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Webinar: “Violencia y Acoso en el Mundo del Trabajo: pautas para protocolos en el sector salud”

En el marco del Proyecto de Kommunal “Compartiendo buenas prácticas para la prevención de la violencia en el sector salud” la Internacional de Servicios Públicos (ISP), realizará este 04 de diciembre a las 09:00 am de Costa Rica y El Salvador / 10:00 am Colombia y Perú / 12:00 pm Brasil, Chile y Paraguay / 04:00 pm Ginebra / el Encuentro Regional Virtual “Violencia y Acoso en el Mundo del Trabajo: pautas para protocolos en el sector salud”.

La importancia que adquiere para las y los trabajadores de la salud en América Latina el hacer efectivo el respeto de los derechos laborales, conlleva a relevar la necesidad que adquieren los ambientes libres de violencia y acoso, y que el personal de salud sea reconocido como sujetos de derechos, sobre todo en tiempos de COVID-19 donde la sobre carga de trabajo ha impactado en los factores de riesgos psicosociales de la primera línea. En este contexto, los procedimientos de denuncia, investigación y sanción al maltrato, la violencia y el acoso laboral, podrían marcar la diferencia a favor de los espacios de trabajo saludables.

De lo anterior, los principales objetivos del encuentro estarán orientados a :

* Relevar los factores de riesgos psicosociales, las violencias y los cuidados; y la necesidad de la ratificación del Convenio 190 de la OIT sobre violencia y acoso en el mundo del trabajo, con énfasis en el sector salud.

* Promover herramientas para fomentar la erradicación de la violencia y el acoso de los espacios laborales como son los protocolos sindicales y/o institucionales con participación activa de los sindicatos.

Para poder participar, debe inscribirse aquí

Habrá interpretación español/ portugués.

 

Compartido con SURCOS por Óscar Rodríguez León.

Amazon, sus espías, su explotación, su descaro

Salvajismo 3.0

En los ya famosos Black Friday, las empresas de la “nueva economía” digital multiplican sus ya pingües negocios. Coincidiendo con uno de ellos, Amnistía Internacional emitió un informe en que denuncia la persecución sindical en Amazon, una de las compañías símbolo de uno de los sectores más desregulados y de mayor crecimiento en el planeta.
Daniel Gatti

Unos pocos días antes habían circulado documentos internos de la firma dirigida por Jeff Bezos, el hombre más rico del mundo según el listado de súper millonarios elaborado regularmente por la revista Forbes, que desnudaban las mismas prácticas.

El informe de AI está centrado en algunos países de Europa y Estados Unidos, pero no es muy difícil deducir que en otras regiones del mundo el panorama debe ser el mismo o peor.

“La forma de actuar en los países investigados muestra una cultura corporativa que puede ser extensible a otros”, dijo al diario barcelonés La Vanguardia Cecilia Denis, integrante de filial de Greenpeace España, y destacó que sindicatos de diferentes naciones de la UE presentaron denuncias contra Amazon por violaciones a la libertad sindical ante la Comisión Europea.

La empresa, dice el informe, “socava los intentos de su personal de sindicarse y negociar colectivamente, incluso a través de una vigilancia exhaustiva” del personal.

Quienes trabajan para ella “están corriendo grandes riesgos en materia de salud y seguridad desde el inicio de la pandemia de la Covid-19, pero su capacidad de denunciar y negociar colectivamente está sometida a presiones por parte del gigante del comercio electrónico minorista”, agrega el documento.

Y recuerda que “el derecho y las normas internacionales de derechos humanos establecen con claridad que todo trabajador o trabajadora tiene derecho a fundar sindicatos y afiliarse a ellos, a tener unas condiciones laborales seguras y a que se respete su derecho a la privacidad”.

Riesgos y alarmas

En sus informes anuales de 2018 y 2019 Amazon consideró a los sindicatos como un factor de riesgo y alentaba a sus cuadros medios a advertir a las direcciones empresariales sobre “cualquier señal de alarma” que diera cuenta de actividades gremiales. Ergo, que delataran a los sindicalistas.

La pandemia de Covid 19 le ha originado a Amazon, como a las otras grandes transnacionales de la economía digital (Google, Apple, Facebook, Microsoft, agrupadas bajo el acrónimo de GAFAM), un crecimiento exponencial de sus ganancias.

