizó parcialmente el rostro, como consecuencia, según los cirujanos que lo atendieron, del daño provocado por aquella mala praxis y por el esfuerzo físico que debe realizar cada día a pleno sol.

Los cirujanos le aseguraron que hablarían con la empresa para procurar su traslado, pero después de varios meses Mariano no ha recibido noticias.

Acosado por el dolor, se presentó ante el médico de la empresa, pero éste le respondió que nada puede hacer ya que no tiene potestad para solicitar intervenciones o exámenes en la salud pública, que en la finca sólo atiende consultas y urgencias, pero que no tiene autorización para enviarlo a la Caja de Seguridad Social, y que no puede recomendar ningún cambio de su posición laboral a Dole.

Como la película: “Atrapado sin salida”. Mariano expresa que “solo quiero que me den una tarea que pueda cumplir de pie para poder seguir sosteniendo a mi familia. Es todo lo que pido”.

Demasiado buen trabajador

Cándido Amador tiene una enfermedad cardíaca desde que fue fumigado con agrotóxicos mientras trabajaba en los cultivos de piña de Dole. Tuvo que ser internado en varias oportunidades, y su diagnóstico fue establecido por cardiólogos del hospital público de la zona. El episodio fue traumático, porque Cándido perdió el conocimiento en el piñal y tuvo que ser trasladado en un vehículo en emergencia.

Como a Mariano, los médicos recomendaron que no desempeñara ninguna tarea que lo expusiera nuevamente a los agrotóxicos, pero la empresa hace oídos sordos a ese mandato y lo mantiene laborando en los cultivos.

Cándido ha intentado dialogar con el jefe de Recursos Humanos de Dole, pero la respuesta que le han dado es que “soy un buen peón, y por eso me mantienen allí”. Inclusive aceptando ese destrato que pone en riesgo su salud y su vida, Cándido pidió que, por lo menos, no fumigaran los lotes donde él se encuentre trabajando, cosa que prometieron.

Pero de nada valen las promesas de Dole. En diciembre 2020 y en enero 2021, las máquinas fumigadoras se acercaron a escasos 30 metros de donde Cándido se encontraba trabajando, y en una de esas ocasiones, el fumigador entró dispersando agrotóxicos en el propio sector donde él estaba laborando. Cuando estuvo a unos 20 metros de Cándido, cortó los chorros de producto químico, pasó sobre él, y entonces reanudó la fumigación 20 metros más adelante.

Cada vez que fumigan en su cercanía Cándido siente dolor en el pecho, se le seca la garganta y se le cierran los bronquios. Casi siempre sufre irritaciones en la piel y en sus ojos, pero debe seguir trabajando para mantener esa alta productividad que lo convierte en “un buen peón” y así conservar su empleo.

Afirma con desesperación que ya no sabe qué hacer, a quién recurrir, ya que al Sindicato tampoco lo respetan. Los inspectores de Trabajo, cuando llega alguno, no se interesan en lo que ocurre en los plantíos y solo hablan con la empresa.

El sistema perverso de Dole

La burocracia local de Dole expide órdenes de atención médica con errores voluntarios y los trabajadores afectados son rechazados en los consultorios médicos por razones burocráticas. A nadie le importa si para llegar a los puestos de salud deben perder una jornada de trabajo que no les es reembolsada. Y eso lo hacen una y otra vez de manera permanente, hasta que los trabajadores se cansan, abandonan y retoman su trabajo enfermos o lesionados. De esta forma Dole se ahorra tener que pagarles jornadas por licencia médica.

Es difícil de imaginar esta realidad fuera de esa burbuja de terrorismo empresarial que ha montado Dole en Costa Rica, con la complicidad de las más altas autoridades locales y nacionales. En Costa Rica es un secreto a voces que la situación de los trabajadores agrícolas en las piñeras es deplorable, inhumana, y que sus vidas están, literalmente, en manos de pésimos empresarios y peores funcionarios, ambos humanamente deleznables.

Es una forma de apartheid, una negación tan cruel de derechos que linda con el trabajo esclavo. Esta República Piñatera de Costa Rica trae al recuerdo los ecos tristes, indignos, vergonzosos, de las Repúblicas Bananeras de antaño.

Cándido y Mariano continúan dejando cada día retazos de su salud y sus vidas entre las plantas de piña, cuyos frutos proporcionan placer en las mesas estadounidenses y europeas, adonde es exportada casi la totalidad de la producción de Dole en Costa Rica.

Cuando este artículo estaba siendo preparado para su publicación, se nos informa desde Costa Rica que Cándido Amador fue nuevamente víctima de fumigaciones en su entorno, por lo que de regreso a su casa debió trasladarse urgentemente al hospital donde quedó internado 48 horas. Los médicos que lo atendieron reiteraron que la empresa debe transferirlo a otra tarea donde no esté en contacto con químicos.

Notas:

1- La Real Academia Española define el término como “secuaz a sueldo”.

2- El nombre de quien han brindado este testimonio fue cambiado para evitar represalias de la empresa.