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65.000 funcionarios públicos ganan menos de ₡500 mil mensuales

Luis Paulino Vargas Solís

La Nación publica un reportaje titulado: “32.000 funcionarios públicos ganan más de ₡2 millones”. Igual pudieron haberlo titulado tal cual yo he titulado este comentario, puesto que ese dato aparece en el mismo reportaje. A lo cual podemos agregar: 107.000 ganan entre ₡500 mil y ₡1 millón.

Vale decir que 172.000 personas que trabajan para el sector público ganan menos de ₡1 millón. De donde igual La Nación pudo haber titulado: “56% de funcionarios públicos ganan menos de ₡1 millón”.

Claro que la nota ofrece datos que deben llamar la atención. Un ejemplo: 107 personas ganan arriba de ₡10 millones.

Sin duda, esos extremos son inaceptables. Entre las reformas que deben hacerse está la de fijación de un límite máximo a los salarios en el sector público, y, asimismo, un límite máximo al múltiplo, para cada institución pública, entre el salario más alto y el más bajo.

Pero, más allá de eso, el titular de La Nación está puesto, con mala intención, para reforzar el odio contra empleados y empleadas públicas y la satanización de lo público. Buscan así justificar ese adefesio contrahecho -el llamado “proyecto de empleo público”- un monstruito que causará mucho más daño que el que presuntamente se quiere corregir.

Pero el problema fundamental tiene que ver con el silencio sobre lo que es esencial: cuando un salario en el sector público excede de ₡2 millones ¿es eso signo inequívoco de abuso o refleja alguna realidad más profunda que deba ser considerada con un mínimo de atención?

La intención de La Nación es plantar la idea de que, sin excepción, son casos de abuso.

En cambio, un enfoque riguroso y no prejuiciado, reconocería la importancia de conocer los niveles de calificación profesional de las personas y el nivel de conocimiento especializado que sus labores demandan. Al fin y al cabo, ser intensivista en las salas de UCI de un hospital público, es una tarea que plantea demandas excepcionalmente exigentes. Pero, y perdone usted el ejemplo, no es cualquiera el que puede conducir una clase para analizar y discutir a fondo una obra tan rica y compleja, y tan fundamental para la historia del último siglo, como la Teoría General de Keynes.

Son sutilezas. Pero sutilezas absolutamente fundamentales. Ocultarlas, como lo hace La Nación, es el camino retorcido que alimenta el odio.

Los (¿escandalosos?) salarios del sector público

Óscar Madrigal

La Nación ha hecho montones de estudios y análisis sobre el empleo público para querer demostrar que los problemas del país se deben a los trabajadores y trabajadoras del sector público. Hoy publica un nuevo análisis que lógicamente manipula, pero que indica lo siguiente:

1-. El 90% de los empleados de todo el sector público (poderes del Estado, instituciones autónomas, universidades, sea de todas las instituciones) reciben un salario menor a 2 millones de colones.

El 33% tienen un sueldo entre 1 millón y 2 millones.

El 35% entre ¢500.000 y un millón.

El 21% ganan menos de ¢500.000. Dentro de este grupo se encuentran un grupo importante de profesores universitarios que no tienen jornada completa.

Observen que el 56% -más de la mitad- de los trabajadores públicos ganan MENOS de un millón de colones al mes.

¿Son estos salarios de lujo?

2-. Los que ganan más de 2 millones (el 10%) trabajan principalmente en:

43% en la Caja. Son principalmente médicos especialistas.

12% en la Corte. Principalmente jueces.

6% cada uno en UCR, ICE y MEP.

Como se aprecia son profesionales muy importantes, médicos, catedráticos, jueces, técnicos especializados, que han dado una gran contribución al desarrollo económico-social del país.

¿Les rebajarán el salario como pretenden algunos?

3-. Ahora bien, sí hay que señalar que 107 empleados reciben más de 10 millones de sueldo al mes, que son a los que siempre recurre La Nación para denigrar a los trabajadores públicos. Habrá que analizar quiénes son, porque siempre se citan algunos médicos especialistas a los que les obliga la Caja a hacer guardias y estar en disponibilidad; hay que ver cómo la Caja logra reducir esas remuneraciones con la contratación o formación de más especialistas.

Sin embargo, llama la atención que uno de esos 100 funcionarios de más de 10 millones de salario mensual sea el señor Rodrigo Cubero, presidente del Banco Central, que un día sí y otro también claman por la austeridad y otro sea el embajador en Japón.

Por otra parte resulta claro que no es posible comparar instituciones o poderes del Estado ya que la realidad de cada uno es muy distinta: en el Poder Judicial y en las universidades predominan los profesionales mientras que en otras instituciones no.

Si alguno quiere comparar el sector público con el sector privado, deberá hacerlo por categorías de puestos. En el sector público, el 21% gana menos de ¢500 mil colones, sea los oficinistas, encargados de mantenimiento, etc.