Solo entre julio y septiembre sus ingresos acumulados aumentaron en 19 por ciento y sus ganancias en casi 14, mientras su volumen de negocios llegó a poco menos de 228.500 millones de dólares, 18,9 por ciento más que lo facturado en el mismo período de 2019, y su beneficio neto trepó en 31,5 por ciento, a alrededor de 29.000 millones de dólares (escudodigital.com, 30 de octubre de 2020).

La fortuna personal de Bezos ronda hoy los 200.000 millones de dólares, y ha crecido y crecido bajo la Covid 19.

Esos nuevos hombres de negro

Bezos es de esos grandes multimillonarios que proclama que a ellos no se les puede aumentar los impuestos porque “generan riqueza con sus inversiones”.

Dice por ejemplo que gracias a su imperio “ha dado trabajo a muchos miles de trabajadores” y aduce que durante la pandemia contrató a más de 175.000 personas.

Pero en qué condiciones: la precariedad como divisa, en todos los planos, desde el salarial a la protección social.

La publicación digital Motherboard reveló la semana pasada documentación del Centro de Operaciones de Seguridad Global de Amazon que prueba que la empresa contrató a la famosa agencia Pinkerton para espiar a líderes sindicales de sus almacenes en Europa: rastrear sus movimientos, cuándo, dónde y con quiénes se reúnen, conocer sus estrategias.

También espiaron a organizaciones ecologistas, a grupos de defensa de los derechos humanos, a abogados.

El informe de Motherboard menciona específicamente a Polonia como escenario de esas prácticas, pero la publicación digital española eldiario.es dice que son también habituales en España, Francia, Reino Unido, Italia, Alemania, República Checa, Eslovaquia.

A fines del siglo XIX agentes de Pinkerton actuaron como rompehuelgas, como guardias armados de empresas y en esas funciones reprimieron a trabajadores. Fueron responsables, por ejemplo, de la muerte de una docena de obreros siderúrgicos en 1892 en Estados Unidos.

Los detectives de Pinkerton ya no son aquellos hombres de negro que “trabajaban para la ley” en el Oeste estadounidense y que popularizaron los westerns. Ahora forman parte del grupo Securitas y muchos de ellos son híper formados analistas de datos.

El Centro de Seguridad Global de Amazon está basado en Seattle, sede central de la transnacional, y en él trabajan también ex analistas militares del ejército de Estados Unidos.

En España, dice Motherboard, la empresa tiene abierto un proceso de selección de “antiguos líderes militares” para convertirlos en directores de operaciones de inteligencia que comprenden la infiltración en páginas de Facebook, la investigación a líderes sindicales y el seguimiento a sus contactos, la creación de falsos perfiles en las redes sociales.

Otro bonito ejemplo de lo que algunos investigadores llaman “capitalismo de vigilancia” y del que los GAFAM serían la encarnación por excelencia.

 

Fuente: http://www.rel-uita.org/

El derecho constitucional a las convenciones colectivas

Mauricio Castro Méndez

En algo que no es nuevo, el señor Rubén Hernández plantea la inconstitucionalidad de las convenciones colectivas en la mayor parte del sector público costarricense.

Adiciona además en sus comentarios (en la Asamblea Legislativa), que en esta discusión no debemos participar los laboralistas porque no entendemos nada, y en una publicación reciente en una empresa de comunicación, señala que tampoco debe participar en esa discusión los empleados públicos y sus organizaciones, a quienes asimila a delincuentes.

Debo advertir entonces que, bajo los parámetros definidos por este abogado de larga data empresarial, intervengo desde mi doble deslegitimación, ya que soy laboralista y delincuente (en tanto empleado público y ex-asesor sindical).

No obstante, les tomo un par de minutos para valorar por el fondo lo que este jurista dice, y que es aplaudido una vez más por la Procuraduría General de La República que siempre ha insistido en esta posición.

Al efecto inicio con algo que ya había escrito hace un par de años respecto de esta posición:

Respecto del intento de don Rubén Hernández de señalar que la Reforma Procesal Laboral es inconstitucional (artículo de La Nación) por haber incluido la negociación colectiva en el sector público, les puedo asegurar que, de acuerdo a los señalado expresamente por la Sala Constitucional, está totalmente equivocado.

