Gran concentración: No al proyecto de empleo público
Este jueves 03 de febrero a partir de la 1:30 pm habrá una gran concentración frente a la Asamblea Legislativa en oposición al proyecto de empleo público.
SITRAPEQUIA sobre convención colectiva de trabajo con RECOPE: “Las partes han negociado en estricto apego al ordenamiento jurídico aplicable”
SURCOS comparte comunicado del Sindicato de Trabajadores Petroleros Químicos y Afines (SITRAPEQUIA):
El martes 02 de febrero finalizó la etapa de discusión del texto correspondiente a la Convención Colectiva de Trabajo entre RECOPE y SITRAPEQUIA, iniciado en fecha 29 de enero del 2020. Este proceso ha sido desarrollado en un contexto de pandemia, lo cual representó todo un reto para sostener las sesiones de negociación. Dicho desafío fue superado con creces y se ha logrado avanzar con éxito hasta la fecha.
El proceso se ha llevado a cabo con respeto al derecho fundamental de la negociación colectiva previsto en la Constitución Política y Convenios Internacionales sobre la materia; todo lo anterior en el marco de la buena fe, contando en todo momento con la participación del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social como facilitador del proceso de dialogo.
Las partes han negociado en estricto apego al ordenamiento jurídico aplicable, incluyendo lo regulado en la Ley de Salarios de la Administración Pública, reformada por la Ley 9635 – Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas- y el Código de Trabajo; asimismo se han atendido los principios de legalidad, proporcionalidad y razonabilidad que ha dispuesto la Sala Constitucional así como los lineamientos emitidos por la Comisión de Políticas para la Negociación de Convenciones Colectivas en el Sector Público.
Una vez consolidado el texto acordado entre las partes, éstas se han comprometido a efectuar la revisión final conforme lo establece el artículo 703 del Código de Trabajo; cumplida esta etapa el texto será remitido a las instancias de decisión de cada una de las partes para su aprobación y las firmas respectivas. Cumplido lo anterior, el documento será depositado en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social con el fin de que determine lo correspondiente.
En el momento oportuno se brindará mayor detalle sobre los temas negociados, atendiendo a las etapas del proceso.
Manuel Rodríguez Acevedo
Secretario General, SITRAPEQUIA
CTRN: urge priorizar agenda de reactivación económica
SURCOS comparte comunicado de SINAE AFINES:
● Sectores sociales, laborales y productivos hacen llamado
● Discusión de proyectos vinculados al acuerdo con FMI debe detenerse
“La solicitud fue hecha al presidente Carlos Alvarado Quesada como a los señores diputadas y diputados para darle una pausa en la discusión de los proyectos relacionados con el plan económico presentado por el Ejecutivo al Fondo Monetario Internacional (FMI) para lograr el préstamo de $1.750 millones. Queremos evitar más conflictos sociales, polarización del país, en momentos, que se necesitan consensos y acuerdos”, señaló Lenin Hernández Navas, presidente de la Confederación de Trabajadores Rerum Novarum (CTRN).
De acuerdo con el líder sindical de la CTRN la solicitud fue hecha, este miércoles, por 38 organizaciones productivas, laborales representación civil y sindical, quienes exigen al Gobierno una agenda que busque la reactivación económica porque se quiere un país más productivo, eficiente y con políticas de estado que promuevan el crecimiento económico y la generación de trabajo e inclusión social así como la protección social de los trabajadores de este país.
“Los proyectos presentados por el Ejecutivo en la agenda legislativa como parte de la negociación con el FMI crean un conflicto entre los sectores más importantes de la economía del país como son Cooperativas y Asociaciones Solidaristas, que representan un grupo social laboral muy importante así como el socio productivo, que ven la propuesta estatal centrada en la reducción del gasto y en más impuestos; y bajo estas circunstancias, difícilmente el país va a salir adelante, sino se toma en cuenta la reactivación económica del país”, subrayó Hernández.
Retomar proceso diálogo
De acuerdo con las organizaciones suscribientes la idea es que durante el mes en que se detenga la discusión de los proyectos los sectores hagan propuestas para reactivar la economía; las cuales tendrán que ver con el Ingreso, Reducción de Gasto y Reactivación Económica.
Las organizaciones son conscientes de que el COVID-19 ha acrecentado más la desigualdad, la pobreza, la exclusión social y se requiere de una agenda estructural con visión estratégica e integral basada en consensos.
