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SITRAHSAN pide cuentas sobre los indicadores de evasores

Escrito en . Publicado en Derechos, Trabajo.

SITRAHSAN, pide cuentas sobre los indicadores de evasores, esto debido a que muchos los consideran los peores funcionarios en materia de cobro de impuestos y por ende en función de los controles, “(…) no es posible señor Ministro, que nuestro Ministerio este lleno de funcionarios de alto nivel con salarios millonarios y no estén ejerciendo su labor como lo dicta nuestras leyes y funciones para lo cual fueron contratados, (Gerentes, directores y jefes)”, se denuncia en el correo circulado por este sindicato.

El anterior Ministro de Hacienda señor Rodrigo Chaves, trató de ejecutar algunos cambios, sin embargo, algunos funcionarios fueron nuevamente llamados por el actual jerarca.

Es por eso que, SITRAHSAN ha solicitado mediante oficio SG-SIT-246-2020, un estudio para que se lleve a cabo en el ministerio, una restructuración técnica, administrativa y gerencial.

“Nuestro sindicato denuncia y propone soluciones, para que dé una vez por todas, se termine la irresponsabilidad en que ha caído en nuestro ministerio y solicitamos una audiencia urgente, para conversar de este y otros temas”. (SITRAHSAN).

SITRAHSAN-246-20Descarga

CTRN: Oposición al Dictaminen Proyecto Ley Marco de Empleo Público

Escrito en . Publicado en Trabajo.

CONFEDERACIÓN DE TRABAJADORES RERUM NOVARUM
Martes 03 de noviembre 2020
CTRN- N°300-2020

ASAMBLEA LEGISLATIVA
COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN
SD.

DE NUESTRA MAYOR CONSIDERACIÓN

OPOSICIÓN AL DICTAMINEN PROYECTO LEY MARCO DE EMPLEO PÚBLICO

HONORABLES SEÑORAS (ES) DIPUTADAS (OS):

Con nuestros más respetuosos saludos, nos permitimos por este medio mencionar, que siendo conocedores de que se tramita en esta honorable Comisión Legislativa el Proyecto denominado Ley Marco de Empleo Público, bajo número de expediente legislativo Nº 21336, para su estimable consideración exponemos los siguientes argumentos:

Que dicho proyecto de Ley, a juicio de muchas organizaciones sociales y productivas, hemos indicado que el texto contenido en el proyecto no es un documento idóneo para los momentos y las necesidades que vive nuestro país, por lo que debe tener la oportunidad de perfeccionarse o modificarse, para beneficio de todas las partes.

Desde la Confederación Rerum Novarum, somos conscientes de la dura situación económica, social, de salud y política que atraviesa nuestro país, por lo que apelamos a la grandeza de espíritu de los miembros de esta honorable Comisión y les hacemos un llamado respetuoso a la reflexión.

Desde nuestra posición consideramos que el actual Proyecto de Ley Marco de Empleo Público, a punto de ser dictaminado, ha perdido todo el sentido que alguna vez pudo tener, pues entre muchas cosas, algunos artículos son objeto de análisis jurídicos más profundos, para efectos de no contravenir lo indicado en la Constitución Política en cuanto a régimen de empleo, que son creados por el constituyente como lo son; el Poder Judicial, la Universidad de Costa Rica, la Caja Costarricense de Seguro Social y las Municipalidades.

En ese mismo orden de ideas, en materia de un orden constitucional y el marco legal vigente a la luz de los derechos humanos, se establecen una serie de competencias para el Ministerio de Planificación MIDEPLAN, que son exclusivas del Ministerio de Trabajo y del Servicio Civil y por otra parte, el proyecto pretende de manera tácita, desconocer el ámbito de aplicación de la negociación colectiva en sector público.

La Constitución Política establece con total claridad la competencia del Servicio Civil en materia que trata este proyecto de Ley a punto de ser dictaminado. Este proyecto, debe ser a nuestro criterio, objeto de un exhaustivo análisis, examinado mediante un estudio profundo del espíritu del Constituyente, que estableció y creó con rango constitucional al Servicio Civil, mismo que posee un principio de reserva de ley, sobre la materia de empleo público y de una competencia que no puede ser trasladada o compartida, que en contra posición tal como lo presenta el proyecto en mención, se hace con un procedimiento más complejo a través de MIDEPLAN y además no se atiende el tema de la constitucionalidad, que entre otras cosas, en una eventualidad al momento de su aprobación en el plenario legislativo, debería exigir una votación de dos terceras partes del total de los miembros de la Asamblea Legislativa.