En concreto:

La argumentación de don Rubén Hernández se cae por dos razones:

  1. EN PRIMER LUGAR la posición inicial de la Sala Constitucional cambió, primero con un voto minoritario del magistrado Carlos Arguedas, luego de Fernando Cruz, hoy presidente de la Corte Suprema de Justicia, y más reciente de la UNANIMIDAD de la Sala Constitucional.

En síntesis, Rubén Hernández está viviendo en el pasado. Hoy la Sala Constitucional sostiene, UNANIMEMENTE OTRA COSA. En la sentencia del año pasado (7721-2015) la Sala Constitucional declara constitucional la convención colectiva de trabajo en el Ministerio de Educación Pública (gobierno central), frente a la tesis que defendía Otto Guevara que es la misma que sostiene Rubén Hernández en el artículo de hoy.

  1. EN SEGUNDO LUGAR: Dicho lo anterior, la RPL partió de los lineamientos de la sentencia 1696-92 que estableció que se pueden usar el arbitraje y la conciliación en el sector público, pero con limitaciones (todas recogidas en la RPL: por ejemplo, en art. 692 se prohíbe el arbitraje de conciencia, y en el 693 se prohíbe excepcionar leyes y normas).

También se siguió la sentencia 4453-00 en la que dijo que pueden negociar convenciones colectivas de trabajo los empleados públicos que no realicen gestión pública. La RPL definió quiénes son los que hacen gestión pública y los excluyó del derecho a la huelga (inciso 5 que se agrega al art. 112 de la Ley General de la Administración Pública; y arts. 683 y 689).

En términos generales, el proyecto de ley de empleo público en diversas versiones, que se discute actualmente tiene dos objetivos: reconcentrar el poder en el Poder Ejecutivo, y establecer mecanismos unilaterales de imposición de las condiciones de trabajo para el empleo público, le guste o no le guste al empleo público, y sin derecho alguno a participar en la determinación de esas condiciones de trabajo.

Los impulsores de esta idea, incluido el señor Hernández y la Procuraduría, quedan retratados de cuerpo entero como autoritarios y antidemocráticos, ya que Hernández entiende que las personas trabajadoras son cuasi delincuentes a los cuales se les tiene que imponer las condiciones de trabajo.

Definitivamente no se percataron de que en el siglo XX se transitó, mundialmente, del constitucionalismo clásico que permitía no solo desconocer sino perseguir y penalizar a las organizaciones de trabajadores, al constitucionalismo social que entiende como parte consustancial de la democracia, la participación de las personas trabajadoras por medio de su organización colectiva.

Las teorías administrativas clásicas, que fueron abrazadas con fervor por Mussolini, Hitler y Franco, fueron abandonadas por los constitucionalistas sociales, y por el derecho administrativo moderno, que reconoce en países como Italia y España, el derecho que tiene el empleo público a negociar colectivamente, como uno de los elementos que distingue a las democracias contemporáneas.

Compartido con SURCOS por Juan Carlos Cruz Barrientos y por Mariano Sáenz

Urge digitalizar procesos de compra en la CCSS

SURCOS comparte el pronunciamiento del Sindicato Nacional de Enfermería:

Para garantizar la transparencia, probidad y sana administración
Urge digitalizar procesos de compra en la CCSS
$580 millones están presupuestados para adquisiciones

“Urge la digitalización de los procesos de compra de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) para garantizar la transparencia, eficiencia y sana competitividad entre los proveedores y conseguir mejores precios para CCSS”.

Así lo consignó Lenin Hernández Navas, Secretario General del Sindicato Nacional de Enfermería (SINAE AFINES), al referirse a la información que trascendió de un posible pago por adelantado de las mascarillas a la empresa MR Comunicaciones Políticas.

De acuerdo con Hernández Navas, las compras manuales no permitirán superar los problemas de logística y abastecimiento de los bienes y servicios que necesita la institución, e indicó que prueba de ello son las investigaciones que se realizan por las irregularidades en la compra de $ 4 millones en mascarillas.

SINAE AFINES ha denunciado en reiteradas ocasiones el desabastecimiento del Equipo de Protección Personal (EPP) así como irregularidades en el control de calidad de los EPP.

El mismo auditor interno de la institución, Olger Sánchez Carillo, reconoció el pasado 24 de setiembre ante la comisión investigadora, que es imperativo digitalizar las compras, así como revisar la conformación de las Comisiones Técnicas, porque de ello depende que hagan un trabajo técnico, que no se preste para hacer licitaciones a la medida con el fin de favorecer a ciertas empresas.