Unión Nacional de Trabajadores interpone proceso sumario por discriminación contra Ministerio de Justicia y Paz
La Unión Nacional de Trabajadores (UNT) informó que la directora de la Policía Penitenciaria solicitó el cese del nombramiento provisional de una compañera agente de policía, porque aparentemente tuvo un comportamiento incompatible con la función policial, pero según el sindicato, se trató de incapacidades por enfermedad, por lo cual interpusieron un proceso sumario por discriminación.
De acuerdo con la UNT, la agente cumplió todas las pruebas para demostrar su idoneidad (físicas, psicológicas, médicas y estudio de entorno comunitario), pero el “comportamiento incompatible” son incapacidades por enfermedad, incluyendo dos órdenes sanitarias por sospecha de COVID-19.
“De forma discriminatoria, según nuestro criterio, la directora de la Policía considera que sufrir una incapacidad temporal por enfermedad, es un «comportamiento incompatible» con la función policial… O sea, un policía no puede enfermarse”, comunicó la UNT.
La UNT fue notificada de que el Juez de Trabajo ordenó como medida cautelar, reinstalar a la agente de forma inmediata, mientras se determina si efectivamente el cese de interinato por incapacidad es un trato discriminatorio.
“Esperamos que finalmente se declare con lugar nuestra demanda y que la compañera, que cuenta con todos los atestados y ha aprobado las pruebas de idoneidad, se mantenga laborando como Policía Penitenciaria. Este caso es un precedente importante que pone límites a la discrecionalidad del Ministerio de Justicia y tutela los derechos laborales de trabajadores y trabajadoras que en razón de su nombramiento provisional, muchas veces son víctimas de arbitrariedades e injusticias”, agregó el sindicato.
Nueva Seccional UNT Upala Agrícola
Desde el pasado domingo 31 de enero se constituye la Seccional de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT) Upala Agrícola.
Los trabajadores de dicha plantación piñera han confiado en la UNT para organizarse y defender sus derechos.
Martha Rodríguez electa por amplia mayoría como representante sindical a la Junta Directiva CCSS
SURCOS comparte comunicado de UNDECA CCSS:
Este 1 de febrero fue seleccionada por mayoría absoluta Martha Elena Rodríguez en la Asamblea de elección del representante del Movimiento Sindical en la Junta Directiva de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS).
La designación que se realizó por elección pública, tuvo como candidatos a Rodríguez y el economista Luis Paulino Vargas Solís, y se realizó en CICANDE (Belén, Herendia).
El resultado fue: 197.464 votos para Martha Rodríguez y 14.064 para Luis Paulino Vargas (datos según la representatividad de cada organización).
Participaron gran diversidad de organizaciones sindicales y confederacionistas gremiales como CCTD, Rerum Novarum, APSE, SEC, ANDE, CGT, UNM, SIPROCIMECA, ANPE, SITECO, SITRAPEQUIA, SINASSASS, SITRAINA, ANEJUD, SINDEU, SITUN, AFITEC, entre otros.
Esta elección consolida el apoyo de gran parte del sector sindical para que la compañera Rodríguez asuma de manera permanente este rol esencial para el sector laboral.
BUSSCO: ¿Tráfico de influencias del gobierno en aplicación de vacuna covid-19?
SURCOS comparte el siguiente comunicado de prensa:
¿Tráfico de influencias del gobierno en aplicación de vacuna covid-19?
El Presidente de la República y el gobierno no debe tener la potestad de resolver si se vacuna o no a los diputados. Esta decisión les compete a las instituciones especializadas en la materia, como son el Ministerio de Salud y la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
Sin embargo, podrían existir intentos de violar las autonomías, permitir el tráfico de influencias o favorecimientos debido a vínculos políticos en ambas instituciones. Todo puede pasar en el nombre de la «democracia neoliberal».
En la Caja, el Ministerio de Salud y otras entidades hay miles de trabajadores que no han sido vacunados, a pesar de estar en la primera línea de atención de los enfermos por COVID-19.
«Ha fallecido personal especialista y calificado en la Caja y miles de contagiados e incapacidades por coronavirus, con la subsiguiente perdida de salarios y vacaciones de los trabajadores», detalló Luis Chavarría, secretario general de UNDECA.