En momentos en que se debate nuestro país en búsqueda de un diálogo efectivo para encontrar soluciones, es que siendo integrantes del Foro Multisectorial de Diálogo Nacional de la Asamblea de Trabajadores del Banco Popular, nos atrevemos a solicitar a esta Comisión Legislativa que no dictaminen el proyecto Ley Marco de Empleo Público y que nos permitan presentarles propuestas elaboradoras de los sectores que representamos, y que en su lugar se conozcan otros textos, que ya han venido siendo consensuados por diferentes actores sociales, mucho más realistas y apegados al espíritu de la Constitución.

Sin otro particular, agradeciendo la atención brindada a la presente, le saludamos con las más altas muestras de consideración y estima,

Lic. Lenín Hernández Navas
Presidente CTRN

Los derechos fundamentales en el trabajo pueden contribuir a lograr una mejor reconstrucción después de la COVID-19

Escrito en . Publicado en Trabajo.

Los derechos y principios fundamentales relacionados con el trabajo pueden desempeñar una función primordial a los efectos de recuperación frente a la crisis de la COVID-19, y contribuir a una reconstrucción del mundo del trabajo más adecuada y equitativa, según un nuevo informe de la OIT.

GINEBRA (OIT Noticias) – Los principios y derechos fundamentales en el trabajo pueden desempeñar una función primordial en la adopción de medidas de respuesta eficaces y consensuadas que faciliten la recuperación frente a la crisis de la COVID-19 y contribuyan a una reconstrucción más adecuada y justa del mundo del trabajo, según un nuevo informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Sin embargo, en el informe se señala que la crisis ha conllevado un mayor riesgo para las libertades y los derechos laborales, habida cuenta del nivel más elevado de pobreza, desigualdad y vulnerabilidad que deben afrontar los países.

En el informe Issue paper on COVID-19 and fundamental principles and rights at work  (Documento temático sobre los principios y derechos fundamentales en el trabajo frente a la COVID-19) se proporciona información pormenorizada sobre los efectos de la pandemia de COVID-19 en el trabajo infantil, el trabajo forzoso, la discriminación, la libertad de asociación y la negociación colectiva. Se aborda la manera de invertir los procesos que propician la informalidad, la pobreza y la explotación, a fin de facilitar una mejor reconstrucción, en beneficio de todos. Se señala que aún no se ha atendido a la acuciante necesidad de dar una respuesta integrada a la pandemia.

En el documento, publicado por el servicio FUNDAMENTALS de la OIT, se abordan los cuatro principios y derechos fundamentales en el trabajo, a fin de hacer frente al trabajo forzoso, al trabajo infantil y a la discriminación, y garantizar la libertad de asociación y la negociación colectiva; por otro lado, se subraya la importancia de aplicar esos principios al adoptar medidas de respuesta frente a la COVID-19, a fin de garantizar la inclusividad de esas medidas.

En los resultados del informe se destaca que las restricciones en materia de libertad de circulación y celebración de reuniones públicas, impuestas en el marco de determinadas medidas de respuesta para luchar contra la pandemia a escala nacional, dificultan «la observancia de los derechos de libertad de asociación y de negociación colectiva, tanto en el plano legislativo como en el de su aplicación, y que ello es a su vez un obstáculo para la formulación de medidas de respuesta frente a la crisis sobre la base de un consenso social». Según se desprende de las conclusiones del informe, se ven afectadas, en particular, 2.000 millones de personas que trabajan en la economía informal, que con frecuencia carecen de voz representativa colectiva.

Las recientes iniciativas encaminadas a identificar y abordar casos de trabajo infantil y trabajo forzoso en cadenas de suministro mundiales  también están en riesgo, «habida cuenta de los esfuerzos desplegados a todos los niveles por las empresas para hacer frente a la crisis y a la enorme reducción de demanda que se ha producido».