La Nación echa por tierra lo que se ha venido diciendo desde hace muchos años, que los salarios de los empleados públicos son privilegiados. La realidad es otra como la reflejan los números: 56% de los trabajadores públicos, más de la mitad, reciben un salario menor a 1 millón de colones.

Una vez más queda claro, hasta con los estudios de La Nación, que los trabajadores no son los culpables del déficit fiscal ni de los problemas de las finanzas públicas y que el proyecto de empleo público no es más que una medida para congelar los salarios de los trabajadores y trabajadoras.

Publican cuaderno Acerca del Proyecto de Empleo Público

Las organizaciones sindicales UNDECA, BUSSCO y FSM publicaron el cuaderno: Acerca del proyecto de Empleo Público. Derecho de la función pública del enemigo, que contiene una compilación de artículos del especialista en derecho laboral Manuel Hernández.

SURCOS comparte esta producción que aborda un análisis de los elementos que llevan a constituir una nueva superestructura política normativa.

La presentación de este documento expone:

«En el proceso de adhesión de Costa Rica a la OCDE, el Gobierno de la República se comprometió a tramitar un proyecto regulatorio de la gobernanza del empleo público.

En atención a este compromiso, el Gobierno presentó a la Asamblea Legislativa, en el primer semestre de 2019, el denominado Proyecto Ley Marco de Empleo Público, Expediente N° 21.336.

Más recientemente, en el contexto de la crisis fiscal, este proyecto se ha convertido en moneda de canje para negociar un préstamo con el FMI por el monto de $1.750.000.

El proyecto se tramita a ritmo motorizado, que ha experimentado un desarrollo en clave regresiva, en una suerte de evolución genética degenerativa, que viene a consumar, a estas alturas del procedimiento parlamentario, una especie monstruosa de Frankenstein legislativo, absolutamente impresentable.

Totalmente impresentable porque, por una parte, violenta la arquitectura constitucional democrática de nuestro ordenamiento jurídico, y, por otra parte, vulnera los derechos fundamentales de las y los servidores que laboran en la Administración Pública.

Este proyecto, junto con la aprobada Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, N° 9635, a finales de 2018, y la contrarreforma del Código de Trabajo, contenida en la Ley N° 9808, de 21 de enero de 2020, que en términos generales prohibió la huelga en los servicios públicos, constituye la nueva superestructura política normativa, que el bloque de poder hegemónico requiere para metabolizar y consolidar el modelo económico neoliberal.

Este Cuaderno acerca del Proyecto de Empleo Público contiene una selección de artículos, que, desde una perspectiva jurídica–política, examina, al hilo de su desarrollo legislativo, el contenido y los alcances de dicho proyecto, que viene a consolidar el Derecho de la función pública del enemigo.

Se configura este Derecho o antiderecho político, porque conjuntamente con aquellas leyes, se crea un régimen de excepción, autoritario, antidemocrático, que expulsa del ordenamiento jurídico los derechos de ciudadanía social de los y las servidoras públicas, particularmente los derechos colectivos, cuyo régimen se radica en una construcción cultural de odio y violencia institucional contra este colectivo laboral.

El Derecho de la función pública del enemigo representa un desafío histórico que los sindicatos tendrán que asumir».

SURCOS comparte el documento para descargar en formato PDF:

SEC denuncia “irresponsable actuación” de los poderes Ejecutivo y Legislativo al cortar el presupuesto de Educación

SURCOS comparte comunicado del Sindicato de Educadores Costarricenses (SEC):

El SEC denuncia la irresponsabilidad con que están actuando el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo al cortar el presupuesto de Educación, porque a pocos días de iniciar el Curso Lectivo faltan por nombrar más de 1300 plazas, las cuales fueron congeladas.

Es ahí donde nos preguntamos: quién atenderá esos grupos de estudiantes que estarán sin docentes, quiénes harán limpieza.

en los centros educativos estando en esta pandemia de salud, quién guardará la vigilancia en los centros educativos, quienes darán el soporte administrativo y técnico en los centros y en las Direcciones Regionales.

Con este actuar están precarizando y violentando la educación que constitucionalmente es un Derecho Fundamental.

El SEC exige que se derogue la norma 12 de la Ley 9926 publicada el 2 de diciembre del 2020, un recorte que vergonzosamente lo han hecho para responder al FMI.

SITRAPEQUIA sobre convención colectiva de trabajo con RECOPE: “Las partes han negociado en estricto apego al ordenamiento jurídico aplicable”

SURCOS comparte comunicado del Sindicato de Trabajadores Petroleros Químicos y Afines (SITRAPEQUIA):

El martes 02 de febrero finalizó la etapa de discusión del texto correspondiente a la Convención Colectiva de Trabajo entre RECOPE y SITRAPEQUIA, iniciado en fecha 29 de enero del 2020. Este proceso ha sido desarrollado en un contexto de pandemia, lo cual representó todo un reto para sostener las sesiones de negociación. Dicho desafío fue superado con creces y se ha logrado avanzar con éxito hasta la fecha.