Lamentablemente hemos perdido a más de 2.000 ciudadanos a causa de la enfermedad, pero estos valerosos trabajadores del sector salud han salvado miles de vidas humanas y han evitado una mayor catástrofe, como se ha dado en otras naciones del inundo.
Vacunar a la clase política empresarial, antes que a los trabajadores de la primera línea es un acto siniestro, debería n tratar de arreglar las acciones que han llevado a nuestro país al borde de una debacle económica. Es hora de pasarles la factura.
Para más detalle comunicarse con Luis Chavarría, secretario general de UNDECA al 8367-2737.
Imagen destacada tomada del Blog de Salmon.
ANEP solicita al Banco Central y al Ministerio de Hacienda explicaciones sobre el pago abusivo de los intereses de la deuda pública
SURCOS comparte el comunicado de prensa de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP):
- El pueblo costarricense debe conocer a quiénes se les debe tanto dinero, quiénes son los que se han hecho “ricos” con el pago de intereses.
La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) solicitó, esta mañana, a las máximas autoridades del Banco Central y del Ministerio de Hacienda información detallada sobre el pago de los intereses de la deuda pública, la cual en los últimos años ha crecido considerablemente.
La ANEP, desde hace mucho tiempo, ha insistido en la necesidad de atacar el abusivo pago de intereses de la deuda pública ya que desde el 2016, este rubro ha pasado a ser el agravante del déficit fiscal. De acuerdo con datos obtenidos en el sitio web del Ministerio de Hacienda, el pago de intereses representó en el año 2020 un 4,8% como proporción del Producto Interno Bruto (PIB), en contraste con el déficit primario, que fue de un 3,5% del PIB.
Una de las críticas más fuerte contemplada en el documento enviado por la ANEP, tiene que ver con la pasividad con la que las autoridades han manejado el tema de los intereses de la deuda pública costarricense, así como la poca contención o acciones presentadas para evitar estas cifras tan alarmantes.
Las cifras involucradas en los pagos por intereses en el año pasado 2020, el año 1 de la pandemia, son absolutamente escandalosas: estamos hablando de un pago de prácticamente de 195.000.000 millones de colones, ¡por hora!; y de un pago, más que abusivo, de 4 680 millones de colones ¡al día! (4.680.000.000 cada 24 horas). Es desconcertante observar cómo este monto creció a ritmos por encima del 19 % anual, y hasta del 28 %, durante el trienio 2017-2019. Y, entre tanto, ¿qué hacían las autoridades económicas? ¡No movieron un dedo para frenar semejante desborde de irracionalidad!
Para nuestra organización, las tasas de interés sobre la deuda pública interna, son, desde todo punto de vista, abusivas. Según los datos que se ofrecen en la página web del Ministerio de Hacienda, durante todo el segundo semestre de 2020, mientras golpeaban la crisis sanitaria y la recesión económica, y el desempleo volaba a niveles sin precedentes; en promedio se pagaban tasas de interés en los alrededores del 7 %, las cuales hacia finales de año rozaban el 8%.
En esos mismos momentos, al finalizar 2020, la Tasa Básica Pasiva se encontraba en 3,5 %, y la Tasa de Política Monetaria en 0,75 % ¿Cómo entender que haya diferencias tan grandes entre las tasas que paga el Ministerio de Hacienda y las principales tasas de referencia de los mercados financieros? Sobre todo, ¿cómo explicar la pasividad de las autoridades económicas ante un atropello tan brutal a las finanzas públicas?
Se hace obligatorio reiterar la pregunta ¿qué han hecho las autoridades económicas para frenar este intolerable abuso? En particular, ¿qué ha hecho el Banco Central -como autoridad monetaria del Estado costarricense-, para detener esa terrible hemorragia de recursos públicos? Son preguntas que se agigantan cuando, al mismo tiempo, y de forma paradójica y contradictoria, esas autoridades económicas insisten en políticas que cortan la inversión pública, restringen los servicios sociales y decretan el congelamiento indefinido, aparentemente a perpetuidad, de los salarios públicos. Detrás de esto no hay ninguna racionalidad económica ni social respetable, sino tan solo un dogma ideológico realmente dañino.