Se ha constatado que los efectos económicos de la pandemia, entre otros, exacerban el trabajo infantil, puesto que las familias se ven obligadas a encontrar nuevos medios de subsistencia para sobrevivir. También propician la servidumbre por deudas y una mayor dependencia de organismos y plataformas de contratación informales que dejan a los trabajadores más expuestos a casos de explotación .

Por otro lado, el acceso a una educación de calidad es fundamental para evitar el trabajo infantil. A lo largo de este año, 1.500 millones de niños se han visto afectados por el cierre de escuelas. Un tercio de esos niños no pueden tener acceso a sistemas de enseñanza a distancia, y muchos de ellos dependían de la comida que recibían gratuitamente en centros escolares y de las ayudas económicas que percibían por asistir a la escuela.

En el documento también se destaca la preocupación por el hecho de que, en algunos países, los recursos para brindar apoyo a víctimas y supervivientes de casos de trabajo forzoso se están reasignando a la adopción de medidas de respuesta frente a la pandemia.

La crisis de la COVID-19 también ha puesto de relieve la discriminación de determinados grupos de trabajadores y la arraigada desigualdad de género en los mercados de trabajo y en la prestación de servicios de atención comunitaria no remunerados.

En el documento se propone asimismo un marco de políticas basado en cuatro pilares para hacer frente a la COVID-19, en consonancia con las normas internacionales del trabajo. Éstas abarcan la promoción de la economía y del empleo; el apoyo a las empresas y el fomento del empleo y de los ingresos; la protección de los trabajadores en el lugar de trabajo; y la eficacia del diálogo social para la búsqueda de soluciones.

«La defensa de la vida humana debe ser nuestra prioridad», señaló Francesco d’Ovidio, funcionario encargado del servicio FUNDAMENTALS. «La protección de los medios de subsistencia facilita nuestra labor al respecto. La eficacia de esos principios fundamentales obedece principalmente a su interrelación y fortalecimiento mutuo. Al formular nuestras políticas con arreglo a dichos principios se sientan las bases de una recuperación inclusiva en los planos social y económico, a tenor de las necesidades de las personas más vulnerables”.

 

Imagen: © KB Mpofu / ILO

Fuente: https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_759294/lang–es/index.htm

Compartido con SURCOS por Juan Carlos Durán Castro.

UNDECA a la CCSS en su 79 aniversario

Escrito en . Publicado en Derechos, Trabajo.

1 de noviembre 1941–1 de noviembre 2020

Comunicado

La histórica creación de la Caja Costarricense de Seguro Social, financiada con la contribución tripartita obligatoria por parte del Estado, el sector patronal y la clase trabajadora; tuvo lugar el 1 de noviembre de 1941, en un proceso de alianzas entre el gobierno del Rafael Ángel Calderón Guardia, el partido comunista (compuesto por sectores obreros como artesanos, zapateros, bananeros e intelectuales) liderado por el Lic. Manuel Mora Valverde y la Iglesia Católica, en la figura de Monseñor Víctor Manuel Sanabria.

En esa época se establecieron las primeras reformas sociales, una de las más importantes fue la Ley N° 17 que dio vida a esta honorable Institución, que desde sus inicios tuvo el objetivo de proteger a la clase trabajadora de los riesgos de enfermedad, maternidad, invalidez, vejez y muerte.

La magnitud de esta obra de salud pública, su impacto social y humanitario, contribuyeron a la consolidación de la democracia que ha gozado el pueblo costarricense, logrando la universalización de los servicios de salud, que cubre a todos los habitantes de nuestro país, sin distingos de región, estrato social, etnia o credos, desde la gestación hasta la vejez.

Su fundación representó el auxilio y protección de quienes, en el pasado, no contaban con otro respaldo que su fuerza de trabajo, en ese entonces sobreexplotada, principalmente por las compañías bananeras y la oligarquía cafetalera.

La Caja Costarricense de Seguro Social es motivo de orgullo nacional, por contar con todo un enorme capital humano; trabajadores con alto sentido humanitario y con conocimientos de nivel mundial en las diferentes ramas de la salud, ubicados en todos los centros de trabajo a lo largo y ancho del país. Todo ese personal está comprometido con la salud pública, particularmente en tiempos de crisis y pandemia, como la del COVID-19. Ha garantizado una atención de primera calidad que merece todo nuestro reconocimiento.