“Hay que prestarle mucha atención al presupuesto que maneja la CCSS porque para algunos proveedores inescrupulosos significa un atractivo económico para licitar de manera irregular. La CCSS tiene reservado $580 millones para la compra de medicamentos, insumos que se denominan clínico quirúrgico, los cuales se utilizan a nivel de los centros hospitalarios, y que podrían prestarse para compras hechas a la medida

A la CCSS le corresponde la gran tarea de digitalizar los procesos de compra con el fin de garantizar la transparencia, eficiencia y sana competitividad, y evitar la corrupción que lamentablemente salpica a la institución, en momentos en que debería estar concentrada en atender la pandemia”, detallo Lenín Hernández Navas de SINAE AFINES.

UNPROBANCO: rechazamos propuesta del gobierno sobre imposición de más impuestos

SURCOS recibió el siguiente pronunciamiento público del Sindicato UNPROBANCO

  • Pronunciamiento público: rechazamos la propuesta del gobierno de la imposición de más impuestos que golpean la calidad de vida de nuestras familias
  • ¡No les basta con tener los salarios y las pensiones congeladas, ahora el gobierno propone subir el IVA a la canasta básica, educación y salud privada!

Tal y como lo informan este 19 de noviembre los diferentes medios, el presidente Carlos Alvarado y el Ministro de Hacienda, Elian Villegas, propusieron ante los 62 sectores que participan en la mesa de diálogo convocada por el Gobierno subir el IVA a la canasta básica tributaria (cnt) del 1% actual a un 13%, así como gravar con la misma tasa del 13% los servicios de educación y salud privados, al igual que los seguros.

El Ministerio de Hacienda calculó que la propuesta generaría ¢400.000 millones más por año, lo anterior para buscar una reducción permanente de un 2,5% del Producto Interno Bruto (PIB) en el desbalance entre los gastos y los ingresos del gobierno, lo que equivale a unos ¢887.000 millones. https://cambiopolitico.com/gobierno-propone-subir-iva-a-canasta-basica-educacion-y-salud-privadas/143354/

En un escenario en el que nos han impuesto el congelamiento de salarios, se experimenta la subida de precios de los bienes y servicios, en que si no pagamos servicios médicos privados dado que el derecho a la salud con criterios de oportunidad en razón de las citas médicas a largo plazo convierten el sagrado derecho a la vida en una simple expectativa de derecho que está escrito en un papel sin valor.

En otras palabras, se prepara una nueva agresión a la estabilidad de nuestras familias. No le basta a este Gobierno el amplio rechazo popular que se generó a partir del 30 de setiembre pasado, en donde fuimos testigos de una brutal represión policial en contra de comunidades indefensas, agresión a viviendas con lanzamiento indiscriminado de gases lacrimógenas con afectación a las familias, entre ellas afiliados a UNPROBANCO, agresiones inauditas a los comunicadores sociales para silenciar la libertad de expresión.

Desde el sindicato UNPROBANCO, rechazamos esta nueva agresión familiar que se anuncia con bombos y platillos.

Es una vergüenza que en plena crisis fiscal, y exigencia de más impuestos para los que siempre los pagamos, se utilicen miles de millones de colones en compra de más armas y gases lacrimógenos para acrecentar la represión, mientras el hambre, el desempleo y la pobreza inundan Costa Rica.

https://www.diarioextra.com/noticia/detalle/434029/avalan-pagar-4-000-mills-por-armas-a-yerno-de-desanti

https://www.diarioextra.com/noticia/detalle/431241/encargan-178-mills-en-gases-para-repeler-ataques-

Los trabajadores y nuestras familias, no hemos participado en el despilfarro de cerca de $40 mil millones de una deuda que los desgobiernos han devorado en corrupción reseñada por la prensa, privilegios de las cúpulas políticas empresariales y robo de impuestos que termina cubriéndose en el llamado déficit fiscal con más impuestos y con más deuda.

Los trabajadores y nuestras familias sí hemos pagado los impuestos que exige la Constitución Política.

¡Exigimos justicia tributaria ya!
¡Que el rico pague como rico y el pobre como pobre!
Costa Rica no se vende, se defiende.
¡Convocamos a toda la familia trabajadora a luchar por sus derechos!
¡Los únicos derrotados son los que dejan de luchar!