Múltiples indicios permiten pensar que ha habido comportamientos especulativos, que afectan la colocación de bonos de deuda pública en los mercados financieros. Es posible que esto haya sido de alguna forma liderado por los propios bancos públicos, así como por alguno o algunos bancos privados relativamente grandes; pero es claro que es algo de lo que los demás actores participantes en los mercados financieros se aprovechan, a fin de obtener jugosas ganancias ¿Qué ha hecho el Banco Central y qué han hecho las diversas entidades a cargo de la regulación y supervisión del sistema financiero, por frenar y poner bajo control esos comportamientos anómalos y antisociales?
Para la ANEP, es urgente que el Banco Central intervenga los mercados financieros para frenar, en seco, los juegos especulativos contra la deuda pública y hacer bajar sustancialmente las tasas de interés; como es igualmente urgente que, en coordinación con el Ministerio de Hacienda, defina un plan que garantice que se podrá avanzar en una estrategia de reactivación económica, recuperación del empleo y restablecimiento del equilibrio de las finanzas públicas, sin que ese esfuerzo se vea perturbado por presiones financieras especulativas sobre el propio sector público.
Ante el escenario descrito anteriormente la ANEP ha solicitado a las autoridades del Banco Central y el Ministerio de Hacienda la siguiente información respecto a la deuda pública
a) Cantidad total de la deuda pública nacional al 31 de enero de 2021.
b) Cantidad total de la deuda pública, en colones; y, cantidad total de la deuda pública en moneda extranjera, particularmente en dólares y en euros.
c) Porcentaje de la deuda pública cuyos acreedores son de origen nacional.
d) Porcentaje de la deuda pública cuyos acreedores son de origen extranjero.
e) Listado de las entidades/personas, tanto nacionales como extranjeras, acreedoras de esa deuda pública del país, detallando en cada caso el monto adeudado.
f) Fecha de formalización de cada una de esas operaciones crediticias catalogadas como deuda pública.
g) Finalidades de cada uno de esos créditos y entidad, público-privada, receptora en cada caso.
h) Tasa de interés pactada en cada una de esas operaciones crediticias con cargo a la deuda pública.
i) Porcentajes/cantidades pagadas por concepto de comisión en cada caso, tanto a personas/como entidades públicas y privadas.
j) Fechas de concreción de cada crédito con cargo a la deuda pública del país.
k) Listado de las entidades (bancario-financieras y jurídico-legales) que han intermediado en las operaciones crediticias del Estado con sus acreedores; así como en proceso de concreción de nuevos préstamos.
l) Listado de vencimientos de pago del principal de créditos de la deuda pública al término del presente año 2021.
m) Listado de vencimientos de pago a partir del año 2022.
n) Respuesta a cada una de las interrogantes que quedaron planteadas en el documento enviado.
Compartimos el documento completo enviado a los jerarcas del Ministerio de Hacienda y Banco Central de Costa Rica.
El proyecto de empleo público
Óscar Madrigal
El proyecto de Empleo Público obedece a una concepción ideológica absolutamente neoliberal que se orienta no solo directamente contra los empleados públicos, sino contra el Estado de Bienestar. Es en consecuencia un proyecto ideológico impulsado especialmente por el Partido Liberación Nacional, el PUSC, el PAC, los ramashekos en sus dos variantes y algunos independientes. Según el presidente Alvarado, hay que vacunar a los diputados para que continúen su trabajo, sea de desmantelamiento de nuestro Estado de Bienestar.
Lo primero que se debe aclarar es que su fin no es fiscalista, no busca resolver el problema de las finanzas nacionales porque, como lo ha dicho hasta Rocío Aguilar, los empleados públicos no son el problema del déficit. Además, el ahorro que dicen las autoridades de Hacienda que producirá el proyecto, no se debe principalmente a establecer un salario único o global, sino al congelamiento de los salarios de los funcionarios públicos por 12 años. El salario único en la administración va a producir de arranque un aumento de los gastos en salarios, por la sencilla razón que un trabajador que empieza a trabajar va a devengar un salario muy superior a otro que empezaría con salario base más pluses. Será hasta dentro de 15 años que un salario base con pluses se igualaría al salario único. Pero en ese entonces, el gasto de las finanzas ya habrá tenido que haberse equilibrado. El ahorro que se producirá proviene de la congelación salarial impuesta por más de una década a los trabajadores, pero no por el cambio del sistema de pago. Congelar salarios, lógicamente, si producirá el ahorro planteado.