UNDECA, desde hace 66 años, ha asumido la tarea de rescatar a nuestra institución de los más oscuros intereses mercantilistas, de los intentos privatizadores de sectores políticos neoliberales.

Costa Rica debe defender, rescatar y fortalecer esta noble institución, es nuestro legado para las futuras generaciones.

CCSS legado para las futuras generaciones
UNDECA ORGULLOSAMENTE COMBATIVA

 

La acción policial no puede limitar el derecho de los periodistas y de los habitantes a informar

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COMUNICADO DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL SINDICATO NACIONAL DE PERIODISTAS

Costa Rica ha sido escenario, durante el mes de octubre, de varios incidentes que involucraron a miembros de las fuerzas policiales y de seguridad del Estado, por una parte, y por otra parte a profesionales en periodismo y a por le menos una ciudadana en pleno ejercicio de su derecho humano a buscar y difundir informaciones.

La sociedad costarricense vive y enfrenta una etapa de convulsión social agravada, a partir de marzo del presente año, por la aparición del virus del Coronavirus-19, que indujo al Gobierno de la República a decretar un estado de cuarentena social que obligó al cierre de muchas actividades económicas y dejó sin empleo a miles de personas.

Esos estados de convulsión no son indiferentes para los periodistas, en tanto su misión fundamental es garantizar el derecho de toda la población costarricense a estar informada, de acuerdo con los parámetros definidos por el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos y el artículo 46 de la Constitución Política de Costa Rica.

Esa función de los periodistas que tutela la Convención Americana y la Constitución Política, dirigida a garantizar el derecho de toda la población a estar informada, no puede ser limitada ni restringida por acciones de los cuerpos de seguridad del Estado, llámese Guardia Civil o cuerpos de vigilancia privados contratados por las instituciones gubernamentales.

Los funcionarios públicos, y entre ellos destacan las fuerzas de policía, son simples depositarios y no pueden atribuirse más funciones que las dadas por la ley.

Ello implica que ni la Guardia Civil ni los cuerpos de vigilancia privada pueden, sin violar el principio de legalidad definido por el artículo once la Constitución Política, obstaculizar las labores que despliegan los periodistas en su labor cotidiana dirigida a buscar informaciones para satisfacer un derecho de toda la población costarricense: el derecho a ser informada.

Los incidentes denunciados en los últimos días con el periodista Richard Molina, en las instalaciones del Poder Judicial en Cartago, y la comunicadora Stella Chinchilla, mientras filmaba una protesta en el Alto de Ochomogo, ponen en evidencia comportamientos dirigidos a entorpecer el ejercicio de un derecho consagrado a favor de todos los habitantes de Costa Rica: la búsqueda de información.

Preocupa significativamente al Sindicato Nacional de Periodistas que, posteriormente a los incidentes, se hayan formulado denuncias penales contra el señor Molina y la señora Chinchilla. El derecho a informar no puede ser criminalizado, sin vulnerar de manera muy peligrosa la democracia costarricense.

El Sindicato Nacional de Periodistas considera que tanto el Gobierno de la República como la Corte Suprema de Justicia, como garantes del Estado de Derecho, deben iniciar una investigación sobre los dos incidentes ocurridos la noche del 29 de octubre de 2020.

El derecho a informar y el derecho a ser informado forma parte del equilibrio del juego político de la democracia costarricense. Su vulneración no puede pasar por alto pues solo pueden presagiar, en momentos de crisis, un resquebrajamiento del sistema democrático.

Es de esperar que ni el Gobierno de la República ni la Corte Suprema de Justicia dejen de pasar por alto lo sucedido.

Junta Directiva SNP

SEC: La verdad sobre la Convención Colectiva del MEP

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LA CONVENCIÓN COLECTIVA DE TRABAJO DEL MEP

La firma de la III Convención Colectiva de Trabajo en el Ministerio de Educación Pública (MEP), el pasado viernes 16 de octubre, ha desatado críticas infundadas y la ira de quienes por motivos ideológicos e intereses económicos, pretenden negar el valor histórico que han tenido los sindicatos a la hora de conseguir por medio de la negociación colectiva, no solo condiciones de trabajo más dignas para las personas trabajadoras, sino también importantes contribuciones de mejora en los derechos sociales y el fortalecimiento de la democracia.