Junta Directiva Sindicato UNPROBANCO
ING. Carlos Vega
Secretario General

Sinae: “Nuevo texto de Ley Marco de Empleo es más acertado”

Iniciativa iría a la mesa multisectorial de la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras del BPDC

Lenín Hernández Nava
Presidente CTRN

“Nos parece acertada la posición de los diputados don Roberto Thompson y Pedro Muñoz con relación con lo que hemos denunciado con respecto al proyecto Ley Marco de Empleo Público porque como fue dictaminado por la Comisión de Gobierno y Administración es un ornitorrinco jurídico que no se sabe cuál es su finalidad, si es meramente fiscalizador, o si busca, mejorar la eficiencia en el estado. Además, tiene serios vicios de inconstitucionalidad”, así lo consignó el Presidente de la Confederación Rerum Novarum (CTRN), Lenin Hernández Navas al conocer el texto sustitutivo dado a conocer por los legisladores.

El pasado martes la Comisión de Gobierno y Administración dictaminó el proyecto, a pesar, de que se le señalaron inconsistencias constitucionales y por ello la CTRN condenó enérgicamente la acción legislativa.

La tarde, de este jueves, los diputados Roberto Thompson Chacón y Pedro Muñoz Fonseca presentaron un texto alternativo al aprobado, el pasado martes, la cual sería presentada a la mesa multisectorial de la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras del Banco Popular.

La iniciativa se encamina a no permitirle al Ministerio de Planificación competencias del Servicio Civil, por el contrario, se fortalecería otorgándole las herramientas necesarias para cumplir su razón de ser.

Por otra parte, la propuesta del Salario Escolar estaría siendo optativo para los actuales funcionarios públicos. Se respeta el derecho de la negociación colectiva respetando las regulaciones y limitaciones existentes.

Finamente el nuevo texto establece la regulación diferenciada para las empresas estatales que se rigen por un régimen de empleo totalmente privado por lo que propone una regulación especial con la naturaleza de la actividad comercial.

Hernández Navas afirmó que la premura con que quieren aprobar el proyecto parecerá ser una forma de obtener un trofeo político cuando la realidad del país pide soluciones para el país y sus trabajadores.

Prensa/Sinae-Afines

Urge aprobación seguro universal gratuito

Recursos no requieren de nuevos impuestos
Busca evitar colapso de pacientes crónicos en salas de emergencias

Comunicado SINAE

Con el fin de proporcionar salud a todos los costarricenses y prevenir un colapso de pacientes con enfermedades crónicas en las salas de emergencias es necesario la aprobación de un Seguro Universal gratuito que se extienda de manera temporal hasta por 12 meses a todos los trabajadores y sus núcleos familiares que se vieron afectados por la modificación de la jornada laboral suspensión temporal o finalización de contratos.

Así lo solicitó el Presidente de la Confederación de Trabajadores Rerum Novarum (CTRN) Lenin Hernández Navas al Presidente Carlos Alvarado Quesada, en una nota suscrita, el 4 de noviembre, con copia a la Junta Directiva y a la Gerencia Médica de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

De acuerdo con Hernández Navas durante esta pandemia es necesario fortalecer nuestro estado social de derecho y la salud juega un papel fundamental.

Por lo anterior la labor de prevención, de diagnóstico a tiempo y brindar el tratamiento médico o quirúrgico a los costarricenses, así como el control de las enfermedades crónicas debe ser prioridad de la CCSS; se hace imprescindible la implementación de un Seguro Universal gratuito por hasta 12 meses que le permita a los afectados continuar recibiendo su atención y tratamientos sin ningún contratiempo.