El proyecto crea trabajadores con salarios más altos que otros con funciones iguales. Más de 25.000 trabajadores con salario compuesto, recibirán un salario bastante menor que los trabajadores con salario único, haciendo las mismas funciones. Algunos tendrían un salario de ¢200.000 menos por mes. Este asunto no solo refleja la injusticia del proyecto sino lo que cualquiera entiende, que con el salario único en los primeros 10 o 15 años el gasto salarial del Estado será mayor.
Por otra parte, el proyecto propone eliminar las convenciones colectivas en la práctica, porque solo las limitarán a asuntos menores, dejando de lado la reivindicación principal de todo trabajador, la negociación salarial.
El proyecto propone eliminar el consejo salarial del sector público con participación sindical que se encarga de negociar los aumentos salariales por costo de vida, para dejarlo en manos de grupos indefinidos.
Además, se propone que se pueda hacer una reorganización de una institución, sea la posibilidad de disminución de personal o el cierre de departamentos o secciones con menos requisitos y sin los estímulos que actualmente se exigen para llevarla a cabo. Por esta vía se cierran partes importantes de instituciones.
También se propone introducir un sistema de dirección del personal de toda la administración pública, dirigida por el Servicio Civil, cuyo jerarca será nombrado por la Asamblea Legislativa. De esta manera regresamos al estado anterior a la actual Constitución que garantiza que los puestos públicos no son un botín político.
El proyecto de empleo público está enmarcado dentro de las políticas de reforma fiscal, pero va más allá. Es una regresión en derecho democráticos y facilita el desmantelamiento de instituciones del Estado. Por ello este proyecto no solo afecta a los empleados públicos sino a todos sectores sociales.
Y el ataque continúa.
La Constitución Política de MIDEPLAN
“ciegos que ven, ciegos, que viendo, no ven.” (Saramago)
Manuel Hernández
La Ministra de Planificación lamentó que la Comisión de Gobierno y Administración de la Asamblea Legislativa, aprobara una moción de alto voltaje, en virtud de la cual la tan acariciada rectoría de la gobernanza del empleo público se transfiere de MIDEPLAN a la Dirección General de Servicio Civil.
Pero no solo se quedó en el desconsuelo, sino, además, advirtió que esa sorpresiva huida de competencias puede tener problemas de constitucionalidad.
Así es, ahora la Ministra se nos convirtió en emergente escudera de la Norma Suprema de la Nación, de la propia Constitución que la tienen haciendo aguas desde que asumieron el poder.
La reconvención ministerial que impele la corrección política, para que el desaguisado proyecto vuelva por su fuero original, obliga a preguntarse: ¿A cuál Constitución apela con tanta vehemencia la jerarca de Gobierno, por la que ahora se viene a rasgar las vestiduras?
¿A la Constitución radicada en la Lex Mercatoria, en el dogma fundamentalista de menos Estado y más mercado, redactada en los astilleros de la OCDE y el FMI?
¿A la Constitución inspirada en la doctrina de Friedman, Buchanan y Hayek, a ese neoconstitucionalismo económico, que impusieron a sangre y fuego en el régimen de Pinochet?
¿A la Constitución del Estado de derechas, plutocrático, que proscribe el pluralismo y la legitimidad política del conflicto social?
A la titular de MIDEPLAN le duele en el alma, más que a nadie, aquella transferencia de competencias de una institución a otra, invocando al paso un problema de constitucionalidad; pero, por contrario, no ve que tenga un grave problema de constitucionalidad la operación política de subordinar las autonomías de la Caja Costarricense de Seguro Social, las universidades públicas y corporaciones municipales, a la gobernanza totalitaria, ya sea de ese ministerio, o de cualquier otro órgano del Estado.
Tampoco ve ningún conflicto de constitucionalidad imponer a rajatabla el esquema de salario único global, a las y los funcionarios públicos que actualmente tienen un esquema de salario base más pluses, a contrapunto del principio de irretroactividad de la ley, Pilar del Estado de Derecho, consagrado en el artículo 34 constitucional.
Mucho menos un problema de constitucionalidad que signifique la desafección de los derechos de ciudadanía social de las personas funcionarias, particularmente los derechos colectivos de representación sindical, negociación colectiva y el derecho fundamental de huelga, inherentes a cualquier sistema democrático.
Entonces, el agravio de constitucionalidad, como grito puesto en el cielo, que censura la Ministra, sólo se podría increpar en aquel modelo constitucional de facto, porque la Constitución del Estado Social y Democrático la tienen acorralada.
29/01/2021