El proceso se ha llevado a cabo con respeto al derecho fundamental de la negociación colectiva previsto en la Constitución Política y Convenios Internacionales sobre la materia; todo lo anterior en el marco de la buena fe, contando en todo momento con la participación del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social como facilitador del proceso de dialogo.

Las partes han negociado en estricto apego al ordenamiento jurídico aplicable, incluyendo lo regulado en la Ley de Salarios de la Administración Pública, reformada por la Ley 9635 – Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas- y el Código de Trabajo; asimismo se han atendido los principios de legalidad, proporcionalidad y razonabilidad que ha dispuesto la Sala Constitucional así como los lineamientos emitidos por la Comisión de Políticas para la Negociación de Convenciones Colectivas en el Sector Público.

Una vez consolidado el texto acordado entre las partes, éstas se han comprometido a efectuar la revisión final conforme lo establece el artículo 703 del Código de Trabajo; cumplida esta etapa el texto será remitido a las instancias de decisión de cada una de las partes para su aprobación y las firmas respectivas. Cumplido lo anterior, el documento será depositado en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social con el fin de que determine lo correspondiente.

En el momento oportuno se brindará mayor detalle sobre los temas negociados, atendiendo a las etapas del proceso.

Manuel Rodríguez Acevedo
Secretario General, SITRAPEQUIA

Unión Nacional de Trabajadores interpone proceso sumario por discriminación contra Ministerio de Justicia y Paz

La Unión Nacional de Trabajadores (UNT) informó que la directora de la Policía Penitenciaria solicitó el cese del nombramiento provisional de una compañera agente de policía, porque aparentemente tuvo un comportamiento incompatible con la función policial, pero según el sindicato, se trató de incapacidades por enfermedad, por lo cual interpusieron un proceso sumario por discriminación.

De acuerdo con la UNT, la agente cumplió todas las pruebas para demostrar su idoneidad (físicas, psicológicas, médicas y estudio de entorno comunitario), pero el “comportamiento incompatible” son incapacidades por enfermedad, incluyendo dos órdenes sanitarias por sospecha de COVID-19.

“De forma discriminatoria, según nuestro criterio, la directora de la Policía considera que sufrir una incapacidad temporal por enfermedad, es un «comportamiento incompatible» con la función policial… O sea, un policía no puede enfermarse”, comunicó la UNT.

La UNT fue notificada de que el Juez de Trabajo ordenó como medida cautelar, reinstalar a la agente de forma inmediata, mientras se determina si efectivamente el cese de interinato por incapacidad es un trato discriminatorio.

“Esperamos que finalmente se declare con lugar nuestra demanda y que la compañera, que cuenta con todos los atestados y ha aprobado las pruebas de idoneidad, se mantenga laborando como Policía Penitenciaria. Este caso es un precedente importante que pone límites a la discrecionalidad del Ministerio de Justicia y tutela los derechos laborales de trabajadores y trabajadoras que en razón de su nombramiento provisional, muchas veces son víctimas de arbitrariedades e injusticias”, agregó el sindicato.

Nueva Seccional UNT Upala Agrícola

Desde el pasado domingo 31 de enero se constituye la Seccional de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT) Upala Agrícola.

Los trabajadores de dicha plantación piñera han confiado en la UNT para organizarse y defender sus derechos.

Martha Rodríguez electa por amplia mayoría como representante sindical a la Junta Directiva CCSS

SURCOS comparte comunicado de UNDECA CCSS:

Este 1 de febrero fue seleccionada por mayoría absoluta Martha Elena Rodríguez en la Asamblea de elección del representante del Movimiento Sindical en la Junta Directiva de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS).

La designación que se realizó por elección pública, tuvo como candidatos a Rodríguez y el economista Luis Paulino Vargas Solís, y se realizó en CICANDE (Belén, Herendia).

El resultado fue: 197.464 votos para Martha Rodríguez y 14.064 para Luis Paulino Vargas (datos según la representatividad de cada organización).

Participaron gran diversidad de organizaciones sindicales y confederacionistas gremiales como CCTD, Rerum Novarum, APSE, SEC, ANDE, CGT, UNM, SIPROCIMECA, ANPE, SITECO, SITRAPEQUIA, SINASSASS, SITRAINA, ANEJUD, SINDEU, SITUN, AFITEC, entre otros.

Esta elección consolida el apoyo de gran parte del sector sindical para que la compañera Rodríguez asuma de manera permanente este rol esencial para el sector laboral.