Durante la pandemia del Covid19 el Seguro de Salud es el que hace frente a la atención de los contagiados y se estima que sus finanzas se verán afectadas por sus ingresos y egresos por lo que se propone una serie de acciones tendientes a llevar recursos a este pilar fundamental que permita su sostenibilidad durante la emergencia y crear un Seguro Universal gratuito por un lapso de hasta 12 meses sin tener que crear nuevas cargas sino redistribuir los destinos de algunos recursos:

  • Que la Junta Directiva de la CCSS tome el acuerdo de publicar un artículo transitorio en el Reglamento de Salud que permita la cobertura de un aseguramiento universal y gratuito por el lapso, de hasta 12 meses, para cubrir a aquellos trabajadores que perdieron el empleo o sufrieron modificaciones en sus contratos.
  • Que el listado de posibles beneficiados con el Seguro Universal se alimente de la base de datos del MTSS donde se reportan los trabajadores con reducción de la jornada laboral, así como con la suspensión o finalización de los contratos de trabajo.
  • Se contemple una reducción porcentual o se exima del pago del 6% de 3 a 6 meses sobre las planillas reportadas por los empleadores a la CCSS que dispone un 4.75% para financiar el Régimen de Pensión Complementaria y un 1.25% para el Fondo de Capitalización Laboral. La exención sería solo al sector privado, y en el caso del sector público, se mantendrían los rubros establecidos de ley, pero ingresarían al Seguro de Salud.
  • Realizar una reforma transitoria a la Ley No.9028 Ley General de Control del Tabaco y sus Efectos Nocivos en la Salud para que se aumente el aporte a la CCSS del impuesto a los cigarrillos y pase de un 55% a un 75% por los siguientes cinco años.
  • Que la CCSS disponga, al menos, del 50% de las reservas acumuladas de la Ley No.9028 del Tabaco para fortalecer el Seguro de Salud. En la actualidad el uso de los recursos está condicionado a proyectos de equipamiento e infraestructura y no con gastos corrientes. A enero las reservas ascendían a ¢103 mil millones producto de esa ley y podrían convertirse en una inyección para el aseguramiento universal gratuito.
  • Crear por una única vez una contribución solidaria financiada con las reservas técnicas del Instituto Nacional de Seguros de las pólizas de Riesgos Laborales para fortalecer el Seguro de Salud. A diciembre del 2019 se estimaba estaban en ¢795 mil millones.

Proyecto de empleo público: entre el autoritarismo-totalitarista y la democracia participativa

ANEP reitera su oposición al texto actual y exhorta a que la comisión legislativa no lo dictamine
Ejecutarían varias reformas constitucionales de facto que, finalmente, ¡fracasarán!

Comunicado de Prensa ANEP

La Comisión de Gobierno y Administración, desoyendo los más responsables y especializados criterios de doctrina jurisprudencial y laboral en materia de empleo público, se alista para darle dictamen de mayoría al expediente legislativo No. 21.336, Ley Marco de Empleo Público, previéndose una votación de 5 a 4 este martes venidero, día 10 de noviembre de 2020.

Ante esta circunstancia, la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), reitera su total rechazo a dicho texto, por varias razones que ya hemos venido dando con argumentación sólida, legal y profesional; mismas que han sido despreciadas por las diputaciones más extremistas de dicho foro legislativo.

Este proyecto 21.336 contiene graves violaciones a los principales postulados de la todavía vigente Constitución Política del 7 de noviembre de 1949, especialmente en cuanto a la separación y la independencia de poderes. Será el Ejecutivo el que impondrá su visión y su política de empleo, de recursos humanos y salarial a los otros dos poderes: el Legislativo y el Judicial; agregándose el dictado centralista en la materia al que se considera el “cuarto” poder: el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE). ¡He aquí una reforma constitucional de facto!

Este proyecto 21.336, castra, de raíz, la filosofía que animó la emisión de la Constitución Política de 1949, cual fue evitar la centralización del poder del Estado, estableciendo regímenes institucionales de autonomía, como el de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), el municipal y el de las universidades públicas. Fue, precisamente, esa centralización de poder la que, entre otras razones, dio origen al enfrentamiento armado entre costarricenses, en 1948, cuando murieron unos 3 mil compatriotas de ambos bandos. ¡He aquí otra reforma constitucional de facto!

La anulación del papel institucional de la Dirección General de Servicio Civil, “departamentalizándolo” como dependencia del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplan), es un serio retroceso en cuanto al proceso de selección y reclutamiento del empleo público. Tal potestad queda nulificada, políticamente hablando, al decidirse en cada ministerio o ente estatal, bajo la égida de Mideplan, contrataciones a nivel “local”. Esto será un paso firme a la repartición cuatrienal de puestos de trabajo, precisamente por la altísima vulnerabilidad en que este proyecto deja la ya casi inexistente estabilidad laboral en el empleo público. ¡Otra reforma constitucional de facto!