De manera interesada desconocen que la Constitución Política, en el Título V, Derechos y Garantías Sociales, en su artículo 62, otorga fuerza de ley profesional a las convenciones colectivas de trabajo que, con arreglo a la ley, se concierten entre patronos y sindicatos de trabajadores legalmente organizados; lo anterior, con el objeto de reglamentar las condiciones en que el trabajo deba prestarse y las demás materias relativas a éste (artículo 54, del Código de Trabajo). Pretenden negar a la negociación colectiva, la naturaleza de derecho humano fundamental, reconocido por la Organización Internacional del Trabajo (Convenio 98). Los críticos de la Convención ocultan que el artículo N° 112, inciso 5 de la Ley General de la Administración Pública, dice: “5) Tienen derecho a negociar convenciones colectivas de trabajo, conforme a lo dispuesto en el artículo 62 de la Constitución Política, tanto en las empresas públicas y servicios económicos del Estado como en el resto de la Administración Pública, todos los empleados públicos que no participen de la gestión pública administrativa, conforme a la determinación que de estos hacen los artículos 683 y 689 de la Ley N.° 2, Código de Trabajo, de 27 de agosto de 1943”.

La Sala Constitucional, ha revisado con anterioridad la primera (2013) y segunda versión (2016) de la Convención Colectiva del MEP y en tres ocasiones (Votos 7.221-2015; 8.396-2020 y 21.808-2020) determinó que la misma se encuentra sometida al Derecho de la Constitución y que las cláusulas convencionales guardan conformidad con las normas y principios de igualdad, prohibición de discriminación, legalidad, razonabilidad y proporcionalidad. La III Convención Colectiva del MEP (2020), reproduce las normas ya revisadas por la Sala Constitucional; las nuevas disposiciones que se introducen, son conformes con el principio de legalidad presupuestaria, pues no hacen incurrir a la Administración en nuevas erogaciones, ya que se financian con los recursos que la Administración ya dispone para garantizar servicios públicos existentes, generando más bien importantes economías, como ocurre por ejemplo con la formalización de los contratos de trabajo de las cocineras de comedores escolares, donde en los primeros 4 años (2021-2024) el gobierno ahorrará cerca de 5.400 millones de colones y para el periodo 2025 al 2030, producirá un ahorro total de 1.300 millones de colones.

Pero lo más importante es que la situación laboral de las cocineras al ser nombradas por el MEP, mejorará en términos de estabilidad y continuidad laboral, garantizando el cumplimiento de sus derechos.

Al pasar de una contratación informal a la formalidad, el 30% de estas trabajadoras que se encuentran en situación de pobreza extrema, tendrán acceso a la seguridad social y al crédito, entre otros beneficios que dignifican su condición de mujeres trabajadoras y mejoran su calidad de vida. Todo un avance en materia de derechos sociales, por la igualdad de género en el trabajo y por el fortalecimiento de la democracia. En los sindicatos SEC-ANDE-APSE- SITRACOME, nos sentimos orgullosos de este logro alcanzado y los defenderemos frente a detractores carentes de sensibilidad y de respeto por el trabajo humano y los derechos fundamentales.

 

Imagen ilustrativa.

CIDH condena a Brasil por la muerte de 60 trabajadoras

Escrito en . Publicado en Derechos, Trabajo.

La CIDH en una sentencia notificada este lunes, 26 de octubre, declaró al Estado de Brasil responsable de la muerte de 60 trabajadoras y 6 que resultaron heridas, a consecuencia de la explosión de una fábrica de fuegos artificiales, en el Estado de Bahía (1998).

De las personas fallecidas, 59 eran mujeres, de las cuales 19 eran niñas, y además, un niño. Cuatro de las fallecidas estaban embarazadas.

Asimismo, declaró a Brasil responsable del sufrimiento y daño moral causado a los familiares de las personas trabajadoras fallecidas y heridas.

La sentencia declaró la violación del derecho a la vida (artículo 4 CADH), integridad personal (artículo 5), los derechos económicos, sociales y ambientales, en relación con la seguridad y condiciones de trabajo (26), derechos de la niña y niño (artículo 19), igualdad y no discriminación (24 y 1.1), protección judicial (artículo 25) y garantías judiciales (5).