Como indicamos, la poca estabilidad laboral en el empleo público que aún queda, llegará a su mínima expresión, dado que serán las jefaturas del personal subalterno a ellas, en todos los niveles de la jerarquía institucional, las que decidirán las calificaciones-evaluación del desempeño de las personas trabajadoras que dirigen en la función cotidiana; abriéndose así un peligroso sendero de trueque inmoral para conservar el empleo ante acoso laboral de diverso orden, solicitudes de favores sexuales, adhesiones partidarias por coyunturas electorales, celos por mejor capacidad del dirigido ante quien lo dirige, etc. Una evaluación del desempeño subjetivizada al máximo, sabiéndose que dos calificaciones consecutivas de menos de 70 % generarán despido inmisericorde, sin responsabilidad patronal alguna. Estamos de cara a un peligroso retorno al escenario pre- constituyente de 1949, en materia de asignación y de estabilidad en el empleo público.

Sin duda alguna, no se trata de una simple reforma legal en materia de empleo público. Hay un profundo fondo en todo esto y es la concepción del papel del Estado en la sociedad que anima a los promotores ideológicos y políticos de esta legislación, dentro de los cuales hay personas y grupos que no tienen escaño legislativo alguno pero que pesan, fuertemente, en la actual Asamblea Legislativa.

Podemos definir que el escenario político que se vive en el seno de la Comisión de Gobierno y Administración, tratándose del destino final en la misma al proyecto Ley Marco de Empleo Público, no es más que la definición de un rumbo peligroso para el país, cual es el del fomento del autoritarismo totalitario, en contra de la mismísima Carta Magna de 1949, la cual plantea la Democracia Participativa en su artículo 9. Por cierto, el pasado 7 de noviembre, la Constitución Política de Costa Rica cumplió 71 años de vigencia.

Si el germen nocivo del autoritarismo totalitario todavía no carcome, de manera definitiva, los principios fundacionales de la Segunda República y su Constitución Política de 1949, este proyecto 21.336 está destinado a ser declarado inconstitucional; aunque es nuestro deseo que la necesaria legitimidad de la Democracia de la Calle se exprese con toda su fuerza, en rechazo de esta perversa legislación anti-obrera y en favor de una real negociación, más que necesaria.

Comunicado de Prensa
Albino Vargas Barrantes,
Secretario General de ANEP
Wálter Quesada Fernández, Secretario General Adjunto de ANEP
San José, domingo 8 de noviembre de 2020

Encuentro: Hacia una América Latina libre de Violencia y Acoso en el Mundo del Trabajo

La Internacional de Servicios Públicos (ISP) y el Comité de Mujeres de la Subregión Centro América y México, realizará el próximo 11 de noviembre a las 09:00 horas, el Encuentro Subregional virtual “Hacia una América Latina libre de Violencia y Acoso en el Mundo del Trabajo”, en el marco del proyecto FORSA que se está implementando en la región.

La actividad, tienen como propósito reflexionar sobre la política de la ISP en materia de violencia y problematizar la nueva normalidad; dar a conocer algunos conceptos sobre género y cuidado, y la lucha por erradicar la violencia de género en un contexto de crisis; debatir sobre las oportunidades y desafíos que representa para los sindicatos de los servicios públicos la ratificación del Convenio 190 de la OIT; y finalmente, compartir experiencias sindicales de las campañas contra la violencia y el acoso en el mundo del trabajo que haya experimentado la subregión andina.

Participarán: Verónica Montufar, responsable mundial de la ISP en materia de Género (Ecuador); María Fernanda Villegas, del Centro de Estudios del Trabajo (CETRA – Chile); Viviana García, especialista en género y Convenio 190 de la OIT (Argentina); y Nayareth Quevedo, Coordinadora del proyecto FORSA.

Puede seguir la actividad por el Facebook Live que se indica en el afiche.

Alternativas: Sindicato de Trabajadores Informales y Cuentapropistas

Este viernes 6 de noviembre a las 6 p.m., en el programa radial Alternativas estarán hablando sobre el tema “Sindicato de Trabajadores Informales y Cuentapropistas”. Con la participación de: Hellen Serrano, Gustavo Jimenez, Carlos Díaz y Nelson Piedra. Podrá sintonizarlo en los 1590AM o bien a través de Facebook live.