Se trata, sin lugar a duda, de una sentencia histórica, que declara la responsabilidad internacional de ese Estado por las deplorables condiciones laborales en las que las trabajadoras laboraron.

 

Imagen ilustrativa tomada de: https://mageob.wixsite.com/

Juzgado de Trabajo ordena la reinstalación de trabajador de la Imprenta Nacional despedido ilegalmente

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La reinstalación obedece a una falta presentada en el debido proceso, ya que el despido de Johnny Fernández, quien también es dirigente sindical de ANEP, no contó con la respectiva autorización del Ministerio de Trabajo a través de la Dirección Nacional de Inspección General de Trabajo, según lo ordena el artículo 541 del Código de Trabajo.

La importancia de las alianzas estratégicas

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Se firma convenio colectivo en subsidiaria de Palma Tica (Grupo Numar)
Con Maikol Hernández

En las fincas al servicio del capital transnacional la persistencia antisindical es sello de distinción. Sindicatos, convenciones colectivas, reivindicaciones obreras son eliminadas de raíz en los campos de Costa Rica. El secretario general de Fentragh analiza ese escenario donde la percepción democrática del país vista desde afuera, ignora por completo el avasallamiento sistemático de derechos humanos producido por el feudalismo agrario en lo profundo de las plantaciones.
Gerardo Iglesias

-Firmar un convenio colectivo en Costa Rica….

-(Sonrisas) Algo excepcional, extraño, sin lugar a dudas.

-¿Cuántos convenios colectivos vigentes hay en el sector agroindustrial en Costa Rica?

-Muy pocos. Hay un par de convenios en el sector del banano, uno con Chiquita Brands y otro con Del Monte, en la zona del Caribe, otros dos firmados con sindicatos de Palma Tica y en el sector de manufactura sanitaria tenemos uno más. Y paramos de contar.

Con el cierre de las operaciones de Chiquita en Limón y de la transnacional Dole quedaron sin validez los convenios con estas empresas.

Espejismos

-En el exterior Costa Rica emerge como una nación democrática ejemplar, mientras en las plantaciones impera una dictadura despiadada, donde los sindicatos brillan por su ausencia.

-Se trata de una situación muy complicada. Desde el Ministerio de Trabajo el esfuerzo es raquítico para garantizar la libre sindicalización y más para promover la negociación colectiva.

Es más probable que el ministerio favorezca a los comités permanentes, que son organizaciones impulsadas por las empresas. Antes de 2017 era todavía más complicado porque los procesos ordinarios llegaban a durar hasta 15 años.

A la poca atención por parte del Ministerio de Trabajo se le suma una política empresarial dirigida a menoscabar al sindicato y facilitar la actuación de los comités permanentes, que no son otra cosa que estructuras pro empresa.

Allí se ocultan las malas prácticas de las empresas en temas tan sensibles como el uso de agrotóxicos, como hace poco denunciamos en Dole, donde una trabajadora fue fumigada literalmente y a lo largo del tiempo muchas han enfermado por la exposición a los químicos.

Nadie vence en soledad

-¿Cómo se logró el convenio colectivo en Palma Tica?

-Este convenio colectivo es el fruto de una acción articulada entre la Rel UITA, la Federación y el sindicato.

Dania tuvo un respaldo importantísimo por parte del Clamu, así como de los integrantes del equipo asesor de la Secretaría Regional en Costa Rica, Frank Ulloa y Gerardo Castillo.

Hay que tener en consideración, como ya se manifestó, que estos procesos en Costa Rica son complejos. Por lo tanto, fue muy valioso el acompañamiento técnico y político por parte del equipo de la Regional.

Nobleza obliga, debemos reconocer también el invaluable respaldo de la Asociación Nacional de Educadores y Educadoras (ANDE), especialmente de su presidente Gilberto Cascante y de su secretaria general Carmen Brenes Pérez, así como de Guillermo García Segura.

La ANDE, cuya importancia estratégica a nivel sindical en Costa Rica es fundamental por su presencia en las zonas más alejadas del país y con la cual la Rel UITA ha firmado un convenio de cooperación, fue de enorme ayuda durante el proceso de negociación, que se realizó en el predio de un colegio que el gremio de los educadores nos facilitó en la zona de Puerto Jiménez.

Eso permitió tener un mayor control y repeler las acciones antisindicales de la empresa durante el proceso de negociación.

-Felicitaciones a la Federación por este nuevo logro.

-Muchas gracias. Que sea uno de muchos logros conjuntos.

 

Imagen: Maikol Hernández | Foto: Giorgio Trucchi | Rel UITA.

“A puro coraje y a pura moto”

Escrito en . Publicado en Trabajo.

Se firma convenio colectivo en subsidiaria de Palma Tica (Grupo Numar)
Dania Obando

La presencia de sindicatos en el ámbito de la agroindustria costarricense es ínfima, y para contabilizar el número de convenciones colectivas vigentes bastan los dedos de una mano. En otros países no se celebraría con tanto énfasis la firma de un convenio colectivo, pero en Costa Rica, en cambio, es como un eclipse, un fenómeno extraño que se da una vez cada tanto, cuando los astros se alinean.

Gerardo Iglesias

Maikol Hernández, secretario general de la Federación de Trabajadores de la Agroindustria (Fentragh), destaca el papel protagónico de la compañera Dania Obando, secretaria general del Sindicato de Trabajadores de la Palma (SITRAPA) y secretaria de Género de la Federación en la firma de ese convenio.

“Dania fue clave en este proceso de negociación colectiva. Su activa militancia permitió liderarlo y también mejorar sustancialmente los índices de afiliación sindical”, subraya Maikol.

Desde la Rel UITA damos fe de ello. Cuando Dania asumió la secretaría general del Sindicato, el 1 de julio del año pasado, la organización registraba 125 afiliados y hoy rondan los 300, un crecimiento logrado “a puro coraje y a pura moto”, como ella risueñamente lo define.

Para crecer sindicalmente en Costa Rica es necesario romper paradigmas, reformular estrategias y modos de llegar a la gente, tensar al máximo la empatía y la capacidad de convencimiento, teniendo en claro siempre que la embestida de la patronal será furibunda y contará con el respaldo oficioso y explícito de todo el andamiaje de un sistema concebido para repeler el avance del virus de la justicia social y el combate a la pobreza crónica originada en centurias de feudalismo en los enclaves de la agricultura intensiva al servicio del capital transnacional.

La labor de sindicalización no es tarea sencilla: ni el contexto ni las distancias que hay que recorrer ayudan. No es lo mismo hacer una campaña en una fábrica que concentra cientos de trabajadores: para afiliar en el medio rural hay que andar harto limando suelas de finca en finca.

Dania sale de su casa muy temprano o a veces por la tardecita, dependiendo del horario del encuentro. Lleva comida que ella misma cocina luego de la jornada de trabajo ̶-porque ella no es dirigente rentada-. En algunas ocasiones los tiempos no dan y entonces en el camino comprará unas galletitas y frescos.

“Cuando voy largo a una campaña de afiliación me levanto antes que el sol salga”, nos cuenta Dania.

“En otras ocasiones parto al caer la tarde para reunirme con los trabajadores cuando salen de sus labores. Hago un arroz con pollo o lo que tenga a mano. Cargo mis ollas, o sino compro siempre alguna cosa para compartir. La gente sale con hambre del trabajo. Si algún compañero de la junta no puede acompañarme, me llevo a uno de mis hijos. Como las áreas son bastante retiradas hay un compañero que me presta la moto. Yo saco permiso, a veces hasta sin goce salarial, y allá vamos. Mientras la gente se alimenta, yo voy hablando de la importancia de afiliarse al sindicato”.

“-¿Sabes algo?-“ inquiere Dania. “Esta situación me ha ayudado a crecer mucho, porque no es fácil la vida en el campo. Hay mujeres que se acercan a uno y le cuentan unas historias que uno dice: yo pensé que me había tocado duro la vida. ¡Qué va…!”

Dania ahora tiene una moto que le entregó la federación y la afiliación al sindicato no deja de crecer.

De andar tantos caminos y enfrentar tantas maldades, ella ha aprendido los conjuros para exorcizar y ahuyentar las oscuras fuerzas antisindicales que habitan fuertemente arraigadas en individuos e instituciones e instituciones a lo largo y ancho de su Costa Rica natal.

 

Dania Obando | Foto: Gerardo Iglesias

Compartido con SURCOS por Maikol Hernández.